A284-08


REPUBLICA DE COLOMBIA

Auto 284/08

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Orden al Director de Acción Social de remitir un cronograma para realizar actividades de desminado humanitario en el Municipio de Samaniego y otras zonas prioritarias

 

 

Referencia: Sentencia T-025 de 2004 – Protección de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a la libertad de circulación, y a la prevención de las circunstancias que generan desplazamientos forzados, de las personas civiles del municipio de Samaniego (Nariño) afectadas por el problema de minas antipersona y ubicadas en consecuencia en confinamiento, por lo tanto en alto riesgo de desplazamiento forzado, o de desplazamiento forzado efectivo.

 

Magistrado Ponente:

Dr. MANUEL José Cepeda Espinosa

 

Bogotá, D.C., veintisiete (27)  de octubre de dos mil ocho (2008)

 

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha adoptado el presente Auto con el propósito de adoptar medidas de protección de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a la libertad de circulación y a la prevención de las circunstancias que generan desplazamientos forzados, de las personas civiles que habitan en el municipio de Samaniego (Nariño), y las veredas aledañas, y corregimientos cercanos gravemente afectados por el problema de minas antipersona y ubicadas, en consecuencia, en una situación de confinamiento, por lo tanto de alto riesgo de desplazamiento forzado, o de desplazamiento forzado efectivo.

 

 

 

I. ANTECEDENTES DE LA PRESENTE DECISION

 

1. Con base en las graves denuncias de la situación humanitaria que se vive actualmente en el municipio de Samaniego (Nariño), como consecuencia de la presencia de minas antipersona sembradas allí por grupos armados ilegales y la situación de confinamiento de la población civil de allí derivada, la Corte Constitucional adoptó el Auto 093 de 2008.

 

En dicho Auto 093/08 se constató que “existe un vínculo causal directo entre las situaciones de confinamiento y la ocurrencia de posteriores desplazamientos forzados de alto riesgo. Las situaciones de confinamiento, bloqueo o aislamiento de la población civil en el marco de un conflicto armado son, a su vez, causas directas de violaciones de los derechos constitucionalmente protegidos, particularmente de los derechos a la vida en condiciones dignas, la integridad personal, la libertad, la alimentación, la salud y el trabajo. En esa medida, se recuerda que la población del municipio de Samaniego, afectada por un confinamiento causado por la siembra de minas antipersona, tiene títulos constitucionales múltiples para exigir a las autoridades colombianas que se restablezcan las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, en particular el derecho a no ser desplazada de su lugar habitual de residencia, y las autoridades nacionales tienen un deber imperioso correlativo de actuar en forma ágil para prevenir las circunstancias que causan desplazamientos forzados de la población –obligaciones constitucionales e internacionales que se reflejan en lo dispuesto en los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado-.”

 

En consecuencia, la Corte dispuso:

 

“Primero.- CONSTATAR que la situación actual de la población civil del municipio de Samaniego (Nariño), confinada o desplazada como consecuencia del grave problema de minas antipersona colocadas por grupos armados ilegales que afecta su territorio, configura una violación de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política.

 

Segundo.- ORDENAR al Director de Acción Social que, además de las importantes acciones que ha venido realizando en la zona, adopte a la mayor brevedad, por la alta urgencia del asunto, las medidas necesarias para garantizar que la población civil del municipio de Samaniego, tanto la que se encuentra confinada como la que ha sido desplazada, reciba atención humanitaria de emergencia en forma inmediata, continua, integral, completa y oportuna, respetando los criterios de especificidad cultural aplicables. El Director de Acción Social determinará, en ejercicio de su discrecionalidad y de sus atribuciones como coordinador del SNAIPD, el mejor medio para que la ayuda humanitaria urgentemente requerida efectivamente llegue regularmente a su destino. La presente providencia judicial constituye, en el evento de que el Director de Acción Social encuentre barreras de orden jurídico, un título suficiente para proveer la ayuda humanitaria de emergencia a los confinados, así como a los desplazados.

 

Tercero.- Se ORDENA al señor Director de Acción Social que rinda un informe detallado y completo sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de la presente providencia, a más tardar quince (15) días calendario después del momento en que se le haya comunicado la misma.”

 

2. El Auto 093 de 2008, adoptado el día 14 de abril del año en curso, fue debidamente comunicado al Director de Acción Social el día 17 de abril siguiente.

 

3. El Director de Acción Social presentó a la Corte Constitucional el 30 de abril de 2008 un informe de cumplimiento del Auto 093 de 2008. En dicho informe, observa la Sala, sólo se reportan acciones previas al 14 de abril de 2008. No existe referencia alguna a las actuaciones adoptadas por el Director de Acción Social después de que le fue comunicada la providencia en cuestión, con las órdenes allí impartidas, las cuales por lo tanto no han sido cumplidas hasta la fecha.

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