Auto 149/08

 

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia de la Sala Plena

 

SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia de recursos/NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo y por violación al debido proceso

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia con posterioridad a su emisión cuando nace de la misma sentencia

 

NULIDAD SENTENCIAS PROFERIDAS POR SALAS DE REVISION-Procedencia excepcional a petición de parte o de oficio por vulneración del debido proceso

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No constituye oportunidad para reabrir debates jurídicos resueltos

 

NULIDAD SENTENCIAS PROFERIDAS POR SALAS DE REVISION-Cumplimiento de carga argumentativa de quien la solicite

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Debe estar sometida a la ocurrencia de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales/NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia por notoria y flagrante vulneración del debido proceso

 

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA SALA DE REVISION-Se debe acreditar el cumplimiento de requisitos de procedibilidad

 

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA SALA DE REVISION-Requisitos de procedibilidad

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Cumplimiento de requisitos formales y materiales

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Afectación ostensible, probada, significativa y trascendental que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos

 

SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Meras apreciaciones, inconformismo o desacuerdo con lo decidido no puede tenerse en cuenta como causal de nulidad

 

CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Única causal de nulidad en procesos de competencia de la Corte Constitucional/CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Debe resolverse por la Sala Plena de la Corte Constitucional/CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Extralimitación de competencia si es asumida por la Salas de Revisión con vulneración al debido proceso

 

DESCONOCIMIENTO DE JURISPRUDENCIA

 

FALLO-Motivación conforme a las directrices jurisprudenciales previamente establecidas

 

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Regla judicial emanada de la interpretación de una norma superior par la solución de un caso concreto/JUEZ CONSTITUCIONAL-Debe ser consistente con sus decisiones previas

 

FALLO DE REVISION-Incurrirá en causal de nulidad si se aparta de la jurisprudencia en vigor

 

SALA DE REVISION-Autonomía interpretativa y desarrollo del pensamiento jurídico racional

 

CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Consiste en la modificación de un precedente que se refiere a un problema jurídico concreto/PRINCIPIO DE AUTONOMIA JUDICIAL-Está vedado a la Sala Plena establecer vía incidente de nulidad si Sala de Revisión acertó al momento de deducir un determinado postulado

 

DESCONOCIMIENTO DE JURISPRUDENCIA-Exigente configuración de la causal de nulidad no tiene incidencia en la fuerza vinculante y la obligatoriedad de los fallos de tutela/SALA DE REVISION-Decisiones adoptadas tienen carácter obligatorio y vinculante

 

DESCONOCIMIENTO DE JURISPRUDENCIA-Desconocimiento de sentencia cuyo ratio decidendi sea coincidente con el problema jurídico de la decisión cuya nulidad se solicita

 

SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-No configura causal de nulidad no seguir la metodología del juicio de igualdad propuesta en una decisión de constitucionalidad

 

SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Nulidad por incongruencia entre parte motiva y resolutiva

 

NULIDAD SENTENCIA PROFERIDA POR SALA DE REVISION-Por incongruencia cuando decisión es anfibológica o ininteligible, contradictoria o carece de fundamentación

 

PRINCIPIO A SALARIO IGUAL TRABAJO IGUAL-Trato diferenciado justificado por la distinta nomenclatura y funciones de cargo desempeñado en oficinas de comunicación de las altas cortes

 

ACCION DE TUTELA CONTRA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Rechazar solicitud nulidad de sentencia T-547A/07 por cuanto parte motiva y resolutiva son congruentes e inteligibles

 

 

 

Referencia: solicitud de nulidad de la sentencia T-545 A de 2007

 

Acción de tutela instaurada por Luz Elena Botero Larrarte y Germán Gómez Rojas, contra el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

 

Magistrado Ponente:

Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

 

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil ocho (2008)

 

Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a decidir sobre la solicitud de nulidad de la Sentencia T-545 A de 2007, proferida por la Sala Sexta de Revisión.

 

l. ANTECEDENTES

 

1. Antecedentes del proceso de tutela que dio lugar a la expedición de la Sentencia T-545 A de 2006.

 

Luz Elena Botero Larrarte y Germán Gómez Rojas impetraron acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas pues consideraban que a pesar de desempeñar  funciones muy similares recibían una remuneración salarial inferior al Profesional Universitario Grado 33 de la Oficina de Comunicaciones del Consejo Superior de la Judicatura. Aseveraban los peticionarios que “[l]os procesos de comunicación bajo nuestra responsabilidad van más allá de la función básica de manejar la relación con los medios de prensa. Trascienden la esfera de interacción con los periodistas para proyectar nacional e internacionalmente, la misión de las jurisdicciones constitucional y ordinaria. Tareas de apoyo a la misión institucional que se traducen en la participación desde la proyección y elaboración de los mensajes (discursos, cartas, ponencias de los dignatarios) hasta la delicada responsabilidad de consolidar proyectos de comunicación de alcance nacional, tales como la revista Corte Suprema  programas institucionales de televisión”[1].

 

Adujeron que en distintas ocasiones presentaron solicitudes de nivelación salarial a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las cuales fueron denegadas con distintos pretextos, solicitudes de nivelación salarial respaldadas por los Presidentes de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, quienes según los demandantes habían pedido de manera reiterada e infructuosa en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se realizara una nivelación salarial de los cargos de Jefe de Comunicaciones de dichas corporaciones con el de Jefe de la Oficina de Prensa del Consejo Superior de la Judicatura.

 

En el sentir de los actores, no había razones que justificaran la diferenciación salarial de los profesionales encargados de las funciones de comunicación y prensa de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, respecto de quien desempeñaba las mismas labores en el Consejo Superior de la Judicatura “máxime si se tiene en cuenta que se trata de corporaciones de la misma jerarquía constitucional”.

 

Los actores ante la pretendida vulneración del derecho a la igualdad y del principio "a trabajo igual, salario igual", solicitaron se ordenara a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura nivelar los cargos de Profesional Universitario Grado 21, que ocupaban los responsables de las respectivas Oficinas de Comunicación y Prensa de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, al cargo de Profesional Especializado Grado 33 de la Oficina de Comunicaciones del Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera demandaron que “la nivelación deberá hacerse desde el momento en que han producido efecto los actos administrativos violatorios de nuestras garantías fundamentales, con la respectiva indexación de las sumas que nos han dejado de pagar”.

 

2. La sentencia T -545A de 2007.

 

La Sala Sexta de Revisión, mediante providencia de diecinueve (19) de julio de dos mil siete (2007) decidió confirmar la sentencia proferida el nueve (9) de mayo de dos mil seis (2006) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, la cual denegaba el amparo solicitado por los actores[2].  Para llegar a esta decisión, la Sala de Revisión, hizo recuento de la línea jurisprudencial en torno a la procedencia de la acción de tutela respecto por la vulneración del principio “a trabajo igual, salario igual”,  luego examino el alcance de este principio en la jurisprudencia constitucional y específicamente en relación con los cargos y empleo públicos.

 

En el examen del caso concreto sometido a su estudio señaló la Sala lo siguiente:

 

Los demandantes alegan una vulneración del derecho a la igualdad en materia laboral, específicamente del principio “a trabajo igual, salario igual” cuyo origen es la negativa de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a nivelar los cargos de Profesional Universitario Grado 21 y Jefe de Comunicaciones Grado 21, responsables de la oficina de Comunicaciones y Prensa de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, con el cargo que ostenta el encargado de la Oficina de Comunicaciones del Consejo Superior de la Judicatura (Profesional Especializado Grado 33).

 

Ahora bien, en el presente caso lo primero que debe examinar esta Sala de Revisión es la procedencia de la acción de tutela como instrumento idóneo para reclamar la nivelación salarial solicitada por los actores. En esta medida resultan relevantes los precedentes a los cuales se hizo alusión en el acápite tercero de la presente providencia según los cuales la acción de tutela no es la vía idónea para reparar supuestas discriminaciones salariales que tengan origen en la nomenclatura de cargos y empleos públicos debido a (i) la improcedencia de la acción de tutela para examinar normas de carácter general como son las que establecen los distintos cargos, los requisitos para desempeñarlos, sus funciones y las escalas de remuneración, (2) la complejidad del problema a tratar que no puede ser resuelto en el breve término previsto en el trámite de la acción de tutela. Estos argumentos como fue expuesto como anterioridad están plasmados en las sentencias T-728 de 1998, T-067 de 2001 y T-105 de 2002.

 

Adicionalmente tampoco es procedente en este caso conceder un amparo transitorio a los actores debido a que éstos no acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable, por el contrario, actualmente se encuentran devengando sus salarios de manera tal que no se percibe una afectación grave e inminente de sus derechos fundamentales que requiera una protección urgente en sede de tutela.

 

Estas razones bastan para denegar el amparo solicitado y en consecuencia no proceder al estudio de fondo de las pretensiones de los actores. Sin embargo la Sala de Revisión examinará si en el caso concreto a pesar que las diferencias salariales alegadas por los actores tiene origen en normas de carácter general, impersonal y abstracto, y que la tutela no es el medio idóneo para hacer efectivas sus pretensiones, se ha producido una vulneración del principio “a trabajo igual, salario igual”, para lo cual en primer lugar comparará las funciones que desempeñan y luego estudiará si existen razones objetivas que justifiquen un trato diferente en materia salarial.

 

Para determinar si existe o no coincidencia en las funciones, a continuación son relacionadas la funciones establecidas para los cargos de Profesional Especializado Grado 33 de la Oficina de Comunicaciones del Consejo superior de la Judicatura y de Profesional Universitario Grado 21 de la Oficina de Comunicaciones de  la Corte Suprema de Justicia y el de Jefe de Comunicaciones Profesional Universitario Grado 21  de la Corte Constitucional:

 

Consejo Superior de la Judicatura. Cargo Profesional Especializado Grado 33.	Corte Suprema de Justicia   Cargo Profesional Universitario Grado 21.	Corte Constitucional   Cargo Profesional Universitario Grado 21.
Acuerdo Nº 342 de 1998. Asignación de funciones a la oficina de Comunicaciones del Consejo Superior de la Judicatura.	Manual de Funciones de la Corte Suprema de Justicia. Diario Oficial 45.443 marzo 27 de 2003. Funciones específicas del Jefe de Comunicaciones y Prensa.	Funciones específicas del Jefe de Comunicación y Prensa de la Corte Constitucional.
1. Tramitar la divulgación de los estudios, logros específicos y, en general, de la información que se debe dar a conocer a la opinión pública a través de los medios de comunicación.	1.  Diseñar y ejecutar, previa aprobación de la Presidencia y la Sala de Gobierno, las estrategias de comunicación dirigidas a difundir el desarrollo de la misión institucional que cumple la Corte Suprema de Justicia.	5. Seleccionar las diferentes sentencias proferidas por esta Corte en materia de tutela, que representen casos de interés nacional y que ameriten su divulgación a través de los diferentes medios de comunicación.
3. Emitir boletines de prensa con información puntual, útil y oportuna, y definir los canales de comunicación para la divulgación de los mismos.   11. Coordinar la producción de material impreso de carácter informativo, sobre la gestión judicial y la administración de la Rama Judicial.   13. Colaborar con los Consejos Seccionales en la elaboración y manejo de la información que se entregará a los medios de comunicación, sobre las decisiones tomadas que sean de interés público.	3. Editar la revista trimestral “Corte Suprema”, publicación oficial dirigida principalmente a los miembros de la jurisdicción ordinaria. Labor que implica responder por la redacción, corrección de textos, dirección y supervisión del montaje, diseño y diagramación de la publicación, así como garantizar la calidad en contenido, técnica y presentación, teniendo en cuenta que la revista proyecta la imagen corporativa de la institución, como máximo tribunal de la justicia ordinaria.   19. Llevar archivos de imágenes, audio, audiovisuales e impresos relacionados con la Corte Suprema de Justicia.	4. Efectuar la difusión de los comunicados de prensa y de la información en general que se deba dar a conocer a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Difusión a nivel nacional a través de la televisión, radio, prensa escrita, revistas especializadas etc. También se envía a algunos medios internacionales, bien sea directamente o a través de  corresponsales acreditados en el país. Así mismo se da a conocer a las entidades y ciudadanos que lo requieran.
4. Realizar el seguimiento y la clasificación de la información que sobre la gestión del Consejo Superior de la Judicatura, y la Rama Judicial en general difundan los medios de comunicación. 5.  Preparar indicadores que permitan medir el grado de difusión de la gestión de la administración de la Rama Judicial a través de los medios de comunicación.	13.  Monitorear el registro de decisiones, entrevistas o jurisprudencia de la Corte en los medios de comunicación.   16. Elaborar estudios acerca del desempeño del poder judicial, opinión pública y medios de comunicación, frente a la responsabilidad de la Corte ante la sociedad.	10. Realizar el seguimiento de la información que sobre la gestión realizada por la Corte Constitucional, realicen los diferentes medios de comunicación.
7. Recibir y clasificar el material que aporten las diferentes dependencias del Consejo Superior de la Judicatura, y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para incluirlo en la página de Internet y actualizarla constantemente.	12. Sistematizar la información de los medios impresos y electrónicos relacionada con el sector judicial.	1. Por designación expresa del Presidente de la Corte, manejar y actualizar la página de Internet de la Corte Constitucional, ampliamente consultada por la comunidad nacional e internacional.
6. Planear y coordinar las ruedas de prensa y entrevistas que a los medios de comunicación concedan, los dignatarios del Consejo Superior de la Judicatura y de las Salas que lo conforman.	6. Promover actividades de difusión (ruedas de prensa, entrevistas, comunicados) acerca de decisiones sobre asuntos de interés público, que den cuenta del trabajo de la Corte y refuercen su prestigio. 14.  Asistir y participar en la coordinación de los encuentros de la Jurisdicción Ordinaria, así como su manejo en comunicación, prensa y protocolo. 18. Manejar el protocolo en los eventos organizados por la Corte Suprema de Justicia, en los casos en que así sea encomendado por la Presidencia o la Sala de Gobierno de la corporación.	3. Preparar y coordinar, bajo la dirección del Presidente de la corporación, ruedas de prensa y entrevistas que concede éste, o cualquiera de los magistrados.   11. Colaborar en la organización de los encuentros de la jurisdicción constitucional.
14. Atender y asesorar a las personas que acudan al Consejo Superior de la Judicatura en busca de información para sus trabajos o sus investigaciones.	2. Responder y canalizar la demanda de información proveniente de periodistas, medios de comunicación y público en general.   8. Facilitar el flujo de estudios e investigaciones en torno al poder judicial, presentados en los foros nacionales y del exterior en que participe la Corte.	6. Colaborar con los medios de comunicación en la consecución y entrega de los fallos de tutela o de constitucionalidad, así como las diferentes entidades o ciudadanos que lo soliciten. 7. Atender y orientar, directa o telefónicamente a los ciudadanos que acuden a la Corte Constitucional – en su mayoría estudiantes y periodistas – en busca de información relacionada principalmente con las funciones y jurisprudencia de la Corte.
8. Organizar y coordinar el cubrimiento y la divulgación de las actividades que adelante el Consejo Superior de la Judicatura.	6. Promover actividades de difusión (ruedas de prensa, entrevistas, comunicados) acerca de decisiones sobre asuntos de interés público, que den cuenta del trabajo de la Corte y refuercen su prestigio.	9. Organizar y coordinar con los medios de comunicación el cubrimiento de las actividades que adelante la Corte Constitucional  (encuentros, audiencias públicas, congresos, etc.).
*La producción, edición, realización y presentación del programa institucional “Administrando Justicia”, capítulo Consejo Superior de la Judicatura.	*Dirigir y elaborar guiones del programa institucional “Administración de Justicia”, en los capítulos correspondientes a la Corte Suprema de Justicia.	8. Por  designación de la Sala Plena, coordinar el programa institucional “Administrando Justicia” en los temas de la Corte Constitucional; selección de temas a tratar en coordinación con el Presidente de la Corte, solicitud a Provideo para designación de personal logístico, realización de contactos necesarios para las entrevistas, trabajo de campo y consecución de imágenes de archivo y edición del programa con el director del mismo.
*Coordinar el grupo de comunicaciones del Comité Técnico de la Comisión Interinstitucional, para el seguimiento del Sistema Penal Acusatorio Oral.	*Funciones de apoyo a la Sala de Casación Penal como integrante de la Comisión Interinstitucional para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, como miembro del grupo de comunicaciones de la Comisión.
	9. Establecer contacto con las Cortes y poderes judiciales de otros países –principalmente de Iberoamérica –, cuando lo dispone el Presidente o los demás magistrados, para intercambio de material que permita la realización de ponencias o estudios, y proyectar la corporación en el plano internacional.	2. Servir de enlace entre la Corte Constitucional y los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales.
	11.  Asesorar a los miembros de la Sala de Gobierno, y demás magistrados que lo requieran, en el manejo de una adecuada relación con periodistas y medios de comunicación.	12. Manejar el protocolo en las visitas realizadas a la Corte Constitucional por diferentes dignatarios, cuando así lo determine el Presidente de la corporación o alguno(s) de los Magistrados.
Coordinar la realización de eventos de formación e información dirigidos a periodistas encargados del cubrimiento de la rama Judicial y asistir a los certámenes que organicen gremios y entidades, relacionadas con las actividades del Consejo Superior de la Judicatura, previa autorización del Presidente de la entidad.
Preparar boletines dirigidos a funcionarios y empleados de la rama Judicial, sobre las actividades y hechos relacionados con el Consejo Superior de la Judicatura y con la justicia en general.
Coordinar la producción de material impreso de carácter informativo sobre la gestión judicial y la administración de la Rama Judicial.
Crear procesos que permitan recoger las inquietudes e iniciativas de sus funcionarios y empleados. Promover la comunicación al interior de la misma.
Colaborar con los consejos seccionales en la elaboración y manejo de la información que se entregará a los medios de comunicación sobre las decisiones tomadas que sean de interés público.

 

Del anterior cuadro se desprenden que las funciones si bien guardan similitud, no son idénticas, y que adicionalmente no se corresponden de manera exacta. Adicionalmente provienen de distintas fuentes normativas y corresponden a las necesidades de cada una de los tribunales en cuestión. 

 

Por otra parte, mientras el profesional especializado Grado 33 desempeña labores relacionadas con la totalidad de la Rama Judicial, las funciones que ejercen los Profesionales Universitarios Grado 21 de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional hacen referencia de manera específica a cada una de estas Corporaciones. Esta circunstancia fue puesta de manifiesto por el Presidente de la sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura quien en escrito dirigido a esta Corporación manifestó:

 

 

“La oficina de comunicaciones adscrita a al Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura se creó no solo con el propósito de servir al Consejo en función de prensa y comunicaciones, sino a la rama judicial y a su administración a nivel nacional, conforme puede advertirse en varias funciones que le fueron asignadas en el Acuerdo 342 de 1998. Por ejemplo:

 

• Coordinar la realización de eventos de formación e información dirigidos a periodistas encargados del cubrimiento de la rama Judicial y asistir a los certámenes que organicen gremios y entidades, relacionadas con las actividades del Consejo Superior de la Judicatura, previa autorización del Presidente de la entidad.
• Preparar boletines dirigidos a funcionarios y empleados de la rama Judicial, sobre las actividades y hechos relacionados con el Consejo Superior de la Judicatura y con la justicia en general.
• Coordinar la producción de material impreso de carácter informativo sobre la gestión judicial y la administración de la Rama Judicial.
• Crear procesos que permitan recoger las inquietudes e iniciativas de sus funcionarios y empleados. Promover la comunicación al interior de la misma.
• Colaborar con los consejos seccionales en la elaboración y manejo de la información que se entregará a los medios de comunicación sobre las decisiones tomadas que sean de interés público.

 

En cambio, los actuales profesionales 21 de las altas corporaciones se concibieron con el propósito fundamental de atender las labores de comunicación y prensa de ellas, de modo que la comparación de funciones y propósitos explica la diferente categoría de cargos”.

 

De manera tal que a juicio de esta Corporación no se presenta total identidad de funciones entre los actores y el tercero que presentan como beneficiario de un trato favorable injustificado, de manera tal que no puede apreciarse una vulneración del principio “a trabajo igual, salario igual”. Encuentra entonces  esta Sala de Revisión que las anteriores razones justifican el trato diferente pues las diferencias entre las funciones desempeñadas son más relevantes que las posibles semejanzas.

 

Por otra parte cabe recordar que en este caso concreto la desigualdad salarial tiene origen en la distinta nomenclatura de los empleos públicos que ocupan los demandantes respecto del cargo de Profesional especializado grado 33 al cual aspiran ser nivelados, la cual tiene repercusiones en cuanto a la escala salarial. Esta diferenciación tiene origen en distintos criterios objetivos tales como los requisitos para ocupar el cargo, en efecto mientras el Jefe de Comunicaciones Grado 21 de la Corte Constitucional requiere a acreditar título universitario de periodista o comunicador social y tres años de experiencia, el Profesional Especializado Grado 33 requiere además un título universitario de posgrado en materias relacionadas.

 

No interesa entonces si quienes actualmente se desempeñan como Jefe de Comunicaciones grado 21 de la Corte Constitucional y como Profesional Universitario grado 21 de la Corte Suprema de Justicia reúnen los requisitos para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Grado 33, pues como bien ha sostenido esta Corporación “[l]os cargos o empleos no son creados en función de quienes los van a desempeñar, sino de acuerdo a las necesidades de la organización y a los objetivos y funciones que le sean asignadas por la Constitución y la ley. Por lo tanto, son los aspirantes quienes deben acomodarse y cumplir con los requisitos y exigencias preestablecidas para cada cargo o empleo. Al proveer un cargo sea o no de carrera se debe analizar por el organismo pertinente si las circunstancias particulares del seleccionado encajan dentro de las diferentes  situaciones previstas para el cargo, debiendo al menos cumplir con el mínimo de exigencias, pues el aspirante puede incluso exceder los requisitos previstos para el cargo y no por ello la administración debe entrar a ubicarlo en uno que se acomode a su perfil, pues se está convocando o nombrando para un cargo  cierto y determinado y es el aspirante quien debe elegir si acepta o no el cargo ofertado o si decide inscribirse para concursar en el cargo para el cual se ha efectuado una convocatoria. Lo anterior, de acuerdo a si se está ante un cargo de libre nombramiento y remoción o de carrera”.

 

En otras palabras la nomenclatura, y escala salarial de los cargos en cualquiera rama del poder público y en cualquier nivel territorial obedece a un diseño previo que responde a las necesidades de la Administración con independencia de las circunstancias particulares de los funcionarios que los vayan a ocupar.

 

En síntesis, la Sala Sexta de revisión considero por una parte que el amparo solicitado era improcedente porque la tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar la nivelación salarial cuando se trata de una diferenciación que tiene origen en normas de carácter general y abstracto. Adicionalmente estimó que estudiado el fondo de la cuestión planteada tampoco demostraron los demandados la completa identidad entre las funciones por ellos desempeñadas y las correspondientes al tercero que presentan como beneficiario de un tratamiento favorable y que también existían razones objetivas justificadoras de la desigualdad salarial incluso de existir la supuesta identidad de labores. Por tal razón confirmó la decisión de primera instancia proferida la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del nueve (9) de mayo de 2006.

 

3. La solicitud de nulidad de la sentencia T-545A de 2007.

 

Con fecha veinticuatro ocho (8) de octubre de dos mil siete (2007), se recibió en la Secretaría General de la Corte Constitucional la solicitud de nulidad de la sentencia T-545 A de 2007, presentada por el señor Germán Gómez Rojas. Los argumentos propuestos por el solicitante pueden resumirse de la siguiente manera:

 

·        La sentencia T-545A de 2007 desconoce la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional sentada en sentencias emanadas de la sala plena y de las salas de revisión de tutela.

·        La sentencia referida no aplica de manera correcta el test de igualdad para determinar si los demandantes eran objeto de un trato discriminatorio respecto del Profesional Universitario Grado 33 de la Oficina de Comunicaciones del Consejo Superior de la Judicatura.

·        La sentencia atacada se aparta de precedentes jurisprudenciales que han señalado la procedencia de la acción de tutela respecto de normas de alcance general, impersonal y abstracto, pues desconoce que esta hipótesis si ha sido admitida por la Corte Constitucional cuando se trata de vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley –igualdad ante la ley- e incluso cuando se trata de un trato discriminatorio que tiene origen en el contenido de las disposiciones –igualdad en la ley-.

·        Adicionalmente no señala cuales normas de carácter general impersonal y abstracto justifican el trato diferenciado impugnado por los actores.

·        La Sala Sexta equívocó los parámetros para realizar el juicio de igualdad sobre el supuesto trato discriminatorio inflingido a los demandantes, pues a pesar de haber hecho alusión a distintas pruebas que obraban en el expediente, éstas no fueron valoradas ni apreciadas correctamente en la providencia atacada.

·        La Sala Sexta no examinó las razones presupuestales esgrimidas por el Consejo Superior de la Judicatura para justificar el trato discriminatorio.

 

4. Intervención del Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

 

El Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura presentó un escrito de intervención en el trámite de la solicitud de nulidad de la sentencia T-545A de 2007.

 

En primer lugar manifestó que la Corte Constitucional debe rechazar la solicitud de nulidad presentada por el Sr. Gómez Rojas debido a que fue interpuesta de manera extemporánea. Aduce que la sentencia T-545 A de 2007 fue notificada mediante telegramas librados el veintiuno (21) de septiembre de dos mil siete (2007) y la solicitud de nulidad fue radicada el ocho (8) de octubre del mismo año, vencido el término de tres días establecido para estos efectos.

 

Agrega que aun si se decide examinar de fondo la solicitud de nulidad, ésta debe ser denegada porque la sentencia atacada no vulneró el derecho al debido proceso de los demandantes, pues no modificó la jurisprudencia constitucional en materia del derecho a la igualdad. Insiste el interviniente en que existen razones que justifican el trato diferenciado en materia salarial entre el Jefe de la Oficina de Comunicaciones adscrita al Consejo Superior de la Judicatura y los profesionales que laboran en las oficinas de comunicación y prensa de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.

 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

 

1. Competencia

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer de la solicitud de nulidad formulada en el presente caso, según lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.

 

2. Doctrina constitucional sobre la nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional. Reiteración de jurisprudencia.

 

El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 prevé que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno” y que las nulidades de los procesos ante la Corte sólo podrán alegarse antes de proferido el fallo, “únicamente por violación al debido proceso”. No obstante, cuando la irregularidad alegada nace de la misma sentencia, esta Corporación ha admitido la posibilidad de solicitar la nulidad de una sentencia con posterioridad a su emisión[3].

 

En materia de los fallos de revisión de tutela la jurisprudencia constitucional ha considerado, de tiempo atrás, la posibilidad de declarar la nulidad de las decisiones proferidas por las salas de revisión, en ciertos eventos realmente excepcionales, en los cuales se constate una grave afectación al debido proceso bien sea de oficio[4] o a solicitud de parte interesada.

 

No obstante lo anterior, la posibilidad de proponer un incidente de nulidad contra una sentencia proferida por la Corte Constitucional es excepcional, ya que no implica reconocer que existe "un recurso contra esta clase de providencias", ni mucho menos una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya han sido definidas[5], en esa medida, quien solicite la nulidad de un fallo de tutela proferido por una sala de revisión debe dar cumplimiento de una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar de manera clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la adopción adoptada.

 

Precisamente, por razones de seguridad jurídica y de garantía en la certeza del derecho, la declaratoria de nulidad de una sentencia de esta Corporación tiene características muy particulares, en virtud a que "se trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar”[6] (subrayado fuera de texto)”[7]

 

En ese sentido la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado que quien acude en solicitud de nulidad de una sentencia proferida por una sala de revisión, debe acreditar el cumplimiento de unos requisitos de procedibilidad, además de invocar y sustentar, cualquiera de las causales de procedencia de nulidad de las sentencias específicamente señaladas por la doctrina constitucional.

 

2.1. Presupuestos que deben acreditarse para la procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias de tutela proferidas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional.

 

La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado como requisitos de procedibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de tutelas, los siguientes[8]:

 

(i) Que el incidente de nulidad se proponga de manera oportuna, esto es, dentro de los tres (3) días contados a partir de la notificación de la sentencia[9]. Si la nulidad tiene origen en un vicio anterior al fallo “sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo” (Art. 49 Decreto 2067 de 1991); de lo contrario, quienes hayan intervenido durante el trámite de la acción pierden, a partir de ese momento, toda legitimidad para invocarla[10]. De la misma forma, vencido en silencio el término de ejecutoria cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada[11].

 

(ii) Quien proponga el incidente de nulidad debe contar con legitimación activa para tal efecto, esto es, debe ser incoado por quien haya sido parte en el trámite del amparo constitucional o por un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión, y,

 

(iii) Quien alega la existencia de una nulidad debe cumplir con una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar de forma clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y la incidencia en la decisión proferida[12]. Lo expuesto, significa que no es suficiente el expresar razones o interpretaciones diferentes a las de la Sala que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante con la decisión adoptada.

 

2.2. Presupuestos materiales de procedencia de peticiones de nulidad de sentencias proferidas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional.

 

Como quedó anotado en párrafos precedentes, de tiempo atrás, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido la posibilidad de declarar la nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión, en ciertos casos realmente excepcionales que implican una grave afectación del derecho constitucional fundamental al debido proceso, previo el cumplimiento de una exigente argumentación por parte de quien alega la existencia de una nulidad, debiendo entonces explicar clara y detalladamente la norma supralegal vulnerada y su repercusión en la decisión adoptada[13].

 

En este orden, adicionalmente a los requisitos formales de admisibilidad de las solicitudes de nulidad, también se han dispuesto determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos que sean utilizados para sustentar los cargos en contra de la sentencia respectiva, los cuales adquieren una índole cualificada, pues con los mismos debe demostrarse que la afectación a este derecho constitucional fundamental por parte de la Sala de Revisión, "debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subraya la Corte)”[14]. Con base en estas circunstancias, la jurisprudencia identifica algunos casos en que la vulneración reúne esas características[15], así:

 

(i)                Cuando una sala de revisión, se aparta del criterio de interpretación o la posición jurisprudencial fijada por la Sala Plena frente a una misma situación jurídica, debido a que, el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, establece que los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte.

 

(ii)             Cuando las decisiones no sean adoptadas por las mayorías legalmente establecidas. Esto ocurre, en los casos en que se dicta sentencia sin que haya sido aprobada por las mayorías exigidas en el Decreto 2067 de 1991, el Acuerdo No. 05 de octubre 15 de 1992 y la Ley 270 de 1996.

 

(iii)           Cuando se presente una incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, la cual genere incertidumbre respecto del alcance de la decisión proferida. Un ejemplo de ello son las decisiones anfibológicas o ininteligibles, las contradictorias o las que carecen totalmente de fundamentación en la parte motiva. Es importante precisar que los criterios utilizados para la adecuación de la sentencia, tanto de redacción, como de argumentación, no configuran violación al debido proceso. En este orden, ha manifestado la Corte que el estilo de las sentencias en cuanto puedan ser más o menos extensas en el desarrollo de la argumentación no incide en nada para una presunta nulidad.

 

(iv)           Cuando en la parte resolutiva de la sentencia se profieran órdenes a particulares que no fueron vinculados al proceso y que no tuvieron la oportunidad procesal para intervenir en su defensa, y,

 

(v)             Cuando la Sala de Revisión desconoce la existencia de la cosa juzgada constitucional respecto de cierto asunto, caso en el cual lo que se presenta de parte de ésta es una extralimitación en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas por la Constitución y la ley.

 

En este orden, las causales de procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de esta Corte, deben ser entendidas como un trámite de creación jurisprudencial, basado en el respeto de las garantías reguladas en el artículo 29 constitucional[16]. Así, la nulidad tiene naturaleza excepcional y está sometida a estrictos requisitos de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten de manera cierta el derecho fundamental tantas veces aludido[17].

 

Por tanto, cualquier inconformidad con la interpretación realizada por esta Corporación, con la valoración probatoria, o con los criterios argumentativos que apoyan la sentencia, no constituyen fundamentos suficientes para solicitar su nulidad, pues esta clase de situaciones no implican la vulneración del debido proceso, sino que constituyen meras apreciaciones “connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión”[18].

 

Debido a que en la solicitud que es objeto de análisis, se invocó la causal de nulidad de cambio de jurisprudencia, es preciso reiterar el alcance que a la misma le ha dado la doctrina constitucional.

 

3. El alcance de la causal de nulidad de “desconocimiento de la jurisprudencia”.

 

La causal de nulidad de cambio de jurisprudencia es la única expresamente señalada por las disposiciones que regulan los procedimientos ante la Corte Constitucional. En tal sentido, el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 establece que todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena; en consecuencia, si una de las Salas de Revisión se apropia de dicha función se extralimita en el ejercicio de sus competencias con grave violación del debido proceso.

 

Pues bien, la causal de “desconocimiento de jurisprudencia” puede ser comprendida de distintas maneras: (i) como desconocimiento de una sentencia cuya ratio decidendi coincide con el problema jurídico sobre el que versa la sentencia cuya nulidad se solicita; (ii) como una contradicción con cualquier sentencia anterior, bien sea en su ratio decidendi o  en su obiter dicta[19]; (iii) como la posibilidad de la Sala Plena de obrar como una segunda instancia de lo decidido por la Sala de Revisión.

 

De las anteriores concepciones la única que se ajusta al real sentido de la causal en estudio es la primera, pues tanto la segunda como la tercera manera de concebir su alcance vulneran la autonomía y la independencia judiciales de las Salas de revisión de tutela por las razones que se exponen a continuación.

 

Como punto de partida, resulta indispensable que los jueces constitucionales, al proferir sus fallos, los motiven conforme a las directrices jurisprudenciales previamente establecidas, de manera tal que se genere una continuidad de los criterios desarrollados por esta Corporación. Esto implica que sus decisiones posteriores deben seguir los mismos postulados de los fallos precedentes y más aún si tienen supuestos fácticos similares. En esa medida, si lo que se pretende es proceder a un cambio de interpretación jurisprudencial que obligue a una nueva hermenéutica del sistema jurídico frente a hechos ya considerados, será la Sala Plena quien estará legitimada para establecer esa nueva manera de interpretación. De tal suerte que, la procedencia de la causal de cambio de jurisprudencia está limitada a aquellos casos en los cuales se demuestre que la Sala de Revisión modificó un precedente constitucional, creado a partir de la resolución de un caso concreto, y no frente a cualquier doctrina contenida en un fallo anterior proferido por la Sala Plena[20].

 

El respeto a los precedentes constitucionales, entendidos como reglas judiciales emanadas de la interpretación de una norma superior para la solución de un caso concreto[21], cumple funciones esenciales en los ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de derecho legislado como el colombiano. Por ello, tal y como esta Corte lo ha señalado, todo tribunal, y en especial el juez constitucional, debe ser consistente con sus decisiones previas[22], debido a (i) elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico; (ii) una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades[23]; y (iii) en virtud del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. De allí que, si bien la Sala Plena puede, excepcionalmente, por razones de justicia material y adecuación de sus fallos a los cambios históricos y sociales, modificar un precedente constitucional, tal decisión le está vedada a las Salas de Revisión, so pena de incurrir en una causal de nulidad.

 

Recientemente la Sala Plena de esta Corporación preciso el alcance de la causal de nulidad bajo estudio en los siguientes términos:

 

“En primer lugar, se debe estar ante una línea jurisprudencial establecida por la Corte, que constituya precedente obligatorio para las salas de revisión. Por tanto, debe concurrir para el caso concreto una “jurisprudencia en vigor, esto es, “(...) en el entendido de que las decisiones anteriores han dejado tras de sí un sustrato de interpretación judicial que permite inferir criterios mínimos de alguna manera reiterados por la Corte en cuanto al alcance de las normas constitucionales aplicables en lo relativo a la solución de controversias planteadas en los mismos términos (...)”[24]”[25]

 

El término jurisprudencia en vigor, de acuerdo con este entendimiento, corresponde al precedente constitucional fijado reiteradamente por la Corte, que en diversas decisiones trata problemas jurídicos análogos con presupuestos fácticos idénticos, frente a los cuales adopta de manera uniforme la misma regla de decisión.  Sin embargo, tal necesidad de reiteración opera sin perjuicio del ejercicio de la autonomía interpretativa de la que es titular la Sala Plena de la Corte, la cual está facultada para modificar la jurisprudencia constitucional bajo la existencia de condiciones específicas, entre ellas “(i) los cambios que el Constituyente introduzca en la normatividad; (ii) la evolución que vayan mostrando los hechos de la vida en sociedad y (iii) los nuevos enfoques que promueva el desarrollo del pensamiento jurídico.”[26] [27]. 

 

Entonces, incurrirá en la causal de nulidad objeto de estudio el fallo de revisión que se aparte de la “jurisprudencia en vigor” sentada por la Corporación. Este concepto de jurisprudencia en vigor guarda íntima relación con el concepto de precedente al cual ya se ha hecho alusión, el cual ha sido definido recientemente en un fallo de revisión de tutela  bajo la siguiente perspectiva:

 

“26. En este sentido, y dada su importancia, surge, sin embargo,  la siguiente inquietud a la hora de determinar un precedente: ¿Debe entenderse por precedente cualquier antecedente que se haya fijado en la materia, con anterioridad al caso en estudio? La respuesta a esta inquietud es negativa por varias razones. La primera, es que no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la definición de un caso posterior, como se ha visto (vgr. la ratio es diferente al obiter dicta). La segunda, es que aunque se identifique adecuadamente la ratio decidendi de una sentencia, resulta perentorio establecer para su aplicabilidad, tanto en las sentencias de constitucionalidad como en las de tutela, qué es aquello que controla la sentencia, o sea cual es el contenido específico de la ratio. En otras palabras, si aplica tal ratio decidendi para la resolución del problema jurídico en estudio o no. En este sentido, en el análisis de un caso deben confluir los siguientes elementos para establecer hasta que punto el precedente es relevante o no:

i.                    En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada  con el caso a resolver posteriormente[28].

ii.                  La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante.

iii.                Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que “cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”[29].

 

Estos tres elementos hacen que una sentencia anterior sea vinculante y, en esa medida, que se constituya en un precedente aplicable a un caso concreto. De allí que se pueda definir el precedente aplicable, como aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio conduce a una regla - prohibición, orden o autorización- determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes.”[30]

 

En todo caso esta Corporación ha reconocido que cada sala de revisión puede ejercer “su autonomía interpretativa y desarrollar su pensamiento jurídico racional”, en cada una de las materias sometidas a su decisión, siempre y cuando, como antes se consignó no se aparte de los precedentes sentados por la Sala Plena.

 

Finalmente, para poder decretar la nulidad de una sentencia es necesario que se cumplan las exigencias reiteradas y reconocidas por esta Corporación, es decir que los vicios que se invoquen impliquen una verdadera afectación del debido proceso, cuya demostración sea “ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”[31]. Conforme a lo expuesto, si se hace alusión a la causal de cambio de jurisprudencia para motivar la solicitud de impugnación de un fallo, será procedente sólo si el cambio consiste en la modificación de un precedente que se refiere a un problema jurídico concreto y no frente a cualquier argumento contenido en una decisión anterior que no fuera relevante para la decisión adoptada –obiter dicta-. De igual manera, le está vedado a la Sala Plena entrar a establecer, por vía del incidente de nulidad, como si se tratase de una segunda instancia, si una determinada Sala de Revisión acertó al momento de deducir un determinado postulado interpretativo del texto constitucional por cuanto se estaría violando el principio de autonomía judicial.

 

No sobra advertir por último, que la exigente configuración de la causal de nulidad “desconocimiento de la jurisprudencia” no tiene ninguna incidencia en la fuerza vinculante y la obligatoriedad de los fallos de tutela proferidos por las distintas salas de revisión de esta Corporación. En efecto, tal como se ha sostenido a largo de esta providencia la casual en comento se restringe al desconocimiento de los precedentes sentados por la Sala Plena pero esto no significa que las decisiones adoptadas por las salas de revisión puedan ser incumplidas por los destinatarios de las órdenes proferidas por el juez constitucional, pues todas las decisiones adoptadas por esta Corporación tienen un carácter obligatorio y vinculante.

 

4. Estudio del caso concreto

 

Antes de abordar el estudio de fondo de la solicitud de nulidad presentada por el Sr. Gómez Rojas es preciso verificar si se cumplen los requisitos de procedibilidad señalados en el acápite anterior de esta providencia.

 

Al respecto se verifica que la sentencia T-545 A fue proferida el diecinueve (19) de julio de dos mil siete (2007) y comunicada al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá mediante Oficio No. STB-535/2007 de fecha once (11) de septiembre de dos mil siete (2007). La decisión fue notificada a la Sra. Luz Elena Botero Larrarte mediante telegrama No. 17502 el cual fue entregado el día dos veintiséis (26) de septiembre en la Oficina de Correspondencia de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud de nulidad fue presentada por el Sr. Germán Gómez Rojas el ocho (8) de octubre de dos mil siete (2007) en la Secretaría General de esta Corporación. De lo anterior se desprende que la solicitud de nulidad no fue presentada dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo proferido por la Sala Sexta de Revisión y por lo tanto podría considerarse extemporánea; sin embargo, es preciso analizar detenidamente esta circunstancia.

 

En efecto, la tutela que dio lugar a la sentencia T-545 A de 2007 fue interpuesta conjuntamente por Luz Elena Botero Larrarte y por Germán Gómez Rojas, sin embargo, al parecer, la decisión en cuestión no fue notificada personalmente al segundo de los demandantes, pues el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá sólo expidió un telegrama dirigido a la Sra. Botero Larrarte. Ahora bien, en el escrito de tutela los actores propusieron como dirección para notificaciones las oficinas de comunicación y prensa de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, ubicadas ambas en la misma dirección, Calle 12 No. 7-65 Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá D. C.[32], sin especificar claramente en cual dirección debía ser notificado cada uno de ellos y por lo tanto podía llegar a entenderse que ambos podían ser notificados en el mismo lugar. De manera tal que podría sostenerse –como hace el representante del Consejo Superior de la Judicatura- que la notificación a ambos demandantes de la decisión proferida por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional se surtió en debida forma el veintiséis (26) de septiembre de dos mil siete (2007), fecha en que fue recibido por la Oficina de Correspondencia de la Corte Suprema de Justicia el telegrama dirigido a la Sra. Botero Larrarte[33], en consecuencia la solicitud de nulidad presentada por el Sr. Gómez Rojas habría de ser rechazada por haber sido presentada el ocho (8) de octubre del mismo año, es decir, fuera del plazo de tres días contados a partir de la notificación de la sentencia.

 

Empero, esta Sala encuentra que tal postura no es sostenible porque a pesar de la poca claridad en cuanto al lugar donde debían practicarse las notificaciones, originada en la confusa redacción del acápite correspondiente del escrito de tutela presentado por los demandantes, cada uno de ellos debió ser puesto en conocimiento de la sentencia T-545A de 2007. Entonces, tomando en consideración que el Sr. Gómez Rojas no fue notificado de la anterior decisión, se entenderá que su solicitud de nulidad fue presentada de manera oportuna pues respecto de él no puede aplicarse el término preclusivo antes señalado.

 

Por otra parte el Sr. Gómez Rojas cuenta con legitimación activa para solicitar la nulidad de la sentencia en cuestión debido a su condición de actor en el trámite de la acción de tutela. Finalmente el escrito mediante el cual se solicita la nulidad del fallo de tutela proferido por la Sala Sexta de Revisión señala claramente cuales son las causales invocadas. De manera que se cumplieron los requisitos de procedibilidad y pasará a examinarse el fondo de la solicitud presentada.

 

En el escrito radicado en la Secretaría General de esta Corporación se consignan las siguientes razones como fundamento de la nulidad solicitada:

 

·        La sentencia T-545A de 2007 desconoce la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional sentada en sentencias emanadas de la sala plena y de las salas de revisión de tutela.

·        La sentencia referida no aplica de manera correcta el test de igualdad para determinar si los demandantes eran objeto de un trato discriminatorio respecto del Profesional Universitario Grado 33 de la Oficina de Comunicaciones del Consejo Superior de la Judicatura.

·        La sentencia atacada se aparta de precedentes jurisprudenciales que han señalado la procedencia de la acción de tutela respecto de normas de alcance general, impersonal y abstracto, pues desconocen que esta hipótesis si ha sido admitida por la Corte Constitucional cuando se trata de vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley –igualdad ante la ley- e incluso cuando se trata de un trato discriminatorio que tiene origen en el contenido de las disposiciones –igualdad en la ley-.

·        Adicionalmente no señala cuales normas de carácter general impersonal y abstracto justifican el trato diferenciado impugnado por los actores.

·        La Sala Sexta equívocó los parámetros para realizar el juicio de igualdad sobre el supuesto trato discriminatorio infligido a los demandantes pues a pesar de haber hecho alusión a distintas pruebas que obraban en el expediente que a su juicio son concluyentes para determinar dicho trato, estas pruebas no son valoradas ni apreciadas correctamente en la providencia atacada.

·        La Sala Sexta no examinó las razones presupuestales esgrimidas por el Consejo Superior de la Judicatura para justificar el trato discriminatorio.

 

En primer lugar ha de examinarse si las anteriores razones encuadran dentro de los presupuestos materiales identificados por la jurisprudencia de esta Corporación para la procedencia de la solicitud de nulidad o si por el contrario corresponden a simples reclamos originados en el desacuerdo de una de las partes con una decisión que les fue adversa.

 

De un análisis de las supuestas nulidades propuestas por el demandante se desprende que los motivos alegados se relacionan con los supuestos de (i) desconocimiento de la jurisprudencia sentada por la Sala Plena de esta Corporación e (ii) incongruencias en la parte motiva de la decisión proferida por la Sala Sexta de Revisión.

 

Respecto de la primera causal alega el Sr. Gómez Rojas que la sentencia T-545A de 2007 desconoce precedentes jurisprudenciales sentados por esta Corporación, sin embargo sólo hace alusión de manera específica a la sentencia C-022 de 1996, la cual considera trasgredida porque en el fallo de revisión de tutela no se realiza un juicio de igualdad según los parámetros propuestos en la sentencia de constitucionalidad.

 

De conformidad con lo expuesto al explicar el alcance de la causal de nulidad denominada “desconocimiento de la jurisprudencia”, ésta ha de entenderse como el desconocimiento de una sentencia cuya ratio decidendi coincide con el problema jurídico examinado en la decisión cuya nulidad se solicita. En esa medida es claro que el reclamo planteado por el solicitante no se ajusta a tales requerimientos porque la sentencia C-022 de 1996 examinó la constitucionalidad de una disposición que establecía un privilegio para los bachilleres que hubieran prestado el servicio militar en materia de acceso a la educación superior, consistente en un puntaje adicional al obtenido en las pruebas de Estado, el precepto en cuestión fue declarado inconstitucional porque se consideró que el mencionado privilegio era injustificado.

 

Como puede verse el anterior problema jurídico no guarda ninguna relación con el supuesto analizado en la sentencia T-545A de 2007 en la cual se estudió la acción impetrada por dos empleados judiciales, quienes se desempeñaban respectivamente como jefes de las oficinas de comunicación de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, con el propósito de obtener la nivelación salarial respecto del encargado de la Oficina de Comunicaciones del Consejo Superior de la Judicatura.  El único elemento que tiene en común las dos sentencias en cuestión es que en ambas se trató un problema relacionado con el derecho a la igualdad, sin embargo, la naturaleza de los asuntos tratados en cada una de las decisiones difiere notablemente.

 

Por otra parte tampoco le cabe razón al solicitante cuando alega que la metodología del juicio de igualdad realizado en la sentencia C-022 de 1996 resulta vinculante en todos los casos posteriores en los cuales las salas de revisión de tutela aborden problemas relacionados con el alcance de este principio constitucional, en otras palabras, cuando exige que todos los casos de igualdad sean resueltos empleando el test realizado en la sentencia C-022 de 1996. Por el contrario, esta Corporación ha empleado distintas metodologías para solucionar los casos que versan sobre tratos diferenciados que tiene origen en normas legales o reglamentarias o en su aplicación[34] y por lo tanto no configura una causal de nulidad de una sentencia de revisión de tutela no seguir la metodología del juicio de igualdad propuesta en una particular decisión de constitucionalidad.

 

Cabe destacar así mismo que en la sentencia cuya nulidad se solicita se hace un extenso análisis de las líneas jurisprudenciales en materia del principio “a trabajo igual, salario igual”, las cuales si resultaban relevantes en el caso concreto, porque precisamente lo que alegaban los demandantes era una supuesta discriminación salarial.

 

Los restantes reclamos del Sr. Gómez Rojas están dirigidos a señalar supuestas inconsistencias en la parte motiva de la sentencia T-545A de 2007 las cuales a su juicio darían lugar a la declaratoria del fallo en cuestión. Sin embargo, los pretendidos defectos tampoco tienen la entidad suficiente para encuadrar dentro de una de las causales de nulidad admitidas por la jurisprudencia constitucional pues hacen alusión a supuestos defectos en la valoración probatoria al igual que en la motivación y argumentación de la decisión.

 

En efecto, ha entendido esta Corporación que una sentencia de revisión de tutela será nula cuando se presente una incongruencia entre su parte motiva y la resolutiva de la sentencia, la cual genere incertidumbre respecto del alcance de la decisión proferida. Un ejemplo de ello son las decisiones anfibológicas o ininteligibles, las contradictorias o las que carecen totalmente de fundamentación en la parte motiva. Por otra parte se ha sostenido que los desacuerdos en torno a los criterios utilizados para la adecuación de la sentencia, tanto de redacción, como de argumentación, no pueden ser alegados como una causal de nulidad por violación al debido proceso. En este orden, ha manifestado la Corte que el estilo de las sentencias en cuanto puedan ser más o menos extensas en el desarrollo de la argumentación no incide en nada para una presunta nulidad.

 

De un análisis somero de la sentencia T-545A de 2007 se evidencia que esta decisión no adolece de los defectos comprendidos en la causal antes expuesta porque sus partes motiva y resolutiva son congruentes e inteligibles, adicionalmente la decisión adoptada aparece suficientemente fundamentada. En el mencionado fallo luego de hacer un recuento de la jurisprudencia constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela en casos de discriminación salarial y del alcance del principio “a salario igual, trabajo igual”; la Sala Sexta de revisión examina las pretensiones de los demandantes y encuentra que el trato diferenciado entre ellos y el Jefe de la Oficina de Comunicaciones del Consejo Superior de la Judicatura está justificado por la distinta nomenclatura y funciones de los cargos que desempeñan, razones por la cual decide no conceder el amparo solicitado. De manera tal que hay una argumentación coherente y congruente dirigida a demostrar las razones por las cuales no pueden prosperar las pretensiones de los demandantes, la cual a su vez concuerda con la decisión adoptada.

 

En mérito de lo expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE:

 

Primero: DENEGAR la nulidad de la sentencia T-545A de 2007 proferida por la Sala Sexta de Revisión.

 

Segundo: Contra esta providencia no procede recurso alguno.

 

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

 

 

 

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Presidente

 

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado

Ausente con permiso

 

 

 

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

Ausente en comisión

 

 

 

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

 

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magitrado

 

 

 

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

Magistrado

 

 

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

 

 

 

 

NILSON ELIAS PINILLA PINILLA

Magistrado

Con aclaración de voto

 

 

 

CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ

Magistrada

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General