Protección de derechos a personas en situación de desplazamiento forzado
Sala especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/2004
La violación masiva y sistemática de un alto
                    número de derechos de la población víctima
                    desplazamiento obligó a la Corte Constitucional a
                    declarar el Estado de Cosas Inconstitucional en
                    materia de desplazamiento forzado por medio de
                    la Sentencia T-025 de 2004. 
                    Para conocer más sobre el origen y las funciones de la
                    Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004,
                    le invitamos a que vea el siguiente video.
                
El seguimiento a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional
                    en materia de desplazamiento forzado que adelanta la Sala Especial
                    de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, se realiza en dos
                    niveles. 
 
 
                    Para conocer más sobre esta metodología le invitamos a que vea el siguiente video.
                
 
                Presidenta
                            Natalia Ángel Cabo es abogada de la Universidad de los Andes,
                            magíster en Derecho de la Universidad de Harvard y candidata
                            a doctorado de la Universidad de York. Ha sido profesora de
                            planta de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes,
                            directora del Área de Derecho Público Constitucional y editora
                            de la Revista Latinoamericana de Derecho. 
                            Se ha desempeñado como magistrada auxiliar y conjuez de la
                            Corte Constitucional, asesora jurídica de la Cámara de Comercio
                            y consultora de diferentes organizaciones internacionales como
                            la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial, el
                            Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corte Interamericana
                            de Derechos Humanos.
                            
 
                            Cuenta con diversos reconocimientos académicos y publicaciones
                            en materia de derecho constitucional, administración de justicia
                            y grupos de especial protección. 
                        
                            Fue nominada en tres ocasiones como candidata a magistrada de
                            la Corte Constitucional, la primera vez por el presidente de
                            la República y las dos siguientes por el Consejo de Estado. 
                            La doctora Natalia Ángel Cabo llega a integrar la Sala Plena
                            de la Corte Constitucional con el mayor número de mujeres desde su creación en 1991.
                        
 
                
                        Magistrado
                        Juan Carlos Cortés González es abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y con estudios de posgrado 
                        en Justicia Constitucional de la Universidad Castilla La Mancha (España). También es magíster en Administración de la Universidad Nacional 
                        Autónoma de México UNAM.
                        Antes de ser elegido como magistrado de la Corte Constitucional, ejercía como director de Estudios de la Organización Iberoamericana de 
                        Seguridad Social. En el 2020 fue candidato por el Consejo de Estado a procurador General. Ha sido viceprocurador General, viceministro de 
                        Empleo y Pensiones, secretario general de la Fiscalía General y asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que participó como miembro 
                        del movimiento estudiantil, además de actuar como conjuez de la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
También se ha desempeñado como docente en derecho y teoría política, con experiencia de treinta años en lo público y en lo privado, 
                        en áreas de derecho social, seguridad social, administrativo y constitucional. Autor de 15 libros especializados, el más reciente: 
                        “Después de la pandemia: una nueva democracia”. 
 
                        
 
                Magistrada
                            Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), cuenta con Magister en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia,
			   Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid y Doctorado en Derecho Constitucional 
                           con Premio Extraordinario a mejor tesis Doctoral en Derecho (2005- 2006) de la Universidad del País Vasco – España.
                         La doctora Escobar Martínez cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en las tres ramas del poder público, la Registraduría 
                         Nacional del Estado Civil y una visión holística de la práctica jurídica en el Estado Colombiano. En el poder legislativo, desde la 
                         Comisión Primera de Asuntos Constitucionales de Senado y Cámara; en el Poder Ejecutivo desde los Ministerios del Interior, Justicia, 
                         Educación y la Aeronáutica Civil; en el Poder Judicial fungió como magistrada auxiliar y conjuez de la Sección Quinta del 
                         Consejo de Estado.
                         Desde el año 1996 hasta la actualidad, la doctora Escobar Martínez ha desarrollado actividades docentes e investigativas en diferentes 
                         universidades nacionales y extranjeras. Ha publicado cinco libros en derecho público, artículos en revistas indexadas y varios capítulos 
                         de libro. Asimismo, se ha desempeñado como conferencista en diversas universidades e instituciones de España, Francia, Italia, Brasil, 
                         México, Chile, Argentina, República Dominicana y Colombia.
                         Ha sido rectora nacional de la Fundación Universitaria San Martín, luego de las medidas de inspección y vigilancia impuestas por el 
                         Ministerio de Educación. También se ha desempeñado como directora de la Especialización en Derecho Constitucional de la Pontificia 
                         Universidad Javeriana- Bogotá, directora del Programa de Derecho de la Universidad de La Sabana, directora del Programa de Derecho de la 
                         Universidad San Buenaventura – Medellín, directora del Grupo de Investigación en Derecho Público de la Pontificia Universidad Javeriana 
                         - Bogotá.
                         Igualmente, se ha desempeñado como coordinadora de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad El 
                         Bosque, consultora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para el proyecto Paradigma Curricular de las Escuelas Judiciales 
                         Latinoamericanas y para el diseño instruccional y virtualización de los módulos de formación del VII Curso de Formación Judicial Inicial 
                         para Jueces y Magistrados, así como consultora para la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), en el proyecto Fortalecimiento del Estado 
                         de Derecho a nivel Latinoamericano; la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), en el proceso de la Constituyente Boliviana 
                         y en USAID, en el proyecto para Colombia, cuyo objetivo fue mejorar la gobernabilidad regional (RGA).