República de Colombia
Corte Constitucional
Presidencia
Oficina de Comunicaciones
Boletín de noticias 21 de marzo de 2012
EL TIEMPO
MADRE SE ENCADENÓ EN NEIVA PARA EXIGIR MEDICINA PARA SU BEBÉ
Andrea Rayo, la mujer encandenada frente a las instalaciones de la EPS Solsalud en Neiva.
Necesita concentrado de Factor VII, anticoagulante que requiere con urgencia Dulce María, su hija.
El martes, Andrea Rayo, de 30 años, se encadenó durante 10 horas frente a las instalaciones de la EPS Solsalud de la capital del Huila para exigir el medicamento para su bebé de 7 meses de nacida.
Dulce María es la única paciente en el Huila que sufre de esta enfermedad, caracterizada por la deficiencia en los factores de coagulación. Entre los síntomas están el sangrado continuo y hematomas, informa la EPS.
"La niña ya lleva 20 días sin que la medicina le sea suministrada y la gerente de Solsalud lo que dice es que estamos haciendo mal uso del medicamento", protesta la desesperada madre que asegura que viajó tres horas, como lo hace cada mes, desde la vereda Chapurro, zona rural de Neiva, en busca de la medicina.
Gracias a una tutela entablada por Andrea Rayo, el Estado obligó a Solsalud a entregarle la medicina a la bebé.
Tras la protesta, la mujer aún no recibe el medicamento.
Error de comunicación entre EPS y pediatra
A la niña solamente se le aplican 250 unidades y cada ampolla trae 600. La orden del pediatra que atiende a la menor fue eliminar el sobrante del medicamento, porque una vez abierto el empaque no se puede utilizar el resto que queda expuesto al aire libre. "Pero ahora la EPS dice que lo que yo hice fue desperdiciar la droga", alega Rayo.
"A la madre nunca se le ha dicho que la droga no se le va a entregar. La última dosis que se entregó debía alcanzar hasta el 15 de abril, y ahora nos enteramos que más de la mitad de la fórmula ha sido desechada. La medicina llega de Bogotá y Bucaramanga y no teníamos programada esta urgencia. Sin embargo, la medicina se le va a entregar lo más pronto posible", aseguró Elvia Esperanza Castro, gerente de Solsalud.
Dulce María, según la madre, ya presenta hematomas en brazos y cabeza, así como dificultades para respirar.
La EPS dijo que está buscando más pacientes que sufran de este mal para poder distribuir equitativamente la medicina, mientras se encuentra una forma de refrigerarla y protegerla de agentes externos.
ARTÍCULO SOBRE FUERO MILITAR SALDRÁ DE LA REFORMA DE LA JUSTICIA
Lo esencial de su contenido y recomendaciones de 'la U' serán incluidas en nuevo proyecto.
El Gobierno incluirá en el proyecto sobre justicia penal militar, radicado el pasado viernes, una serie de recomendaciones y complementos sugeridos por el Partido de ‘la U’ para garantizar que el fuero militar sea fuerte y funcional.
De esta forma quedó abierto el camino para que el artículo que sobre este tema está incluido en el proyecto de reforma de la Justicia, sea retirado.
"El Partido de 'la U' le presentó al Presidente una serie de preocupaciones respecto al proyecto que se presentó el pasado viernes", dijo el jefe de 'la U', Juan Lozano. Las observaciones tienen que ver con el fortalecimiento del fuero.
“El artículo se va a retirar porque no hay consecutividad y porque va en contra de los convenios internacionales, y al mismo tiempo ‘la U’ revive el fuero militar con el último (proyecto) que se radicó; ese es el que va”, afirmó el senador Armando Benedetti.
Reforma tributaria y regalías, otros de los temas que se abordaron en la reunión.
Los reparos de 'La U' a la reforma del fuero militar del Gobierno
Los congresistas de 'la U' realizaron un encuentro previo al almuerzo con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño.
Durante el encuentro previo, los legisladores no lograron consenso sobre si apoyar o no el retiro del fuero de la reforma de la Justicia y manifestaron reparos sobre la forma en que se concibió la reforma del Gobierno, por aspectos como el tribunal de garantías que se crea para la Fuerza Pública.
Otro de los puntos que no tiene apoyo en 'la U', y que llevó a algunos a afirmar que "no se pupitriará" el articulado, es la forma en que funcionará la defensoría técnica, ya que, consideran, no está especificada en la iniciativa oficial.
Efraín Torres, ponente de la reforma al fuero en la Comisión Primera de la Cámara, dijo que hasta tanto la bancada de su partido no se pronuncie, no rendirá ponencia sobre la iniciativa.
Advierten que reforma al fuero militar del Gobierno estaría en riesgo
Liberales aseguran que esa situación se da si se mantiene el artículo en la reforma de la Justicia.
El Partido Liberal afirmó este martes que si no se retira de la reforma de la Justicia el artículo que amplía el fuero penal militar, la reforma integral que propuso el Gobierno estaría en riesgo y podría afectarse su trámite en el Congreso.
Simón Gaviria, jefe único del liberalismo, aseguró que el artículo que se ha tramitado hasta el momento "nos pone en tres, si hoy estamos en cero, pero el proyecto integral nos pone en ocho" frente a los temas de seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública.
"Estaría en riesgo la solución integral a los temas de fuero penal militar, que son importantes y que tenemos que entrar a solucionar, porque el artículo entra a chocar con la reforma integral y, por eso, pensamos que debe ser retirado. Tocan los mismos temas", advirtió Gaviria.
"Es muy inconveniente el no retiro del artículo y este, además, es insuficiente a la hora de solucionar el tema", precisó el jefe único del liberalismo.
Sobre la petición del expresidente Álvaro Uribe de no retirar ese artículo de la reforma de la Justicia, Simón Gaviria afirmó que "partidos afines al expresidente acogerán sus argumentos, pero nosotros pensamos que la solución integral es muy superior que las decisiones que se han tomado".
Por su parte, Alfonso Prada, representante del Partido Verde, reiteró que "me parece medio ridículo que el Congreso apruebe un artículo en el mes de junio y otros tres artículos, sobre el mismo tema, en octubre".
Agregó que "esperar 4 meses ni desestimula a la Fuerza Pública ni desorienta a la Justicia Penal Militar", por lo que pidió respaldar la postura del Gobierno y retirar el artículo de la reforma de la Justicia.
NÉSTOR RAÚL CORREA, MILITANTE DEL 'PPJ'
Por: José Obdulio Gaviria
La única manera de ganar la confianza de los líderes del 'PPJ' (Partido Político Judicial), es hacer antiuribismo
Néstor Raúl Correa es magistrado de la Sala administrativa del CS de J, una especie de sanedrín de amigos probados, validos e incondicionales de los magistrados que dominan la política de las altas cortes (esa sala es nombrada mayoritariamente por la CSJ y el Consejo de Estado).
Signo del 'PPJ' (partido político judicial) es el antiuribismo. No hablo del conjunto de la rama judicial sino de los políticos derrotados que hoy usurpan algunas togas magistrales. Ellos no gustan del expresidente y actúan como enemigos -agazapados los menos, desembozados los más- de sus postulados de Seguridad Democrática, confianza inversionista y cohesión social. Esos políticos infiltrados en la cúpula judicial son partidarios de la 'solución negociada' (practican el 'caguanismo', por un lado, y el ensañamiento con la fuerza pública por el otro); alaban la adscripción de Colombia al eje Unasur (hicieron cerrada oposición a la colaboración técnica norteamericana con nuestras bases militares, por ejemplo); y tienen la prédica clasista y de confrontación social (que se observa, nítida, en el discurso y en las prácticas de Asonal judicial).
En sentencia de la Corte Suprema de Justicia, recordemos, se afirma a rajatabla que las Farc merecerían un tratamiento considerado y respetuoso por parte de los colombianos, dado "el propósito altruista" que mueve su accionar.
Un expresidente de la Corte Constitucional, en discusión pública con Luis Carlos Restrepo, Comisionado de Paz, lo increpó por esas "confusiones" que le impedían distinguir entre paramilitares y guerrilleros. Según el exmagistrado, no era lo mismo matar para satisfacer viles intereses personales o ansias de dinero (los paramilitares) que matar "para que otros vivan mejor" (los guerrilleros).
La persecución del aparato judicial contra Luis Carlos Restrepo es un pasaje (una especie de taller) que nos facilita la comprensión de la ideología política y de las prácticas de los enemigos de la Seguridad Democrática atrincherados en el 'PPJ' (insisto en que no me refiero a la rama judicial en su conjunto, sino a los elementos politizados que se han tomado su vocería).
El fiscal 'antirrestrepo', eximio representante del 'PPJ', al ordenar que se persiga internacionalmente al excomisionado sindicándolo de ser un criminal fabricante y comerciante de armas, adhirió a la premisa 'fariana' de que el proceso de desmovilización de los paramilitares, guiado por Restrepo, fue ilegítimo. El fiscal definió la desmovilización de las Auc como maniobra política del Estado para legalizar a los amigos del Estado (los paramilitares) que "hicieron el trabajo sucio" contra las Farc y el Eln. Según dicho fiscal, Restrepo, en el colmo del cinismo, se "inventó" una desmovilización colectiva de las Farc, para: 1) desmoralizar a los combatientes altruistas de los frentes de las Farc, equiparándolos con vulgares criminales; 2) legitimar las desmovilizaciones espurias de las Auc, esos sí vulgares criminales. 3) desacreditar la "solución política negociada" con la altruista insurgencia.
La única manera de ganar la confianza de los líderes del 'PPJ' (Partido Político Judicial), y por ende ascender en la rama judicial, es hacer antiuribismo. La historia del magistrado Néstor Raúl Correa lo demuestra. Hasta su elección como magistrado, fue un columnista casi que adulador de Uribe. Transcribo una de sus frases. Aparece en artículo de El Mundo (marzo/2008): "El 7 de marzo del 2008 en Santo Domingo se escribió una de las páginas más gloriosas de la historia de Colombia. El presidente Álvaro Uribe Vélez se encerró con tres fieras en la Cumbre del Grupo de Río y las venció sin atenuantes". Hoy, a Correa, su partido, el 'PPJ', lo obliga a defender otras tesis (sandeces, mejor), crea en ellas o no.
PODER JUDICIAL/OPINIÓN
En los últimos años, a pesar de la autonomía y mejores condiciones de trabajo que se les dieron a los miembros del poder judicial en Colombia, se han desarrollado poderes sociales de gran dimensión que avasallan y llegan a suplantar la institucionalidad estatal: El poder judicial se ha visto asediado.
Se requiere un inmenso sentido del deber y de la responsabilidad con la sociedad para soportar las intensas presiones, ilegales, en muchos casos, hacia los jueces y magistrados, y garantizar a la sociedad pronta y adecuada justicia.
Estas presiones son de diverso orden y magnitud.
En las ciudades y en los campos, especialmente, se debe garantizar el derecho fundamental a la justicia, en todo momento.
Se debe generar un movimiento de solidaridad y apoyo de muchos sectores de la sociedad colombiana para darles respaldo a los fiscales, jueces y magistrados del país, evitando que decaigan en su deber y obligación para con todos los miembros de la nación.
in justicia también se fragmenta una sociedad. Es el momento de rodearlos y fortalecer su inmunidad.
Wilson Ladino Orjuela
¿Y LA MERITOCRACIA?
Por: Pedro Medellín Torres
No solo es el problema de la experticia para desempeñarse en campos tan especializados. También lo es por los posibles vínculos de los candidatos con personas o grupos con intereses definidos.
No se puede sacrificar el funcionamiento de la justicia a cambio de quedar bien con un particular.
Nadie sorprende tanto como el presidente Santos. En sus aciertos y sus equivocaciones. Antes de posesionarse, no se esperaba que acertara como lo ha hecho en temas tan críticos como tierras, víctimas y las bases militares con los Estados Unidos. Pero tampoco que, después de 20 meses de gobierno, errara en un asunto tan importante como la elaboración de la terna de candidatos a Fiscal General de la Nación.
En un país que avanza en un proceso de justicia transicional tan crucial como el de justicia y paz; que está procesando a políticos y empresarios por sus vínculos en la comisión de graves delitos con paramilitares y guerrilla, o que está desenmascarando a los corruptos que se han enriquecido con los carteles de la contratación, al Presidente se le ocurre nominar como cabeza de la Fiscalía General de la Nación (organismo clave en estos procesos) a una especialista en derecho administrativo que hace años no ejerce como abogada; a una experta en planeación financiera con especialización en derecho comercial, y a un penalista al que le cuestionan haber defendido en los estrados -pero sobre todo en el Congreso- los intereses de un grupo involucrado en el carrusel de la corrupción en la salud.
Si la tarea del Fiscal General fuera la de gerenciar ese aparato administrativo de más de 20.000 funcionarios que es la Fiscalía, pues vaya y venga. Que incluso nombren a un administrador o un economista. Pero el problema es que el Fiscal tiene que intervenir como parte en procesos penales de alta complejidad. Es el encargado de llevar personalmente las investigaciones que la Fiscalía abre a algunos altos funcionarios del Estado con fuero. En un proceso penal, ¿usted confiaría su defensa o la salvaguardia del interés público a un experto en derecho tributario? Es como permitir que un ortopedista lo opere del corazón.
Pareciera que es el desprecio de la meritocracia. Si el Gobierno ve tan competente a la abogada experta en derecho comercial, ¿por qué no la nombra en la Superintendencia de Sociedades? Ese organismo y el país se beneficiarán de sus conocimientos y experiencia. Pero nominarla como candidata al cargo de Fiscal General de la Nación, ¿no implica obligarla a que en 15 días tenga que volver a estudiar el Código Penal? ¿Cuál va a ser el beneficio institucional que reciba la Fiscalía por el nombramiento? ¿Tener como cabeza a alguien que apenas llegue tiene que aprender cómo funciona el avión que le dieron para pilotar?
Pero no solo es el problema de la experticia para desempeñarse en campos tan especializados. También lo es por los posibles vínculos de los candidatos con personas o grupos con intereses definidos. ¿Qué sentido tiene proponer una terna en la que dos candidatos deben declararse impedidos por sus vínculos presentes o pasados con entidades o personas encausadas judicialmente? ¿Acaso no hay tres juristas en el país con la distancia y la preparación suficientes como para asumir el manejo de la Fiscalía General de la Nación?
Me resisto a creer que, como se está sugiriendo, el Presidente haya propuesto esa terna con el criterio de no molestar al expresidente Uribe. No se puede sacrificar el funcionamiento de la justicia a cambio de quedar bien con un particular. Eso no atiende el interés público. Y menos aún defender el periodo de cuatro años para el próximo Fiscal, pero luego, al acoger el concepto del Consejo de Estado que lo reduce a algo más de uno, comience a sugerir nombres para la terna de la siguiente elección.
Santos no se puede dar el lujo de competir con su antecesor por dejar que, como legado de gobierno, se diga que "en materia de justicia, no se equivocó en ninguna de sus equivocaciones".
Ojalá la Corte Suprema de Justicia corrija el equívoco y solicite a Santos una nueva terna. Debería primar el criterio de la meritocracia. Es mucho lo que está en juego para el futuro del país.
NUEVO SALTO AL VACÍO?
Por: Alfonso Gómez Méndez
¿No urge reflexionar antes que seguir en este endemoniado maremágnum contrarreloj de reformar la justicia?
Ante la vehemencia con que se habla de otra "reforma constitucional" para mejorar la justicia, un colombiano menor de 30 años podría pensar que políticos, presidentes, ministros, congresistas y académicos pasaron por alto algo tan elemental como que contar con un eficiente aparato de justicia implica modificar la Constitución. Pero un ligero repaso de nuestra historia reciente lo sacaría del error.
Para no ir más lejos, en estas andamos desde 1957. En el Plebiscito, argumentando válidamente que la justicia politizada contribuía a encender o acrecentar la violencia política, se modificó, mediante la cooptación, la elección de magistrados, quitándole toda injerencia al Congreso; se estableció la paridad entre liberales y conservadores para ocupar las plazas de magistrados y jueces; y se creó la carrera judicial, que apenas vino a cumplirse hace pocos años.
En 1968 se varió el control constitucional creando la Sala Constitucional en la Corte Suprema de Justicia.
López Michelsen pretendió convocar una asamblea constituyente para ocuparse del régimen departamental y municipal y de la administración de justicia; pero esa "pequeña Constituyente" la "tumbó" la Corte el 5 de mayo de 1978.
Turbay Ayala, con gran peso político, logró la aprobación de la Reforma Constitucional de 1979, en buena parte orientada a reformar el Congreso y la Justicia, por ejemplo creando la Fiscalía General y el Tribunal Superior Disciplinario. Mas este cambio también "murió" en la Corte en 1981.
El proyecto Barco se orientó, entre otros aspectos, a "mejorar" el marco constitucional de la justicia: acción de tutela, creación de la Fiscalía General y del Consejo Superior de la Judicatura.
Y en la Constituyente del 91, tema central fue el 'revolcón' de la justicia. La comisión respectiva la conformaron notables juristas y políticos como Álvaro Gómez Hurtado, Fernando Carrillo, María Teresa Garcés; también participaron Hernando Londoño y Armando Holguín, luego condenado por el 8.000. El hoy ministro Esguerra estuvo en otra comisión, pero fue activo constituyente. La secretaria de esa comisión, como se ha recordado, fue la Fiscal encargada, Marta Lucía Zamora.
Por eso, la Constitución de 1991 sí logró un "vuelco" considerable en la justicia: cambió la forma de elegir magistrados, restringiendo la cooptación y estableciendo un periodo de ocho años sin reelección; asignó funciones electorales a las altas cortes, como elegir Fiscal General y hacer postulaciones, entre otros, para Procurador y Contralor General; creó la Fiscalía General; estableció el Consejo Superior de la Judicatura en sus dos salas, disciplinaria y administrativa, esta última para darle autonomía presupuestal a la justicia; cambió la inmunidad parlamentaria por fuero, en virtud del cual se asignó de manera exclusiva a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia la investigación y juzgamiento en única instancia de los congresistas; permitió que parlamentarios y magistrados quedaran en la condición recíproca de investigados e investigadores; al Congreso de la República le conservó sus "funciones judiciales" para investigar al Presidente, a los magistrados y consejeros de Estado y al Fiscal General, etc.
Una simple comparación entre los temas ahora propuestos como novedosos y los debatidos en el 91 nos llevaría a pensar que coinciden en altísimo porcentaje. La pregunta es, pues, si nos equivocamos en el 91, o casi con idénticos personajes estamos al borde de hacerlo ahora. Porque entonces, como hoy, faltan análisis y profundidad.
¿Cuáles de las reformas propuestas son necesarias para que la justicia sea realmente pronta y cumplida? ¿De qué sirven los cambios en el tratamiento de altos magistrados pero no de jueces y fiscales? ¿No urge reflexionar antes que seguir en este endemoniado maremágnum contrarreloj? Dicho de otra manera, ¿no es hora ya de dejar quieta la Constitución? Parece que sí.
EL ESPECTADOR
VIOLACIÓN A DERECHOS DE AUTOR SERÁ ELEVADA A CONDUCTA PENALIZADA
Así lo establece un proyecto del mininterior que ordena además la destrucción de cualquier 'obra' pirata.
El Gobierno Nacional está buscando acabar con cualquier posibilidad de violación a los derechos de autor.
El ministerio del Interior radicará en la Cámara un proyecto de ley que tipifica como una "conducta penal" el que haga uso de derechos de autor sin ser su propietario.
Esa medida también será aplicada a quien intente hacer uso con fines de exportación de cualquier obra registrada y protegida por derechos de autor.
Además, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que se garantiza que toda obra pirata va a tener que ser destruida.
En el mismo sentido, en el proyecto de ley que implementa el TLC con EE.UU. radicado el martes, se contempla que van a extenderse los derechos intelectuales hasta 70 años, garantizando así, la protección de toda obra intelectual.
Para ese tema en el TLC, los extranjeros gozarán de los mismos derechos que en el país se le brinda a los nacionales en materia de protección de cualquier obra.
DECRETAN NULO EL PROCESO CONTRA 7 IMPLICADOS EN EL REFERENDO RELEECCIONISTA
La Fiscalía cometió irregularidades en la imputación de los cargos contra los miembros del comité que buscaba la reelección.
Una juez de conocimiento decretó la nulidad del proceso judicial que se adelantaba contra siete personas por su presunta participación en las irregularidades que se cometieron en el referendo releeccionista.
Según la decisión judicial se presentó una seria irregularidad en la imputación de cargos contra siete de los nueve implicados en este proceso. Ante esto se tendrá que volver todo el proceso en contra de dos personas, entre las que se encuentra el excongresista Luis Guillermo Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo.
Según el abogado David Espinosa, quien defiende los intreses deLuis Guillermo Giraldo, la Fiscalía tendrá que realizar nuevamente la imputación de los cargos.
El pasado 3 de febrero, los abogados habían pedido la nulidad del proceso al considerar que durante el año que lleva el proceso se han modificado las pruebas y los cargos en su contra, puesto que al inicio todos eran presuntos responsables de los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, pero con el paso del tiempo se modificó este pliego de cargos, y ahora ocho implicados aparecen como cómplices.
"La nulidad se pide porque cambiaron la imputación a la acusación fáctica, a usted no lo pueden decir como dijo un abogado que le pellizco el cachete a una muchacha y luego que le pellizcaron el trasero", manifestó Giraldo.
Para el excongresista uribista es falso que quieran dilatar el proceso que se les adelanta, señalando que los seis aplazamientos que se han registrado en los últimos 12 meses han sido “por culpa de los fiscales, del otros sujetos procesales y por diversas circunstancias”.
El primer aplazamiento se presentó por la no asistencia del representante de la Registraduría, el segundo fue por un cese de actividades judiciales en protesta por el asesinato de una juez en Arauca, después se enfermó el fiscal del caso, posteriormente se murió el papá de la juez que lleva el caso, “por eso nosotros no tenemos nada que ver con esos aplazamientos”.
Y es que el inicio formal del juicio por las irregularidades en el presupuesto para financiar el referendo reeleccionista que buscaba un tercer periodo para el entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez ha registrado diversos aplazamientos que han sido señalados como una “maniobra dilatoria” por parte de los implicados para lograr el vencimiento de términos.
Por estos hechos son procesados Hediel Saavedra Salcedo, Gustavo Antonio Dager Chadid, Cecilia Paz de Mosquera, Juan David Ángel Botero, Álvaro de Jesús Velásquez Cock y David Salazar Ochoa como presuntos cómplices del concurso de delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal que se les endilga a los señores Giraldo Hurtado y Jaramillo Uribe.
ADVIERTEN RIESGO PARA REFORMA A JUSTICIA MILITAR SI NO ES RETIRADO 'ARTICULITO'
De continuar el trámite del artículo del fuero en la reforma a la Justicia, chocaría con la completa reforma radicada el pasado viernes.
Desde la Cámara de Representantes fue advertido que de continuarse tramitando el ‘articulito’ del fuero militar en la reforma a la justicia, se pondría en riesgo la completa reforma a la Justicia Penal Militar que presentó el Gobierno el pasado viernes.
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, dijo que “es inconveniente” que no se retire el artículo que aún sigue en trámite; esto, en medio de la insistencia del Partido de La U y el Partido Conservador por mantenerlo.
“Si hoy estamos en cero (0) ese artículo nos pone en tres (3) y el proyecto integral nos pone en ocho (8); el artículo entra a chocar porque toca los mismos temas de la solución y por eso pensamos que debe ser retirado”, explicó Gaviria. En la bancada liberal se recuerda que la solución actual es integral y superior.
“Si viene puede ser visto como un homenaje o un gesto simbólico, resulta insuficiente a la hora de solucionar los problemas de los uniformados”, agregó.
A su turno, el ponente de la reforma a la Justicia Penal Militar, Alfonso Prada Gil, calificó de “ridículo” que el Congreso apruebe un artículo en junio y otros tres artículos sobre el mismo tema en octubre.
“Me parece que esperar 4 meses ni desestimula a la Fuerza Pública, ni desorienta a la Justicia Penal Militar, pero en cambio aprobar artículos sobre el mismo tema, confunde a la totalidad de los colombianos”, aseguró el representante del Partido Verde.
Reparos de La U a la reforma a la Justicia Penal Militar
El Partido de La U presentó este martes serios reparos al proyecto de reforma a la Justicia Penal Militar que radicó el pasado viernes el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
Pese a que el mismo presidente de la colectividad, senador Juan Lozano Ramírez, acompañó al alto funcionario en la presentación, se conoció que ese partido tiene objeciones frente al articulado.
Antes de ingresar a una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, varios legisladores aseguraron que "no vamos pupitrear" el proyecto.
Varias de esas preocupaciones de La U son presentadas al mandatario en la cita de este medio día.
Reparos de La U:
No es claro cómo operará el tribunal de garantías de los miembros de la Fuerza Pública.
Defensoría técnica de los militares no está especificada cómo operará.
Cómo fungirá la comisión mixta que definirá la competencia de la justicia militar u ordinaria en los casos en contra de militares.
MAR DE COINCIDENCIAS Y DE APARIENCIAS
Por: Cecilia Orozco Tascón
2 de mayo de 2011. Juan Manuel Santos citó a los reporteros a una intempestiva rueda de prensa. La imagen resultó atractiva porque, en lugar del atril del mandatario, había una gran mesa cuyas sillas estaban dispuestas simbólicamente.
A los lados del presidente, la fiscal y la contralora. Después, una delegada de la Procuraduría, el director de la Policía y el ministro de Protección Social. Santos inició la sesión: “Queremos anunciar un golpe a la corrupción, producto de una política y de un convencimiento”. Continuó: “Para combatir ese flagelo se creó una unidad especial... y con la contralora, la fiscal y el procurador, una fuerza de tarea de todo el Estado”. Según él, “escogimos el sector de la salud, en donde está incrustada una verdadera mafia”. Oficialmente, ése fue el momento en que empezó a desentrañarse el gigantesco desfalco que sufrió el sistema a costa de los enfermos. Viviane Morales reveló los resultados de una indagación “realizada en menos de dos meses”, y la captura de una banda de empleados de niveles bajo y medio que se habría quedado con $30 mil millones, poco para los billones perdidos, de acuerdo con lo dicho por Santos.
3 de mayo de 2011. Se realizó, por fin, un debate en el Congreso que el senador opositor Jorge Robledo preparaba, desde enero, contra el ministro de Protección por la falta de control de los recursos de la salud. El debate había sido aplazado, por mera casualidad, en cuatro oportunidades por el presidente del Parlamento, miembro de la coalición de gobierno, hasta cuando, por otro azar, el mandatario hizo su declaración. El ministro, cuya displicencia frente al tema quedó plasmada en sus respuestas, tuvo que escuchar esa noche cómo la EPS SaludCoop cobró sobreprecios en los medicamentos por $825 mil millones mientras pedía autorización a la Superintendencia para convertir en patrimonio propio otros $600 mil millones de los dineros públicos del sistema.
Resto de 2011. La bandita descubierta por la Fiscalía fue encarcelada; el multimillonario presidente de SaludCoop, Carlos Gustavo Palacino, fue separado de su cargo, pero continuó gozando de libertad; se ordenó la intervención de la EPS. Sin embargo, una abultada tutela cuyo autor anónimo —que debe cobrar mucho— descubre su superioridad jurídica en el texto, logró devolverla a sus antiguos administradores por un lapso; la prensa reveló otros detalles: el actual ministro de Hacienda gozó, como consultor privado, de un contrato con SaludCoop por el que recibió un pago de $150 millones. Un hermano del ministro del Interior se benefició con cuantiosos emolumentos de esa EPS. El ministro de Protección pasó de agache y hoy es el director de Planeación.
13 marzo de 2012. El presidente divulga su terna para la Fiscalía. Selecciona al jurista más costoso de SaludCoop, un brillante abogado que, en el ejercicio libre de su profesión como particular, recibió $5 mil millones de remuneración. En un gesto que hay que reconocer en el reino de la mentira, el candidato, el más seguro elegido de la Corte Suprema, acepta que recibió esa suma de SaludCoop y que es amigo personal de Palacino y copropietario de Villa Valeria (www.noticiasuno.com). Como lo contó Diana Calderón, directora informativa de Caracol Radio, también ha tenido contratos con la anterior y actual Presidencia de la República por $1.500 millones. Sorpresa: después de casi cuatro años de discusión por preservar la autonomía de la Rama Judicial y de uno de la rueda de prensa, el mandatario postula a fiscal a un importante asesor de Uribe, suyo y de Palacino. Una segunda aspirante, con méritos en un área diferente, es la hermana de su consejero de Comunicaciones. Y la tercera es estupenda profesional en otro campo. Recuerdo que el jefe de Estado inauguró su mandato con la promesa de “respetar la independencia de la Justicia”. Debe ser cierto. Lo demás, un simple mar de coincidencias... y de apariencias.
LA PROCURADURÍA
Por: Rodrigo Lara
El profesor Rodrigo Uprimny escribió en estas mismas páginas una interesante columna sobre la Procuraduría General de la Nación, que tituló con una sugestiva pregunta: "¿Sobra la Procuraduría?".
Uprimny señala en su columna la redundancia institucional de este gigantesco y poderoso órgano. Precisa que desde la Constitución de 1991, las competencias de la Procuraduría dejaron de ser imprescindibles debido a que se crearon instituciones que cumplen sus mismas labores pero con mayor criterio de especialidad, a saber: la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Es más bien extraño encontrar en otros lugares un órgano autónomo dedicado a ejercer la vigilancia disciplinaria de los funcionarios públicos. Por regla general, los Estados modernos cuentan con cuerpos internos de inspección y vigilancia dedicados a cumplir esta tarea.
El mismo origen histórico de la Procuraduría delata su redundancia actual. En efecto, esta figura, tal como se concibió y como ha existido a lo largo de la historia, nunca ha sido un órgano externo a la Rama Ejecutiva.
La monarquía rusa acuñó la figura del ‘procurator’, un delegado del zar en las provincias del imperio, dedicado a vigilar a los funcionarios y atender las quejas de los ciudadanos contra los excesos de sus mandarines. La figura fue acogida por la corona sueca, con las mismas funciones y con el mismo nombre que en la vecina Rusia; más adelante, en el siglo XX, a este funcionario sueco le cambiaron su nombre por el de ‘ombudsman’, figura adoptada por el derecho comparado para proteger los derechos humanos y recoger las quejas de los ciudadanos contra los abusos de la administración, tal como lo hicimos aquí en 1991 con la creación de la Defensoría del Pueblo.
El imperio español también importó la figura del procurador para vigilar y controlar a los funcionarios coloniales. Se trataba de un funcionario de confianza del rey, encargado de vigilar las cuentas y el comportamiento de la burocracia colonial, como también de atender las quejas y reclamos contra la misma por parte de los sujetos del rey. Es de recordar que Fray Bartolomé de las Casas fue nombrado procurador de indios para defender a los indígenas contra los abusos.
En Colombia esta figura curiosamente compite con el poder disciplinario que tiene el superior jerárquico de una entidad pública sobre sus subalternos. El poder disciplinario se predica de la superioridad jerárquica, por lo que es difícil entender que aquí lo ejerza un órgano autónomo. Por algo el presidente de la República, al ser la máxima autoridad administrativa, como reza la Constitución, es también máxima autoridad disciplinaria sobre sus subalternos.
En los Estados Unidos el control disciplinario lo cumple un funcionario del Gobierno Federal llamado ‘inspector general’. En las administraciones de Europa continental, por lo general, la vigilancia disciplinaria la llevan a cabo los llamados ‘cuerpos de inspección general’, órganos que también pertenecen a las administraciones centrales.
EL NUEVO SIGLO
LA POLÍTICA CRIMINAL
Aceptado por el presidente Juan Manuel Santos que la terna para Fiscal es de algo más de un año, varios pueden ser los resultados en la elección que haga la Corte Suprema de Justicia. Hubo una época en que se sugirió la necesidad de que el Fiscal fuera penalista. En realidad en ninguna parte en la Constitución se habla de ello, pero evidentemente en el reglamento interno de la Corte se dice que se debe escoger a la persona más idónea. En tal sentido, algunos interpretaron que tal característica significa un experto en Derecho Penal. No obstante, nunca hubo consenso en esa materia y, en efecto, posteriormente se seleccionó a una constitucionalista como Viviane Morales para desempeñar el cargo. Es decir, que definitivamente no es requisito sine qua non el carácter de penalista.
Por el contrario, algunas veces los abogados penalistas, que los hay muchos y muy buenos en el país, tienen sus propios pleitos ante el organismo criminológico y por lo tanto los intereses de sus clientes no se compaginan con la posibilidad de ejercer el cargo. En efecto, en una nación que se viene caracterizando por la criminalización las oficinas de los abogados criminalistas suelen estar repletas de pleitos. El día, por el contrario, que existan menos litigios penales significará que el país ha cambiado su tejido social. Ciertamente, cuando hay mayoría de pleitos civiles o administrativos, que no penales, querrá decir que la sociedad ha modificado su manera de resolver las fricciones y pugnas normales a cambio de lo que sugiere un país penalizado.
El hecho, en todo caso, es que no necesariamente para ejercer la Fiscalía hay que ser penalista. En su momento, además, se adujo que por haber cambiado el sistema acusatorio hacia la oralidad era indispensable que el Fiscal fuera de este ramo jurídico. Paulatinamente, como se dijo, ese concepto fue desechado. Finalmente el Derecho Penal encarna, aparte de una técnica, una filosofía que en la mayoría de los casos es enseñada durante varios años en el currículo general del Derecho. Las técnicas, por su parte, son de fácil adquisición para quien está imbuido de los principios fundamentales de la Judicatura, que son los que verdaderamente cuentan.
No hay en la actual terna especialistas en Derecho Penal, salvo uno. Las dos mujeres tienen más carácter administrativo y comercial, lo cual en modo alguno las desestima para ejercer las funciones. Es posible, por el contrario, que la Fiscalía requiera, en sus más altas instancias, una orientación de la política criminal, mientras que en las oficinas subsiguientes pueda ello desarrollarse operativamente. Es decir, que la clave está en la armonización que el Fiscal pueda hacer de la política criminal con el Ejecutivo y las otras ramas del Poder Pblico, mientras que sus subordinados son los encargados de llevarla a cabo.
Es en tal sentido, precisamente, que se requiere un Fiscal en consonancia con el Ejecutivo. Si bien la Constituyente determinó que el Fiscal hace parte de la Rama Judicial, nunca como en este caso es tan clave su colaboración con el Presidente de la República, a quien corresponde todo lo atinente al mantenimiento del orden público. Siendo así es lógico que, para los efectos, el Ejecutivo actúe en consonancia con la Fiscalía. El orden público no es solamente enviar a militares y policías a atacar la delincuencia, sino el castigo de la misma, que corresponde a la Justicia. En ello juega papel fundamental el recaudo y evaluación de la prueba, que es la labor sustancial de la Fiscalía, y en esa dirección esta dependencia resulta eslabón básico en el mantenimiento del orden público.
Puede el Fiscal, por tanto, tener un equipo de primera línea en ello. Lo que interesa fundamentalmente es la orientación que pueda darse en la política criminal y mantener y auspiciar la línea estratégica en tal sentido. Cualquiera de la terna puede hacerlo y para ello no se requiere la especialización de penalista, sino llevar a cabo los criterios criminológicos consecuentes.
¿REFORMA A LA JUSTICIA DA PODERES EXTRA AL EJECUTIVO?
Para el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, consideró que al aprobar esta reforma a la justicia lo único que se va lograr es extender poderes al presidente Juan Manuel Santos para conformar las Cortes.
“Daremos el debate para que este ‘engendro’ en la justicia no se apruebe y esperamos que otras fuerzas políticas, al igual que la academia, se unan a este propósito”, manifestó el congresista. “Esto no será tarea fácil, el Gobierno tiene una ‘aplanadora’ democrática en el Congreso; un Congreso sometido, en donde el 95 por ciento de quienes lo integran saltan por el lado que los ponga a saltar el Presidente”, anotó.
Robledo también dijo que la reforma planteada no busca que a Colombia llegue una “justicia cumplida”, sino que lo que quiere es lograr una “justicia de bolsillo” que sea controlada, en este caso, por el presidente Santos.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, defendió la reforma aclarando que no está ambientando un desequilibrio de poderes y dijo que cree en “las bondades de la reforma”.
“No creo que pueda afirmarse, como algunos han dicho, que ella esté descomponiendo el equilibrio en los poderes por estar fortaleciendo al Ejecutivo o el Legislativo. Si se mira con cuidado y desapasionadamente se ve que hay el deseo de arreglar problemas, de corregir algunas fallas estructurales que solo la experiencia demostró que eran fallas, pero no por supuesto el propósito de descomponer la armonía en los poderes”, explicó.
Esguerra recalcó que la reforma no tiene ningún espíritu “revanchista” y que por eso mismo ese tema se debía enfrentar con grandeza, dejando de lado todas las pasiones y dirigiendo el proyecto únicamente hacia el bien del país y de la justicia.
“Las Cortes participaron de todas las discusiones y nunca expresaron estar en desacuerdo con el texto como todo, ni con que hubiera reforma. El mismo Gobierno ha expresado discrepancias sobre aspectos concretos. Eso no puede traducirse en que la reforma quede expósita o se entierre”, afirmó.
CARACOL RADIO
CORTE PIDE AL CONGRESO ASIGNAR RECURSOS 'ANTES DE QUE LOS CRIMINALES LE TOMEN VENTAJA A LA JUSTICIA'
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Javier Zapata, pidió al Congreso de la República designar todos los recursos necesarios para suplir las necesidades en el sistema judicial “antes de que los criminales le sigan tomando ventaja a la justicia”.
”Ojalá los poderes Ejecutivo y Legislativo, en quienes está la decisión política de fijar los recursos de la Rama Judicial, no regateen en torno a los indispensables para poner a funcionar la justicia oral a lo largo y ancho del país”, afirmó el presidente de la Corte.
El magistrado señaló en este momento es necesario fortalecer el trabajo de la Fiscalía General de la Nación para tener más éxito en las investigaciones.
También cuestionó que en varias ciudades no haya salas de audiencias que permitan el funcionamiento del sistema oral de justicia.
Explicó que es necesario tener más investigadores de Policía Judicial y la creación de un sistema de información y un expediente electrónico, elementos que según él deben ser ”el punto de mira de cualquier reforma”.