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Boletín de noticias 16 de julio de 2012

 

EL TIEMPO

 

 

EN DOS SEMANAS VAN 2.500 DESPLAZADOS EN EL CAUCA

 

Pobladores de Toribío, Corinto, Miranda y Argelia han dejado viviendas por hostigamientos de Farc.

Mientras los ojos del país están puestos en la delicada situación militar que se vive en el norte del Cauca, el torrente de desplazados en este departamento no cesa.

En las últimas dos semanas, de acuerdo con cifras de la Cruz Roja y la Gobernación del Cauca, los ataques de las Farc han obligado a por lo menos 2.500 personas de nueve poblaciones -entre ellas Toribío, Corinto, Jambaló, Miranda y Argelia- a salir huyendo de sus casas.

Lo preocupante es que, a diferencia de otros desplazamientos ocurridos en el pasado, la persistencia e intensidad de los hostigamientos y combates han impedido que la gente pueda retornar a sus hogares. Antes podían hacerlo en dos o tres días.

Una de las situaciones más delicadas se vive en Argelia, en el sur del Cauca, donde sus habitantes reclaman la misma atención que se presta a los acontecimientos en el norte del departamento. "Hemos pedido al Gobierno que mire hacia acá. Vivimos un capítulo muy duro del conflicto y no logramos superarlo", dijo el alcalde de Argelia, Elio Gentil Adrada.

En lo que va de este mes, la zona ha sufrido una dura escalada terrorista. Todo comenzó con un fuerte hostigamiento contra el corregimiento El Mango. Luego siguió el secuestro de los tripulantes de un helicóptero de una empresa privada que tuvo que aterrizar de emergencia en El Plateado. Posteriormente, una motobomba explotó en el casco urbano de Argelia, lo que causó la muerte de dos niños, y este fin de semana, un soldado fue asesinado en el parque del pueblo.

En El Mango, un poblado de la zona con 1.500 habitantes, aún son visibles las huellas del ataque que sorprendió a sus vecinos la tarde del 2 de julio. Ese día, una lluvia de cilindros y tatucos del frente 60 de las Farc dejó en la calle a varias familias. "Los guerrilleros bajaron en una turbo (camioneta) y de un momento a otro empezaron a lanzar bombas desde el parque; fue horrible", narró un lugareño.

Rosalba Daza, una de las damnificadas, se lamenta de que ahora tenga que vivir de la ayuda de sus vecinos. "A mí me destruyeron toda la casa. Tenía un hotel y ahorita quedé en la calle. Duermo donde amigos que me ayudan", relata. Otras 300 personas viven el mismo drama.

Y hoy, los pocos que se han atrevido a regresar al pueblo relatan que a las 5 de la tarde salen de sus casas a buscar un refugio por miedo a una nueva arremetida.

El fin de semana, miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja y de su seccional en Colombia llegaron con una caravana humanitaria hasta los municipios más afectados.

De acuerdo con Elke Kooyman, delegada del CICR, tras una evaluación de los daños por los ataques, se encontró que solo en El Mango hay más de cien familias con sus casas muy dañadas, por lo que recibirán tejas y alimentos. Kooyman dijo que también entregarán ayudas a veredas cercanas con el fin de que puedan recibir a quienes se desplazan en las noches por temor a dormir en El Mango.

El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, pidió buscar soluciones efectivas a un problema que se repite desde hace décadas.

 

La ONU condena a la guerrilla

 

El representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, condenó los hostigamientos de las Farc a pobladores del Cauca.

Dijo que fue testigo de la situación que se vive en el departamento. "Durante casi toda la misión escuché disparos y explosiones", contó Holland.

También confirmó que el coordinador de la guardia indígena de Miranda, Camilo Tarquinas, fue herido en la pierna izquierda cuando salía de la zona. Tarquinas se recupera en Cali.

 

'Ni un centímetro' del Cauca entregará Santos

 

nte la insistencia de la comunidad indígena del Cauca de retirar a la Fuerza Pública de la zona para poner fin a los combates con las Farc, el presidente Santos ratificó que no retirará ni a la Policía ni al Ejército. "No hay la más mínima posibilidad de que este Presidente de la República ordene a la Fuerza Pública que se retire del Cauca", dijo Santos. Y agregó: "Ellos tienen la obligación de proteger cada centímetro de nuestro territorio.

Dijo que está dispuesto a dialogar con los indígenas, pero negó cualquier posibilidad de despejar el norte del Cauca o cualquier zona.

 

Indígenas hablaron con juez Garzón

 

En la Casa de la Guardia Indígena de Miranda (Cauca), los líderes de las etnias del norte del departamento se reunieron anoche con el juez español Baltasar Garzón, quien será interlocutor entre gobierno e indígenas. Tras el encuentro, el jurista dijo que hay voluntad de las comunidades para salir adelante. Por su parte, Feliciano García, consejero político de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, dijo que con Garzón analizarán lo que no pudieron compartir con el presidente Juan Manuel Santos, en Toribío. Insistirán en que la guardia indígena establezca el control; incluso, anunciaron que enviarán una carta a las Farc en la que les dan plazo hasta la medianoche de hoy para salir del territorio; el mismo regiría para la Fuerza Pública. De lo contrario, dijeron, apelarán a vías de hecho. El Ejército dijo que seguirá en la zona.

 

No aparecen bombas y caja negra del Supertucano

 

Una de las prioridades de la Fuerza Pública en este momento es la recuperación de cuatro elementos que iban en el avión Supertucano que se estrelló el pasado jueves en Jambaló, Cauca. Se trata de tres bombas MK 82, con un poder de destrucción de hasta 150 metros a la redonda cada una, y la caja negra del aparato.

Los dispositivos desaparecieron del avión sin que hasta ahora se sepa con certeza si están en manos de algunos curiosos que llegaron al avión primero que las autoridades o si quedaron en poder de la guerrilla.

Aunque el alcalde de Jambaló, Silvio Dagua, dijo que los indígenas sacaron partes del avión a orillas de la carretera para entregarlas a organismos de derechos humanos, los líderes indígenas aseguran que no tienen conocimiento de eso.

La caja negra, o sistema de grabación de vuelo, sirve específicamente para conocer a qué altura iba el avión, en qué estado se encontraban los motores y escuchar las últimas conversaciones de la tripulación.

Con esa información, asegura el general Juan Carlos Ramírez, inspector general de la Fuerza Aérea Colombiana, se pueden establecer con exactitud las causas del accidente, en el que murieron los dos oficiales que tripulaban la aeronave.

"La ausencia de la caja negra no nos impide hacer la investigación, pero sí nos demora más", indicó el oficial, quien afirmó que la primera conclusión de la investigación es que el avión no fue derribado ni por un misil, ni por impactos de bala de fusil. "Fue un accidente. Ahora lo que pretendemos buscar es si fue un error humano o un error mecánico, y la caja negra nos ahorraría tiempo", aseveró.

Ante la controversia que se ha generado por el supuesto derribamiento de la aeronave, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sostuvo que no entiende cómo algunos sectores siguen creyendo en la guerrilla, que se atribuyó el hecho.

"Otra vez esa organización terrorista le miente al país, y lo peor es que hay quienes escuchan sus mentiras", señaló Pinzón.

 

CÁRCELES: UNA BOMBA DE TIEMPO POR HACINAMIENTO

 

La cárcel La Modelo de Bogotá, una de las más peligrosas y conflictivas del país, tiene actualmente 7.965 reclusos, pero su capacidad solo da para atender a 2.950.

La Modelo tiene 7.965 internos, pese a que está hecha para 2.950. Reclusos duermen en pasillos.

Ni las escenas más dantescas logran superar la realidad de los patios de la cárcel La Modelo de Bogotá. Entre excrementos que, literalmente, brotan de las cañerías y nauseabundos olores que se confunden con el de la comida, los 7.965 hombres que están allí detenidos claman por el respeto de sus derechos humanos.

EL TIEMPO evidenció la situación que afrontan sindicados y condenados y la impotencia de la guardia ante un problema que no pueden resolver. Esta cárcel, una de las más peligrosas y conflictivas, pero también una de las que menos atención recibe, tiene una capacidad real y máxima de 2.950 reclusos. Hoy, la cifra es más del doble y hay pendientes mil personas más, que esperan cupo en las estaciones de Policía.

Lo más paradójico es que solo hay 60 guardianes por turno, para cuidar a 8 mil hombres. Y los días de visita femenina (el domingo), 13 mujeres dragoneantes requisan a 6 mil visitantes, que es el promedio de ingreso.

Hay domingos en los que La Modelo alberga a 15 mil personas en un espacio para 3 mil. Por eso, la visita conyugal se debe hacer debajo de una cobija, a modo de carpa sostenida por otros dos internos, en pleno patio y la visita debe permanecer todo el día sentada o de pie en un solo sitio, porque no hay por dónde caminar.

El hacinamiento es de tal magnitud que los internos están durmiendo en los pasillos, en colchonetas que botan en el suelo y en colchones amarrados con lazos al techo.

"Después de que uno se acuesta no hay cómo salir de aquí porque tenemos que pegarnos los unos a los otros para que quepa la mayor cantidad de gente. Entonces, si uno quiere ir al baño, porque la gente aquí se enferma mucho del estómago, toca tener una bolsa a la mano, hacer la necesidad ahí, en el mismo colchón en el que duerme, dejarla a los pies y botarla al otro día", relata Jhon Jairo, uno de los internos del patio 4.

Lo peor de todo es que en patios como este hay tan solo cuatro sanitarios para 500 internos y las cañerías no funcionan.

 

Falla atención en salud

 

Y para aumentar la crisis que se vive, una doctora, la única que aceptó quedarse pese a las circunstancias, es la que atiende las emergencias clínicas de los 8 mil hombres del penal. Solo los casos extremos son remitidos, ya que el convenio con la EPS Caprecom ha sido incumplido constantemente. A partir de mañana, el Inpec asumirá la atención médica a través de la red de hospitales públicos.

A esta médica la acompañan dos sicólogas y tres trabajadoras sociales en el día, y una enfermera en la noche. Las medicinas son precarias y en los botiquines ni siquiera hay analgésicos para atender los dolores comunes.

La parte de resocialización no es mejor. Al menos un 70 por ciento de la población reclusa no puede acceder a alguna actividad que le permita redimir pena o por lo menos hacer una actividad productiva.

El patio 5, donde están los delincuentes comunes, en su mayoría responsables de hurto y homicidio, y que además son reincidentes, parece un cartucho. Los alimentos los reciben en botellas plásticas y los cubiertos son las propias manos. Muy pocos logran conservar el plato y la cuchara que les entregan al ingresar a la prisión.

"Si alguien quiere conocer el infierno, aquí está. Ya no hay armas de fuego como en otros años. Tampoco, enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros, pero no hacen falta para afrontar la misma zozobra y miedo. Miedo a que una noche se desencadene un incendio y todos quedemos calcinados porque aquí no hay cómo reaccionar", dice Freddy, otro recluso.

Y es cierto. Las columnas de la cárcel se estremecen con tan solo sacudirlas un poco. Los cimientos están construidos sobre una especie de panel formado por decenas de túneles que los presos cavaron entre 1997 y el 2002, intentando huir.

Las reformas locativas que el Inpec le hizo a la cárcel en los años siguientes incluyeron la construcción de nuevas celdas, pintura y algunos talleres, pero fue insuficiente. Los ladrillos que sostienen la reclusión han sido desgastados por los viciosos que, ante la falta de drogas, aspiran el polvo de la construcción. Solo una pequeña parte del penal tiene muros en concreto.

Tampoco hay recursos para hacer algo más y la promesa del Ministerio de Justicia de reubicar a los condenados se cumplió parcialmente. En La Modelo aún hay miles de hombres que ya recibieron pena y siguen en una cárcel para sindicados.

 

Otras cárceles del país también presentan condiciones precarias

 

Pero este no es un caso exclusivo de la cárcel La Modelo. La situación en el resto de reclusiones y penales del país es similar.

Actualmente, hay una población de 130 mil internos en pena intramural, 30 mil más que el año pasado; y 30 mil extramural.

Para los sindicatos de guardianes del Inpec, el incremento empezó a darse en octubre del año pasado, cuando entró a regir el nuevo estatuto de seguridad ciudadana.

Fuentes carcelarias aseguran que el saliente ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, iba a decretar la emergencia carcelaria, pero no se lo permitieron.

"Esto no es culpa del Inpec, simplemente el Estado nunca ha tenido en cuenta un plan de modernización del sistema carcelario colombiano", señala uno de los líderes de la guardia.

A esto se suma el pésimo planeamiento de la construcción de las nuevas cárceles. Algunas no han sido entregadas aún y en el caso de la penitenciaría de Valledupar, el sistema de acueducto es deficiente y solo permite que los reclusos tengan una hora de agua al día, en un lugar que alcanza temperaturas de hasta 40 grados.

 

En las cárceles de Villahermosa (Cali) y Bellavista (Medellín) también hay un hacinamiento del 100 por ciento.

 

Por ahora no hay soluciones rápidas a la vista y tanto presos como guardianes aseguran estar listos para entrar en una protesta indefinida. Ese será uno de los grandes retos de la nueva ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.

 

CONGRESO Y GOBIERNO INICIAN UNA ETAPA TENSA TRAS CRISIS POR REFORMA

 

Aprobación de reforma judicial dejó malestar entre las partes. Gobierno define proyectos a tramitar.

Hace muchos años que una legislatura no comenzaba en medio de un clima tan enrarecido entre Gobierno y Congreso. Incluso, el editorial de EL TIEMPO de este domingo señaló que las sesiones comenzarán este viernes cuando "todavía están abiertas las heridas" que dejó la fracasada reforma de la justicia.

Se observa que muchos congresistas tienen mermada su confianza en el Ejecutivo, luego de que este acusó de manera general al Legislativo de no actuar con "transparencia" en el trámite de esa reforma. Inclusive, sugirió que algunos de sus miembros podrían haber procedido en este caso motivados por intereses oscuros, al asegurar que hubo gente de las cárceles que esperaba ese resultado.

Además de minarse la confianza entre Gobierno y Congreso, ambos poderes tratan de ganar terreno frente a la opinión, que los castigó por sus papeles en ese episodio según las últimas encuestas.

Pero como hay que definir tareas, el presidente Juan Manuel Santos convocó para hoy, en San Andrés, un Consejo de Ministros que determinará la agenda legislativa.

Los partidos tienen su propia opinión sobre el asunto. "El proceso de recuperar confianza debe iniciarse, las bancadas deben escuchar la voz del Presidente", dijo el senador Efraín Cepeda, presidente del conservatismo, quien cree que "el trabajo legislativo será más cuidadoso".

El representante Augusto Posada, el más probable presidente de la Cámara, aseguró que negar que el ambiente está enrarecido "sería mentira". Para él, el escándalo desatado con la reforma de la justicia "resquebrajó la confianza, y eso todavía no se ha arreglado", aunque descartó que haya revanchismos.

"La tensión es inmensa, pero no es solo con el Gobierno, sino con la opinión, (...) habrá personajes del Congreso que tratarán de hacerle la vida imposible al Gobierno para que les den cosas", dijo el senador Jhon Sudarsky, del Partido Verde.

El propio presidente Santos le dijo a EL TIEMPO el pasado 3 de julio que no radicaría la reforma tributaria si ve que el Congreso "está en una actitud hostil".

Pero será hoy en San Andrés donde se determinen cuáles serán las iniciativas que se llevarán al Congreso. Entre otros proyectos claves están las reformas tributaria, pensional y de las CAR; la reglamentación de la Consulta Previa y el presupuesto para el 2013.

"Si Santos no presenta esas reformas, querrá decir que no tiene gran interés en una relación con el Congreso", dijo Armando Benedetti, senador de 'la U'.

Pero a pesar de todo esto, hay quienes que creen no habrá inconvenientes entre el Legislativo y el Ejecutivo. "La relación entre el Congreso y el Gobierno no será difícil", vaticinó el representante liberal Guillermo Rivera.

Mientras tanto, en la Casa de Nariño hay quienes creen que las relaciones no están tan deterioradas como las imagina la opinión pública. Si bien estiman que habrá más debates de control político a los ministros, piensan que se impondrá la disposición del Ejecutivo de trabajar de la mano del Congreso.

 

Lo que dijo el Presidente

 

"Vamos a realizar un Consejo de Ministros. Por la mañana vamos a discutir con la gobernadora las necesidades más urgentes de San Andrés y Providencia, luego hacerle un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, (...) también vamos a discutir la agenda legislativa y otros temas del Consejo".

 

 

'MEA CULPA DEBE SER DE TODAS LAS CORTES': MAGISTRADO JORGE OTÁLORA

 

Dice que prestigio volverá a Sala Disciplinaria de Judicatura si sus colegas dan un paso al costado.

El magistrado Jorge Armando Otálora niega que su renuncia a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sea el paso previo para ocupar la Defensoría del Pueblo, como se ha rumorado.

Lo que sí tiene claro es que su dimisión se debió al desgaste que sufrió ese tribunal por la fallida reforma de la justicia. Y va más allá. Asegura que la Judicatura no es la única corporación judicial con ese lastre.

 

¿Se arrepiente de haber aceptado ese cargo?

 

Hubiera querido estar en otra corporación con mayor reconocimiento, pero no me arrepiento. Las instituciones cumplen un papel y a uno lo juzgan individualmente.

 

¿Cómo devolverle el prestigio a la Sala Disciplinaria?

 

La única forma es que demos un paso al costado.

 

¿Lo seguirán sus colegas?

 

Detrás de cada magistrado hay empleados que dependen de él. Por eso, cada cual hará su propia reflexión. La mía fue la renuncia.

 

¿Debe acabarse la Judicatura?

 

No hay necesidad. El sistema de pesos y contrapesos está muy bien creado. El problema es del funcionamiento.

 

¿Por qué el desprestigio?

 

La Judicatura nació desgastada por sus funciones. Maneja recursos y no le puede dar a todo el mundo lo que le pide. Y en lo disciplinario, a ningún juez le gusta que lo llamen a explicar por qué tomó tal o cual decisión.

 

¿Han incidido los escándalos de algunos de sus colegas?

 

Son hechos que por fortuna se están investigando y que, ojalá, haya una respuesta oportuna de las autoridades. Y si hay sanciones, que sean drásticas.

 

¿Hubo carrusel de pensiones?

 

Es algo que no se le debe endilgar únicamente a la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Los organismos de control deberían mirarlo con lupa y con el mismo rasero en otras instituciones.

 

¿Hubo roces con sus colegas?

 

No dejaron de presentarse molestias, sobre todo en momentos de la reforma, donde a diario en las noticias se ventilaba un nuevo escándalo. En la Sala siempre fueron vehementes de lo injusto de las sindicaciones que hacían los medios o las imputaciones de los organismos de control.

 

¿Entonces la reforma fue la culpable de ese desprestigio?

 

Dejó un sabor amargo y es muy necesario que, cuando las heridas cicatricen, las cortes analicen el papel que jugaron y deben jugar en una situación de esa naturaleza. Hay que pensar en función del Estado y no en intereses personales.

 

¿Cómo califica la actuación de las altas cortes?

 

Lamento el papel que jugaron, por fortuna, pocos miembros de las altas cortes de no tener la grandeza y la responsabilidad de comportarse como magistrados de una alta corte, y de haberse dejado tentar por el camino del lobby frente al Congreso, del beneficio y del interés personal. Por eso, todos los poderes, incluso las cortes, deben hacer un mea culpa.

 

CORTE ORDENA A PADRE CERRAR CUENTA DE FACEBOOK DE SU HIJA

 

Se la creó a una niña de 4 años. Corte Constitucional se pronuncia sobre riesgos de redes sociales.

En una particular tutela, la Corte Constitucional se pronunció no solo sobre el uso que algunos padres están haciendo de las redes sociales a nombre de sus hijos menores de edad, sino advirtió sobre riesgos que tienen estas plataformas para los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales.

El alto tribunal, con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, le dio la razón a una madre que entuteló al papá de su hija, de 4 años, porque le creó a la niña una cuenta en la red social de Facebook. Para el magistrado, el padre de familia le violó a la niña el derecho fundamental a la protección de datos personales.

La madre alegó que su hija "no cuenta con la madurez neuronal necesaria para abrir por su propia voluntad" y que el papá utiliza la página para "entorpecer la paz familiar".

Además, argumentó que el padre mintió al momento de crear la cuenta a nombre de su hija: puso que había nacido el 11 de julio de 1974, cuando en realidad nació el 11 de julio del 2007. De esta manera, la mujer argumentó que había violado las reglas de la red social, que no es permitida para menores de 13 años y que no se puede crear cuentas de otros sin autorización.

 

La respuesta del padre

 

El papá de la niña afirmó que lo hizo para guardar las fotos que publica del jardín infantil donde está la menor, debido a que "puede transcurrir periodos de hasta un año en los que puede estar ausente de su hija por las acciones 'injustas y dolosas de la madre'".

También argumentó que, en la página, está plenamente identificada solo ante 24 familiares, que no revela datos personales, como teléfonos o direcciones, y que no se buscan nuevos amigos, no se asiste a invitaciones, no se aceptan juegos y no se aceptan opiniones de otros miembros.

"(El objetivo es que) el propio padre y la misma hija (tengan) en un futuro un medio virtual de ver fotos, acontecimientos reales, momentos memorables dada la época actual donde podemos crear un álbum fotográfico virtual y no de rollos de película como hace algunos años atrás  y que la mejor manera de compartirlo sanamente es por medios mundialmente conocidos como el Facebook , aclarando que bajo las estrictas medidas de seguridad que se requieren para evitar peligros propios de estos y sin ningún asomo de perfil público o de suplantación de identidad", señaló el padre.

 

Los argumentos de la Corte

 

En una primera instancia, un juzgado de Cartago (Valle) no accedió a las pretensiones de la madre, ya que consideró que no se evidenciaba mala intención del padre y que estaba comprobado que había creado la cuenta debido al distanciamiento que ha existido entre él y su hija.

Sin embargo, la Corte Constitucional revisó el fallo y lo revocó. El alto tribunal consideró que es imposible que la niña pueda emitir un consentimiento previo, expreso e informado que permitiera inferir su deseo de acceder a la red social. Esto, para los magistrados, afecta el derecho de la menor al hábeas data, pues ella no manifestó su deseo de estar en Facebook.

Además, insistió en que la patria potestad implica la posibilidad de tomar decisiones por los menores, pero esta no puede llevar a violar derechos fundamentales de los niños.

"Cuando la menor cuente con la edad y la madurez para manejar su cuenta en Facebook va a encontrar que el mismo ha sido el medio a través del cual se ventilaba la intimidad de la familia, y que esta ha sido conocida por un grupo de amigos que ella no escogió, independientemente de que tenga un vinculo familiar con ellos. Esto atendiendo a que en la actualidad, el padre se adujo la potestad de escoger quienes son los amigos de la menor en la red", señaló la Corte.

En el fallo también se llama la atención de las dificultades que existen para borrar la información que se sube a este tipo de plataformas. "Como bien se puso de presente, en ocasiones resulta sumamente difícil eliminar la información que se ha colado en el internet, lo que puede ocasionar en el futuro consecuencias desfavorables para la menor, quien posiblemente no quiera mantener toda la información que el papá introdujo en su cuenta", afirmó el tribunal.

 

Advierten de riesgos en redes sociales

 

Para sustentar la decisión, la Corte advirtió en el fallo sobre riesgos para los derechos fundamentales, entre otros la protección de datos, la intimidad y la imagen en las redes sociales.

La Corte citó estudios del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Agencia Española de Protección de Datos y el Memorándum de Montevideo, adoptado en el marco del Seminario Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en Internet.

"Teniendo en cuenta que el número de niños, niñas y adolescentes en las redes sociales es cada vez mayor y que estás hacen parte de su diario vivir, se hace necesaria la adopción y consagración de normas y políticas públicas a fin de garantizar un adecuado acceso de éstos a las redes sociales, a fin de que puedan disfrutar de los beneficios y al tiempo prevenir los riesgos", señaló la Corte.

 

NI CONSTITUYENTE, NI REFERENDO

Por: Mauricio Vargas

 

Los uribistas más radicales y la izquierda coquetean con constituyente y referendo, saltos al vacío que nada arreglan.

Como los ecos del desastroso final de la tragicomedia de la reforma de la justicia no terminan, cogen vuelo propuestas de todo tipo, desde la convocatoria de una asamblea constituyente para introducir más cambios a la Carta, hasta la celebración de un referendo para revocar el mandato del Congreso. Lo curioso es que en la promoción de estas propuestas coinciden la vertiente más derechista del uribismo y la izquierda más radical, con un lenguaje mesiánico, como si la solución de la crisis del país dependiera de un líder o de una fórmula mágica.

Si alguna de estas salidas sirviera para algo, valdría la pena apoyarla. Pero no es así. ¿Para qué una constituyente? Ya tuvimos una en 1991, con resultados positivos -la tutela, la Corte Constitucional y la Fiscalía, que aun con sus defectos es mejor que lo que había antes-, y eso a pesar de evidentes lunares y fallas y de que sirvió para que Pablo Escobar y su banda de criminales presionaran y lograran la caída de la extradición.

Los antiuribistas se oponen a la constituyente porque dicen que Uribe -que, pese al palo recibido sigue arriba en las encuestas- conseguiría las mayorías. No es un argumento serio: decir que un mecanismo previsto en la Constitución no sirve porque favorece a un adversario es un planteamiento pueril. La constituyente es mala n sí misma, porque nada soluciona y porque puede servir para agravar el caos.

Un país no puede andar cambiando el texto constitucional cada año, que es lo que Colombia ha hecho con la Carta del 91, como bien lo ha señalado el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Y no lo puede hacer porque termina convirtiendo la Constitución en una colcha de retazos. Pero, además, como lo señala en forma atinada el procurador Alejandro Ordóñez, la constituyente es un salto al vacío, porque ni siquiera sabemos de qué se va a ocupar. Es como si ante un paciente cuya enfermedad no ha sido identificada, los médicos dijeran: "Llevémoslo a la sala de cirugía a ver de qué lo operamos".

Algo similar sucede con el referendo para revocar el Congreso. Suena muy popular porque los congresistas son, desde hace años, el objeto del mayor odio ciudadano. A menos que queramos convertir a Colombia en una dictadura, revocar el Congreso implica elegir uno nuevo meses más tarde. Y, tal y como ocurrió en 1991 tras la revocatoria aprobada por la constituyente, el Congreso que salió elegido fue tan malo o peor que el revocado. Eso es exactamente lo que volvería a ocurrir, porque ni los partidos asumen sus responsabilidades, ni las mayorías ciudadanas votan a conciencia. De modo que ni constituyente ni referendo revocatorio van a servir para un carajo.

Este país no necesita de nuevos cambios constitucionales, más allá de algún ajuste puntual. En lo referente a la justicia, lo ha dicho con desconcertante sensatez la nueva ministra, Ruth Stella Correa, que desde ya se perfila como la nueva estrella femenina del gabinete ahora que la anterior se ha apagado. Bien por la doctora Correa, que invita al país a dejar quieta la Constitución, después de dos años en que el Gobierno abrió la caja de Pandora de cambiarla, con los nefastos resultados conocidos.

Lo que Colombia necesita es que cada cual haga su tarea. Que el Gobierno gobierne, que en seguridad mande y deje de coquetear con los Baltasares Garzones, y en obras públicas ejecute; y que no abandone su agenda legislativa de reformas urgentes, como la tributaria o la pensional. Que el Congreso haga control político del Gobierno y legisle; que el segundo no compre al primero con puestos ni contratos y que el primero no se deje comprar con puestos ni contratos por el segundo. Y, en cuanto al poder judicial, que deje de hacer politiquería con los fallos y los nombramientos y se dedique a impartir pronta y cumplida justicia. Eso ya sería bastante.

 

EL ESPECTADOR

 

MAGISTRADO TARQUINO NIEGA QUE QUIERA SER ELEGIDO EN CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

El jurista sostuvo que esas versiones son equivocadas.

El saliente magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, le salió al paso a la columna de Ramiro Bejarano, publicada el domingo en El Espectador, en donde se afirma que, una vez fuera de la corporación, buscaba ser considerado para ser nombrado en el Consejo Superior de  la Judicatura.

Bejarano señaló en su columna que este episodio “grotesco” quedó en evidencia en cabeza de Tarquino y Francisco Javier Ricaurte, dos “de los varios magistrados que se sentaron a manteles con ministros y parlamentarios, haciendo lobby para que en la reforma a la justicia se prorrogaran sus períodos de 8 a 12 años, y la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años. Aunque fracasaron en su intento de quedarse cuatro años más, no suspendieron las maniobras para continuar siendo magistrados, así sea del Consejo de la Judicatura”.

Según Bejarano, a dos magistrados del Consejo de la Judicatura, precisamente los elegidos por la Corte Suprema, se les vence su periodo y deberán abandonar sus cargos. En ese contexto, denunció Bejarano, se estaría armando un bloque para promover los nombres de Tarquino y Ricaurte en ese alto tribunal.

No obstante, Camilo Tarquino, en comunicado público, desmintió tal posibilidad de tajo.

Este es su comunicado, enviado al presidente de la Corte Suprema, Javier Zapata.

 

 

Bogotá, D.C., 15 de julio de 2012

 

 

 

Señor doctor

JAVIER ZAPATA ORTIZ

Presidente Corte Suprema de Justicia

Ciudad

 

Estimado doctor Zapata y demás integrantes de la Sala de Gobierno:

 

Ante equívocas versiones periodísticas que dan cuenta de mi supuesta aspiración a ocupar una vacante en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, me permito manifestar que nunca he contemplado la posibilidad de ser magistrado de esa Corporación. No he tenido ni tengo interés alguno en dicha designación, como tampoco he expresado intención pública o privada en ese sentido.

Por lo anterior, respetuosamente, les solicito no tener en cuenta mi hoja de vida en el proceso de selección de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

 

Atentamente,

 

CAMILO TARQUINO GALLEGO

 

 

LA UNIFICACIÓN AGRAVA LA CRISIS

Por: Roberto Esguerra Gutiérrez

 

Ha sido muy publicitada la unificación del POS a partir del 1º de julio del presente año, pero la noticia que debía producir alegría por acabar con esa odiosa, inequitativa e inaceptable diferenciación entre los colombianos, ha traído preocupación por sus consecuencias sobre la crisis del sistema.

La verdad es que la unificación ha debido ocurrir hace más de diez años, si se hubiera cumplido lo ordenado en el artículo 162 de la Ley 100. Como esto no sucedió, la Corte Constitucional, en su famosa sentencia T-760 del 31 de julio de 2008, ordenó de manera perentoria que la unificación de los planes para los niños y las niñas ocurriera antes del 1º de octubre de 2009. Además ordenó a la Comisión de Regulación en Salud (CRES) “que adopte un programa y un cronograma para la unificación gradual y sostenible de los planes de beneficios del régimen contributivo y del régimen subsidiado, teniendo en cuenta: (i) las prioridades de la población según estudios epidemiológicos, (ii) la sostenibilidad financiera de la ampliación de la cobertura y su financiación por la UPC y las demás fuentes de financiación previstas por el sistema vigente”.

La Corte, conociendo que esta medida requería una preparación, ordenó que se fueran tomando las medidas tanto financieras como administrativas para que en el momento en que se tomara la determinación ésta fuera sostenible, para lo que previó inclusive que se debía garantizar a quienes pasaban del régimen subsidiado al contributivo que regresaran al subsidiado cuando su ingreso disminuyera o su situación socioeconómica se deteriorara.

En los pocos días transcurridos es evidente que la implementación de esta justa medida ha deteriorado aún más la situación del maltrecho sistema de salud. En los medios, de manera reiterada, personas como el gobernador de Cundinamarca y los secretarios de Salud, encabezados por el de Bogotá, han advertido sobre esta realidad y han llamado la atención de la sociedad y solicitado la acción del Gobierno. La decisión de dos EPS del régimen subsidiado de Bogotá de retirarse, es otra consecuencia de la medida; el parlamento tuvo ocasión de oír las angustiadas voces de los pacientes que denuncian las barreras que han encontrado para que puedan hacer efectivos sus derechos. Ojalá la Superintendencia y el Ministerio de Salud estén vigilantes para que la medida se cumpla y la población no tenga que vivir una nueva decepción.

La cobertura universal y la unificación de los planes de beneficios son dos avances sociales importantes, pero no constituyen la esencia de un sistema de salud, cuya única y esencial misión es la de mejorar la salud de los ciudadanos. El sistema colombiano sale muy mal librado cuando se evalúa desde este punto de vista, pues es evidente que muchos indicadores de salud claves no han mejorado, y más bien varios se han deteriorado, a tal punto que han obligado al propio ministerio a declarar algunos de ellos como “intolerables”, como son los casos de las muertes maternas prevenibles, los niños que nacen con sífilis y los tratamientos inadecuados para los pacientes con sida.

Los graves problemas del sistema de salud siguen empeorando en todos los frentes. Una importante EPS ha enviado a la ministra de Salud un mensaje de urgencia ante la iliquidez que le impedirá cumplir con sus pagos, y la crisis hospitalaria se ha dejado progresar hasta dejar a la red hospitalaria al borde de un precipicio sin precedentes, cerrando servicios y anunciando más cierres de hospitales. Estas situaciones son conocidas desde el comienzo por el Gobierno que ya está a mitad de su mandato, mientras todo el país sigue esperando las soluciones estructurales de fondo.

 

CAMBIAZO JUDICIAL

Por: Ramiro Bejarano Guzmán

 

Los salientes magistrados de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino están a punto de conseguir que esa misma corporación los designe en el Consejo Superior de la Judicatura.

El asunto es grotesco. Ricaurte y Tarquino fueron dos de los varios magistrados que se sentaron a manteles con ministros y parlamentarios, haciendo lobby para que en la reforma a la justicia se prorrogaran sus períodos de 8 a 12 años, y la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años. Aunque fracasaron en su intento de quedarse cuatro años más, no suspendieron las maniobras para continuar siendo magistrados, así sea del Consejo de la Judicatura.

Para que se entienda la tramoya que se está ejecutando, es preciso poner en contexto las cosas. En el Consejo de la Judicatura dos de sus magistrados, precisamente los elegidos por la Corte Suprema de Justicia, tendrán que dejar sus cargos por vencimiento de sus períodos. Se trata de Francisco Escobar y Jorge Castillo Rugeles, dos insignificantes abogados que allí llegaron también por las maquinaciones del poder judicial, tantas que el último fue nombrado cuando ya tenía edad de retiro forzoso.

Pues bien, ahora que Escobar y Castillo dejan sus cargos, la Corte Suprema, en vez de enmendar la terrible equivocación en la que incurrió nombrándolos, desafía a la ciudadanía, entregándoles esas posiciones a dos de los suyos, Ricaurte y Tarquino, justamente a quienes casi logran que se aprobara la reforma a la justicia. Es tal la voracidad, que ni siquiera advirtieron que la abortada reforma a la justicia prohibía a un exmagistrado ser nombrado en otra Corte, al menos dentro del año siguiente a su retiro.

Es insólito que, como el período de Francisco Ricaurte vencerá a finales de septiembre, estén aplazando con marrullerías la designación del nuevo magistrado del Consejo de la Judicatura, para poder nombrarlo cuando termine sus funciones, cosa que no pueden hacer mientras esté en la Corte.

Justo es reconocer que hay magistrados que están en desacuerdo con este procedimiento impúdico y cínico, pero lamentablemente la voz cantante la lleva la aplanadora clientelista.

Claro que no hay ley que prohíba a un exmagistrado recién salido de la Corte ser miembro del Consejo de la Judicatura por designación de la corporación a la que perteneció. Pero hay cosas que la decencia y el pudor no toleran, como transformar las altas cortes en clubes de compadrazgos y privilegiados. Que Ricaurte y Tarquino se trasladen de una oficina a otra, implica colocar dos alfiles de la camarilla que se apoderó del poder judicial, en el organismo que elabora las listas para llenar vacantes en el Consejo de Estado y la Corte Suprema. En otras palabras, el Consejo de la Judicatura, sobreviviente de la reforma a la justicia, en vez de poder enderezar el rumbo de sus yerros, con los nuevos magistrados que recibirá en los próximos días, seguirá siendo escenario del clientelismo irritante.

Y para colmo de males, el Gobierno, por recomendación del procurador y la contralora, nombra ministra de justicia a Ruth Stella Correa, y vaya uno a saber si también por influencia de su cercano amigo, el exsecretario jurídico de Palacio Edmundo del Castillo. La nueva funcionaria, al referirse al papel de la mujer en la defensa del género, no tuvo inconveniente en aplaudir a Ilva Myriam Hoyos —otra ficha de la Procuraduría en la antesala de la Corte Constitucional—, paradójicamente la señora que con su campaña antiaborto ha desconocido los derechos de muchas mujeres. Dudo que esta exconsejera de Estado —fruto del yo te elijo, tú me eliges y entre todos nos elegimos— pueda impedir la afrenta a la Nación que se cocina en la Corte. El mal hizo metástasis.

No pierdo la esperanza. Ojalá esa misma sociedad que paró la inmoral reforma a la justicia, impida que se concrete el asalto al decoro y la majestad de la justicia que desde la Corte Suprema está por perpetrarse.

 

EL NUEVO SIGLO

 

GOBIERNO OBJETÓ PARTE DE PENSIÓN FAMILIAR

 

Como estaba previsto, pues se opuso a la norma durante la mayor parte de se trámite, el Ejecutivo objetó parcialmente, por razones de inconveniencia, el proyecto de ley que busca crear la pensión familiar.

La iniciativa, que consagra ese beneficio para los afiliados al régimen de prima media de los niveles 1 y 2 del Sisbén y al régimen de ahorro de individual, permite sumar el número de semanas de los cónyuges o compañeros permanentes, para cumplir con la cotización individual.

De acuerdo con el informe de objeciones, la propuesta contiene disposiciones contradictorias. Para el Ejecutivo, no es conveniente que se indique la forma de calcular el ingreso base de liquidación de la pensión, cuando se dispone que en el régimen de prima medida la prestación no pueda superar un salario mínimo legal mensual vigente.

Por estas mismas razones, el literal j) del artículo 3°, que permite a los cónyuges obtener una pensión mayor a dos, debe ser modificado, señala el informe.

El Gobierno solicitó corregir las normas discordantes, para que la propuesta sea congruente y garantice la sostenibilidad financiera. La representante quintana Yolanda Duque, del Partido Liberal, dijo que eso la desestimulaba porque ese proyecto fue laborado conjuntamente con el Gobierno Nacional, mas concretamente con el Ministro de Hacienda.

La representante considera que es una lastima que el ministro de Hacienda haya dejado pasar muchos puntos que ahora no les gusta. El proyecto objetado parcialmente busca que las personas que aún no pueden, por semanas de cotización, recibir su pensión sumen el acumulado con su cónyuge para lograr este beneficio.

Según el representante bolivarense Elias Raad, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), la ley consiste en que quienes son cónyuges y lleguen a la edad de jubilación establecida en el régimen de pensión e individualmente no puedan hacerlo, puedan sumar con su compañero las cotizaciones y así obtener una pensión familiar.

 

ARP DEBERÁN TENER LOS INDEPENDIENTES

 

Con la entrada en vigor del nuevo Sistema de Riesgos Laborales, los trabajadores independientes que tengan un contrato formal de prestación de servicios superior a un mes, obligatoriamente deberán estar afiliados a las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP.

Esta norma, acaparada por la Ley 1562 de 2012, establece asimismo que esta exigencia será también para los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo; en este caso el pago de sus aportes también será por cuenta del empleador, tal y como ocurre con los trabajadores dependientes.

De acuerdo al subeditor de la Cámara de Riesgos Profesionales de Fasecolda Juan Carlos Aristizabal, “esta nueva Ley recoge las principales conclusiones de los análisis surgidos en los tres proyectos de ley que cursaron en el Congreso de la República: la definición del accidente de trabajo, la enfermedad profesional y el ingreso base de cotización; la ampliación de la cobertura para los trabajadores independientes y los informales; el aumento del porcentaje de la cotización que debe destinar a las actividades de promoción y prevención la Administradora de Riesgos Laborales; y el establecimiento de herramientas claras para fortalecer el control a las empresas que no cumplen con su obligación de afiliar y pagar la cotización de sus empleados”.

De igual forma, el directivo destacó la importancia de la Ley 1562 de 2012 que aclara el marco jurídico para este sistema de protección para los trabajadores.

“Debemos recordar que la Corte Constitucional declaró inexequibles algunos artículos del decreto ley 1295 de 1994, y que pese a esto, el Sistema de Riesgos Profesionales continuó funcionando sin tropiezos. Por tanto, uno de los principales beneficios es que se vuelve a dar piso jurídico a algunos temas fundamentales para el Sistema de Riesgos Profesionales, que adoptará la denominación de Sistema de Riesgos Laborales, buscando un concepto más incluyente para algunos sectores de la población trabajadora colombiana”, sostuvo Aristizabal.

Añadió el directivo que “esta norma posibilita la creación de estrategias y acciones para la cumplimiento de la salud ocupacional en los ambientes de trabajo, ya que en adelante se debe implementar como un Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, basado en la mejora continua de las condiciones y medio ambiente de trabajo, y del bienestar físico, mental y social de los afiliados al Sistema que en abril de 2012 brindaba protección a 8,4 millones de trabajadores”.

De acuerdo a un análisis de la ley realizado por Fasecolda, también deberán afiliarse los estudiantes en práctica que ejecuten labores que signifiquen fuente de ingreso para la institución, o que tengan que realizar un entrenamiento como requisito para culminar sus estudios que implique un riesgo ocupacional.

Según al gremio asegurador, la ley igualmente otorga la responsabilidad a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado de la afiliación y pago de aportes de sus trabajadores. Establece que se tendrán que afiliar los miembros activos voluntarios de la Cruz Roja, los bomberos y la Defensa Civil.

De otra parte, la Ley 1562 de 2012 dispone que se considere accidente de trabajo cualquier suceso que por razones laborales produzca una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.

Así mismo, se calificará como tal aquel que ocurra durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante fuera del lugar y horas laborales. Igualmente, si durante el traslado de los trabajadores hay un accidente, y el transporte lo suministra el empleador, o si ocurre en actividades recreativas, deportivas o culturales en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de servicios temporales. Además se incluye aquel accidente ocurrido en ejercicio de la función sindical.

Otra de las modificaciones importantes, es la facultad otorgada al Ministerio del Trabajo para inspeccionar a las Juntas de Calificación de Invalidez, que en adelante estarán adscritas a esta cartera.

A esto se le añade que el incumplimiento de los programas de salud ocupacional acarreará multas para el empleador de hasta 500 salarios mínimos mensuales.

 

REVISTA SEMANA

 

LA DOCTRINA DEL MAL MENOR: TRES 'GOLPECITOS' DE ESTADO

 

El hundimiento de la reforma a la Justicia fue la tercera vez en medio siglo en que el país recurrió a fórmulas por fuera de la Constitución para solucionar graves crisis institucionales. Esta es la historia de la doctrina del mal menor.

Sábado 14 Julio 2012Después de que por iniciativa del presidente Santos el congreso hundió la reforma a la Justicia, se presentó la inevitable polémica: si la forma como fue solucionado el problema había sido una nueva interpretación jurídica o un golpe de opinión. El gobierno mantiene lo primero y el 90 por ciento de los columnistas de prensa lo segundo. En lo que todo el mundo está de acuerdo es en que, independientemente de la legitimidad jurídica, la decisión adoptada le convino al país. En otras palabras, se aplicó la doctrina del mal menor.

La expresión ‘mal menor’ es un eufemismo que se utiliza para describir las coyunturas históricas en que se ha recurrido a fórmulas extraconstitucionales para solucionar graves crisis institucionales. Y desde la mitad del siglo pasado esto ha sucedido tres veces: 1) En el plebiscito de 1957, después de la caída de Rojas Pinilla. 2) Para crear la Constitución de 1991 y 3) para matar el orangután de la reforma a la Justicia este año.

De los tres, el más respetable es el episodio de 1957. Mariano Ospina Pérez había cerrado el Congreso en 1949, por un decreto de Estado de Sitio, cuando el Partido Liberal trató de abrirle un juicio político para destituirlo. De ahí siguieron los gobiernos de Laureano Gómez, Roberto Urdaneta y el golpe de Estado de Rojas Pinilla, que no contaron con el andamiaje democrático, ya fuera por ausencia de la Rama Legislativa o por el boicot del Partido Liberal.

Con la caída de la dictadura de Rojas, el 10 de Mayo de 1957, Colombia entró en un limbo jurídico en el que era necesario restablecer institucionalmente al país. Estaba vigente la Constitución de 1886, que no contemplaba la figura del plebiscito para reformas constitucionales. Estas se podían tramitar solamente por vía del Congreso, pero no había Congreso. Por eso, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez se pusieron de acuerdo en acudir al constituyente primario para crear las instituciones que conformaron el Frente Nacional.

El plebiscito para refrendar este revolcón estaba por fuera de la Constitución por las razones anotadas anteriormente. Sin embargo, dado el prestigio de los dos jefes políticos, el consenso nacional fue casi unánime. La única oposición seria que se presentó fue la del dirigente conservador Gilberto Álzate Avendaño, quien consideraba que cualquier formula supraconstitucional era un salto al vacío. Para que no se pudiera posteriormente en tentaciones autoritarias, esta reforma hizo la salvedad de que en adelante nunca se podría recurrir al plebiscito de nuevo y las reformas constitucionales solo las podía hacer el Congreso.

A partir de ese momento las reformas constitucionales no quedaron bloqueadas, pero sí sujetas al filtro del Congreso en el cual, por representar tantos intereses, era prácticamente imposible llegar a un acuerdo. De ahí surgió en 1990 el invento de la Séptima Papeleta, producto de la creatividad jurídica de Fernando Carrillo, que entonces era un profesor de Derecho y un líder juvenil. La Séptima Papeleta sería un voto de origen popular para convocar a una Asamblea Constituyente, el cual se depositaría en forma paralela en las urnas en las elecciones para Congreso del 11 de marzo de 1990. La teoría detrás de esta era que, ante las dificultades para reformar el Estado a través del Congreso, había que acudir al constituyente primario para crear un hecho político extraconstitucional que solucionara ese cuello de botella.

Ese fue el origen de la Constitución de 1991. Sin embargo, a diferencia de 1957, no había ningún vacío o limbo jurídico. Era simplemente una forma de saltarse al Congreso justificada en el apoyo masivo de los colombianos. Dada la impopularidad de la Rama Legislativa, la iniciativa fue acogida por la opinión pública, aunque horrorizó a no pocos constitucionalistas. Para ellos, el hecho de que el Parlamento fuera un inconveniente no justificaba darle un golpe de Estado a la Constitución.

Se creó el mito de millones de votos de la Séptima Papeleta que habrían sido la expresión de la voluntad incontenible del pueblo. Para la juventud que impulsaba esa iniciativa, un golpe de opinión de esas dimensiones adquiría legitimidad propia. La realidad es que, como lo certificó la Registraduría en 1991, la papeleta ni siquiera llegó a escrutarse “por no haber norma legal que estableciera su contabilización”. Por lo tanto, la medición del constituyente primario, que era el único sustento de ese golpe de opinión, nunca se hizo. Y, dada la irregularidad del proceso, aunque se hubiera hecho, era difícil determinar cuál era el umbral o la cifra mágica para hacer válida la eliminación de la constitución centenaria de 1886. ¿Serían suficientes 2 millones de votos? ¿5 millones habrían aplacado a los críticos? Nunca se sabrá.

La única forma de evitar el colapso jurídico de esa iniciativa juvenil era aplicar la formula del mal menor. Para eso fue necesario diseñar una ingeniería jurídica de mucha filigrana que volviera legal lo que era ilegal. El presidente Barco expidió un decreto de Estado de Sitio por el cual ordenó a la organización electoral contabilizar una nueva papeleta en las elecciones siguientes. Aunque este no era totalmente ortodoxo, la Corte Suprema de Justicia prefirió no ir en contra de la opinión pública y lo declaró exequible. Poco tiempo después fue elegido presidente César Gaviria y expidió otro decreto, también en Estado de Sitio, para convocar una constituyente. Para la Corte crear una nueva constitución por un decreto de Estado de Sitio era un sapo nada fácil de tragar. Gaviria y su ministro

Humberto de la Calle lograron neutralizarla con el argumento de que la reforma del Estado era necesaria para que Colombia lograra la paz. Después de una votación muy reñida, en la que la oposición perdió a último momento la mayoría, los magistrados votaron 14 a 12 a favor de la constituyente.

El tercer caso fue el de la reforma a la Justicia de hace tres semanas. En ese episodio no se trataba de llevar a cabo una transformación sino de evitar una debacle. La creatividad jurídica provino también esta vez de Fernando Carrillo, apoyado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, el exmagistrado Manuel José Cepeda, y la secretaria jurídica de la Presidencia, Cristina Pardo. Crearon una ‘jurisprudencia’ con la que la gran mayoría de los constitucionalistas del país están en desacuerdo. Sin embargo, dada la gravedad de que el orangután se escapara de la jaula, casi todos en privado reconocen que para evitar un mal mayor es mejor pasar agachados.

La controversia en este caso gira alrededor tanto de las objeciones presidenciales a la reforma como a su hundimiento en sesiones extraordinarias. Sobre lo primero, para que la interpretación de la Casa de Nariño tuviera validez era necesario hacer caso omiso de dos principios fundamentales del derecho. El primero es que el que puede lo más puede lo menos. Esto quiere decir que por analogía se podría deducir que los procedimientos que se aplican a un acto legislativo (reforma constitucional) se podrían aplicar a una ley ordinaria. La nueva ‘jurisprudencia’ ha interpretado que este principio se puede usar al revés: argumentan que si el presidente puede objetar las leyes ordinarias, por qué no va a poder objetar las reformas a la Constitución que son muchos más importantes.

El otro principio que ha sido interpretado en forma novedosa es el de que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que está explícitamente permitido, mientras que los ciudadanos pueden hacer todo lo que no esté prohibido. Para tumbar la reforma con objeción presidencial fue necesario ampliar las facultades de los funcionarios públicos a las de los ciudadanos. En otras palabras, dar por hecho que el presidente puede objetar una reforma constitucional porque no existe una norma explícita en la normatividad jurídica que así lo prohíba.

El otro punto polémico fue el hundimiento en sesiones extraordinarias del Congreso. La Constitución establece que los actos legislativos solo pueden ser “tramitados” en sesiones ordinarias. Frente a este obstáculo el malabar jurídico consistió en interpretar el verbo ‘tramitar’ como aplicable al voto para aprobar una reforma pero no al voto para hundirla.

En la polarización que surgió entre los juristas alrededor de la nueva jurisprudencia para acabar con la reforma salieron a flote ejemplos extremos interesantes de cada una de las partes. Para convencer de la bondad de su causa, el gobierno esgrimió el argumento de qué pasaría si el Congreso decide restablecer la esclavitud a través de una reforma constitucional. ¿Tendría el presidente que quedarse con los brazos cruzados? Humberto de la Calle, con un ejemplo en sentido contrario, neutralizó ese raciocinio. Se preguntó qué pasaría si el Congreso aprueba una reforma constitucional que elimine la reelección presidencial. ¿Podría el presidente objetarla por inconveniencia?

En las tres ocasiones en que se ha recurrido a la doctrina del mal menor, la mayoría de la opinión pública ha avalado el resultado final. En cuanto a las características excepcionales del procedimiento, el mayor consenso lo tuvo el plebiscito de 1957 y el menor el de la reforma a la Justicia de este mes. Pero aun en este caso no hay duda que los problemas que se hubieran presentado si la reforma hubiera sido promulgada habrían sido más graves que las reservas que ha generado el procedimiento utilizado. Lo preocupante no es tanto lo que ha sucedido en cada uno de los ejemplos analizados sino los precedentes que se crean. Ni Alberto Lleras, ni Laureano Gómez, ni Juan Manuel Santos tomarían decisiones que vayan en contravía de lo que ellos consideran los intereses del Estado. Pero nadie sabe quiénes y cómo serán los presidentes del futuro. Afortunadamente Colombia no ha sido un país propenso al ejercicio arbitrario de la autoridad como el de un Chávez.

 

HOSPITALES PÚBLICOS ATENDERÁN A INTERNOS DE LAS CÁRCELES, ANUNCIÓ EL INPEC

 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) anunció que el servicio de salud a los reos será asumido por la red hospitalaria pública en los centros penitenciarios del país.

Domingo 15 Julio 2012A partir del próximo lunes la atención médica de las personas que están privadas de la libertad en los diferentes centros carcelarios del país será asumida por la Red de Hospitales Públicos del país, según anunció el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). 

Con respecto al pago a los centros asistenciales que presten su servicio dentro de los penales, la entidad aseguró que dicha cancelación se hará a través del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).

En aquellos reclusorios en los que no se pueda prestar el servicio de la red hospitalaria pública, la entidad promotora de salud ''CAPRECOM garantizará la atención por medio de órdenes de prestación de servicios al personal de salud", aclaró el ente.

 

EL CONGRESO: EN CUIDADOS INTENSIVOS

 

El Congreso se instala este 20 de julio. SEMANA le preguntó a cinco expertos si de verdad pasa por la peor crisis de su historia, si la revocatoria sirve y si es mejor, como piden algunos, que el gobierno no ponga en sus manos reformas claves.

El escándalo que generó la conciliación de la reforma a la Justicia golpeó brutalmente la imagen del Congreso. Según una encuesta de Gallup, su desfavorabilidad alcanzó un pico histórico del 69 por ciento a finales de junio, cifra que no se registraba desde el gobierno de Andrés Pastrana y que no alcanzó ni durante el proceso 8.000 ni con la parapolítica. Muestra de que está en crisis es que el Congreso que empieza su período legislativo este 20 de julio no contará con 17 parlamentarios por causa de destituciones, inhabilidades o suspensiones.

Ad portas de un nuevo período legislativo, SEMANA habló con Mónica Pachón, directora de Congreso Visible; Marcela Escandón, directora del Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política; Javier Hoyos, director de Gestión Legislativa y Gobierno; Fernando Giraldo, exdecano de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, y Héctor Elí Rojas, parlamentario andino y excongresista, quienes hicieron su diagnóstico de la corporación y formularon algunas recetas.

 

SEMANA: Algunas encuestas registraron el índice de desfavorabilidad más alto del Congreso en los últimos años. ¿Qué opina?

 

Fernando Giraldo: Esta crisis es la más grave desde la Constitución de 1991. La parapolítica fue grave porque dio cuenta de la penetración de la mafia en las instituciones. Pero esta fue la continuación y demostró la falta de solvencia constitucional e institucional. Lo que nos pasó, en cualquier momento vuelve a pasar y en un instante se puede desbaratar todo el aparato del Estado.

 

Marcela Escandón: Que los congresistas hayan intentado alterar las relaciones entre las ramas del poder no se acerca siquiera a la gravedad de la parapolítica. Lo que ha cambiado es la manera de expresar la indignación gracias, en parte, a las redes sociales y a la forma como los medios de comunicación han replicado este descontento.

 

Héctor Elí Rojas: El Congreso siempre ha estado en crisis porque es muy cercano a la gente y hay un mayor control social sobre él, mientras que es muy difícil golpear la imagen de los jueces o del presidente. Claro que este es su peor momento después del 'narcomico' que buscó acabar con los procesos contra congresistas que recibieron plata de los carteles. Jamás se había visto que el Congreso utilizara la conciliación para introducir normas intolerables que lo beneficiaran.

 

SEMANA: Un sector del Polo ha propuesto revocar el Congreso. ¿Esa es una salida viable? ¿Por qué?

 

Mónica Pachón: Creo que la revocatoria es una salida que no soluciona los problemas que generó esta comedia de errores. Es necesario reformar la Ley Quinta para transparentar el proceso legislativo y evitar la informalidad procedimental alrededor de instancias tan fundamentales como las comisiones de conciliación. Al respecto de la responsabilidad política que deben asumir los congresistas, creo que las elecciones deben ser el espacio.

 

Javier Hoyos: En la actualidad, la revocatoria solamente está prevista para alcaldes y gobernadores. Se han dado 47 intentos de revocatoria de mandatos locales y ninguno ha prosperado. La revocatoria del Congreso no está contemplada en la Constitución. Luego, para adelantarla se necesitaría una reforma constitucional propuesta a través de un referendo. Ello implicaría procesos costosos y demorados y, además, tendría que pasar por el mismo Congreso. Es una propuesta hecha al calor de los acontecimientos. Hoy será el Congreso, mañana serán las cortes y luego la Presidencia, lo cual causaría un caos institucional.

 

SEMANA: ¿Cuáles son los retos que tiene el Congreso en los dos años que quedan de legislatura?

 

M.P.: Continuar con la agenda legislativa y reformar algunos de los procesos que no mostraron ser los más transparentes y eficientes.

 

J.H.: El Congreso debería repensar su papel en nuestra democracia y meditar más a fondo los temas que le plantea el gobierno. Debe abrir más espacios para discutir los temas y tener en cuenta las opiniones de la oposición; muchas de ellas se desechan por no estar en la coalición.

 

M.E.: Promover la rendición de cuentas y la transparencia, entregando a la ciudadanía información en tiempo real y no en gacetas semanas después; proponer, discutir y aprobar leyes de carácter social e incluyente, como la Ley de Participación Ciudadana para empoderar a los colombianos y aumentar la demanda de información y control de la política.

 

H.E.R.: El reto más grande que tiene es demostrar que es una rama independiente y autónoma del poder público, frente al gobierno de Santos. Separarse del gobierno, no para hacer oposición sino para hacer un verdadero control político. Demostrar que puede votar proyectos sin arrodillarse. Desde luego, que lea y estudie los proyectos.

 

SEMANA: Hay quienes han dicho que el gobierno no debería darle reformas importantes al Congreso. ¿Coincide con esas opiniones?

 

F.G.: El Congreso, haga lo que haga, va a estar afectado por un desprestigio devastador. Los ciudadanos ya no le creen. La gente se despachó con calificativos porque le perdió el respeto. El Ejecutivo va a encontrar un ambiente adverso porque hay la sensación de que cuando aquel se vio perdido los parlamentarios fueron arrojados a los leones, como en el circo romano. Además viene la campaña para la reelección legislativa y cada uno va a tirar para su lado. Creo que la productividad se va a reducir.

 

J.H.: Si las reformas importantes no deben ser tramitadas por el Congreso, ¿quién debería hacerlo? El Legislativo tiene a cargo, básicamente, la expedición de normas que vayan ajustándose a las realidades sociales, políticas y económicas del país. Además, ha acometido muchas reformas legislativas y constitucionales importantes; lo que habría que definir es si estas reformas, que ha propuesto el gobierno y que piensa proponer, son realmente necesarias para el país.

 

H.E.R.: Creo que es una oportunidad para que el Ejecutivo lleve sus mejores reformas al Congreso y este demuestre que las puede debatir sin el sometimiento que ha demostrado.

 

SEMANA: ¿La falta de credibilidad en el Congreso, después de procesos como el 8.000 o la parapolítica, se debe al diseño institucional, por ejemplo, al excesivo presidencialismo, o a un problema de cultura política?

 

M.P.: La falta de credibilidad en la política es universal. No obstante, en Colombia se han dado coyunturas que definitivamente hacen que la ciudadanía sienta mayor desconfianza en las instituciones. Varios factores inciden en esto: la presencia del narcotráfico y la influencia de los grupos ilegales le han hecho mucho daño al Congreso. El fortalecimiento de los partidos políticos ha sido lento y, por otra parte, ciertos líderes políticos, en vez de apostarle a los cambios estructurales y desde adentro, optan por la opción del cambio desde afuera de las instituciones, que es un arma de doble filo para la consolidación institucional.

 

F.G.: A los dos. El Congreso juega un papel fundamental como espacio de debate pero tiene una función supeditada a la del Ejecutivo. Cualquier decisión que tome solo tiene legitimidad si hay acuerdo con el gobierno. Pero ese acuerdo se rompió, como vimos, y se produjo una crisis. El Congreso es el damnificado porque es más vulnerable a la opinión pública. Pero también hay un tema de coyuntura: en el Congreso hay una lucha de poder de dos fuerzas políticas: una democrática, representada por Santos, y una segunda (con visos de antidemocracia), que lidera Uribe. Y se están despedazando para ver quién se queda con la mayoría de los parlamentarios.

 

M.E.: A una combinación perversa de ambos. Desde el diseño institucional tenemos unas reglas que favorecen el clientelismo y la desconexión entre el elector y el elegido. Los colombianos no saben cómo, cuándo o a quién pedir cuentas y, por su parte, los políticos no ven la necesidad de hacerlo. El 63 por ciento ni siquiera recuerda por quién votó para la última elección de Congreso, de acuerdo con cifras del Barómetro del Capital Social 2011. En consecuencia, el diseño institucional es reflejo y a la vez refuerza una cultura política descuidada e irresponsable, en la cual los ciudadanos nos quejamos pero no nos responsabilizamos de lo público.

 

REMEDIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD

 

El sistema de salud requiere un salvamento como el que recibieron los bancos hace diez años. Si usted quiere entender el porqué de la crisis, lo que está en juego y cuál sería la cura, lea este artículo.

La semana pasada, los colombianos sintieron, como pocas veces antes, que el sistema de salud en Colombia está al borde del colapso. Cada noticia asustaba más que la anterior. El gobierno decidió prolongar la intervención a la salud y liquidar varias EPS. En este momento, 20 millones de colombianos están en EPS intervenidas o bajo vigilancia. La contralora, Sandra Morelli, y el procurador, Alejandro Ordóñez, prendieron las alarmas sobre el delicado estado en el que se encuentra este sector. El Consejo de Estado dejó en firme una sanción a Saludcoop por apropiarse de 657.000 millones de pesos de los colombianos y ahora los deberá devolver vendiendo sus clínicas, empresas y lotes. Y la igualdad del POS para todos, que exigió la Corte Constitucional, comenzó a tener sus efectos: varias EPS anunciaron que se retiraban del régimen subsidiado en Bogotá y otras ciudades. ¿Qué está pasando?

 

1. La salud necesita que el Gobierno se meta la mano al bolsillo

 

El lío financiero del sistema de salud es el que más ruido ha generado y el que requiere soluciones definitivas y no más pañitos de agua por parte del gobierno. Las EPS y hospitales dicen estar al borde de la quiebra o en crisis porque no les pagan. Unas, las EPS, dicen que el Estado, a través del Fosyga y los gobiernos locales, les debe más de 4 billones de pesos. Y los otros, los hospitales, también dicen que las EPS, el gobierno, las alcaldías y las gobernaciones les deben otros 4 billones. Y el gobierno, que les debe a ambos, afirma que no está dispuesto a pagar todo porque le están recobrando procedimientos o medicamentos que ya pagó o que no tiene por qué pagar.

Este círculo vicioso, que lleva muchos años, ha terminado por afectar la atención que se le brinda a la salud de los colombianos. Y la única solución a la vista parece ser que el gobierno se meta la mano al bolsillo y salve el sistema de salud, tal y como lo hizo con los bancos a finales de los noventa. El problema es que no lo quiere hacer. El gobierno ha impulsado medidas como hacerle algunos giros directos a los hospitales, pero solo es un paliativo frente a la magnitud de la plata que se requiere. Es hora de que el gobierno decida de una vez por todas cuáles EPS –y grandes hospitales– quiere salvar o nacionalizar y cuáles va a liquidar.

Lo que no se entiende es ¿por qué si el Estado les prestó a los bancos en condiciones favorables 29 billones de pesos para salvar el sistema financiero en la crisis de 1998 a 2002, hoy se niega a girar 3 o 4 billones, contra garantías, cuentas y activos, para salvar al sistema de salud? La pregunta es más pertinente si se tiene en cuenta que el gobierno tiene cerca de 4 billones de pesos del sistema de salud congelados en TES, es decir, en deuda del Estado. Si el gobierno rompe este círculo, acaba la eterna disculpa de “yo no puedo atender porque no me pagan”.

 

2. ¿Cambiar o no la Ley 100?

 

Desde hace años hay dos grandes tendencias que están enfrentadas: la que defiende el modelo de aseguramiento creado por la Ley 100 y la que plantea la necesidad de crear uno nuevo.

Para los que piden un cambio, el sistema creado hace 20 años falló, pues convirtió a la salud en negocio, a los pacientes en mercancía y desvalorizó la práctica médica. La mayoría de quienes proponen un nuevo modelo plantean que el derecho a la salud debe ser garantizado por el Estado, lo que significa que haya un plan de beneficios ilimitado que sea financiado con impuestos.

Por el contrario, el gobierno defiende el modelo de aseguramiento que creó la Ley 100, en el que cada colombiano tiene protegido un creciente paquete de enfermedades, procedimientos y medicamentos, conocido como Plan Obligatorio de Salud. De hecho, este plan, por orden de la Corte Constitucional, acaba de ser igualado para todos los colombianos. “Este modelo, a pesar de las imperfecciones y problemas, ha demostrado grandes beneficios, pero sin duda requiere de ajustes”, dice el superintendente, Conrado Gómez. Y la ministra de Salud, Beatriz Londoño, advirtió que precisamente lo que está buscando el gobierno es que ese ajuste incluya que las EPS se dediquen a asegurar el riesgo y no a hacer de todo. Mientras que el modelo actual siga con las imperfecciones y problemas, estas fuerzas seguirán en choque.

 

3. El pequeño detalle de los políticos

 

La salud, que hoy mueve más de 35 billones de pesos al año, se ha convertido en una poderosa arma política que genera votos, poder y plata. Los hospitales y EPS públicas se convirtieron en fortines burocráticos y de corrupción. Incluso, muchos fueron usados por paramilitares y guerrilla como fuente de financiación. La contralora, Sandra Morelli, hizo un estudio en 74 municipios del país y descubrió que de 1,5 billones de pesos girados a la salud en 2010 solo se recibieron 400.000 millones. Es decir, se roban cerca del 75 por ciento de la plata. Según el gobierno, hoy buena parte de los hospitales del país, salvo los de Bogotá, no están en capacidad de prestar un buen servicio.

 

4. Un sector sin liderazgo

 

Desde hace años la salud se quedó sin el liderazgo, orientación y vigilancia del Estado. Con la Ley 100, prácticamente les entregó a todos la responsabilidad de la salud, mientras se dedicaba a conseguir más plata para aumentar la cobertura. Incluso, con su silencio o sus medidas, como la de liberar el precio de los medicamentos en 2007, ayudó a aumentar los problemas.

En un sistema imperfecto, en el que los privados abusan y el Estado desfallece, con tantos recursos en juego, desde hace tres años el gobierno ha tratado de aplicar medidas para solucionar la crisis (decretó la emergencia social, reformó la Ley 100, controló precios de medicamentos y le ha quitado intermediarios a la plata que circula en el sistema) pero no ha sido fácil. Y sin duda las medidas tardarán un par de años en verse. Es necesario simplificar el sistema, con sus complejas regulaciones, siglas y procedimientos, y hacerlo transparente para el usuario, sin filas ni paseos de la muerte. Y eso implica aumentar la vigilancia y control, en especial, de la Superintendencia de Salud.

 

5. Pacto nacional

 

La salida a la crisis de la salud pasa necesariamente por un gran acuerdo que defina, primero, el sistema de salud que le sirve al país y, segundo, que quede claro si el país lo puede pagar. Esto significa, necesariamente, que hay enfermedades, medicamentos y tratamientos que no se podrán pagar con la plata de los colombianos y que si alguien los quiere tener, tendrá que pagar por ellos. Este acuerdo incluye a la Justicia, que con sus miles de tutelas y sentencias ‘medicalizadas’ ha distorsionado el sistema y puesto al borde la crisis de la salud. En Inglaterra, por ejemplo, la Justicia dialoga con las autoridades de salud para que incorporen las solicitudes que le llegan desde los tribunales, pero no las impone. ¿Qué pasaría si un juez decidiera que todos los niños de ciertas características deben estudiar en Harvard? Así suene ridículo, eso es lo que ha pasado con la salud.

 

6. Medidas urgentes

 

Desde hace años se ha dicho que la salud tocó fondo, pero por lo visto el fondo de la crisis aún no se ha visto. El Estado debe decidir qué va a hacer con algunas EPS como Saludcoop, pues voces de la ‘bancada de salud’, como la del senador Mauricio Ospina, han dicho que, frente a lo allí ocurrido y demostrado, el gobierno debe decretar su nacionalización. En este momento, 20 millones de colombianos están en EPS intervenidas o bajo vigilancia y, de las 70 que hay, muchas de ellas pequeñas, ineficientes y corruptas, el Estado quiere que se queden entre 15 y 20. La pregunta es si, para regular el sistema y darle financiación, el gobierno debe o no tomar el control de algunas de ellas para que, una vez el sistema se estabilice, se les busque un socio. Y lo más importante es tratar de devolverle la confianza al sistema y recuperar la prioridad del paciente y la salud pública. Es hora, sin duda, de buscar el remedio definitivo.

 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS: ¡OJO A LAS VÍCTIMAS!

 

Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, y Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras, tienen sobre sus hombros buena parte de la carga de sacar adelante la Ley de Víctimas. Y ellos dos han prendido las alarmas. 

Los campesinos están encontrando más trabas de las que esperaban para reclamar sus tierras: son intimidados por hombres armados, obligados a firmar papeles para que renuncien al proceso y tampoco hay suficientes fondos para su reparación.

Sábado 14 Julio 2012Siempre se supo que la puesta en marcha de la Ley de Víctimas no iba a ser fácil. Pero es ahora, cuando ya empezó el proceso de reparación de las víctimas y se están presentando las primeras demandas de restitución de tierras, que empiezan a ser visibles los múltiples obstáculos del proceso.

En Sucre y en Cesar algunas víctimas hablan de supuestos ejércitos antirrestitución, pero las Fuerzas Armadas y Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras, dicen que no existen como tal. Lo que no se puede desconocer es que grupos de hombres armados al servicio de las bacrim o guardaespaldas de hacendados de dudosa reputación están al acecho de las víctimas. El propio presidente Juan Manuel Santos señaló en Montería, la semana pasada, que Augusto Castro Pacheco, conocido como el Tuto Castro, y Ómar Motero Martínez, alias Codazzi, estaban detrás de uno de esos grupos.

Al mismo tiempo, Mauricio Caballero, abogado de víctimas, denunció que la gente del desmovilizado paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, y Sor Teresa Gómez, prófuga de la Justicia y quien fue ficha clave de la casa Castaño para el despojo de tierras en Córdoba y Urabá, han empezado una campaña de intimidación de reclamantes de tierras en la región. Entre estos hombres se encuentra, al parecer, un concejal de Montería. Convocan a las víctimas a reuniones y las presionan para firmar una declaración en la que, a cambio de 2 millones de pesos, desisten de participar en el proceso de restitución y declaran ante las autoridades que los Gómez no fueron los despojadores de las tierras. Un campesino desplazado en Montería le dijo a SEMANA que por lo menos 30 personas ya han firmado la declaración. Además, algunos de estos hombres sospechosos merodean en cercanías a la oficina de la Unidad de Tierras en Montería y abordan a quienes salen de allí para negociar con ellos y convencerlos de que no participen en el proceso de restitución. Este fenómeno, como reconoció Sabogal, no es aislado y se está presentando también en las afueras de las oficinas de tierras en otras ciudades. Pero una vez los campesinos acuden a la oficina de tierras, no se pueden echar para atrás. Así quedó establecido en la ley previendo que este tipo de cosas podrían ocurrir.

Por los lados de la reparación económica, la situación tampoco es fácil. Algunas de las víctimas que ya han sido indemnizadas están siendo extorsionadas. Pero igual de grave es que no hay tantos recursos para reparar como se esperaba. A esa conclusión llegó la Unidad de Víctimas, en cabeza de Paula Gaviria, luego de hacer un análisis de los bienes con los que cuenta el Fondo de Reparación. Este fondo se alimenta del presupuesto de la nación, de donaciones que hasta el momento no han llegado, de dinero de quienes han sido condenados (entre ellos parapolíticos), de multas a quienes han financiado a grupos ilegales, que tampoco se han hecho efectivas, y de los pocos bienes que los desmovilizados han entregado, como lo reveló un informe de Verdad Abierta.

Muchas de las fincas o inmuebles que hoy tiene el fondo están en mal estado, solo se puede llegar a ellas en helicóptero o con acompañamiento del Ejército. Algunos tenían deudas que superaban el avalúo o siguen a nombre de testaferros. Incluso, hay unos islotes en Carimagua, que se supone son de la nación pero fueron entregados por el Bloque Centauros como propios, y cuando el río Meta se crece, desaparecen.

Vender esos bienes tampoco es fácil. Hace dos semanas un magistrado de Justicia y Paz ordenó al fondo devolver el dinero a los compradores de la Hacienda Lucitania, que tenía medidas cautelares y estaba al borde de la ruina, porque no pidieron autorización previa. Esta situación también se puede presentar en otros casos, por eso Gaviria estima que una tercera parte de los bienes que tiene el fondo no podrían ser utilizados para reparar a un número de víctimas que sigue creciendo.

Un año después de que el presidente Santos promulgó la Ley de Víctimas, es hora de apretar tuercas para que sí funcione.

 

LA CONSTITUYENTE

Por Gustavo Valdivieso*

 

La Constitución podemos comenzar a construirla entre todos, tema por tema según sea necesario y respetando la necesidad de que sea incluyente, estableciendo el cambio constitucional más importante: el que de el poder, verdaderamente, a los ciudadanos.

Viernes 13 Julio 2012El fiasco de la reforma a la justicia todavía no ha sido suficientemente investigado, y seguramente hay muchos elementos que aún no conocemos, como por qué, al mismo tiempo en que el Viceministro de Justicia radicaba la reforma conciliada la noche del 19 de junio –y el Ministro pedía votarla el 20- la oficina de Prensa del mismo Ministerio enviaba un boletín de prensa en el que resaltaba sus efectos negativos, ahora eliminado de sus archivos, desatando la tormenta que siguió.

¿Pero qué tiene que ver eso con una constituyente? Poco, a menos que creamos que necesitamos una reforma constitucional que obligue a quienes hacen las leyes –y a quienes defienden la Constitución- a respetar la misma Constitución. En realidad, la Constitución de 1991 le dio ese poder guardián de la Constitución a la Corte Constitucional, pero no le dio –ni podía darle- el poder para controlar al Congreso y al Ejecutivo.

El problema de fondo que estamos teniendo con la Constitución de 1991 no es que ciertos sectores impulsen este o aquel cambio en ella. Tal vez hay dos problemas de fondo: Uno, que los cambios que se impulsan parecen ir unos en contravía de otros. El otro, que quienes NO tenemos el control de los cambios somos los ciudadanos que legitimamos todo el proceso.

¿Puede una nueva Constituyente resolver estos problemas? Tal vez, si las reformas que produce obligan a que, en adelante, los cambios en la Constitución sean muy difíciles, lo que le da estabilidad y obliga a los diferentes intereses a coexistir dentro de ese marco estable, y si obliga a que los cambios se hagan con una mayor influencia de los ciudadanos. Pero ese no parece ser el sentido de la discusión ahora: quienes hablan de Constituyente tienen en mente un cambio en las reglas, más que un cambio en la estabilidad de esas reglas o en quiénes las definen. Y por esa vía, cualquier reforma constitucional que haga una Constituyente podrá ser modificada por el Congreso que la siga –si eso está en el interés del Presidente- como ha pasado tantas veces desde 1991.

Una nueva Constituyente podría, pero probablemente no lo hará, producir modificaciones en el poder de nosotros los ciudadanos sobre nuestros representantes. Ese poder no aumentó mucho desde 1991. La Procuraduría puede destituir a quienes nosotros elegimos. La Corte Suprema puede incluso encarcerlarlos. Pero nosotros no podemos revocarlos. Nada en la Constitución prevé que lo que decida una Constituyente deba ser refrendado por los ciudadanos (ya que por eso mismo es Constituyente), con lo cual quedamos igual que con el Congreso: los elegimos, pero no los controlamos.

El mecanismo de referendos –como el que se propone para revocar al Congreso- puede ser el más útil para producir cambios puntuales en las normas que generen el precedente de venir de nosotros, la base, y que no se salgan de las manos según la voluntad de los legisladores (el referendo para revocar al Congreso en sí mismo es discutible, no sabemos qué Congreso lo sucederá, y habría sido mejor un referendo para introducir la institución de revocatoria de congresistas). Si comenzamos a utilizar ese mecanismo de referendos ciudadanos, comenzaremos a generar lo que los institucionalistas llamarían una “institución informal” de reformas constitucionales aprobadas directamente por nosotros, que necesariamente serían pocas dado lo dispendioso del mecanismo, o lo que Hans Kelsen llamaría una “norma básica”.

En Colombia, hasta ahora, nunca fue una asamblea realmente representativa de los ciudadanos del país la que aprobó la Constitución. Ni siquiera la de 1991 fue aprobada por los ciudadanos, artículo por artículo, como se dispone desde entonces en el artículo 378 de esa Constitución. La Constitución, esa norma que autoriza y da validez a todas las demás, podemos comenzar a construirla entre todos, tema por tema según sea necesario y respetando la necesidad de que sea incluyente, estableciendo el cambio constitucional más importante: el que de el poder, verdaderamente, a los ciudadanos.

 

PODER ANIMAL

 

Sentencias, una bancada en el Congreso y programas de las alcaldías de Medellín y Bogotá reflejan que la defensa de los animales es una bandera que ondea con fuerza.

Proteger a los animales dejó de ser una actividad caritativa y se convirtió en bandera política con efectos jurídicos tangibles. Hace dos semanas el Consejo de Estado reconoció en un fallo que los animales eran titulares de derechos y, días después, el Tribunal de Cundinamarca revocó un permiso que tenía el científico Manuel Elkin Patarroyo para experimentar con 'monos nocturnos'. Estas dos victorias del movimiento animalista en Colombia se suman a una larga cadena de reivindicaciones.

La sentencia del alto tribunal marcó un antes y un después en la defensa de los animales pues les dio características jurídicas reservadas para las personas. Para Ángela Maldonado, directora de la Fundación Entrópika -que le ganó la demanda a Patarroyo-, "lo que está pasando es muestra de que la sociedad civil pasó de la queja a la acción", dice. El insistente cabildeo de las organizaciones animalistas también comenzó a dar resultados en el Congreso. En este momento hay siete proyectos de ley que buscan proteger los derechos de los animales en el Legislativo. Todos son promovidos por la 'bancada animalista' liderada por el senador liberal Camilo Sánchez y a la que pertenece Jorge Londoño, del Partido Verde, y representantes como Augusto Posada, de La U, y Hernando Padauí, de Cambio Radical.

Estas acciones políticas también han tenido repercusiones en los gobiernos locales. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, suspendió el contrato de la plaza de toros La Santamaría y se comprometió a acabar con el sacrificio de perros y gatos que recogen de la calle. El concejal de Progresistas Roberto Sáenz promueve un acuerdo para prohibir la venta de mascotas en plazas de mercado y la creación de un centro de protección animal, entre otras iniciativas.

Pero la pionera fue Medellín. Hoy esa ciudad, reconocida en el mundo como una de las más avanzadas, cuenta con el centro de bienestar La Perla, que recoge cachorros y hembras gestantes. Allí, los mantienen hasta que encuentran un hogar. El gobierno además destina dinero del presupuesto para mantener el Escuadrón Anticrueldad Animal de la Policía, entre otros programas.

La historia de estas conquistas es de vieja data. En la capital antioqueña ambientalistas y animalistas, recogieron las banderas de Aníbal Vallejo (hermano del escritor Fernando Vallejo) y su esposa Nora, quienes fueron durante muchos años una voz solitaria por los animales maltratados. Su clamor fue oído. Durante el gobierno de Alonso Salazar, la ciudad sacó de circulación 280 vehículos de tracción animal (zorras) y el alcalde Aníbal Gaviria incluyó en su plan de gobierno el concepto de población animal. Desde hace tres años, ese municipio no le da permiso a los circos que usan animales. El entusiasmo ha sido tal que en el Concejo de Medellín los animales tienen representación: Álvaro Múnera, un extorero (El Pilarico) que abjuró de su pasado y se convirtió en uno de los más importantes críticos de la tauromaquia.

Actualmente hay más de 30 organizaciones que trabajan coordinadamente a pesar de sus diferencias. Los líderes, en su mayoría, son vegetarianos. Y sus causas riñen no solo con los taurófilos, sino también con los amos descuidados, la industria de comestibles, el tráfico de especies silvestres, la experimentación científica y la explotación de animales.

"Estamos convencidos de que una sociedad que se plantee un trato ético hacia los animales está más preparada para asumir el respeto a la vida del ser humano", dice Andrea Padilla, vocera de AnimaNaturalis, una de las organizaciones.

La causa que arrancó como un proyecto de beneficencia de las sociedades protectoras de animales hace cerca de 50 años, ha comenzado a lograr impacto político. ¿Hasta dónde llegará la consigna de Fernando Vallejo, quien dijo en una ocasión "los animales son mi prójimo".

 

LA TEMIBLE ILVA MYRIAM HOYOS

 

Por María Jimena Duzán

 

Desde que fue nombrada por Alejandro Ordóñez como procuradora para la Familia se ha caracterizado por imponer su credo religioso por encima de las sentencias de la Corte Constitucional.

Si el Consejo de Estado la incluye en la terna, lo cual es bastante probable, sería la cuarta vez que la controvertida doctora Ilva Myriam Hoyos, actual procuradora para la Familia, intenta llegar a la Corte Constitucional. Y si eso sucede, las pocas o muchas conquistas que hemos alcanzado las mujeres en materia de nuestros derechos durante estas últimas décadas podrían verse seriamente amenazadas.

Para infortunio de todas las mujeres que hemos luchado por esos derechos, en esta ocasión las probabilidades de que Ilva Myriam Hoyos logre ser elegida son bastante altas.

Desde que fue nombrada por Alejandro Ordóñez como procuradora delegada para la Familia se ha caracterizado por imponer su credo religioso por encima de las sentencias de la Corte Constitucional. Extralimitándose en sus funciones, cerró la Clínica de la Mujer, del entonces alcalde de Medellín Alonso Salazar, por considerar que eso incentivaba a las mujeres a la práctica del aborto, a sabiendas de que la ley lo permite en tres casos específicos. Demandó penalmente a Mónica Roa porque ella y 1.201 mujeres interpusieron una acción de tutela al ver vulnerado el derecho a la información por parte de los funcionarios de la Procuraduría en materia de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

Como si esto fuera poco, la doctora Hoyos también demandó a los magistrados de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas por haber concedido una tutela a favor de una mujer que quiso interrumpir su embarazo por cuenta de una de las tres causales que permite la ley, pero que fue rechazada por las EPS alegando libertad de conciencia. Durante el trámite de la tutela, la mujer se practicó el aborto y la Corte fue mas allá y, para proteger a la peticionaria, ordenó investigar a las EPS y le impusó a la Procuraduría la tarea de hacer una campaña pedagógica en los tres casos en los que se permite el aborto. La doctora Hoyos, en lugar de cumplir las tareas impuestas por la Corte, denunció penalmente a los dos magistrados por no haber denunciado a la mujer por asesinato. Ahora la doctora Hoyos, si llega a la Corte Constitucional, estará sentada al lado de quienes denunció penalmente. ¡Qué tal!

A pesar de que ella es la candidata de las minorías en el Consejo de Estado, en esta ocasión cuenta con varios apoyos de manera explícita que la convierten en una cuasi ganadora. Todo el mundo sabe que es la candidata del poderoso procurador Alejandro Ordóñez, quien sostiene como filosofía lo que se pensaba de la mujer en la Edad Media: que nosotras no tenemos derechos porque los únicos que reconoce el derecho divino son los derechos del hombre y, por ende, no somos seres libres ni dueñas de nuestro cuerpo.

También cuenta con el apoyo de la nueva ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, quien en una entrevista para Semana en vivo se declaró admiradora del trabajo que ha hecho por la mujer la doctora Ilva Myriam Hoyos. Y, según me cuentan mis fuentes, fue hasta el día de su nombramiento una de las personas que impulsó su nombre en el Consejo de Estado. Pero, sin duda, el apoyo que más pesa en su favor es el del exmagistrado Marco Antonio elilla, quien estuvo en la terna para fiscal, puesto por el entonces presidente Álvaro Uribe.

Con semejantes padrinos, los otros posibles ternados, Carlos Medellín, de Cambio Radical –para mí, el mejor candidato de los tres– y Alberto Rojas, del liberalismo, están en franca desventaja. Rojas es más reconocido por sus dotes de politiquero que de jurista. Es muy cercano al Senado y, según las malas lenguas, hizo su campaña como candidato a esta terna como el enlace entre el Consejo de Estado y el Congreso para impulsar en la fallida reforma a la Justicia “aspiraciones legítimas”, como la prórroga del periodo de los magistrados y el aumento en su edad de retiro.

Obviamente, al dividirse la coalición entre Cambio Radical y el liberalismo, lo más probable es que gane Ilva Myriam. Divide y reinarás. Si eso sucede, ya no le podremos echar la culpa de nuestro retroceso a los hombres machistas, sino a mujeres como la doctora Ilva Myriam, quienes han conseguido perpetuar mejor que los hombres los aspectos más recalcitrantes de nuestra sociedad patriarcal. Y es una lástima que cada vez sean más parecidas a la doctora Hoyos las mujeres que llegan a altos cargos en el Estado. Si con este tipo de mujeres se va a llenar la Ley de Cuotas, de antemano, estamos condenadas.