Auto 096/09

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Y JUZGADO DE FAMILIA DEL CIRCUITO

 

COMISION-Facultades del comisionado según Código de Procedimiento Civil

 

COMISIONADO-Actos que dicte en cumplimiento de ese mandato son actos emitidos por el comitente/JUEZ COMITENTE-Impugnaciones contra actos del comisionado deben ser decididas por el superior funcional

 

JUEZ DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO-Conocimiento de actos u omisiones del secuestre que supongan una infracción a deberes legales y constitucionales/ACCION DET UTELA CONTRA ACTOS U OMISIONES DE AUXILIAR DE LA JUSTICIA-Corresponde decidir al juez de conocimiento

 

ACCION DE TUTELA CONTRA AUXILIAR DE LA JUSTICIA-Comisión para designar secuestre/ACCION DE TUTELA INTERPUESTA ANTE JUZGADO COMISIONADO-Deben entenderse instauradas ante el comitente/COMITENTE-Conserva la competencia para conocer de las infracciones cometidas por auxiliar de la justicia en el ejercicio de sus funciones/ACCION DE TUTELA CONTRA AUXILIAR DE LA JUSTICIA-Competencia de Juzgado de Familia del Circuito

 

ACCION DE TUTELA-Competencia de todos los jueces de la República/ACCION DE TUTELA-Interposición ante lo jueces sin distinciones/COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Conocimiento de los jueces o tribunales del lugar donde ocurrió la violación o amenaza que motivo la solicitud/DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Establece reglas de simple reparto y no de competencia/COMPETENCIA A PREVENCION-Facultad de concurrir ante jueces o tribunales de cualquier especialidad

 

 

Referencia: expediente ICC-1379

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Barranquilla.

 

Acción de tutela de Mauricio Laborde Calderón contra la Auxiliar de la Justicia María Eugenia Vásquez.

 

Magistrada Ponente (E):

Dra. Clara Elena Reales Gutiérrez

 

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil nueve (2009)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, procede a definir el conflicto suscitado entre los despachos judiciales de la referencia.

 

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Mauricio Laborde Calderón instauró acción de tutela contra la Auxiliar de la Justicia María Eugenia Vásquez, por considerar que al instalarse y usar los bienes de la sucesión de la cual es heredero, sin haberlos recibido oficialmente como auxiliar de la justicia, viola sus derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas.

 

De acuerdo con los hechos y los documentos anexos a la tutela, puede concluirse que en el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Barranquilla, se tramita una sucesión. En el acervo de la sucesión, se encuentra la hacienda ‘Elvia Rosa’, ubicada en Ariguaní –Magdalena-. Para custodiar y conservar la hacienda, el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Barranquilla, libró despacho comisorio al  Juzgado Promiscuo Municipal de Ariguaní, en orden a que designara secuestre, de la lista de auxiliares de la justicia. En vista de tal circunstancia, el Juzgado Promiscuo Municipal designó a María Eugenia Vásquez.

 

La acción de tutela es interpuesta ante el Juzgado Municipal de Ariguaní –Magdalena-.

 

2. El trece (13) de enero de dos mil nueve (2009), el Tribunal Administrativo del Magdalena declinó su competencia para conocer del amparo. En su concepto, y de acuerdo con el art. 8° del C.P.C., “los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad”. De allí colige que “el conocimiento del asunto planteado en la presente tutela, en razón de la naturaleza del accionado, no está atribuido a esta Corporación, sino al Juzgado Primero de Familia de la ciudad de Barranquilla, por ser el superior jerárquico del accionado”. 

 

3. El veintiuno (21) de enero del mismo año, el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Barranquilla, recibió la tutela por el nuevo reparto. Se declaró incompetente, también, para conocer de la acción de tutela, bajo el argumento de que “al margen de la condición de auxiliar de la justicia que pueda ostentar la parte accionada, ha de anotarse que entre la persona accionada y este Juzgado no existe una relación de subordinación funcional que permita considerar que este último sea concebido como el superior jerárquico de aquélla”. Adicionalmente, expuso que “el juez llamado, a prevención, a conocer de la solicitud de tutela, será aquel con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza del derecho, por lo que de conformidad con los hechos en que se funda la aludida acción, a más de ir dirigida contra un particular que ocasionalmente ejerce una función pública, el funcionario con competencia para resolver la misma ha de ser aquel con jurisdicción en el distrito judicial del Magdalena, y no con sede en Barranquilla (art. 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000).  Por consiguiente, suscita conflicto de competencia ante la Corte Constitucional.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un conflicto negativo de competencia, aparente,[1] entre el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Barranquilla. La discrepancia que origina el conflicto, se contrae a que el primero estima que  la acción de tutela contra un auxiliar de la justicia debe impetrarse ante su superior funcional, y que ese superior funcional es el juez ante el cual actúa el auxiliar. Mientras, para el segundo, no hay relación de subordinación funcional entre un auxiliar de la justicia y el juez del despacho ante el cual actúa. 

 

2. La comisión es un acto regulado en los artículos 31 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. El artículo 34 de ese estatuto, dispone que “[e]l comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en relación con la diligencia que se le delegue, inclusive las de resolver apelaciones contra las providencias que dicte, susceptibles de esos recursos”.

 

En ese sentido, la comisión es un acto del juez, de delegar en otra autoridad la realización de determinadas diligencias o actos procesales en su nombre.  Por esa razón, los actos que dicte el comisionado en cumplimiento de ese mandato, son actos que se entienden emitidos por el comitente. De ese modo, por ejemplo, las impugnaciones contra los actos del comisionado deben ser decididas por el superior funcional del juez comitente.[2]

 

3. En este caso, no se trata de un acto de juez, sino del acto de un auxiliar de la justicia.  Los actos u omisiones del secuestre, que supongan una infracción a sus deberes legales y constitucionales son conocidos por el juez de conocimiento del proceso, quien tiene a su cargo  designarlo (art. 9, num. 1°, lit. a, C.P.C.), imponerle sanciones (art. 11, C.P.C.) o relevarlo del cargo (art. 688, C.P.C.). Dentro de dichas infracciones, están las supuestas amenazas o violaciones de derechos fundamentales. Por eso mismo, es al propio juez de conocimiento a quien le corresponde decidir la acción de tutela interpuesta contra los actos u omisiones del auxiliar de la justicia.

 

4. Ahora bien, la acción de tutela se instaura ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Ariguaní –Magdalena-, que fue comisionado por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Barranquilla para designar un secuestre. Este auxiliar de justicia no tiene más facultades que esa, y por tanto las acciones de tutela que se interponen ante el juzgado comisionado deben entenderse instauradas ante el comitente, que es quien conserva la competencia para conocer de las infracciones cometidas por el auxiliar de la justicia en el ejercicio de sus funciones, es decir el  Juzgado Primero de Familia del Circuito de Barranquilla, a quien debe repartírsele la acción de tutela.

 

5. Con todo, la Corte debe reiterar que todos los jueces de la República son competentes para conocer de las acciones de tutela. En primer lugar, porque el artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela puede interponerse “ante los jueces”, sin distinciones ulteriores.  En segundo lugar, porque el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 dice expresamente: “[s]on competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” (Subrayas añadidas). En tercer lugar, porque el Decreto 1382 de 2000 ‘por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela’, estableció reglas de reparto, y no de competencia, para conocer la acción de tutela. En cuarto lugar, porque entre las razones que tuvo en cuenta el Consejo de Estado para enjuiciar conforme a la Constitución el Decreto 1382 de 2000, está la de que “el reglamento respeta la competencia <<a prevención>> al facultar a los solicitantes para ocurrir ante jueces o tribunales de cualquier especialidad” (Subrayas añadidas). 

 

6. Así pues, fundándose en sus competencias constitucionales y legales,[3] teniendo en cuenta los principios de celeridad y eficiencia de la administración de justicia[4] y el respeto a los derechos fundamentales de Mauricio Laborde Calderón,[5] la Corte Constitucional ordenará en el presente caso, de acuerdo a la reglamentación y su jurispru­dencia, remitir el expediente al Juzgado Primero de Familia del Circuito de Barranquilla.

 

En merito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

Primero.- REMITIR, por intermedio de Secretaría General, el expediente de la referencia al Juzgado Primero de Familia del Circuito de Barranquilla, para que ejerciendo sus competencias constitucionales y legales, resuelva la acción de tutela de Mauricio Laborde Calderón contra la Auxiliar de la Justicia María Eugenia Vásquez.

 

Segundo.- COMUNICAR, por medio de Secretaría General, el presente auto al Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional. Para el efecto se remitirá copia de la presente providencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

 

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA

Presidente

 

 

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado

Con Salvamento de Voto

 

 

 

 

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

 

 

 

 

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

Magistrado

 

 

 

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

 

 

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

 

 

 

 

 

CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ

Magistrada (E)

 

 

 

 

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Magistrado

 

 

 

 

 

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Magistrada

 

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General

 

SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 096 DE 2009

 

Referencia: ICC-1379

 

 

Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Barranquilla

 

Magistrada Sustanciadora (E):

Clara Elena Reales Gutiérrez

 

 

Tal y como lo he señalado en reiteradas oportunidades, considero que la Corte no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por cuanto considero que no existe norma legal que autorice a esta corporación para definir conflictos de competencia en esta materia. Los argumentos en que me baso para sostener esta tesis son los que me permito señalar a continuación:

 

 

1.  Estado de Derecho y fijación de competencias a las autoridades públicas: En el Estado de derecho la posición jurídica del individuo es diametralmente opuesta a la del funcionario público.  El individuo puede hacer todo aquello que no le esté expresamente prohibido por la ley.  En cambio, el gobernante, la autoridad, actúa siempre con competencias que en principio son limitadas. Al individuo, al ciudadano lo que no le está expresamente prohibido le está permitido. Al funcionario público lo que no le está expresamente atribuido, le está prohibido. Al particular le basta con saber que su conducta no está prohibida para que pueda realizarla; en cambio, al gobernante no le sirve este mismo argumento. Para que él pueda actuar, necesita mostrar la norma que lo faculte para ello; si no existe esa norma, le está prohibida esa actuación. En el Estado de derecho las competencias de la autoridad son siempre expresas, explícitas no existiendo para ello competencias implícitas, ni por analogía y este principio es válido no sólo para el más humilde de los funcionarios, si no también para la Corte Constitucional.

 

La Corte Constitucional por mucho que sea la cabeza de la jurisdicción constitucional, no deja de ser un órgano constituido y por lo mismo sometido a la Constitución, siéndole en consecuencia aplicable los artículos 121 y 6 de la Constitución Colombiana. La Corte Constitucional, por muy alta que sea su misión es un órgano aplicador de la Constitución y no un órgano creador de la misma, de manera tal que el vacío sobre la falta de competencia para dirimir conflictos de competencia en materia de tutela no puede llenarlo la propia Corte Constitucional, si no que debe ser establecido por el propio constituyente o en su defecto por el legislador.

 

La competencia para resolver conflictos de competencia, debe ser expresa y no existe norma constitucional ni legal que la atribuya a la Corte Constitucional.  La falta de norma expresa no puede suplirse con la falacia de que por ser la Corte Constitucional el juez máximo de la jurisdicción constitucional tiene implícitamente esa competencia.

 

Olvidó la Corte que Colombia es un Estado de derecho y, por tanto, la competencia es un asunto del constituyente o del legislador; que los funcionarios públicos al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Estatuto Supremo, solamente pueden hacer aquello para lo cual están expresamente facultados por el ordenamiento; que no existen facultades implícitas; que de conformidad con lo previsto en el artículo 121 ibidem "Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley"; y que la competencia es un presupuesto de validez de los actos que se profieren, de manera que si una autoridad pública expide un acto sin tener competencia para hacerlo, éste carece de validez, o dicho en otras palabras, es nulo. 

 

A la Corte Constitucional se le asignaron sus funciones en forma taxativa, clara y precisa, en el artículo 241 del Ordenamiento Superior y en materia de tutela, solamente se le atribuyó, como aparece en el numeral 9, la función de "Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales", lo cual, sobra decirlo, difiere sustancialmente de la resolución de los conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones, por lo que el argumento aducido por la Corte resulta inane.

 

2.     Antecedentes

 

El artículo 86 de la Constitución al regular la acción de tutela señala expresamente la autoridad judicial competente para conocer de ella, así:

 

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resultaren vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública."

 

En armonía con esta disposición el legislador consagró en el inciso primero del artículo 37 del decreto 2591 de 1991, los funcionarios competentes para conocer de las acciones de tutela, así:

 

"Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud."

 

Que la competencia sea "a prevención", simplemente significa que como en principio todos los jueces y tribunales son competentes para conocer de la acción de tutela, el primero que conozca de ella excluye a los demás.   

 

De conformidad con estos preceptos legales las acciones de tutela se deben interponer ante los jueces o tribunales que ejerzan jurisdicción en el sitio en donde ocurrieron los hechos que constituyen vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cualquiera que sea su especialidad. Sin embargo, y a pesar de la claridad del citado precepto legal, se han presentado conflictos negativos o positivos de competencia entre las distintas autoridades judiciales que alegan tener o carecer de competencia para conocer acciones de esta índole.

 

Ante esta situación y la ausencia de norma que resolviera el asunto, se ha recurrido por analogía, a los preceptos que regulan casos semejantes, concretamente, a la legislación civil. En consecuencia, la Corte Constitucional ha reiterado que cuando se presenta un conflicto de competencia entre Tribunales o juzgados que tienen un superior común, la autoridad competente para resolverlo es éste. No sucede lo mismo cuando el conflicto se presenta entre autoridades que no tienen superior funcional común, cual es el caso de un Tribunal Superior y un Tribunal Administrativo, pues según esta misma corporación, el competente para dirimirlo es la Corte Constitucional, ya que no existe disposición legal aplicable, es decir, que la Corte se ha arrogado una competencia que constitucionalmente no le corresponde por haber sido asignada a otra entidad. Es respecto de estos puntos en donde se presenta mi discrepancia. Veamos.

 

3.     Autoridad competente para resolver conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 256-6 del Estatuto Superior, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo con la ley, "Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones."

 

De otra parte, la Ley 270/96 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, al regular la competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le asignó en el numeral 2 del artículo 112, esta función: "Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional." Disposición que fue objeto de revisión constitucional por esta Corte en la sentencia C-037/96, siendo declarada exequible, y que se vulnera en esta oportunidad. Y en cuanto al punto de conflictos entre jueces y tribunales o entre distintos tribunales, no se hizo ningún análisis, simplemente se afirmó:

 

"(…) de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación (Auto de 1 de septiembre de 1993), es necesario establecer que en cuanto a los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, la autoridad competente para dirimirlos es la Corte Constitucional."  

 

Nada más lesivo del ordenamiento supremo, concretamente de lo dispuesto en el artículo 256-6 de la Carta, que expresamente le asigna la función de dirimir los conflictos de competencia entre "las distintas jurisdicciones" al Consejo Superior de la Judicatura- Sala Disciplinaria-. No entiendo los motivos que tuvo la Corte para inaplicar un mandato constitucional expreso, claro y contundente como éste. Sin embargo, creo que dicha decisión como se lee en algunos autos de esta Corte, tuvo su origen por la declaratoria de incompetencia del Consejo Superior de la Judicatura para dirimir esa clase de conflictos, lo que condujo a la Corte, en un excesivo deseo de garantismo y violando la Constitución, a llenar el vacío y proteger el derecho de acción de la persona o personas que incoaron la tutela, argumentando tener competencia para ello, pues el artículo 241-9 de la Constitución la autorizaba para revisar los fallos de tutela, lo que incluía, también las providencias judiciales que se profirieran en tales procesos. 

 

No cree el suscrito magistrado que la inconstitucional decisión de incompetencia del Consejo Superior de la Judicatura sea suficiente para que la Corte Constitucional se arrogue tareas privativas del legislador y proceda a expedir normas para llenar vacíos legislativos. Lo correcto hubiera sido y sigue siendo llamar la atención del Consejo Superior para que cumpla la labor de dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones, disposición que no hace distinciones de ninguna índole, esto es si se trata de asuntos constitucionales, civiles, penales, laborales, etc., por lo que ha de entenderse que se refiere a todas las jurisdicciones. No se olvide, que el incumplimiento de los deberes y funciones constitucionales por parte del Consejo puede constituir falta disciplinaria y penal.

 

La aplicación del principio del "juez natural", consagrado en el artículo 29 de nuestro Estatuto Superior, como parte del debido proceso, está consagrado en estos términos:

 

"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio"

 

Contrario, a lo que generalmente se piensa, este principio no opera sólo en materia penal, pues como se reitera en el artículo 8 numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", también tiene cabida en asuntos civiles, laborales o de cualquier otra índole.[6] Dice así la disposición citada:

 

         "8. Garantías judiciales.

 

1.                            Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, o de cualquier otro carácter." (Destaca la Corte)

 

El juez natural ha dicho esta Corte, es aquél a quien la Constitución o la Ley le ha asignado el conocimiento de un asunto para su resolución. Competencia, que además de ser legal, debe ser preexistente, es decir, anterior al hecho que motiva la actuación o proceso judicial correspondiente. La competencia es pues garantía de seguridad jurídica y desarrollo del derecho al debido proceso. 

        

Despojar de la competencia asignada por el Constituyente al Consejo Superior de la Judicatura para dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones es, óigase bien, inaplicar un precepto constitucional y ésto no tiene cabida en ningún Estado de derecho; mucho menos, cuando el autor de semejante despropósito es el más alto tribunal de justicia constitucional: la Corte Constitucional, a quien paradójicamente se le ha asignado la guarda de la supremacía e integridad de la Constitución.

 

Por otra parte, es bueno recordar que la separación de las ramas del poder público (art. 113 C.P.) permite no sólo definir el ámbito de acción de cada uno de ellos, sino también la órbita restrictiva de sus competencias, por consiguiente, mal puede la Corte convertirse en legisladora, tarea que ha sido asignada al Congreso de la República, para llenar unos vacíos, que como ha quedado demostrado no existen en cuanto al funcionario competente para dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones incluidos los que se deriven de las acciones de tutela, pues su función como se ha reiterado, se limita a "revisar" las decisiones judiciales que se dicten en tales procesos de tutela.

 

En razón de lo anotado, considero que la Corte en el presente caso se ha equivocado y, en consecuencia, sólo me queda esperar a que algún día ella reconsidere su posición doctrinaria y cumpla y haga cumplir los preceptos constitucionales que juró respetar.  

 

Con fundamento en lo expuesto, salvo mi voto a la presente decisión.

 

Fecha ut supra,

 

 

 

 

 

JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Magistrado