Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.

A finales de la década de los noventa el desplazamiento forzado se empezó a intensificar en Colombia y tuvo su punto más álgido en el periodo 2000-2002. En este último lapso se desplazaron al año aproximadamente 350.000 personas según cifras oficiales y 400.000 personas de acuerdo con ONG,s que han hecho seguimiento al fenómeno. A partir de 2002 hubo un descenso significativo pero el desplazamiento forzado afectó, dependiendo de las fuentes, entre 200.000 y 300.000 personas al año (cifra que equivale a la población de una ciudad como Popayán). Esta tendencia decreciente se ha mantenido pero en la actualidad todavía se desplazan cientos de miles de personas dentro del territorio nacional. En el 2011 se desplazaron entre 160.000 y 260.000 personas, es decir, que “un promedio de 710 personas por día llegaron desplazadas a 805 municipios de los 32 departamentos del país.”[1] La magnitud y la gravedad del fenómeno del desplazamiento forzado se hace evidente si se analiza el consolidado de personas registradas en los sistemas oficiales: casi 4.000.000 de colombianos, es decir, un poco menos del 10% de la población, se ha visto obligada a desplazarse por la violencia en las últimas dos décadas, ubicándonos en el grupo de países a nivel mundial que presentan mayores cifras de población desplazada, junto con Sudán y Ruanda.

 

La violación masiva y sistemática de un alto número de derechos de la población desplazada, muchos de ellos considerados de rango fundamental, y la insuficiencia de la respuesta del conjunto de las entidades responsables de atender y proteger a esa población, obligaron a la Corte Constitucional a declarar en el 2004 un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado por medio de la sentencia T-025. En esta decisión, en la que la Corte se pronunció sobre 108 demandas interpuestas por 1.150 familias, se dictaron un conjunto de órdenes complejas dirigidas a las entidades que hacían parte el entonces sistema de atención a la población desplazada para que de manera coordinada realizaran un conjunto de acciones tendientes a superar las falencias estructurales que impedían una atención adecuada de esa población y que la Corte Constitucional identificó en aquella ocasión.

 

Al tratarse de un problema estructural, cuya solución no es inmediata sino que requiere de grandes esfuerzos presupuestales, administrativos e institucionales, la Corte Constitucional decidió mantener la competencia sobre el tema y hacerle seguimiento a través de distintas estrategias. Entre ellas, vale la pena resaltar la realización de audiencias públicas con los distintos actores involucrados en el fenómeno del desplazamiento forzado y la promulgación de autos por medio de los cuales se evalúa la respuesta por parte de las autoridades responsables a las órdenes impartidas y, de considerarse necesario, se dictan nuevas órdenes dirigidas a superar las falencias persistentes y aquellas que han surgido durante tal proceso.

 

Debido a la magnitud y a la exigencia del proceso de seguimiento (el expediente asciende a 1.500.000 folios, por ejemplo) la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió crear en abril de 2009 una Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 encargada de la constatación judicial del avance, rezago o retroceso en la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado y la adopción de todas las decisiones de fondo y de trámite a las que haya lugar para verificar el cumplimiento de las órdenes dictadas en la sentencia T-025 y sus autos de seguimiento.


[1] Ver CODHES INFORMA Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Número 79 - Bogotá, Quito, Marzo de 2012. Consultado en http://www.codhes.org/ el 15 de noviembre del 2012.