A337-08


REPÚBLICA DE COLOMBIA

Auto 337/08

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Juzgados de distinta jerarquía

 

ACCION DE TUTELA-Competencia Tribunal Superior de Distrito Judicial

 

Referencia: expediente I.C.C. 1323

 

Conflicto de competencia entre el Tribunal Superior de Cúcuta –Sala Penal- y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cúcuta

 

Magistrado Ponente:

Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

 

 

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil ocho (2008).

 

Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Cúcuta –Sala Penal- y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cúcuta, dentro de la acción de tutela instaurada por Lilia Galindo Ávila, en representación de su esposo José Manuel Villavicencio Guerrero, contra el Instituto de Seguros Sociales y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta.

 

 

I. ANTECEDENTES

 

1.     El señor José Manuel Villavicencio Guerrero, de 77 años de edad, le fue determinada el 23 de abril de 2006, una pérdida de capacidad laboral del 72.6%. El dictamen consideró que la fecha de estructuración de la invalidez fue el 11 de septiembre de 2001.

 

2.     El señor Villavicencio solicitó, al Instituto de Seguros Sociales, el reconocimiento de su pensión de invalidez, entidad que se la negó porque su último empleador no había pagado los aportes correspondientes a los periodos de febrero a diciembre del 2000 y enero a mayo del 2001. Ante tal situación, su esposa Lilia Galindo de Ávila interpuso, en el año 2004, acción de tutela en contra del empleador, quien fue condenado a pagar los aportes faltantes, como en efecto lo hizo.

 

3.     Una vez pagados los aportes, el señor Villavicencio solicitó de nuevo el reconocimiento de la pensión de invalidez al Instituto de Seguros Sociales, entidad que se la negó porque los aportes se habían hecho con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez. En vista de lo sucedido, la esposa del señor Villavicencio interpuso una nueva acción de tutela con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de su esposo. En virtud del trámite de revisión, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-854 de 2007, decidió tutelar los derechos fundamentales del peticionario y resolvió:

 

Segundo. ORDENAR al Seguro Social, Seccional Norte de Santander, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a reconocer y pagar al peticionario su pensión de invalidez.

 

Tercero. Conforme al artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, la tutela que en esta providencia se concede permanecerá vigente durante el lapso del proceso laboral que el demandante deberá instaurar ante la justicia ordinaria, en un término máximo de 4 meses, contados a partir de la notificación, so pena de perder efectos.

 

4.     Como consecuencia de la sentencia antes mencionada, el Instituto de Seguros Sociales emitió la resolución número 002343 de 2008, en la cual reconoció la pensión de invalidez al señor Villavicencio a partir del 1 de abril de 2008, por un lapso de cuatro meses.

 

5.     La esposa del señor Villavicencio inició un incidente de desacato de la sentencia T-854 de 2007 ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta pues consideró que la resolución emitida por el Instituto de Seguros Sociales incumplía la sentencia emitida por la Corte Constitucional ya que reconoció la pensión de invalidez desde el 1 de abril de 2008 y no desde la fecha de estructuración de la invalidez (11 de septiembre de 2001) y sólo por el lapso de 4 meses mientras se presenta la demanda ordinaria. El juzgado mencionado consideró que la entidad demandada había cumplido con la sentencia T-854 de 2007, motivo por el cual negó el incidente de desacato.

 

6.     La señora Galindo Ávila interpuso acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales y contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta; el primero por incumplir la sentencia T-854 de 2007 y el segundo por incurrir en una vía de hecho al negar el incidente de desacato.   

 

7.     La acción de tutela correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta -Sala Penal-, quien indicó que el conocimiento de la demanda correspondía a los jueces del circuito por estar dirigida contra el Instituto de Seguros Sociales, entidad del sector descentralizado por servicios, al tenor del inciso 2, numeral 1, artículo 1, del Decreto 1382 de 2000 (folios 42 y 43, cuaderno 1).

 

8.     En virtud de la decisión mencionada en el numeral anterior, la acción de tutela fue repartida al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cúcuta, quien consideró que, según los numerales 1 y 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, la demanda correspondía al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta -Sala Penal-, por ser el superior jerárquico del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta, también demandado en la acción de tutela interpuesta por la señora Galindo Ávila (folios 46 y 47, cuaderno 2).

 

 

II. CONSIDERACIONES

 

1.- En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un conflicto negativo de competencia, aparente,[1] entre el Tribunal Superior de Cúcuta –Sala Penal- y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cúcuta.

 

2.- El Decreto 1382 de 2000, al establecer las reglas para llevar a cabo el trámite administrativo de reparto de las acciones de tutela, prescribe, en el inciso 5 del numeral 1 del artículo 1, que “[c]uando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía…”.  

 

Caso Concreto

 

3.- El Instituto de Seguros Sociales, en cumplimiento de la sentencia T-854 de 2007 proferida por esta Corporación, reconoció la pensión de invalidez al señor José Manuel Villavicencio Guerrero a partir del 1 de abril de 2008, por un lapso de cuatro meses, a través de la resolución número 002343 de 2008. Inconforme con la resolución, la señora Lilia Galindo Ávila, esposa del señor Villavicencio, inició un incidente de desacato de la sentencia T-854 de 2007 ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta pues consideró que la resolución emitida por el Instituto de Seguros Sociales incumplía la sentencia emitida por la Corte Constitucional ya que reconoció la pensión de invalidez desde el 1 de abril de 2008 y no desde la fecha de estructuración de la invalidez (11 de septiembre de 2001) y sólo por el lapso de cuatro meses mientras se presenta la demanda ordinaria. El juzgado mencionado consideró que la entidad demandada había cumplido con la sentencia T-854 de 2007, motivo por el cual negó el incidente de desacato.

 

Ante ello, la señora Galindo Ávila interpuso acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales y contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta; el primero por incumplir la sentencia T-854 de 2007 y el segundo por incurrir en una vía de hecho al negar el incidente de desacato.

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta -Sala Penal-, quien indicó que el conocimiento de la demanda correspondía a los jueces del circuito por estar dirigida contra el Instituto de Seguros Sociales, entidad del sector descentralizado por servicios, al tenor del inciso 2, numeral 1, artículo 1, del Decreto 1382 de 2000. A su turno, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cúcuta, a quien fue repartida la acción en virtud de la decisión del Tribunal mencionado, consideró que, según los numerales 1 y 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, la demanda correspondía al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta -Sala Penal-, por ser el superior jerárquico del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta, también demandado en la acción de tutela interpuesta por la señora Galindo Ávila.

 

Resolución del conflicto de competencia

 

4.- Sobre lo anterior, encuentra la Sala Plena que le asiste razón al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cúcuta cuando afirma que, en este caso, el conocimiento de la acción de tutela instaurada por la señora Galindo Ávila corresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta -Sala Penal-.

 

La señora Galindo Ávila demandó a dos autoridades: el Instituto de Seguros Sociales, entidad del sector descentralizado por servicios, y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta (folio 1, cuaderno 2).

 

El Decreto 1382 de 2000, al establecer las reglas para llevar a cabo el trámite administrativo de reparto de las acciones de tutela, asigna a diferentes jueces el conocimiento de las tutelas que se instauren contra las autoridades demandadas en este caso. Así, el inciso 2, numeral 1, artículo 1, del decreto mencionado, prescribe que las acciones de tutela que se instauren contra entidades de sector descentralizado por servicios del orden nacional, como lo es el ISS, serán repartidas a los jueces del circuito; mientras que el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, indica que de las acciones de tutela que se promuevan contra funcionarios judiciales conocerán sus superiores jerárquicos, en este caso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta -Sala Penal-.

 

Ante esta eventualidad, en la que, al parecer, dos jueces diferentes podrían conocer de la acción de tutela, el inciso 5, numeral 1, artículo 1, del Decreto 1382 de 2000, soluciona la situación, pues establece de forma clara que “[c]uando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía…” que, en el asunto de la referencia, es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta -Sala Penal-.

 

5. Por último, es pertinente señalar que, ante la claridad de la regla de reparto antes mencionada, resulta incomprensible que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta -Sala Penal- promueva el presente conflicto de competencia, pues ello dilata la decisión sobre la situación del señor Villavicencio Guerrero, sujeto de especial protección por ser una persona de la tercera edad, teniendo en cuenta que la Constitución, en el artículo 86, instituyó la acción de tutela como un mecanismo sumario para la protección de los derechos fundamentales.

 

 

DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

 

RESUELVE:

 

Primero.- REMÍTASE el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por la ciudadana Lilia Galindo Ávila, en representación de su esposo José Manuel Villavicencio Guerrero, contra el Instituto de Seguros Sociales y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta -Sala Penal-, para que le dé trámite y decida en forma inmediata.

 

Segundo.- Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cúcuta, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional, en relación con el conflicto de competencia.

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte  Constitucional y cúmplase.

 

 

 

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Presidente

 

 

 

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado

Con Salvamento de Voto

 

 

 

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado

 

 

 

 

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

 

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

 

 

 

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

Magistrado

 

 

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

 

 

 

 

 

 

NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado

 

 

 

 

CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ

Magistrada

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General


SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 337 DE 2008

 

 

Referencia: ICC-1323

 

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Cúcuta  -Sala Penal- y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cúcuta.

 

Magistrado Ponente:

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

 

Tal y como lo he señalado en reiteradas oportunidades, considero que la Corte no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por cuanto considero que no existe norma legal que autorice a esta corporación para definir conflictos de competencia en esta materia. Los argumentos en que me baso para sostener esta tesis son los que me permito señalar a continuación:

 

1.  Estado de Derecho y fijación de competencias a las autoridades públicas: En el Estado de derecho la posición jurídica del individuo es diametralmente opuesta a la del funcionario público.  El individuo puede hacer todo aquello que no le esté expresamente prohibido por la ley.  En cambio, el gobernante, la autoridad, actúa siempre con competencias que en principio son limitadas. Al individuo, al ciudadano lo que no le está expresamente prohibido le está permitido. Al funcionario público lo que no le está expresamente atribuido, le está prohibido. Al particular le basta con saber que su conducta no está prohibida para que pueda realizarla; en cambio, al gobernante no le sirve este mismo argumento. Para que él pueda actuar, necesita mostrar la norma que lo faculte para ello; si no existe esa norma, le está prohibida esa actuación. En el Estado de derecho las competencias de la autoridad son siempre expresas, explícitas no existiendo para ello competencias implícitas, ni por analogía y este principio es válido no sólo para el más humilde de los funcionarios, si no también para la Corte Constitucional.

 

La Corte Constitucional por mucho que sea la cabeza de la jurisdicción constitucional, no deja de ser un órgano constituido y por lo mismo sometido a la Constitución, siéndole en consecuencia aplicable los artículos 121 y 6 de la Constitución Colombiana. La Corte Constitucional, por muy alta que sea su misión es un órgano aplicador de la Constitución y no un órgano creador de la misma, de manera tal que el vacío sobre la falta de competencia para dirimir conflictos de competencia en materia de tutela no puede llenarlo la propia Corte Constitucional, si no que debe ser establecido por el propio constituyente o en su defecto por el legislador.

 

La competencia para resolver conflictos de competencia, debe ser expresa y no existe norma constitucional ni legal que la atribuya a la Corte Constitucional.  La falta de norma expresa no puede suplirse con la falacia de que por ser la Corte Constitucional el juez máximo de la jurisdicción constitucional tiene implícitamente esa competencia.

 

Olvidó la Corte que Colombia es un Estado de derecho y, por tanto, la competencia es un asunto del constituyente o del legislador; que los funcionarios públicos al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Estatuto Supremo, solamente pueden hacer aquello para lo cual están expresamente facultados por el ordenamiento; que no existen facultades implícitas; que de conformidad con lo previsto en el artículo 121 ibidem "Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley"; y que la competencia es un presupuesto de validez de los actos que se profieren, de manera que si una autoridad pública expide un acto sin tener competencia para hacerlo, éste carece de validez, o dicho en otras palabras, es nulo. 

 

A la Corte Constitucional se le asignaron sus funciones en forma taxativa, clara y precisa, en el artículo 241 del Ordenamiento Superior y en materia de tutela, solamente se le atribuyó, como aparece en el numeral 9, la función de "Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales", lo cual, sobra decirlo, difiere sustancialmente de la resolución de los conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones, por lo que el argumento aducido por la Corte resulta inane.

 

2.     Antecedentes

 

El artículo 86 de la Constitución al regular la acción de tutela señala expresamente la autoridad judicial competente para conocer de ella, así:

 

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resultaren vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública."

 

En armonía con esta disposición el legislador consagró en el inciso primero del artículo 37 del decreto 2591 de 1991, los funcionarios competentes para conocer de las acciones de tutela, así:

 

"Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud."

 

Que la competencia sea "a prevención", simplemente significa que como en principio todos los jueces y tribunales son competentes para conocer de la acción de tutela, el primero que conozca de ella excluye a los demás.   

 

De conformidad con estos preceptos legales las acciones de tutela se deben interponer ante los jueces o tribunales que ejerzan jurisdicción en el sitio en donde ocurrieron los hechos que constituyen vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cualquiera que sea su especialidad. Sin embargo, y a pesar de la claridad del citado precepto legal, se han presentado conflictos negativos o positivos de competencia entre las distintas autoridades judiciales que alegan tener o carecer de competencia para conocer acciones de esta índole.

 

Ante esta situación y la ausencia de norma que resolviera el asunto, se ha recurrido por analogía, a los preceptos que regulan casos semejantes, concretamente, a la legislación civil. En consecuencia, la Corte Constitucional ha reiterado que cuando se presenta un conflicto de competencia entre Tribunales o juzgados que tienen un superior común, la autoridad competente para resolverlo es éste. No sucede lo mismo cuando el conflicto se presenta entre autoridades que no tienen superior funcional común, cual es el caso de un Tribunal Superior y un Tribunal Administrativo, pues según esta misma corporación, el competente para dirimirlo es la Corte Constitucional, ya que no existe disposición legal aplicable, es decir, que la Corte se ha arrogado una competencia que constitucionalmente no le corresponde por haber sido asignada a otra entidad. Es respecto de estos puntos en donde se presenta mi discrepancia. Veamos.

 

3.     Autoridad competente para resolver conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 256-6 del Estatuto Superior, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo con la ley, "Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones."

 

De otra parte, la Ley 270/96 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, al regular la competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le asignó en el numeral 2 del artículo 112, esta función: "Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén el artículo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional." Disposición que fue objeto de revisión constitucional por esta Corte en la sentencia C-037/96, siendo declarada exequible. Y en cuanto al punto de conflictos entre jueces y tribunales o entre distintos tribunales, no se hizo ningún análisis, simplemente se afirmó:

 

"(…) de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación (Auto de 1 de septiembre de 1993), es necesario establecer que en cuanto a los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, la autoridad competente para dirimirlos es la Corte Constitucional."  

 

Nada más lesivo del ordenamiento supremo, concretamente de lo dispuesto en el artículo 256-6 de la Carta, que expresamente le asigna la función de dirimir los conflictos de competencia entre "las distintas jurisdicciones" al Consejo Superior de la Judicatura- Sala Disciplinaria-. No entiendo los motivos que tuvo la Corte para inaplicar un mandato constitucional expreso, claro y contundente como éste. Sin embargo, creo que dicha decisión como se lee en algunos autos de esta Corte, tuvo su origen por la declaratoria de incompetencia del Consejo Superior de la Judicatura para dirimir esa clase de conflictos, lo que condujo a la Corte, en un excesivo deseo de garantismo y violando la Constitución, a llenar el vacío y proteger el derecho de acción de la persona o personas que incoaron la tutela, argumentando tener competencia para ello, pues el artículo 241-9 de la Constitución la autorizaba para revisar los fallos de tutela, lo que incluía, también las providencias judiciales que se profirieran en tales procesos. 

 

No cree el suscrito magistrado que la inconstitucional decisión de incompetencia del Consejo Superior de la Judicatura sea suficiente para que la Corte Constitucional se arrogue tareas privativas del legislador y proceda a expedir normas para llenar vacíos legislativos. Lo correcto hubiera sido y sigue siendo llamar la atención del Consejo Superior para que cumpla la labor de dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones, disposición que no hace distinciones de ninguna índole, esto es si se trata de asuntos constitucionales, civiles, penales, laborales, etc., por lo que ha de entenderse que se refiere a todas las jurisdicciones. No se olvide, que el incumplimiento de los deberes y funciones constitucionales por parte del Consejo puede constituir falta disciplinaria y penal.

 

La aplicación del principio del "juez natural", consagrado en el artículo 29 de nuestro Estatuto Superior, como parte del debido proceso, está consagrado en estos términos:

 

"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio"

 

Contrario, a lo que generalmente se piensa, este principio no opera sólo en materia penal, pues como se reitera en el artículo 8 numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", también tiene cabida en asuntos civiles, laborales o de cualquier otra índole.[2] Dice así la disposición citada:

 

         "8. Garantías judiciales.

 

1.                            Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, o de cualquier otro carácter." (Destaca la Corte)

 

El juez natural ha dicho esta Corte, es aquél a quien la Constitución o la Ley le ha asignado el conocimiento de un asunto para su resolución. Competencia, que además de ser legal, debe ser preexistente, es decir, anterior al hecho que motiva la actuación o proceso judicial correspondiente. La competencia es pues garantía de seguridad jurídica y desarrollo del derecho al debido proceso. 

        

Despojar de la competencia asignada por el Constituyente al Consejo Superior de la Judicatura para dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones es, óigase bien, inaplicar un precepto constitucional y ésto no tiene cabida en ningún Estado de derecho; mucho menos, cuando el autor de semejante despropósito es el más alto tribunal de justicia constitucional: la Corte Constitucional, a quien paradójicamente se le ha asignado la guarda de la supremacía e integridad de la Constitución.

 

Por otra parte, es bueno recordar que la separación de las ramas del poder público (art. 113 C.P.) permite no sólo definir el ámbito de acción de cada uno de ellos, sino también la órbita restrictiva de sus competencias, por consiguiente, mal puede la Corte convertirse en legisladora, tarea que ha sido asignada al Congreso de la República, para llenar unos vacíos, que como ha quedado demostrado no existen en cuanto al funcionario competente para dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones incluidos los que se deriven de las acciones de tutela, pues su función como se ha reiterado, se limita a "revisar" las decisiones judiciales que se dicten en tales procesos de tutela.

 

En razón de lo anotado, considero que la Corte en el presente caso se ha equivocado y, en consecuencia, sólo me queda esperar a que algún día ella reconsidere su posición doctrinaria y cumpla y haga cumplir los preceptos constitucionales que juró respetar.   

 

Con fundamento en lo expuesto, salvo mi voto a la presente decisión.

 

Fecha ut supra,

 

 

 

 

 

JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Magistrado

 

 

 

 

 



[1] La jurisprudencia constitucional ha considerado que “(e)l Decreto 1382 de 2000 no contempla reglas para definir la competencia de un despacho judicial, sino que establece reglas para llevar a cabo el trámite administrativo de reparto.” Auto 099 de 2003.

[2] Normatividad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte integran el denominado bloque de constitucionalidad .