A221-12


REPÚBLICA DE COLOMBIA

 Auto 221/12

(Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2012)

 

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO DE FAMILIA Y JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA-Reiteración Auto 124/09

 

 

Referencia: Expediente ICC-1843. Conflicto de competencia entre el Juzgado Primero de Familia de Bello (Antioquia) y el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos (Antioquia), en la acción de tutela promovida por Edwin Andrés Marín García, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-.

Magistrado sustanciador: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, decide sobre el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero de Familia de Bello (Antioquia) y el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos (Antioquia), en la acción de tutela promovida por Edwin Andrés Marín García, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-.

 

I.            ANTECEDENTES.

 

1.     El señor Edwin Andrés Marín García, interpuso acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario al considerar que la entidad vulneró su derecho fundamental a la igualdad al haberle denegado su solicitud de traslado de la EPMSC “Bellavista” a la cárcel de Yarumito (Antioquia), alegando que este establecimiento se encuentra fuera de su jurisdicción al ser una cárcel departamental, cuando en diciembre de 2011 el INPEC trasladó a unos internos de la EPAMSCAS “La Picota” a la cárcel en mención.

 

2.     La presente demanda fue repartida al Juzgado Primero de Familia de Bello, el cual se declaró incompetente para conocer de la acción al considerar que no tiene jurisdicción en el lugar donde presuntamente ocurrió la vulneración –siendo éste en su opinión, el domicilio de la entidad accionada (Bogotá D.C.)-, ni en el lugar donde supuestamente se produjeron sus efectos –la EPMSC de Santa Rosa de Osos-. Así, declaró su falta de competencia para conocer del presente asunto y ordenó su remisión a los juzgados del circuito del municipio de Santa Rosa de Osos (reparto). 

 

3.     La acción de tutela fue posteriormente asignada por reparto al Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos, quien a su vez decidió no avocar el conocimiento de la misma. Esto por cuanto consideró que la presunta vulneración al derecho fundamental alegada por el accionante ocurrió mientras el peticionario se encontraba recluido en la EPMSC “Bellavista”, pues fue en ese lugar en el que fue notificado de la decisión del INPEC. Por lo que, en su opinión, quien detenta la competencia para asumir el conocimiento de la acción por el factor territorial –de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991-, es efectivamente el Juzgado Primero de Familia de Bello.

 

4.     Como consecuencia de lo anterior, el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que fuera dirimida la colusión.

 

II.     CONSIDERACIONES.

 

En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero de Familia de Bello (Antioquia) y el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos (Antioquia).

 

Con el fin de resolver dicho conflicto, la Sala abordará los siguientes temas:

 

(i) Las normas generales sobre conflictos de competencia en materia de tutela (ii) La competencia de la Corte Constitucional para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela, para proceder a decidir (iii) el caso concreto.

 

1. Las normas generales sobre conflictos de competencia en materia de tutela.

 

1.1 En relación con los conflictos de competencia, la Constitución Política dispone en el artículo 256 numeral 6°, que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso, “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.”

 

1.2 Cuando el conflicto de competencia se suscita en el marco de la acción de tutela, éste enfrenta a los jueces de una misma jurisdicción, la jurisdicción constitucional, bajo el entendido que desde el punto de vista funcional todos los jueces de tutela hacen parte de dicha jurisdicción. En estos casos, la jurisprudencia constitucional ha acudido a las normas de rango legal para identificar cuál es el superior funcional común entre los jueces de tutela a fin de determinar a quien le corresponde resolver un conflicto de competencia planteado en materia de tutela, y sólo excepcionalmente la Corte ha obrado como tribunal para dirimir conflictos de competencia de forma residual.

 

1.2.1. En ese orden de ideas, las reglas generales para resolver los conflictos de competencia, están establecidas principalmente en la Ley 270 de 1996 –artículo 18- que establece:

 

Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación.

 

Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación.

 

Igualmente, el Código de Procedimiento Civil –artículo 28- consagra:

 

Los conflictos de competencia que se susciten entre los tribunales superiores, entre un tribunal y un juzgado de otro distrito o entre dos juzgados de distintos distritos judiciales, serán resueltos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

 

Los que ocurran entre juzgados de igual o diferente categoría, de distintos circuitos, pero dentro de un mismo distrito, serán resueltos por la sala civil del respectivo tribunal; aquéllos que se presenten entre juzgados municipales de un mismo circuito, por el juez de éste; y los que no estén atribuidos a la Corte Suprema de Justicia ni a los jueces de circuito, por los tribunales superiores de distrito judicial.

 

1.2.2. Por su parte, el artículo 37 del Decreto 2195 de 1991[1] consagra la regla general de competencia en materia de tutela, según la cual corresponde conocer de éste mecanismo de protección al juez del lugar donde se vulneraron o amenazaron los derechos fundamentales del peticionario. Asimismo, el inciso tercero consagra que las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación o la prensa serán competentes en primera instancia, los jueces del circuito del lugar donde ocurrieron los hechos.

 

1.3 Acorde con lo anterior, en el Auto 124 de 2009, la Sala Plena de esta Corporación estableció las siguientes reglas relativas a la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela. De la siguiente manera:

 

(i)         Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

(ii)        Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

(iii)                Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido aplicando en esta materia.

 

(iv)       Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.

 

2. Competencia de la Corte Constitucional para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela. Reiteración de jurisprudencia. 

 

2.1 Con respecto a las normas generales relativas a la solución de conflictos de competencia mencionadas en el acápite anterior, la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, norma en la cual se definía la atribución de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para dirimir conflictos de competencia. En esta oportunidad, consideró la Corte que era necesario “establecer que en cuanto a los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, la autoridad competente para dirimirlos es la Corte Constitucional”, estableciendo en la parte resolutiva de la providencia declarar exequible la norma en comento bajo las condiciones expuestas en la sentencia.

 

2.2 Sin embargo, a partir del Auto 170A de 2003 esta Corporación estableció que en aras de preservar los principios de celeridad, eficacia, prevalencia de lo sustancial sobre las formas y el acceso oportuno a la administración de justicia, la Corte Constitucional conocería y resolvería directamente los conflictos que se presentaran entre autoridades judiciales que tuvieran un superior jerárquico común, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos fundamentales. Lo anterior, con la intención de evitar la demora que supondría remitir el expediente al despacho judicial encargado para hacerlo, teniendo en cuenta que el procedimiento en materia de tutela es sumario e informal[2]. En dicho Auto se estableció lo siguiente:

 

No puede olvidar esta Corte, y este ha sido su criterio, que la resolución de los conflictos de competencia debe atender dos principios básicos que orientan la protección de los derechos fundamentales, como objetivo primordial de la Constitución de 1991 y de la consagración de la acción de tutela. Estos principios son, en primer lugar, la eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), para lo cual es necesario –las más de las veces- atender al postulado de prevalencia del derecho substancial sobre el procedimental; y en segundo lugar, la sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento de tutela (art. 86 C.P.), entendidos como condición necesaria para la protección real y oportuna de este tipo especial de derechos constitucionales.

 

La Corte no puede ser permisiva con la dilación de los términos ni con la renuencia de las autoridades a asumir de manera definitiva el conocimiento de las solicitudes de tutela. En este sentido, la Sala considera que remitir a la Corte Suprema las presentes diligencias para que ella resuelva el conflicto de competencia, agravaría aun más la situación de la peticionaria, quien por demás, no tiene por que sufrir la mora que aparejan los problemas de interpretación de las normas de competencia para conocer de la acción de tutela[3].

 

2.3 Así las cosas, la intervención excepcional de la Corte para dirimir los conflictos de competencia entre autoridades judiciales con un superior jerárquico común, tiene como fin observar los principios de celeridad y eficacia de los derechos fundamentales (C.P., art. 2º) de acuerdo con los objetivos de la Constitución Política[4], para que la resolución de conflictos de competencia no se conviertan en una forma de dilatar la protección efectiva de los derechos fundamentales.

 

3. Caso Concreto.

 

Como primera medida, debe establecerse la competencia de la Sala para asumir el conocimiento del presente asunto. Sobre el particular, se observa que los jueces poseen un superior jerárquico común; sin embargo, remitido el expediente a esta Corporación y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena procede a dar solución al caso objeto de estudio.

 

En esta ocasión, se observa que Juzgado Primero de Familia de Bello, no asumió el conocimiento de la presente acción constitucional tras considerar que la misma debió haber sido dirigida a los juzgados del circuito de Santa Rosa de Osos, puesto que en su opinión fue en este lugar en el cual se produjeron los efectos de la decisión del INPEC. 

 

Por su parte, el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos, dando aplicación a lo expuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, declaró su incompetencia para tramitar la demanda de tutela, al determinar que la vulneración alegada por el peticionario había ocurrido mientras éste se encontraba recluido en la EPMSC de “Bellavista”; institución que se encuentra dentro de la jurisdicción –por factor territorial- del Juzgado Primero de Familia de Bello.  

 

Es preciso recordar, que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 señala: “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.

 

Respecto de esta norma, la Corte ha concluido que: i) el lugar donde el ente que genera la presunta vulneración tiene su sede no necesariamente coincide, con el lugar donde ocurrió la vulneración[5]; y ii) la competencia no corresponde al juez del lugar donde se expidió un acto violatorio, sino al del sitio donde se producen sus efectos[6].

 

En el presente caso, la presunta vulneración alegada por el accionante se refiere concretamente al hecho de que el INPEC negó su solicitud de traslado de un establecimiento carcelario a otro, con base en unos argumentos que en su opinión irrespetan su derecho fundamental a la igualdad. En consecuencia, la presunta vulneración alegada ocurrió mientras el peticionario se encontraba recluido en la EPMSC de “Bellavista” pues fue este el lugar en el cual le fue notificada al actor la decisión del INPEC de no autorizar su traslado.

 

Por esta razón, atendiendo lo dispuesto el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, quien tiene la competencia para conocer del presente asunto es el Juzgado Primero de Familia de Bello.

 

Así las cosas, teniendo en cuenta los anteriores criterios la Sala procederá a resolver el presente conflicto de competencia, ordenando remitir el expediente al Juzgado Primero de Familia de Bello para que de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

III.  DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

 

RESUELVE:

 

PRIMERO: RESOLVER el conflicto de competencia presentado entre el Juzgado Primero de Familia de Bello (Antioquia) y el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos (Antioquia), ordenando la remisión del expediente al Juzgado Primero de Familia de Bello.

 

SEGUNDO: REMITIR el expediente contentivo de la acción de tutela instaurada por Edwin Andrés Marín García, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, al Juzgado Primero de Familia de Bello (Antioquia) para que sin más demoras, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado.

 

TERCERO: COMUNICAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, la decisión adoptada en esta providencia al Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos (Antioquia), con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

 

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Presidente

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

 

 

 

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Magistrado

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrada

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

 

 

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

 

 

 

ALEXEI JULIO ESTRADA

Magistrado (E)

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Decreto 2591 de 1991: “Artículo 37. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio. De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar.”

[2] Auto 072 de 2004.

[3] Auto 170A de 2003. Reiterado en los autos: A-168 de 2005, A-157 de 2005, A-167 de 2005, A-081 de 2005, A-169 de 2006, A-095 de 2006, entre otros. 

[4] Auto 075 de 2007.

[5] Autos 125 de 2009, 095 de 2006 y 025 de 1997.

[6] Ibídem.