Protección de derechos a personas en situación de desplazamiento forzado
Sala especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/2004
La violación masiva y sistemática de un alto
número de derechos de la población víctima
desplazamiento obligó a la Corte Constitucional a
declarar el Estado de Cosas Inconstitucional en
materia de desplazamiento forzado por medio de
la Sentencia T-025 de 2004.
Para conocer más sobre el origen y las funciones de la
Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004,
le invitamos a que vea el siguiente video.
El seguimiento a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional
en materia de desplazamiento forzado que adelanta la Sala Especial
de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, se realiza en dos
niveles.
Para conocer más sobre esta metodología le invitamos a que vea el siguiente video.
Presidenta
Natalia Ángel Cabo es abogada de la Universidad de los Andes,
magíster en Derecho de la Universidad de Harvard y candidata
a doctorado de la Universidad de York. Ha sido profesora de
planta de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes,
directora del Área de Derecho Público Constitucional y editora
de la Revista Latinoamericana de Derecho.
Se ha desempeñado como magistrada auxiliar y conjuez de la
Corte Constitucional, asesora jurídica de la Cámara de Comercio
y consultora de diferentes organizaciones internacionales como
la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Cuenta con diversos reconocimientos académicos y publicaciones
en materia de derecho constitucional, administración de justicia
y grupos de especial protección.
Fue nominada en tres ocasiones como candidata a magistrada de
la Corte Constitucional, la primera vez por el presidente de
la República y las dos siguientes por el Consejo de Estado.
La doctora Natalia Ángel Cabo llega a integrar la Sala Plena
de la Corte Constitucional con el mayor número de mujeres desde su creación en 1991.
Magistrado
Juan Carlos Cortés González es abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y con estudios de posgrado
en Justicia Constitucional de la Universidad Castilla La Mancha (España). También es magíster en Administración de la Universidad Nacional
Autónoma de México UNAM.
Antes de ser elegido como magistrado de la Corte Constitucional, ejercía como director de Estudios de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social. En el 2020 fue candidato por el Consejo de Estado a procurador General. Ha sido viceprocurador General, viceministro de
Empleo y Pensiones, secretario general de la Fiscalía General y asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que participó como miembro
del movimiento estudiantil, además de actuar como conjuez de la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
También se ha desempeñado como docente en derecho y teoría política, con experiencia de treinta años en lo público y en lo privado,
en áreas de derecho social, seguridad social, administrativo y constitucional. Autor de 15 libros especializados, el más reciente:
“Después de la pandemia: una nueva democracia”.
Magistrada
Magistrada de la Corte Constitucional desde el 6 de junio de 2017. Abogada y politóloga con especialización en gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Cuenta con una experiencia laboral de más de 30 años, en los que ha laborado tanto en el sector público como privado.
En el sector público, su trabajo se ha enfocado en el derecho constitucional. Participó en el proceso que culminó con la promulgación de la Constitución de 1991, en el cargo de asesora de las consejerías presidenciales para la Reforma y la Asamblea Constitucional y para el Desarrollo de la Constitución. Además, se desempeñó como Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional. Por otra parte, se ha dedicado a la asesoría jurídica de entidades territoriales y del orden nacional, como el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República. En su trayectoria, ha asumido cargos directivos, como en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.