T-650-09


Sentencia T-650/09

Sentencia T-650/09

 

DERECHO A LA SALUD-Alcance y contenido

 

DERECHO A LA SALUD-Es un derecho fundamental

 

DERECHO A LA SALUD-Fundamentalidad no puede depender de la manera como se hacen efectivos en la práctica

 

DISCAPACIDAD-Protección constitucional reforzada

 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Antecedentes

 

DISCAPACIDAD-Definición

 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Incorporación

 

DERECHO A LA SALUD-Suministro de medicamentos excluidos del POS

 

LEGITIMACION POR ACTIVA-Padre de menor con trastorno mental y discapacitado permanente

 

RATIO DECIDENDI-Alcance

 

DERECHO A LA SALUD DEL MENOR-Práctica de examen médico, así no haya sido ordenado por Médico adscrito a EPS

 

ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Deber de  practicar terapias en hidroterapia, animalterapia, musicoterapia y equinoterapia a menor con trastorno mental y discapacitado permanente

 

Referencia: expedientes T-2.281.600 y T-2.281.601 (acumulados).

 

Acciones de tutela presentadas por Marco Fidel Cerpa de Diego, en representación de su hijo menor de edad Marco Cerpa Cristancho y Abelardo Escorcia Nieto, en representación de su hija mayor de edad Eliana Mileth Escorcia Beleño, contra Coomeva E.P.S.

 

Magistrado Ponente:

Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

 

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil nueve (2009).

 

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Juan Carlos Henao Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente

 

SENTENCIA

 

En el trámite de revisión de las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Soledad (Atlántico) el veinticuatro (24) de marzo y dos (2) de abril de dos mil nueve (2009).

 

I. ANTECEDENTES.

 

Los señores Marco Fidel Cerpa de Diego y Abelardo Escorcia Nieto, quienes en su orden representan los derechos e intereses de sus hijos Marco Cerpa Cristancho (menor de edad) y Eliana Mileth Escorcia Beleño (mayor de edad), quienes conforme lo indican las historias clínicas allegadas al trámite tutelar padecen autismo y déficit cognitivo, respectivamente, instauraron acción de tutela contra Coomeva E.P.S., por considerar que fueron vulnerados los derechos fundamentales a la vida, salud e igualdad al negar el suministro de las terapias en animalterapia, acuaterapia, equinoterapia y musicoterapia que requieren para tratar las citadas patologías. La situación fáctica de los expedientes de tutela es la siguiente:

 

1. Expediente T-2.281.600 (Marco Fidel Cerpa de Diego en representación de su hijo menor de edad Marco Cerpa Cristancho).

 

Hechos y pretensión.

 

Indica el accionante que se encuentra afiliado junto con su hijo a Coomeva E.P.S., quien padece cuadro de discapacidad psicomotora con déficit cognitivo, síndrome de Down, diagnóstico que fue realizado por un médico neurólogo que no está adscrito a la entidad prestadora de salud sino que hace parte del personal voluntario del Centro de Capacitación Especial (CENCAES), por lo que requiere para tener un nivel de vida digno la práctica de terapias integradas que buscan estimular la función motora, sensitiva, sensorial y cognoscitiva.

 

Sostiene que la citada entidad prestadora de salud, en respuesta a un derecho de petición elevado manifestó que existía confusión entre el servicio de salud y la educación especializada, desconociendo que la atención para los niños discapacitados debe ser integral y que los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política y en el Código del Menor deben ser garantizados.

 

Agregó que el menor está recibiendo atención médica en el citado centro de capacitación por profesionales especializados en fonoaudiología, fisioterapia, equinoterapia, acuaterapia, animalterapia y musicoterapia “estimulaciones sicomotoras que son los tratamientos aplicados para ayudar y mejorar la calidad y nivel de vida de los niños que nacieron con discapacidades de cualquier índole”[1], por lo que consideró que la negativa de suministrar el tratamiento integral requerido pone de manifiesto la actitud ilegal e injusta de la entidad demandada “causando con esta actitud perjuicio y daño irreparable del menor (…) situación que vengo a denunciar ante este despacho judicial (…) para que cese la vulneración de los derechos fundamentales a la VIDA Y A LA SALUD, del menor antes mencionado.”[2]

 

Asevera el actor que es una persona de escasos recursos económicos, en tanto devenga mensualmente el salario mínimo “circunstancia que no le permite asumir el costo del tratamiento que su menor hijo discapacitado necesita para (…) obtener un nivel de vida digna.”[3]

 

Con fundamento en lo expuesto, el accionante solicita la tutela de los derechos fundamentales vulnerados por Coomeva E.P.S., enfatizando en que el derecho a la igualdad debe ser protegido pues los Juzgados Primero y Noveno Civil Municipal de Barranquilla ampararon los mismos derechos a otros menores de edad, pidiendo en consecuencia que la entidad demandada suministre las terapias integrales de fonoaudiología, fisioterapia, equinoterapia, musicoterapia, acuaterapia, animalterapia de manera continua y permanente, para ayudar a superar la discapacidad psicomotora que padece el menor Marco Cerpa Cristancho desde el nacimiento “servicios que serán prestados en la entidad CENCAES”.[4]

 

2. Expediente T-2281601 (Abelardo Escorcia Nieto en representación de su hija mayor de edad Eliana Mileth Escorcia Beleño).

 

Hechos y pretensiones.

 

Señala el actor que su hija de 21 años de edad presenta un desarrollo mental inferior a su edad cronológica, pues tiene imposibilidad para comprender y comportarse adecuadamente presentando según fue diagnosticado por los médicos del Centro de Capacitación Especial -CENCAES- “dificultad para acatar y recibir órdenes, problema en su motricidad de manos y pies, (…) un lenguaje ininteligible inarticulado, es decir no se le comprende su lenguaje.”[5]

 

Afirma que con mucha dificultad económica y en vista de que los tratamientos dispuestos por los médicos tratantes de la E.P.S. eran precarios, lo cual se vio reflejado en la poca evolución de su hija, fue inscrita en el citado instituto en el municipio de Soledad para que recibiera educación especial en diferentes áreas académicas (lectoescritura, prematemáticas, motricidad fina, memoria, atención, sensopercepción, áreas integradas), con excepción de las terapias de animalterapia, musicoterapia, hidroterapia, equinoterapia -método ABA-, que “es un servicio adicional que sólo se realiza con la autorización de la respectiva EPS.”[6]

 

Manifiesta que el hecho de vivir en el mencionado municipio donde se encuentra CENCAES, le permite acceder fácilmente al servicio médico solicitado, resaltando que la respuesta de Eliana Mileth frente a los procedimientos médicos es favorable “por lo que ordenar o trasladarla a otro centro de terapias perturbaría y truncaría el proceso que hasta la fecha ha avanzado y que puede dar al traste a futuro porque no podemos olvidar su estado de adaptación inicial que requiere de mucha intensidad y tiempo.”[7]

 

Sostiene que la razón por la cual la E.P.S. no autoriza las terapias solicitadas, radica en que se encuentran excluidas del plan obligatorio de salud, razón por la cual “debo asumir el costo económico de las mismas”[8], para lo cual afirma estar imposibilitada, teniendo como única alternativa procesal la acción de tutela con el fin de que la protección constitucional sea concedida o de lo contrario Eliana Mileth tendrá que “vivir con su discapacidad de manera permanente y progresiva.”[9]

 

Luego de hacer mención de los derechos de los niños en la Constitución Política, tratados internacionales y jurisprudencia constitucional, indicó que la entidad demandada no tiene la capacidad e infraestructura para atender niños con discapacidad y que se halla imposibilitada económicamente para costear el valor del tratamiento médico que requiere su hija.

 

Por todo lo anterior, la pretensión tutelar gravita en la autorización de la prestación de los procedimientos terapéuticos denominados equinoterapia, animalterapia, hidroterapia y musicoterapia “como terapias técnica ABA”[10] en el Centro de Capacitación Especial -CENCAES- ubicado en el municipio de Soledad, así como en la exoneración de los copagos, ordenando que la E.P.S. demandada recobre ante el Fosyga por los gastos que resulten de la práctica del tratamiento que requiere su hija.

 

3. Intervención de la entidad demandada.

 

Coomeva E.P.S actuando por intermedio de apoderada judicial, solicitó la declaratoria de improcedencia de las acciones de tutela propuestas argumentando que las terapias solicitadas por los demandantes para que sean practicadas a sus hijos, se encuentran excluidas del Plan obligatorio de salud y fueron ordenadas por médicos que no hacen parte de la red de prestadores de esa entidad.

 

Consideró adicionalmente que los actores no acudieron al Comité Técnico Científico como instancia natural, antes de que fuera planteada la discusión en acción de tutela “el cual no ha sido agotado y por lo tanto no hay negación expresa del tratamiento”[11], agregando que el tratamiento solicitado debe ser prestado por instituciones de educación especial “que es lo que el menor requiere y que se le puede brindar en estos Centros Educativos, de tal suerte su señoría que esta entidad no puede, ni debe asumir estos costos, ya que se rompería el equilibrio financiero al condenarse a esta EPS”[12], actividades de aprendizaje que no son de su competencia, debiendo ser asumidas por las entidades territoriales certificadas que reciben recursos directamente de la Nación a través del sistema general de participaciones.

 

Así mismo, sostuvo que los médicos tratantes no allegaron los soportes suficientes para determinar la necesidad de las terapias, ni la cantidad que requieren los menores “razón por la cual se solicita señor juez antes de proferir fallo tenga en cuenta los criterios de nuestros médicos y se emita fallo ordenando adelantar valoraciones por parte de nuestros especialistas en NEUROPSICOLOGIA y NEUROPEDIATRÍA, una vez que estos galenos definan el plan de tratamiento que requiera (…) INMEDIATAMENTE, se diligenciará el formato de justificación para llevar a cabo la instancia natural del COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO.”[13]

 

Para terminar, hizo mención de los artículos 4° y 15 del Decreto 366 de 2009 “por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva” y 4°, 5° y 7° de la Resolución N° 3099 de 2008 “por la cual se reglamentan los comités técnico-científicos”, para concluir que las tutelas promovidas son improcedentes.

 

4. Decisiones judiciales objeto de revisión.

 

El Juzgado Cuarto (4°) Civil Municipal de Soledad, en sentencias del dos (2) de abril -expediente T-2’281.600- y veinticuatro (24) de marzo -expediente T-2’281.601-, ambas de dos mil nueve (2009) denegó la protección constitucional solicitada por considerar que los peticionarios no han elevado solicitud alguna ante la entidad demandada, razón por la cual “el Comité Técnico Científico no ha negado o autorizado las terapias mencionadas”, trámite que una vez superado y de persistir la negativa, habilita el ejercicio de la acción de tutela.

 

5. Pruebas que reposan en los expedientes.

 

5.1. T-2.281.600.

 

- Registro civil de nacimiento N° 18482559 de Marco Cerpa Cristancho (folio 7 del cuaderno principal).

 

- Historia clínica de Marco Cerpa Cristancho que da cuenta de que padece autismo (folio8 ibídem).

 

- Dictamen N° 5170 del seis (6) de febrero de dos mil siete (2007) realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico (folio 9 ibíd.).

 

- Formulario de evaluación inicial realizado por el Centro de Capacitación Especial -CENCAES- (folio 14 ibíd.).

 

- Sentencia de tutela proferida por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Barranquilla el seis (6) de septiembre de dos mil siete (2007) dentro de la solicitud de tutela formulada por Hernando Ortega Zúñiga contra Coomeva E.P.S. (folios 17 a 22 ibíd.).

 

5.2. T-2.281.601.

 

- Formulario de evaluación inicial realizado por el Centro de Capacitación Especial -CENCAES- (folio 7 del cuaderno principal).

 

- Historia clínica de Eliana Mileth Escorcia Beleño que diagnostica déficit cognitivo (folio 8 ibídem).

 

- Registro civil de nacimiento N° 13206086 de Eliana Mileth Escorcia Beleño (folio 9 ibíd.).

 

- Oficio emanado el trece (13) de agosto de dos mil ocho (2008), por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, dentro de la acción de tutela impetrada por Marcos Eugenio Colón Quiróz en representación de su hijo menor de edad Aldair Eugenio Colón Zúñiga (folios 11 y 12 ibíd.).

 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.

 

1. Competencia.

 

Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de las acciones de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

2. Presentación del caso y del problema jurídico.

 

Marco Fidel Cerpa de Diego, en representación de su hijo menor de edad Marco Cerpa Cristancho y Abelardo Escorcia Nieto, actuando en idéntica condición a nombre de su hija mayor de edad Eliana Mileth Escorcia Beleño, presentaron acciones de tutela contra Coomeva E.P.S., con el fin de que sean restablecidos los derechos fundamentales a la igualdad, vida en condiciones dignas y salud los cuales estiman fueron vulnerados por la citada entidad al negar la práctica de las terapias de equinoterapia, animalterapia, hidroterapia y musicoterapia, necesarias en sentir de los demandantes para tratar el autismo y déficit cognitivo que padecen en su orden sus representados. Así mismo, el primer solicitante pide el suministro para su hijo de terapias en fonoaudilogía y fisioterapia.

 

La accionada actuando por intermedio de apoderada judicial, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela formulada argumentando que el procedimiento solicitado por los accionantes además de no estar contemplado en el plan obligatorio de salud, fue ordenado por médicos que no se encuentran adscritos a la E.P.S.. Agregó, que solamente hasta que sea agotado el citado trámite administrativo ante el Comité Técnico Científico como instancia natural, es posible buscar la protección alegada en acción de tutela. En relación con las terapias con fonoaudiología, así como las ocupaciones señaló que “están reglamentadas en el POS, por el sistema de referencia y contrarreferencia, por lo tanto no se han negado ni se negará[n].”

 

El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Soledad, en sentencias del 24 de marzo y 2 de abril de 2009, denegó la tutela solicitada por considerar que “no existe en el expediente pruebas o documento alguno que respalde su petición o la negación de los servicios médicos por parte de COOMEVA EPS. Como quiera que en respuesta a la Acción de Tutela la entidad accionada es enfática en manifestar que el accionante no acudió a la instancia natural para pedir este tratamiento por fuera del POS, toda vez que las terapias de EQUINOTERAPIA, ANIMALTERAPIA, HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, TERAPIAS ABA, NO se encuentran contempladas dentro del plan obligatorio de salud y fueron ordenados por médicos que no se encuentran en la red de prestadores de COOMEVA EPS.”

 

Con fundamento en la situación fáctica expuesta le corresponde determinar a esta Corporación si la circunstancia de que Coomeva E.P.S. no hubiera accedido a practicar las terapias de equinoterapia, animalterapia, hidroterapia y musicoterapia las cuales requieren con necesidad Marco Cerpa Cristancho y Eliana Mileth Escorcia Beleño, para tratar la discapacidad que padecen (autismo y déficit cognitivo), bajo la consideración de que no fueron ordenadas por un médico tratante adscrito a la citada entidad, es una razón constitucionalmente admisible para desconocer derechos fundamentales de sujetos especialmente protegidos por el Ordenamiento Superior.

 

Para resolver el problema jurídico suscitado es necesario hacer referencia al derecho fundamental a la salud y su protección por medio de la acción de tutela, a la protección constitucional para las personas con discapacidad, a los supuestos fácticos previstos por la jurisprudencia constitucional para garantizar el suministro de servicios médicos no incluidos en el plan obligatorio de salud y finalmente estudiará el caso concreto.

 

3. Derecho fundamental a la salud y su protección por medio de la acción de tutela. Reiteración jurisprudencial.

 

Conforme lo establece el artículo 49 de la Constitución Política, el derecho a la salud tiene doble connotación en tanto es servicio público y derecho constitucional, correspondiéndole al Estado el establecimiento de políticas públicas[14] para organizarlo, dirigirlo y reglamentarlo conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad y al plexo de valores constitucionales previstos en la Constitución Política, marco general que sirvió de guía para que el Congreso de la República reglamentara la materia mediante la Ley 100 de 1993, que expresamente dispuso que el Sistema General de Seguridad Social en Salud debe ser entendido como un servicio público esencial.

 

Para esta Corporación el derecho a la salud protege múltiples ámbitos de la vida humana, por lo que lo ha considerado un derecho de naturaleza compleja tanto por su concepción, como por la diversidad de obligaciones que de él se derivan y por la magnitud y variedad de acciones y omisiones que su cumplimiento demanda del Estado y de la sociedad en general, complejidad que implica a efectos de garantizar el goce efectivo del mismo que esté supeditado a los recursos materiales e institucionales disponibles.[15]

 

Ahora bien, como derecho constitucional la jurisprudencia de esta Corporación ha tenido dos momentos. El primero, en el que consideró que mediante el ejercicio de la acción de tutela era posible garantizar el goce efectivo de los llamados derechos de libertad, aunque era viable proteger derechos de contenido prestacional como la salud siempre y cuando tuviera una relación íntima e inescindible con derechos como la vida, integridad personal o mínimo vital o se concretara en un derecho de naturaleza subjetiva cuando eran desconocidos servicios incluidos en los diferentes planes de atención en salud. Sobre el particular en sentencia T-053 de 2009 esta Corte indicó:

 

“Así las cosas, con anterioridad para obtener la protección directa del derecho a la salud era necesario, (i) que la prestación negada se encontrara incluida dentro del Plan Básico de Salud, el Plan obligatorio de salud o el Plan obligatorio de salud Subsidiado ó (ii) que el desconocimiento de ese derecho constitucional impidiera el goce efectivo de un derecho fundamental, como la vida o integridad personal.”

 

En el segundo, estimó que la salud es un derecho fundamental autónomo cuando se concreta en una garantía subjetiva o individual derivada de la dignidad humana, entendida esta última como uno de los elementos que le da sentido al uso de la expresión ‘derechos fundamentales’, alcance efectuado adicionalmente en armonía con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano (Art. 93 C.P.).[16]

 

Esta interpretación efectuada por el intérprete constitucional, permitió dejar de lado el criterio de la conexidad por considerarlo artificioso e innecesario para garantizar la efectividad de los derechos constitucionales, pues todos los derechos, unos más que otros, tienen innegablemente un contenido prestacional[17], por lo que “la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y la integridad personal’, para pasar a proteger el derecho fundamental autónomo a la salud.”[18]

 

Así las cosas, la Corte consideró que la fundamentalidad de los derechos no depende de la manera como estos se hacen efectivos concluyendo en consecuencia que “[l]os derechos todos son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones estatales de orden negativo o de abstención).”[19]

 

No quiere decir lo anterior que la jurisprudencia constitucional haya despojado el derecho a la salud de su carácter prestacional, sino que precisó el carácter fundamental que igualmente ostenta, claro está sin dejar de lado que en el contexto colombiano caracterizado por la escasez de recursos “resulta equivocado hacer depender la fundamentalidad de un derecho de si su contenido es o no prestacional y, en tal sentido, condicionar su protección por medio de la acción de tutela a demostrar la relación inescindible entre el derecho a la salud - supuestamente no fundamental - con el derecho a la vida u otro derecho fundamental - supuestamente no prestacional-.”

 

El carácter fundamental que este Tribunal le ha conferido al derecho a la salud, no permite per se que en todos los eventos sea tutelable, pues de una parte los derechos constitucionales no son absolutos, es decir pueden ser objeto de limitación en virtud de los principios de razonabilidad y proporcionalidad y porque la posibilidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un derecho fundamental y la posibilidad de hacerlo por vía de tutela, son cuestiones diferentes y separables.[20] Sobre el particular esta Sala de Revisión consideró:

 

“De otra parte, al igual que numerosos enunciados normativos de derechos constitucionales, el derecho a la salud tiene la estructura normativa de principio -mandato de optimización- y, en esa medida, tiene una doble indeterminación, normativa y estructural, la cual debe ser precisada por el intérprete, por ejemplo, mediante la determinación de las prestaciones que lo definen. En este contexto, es preciso tanto racionalizar su prestación satisfactoria a cargo de los recursos que conforman el sistema de salud en Colombia, como determinar en qué casos su protección es viable mediante tutela.

 

(…)

 

A su turno, la urgencia de la protección del derecho a la salud se puede dar en razón a, por un lado, que esté de por medio un sujeto de especial protección constitucional (menores, población carcelaria, tercera edad, pacientes que padecen enfermedades catastróficas, entre otros), o por otro, que se trate de una situación en la que se puedan presentar argumentos válidos y suficientes de relevancia constitucional, que permitan concluir que la falta de garantía del derecho a la salud implica un desmedro o amenaza de otros derechos fundamentales de la persona, o un evento manifiestamente contrario a lo que ha de ser la protección del derecho constitucional fundamental a la salud dentro de un Estado Social y Constitucional de Derecho.”

 

Por lo tanto, los jueces deberán constatar en concreto la índole de la prestación reclamada y habrán de analizar con detalle la situación en que se exige su cumplimiento pues, (…) se trata de obligaciones cuya realización implica fuertes erogaciones económicas y en países con recursos escasos no puede perderse de vista la necesidad de fijar prioridades. De ahí que el vínculo entre la no prestación del servicio exigido y la afectación de la dignidad de la persona así como la falta de capacidad de pago constituyan criterios determinantes para que proceda la protección del derecho fundamental a la salud por vía de tutela cuando se trata de prestaciones no contempladas en los planes legales y reglamentarios de salud.”[21]

 

4. Protección constitucional para las personas con discapacidad.

 

La fórmula del Estado Social de Derecho representa un importante cambio de paradigma no solo desde el punto de vista político, sino también jurídico, pues supera la clásica idea del concepto de igualdad formal para avanzar hacia un modelo incluyente que no admite diferenciaciones irrazonables y desproporcionadas y que impone al Estado el deber de superar cualquier tipo de obstáculo que afecte a sectores tradicionalmente marginados, para lo cual debe adoptar medidas de diferenciación positiva con el fin de que la igualdad real y efectiva no sea tan sólo un contenido normativo retórico o sin mención de contenido.

 

Esa línea de pensamiento fue acogida por el Constituyente de 1991, al incluir principios constitucionales que en últimas enaltecen y ubican en un lugar protagónico la dignidad humana, proscribiendo cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, de tal suerte que sea promovida la igualdad material, brindando inclusive especial protección a aquellas personas que por su condición económica física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta correspondiéndole a las autoridades públicas sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan (Art. 13 C.P.).

 

Igualmente, algunos de los cometidos estatales previstos en la Carta Fundamental para los discapacitados que históricamente han sido marginados de muchos ámbitos y que la doctrina y la jurisprudencia han denominado una “minoría discreta u oculta”, están orientados a (i) adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a quienes deberá prestarse la atención especializada que requieran (Art. 47 C.P.); (ii) garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud y (iii) la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales (Art. 68 C.P.), lineamientos que claramente plantean una protección adicional o reforzada por parte del Estado para este tipo de sujetos.

 

A nivel de instrumentos internacionales ha sido amplia la normatividad que sobre el tema se ha dictado con posterioridad a la segunda guerra mundial[22], resaltándose la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”[23] que tras ser ratificada por el Congreso de la República mediante Ley 762 de 2002 y declarada ajustada al Ordenamiento Constitucional por esta Corte.[24]

 

Los objetivos de la citada Convención están orientados a la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, propiciando la plena integración de estos sujetos en la sociedad para lo cual el Estado Colombiano se compromete a (i) adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación de la que es objeto esta población y (ii) trabajar prioritariamente en labores de prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles, incluida la detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional, sensibilización de la población a través de campañas educativas encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atenten contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad (Arts. 2° y 3°).

 

La misma Convención define la discapacidad como la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea permanente o temporal que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Agrega el mismo instrumento internacional que el término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales (Art. 1°).

 

En este contexto, no cabe duda de que el retardo mental o déficit cognitivo que padecen los demandantes como una de las tantas patologías que pueden derivar en discapacidad, es una razón más que suficiente para protegerlos especialmente en tanto es latente la debilidad manifiesta en la que se encuentran, pues no hacerlo sería ubicarlos en un plano de desigualdad que resulta inadmisible a la luz de los mandatos establecidos en la Constitución Política. Sobre el particular esta Corporación sostuvo