Auto 275/08

(Bogotá DC, octubre 22)

 

ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Procedencia excepcional de tutela

 

JUEZ DE TUTELA-Resolución definitiva del asunto puesto en su consideración

 

ACCION DE TUTELA CONTRA ALCALDIA-Competencia de juez promiscuo municipal

 

Referencia: Expediente ICC-1302

Accionante: Luis Enrique Orozco Ospina

Accionados: Alcaldía Municipal del Carmen de Viboral

 

Conflicto de competencia negativo: entre el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral y el Juzgado Primero Quince Administrativo del Circuito de Medellín

Magistrado sustanciador: Mauricio González Cuervo

 

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Luis Enrique Orozco Ospina interpuso demanda de tutela a la Alcaldía Municipal del Carmen de Viboral, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana y a un medio ambiente sano, toda vez que la entidad accionada no suspendió la implementación de un cultivo a cincuenta centímetros de distancia de su casa que provoca la afectación de los derechos referidos. (17 de enero de 2008. Folios del 1 al 9, cuaderno #1).

 

2. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral, mediante auto del 17 de enero de 2008, admitió la acción de tutela. Sin embargo, después de notificar a las partes y ordenar pruebas, en auto del 22 de enero de 2008, decidió rechazar la acción de tutela al considerar que  si el accionante pretende que se le protejan derechos colectivos el mecanismo judicial es la acción popular y no la acción de amparo. Es así que por falta de competencia para resolver sobre hechos constitutivos de una acción popular remitió la presente acción a la jurisdicción administrativa, en virtud de los artículos 15 y 16 de la Ley 472 de 1998. (Folios del 18 al 19, cuaderno #1).

 

3. En el reparto, la oficina judicial asignó la acción de tutela al Juzgado Primero Quince Administrativo del Circuito de Medellín, quien mediante auto del 31 de mayo de 2008, decidió declarar la falta de competencia para conocer de la acción de tutela. Sostuvo que en el escrito de la demanda es claro que el actor interpuso una acción de tutela al considerar que se le están amenazando sus derechos fundamentales a la vida digna y a la dignidad. Consideró que si la acción que procedía en relación con los hechos era otra, tal conclusión debe consignarse precisamente al proferir el fallo, pues la ley no le otorga al juez constitucional la facultad de rechazo por considerar que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado, tal como lo establece la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Es así que este juzgado, en virtud del conflicto negativo de competencias presentado, decidió remitir el expediente a la Corte Constitucional (Folio 25 y 26, cuaderno #1).

 

4. Recepción del caso por la Corte Constitucional. (Cuaderno Principal).

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. Consideraciones generales

 

1.1. La Corte Constitucional ha señalado que su competencia para resolver estos conflictos es residual, esto es, dirigida a dirimir el conflicto suscitado entre jueces o tribunales que no tienen superior jerárquico común.

 

1.2. Para esta Corporación, en relación con la resolución de conflictos en sede de tutela, son competentes para conocer de la acción de tutela “a prevención”, los jueces o tribunales del lugar en donde ocurrió la amenaza o vulneración a los derechos fundamentales. (D 2591 de 1992, art. 37).

 

1.3. Esta Corporación aplica las reglas de reparto fijadas por el Decreto 1382 de 2000 frente a un conflicto de competencia que deba resolver por la inexistencia de superior jerárquico común de los juzgados o tribunales en cuestión, entendiendo que“el Decreto 1382 de 2000 no contempla reglas para definir la competencia de un despacho judicial, sino que establece reglas para llevar a cabo el trámite administrativo del reparto”[1].

 

1.4. A partir de las consideraciones precedentes, la Sala entrará a decidir sobre el conflicto negativo de competencia planteado.

 

2. Caso objeto de estudio.

 

2.1. El conflicto de competencia se ha presentado como resultado de una discrepancia en torno a la naturaleza de la acción presentada por los accionantes. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral resolvió rechazar la solicitud de amparo debido a que los derechos cuya protección se pretende son propios de una acción popular y no de una acción de tutela, razón por la cual es la jurisdicción contencioso administrativa la competente para conocer del asunto.

 

2.2. El artículo 86 de la Constitución Política establece un medio judicial que procura el amparo efectivo y sumario de derechos fundamentales, razón por la que, según lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela, ésta no procede cuando se pretenda proteger derechos colectivos, salvo que se solicite la tutela de derechos fundamentales amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos, siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

 

2.3. Entretanto, esta Corporación, en reiteradas ocasiones, ha sostenido[2] que la no prestación de los servicios públicos o su prestación en condiciones inadecuadas no sólo origina controversias de tipo contractual o patrimonial, sino que además puede incidir sustancialmente en asuntos de rango constitucional como la dignidad, la igualdad, la salud y la seguridad social de las personas, eventos en los que se legitima la intervención excepcional del juez de tutela, toda vez que la prestación de estos servicios influyen en la materialización de los fines propios del Estado Social de Derecho.

 

2.4. Ahora, si bien es cierto que la acción de tutela no es el mecanismo propio de protección de derechos colectivos, es deber del juez que asume el conocimiento de la tutela decidir sobre la misma, y en consecuencia, dictar dentro del plazo estipulado por la Constitución Política, un fallo de fondo sobre el asunto[3]. En auto 171A de 2003, esta Corporación señaló:

 

“Es claro sin embargo, que aún en el evento en que por vía de tutela se intente el amparo de derechos para los cuales esta acción no es procedente, es menester que el Juez de conocimiento resuelva de manera definitiva el asunto y se pronuncie de acuerdo a la normas rectoras de la acción de tutela, ya que la naturaleza de los derechos cuya protección se persigue a través de esta acción, exige que la misma sea resuelta en un período breve y sumario, para, en primer lugar, proteger derechos fundamentales y, en segundo lugar, dar la oportunidad a quien se encuentre inconforme con la decisión para que la impugne en el término legal.”

 

2.5. Ahora bien, para resolver a cuál de los despachos judiciales corresponde conocer el asunto, debe tenerse en cuenta que la competencia en materia de tutela está definida en el artículo 86 de la Constitución Política, al igual que  en el artículo 37 del decreto 2382 de 1992 que dispone: “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces  o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.

 

2.6. Igualmente el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, por el cual se establecen las reglas de competencia de la acción de tutela, dispone:

 

“Artículo 1°. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

(…)

A los Jueces Municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal y contra particulares.

(...)”

 

2.7. De lo anterior, es válido  concluir que corresponde a los Jueces Municipales el conocimiento, en primera instancia, de las acciones de tutela que sean interpuesta contra la Alcaldía Municipal del Carmen de Viboral. Por lo tanto, en virtud de lo anterior, esta Corporación ordenará remitir el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral para que asuma de inmediato el conocimiento de la actuación.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

RESUELVE:

 

Primero.- Remitir el expediente de la referencia al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral, a través de la Secretaría General, para que decida la acción de tutela interpuesta por Luis Enrique Orozco Ospina.

 

Segundo.- Comunicar el presente auto al Juzgado Primero Quince Administrativo del Circuito de Medellín, por medio de Secretaría  General.

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase,

 

 

 

 

 

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA Magistrado	MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Magistrado	RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado	MARCO GERARDO MONROY CABRA Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA Magistrado	CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Magistrado
MARTHA V. SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General