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Boletín de prensa 16 de marzo de 2011
EL TIEMPO
MULAS MUERTAS
Curioso el fenómeno que agobia al panorama político e institucional del país: desde hace algún tiempo se ha hecho evidente que la verdadera oposición al Gobierno y a la justicia no procede de la izquierda tradicional o de partidos ajenos a la coalición. Esta dimana de sectores de una derecha incrustada o muy cercana a la institucionalidad, que se las ingenia para torpedear o modificar las políticas oficiales.
Es el caso del descontento mayúsculo exteriorizado por personajes con incidencia en los organismos de control, ante los propósitos del presidente Santos de sacar adelante la iniciativa de víctimas o la Ley de Tierras. O el del Procurador de la República, al argumentar que discrepa de los casos de legalidad del aborto porque dizque es una obligación institucional, y entonces emprende campañas y acciones encaminadas a frenar la decisión de la Corte Constitucional al respecto.
También el de algunos parlamentarios conservadores que buscan alianzas con sectores de la Iglesia Católica para oponerse a dicho ordenamiento y a otros que no son de su esencia filosófica o política.
En igual sentido escuchamos ciertos reclamos frente a la política de seguridad y sus efectos, dizque porque Santos tiene que obrar como álter ego de su antecesor; de lo contrario, quedaría en deuda con la opinión pública, cuando en el fondo es solo con ellos.
Además existen diversas iniciativas de sectores del Estado, de organismos de control o de esferas del mismo Gobierno que pretenden asfixiar muchas de las propuestas del Ejecutivo o de las cortes. Hasta se plantea cesar en el combate a males como la 'parapoltica', los 'falsos positivos', la responsabilidades ante las chuzadas del DAS o las desapariciones forzadas. Es más: de manera mañosa se intenta evitar el llamado de la Justicia a funcionarios de la administración anterior que incurrieron en conductas delictivas, bajo el supuesto de que hacerlo es desvirtuar sus "logros"; en consecuencia, se desatan acciones que buscan maniatar a las cortes y al mismo gobierno.
Y qué decir de la actitud que se asume cuando algún ministro trata de desenmascarar la podredumbre oculta tras ciertas acciones de Gobierno que enlutaron la transparencia institucional. Estas situaciones se presentan, por ejemplo, en los llamados que está haciendo la Fiscalía en relación con los enredos de Agro Ingreso Seguro, las regalías mal manejadas, la corrupción en la salud y en muchas otras facetas del Estado que predominó durante los últimos años de gobierno: de inmediato se cierran las filas para proclamar que el presidente o algunos de sus ministros traicionaron el legado entregado o están tratando de demeritarlo.
Pero lo que va quedando en claro ante la opinión publica, y aun ante la comunidad internacional, es que detrás de las actuaciones de algunos miembros de dicha administración se escondieron graves atentados contra el Estado de Derecho, la democracia, las libertades ciudadanas y los derechos humanos.
Por eso pretenden, desde adentro del Estado, frenar las diversas iniciativas democráticas que el Presidente ha propuesto y empiezan a tratar de arruinar todo lo que puedan. Esa es la oposición que está tomando vuelo, una que no construye pero que busca dividir al país, al atravesarse cual mula muerta al progreso representado en las actuales políticas oficiales.
Sus promotores actúan bajo la farisea condición de creer que encarnan el Estado y el Gobierno y que nada ni nadie los detendrá en su afán por apoderarse de las finanzas públicas o del control de las iniciativas políticas y por generar una ola de terror contra quienes se atrevan a enfrentarlos. Ojalá analicen el panorama de los países árabes para que descubran que la esencia de esas manifestaciones se nutre de síntomas parecidos a la lucha que debe emprender el pueblo colombiano para depurar estas espurias prácticas.
OTRO INTENTO DE MODIFICAR RÉGIMEN A PENSIONES EN EL PLAN DE DESARROLLO
Afiliados que deban recurrir a garantía de pensión mínima deberán cotizar 1.300 semanas y no 1.150.
Un cambio en la ponencia del Plan de Desarrollo, que se empieza a discutir hoy, significará que los afiliados a los fondos de pensiones que deban recurrir a la garantía de pensión mínima deberán cotizar 1.300 semanas y no 1.150, como es actualmente. (Vea más noticias sobre el Plan de Desarrollo)
De esta manera, se intenta de nuevo una modificación en el régimen de pensiones en el Plan de Desarrollo, luego de que otro artículo proponía subir la edad de jubilación a los nuevos trabajadores que se afiliaran al Seguro Social. Ese cambio, revelado por este diario, fue retirado por el presidente Santos.
Este martes, quien prendió la alerta fue la senadora Dilian Francisca Toro, al advertir que las semanas de cotización aumentarán, al igualar el régimen de prima media al de ahorro individual.
"La pensión mínima para el régimen de ahorro individual requería cotizar 1.150 semanas, pero ahora le quieren aumentar a 1.300, lo que afecta a 4 millones y medio de colombianos del régimen de ahorro individual, de los cuales el 84 por ciento gana menos de 2 salarios mínimos", dijo Toro.
Asofondos señaló que el cambio "es como si se hubieran aumentado las edades en tres años, de 57 a 60 años para mujeres y de 62 a 65 años, para hombres".
Gabriel Piraquive, director de Estudios Económicos de Planeación Nacional, dijo que la propuesta es la aplicación de un principio de equidad.
"Había una desigualdad entre las semanas de cotización de los dos regímenes para acceder a la pensión mínima", explicó.
APROBADA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO EN LA PLENARIA DEL SENADO
Por 65 votos a favor y 7 en contra fue aprobada la iniciativa.
La ley, que le otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para crear, suprimir y fusionar entidades del orden nacional, generó una fuerte controversia con los conservadores, en las últimas semanas, que temían que esta decisión pudiera provocar "una masacre laboral".
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, fue quien en últimas presentó esta tarde el texto de una proposición que garantiza que los funcionarios del Estado que haya necesidad de remover serán tenidos en cuenta para ser ubicados en otras instituciones.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos tendrá ahora un plazo de 6 meses para expedir los decretos respectivos.
Entre otras entidades, serán reformadas: la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), el DAS, Incoder, e Inco.
También nacerán los ministerios de Trabajo, Salud y Justicia, que fueron suprimidos por el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
El polémico artículo sobre las facultades al Presidente para reformar departamentos administrativos como el DAS, fue aprobado por los senadores.
El artículo que determina que quienes queden cesantes luego de la reestructuración del DAS sean ubicados en otras entidades, propuesto por el senador Alexander López, fue negado por los congresistas.
López dijo que el artículo negado fue un acuerdo firmado por las bancadas en la Comisión Primera del Senado.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Germán Vargas, propuso a nombre del Gobierno un nuevo parágrafo que "garantiza la protección a los trabajadores".
Este parágrafo dice que si fuera "estrictamente necesaria la supresión de cargos, los afectados serán reubicados o reincorporados".
Los senadores votaron esta proposición por 69 a favor y 10 en contra.
También fue aprobada la creación de una comisión de 9 representantes a la Cámara y 9 senadores para que revisen, sin carácter vinculante, los decretos que reestructuren al Estado. 69 senadores aprobaron esta iniciativa y ninguno votó en contra.
COMISIÓN DE CÁMARA APROBÓ 40 ARTÍCULOS DE LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA
La Comisión Primera de la Cámara aprobó en bloque 40 artículos del proyecto de seguridad ciudadana.
El representante a la Cámara conservador Heriberto Sanabria fue derrotado en su petición de aplazar la votación de esta primera parte del articulado.
La Comisión Primera de la Cámara le dio vía libre a los primeros 40 artículos del proyecto que reforma los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Infancia y Adolescencia.
La votación se dio luego de un enfrentamiento entre los representantes Heriberto Sanabria (Conservador) y Juan Carlos Salazar (PIN), ya que Sanabria pedía escuchar primero a varios funcionarios y luego sí votar los artículos.
Sin embargo, el presidente de la célula legislativa, Berner Zambrano, acogió la propuesta de Salazar para que se votaran los artículos que no tenían proposiciones y que si luego de escuchar a los funcionarios citados había dudas de alguna de las normas ya votadas, se reabriera la discusión. Esto provocó que los representantes conservadores se retiraran del recinto.
Veintiún representantes a la Cámara, todos de manera afirmativa, le dieron vía libre al bloque de artículos y dejaron para mañana escuchar a los funcionarios citados y avanzar con los 50 artículos restantes.
Mañana deberán estar en la Comisión Primera de la Cámara la fiscal, Viviane Morales; el procurador, Alejandro Ordóñez; el director de la Policía, general Óscar Naranjo, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Elvira Forero, entre otros.
La plenaria de la Cámara, la cual estaba citada para esta tarde con el fin de estudiar el informe sobre los decretos de la Emergencia Económica, fue aplazada para mañana.
'FICHA' DE ABADÍA INDAGA A MAGISTRADA QUE LO SACÓ DE LA GOBERNACIÓN
Ella hizo el proyecto que sacó al ex gobernador. Ex asesor de Gobernación la investiga en Cámara.
La Comisión de Acusación en pleno tendrá que resolver en los próximos días si uno de sus integrantes debe declararse impedido para investigar a una magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.
Se trata del representante por el Valle del Cauca Heriberto Escobar González, a quien le correspondió actuar como investigador en cuatro de las denuncias que hay en esa Comisión contra María Mercedes López. A ella la denunciaron algunos de sus compañeros de tribunal por supuestas demoras en resolver tutelas y derechos de petición y porque supuestamente gastó de más en almuerzos institucionales.
López fue la magistrada que proyectó la ponencia que sacó definitivamente de la Gobernación del Valle a Juan Carlos Abadía, el padrino político de Escobar González.
Su ponencia, que fue apoyada por la Sala Disciplinaria de la Judicatura, tumbó una polémica tutela con la que Abadía había logrado postergar por un mes la destitución que le impuso la Procuraduría el año pasado por participación indebida en temas políticos.
Ahora, Escobar será representante investigador en dos casos contra López y miembro de un grupo investigador en otros dos procesos.
Escobar fue mano derecha de Abadía cuando este fue primero concejal de Cali, diputado a la Asamblea del Valle y, finalmente, gobernador. De asesor de la Gobernación saltó a una campaña al Congreso por el PIN en la que fue clave el respaldo de su ex jefe.
'Conflicto de intereses'
De hecho, la propaganda de Escobar en las pasadas elecciones se basó en su cercanía con el ex mandatario destituido. En su página web, en la que decía que su "vocación y juventud están al servicio de lo público", destacó su papel como asesor de Abadía.
En febrero, la defensa de la magistrada le pidió que se aparte de esos casos por "el evidente vínculo de confianza" con el polémico ex mandatario regional. "La magnitud de la decisión adoptada por la Sala Disciplinaria de la Judicatura y la naturaleza de los vínculos entre usted y el señor Abadía -dice el recurso- demuestran un conflicto de intereses en el trámite y decisión del asunto a su cargo".
Ayer, Escobar dijo que no hará pronunciamientos sobre el tema.
'Tutelazo' en Valle generó escándalo
En julio, Aba- día cuestionó la ponencia de López en su proceso y dijo que, supues- tamente, iba en contravía de una decisión anterior en un caso similar. El fallo inicial de la Judicatura en el Valle, a favor del gobernador, generó un escándalo nacional.
PIDEN QUE VÍCTIMAS DEL PALACIO DE JUSTICIA ENTREN A PLAN DE REPARACIÓN
La 'U' propuso que vigencia contemplada en ley de víctimas sea desde el primero de enero de 1984.
Así lo planteó el senador Roy Barreras, uno de los ponentes de la iniciativa, ante la Comisión Primera del Senado, donde el proyecto cursa el tercero de cuatro debates. En la ponencia que se radicó hace dos semanas, esta fecha se acordó a partir de 1986 y la restitución de tierras, desde 1991.
De acuerdo con Barreras, el año 1984 tiene sentido, pues recoge algunos hechos "dolorosos", como el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y el holocausto del Palacio de Justicia.
"Con estos crímenes se afectó seriamente la institucionalidad del Estado. Además, concertaron y se concentraron múltiples actores violentos para producir miles de víctimas. La primera de ellas, la justicia misma", aseguró Barreras.
De acuerdo con Barreras, si el propio Gobierno considera que no hay una afectación fiscal importante bajándose de 1991 a 1986, vale la pena considerar una modificación de dos años para recoger un periodo simbólico muy importante.
Pero este no fue el único cambio que propuso el congresista de 'la U'. Aunque recomendó aprobar la ponencia, también dijo que era necesario recuperar el Centro de Memoria Histórica.
En la sesión de hoy, los senadores tienen previsto escuchar la posición de la fiscal general, Viviane Morales, y el procurador, Alejandro Ordóñez, entre otros funcionarios. Se prevé que la próxima semana comience la votación.
LOS HOMBRES TAMBIÉN HABLAN DEL ABORTO
Florence Thomas
El hecho de ser hombres y hablar del aborto como lo hacen algunos intelectuales, periodistas, escritores, profesores, tiene un significado particular.
Por una vez, dejo hablar a hombres que, recientemente, han hablado del aborto. Hombres que apoyan su legalización total. Hombres columnistas, intelectuales, profesores y periodistas de diferentes diarios y revistas del país. Por cierto, hay también algunas mujeres desde el periodismo escrito que nos han apoyado. Sin embargo, el hecho de ser hombre y hablar del aborto como lo hacen ellos tiene un significado particular.
Por ejemplo, el ex ministro Rudolf Hommes escribe: "Los sacerdotes no se han dado cuenta de que las mujeres, aun las que no se harían un aborto ni quisieran que sus hijas se lo hicieran, están más en desacuerdo con la posición extrema de la Iglesia frente al aborto que con la decisión de nuestra Corte Constitucional, que lo ha declarado legal para unos casos especiales, una solución razonable que se debería dejar en paz. Echarla para atrás en el Congreso, como pretenden el nuevo jefe de los conservadores y el Procurador, es algo que puede salirles mal, porque va a haber mucha gente, particularmente mujeres, que promuevan lo contrario, y con mucha razón".
Y el escritor Juan Gabriel Vásquez: "A nadie puede sorprender, entonces, que en Colombia no se haya dado, no haya podido darse, un debate serio, público e informado sobre el aborto: al más mínimo asomo de un argumento o de una idea, la mitad de nuestros políticos se ha contentado con poner la religión sobre la mesa y considerar que su fe es razón suficiente. Está muy bien que el Partido Conservador defienda las opiniones que quiera, pero no estaría mal que lo hiciera en un debate: que produjera argumentos respetuosos de la complejidad del problema, y que presentara esos argumentos con frases donde no aparezcan las palabras Fe, Dios, Alma, Iglesia o Religión".
O el ex codirector del Banco de la República Salomón Kalmanovitz: "La sentencia de la Corte incluso se quedaba corta frente a lo que sucede en las sociedades civilizadas, que permiten el aborto en casos de un embarazo indeseado, que puede lesionar la vida de una adolescente o de cualquier mujer o pareja. Ellos pueden sentir que no están preparados para concebir y darles una buena vida a los hijos que deben planificar cuidadosamente. El Procurador y el presidente del Partido Conservador nos quieren regresar a la edad de la piedra".
El escritor Juan Carlos Botero, refiriéndose al caso de la hermana McBride, religiosa excomulgada por haber participado en una medida que buscaba salvarle la vida a una mujer, madre de cuatro hijos, que tenía que abortar para salvar su vida, comenta: "Porque mientras que cientos de curas pederastas, culpables de violaciones y abusos de menores, no han sido excomulgados, esta monja fue excomulgada de inmediato. (...) No hay duda: existe un abismo entre los viejos prelados de la Iglesia y la sociedad moderna, y pocos casos son más elocuentes al respecto que el de la hermana Margaret".
El analista Alfredo Rangel dice: "No podría ser más inoportuna e improcedente la propuesta del nuevo director del Partido Conservador y de algunos jerarcas de la Iglesia católica en el sentido de volver a penalizar el aborto en todas las circunstancias. Sería un retroceso enorme, que nos pondría en contravía de la tendencia general de todos los países civilizados con mayorías católicas o no".
Y remata el joven columnista Nicolás Rodríguez: "Ante tanto despropósito, sería oportuno que los hombres guardásemos silencio y que la Iglesia, que tiene infinitas cuentas pendientes con la justicia (y con la historia), les devolviese la voz a las mujeres".
MASACRE DE CHENGUE, DECLARADA DELITO DE LESA HUMANIDAD
En los hechos, perpetrados por autodefensas el 7 de enero de 2001, murieron no menos de 31 personas.
De acuerdo con la decisión de un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, esos hechos en los que fueron ultimadas no menos de 31 personas hicieron parte de un ataque sistemático contra la población civil de esa región, en desarrollo de la denominada operación 'Rastrillo', que también contempló las masacres de Macayepo y El Salao.
Asimismo, la Fiscalía ordenó que se invoque el recurso de revisión con respecto a la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Único Especializado de Sincelejo, ratificada en segunda instancia, en favor de los ex suboficiales de Infantería de Marina: Euclides Rafael Bossa Mendoza y Rubén Darío Rojas Bolívar que fueron investigados por el delito de concierto para delinquir.
Tales determinaciones están en la providencia en la que el fiscal instructor formuló acusación, como persona ausente, en contra del ex cabecilla del frente 'Héroes de los Montes de María', Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena', por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, hurto calificado agravado, incendio y desplazamiento forzado.
EL ESPECTADOR
DESMIENTEN EXISTENCIA DE ‘MICO’ EN PLAN DE DESARROLLO SOBRE PENSIONES
Planeación Nacional explicó que se busca igualar a 1.300 semanas en los dos regímenes pensionales, el de ahorro individual (privado) y el de prima media (público).
El gobierno desmintió la existencia de un llamado ‘mico’ en el Plan Nacional de Desarrollo frente al tema de las semanas de cotización para acceder a la pensión de jubilación.
Planeación Nacional recordó que la norma existe desde la aprobación de la ley 797 de 2004 con vigencia desde el abril de un año después. En ese momento la ley dispuso que a partir del primero de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del primero de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
Gabriel Piraquive de la Dirección de Estudios Económicos de Planeación Nacional explicó que el Régimen de Prima Media tenía una ventaja frente al de Ahorro Individual. Recordó que con la aprobación de la ley 797 de 2004 todo se ideó para igualar los dos sistemas a 1.300 semanas para obtener la jubilación.
Recordó que el artículo 14 de esa ley fue declarado inexequible por la Corte Constitucional dejando ‘congelado’ el requisito para acceder a la pensión en el Régimen de Ahorro Individual quedó en 1.150 semanas, mientras que el de Pirma Media siguió aumentado en 50 semanas y actualmente se encuentra en 1.200 semanas.
Gabriel Piraquive explicó que todo está contemplado para que en el Régimen de Prima Media (sistema público de pensiones) se acceda a la pensión mínima con 1.300 semanas, mientras que en el de Ahorro Individual solo con 1.150 semanas.
Piraquive indicó que este desbalance es el que se propone subsanar con la propuesta incluida en el artículo 97 del Plan Nacional de Desarrollo.
La propuesta dice “el Gobierno Nacional establecerá el régimen de organización y administración del Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, en atención a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, así como los requisitos que deben cumplir los afiliados para acceder a sus recursos, los cuales no podrán ser más exigentes que los previstos para la garantía de pensión mínima en el Régimen de Prima Media”.
“Eso es lo que se trata de corregir con el segundo inciso del artículo 97”, indicó Piraquive. “Eso es todo y eso estaba previsto en la ley, ese aumento de edades y esa transición”, dijo.
Insistió en que lo que se está incluyendo es un tema de equidad entre regímenes. “No dejar ninguno con ventaja como está actualmente”, insistió el funcionario.
ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS PRESENTAN SUS INNEGOCIABLES
Los peros de las víctimas
Víctimas de Crímenes de Estado y Mesa Nacional de Víctimas presentan pliego de modificaciones a ley de víctimas y advierten posibilidad de demandarla por inconstitucional.
Organizaciones de familiares de las víctimas siguen expresando fuertes reparos a la ley que se tramita en el Congreso de la República.
Dos de los colectivos más grandes de víctimas de la violencia en el país: el movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Corporación Reiniciar, a través de la Mesa Nacional de Víctimas (MNV), insisten en expresar sus desacuerdos con el proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras que ayer inició su penúltimo debate en la Comisión Primera del Senado. Para ellos, existen puntos que consideran “innegociables”, al tiempo que advierten, en un documento que consideran como marco de referencia para la discusión, que el proyecto presenta serios vacíos y carencias.
Según la MNV, faltan garantías para el retorno de quienes gocen de la restitución de tierras, aspecto en el que ponen como ejemplo los asesinatos de líderes de dicho proceso, como Rogelio Martínez, Óscar Maussa, Albeiro Martínez y Hernando Pérez. Pero además, es notoria la ausencia del derecho a una reparación patrimonial que incluya bienes, animales, cultivos y maquinaria que perdieron quienes fueron despojados de su tierra. Asimismo, existen diferencias en lo que respecta a la reparación por vía administrativa, donde el proyecto establece que nadie podrá ser reparado dos veces y que los montos de dichas reparaciones irán entre 20 y 40 salarios mínimos.
La fecha, que la ley establece en el 1° de enero de 1986 y que el senador ponente Roy Barreras pidió ayer sea extendido hasta 1984, con el fin de incluir a las víctimas del Palacio de Justicia, sigue siendo tema de discrepancia. Para la MNV, se debería arrancar desde 1981, ya que de lo contrario quedarían excluidas las víctimas de masacres como las de Manila y Cañaveral de Remedios en el nordeste antioqueño (1983), la de Vuelta de Acuña en Santander (1984), el asesinato del sacerdote páez Álvaro Ulcué en 1984 y la masacre de Tacueyó, en 1985. Y sobre la fecha para la restitución de tierras —que según la ponencia será desde 1991—, las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos creen que el robo de tierras es un crimen que se ha llevado a cabo desde hace más de 25 años en el país.
En lo que se ha denominado el “universo de las víctimas”, que es la definición de los sujetos de la ley, según Movice y la MVN, se excluye a los guerrilleros que hayan sido muertos fuera de combate y que por lo mismo han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, manifiestan que el proyecto no reconoce el estatus de víctimas a los menores que fueron reclutados forzosamente y permanecieron en grupos irregulares después de haber cumplido la mayoría de edad.
Otro de los inconvenientes que plantean es la falta de voluntad por parte del Estado para reconocer su responsabilidad directa como generador de violencia en el país. Según el documento, “los crímenes de Estado no son producto de acciones aisladas ni de manzanas podridas en el interior de las instituciones, sino parte de una estrategia de exterminio sistemático, ejecutado y diseñado al más alto nivel”.
Los dos organismos concluyen que el proyecto “sigue deteriorándose. Los cinco principales pilares están siendo debilitados, y si eso ocurre, la ley pierde sentido. Vemos que en la discusión que se adelanta en la Comisión Primera del Senado se está intentando debilitar, por una parte, el acceso a la reparación por vía judicial, que es un derecho de las víctimas, y por otra, el acceso a la tierra. Se está incluyendo el derecho de superficie, que es una manera de hacerle una gran concesión a los palmicultores que supuestamente con buena fe han adquirido tierras que eran de personas desplazadas por la violencia”.
BUSCAN QUE REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS SEA DESDE 1984
De ser aprobado con esa fecha la Ley de Víctimas, serían resarcidos los mártires del Palacio de Justicia y el exministro Rodrigo Lara.
Aunque parecía que existía un preacuerdo inamovible para aprobar el proyecto de Ley de Víctimas, este martes en una nueva sesión de debate del proyecto, han surgido nuevas iniciativas alrededor de éste.
La ponencia elaborada por los partidos establecía que la reparación debía ser a partir de 1986. Sin embargo, en la comisión primera del Senado se pidió que ese resarcimiento sea desde 1984.
El promotor de esa idea, el senador de La U, Roy Barreras, explicó que es necesario incluir en la reparación a víctimas emblemáticas como los del Palacio de Justicia y la familia del exministro Rodrigo Lara Bonilla.
Barreras señaló que es necesario recoger “hitos dolorosos y simbólicos” de la violencia en el país para que no olviden los colombianos los daños que causaron esos dos hechos dramáticos.
“Con estos crímenes se afectó seriamente la institucionalidad del Estado colombiano. Además concertaron y se concretaron múltiples actores violentos para producir miles de víctimas”, aseguró.
Entretanto, se conoció el ponente liberal, senador Juan Fernando Cristo, dijo que sería necesario pensar en la reparación desde 1980.
Esto con el fin de permitir que el espectro de víctimas sea ampliado y sean más los colombianos reparados en la ley.
A esta hora continua el debate en la comisión primera del Senado.
EL NUEVO SIGLO
ALUD DE OBJECIONES A DECRETOS DE EMERGENCIA
Medidas de reconstrucción parecerían dirigidas a atender al sector empresarial.
Casi dos meses después que el Congreso iniciara el análisis de los decretos proferidos en el marco de la Emergencia Social, Económica y Ambiental para contrarrestar los efectos de la ola invernal que se presentó a finales del año pasado, la comisión accidental de la Cámara de Representantes entregó el informe final, al que tuvo acceso EL NUEVO SIGLO, y en el que le hace al Gobierno varias recomendaciones en la totalidad de los decretos con fuerza de ley.
Aparte de las objeciones ya conocidas sobre la enajenación de un porcentaje de la participación accionaria que tiene el Estado en Ecopetrol y la reestructuración de las CAR, la Cámara aunque avala la mayoría de los decretos, hace varias recomendaciones en cada uno de ellos, y además insta para que por vía legislativa se deroguen y modifiquen los que considera inconvenientes.
En el artículo primero del decreto 4627 del 13 de diciembre del 2010, por el cual se modifica el presupuesto nacional de la Nación para el 2010 y que tiene que ver con la destinación de los recursos de las contribuciones parafiscales para conjurar la crisis, la Cámara fue enfática en señalar que “por la forma en que toma los recursos para solventar las graves dificultades del invierno, genera bastante controversia y a juicio de ésta Comisión, vulnera normas preestablecidas que deben ser objeto de ajustes, con el fin de armonizar los vacíos que se desprenden de la puesta en marcha del Decreto y se sugiere buscar otra vía para obtener los recursos”.
De igual manera, en el decreto 4702 que tiene que ver con las funciones de la junta directiva del Fondo Nacional de Calamidades, la Cámara le pidió al Gobierno fijar un término legal y prudencial para que dicho organismo planifique, focalice y ejecute las actividades de cada una de las fases de atención humanitaria y rehabilitación, so pena de dificultar la adecuada estructuración para el funcionamiento del Fondo.
En otros de los decretos, la comisión accidental también hizo reparos en que no se establece un período de tiempo fijo en el que se autoricen cupos de endeudamiento interno y externo, “lo que da lugar a la extralimitación de la autorización concedida”. Además, la Cámara puso de relieve que no se “especifica una repartición de prioridades ni distribución alguna del uso de los recursos en las fases diseñadas para la emergencia, ni mucho menos un cupo límite de endeudamiento”.
Así mismo, se hacen reparos a la disposición que le permite al Gobierno tomar de manera discrecional recursos de fondos espaciales como el de las Regalías, el del Fosyga, fondo de salud de la Policía y las Fuerzas Militares, entre otros.
Con respecto, al manejo de todos estos recursos y su redireccionamiento, la Cámara sugirió que el Congreso reglamente por vía de proyecto de ley ordinario, la materia.
Una de las mayores críticas tiene que ver con que las medidas de construcción y reconstrucción “no parecen ir dirigidas a adelantar las obras de infraestructura que permitan conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, sino a apalancar obras cuya finalidad es atender requerimientos de infraestructura del Sector Empresarial”.
De otro lado, el Fondo de Adaptación que recibe fondos del fondo de calamidades, creado por la Emergencia, “se le dan características de autonomía presupuestal y financiera, y es un ente adscrito al Ministerio de Hacienda, esto no tiene coherencia”, expone la Cámara.
“Todo parece apuntar a que el Fondo de Adaptación con sus lineamientos de construcción y reconstrucción, es más un ente para el desarrollo vial del país bajo el sustento de ser la infraestructura el centro de los factores que permitan conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, es otro de los reparos.
Dentro de las recomendaciones que hace la Cámara al Gobierno están la que se lidere un proceso de “inclusión de las organizaciones no gubernamentales y veedurías ciudadanas que quieran hacer parte del mismo para la verificación de la utilización e inversión de los recursos”.
También solicita que al Congreso le sea remitido informe del Ministerio de Hacienda en el que “se rindan cuentas sobre el destino preciso que se le han dado a estos recursos”.
DENUNCIAN MASIVOS DESPLAZAMIENTOS EN VALLE Y CHOCÓ
Desplazamientos masivos en Chocó y en el municipio de Buenaventura (Valle) por presión de los grupos armados al margen de la ley, se han venido registrando en los últimos días.
Funcionarios de la Agencia Presidencial para la Acción Social ya se encuentran en la zona para brindar atención primaria a los desplazados.
Un total de 889 personas, integrantes de 215 familias, debieron dejar su residencia “como consecuencia de los hostigamientos” realizados por las Farc contra tropas de Infantería de Marina, señaló un comunicado.
“A lo anterior se suma un homicidio selectivo, hurtos y acceso carnal violento registrado a comienzos de este mes”, agregó el informe sin dar más detalles al respecto.
Entre tanto, unas 800 personas se desplazaron del Pacífico colombiano por culpa de la inseguridad. Entre ellos figuran 200 indígenas.
La agencia de las Naciones Unidas para Desplazados y Refugiados, Acnur, confirmó que en la región río Anchicayá hasta el puerto de Buenaventura, las comunidades abandonaron la zona por la presión de grupos armados. Uno de los hechos que escandalizó a los habitantes fue el asesinato de una persona delante de los pasajeros de un transporte colectivo.
“Las comunidades comenzaron a desplazarse en los primeros días de marzo, y el miedo se incrementó después del avistamiento de dos cadáveres flotando en el río entre el 6 y el 7 de marzo”, expresa el informe.
Hasta el momento la Personería de Buenaventura registra 215 familias desplazadas entre ellas 370 menores y 46 adultos mayores. A ellos se suman 62 familias más, provenientes de la vereda Llano Bajo.
La agencia de las Naciones Unidas advierte que las autoridades de la zona han llamado la atención sobre el incremento de la minería ilegal y el afán de los grupos armados por monopolizar el negocio.
“Los desplazamientos, de comunidades afrodescendientes de las veredas Agua Clara, Sabaletas, Llano Bajo, Guaimia, Limones y San Marcos, en la llamada ‘Zona carreteable’ del río Anchicayá –corregimiento número 8- se produjeron tras un deterioro de la situación de seguridad en la zona que llegó a su punto alto con el asesinato de un habitante de la vereda Agua Clara por un grupo armado ilegal, delante de otros pasajeros de un transporte colectivo, el 28 de febrero”, señaló Acnur.
Las comunidades comenzaron a desplazarse en los primeros días de marzo, y el miedo se incrementó después del avistamiento de dos cadáveres flotando en el río entre el 6 y el 7 de marzo.
Acnur anunció que visitará la zona para recoger información de primera mano en los próximos días, junto con representantes del Ministerio Publico y de organizaciones no gubernamentales.
De otro lado, Acnur también ha recibido información sobre el riesgo de desplazamiento de poblaciones en la zona del río Cajambre, así mismo en el municipio de Buenaventura.
Allí Ana Julia Rentería, lideresa del Concejo Comunitario de la Cuenca del Río Cajambre y su esposo están desaparecidos desde el 2 de marzo, también en hechos que estarían relacionados con la acción de grupos armados ilegales y la minería ilegal. ACNUR ha alertado a los organismos humanitarios sobre estos hechos, y espera verificar la situación, con esos mismos organismos, también en pocos días.
“Estos hechos en el departamento del Valle del Cauca se suman a otros recientes, un poco más al norte en la misma Costa Pacífica, en el departamento de Chocó, donde más de 200 miembros de una comunidad indígena Embera del municipio de Bajo Baudó se encuentran desplazadas en las márgenes del río Pavasa como consecuencia del asedio de otro grupo armado ilegal”, indicó ACNUR
SEÑALAN VACÍOS EN LEY DE VÍCTIMAS
Mientras el proyecto de ley de víctimas y restitución de uierras comenzó su penúltimo debate en la comisión primera del Senado, el legislador Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático, miembro de esa célula y ponente de la iniciativa, aunque suscribió la ponencia que fue radicada, llamó la atención sobre varios puntos estructurales que, desde su posición, no contribuyen al restablecimiento de los derechos de las victimas.
Para el congresista, tal y como se encuentra el texto del articulado, las víctimas que han producido y generarán las llamadas Bacrim (bandas criminales) no serán reconocidas.
Estos son algunos de los puntos señalados por Avellaneda.
1. Consideramos que la vigencia de la aplicación de la ley debe hacerse a partir de 1980 para todos los efectos.
2. Concepto de víctima: lo contenido en la ponencia excluye y contraría las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
3. Proceso administrativo: no contempla un procedimiento administrativo que contribuya a la restitución de tierras despojadas o abandonadas forzosamente de manera pronta y efectiva frente al reconocimiento de los derechos de las víctimas.
4. Restitución de bienes y patrimonio: además de la restitución de la tierra, se deben restituir otros bienes como vivienda, muebles y semovientes, que permitan la rehabilitación socio económica de las víctimas en condiciones de dignidad y permanencia.
5. Distinción entre reparación y medidas de asistencia humanitaria: atendiendo la jurisprudencia y el ordenamiento internacional en esta materia, existen profundas diferencias entre atención, ayuda humanitaria, servicios sociales y medidas de reparación, desatendidas en la ponencia.
6. Derecho de superficie: se establece más como una figura de legitimización de despojo, de contrareforma agraria, que como un derecho de los despojados de retornar a sus actividades productivas cotidianas.
7. Bienes de utilidad pública e interés social: estos preceptos no son definidos en el texto de la ponencia, pero comportan, según el texto, imposibilidad material de restitución y por lo tanto pueden ser interpretados y aplicados de manera tal que vulneren los derechos de las victimas.
8. No repetición y neoparamilitarismo: no son claras las disposiciones en el pliego de modificaciones, tendientes a desarticular las estructuras sociales, políticas y económicas del paramilitarismo. Además, que advierten que no son sujetos de reconocimiento las víctimas de delincuencia común, en vía de ejemplo las Bacrim (bandas criminales), que hoy se constituyen en el principal factor de actos criminales que conduce a la revictimización.
EL PODER DE LA CLIENTELA
Por FERNANDO NAVAS TALERO
Teóricamente, el Estado de Derecho se construye a partir de la separación de competencias de las ramas u órganos del poder público. En otras palabras, esto quiere decir que quien hace la ley no sea el mismo que la ejecuta y tampoco el que sanciona su infracción. Es un postulado que se atribuye a Locke, divulgado por Montesquieu y completado por Rousseau. No obstante su aceptación general en la mayoría de los sistemas constitucionales, lo cierto es que en la práctica el conflicto de poderes suele darse frecuentemente y no es raro que una rama interfiera la acción de otra de manera que esa trilogía y separación no es tan pura como se describe en textos y discursos. Ese conflicto de competencias entre órganos o ramas del poder se ha dado en llamar coloquialmente “choque de trenes”.
Las circunstancias que provocan la colisión de competencias son muy variadas y se explican por errores de cálculo político en la comprensión de los contrapesos de poder o medios de acción recíproca y que en el sistema constitucional colombiano sirven para organizar la colaboración armónica. “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”, prescribe el artículo 113 de la Constitución.
El tema se trae a cuento a raíz del enfrentamiento vivido en el Congreso, por causa de la rebelión del socio del Gobierno, el Partido Conservador, que puso en entredicho las mayorías parlamentarias al rechazar el proyecto de ley que le otorga facultades al Gobierno para que legisle y reforme algunas de las carteras ministeriales y otras dependencias. Mediante esta ley no será, entonces, el Congreso el que expida la ley, sino el Presidente y sus ministros. Por eso se llama ley de facultades extraordinarias.La objeción del conservatismo consistió no en la alteración de competencias, sino que estimó que con las facultades se podría poner en riesgo la estabilidad de muchos trabajadores públicos. A la gente hay que creerle y no es de fiar el apetito burocrático que se esconde detrás de estas reformas, temor que podría disiparse ahora si se cumpliera el mandato constitucional que ordena establecer la Carrera Administrativa en todas las esferas del Gobierno. Para que no tiemblen los porteros. Lamentablemente este mandato del constituyente del 91 no se ha cumplido cabalmente y el clientelismo sigue siendo una rica cantera electoral.
Finalmente, no puede omitirse que cuando las facultades no son precisas y pro tempore, amén de que se corre el riesgo de la inconstitucionalidad sobreviniente, alterar el orden de competencias no es sano. Si el país estuvo descuadernado en el siglo pasado lo fue por esa causa; el Legislativo se contentó con facultar al Gobierno para que legislara y pelechó a la sombra de la burocracia que se puso a su disposición, así se cultivó la corrupción que tanto pesa hoy y que carcome al Estado.
UNA POLÍTICA CONTRADICTORIA
Por JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Es un adecuado desarrollo de los preceptos constitucionales”
EL Plan Nacional para la Prosperidad Social, del presidente Juan Manuel Santos, es un adecuado desarrollo de los preceptos constitucionales, en especial del Estado Social de Derecho, en búsqueda de la igualdad real y material.
Si en el pasado se pensó en beneficiar a los ricos -recordemos AIS-, el Gobierno actual está pensando, al menos en teoría, en los pobres, y en extender a ellos los beneficios de una actividad pública orientada a conseguir que los bienes y servicios esenciales estén al alcance de toda la población, en particular la de menores ingresos.
Es lo que ha proclamado desde hace muchos años la doctrina de la Iglesia Católica, consignada en las encíclicas papales, desde León XIII en adelante: la justicia social. Una sociedad que presenta tan profundas desigualdades como las aquí existentes está al borde de un “tsunami social”.
Que se establezcan facilidades para el acceso de las familias a la financiación para atender sus necesidades primarias, sin los obstáculos tradicionalmente establecidos por la banca, es un objetivo constitucional de primer orden que se denomina “democratización del crédito”. Que se programe la implementación de micro seguros de vida y de discapacidad para grandes sectores de la población carentes de recursos, significa un progreso enorme que de suyo justifica la acción social del Estado.
Que simultáneamente, si de golpe los partidos conservador y “de la U” lo permiten, se apruebe una ley de reparación a las víctimas de la violencia y una normatividad que permita restituir las tierras a sus verdaderos dueños, es algo que tiene un significado inmenso en materia de derechos humanos.
Si el presidente Santos lograra hacer realidad lo previsto en sus excelentes proyectos, pasaría a la historia como uno de nuestros mejores gobernantes.
Contradictoriamente, sin embargo, el mismo Gobierno que busca alcanzar así las metas del Estado Social de Derecho, impulsa en el Congreso un Acto Legislativo que está por aprobarse, y que hará imposibles tan loables propósitos, porque representa la filosofía contraria: el que supedita toda la actividad del Estado en lo social a la llamada sostenibilidad fiscal.
Esa es una contrarreforma que eliminará de un golpe toda la estructura del Estado Social de Derecho, y que frustrará las iniciativas sociales de la administración Santos.
Ya sabemos lo que responderán invariablemente los organismos y funcionarios públicos de todos los niveles: “Usted tiene el derecho, y se lo reconocemos, pero no hay plata”.
SENADO APRUEBA FACULTADES PARA REESTRUCTURAR ENTIDADES
El Polo denunció que el acuerdo para proteger derechos laborales no fue respetado
EN MEDIO de una controversia porque en las facultades que se le entregan al Presidente no se define qué entidades serán reestructuradas o suprimidas, así como por la falta de garantías para que se respete la estabilidad de los trabajadores, ayer la Plenaria del Senado aprobó en su último debate el proyecto de ley que separa tres ministerios, por lo que a la iniciativa la resta ser sancionada por el Jefe de Estado para que cobre vigencia.
En principio, el Polo Democrático, por intermedio de su vocero Alexander López, señaló la inconveniencia de entregar unas facultades extensas al Presidente de la República sin saber qué entidades serán reestructuradas o suprimidas, facultades que son sólo competencia del Congreso.
En esa discusión, el senador López propuso un parágrafo en que el que buscaba garantizar que el Sena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) no fueran suprimidos por el Ejecutivo, sin embargo, dicha proposición no fue tenida en cuenta pues no se obtuvo la mayoría de votos exigida. El argumento del coordinador de ponentes, el senador conservador Juan Manuel Corzo, para que fuera rechazada esta proposición es que la norma ya contempla que estos organismos no serán suprimidos.
Otro de los aspectos controversiales fue la eventual masacre laboral que podría presentarse por la supresión o reestructuración de algunas entidades estatales.
El congresista Alexander López criticó que un acuerdo al que habían llegado todas las bancadas políticas no fue respetado por el Senado, en el cual se buscaba asegurar que se respetaran plenamente los derechos laborales de los funcionarios o trabajadores.
“Quedo muy preocupado por las comisiones que se nombran en este Senado. Una comisión que fue nombrada, acordamos un artículo y ahora el Gobierno sale con otra cosa. Aquí nos faltonearon colegas. Este Congreso faltonea al Polo en un acuerdo que tenemos para proteger los derechos laborales”, señaló López.
En ese aspecto, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, presentó un nuevo parágrafo en el que se respetan dichos derechos, el cual fue aprobado por la Plenaria. “Esta ley garantiza la protección integral de los derechos laborales de las personas vinculadas a las distintas entidades del Estado que sean reestructuradas, liquidadas, escindidas, fusionadas o suprimidas. Si fuese estrictamente necesaria la supresión de cargos, los afectados serán reubicados o reincorporados de conformidad con las leyes vigentes”, dice el parágrafo que fue incluido.
Sin embargo, el vocero del Polo en el Senado advirtió que esta proposición aprobada no garantiza la continuidad de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores.
“Todas las personas dentro del Gobierno central quedan protegidas por este artículo sin solución de continuidad. Esa proposición que fue aprobada deja por fuera a una gran cantidad de provisionales del Estado y no garantiza de ninguna manera la continuidad de los derechos adquiridos de los trabajadores en el tiempo, como lo es garantizado en los derechos laborales por la Constitución”, señaló.
De otra parte, el Polo Democrático fue enfático en señalar que hay intereses ocultos con la liquidación del DAS y la reestructuración de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
“El costo de la liquidación del DAS quiere generar un escenario de impunidad y quieren tumbar el escándalo que compromete al ex presidente Uribe, a varios de sus ministros y altos funcionarios. Con la reestructuración o liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes se ciernen situaciones oscuras y peligrosas como la deuda que tienen los Nule con el país”, afirmó Alexander López.
Por último, el Senador ratificó que una vez esta iniciativa sea aprobada y sancionada, la demandará ante la Corte Constitucional.
Por otra parte, la Plenaria del Senado excluyó del articulado de la iniciativa el literal que le da facultades al Presidente de la República para que expida un nuevo régimen sancionatorio aplicable al transporte, debido a que no guardaba unidad de materia con el resto del proyecto.
Una vez sea sancionada esta norma, el Gobierno, en un plazo de seis meses, escindirá los ministerios de Ambiente, del Interior y de Protección Social.
REVISTA SEMANA
SANTOS, CON FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA REFORMAR EL ESTADO
Tras un álgido debate, el Senado aprobó en último debate el proyecto que le da facultades al Presidente de la República para reformar el Estado. El Polo, que se apartó de la aprobación, anunció demanda de la ley ante la Corte Constitucional.
Después de un mes de fallidos intentos, el Congreso por fin le concedió al presidente Juan Manuel Santos las facultades para reformar el Estado.
El mandatario tendrá seis meses para revivir tres ministerios -justicia, trabajo y ambiente- y para reestructurar o suprimir las entidades centrales que estime conveniente.
Según lo expuesto por el gobierno, las entidades que serán objeto de reestructuración serán el DAS, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Inpec, la superintendencia de Notariado y Registro, todas estas, adscritas al Ministerio del Interior.
Ingeominas, Invías, Instituto Nacional de Concesiones (Inco) son otras de las entidades sobre las que el gobierno ha manifestado interés en reformarlas.
El gobierno, en el último debate, incluyó un parágrafo con el propósito de blindar a aquellos funcionarios que puedan verse afectados de la reingeniería del Estado.
“Esta ley garantiza la protección integral de los derechos laborales de las personas vinculadas a las distintas entidades del Estado que sean reestructuradas, liquidadas, escindidas, fusionadas o suprimidas. Si fuese estrictamente necesaria la supresión de cargos, los afectados serán reubicados o reincorporados de conformidad con las leyes vigentes”, dice la cláusula.
Más allá de los alcances de la reforma al Estado, para los que habrá seis meses de discusión, el proyecto aprobado por mayoría -los partidos de la coalición se comprometieron con el Presidente para hacerlo-, el debate trascendió en medio de las fuertes observaciones del Polo Democrático.
El intenso debate
La oposición advirtió la inconstitucionalidad del proyecto al calificar como excesivas las facultades.
El senador Alexander López se trenzó en una confrontación con miembros de la coalición. Denunció que la reforma al Estado está tapando escándalos de corrupción del gobierno de Álvaro Uribe.
“Detrás de la liquidación del DAS quieren crear un escenario de impunidad y quieren tumbar el escándalo que compromete al presidente Uribe”.
López también le advirtió al ministro del Interior que hay actuales irregularidades en Estupefacientes que quieren ocultarse.
“Con la reestructuración del DNE se ciernen situaciones oscuras y peligrosas como la deuda que tienen los Nule con el país, y que ministro, quiero advertirle, que miembros de su grupo político hoy están pagando la deuda que los Nule tienen por más de mil millones de pesos con la DNE”.
El senador Roy Barreras, La U, dijo que detrás del interés de López Maya de negarse al proyecto de facultades es proteger a los sindicatos porque “ese es su fortín electoral, está cuidando sus votos”.
López Maya replicó y sacó un memorial de escándalos durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Finalmente no habrá “concepto previo” del Congreso a los decretos que expida el Ejecutivo para reformar al Estado. Una sentencia de la Corte Constitucional establece que cuando el Congreso concede facultades extraordinarias no es aplicable.
La solución aprobada es una comisión de seguimiento, sin embargo, los decretos no requieren el concepto previo del Congreso antes de su expedición.
PALACIO DE JUSTICIA Y CRIMEN DE LARA BONILLA SERÍAN INCLUIDOS EN LEY DE VÍCTIMAS
EL Partido de La U propuso que sea 1984 y no 1986 el año en que la ley reconozca a las víctimas objeto de reparación.
El holocausto del Palacio de Justicia y el homicidio del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla fueron dos de los casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos que sucedieron en la década de los años 80.
El homicidio de Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, fue quizás el primer crimen atribuido al cartel de Medellín del narcotraficante Pablo Escobar. En el holocausto del Palacio perecieron los altos magistrados del poder judicial.
Sin embargo, esos hechos hoy están excluidos del proyecto de ley de reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en el país.
Según el texto que fue aprobado en la Cámara de Representantes, la ley reconocerá la reparación a quienes hayan sufrido menoscabo de sus derechos a partir de 1991. El Senado intenta modificar esa fecha, sin embargo, la ponencia que se estudia en la comisión primera plantea que sean reparadas las víctimas desde 1986. Por eso, el holocausto y el crimen de Lara Bonilla estarían excluidos.
El partido de La U, colectividad que ha hecho reparos al proyecto, propuso que el Senado debe modificar la fecha. Plantea que la ley, en el momento de ser expedida, deje claro que serán reparadas todas las víctimas a partir del primero de enero de 1984.
Al hacer referencia a estos llamados casos emblemáticos, el senador Roy Barreras dijo en la discusión del proyecto que son “crímenes con los que se afectó seriamente la institucionalidad del Estado Colombiano. Además concertaron y se concentraron múltiples actores violentos para producir miles de víctimas. La primera de ellas, la justicia misma”.
Si el Senado así lo determina, la ley de reparación a las víctimas también alcanzaría a cobijar los primeros crímenes del paramilitarismo y que constituyeron el llamado exterminio de la Unión Patriótica.
Si se aprueba la proposición planteada por La U, se superaría uno de los presuntos choques constitucionales y jurídicos que se habían planteado en la ley.
Sectores defensores de víctimas de crímenes de Estado habían advertido que si la ley de reparación a las víctimas no modificaba su fecha y no contemplaba casos como los señalados, estaría en contra de sentencias de la justicia colombiana que ya declararon crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, las desapariciones del holocausto del palacio de Justicia y el crimen de Lara Bonilla, situación que significa que, así hayan pasado 20 años, la acción jurisdiccional no prescribe.
REVISTA PORTAFOLIO
ECOPETROL LE GANA DEMANDA A PENSIONADOS QUE RECLAMABAN EL PAGO DE UN BENEFICIO EXTRALEGAL
La Corte no respaldó fallos de jueces que concedieron tutelas contra la petrolera por reclamaciones laborales de 2007.
La Corte Constitucional negó las acciones de tutela presentadas por un grupo de pensionados y trabajadores próximos a jubilarse contra Ecopetrol S.A., a raíz de la reclamación laboral por la firma, en 2007, de una serie de acuerdos para recibir el pago de un beneficio extralegal sin incidencia salarial.
El alto tribunal no aceptó estos recursos judiciales dirigidos a dejar sin efecto las actas, mediante las cuales se fijó esta prerrogativa extralegal, llamada ‘estímulo al ahorro’, creada para empleados de nómina directiva de la petrolera.
Así falló la corporación al revocar las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Bolívar, en mayo de 2010, a través de las cuales concedieron las tutelas y ordenaron a la empresa darle efecto salarial a ese pago extralegal, a fin de incrementar los sueldos y pensiones de los demandantes.
“Estos peticionarios -explicó la Corte- no pueden pretender que por vía de tutela se resuelvan acuerdos que previa y voluntariamente habían convenido con la empresa”.
Tampoco pueden alegar ahora la protección de los derechos a la igualdad y a la movilidad salarial, agregó, “pero olvidando que en su momento pactaron un beneficio económico, el cual no tendría incidencia salarial”.
En este caso, dijo el alto tribunal, quienes presentaron las tutelas “persiguen un interés puramente económico, sin afectación de derechos ni perjuicio irremediable, puesto que reciben asignaciones en condición de pensionados o trabajadores activos de la entidad próximos a pensionarse”.
En la sentencia T-1048 de 2010, la Corte llamó la atención, además, de que sólo hasta el año 2010 este grupo de pensionados y empleados acudió a la tutela, a raíz de hechos ocurridos en 2007.
Por eso, el alto tribunal defendió la inmediatez que debe prevalecer en la presentación de esta acción judicial, cuyo objetivo es la protección oportuna de los derechos fundamentales.
“En relación con este requisito, -explicó- esta corporación ha considerado que, dada su naturaleza cautelar, la solicitud debe invocarse en un plazo razonable tras la amenaza o vulneración de derechos”.
En la práctica, esta sentencia limita aún más el plazo para revisar, mediante tutela, los litigios laborales contra la petrolera. En otro fallo, el T-782 de 2010, a raíz de un pleito entre esta empresa y la Unión Sindical Obrera (USO), la Corte fijó este término en cinco años; ahora se refiere a tres años.
Debate por beneficio extralegal
Ante la Corte, Ecopetrol pidió negar estas tutelas del grupo de pensionados y trabajadores próximos a jubilarse porque no se ha vulnerado ningún derecho y defendió los acuerdos suscritos, en 2007, mediante los cuales se dispuso no darle incidencia salarial al pago extralegal llamado ‘estímulo al ahorro’.
Esta figura consiste en una consignación quincenal, realizada por la petrolera en las cuentas de fondos de pensión de los beneficiados.
Según Ecopetrol, esta prerrogativa encuentra respaldo legal en el Artículo 15 de la Ley 50 de 1990, el cual dispone que “no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador”.
Ecopetrol explicó que los demandantes aceptaron “sin ningún apremio” las condiciones y términos de ese beneficio extralegal, el cual es independiente de los ajustes de ley realizados al salario básico de sus trabajadores.
Ese pago extralegal, agregó, se puso en marcha en 2007 dentro de la política de compensación salarial, concebida para brindar mayor competividad a la empresa frente al sector petrolero, y de esa forma hacerla más atractiva en el mercado laboral.
En la sentencia, la Corte Constitucional no compartió los argumentos del grupo de demandantes, según los cuales esta política de compensación es contraria a derecho y es una medida de desigualdad frente a otros trabajadores de la petrolera, a quienes les incrementaron el salario directamente.
RCN RADIO
CORTE PIDE A LOS MEDIOS RESPETAR EL DERECHO A INFORMAR
La Corte Constitucional llamó la atención a los medios de comunicación para que respeten en sus trabajos periodísticos el derecho a la dignidad humana, al debido proceso, al principio de seguridad jurídica, al buen nombre, a la salud mental y al trabajo.
La alta corporación negó una acción de tutela al Centro Médico El Cabrero, que solicitó el amparo de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por las acciones de periodistas del programa de televisión Séptimo Día.
La Corte Constitucional, después de analizar el capítulo del programa Séptimo Día que motivo la acción de tutela, y que hizo parte de una serie dedicada a la impunidad en Colombia, concluyó que el programa emitido no afectó en forma alguna el derecho al buen nombre del centro médico.
Sin embargo, la máxima corporación recordó los principios democráticos imperantes en nuestro ordenamiento legal como son, el respeto a la prevalencia de la libertad de información y opinión de los medios de comunicación.
Agregó la Corte Constitucional que en ciertos casos puntuales, ésta acción constituiría censura, la que está expresamente prohibida por el artículo 20 de la Constitución.
“En
efecto, del material probatorio no se deduce que la información trasmitida en
el programa sea falsa, o presente un punto de vista que rebase los amplios
parámetros dentro de los cuales debe valorarse la imparcialidad de un medio de
comunicación”, señaló el tribunal.
Esto lo confirma el hecho de que el Centro Médico no logró por medio de
pruebas, desmentir al programa de televisión y por ello dejó en firme la
sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena que negó
la acción de tutela.