República de Colombia
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Boletín de prensa 26 de julio de 2011
EL TIEMPO
LLEGÓ EL DÍA CLAVE PARA EL MATRIMONIO GAY EN COLOMBIA
La Corte Constitucional tiene plazo hasta hoy para definir demanda que busca legalizarlo.
Los nueve magistrados de la Corte Constitucional tendrán que enfrentarse este martes a uno de los temas más polémicos sometidos a su juicio en el último año: el matrimonio entre parejas homosexuales.
La discusión, como lo reveló ELTIEMPO.COM hace tres semanas, arranca con ponencia negativa del magistrado Gabriel Mendoza a la demanda que pretende tumbar la definición de matrimonio que está vigente en Colombia desde 1887. Allí se define matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y las organizaciones que demandan ese artículo del Código Civil sostienen que es una discriminación contra miles de parejas del mismo sexo.
El año pasado, la Corte se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre la misma demanda, por razones de forma.
Ahora, con una demanda reforzada, grupos que defienden los derechos de los homosexuales creen que en esta ocasión los magistrados están obligados a decidir.
Según fuentes cercanas a la Corte, cobra fuerza la posibilidad de que los magistrados ordenen al Congreso legislar sobre el matrimonio gay.
'No hay prueba de trauma en hijos de estas parejas'
Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.
¿Por qué debería aprobarse el matrimonio gay?
Si Colombia ha aportado a la construcción pluralista de los derechos de las parejas del mismo sexo, debe regular el matrimonio en forma igualitaria, y reconocer su derecho a contraerlo.
Ya existe la unión marital de hecho para estas parejas. ¿Para qué el matrimonio?
Para que se garantice protección en una unión marital se requiere una convivencia de un mínimo de tiempo, mientras que la protección que da el matrimonio es inmediata.
¿Qué piensa de la posición en contra que tiene la Iglesia?
Está basada en prejuicios contra la opción homosexual. No hay evidencia de que niños criados con parejas del mismo sexo sufran traumas o problemas. Y es claro que las parejas del mismo sexo que se aman logran construir relaciones estables. Entonces, no hay razón para privarlas del derecho a casarse.
Los homosexuales dicen que los maltratan...
Lo que se pide es que se reconozca que hoy las familias son diversas, y algunas, que están formadas, quieren casarse. Es cruel y discriminatorio impedirles que lo hagan.
'Ni hombre con hombre, ni mujer con mujer'
Juan Vicente Córdoba, vocero del Episcopado
¿En qué basa la Iglesia su posición contra el matrimonio de parejas del mismo sexo?
La Constitución establece que el matrimonio es el conformado entre un hombre y una mujer, que se complementan en una unión procreativa para conservar la especie. Reafirmamos nuestra defensa de la naturaleza auténtica y los derechos inalienables de la familia, fundada en el amor y el compromiso de un varón y una mujer.
Los gays exigen el matrimonio como un derecho...
La Iglesia no los ataca. Que vivan sus vidas, que tengan sus uniones, los respetamos. Pero son palabras mayores cambiar realidades como el matrimonio.
Hay parejas homosexuales con hijos...
La justicia no consiste en darles a todos lo mismo, sino en darle a cada uno lo que necesita. Hombre con hombre y mujer con mujer no cumplen con los requisitos para formar una familia. Los niños que crezcan con estas parejas van a tener problemas de identidad.
¿Cuál es el llamado que la Iglesia le hace a la Corte?
Que no cambie la Constitución. No es de su incumbencia modificar las leyes, eso le corresponde al Legislativo.
PROYECTO DE LEY PROHÍBE FUMAR EN VÍAS PÚBLICAS
La norma propuesta por el Ministerio del Interior, podría ser objeto de una profunda polémica en el Congreso.
El Gobierno radicará en el congreso un nuevo proyecto de estatuto de estupefacientes.
Un proyecto de estatuto de estupefacientes que el Gobierno radicará este martes en el Congreso impondrá niveles de restricción severos al consumo de tabaco y de sustancias sicoactivas y alcohólicas.
La propuesta tiende a controlar la producción, comercio, almacenamiento y consumo de todo tipo de sustancias que alteren las condiciones normales del individuo.
Los fumadores de tabaco serán unos de los más afectados, si se aprueba esta ley. Este prohibirá el consumo de tabaco y sus derivados en vías, parques y plazas públicas, entre otros lugares de interés.
Los sitios públicos vedados para el consumo de cigarrillo serán definidos de manera expresa por la ley, así: "Centros educacionales, asistenciales, culturales, recreativos, vacacionales, deportivos, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares, las naves, aeronaves y cualquier vehículo de transporte público y de servicio empresarial, las oficinas públicas, los restaurantes, bares, tabernas, pubs, discotecas, hoteles, parques, plazas, vías públicas y aquellos donde se celebren espectáculos, diversiones públicas o actividades similares"
Las personas que fumen cigarrillo mientras se desplazan de un lugar a otro, o esperen a alguien en un parque o vía pública, definitivamente ya no lo podrían hacer.
La norma propuesta por el Ministerio del Interior, que podría ser objeto de una profunda polémica en el Congreso, también prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en estadios, salas de cine, teatros y "cualquier otro recinto con acceso al público o dedicado a actividades culturales o deportivas".
En la actualidad una bebida alcohólica es la patrocinadora de la Selección Colombia de fútbol y algunos equipos del torneo rentado de este deporte tienen patrocinio de empresas licoreras. Inclusive, los jugadores suelen llevar en sus camisetas avisos alusivos a estos productos.
Con la Ley Antitabaco, aprobada en 2009, se suprimió la publicidad de cigarrillos en eventos deportivos.
Una de las bebidas que más se consumen en fiestas y discotecas, los denominados energizantes, también tendrían restricciones. Según este proyecto, estas sustancias no se podrán almacenar en máquinas dispensadoras, ni vender mezcladas con alcohol, ni a menores de edad.
Las personas que estén bajo los efectos de sustancias "en estado de grave exaltación o alteración de sus condiciones físicas, emotivas o cognitivas", podrán ser retenidas de manera transitoria, previa valoración médica.
Otros puntos clave de la iniciativa
- El gobierno creará instituciones de paso en las que ex adictos puedan apoyarse para una vida normal.
- Minsalud evaluará incluir en el POS el tratamiento contra uso indebido de sustancias psicoactivas.
- Habrá áreas para cultivar plantas de las cuales se produzcan sustancias psicoactivas con fines lícitos.
- Se reglamentará mediante consulta previa los cultivos de coca necesarios para usos tradicionales de poblaciones indígenas
- Las autoridades a cargo de la erradicación de cultivos ilícitos deberán hacer consulta previa a las comunidades indígenas, para realizar intervención.
- Cuando se promuevan pactos de erradicación de cultivos ilícitos con comunidades, los funcionarios estatales serán eximidos del deber de denuncia.
- Las penas previstas en esta norma se reducen a la mitad para quienes participan solo en la fase de recolección.
- Toda persona, no médico, que induzca a un deportista al dopaje, incurrirá en prisión de 1 a 5 años.
- Quien induzca a un menor a consumir sustancias sicoactivas, podrá incurrir en penas privativas de la libertad entre 8 y 18 años.
- Se crea el Grupo de Comisión Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas CNRDD, que tendrá como tarea principal reducir el consumo de estas sustancias.
- Consejo Seccional y Distrital de Drogas. Funcionará en todos los departamentos, distritos y capitales departamentales. Deberá velar porque se cumplan las políticas, planes y programas dictados por el Consejo Nacional de Políticas contra las Drogas;
- Observatorio de Drogas de Colombia (ODC). Será administrado por el Ministerio del Interior y será la fuente oficial del Estado en materia de drogas y deberá reportar información sobre la problemática de la droga y las actividades relacionadas,
- Certificado de Carencia de Informes por Tráfico ilícito de Sustancias Psicoactivas. Será obligatorio para la matricula de aeronaves o barcos, para licencias de los mismos y para el transporte terrestre de algunas sustancias químicas.
HETEROSEXUAL: GARANTÍA DE ORDEN, DESARROLLO Y SUPERVIVENCIA
Enfrascados Corte Constitucional, Congreso de la República, Iglesia Católica en el debate por legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, un reducido grupo de personas pretende colocar a Colombia en el escenario de los 15 países que entran en esa onda.
Aquí no se trata de salir o no del closet. No. Los homosexuales siempre han existido y por siempre existirá como un grupúsculo que es mirado como raro que genera no solo murmuraciones sino hilaridad y, en algunos casos, motivos de burla.
Esa no es la moda de la mayoría de los colombianos.
Tanto así que los mismos homosexuales en algunos sectores son los encargados para que la sociedad los discrimine y se mofe. El vulgo popular los (as) denomina 'locas' y no escatiman otros epítetos para ridiculizar el gusto por el mismo género.
Ahora bien, si es por un reconocimiento social y económico, siempre serán vistos como una especie que la mayoría de los estratos de la población colombiana los mirara y aceptaría a regañadientes pero con desconfianza en el escenario familiar.
Eso siempre ha pasado, pasa y pasará en la historia de la humanidad aquí y hasta en las sociedades más abiertas que la colombiana o si no, no protestarían por que los discriminan, por ejemplo, en los países del norte de Europa en donde hasta los apedrean y la policía es más ruda contra los homosexuales que se desbordan en público.
¿Quieren estar protegidos y tener las mismas garantías que los demás miembros de la sociedad humana heterosexual? La legislación colombiana les brinda los mismos derechos.
Es solo mirar cómo los mismos homosexuales se aíslan del resto de la sociedad, cómo protagonizan locuras por las zonas de diversión en las principales ciudades capitales y en las pequeñas se mantienen en el closet por vergüenza. Es decir, no están preparados para estar a la moda.
Recientemente un senador colombiano, omito su nombre precisamente por respeto al llamado libre desarrollo de la personalidad, se sintió perseguido por el autor de este blog al ser primero consultado para emitir una opinión sobre el uso de las redes sociales con videos y fotos con pornografía.
"Respete mi mariconería. Usted vive obsesionado como mi mariconería. Debe tener un marica por dentro", gritó desesperado en el Recinto del Senado de la República.
Es una demostración de que no hay madurez con la condición homosexual en público porque todo les parece persecución.
Sería uno de los que votaría legislativamente el proyecto que contiene la idea homosexual de establecer en Colombia el matrimonio entre personas del mismo género en caso que la Corte Constitucional decida 'tirarle' esa pelota al Congreso de la República.
No creo que se declare impedido.
Sigan 'alegres', divertidos (as), hagan los que se les dé la gana con su intimidad pero no destruyan la familia constituida por un varón y una hembra.
LOS HOMOSEXUALES NO GARANTIZAN EL ORDEN, EL DESARROLLO Y LA SUPERVIVENCIA DE LOS HUMANOS.
Sin acomodos
P. Pedro F. Mercado Cepeda*
La Iglesia no es enemiga de nadie: no estar de acuerdo con ciertas reivindicaciones jurídicas no significa querer excluir o discriminar a quienes las demandan.
La posición de la Iglesia sobre los debatidos temas del matrimonio y de la adopción homosexual ha querido ser la más respetuosa de la dignidad y de los auténticos derechos de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna. No en vano, en múltiples oportunidades, los obispos colombianos han condenado todo eventual acto de maltrato social o de violencia contra las personas homosexuales y han reafirmado el pleno reconocimiento de su igual dignidad ante Dios y ante la ley.
Sin embargo, en no pocas ocasiones, estas manifestaciones de sincera cercanía pastoral han sido amordazadas por el deseo de algunos de avivar sin razón el ardor de la polémica. La Iglesia no es enemiga de nadie: no estar de acuerdo con ciertas reivindicaciones jurídicas no significa querer excluir o discriminar a quienes las demandan. Como ellos mismos, en una sociedad multicultural y democrática como la nuestra, respetuosa de la libertad de opinión, la Iglesia y sus miembros tienen el derecho y el deber de proclamar sus valores como contribución al bien común.
Y es que la voz de la Católica, a la que recientemente se han unido más de 300 líderes religiosos y más de una docena de asociaciones civiles, no ha hecho más que reafirmar, con claridad y respeto, que no puede constituir un verdadero matrimonio o una verdadera familia el vínculo de dos hombres o dos mujeres y mucho menos se puede pretender atribuir a esa unión el derecho a adoptar menores de edad. ¿Dónde está el escándalo?
Con estas afirmaciones, la Iglesia no ha pretendido imponerse con la fuerza de sus 'mayorías'; ha querido simplemente participar en el debate público exponiendo sus razones. Razones que no han sido exclusivamente de orden religioso y moral: obispos y fieles han aportado enjundiosos contenidos jurídicos, éticos, psicológicos y sociales a la discusión.
A decir verdad, hoy son otros quienes de facto se imponen, utilizando la omnipotencia de sus políticas y fondos internacionales, amparándose en el apoyo de importantes conglomerados económicos y mediáticos, aprovechando al máximo la excesiva concentración de poder de ciertas instituciones y el disipado criterio ético de algunos pocos ciudadanos y partidos políticos. El resultado: un soterrado pero muy diligente proceso de reingeniería social tendiente a transformar, en profundidad, los valores ciudadanos, públicos y privados.
En esta nación nuestra, los valores éticos de la mayoría de los ciudadanos han sido progresivamente transmutados en los valores de una selecta minoría para la cual casi todo parece ser relativo, desde la vida humana hasta las matemáticas. Sumando, restando, multiplicando y dividiendo las cuentas me han parecido siempre sospechosas: 3 o 4 deciden por 45 millones. ¿Tendrá remedio este desbarajuste?
Prefiero dejar de lado, ante la inminencia de una decisión trascendental para el país, los guarismos y los silencios de la política para unirme a la voz de los obispos y de millones de compatriotas, reiterando que la naturaleza de la familia exige la complementaria correlación biológica y afectiva de un hombre y de una mujer. Me hago así portavoz, in extremis, no solo del Evangelio sino de la Constitución Nacional, que, en su espíritu como en su letra, proclama la familia, formada por varón y mujer, como núcleo fundamental de nuestra sociedad. Portavoz de la veinteañera Constitución, la misma que todos los colombianos, todos, estamos llamados a respetar, acatar e interpretar sin acomodos. Oremos por esta intención.
EL ESPECTADOR
MATRIMONIO GAY EN COLOMBIA
Plantean permitir adopción de menores a parejas del mismo sexo
El representante Iván Cepeda es el primer político colombiano que pidió esa posibilidad a la Corte Constitucional.
A escasas horas de que la Corte Constitucional tome una decisión sobre el matrimonio en parejas del mismo sexo, un importante sector de opinión del Polo Democrático Alternativo defendió esa posibilidad.
El representante a la Cámara por Bogotá, Iván Cepeda Castro, afirmó que las parejas conformadas por personas homosexuales deben gozar de los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales.
En ese sentido, aseguró que la "ampliación de libertades es el camino hacia la construcción de la democracia.“
Para el legislador, un Estado social de derecho debe reconocer el derecho de las personas homosexuales a casarse. Y fue más allá al advertir que a los homosexuales se les debe permitir adoptar hijos y constituir una familia de acuerdo con sus convicciones y elecciones personales.
Cepeda consideró que tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en su jurisprudencia, "está proscrita" toda forma de discriminación en razón de la orientación sexual, y todas las parejas gozan de los mismos derechos y beneficios, y tienen las mismas cargas, independientemente de si se trata de parejas heterosexuales o parejas homosexuales.
Para antes de que termine este martes, se espera el fallo de la Corte para saber si en Colombia habrá matrimonio entre homosexuales.
ABORTO EN COLOMBIA
Cinco millones de firmas respaldan volver a penalizar aborto, sin excepciones
La Iglesia Católica y el Partido Conservador radicarán el proyecto de reforma constitucional el martes de la próxima semana.
Jóvenes colombianos han protagonizado en los últimos años varias protestas en contra de la legalización del aborto.
Aborto: la amenaza de un retroceso
El Partido Conservador, apoyado por la Iglesia Católica, informó que tiene ya listas cinco millones de firmas de ciudadanos que se oponen a la práctica del aborto, hasta en las excepciones permitidas.
El senador José Darío Salazar, promotor del acto legislativo, dijo que ésta “es la expresión de la sociedad para que el Congreso legisle sobre ese tema”.
“Esas firmas dicen claramente que la población está en contra del aborto”, recalcó el legislador.
Para Salazar "la vida del que está por nacer es inviolable (…) no importa que ese ser humano que está en gestación no llegue a nacer, su vida es inviolable".
El texto que presentarán los conservadores es:
"La vida en Colombia es inviolable, y tendrá la misma protección a partir de la fecundación hasta la muerte natural"
Cabe recordar que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C 355 de 2006 avaló despenalizar el aborto, siempre y cuando el embarazo sea resultado de violación, haya peligro latente para la salud de la madre y haya prueba científica de malformación del feto.
MATRIMONIO SÓLO PUEDE SER ENTRE HOMBRE Y MUJER, SEGÚN CONSERVADORES
El presidente del directorio 'azul', senador José Darío Salazar, no cree que la Corte falle a favor de esa posibilidad. Este martes habrá decisión.
El presidente del Partido Conservador, senador José Darío Salazar, habló de la oposición al matrimonio entre parejas del mismo sexo.
A un día de que la Corte Constitucional falle sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el Partido Conservador se sumó a las voces de rechazo que desde la Iglesia Católica se dieron en contra de esa posibilidad.
El presidente del directorio ‘azul’, senador José Darío Salazar, dijo que “la Constitución dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer; qué pueden fallar diferente a lo que diga la Constitución”.
En ese sentido, aseguró en varias ocasiones tener la “absoluta seguridad” de que no se fallará positivamente la demanda en la Corte porque “sería una inconsecuencia”.
“Ellos (la Corte) que son el guardián de la Constitución y no pueden cambiarla ni pueden violentarla pues su obligación es preservarla”, recalcó.
Para Salazar el autorizar el matrimonio gay sería prácticamente “coger a patadas la Constitución”.
Por eso, recordó que “somos los que más nos apegamos a la Constitución”.
Se espera que este martes la Corte falle sobre la demanda que pide autorizar los matrimonios en parejas del mismo sexo.
Frente al tema, la Iglesia Católica insistió en que el "matrimonio entre un hombre y una mujer es dictado por Dios".
El secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan Vicente Córdoba, aseguró que “el pedido a ese tribunal es que no nos cambie nuestra constitución”.
ESTE MARTES SE DECIDIRÁ FUTURO DE MATRIMONIOS HOMOSEXUALES EN COLOMBIA
La trascendental decisión debe tomarla la Corte Constitucional.
En Colombia las iglesias ya se pronunciaron por el no.
A pocas horas de que el pleno de la Corte Constitucional tome una decisión de fondo sobre permitir o no el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el clima entre contradictores y seguidores de la propuesta continúa crispado.
Mientras el Partido Conservador y la Iglesia Católica emitieron un comunicado en que reafirmaron su rechazo al matrimonio homosexual y aseguraron que el matrimonio en Colombia sólo puede ser entre hombre y mujer, José Darío Salazar, presidente del conservatismo, sostuvo que “la Corte es el guardián de la Constitución y permitir el matrimonio gay sería agarrarla a patadas”.
Por su parte, el representante liberal Guillermo Rivera advirtió que “la existencia de parejas del mismo sexo es una realidad de la humanidad” y que al ser nuestra Constitución laica no es posible convertir postulados religiosos en mandatos jurídicos y agregó que el Partido Conservador está alentando la homofobia.
A escasas horas de la sentencia, aunque puede haber cambios en medio del debate, según los entendidos y de acuerdo con los antecedentes de sus pronunciamientos, ya se advierten algunas cartas. Por el sí estarían María Victoria Calle y sus colegas Luis Ernesto Vargas, Iván Palacio y el actual presidente de la corporación, Juan Carlos Henao. En contra, Gabriel Mendoza, ponente, Nilson Pinilla y Jorge Pretelt. En tal caso, la decisión estaría en manos de los magistrados Humberto Sierra y Mauricio González, a quienes se advierte indecisos. En su más reciente decisión sobre este tema, el alto tribunal amparó el derecho a heredar entre parejas del mismo sexo.
EL URIBISMO DE SANTOS CON LA DOSIS PERSONAL
Por: Daniel Pacheco
A pesar del cambio en la retórica, el Gobierno actual quiere terminar de acabar con la dosis personal, en un esfuerzo solapado de continuidad con las políticas de drogas uribistas.
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El primer paso se dio con la modificación del artículo 376 del Código Penal, como parte del paquete de reforma conocido como Ley de Seguridad Ciudadana. Allí eliminó por completo la excepción de cárcel a las personas que tuvieran una dosis personal.
Si hoy un fiscal quisiera implementar la norma estrictamente, podría iniciar un proceso penal contra una persona que haya sido encontrada con un porro, una papeleta de basuco o un gramo de perico, que podría terminar en un tiempo de cárcel de entre 10 y 30 años.
El segundo paso lo quiere dar con la nueva reforma al Estatuto Antidrogas, que será presentada, según dijo el ministro Vargas Lleras desde México, esta semana. En esas mismas declaraciones, el jefe de la cartera política, que estaba acompañado del de la cartera de Defensa, dijo que el nuevo estatuto era una forma del Gobierno de adaptarse a los narcos, y resaltó como el gran logro del proyecto la adición de drogas sintéticas y nuevos químicos precursores en la lista de sustancias prohibidas. En este Estatuto, de nuevo brilla por su ausencia cualquier mención a la dosis personal.
Mi insistencia por conservar la figura de la dosis personal es mucho más que un saludo filosófico al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía del individuo. La dosis personal es la única figura objetiva para determinar si una persona es consumidora o traficante de drogas. Y este es el punto central para distinguir entre lo que debe ser tratado como un asunto de salud pública y lo que debe ser parte de una política criminal.
A pesar de esta dirección en la política del Gobierno, que complementa muy bien lo que el anterior había logrado con su reforma constitucional prohibiendo el uso y porte de drogas, el presidente Santos y algunos funcionarios se permiten declaraciones públicas que los ponen en el club de figuras mundiales progresistas de moda en el tema de drogas.
El último en este club fue el embajador ante el Reino Unido, Mauricio Rodríguez, quien es citado extensamente en un artículo de The Observer. “Tenemos que volver a empezar de cero, con una solución global y un enfoque totalmente nuevo”. Eso no es lo que se está haciendo en Colombia, señor embajador.
De nuevo, las esperanzas de una política más sensata recaen sobre la Corte Constitucional. Aunque una primera demanda de inconstitucionalidad contra la reforma de Uribe ha sido negada, existen otras dos admitidas que no han sido votadas. Una de ellas, creo yo, tumbará la prohibición a la dosis mínima.
Cuando eso suceda, seguramente las dos reformas que menciono arriba se caerán en efecto dominó y el gobierno tendrá la obligación de hacer realmente lo que dice que está haciendo: empezar de cero, con menos ruido y más nueces.
EL NUEVO SIGLO
CONTRA LA PARED EPS MOROSAS CON HOSPITALES
Serían efectivas sanciones por deudas cercanas a los 250 mil millones de pesos.
TANTO LA administración del Distrito Capital como el Concejo de Bogotá enfilaron baterías contra las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) que le adeudan a la red hospitalaria más de un cuarto de billón de pesos.
Mientras el concejal del Partido Verde, Edward Arias, en debate de control político solicitó a la Secretaría de Salud que haga efectivas las sanciones contra las EPS que le adeudan al Distrito cerca de 250 mil millones de pesos, la Administración reiteró que no permitirá que estas empresas tengan en quiebra a la red hospitalaria.
“Las autoridades de Bogotá y el país han sido permisivas con las EPS y las culpo de la inminente crisis de la red pública de la ciudad. Se necesita inyectan recursos a siete hospitales de la red Distrital antes de finalizar este año, si no, pondrían sus servicios y funcionamiento en riesgo. La Secretaría de Salud es el mejor cliente de las EPS porque cancela anticipados los servicios, pero siguen incumpliendo”.
En este sentido, el fin de semana, la Alcaldesa Mayor (e), Clara López Obregón, puso en el dedo en la llaga, después de una reunión con los gerentes de los 22 hospitales públicos distritales para evaluar su situación financiera. “Las EPS no le pagan a los hospitales del Distrito. Eso es inaceptable. No voy a permitir que la salud de los bogotanos y bogotanas se convierta en un rehén de unas EPS que le deben a los hospitales más de 250 mil millones de pesos. Con la salud no se juega”.
Estas declaraciones dieron para que la EPS Humana Vivir las rechazara, en el sentido que a la fecha se ha venido atendiendo una población mayor a 350 mil usuarios y que de un millón 600 mil servicios médicos, se han registrado menos de 170 quejas por servicios prestados.
Así mismo, la EPS Humana Vivir indicó que los comentarios descalificativos golpean directamente la economía del sector salud y la inversión que se hace con las redes públicas en beneficio de los avances tecnológicos y científicos en procura de combatir las enfermedades.
Para enfrentar el problema de la red hospitalaria se determinó crear una comisión para crear un plan de choque que garantice básicamente la protección del derecho a la salud e integrada por los principales actores del sector.
Aunque se le requerirá nuevamente a las EPS para que paguen lo adeudado, se han usado instancias como los acuerdos de pago y los cobros coactivos por parte de los hospitales públicos distritales.
Entonces, se le solicitará tanto a la Supersalud intervenir para que cumplan con sus obligaciones, como también a los entes territoriales que paguen por concepto de atenciones no incluidas en el POS subsidiado, o en su defecto y al Ministerio de la Protección Social para que ordene girar directamente a los hospitales de Bogotá la parte correspondiente a estas deudas.
REELECCIÓN: 4 ESCENARIOS PARA UNA ‘PAPA CALIENTE’
El Polo quiere proscribirla, el liberalismo reformarla y los uribistas ampliarla, pero, al final, todo dependerá de lo que decida e instruya Santos.
1. ¿ELIMINAR LA FIGURA?
Es la tesis que defiende el proyecto que impulsa el senador del Polo, Alexander López, según la cual hay que acabar esta figura, restablecida constitucionalmente por el Acto Legislativo 02 de 2004, “y tomar medidas para su protección y la protección de los principios que dan cuerpo y son esencia de la Carta". Así las cosas, el encabezado del artículo 197 de la Constitución quedaría: “No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia…”. La iniciativa, incluso, plantea que las reformas a los derechos políticos y de participación política (como la reelección presidencial) no sean tramitadas vía legislativa sino sometidas a referendo.
Desde el punto de vista de matemática política, la viabilidad de este proyecto de ley no parece mayor, toda vez que el Polo es hoy el único partido en la oposición a una coalición que, bajo las banderas de la Unidad Nacional, domina casi 90 por ciento de las curules en Senado y Cámara de Representantes. Y el gobierno Santos, hasta el momento, no ha indicado que apoye una derogatoria de la reelección presidencial y lo máximo dicho por el propio Mandatario es que no tiene en la agenda aspirar a un segundo mandato.
Tampoco se puede dejar de lado que tres de las principales facciones de esa bancada gobiernista, La U, conservadores y Cambio Radical, apoyaron en 2004 la derogatoria de la prohibición de la reelección inmediata de un Jefe de Estado. Incluso, las dos primeras colectividades siguieron firmes en un apoyo al proyecto que aprobó el Congreso para un convocar un referendo reeleccionista que abriera paso a un tercer mandato de Uribe Vélez, intentona que fracasó por cuenta de un fallo de inexequibilidad de la Corte Constitucional.
Como se ve, la iniciativa del Polo difícilmente sería aprobada pero, sin duda alguna, abrirá el debate latente sobre qué hacer con la reelección presidencial.
2. ¿DEJARLA PERO RESTABLECER CONTRAPRESOS?
Una segunda opción que se ha puesto sobre la mesa gira en torno a una propuesta del Partido Liberal que, en su estrategia de oposición al uribismo, no apoyó el restablecimiento de la reelección en 2004, ni mucho menos el referendo reeleccionista aprobado en diciembre de 2009. Según explicó días atrás el presidente del Partido Liberal, Rafael Pardo, su colectividad presentará durante esta legislatura un acto legislativo destinado a reducir los poderes del Presidente de la República en caso de que sea reelegido. La idea, explicó, es evitar que se produzca un desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos institucionales que establece la Carta. De esta forma, por ejemplo, se le quitaría al Jefe de Estado que repita en el cargo la facultad para proyectar ternas o nombrar magistrados de las altas Cortes judiciales, miembros de la Junta Directiva del Banco de la República o el Fiscal General. Pardo aclaró puntualmente que las limitaciones se aplicarían si hubiere una eventual reelección y para “que no quede todo en manos del Ejecutivo”.
¿Pasaría una reforma así? Hay tres puntos a considerar. Primero, que superada la polarización con relación al uribismo en el poder, objetivamente hay muchos dirigentes y congresistas que sí consideran que la reelección concentra mucho poder en el Ejecutivo y debilita el sistema de pesos y contrapesos, el equilibrio entre los poderes y, sobre todo, la capacidad de vigilancia y control intraestatal. La escalada de escándalos de corrupción en el gobierno Uribe pesará mucho en este debate. Segundo, que para aprobar una reforma así, se requiere el apoyo de la Unidad Nacional y, por ende, del guiño de Santos al respecto. Y tercero, que es necesario encajar estos cambios en la capacidad nominadora y electora de los tres poderes, en las reformas en curso, como la judicial, por ejemplo.
3. ¿SOMETER TEMA A CONSTITUYENTE?
Hay algunos sectores políticos que consideran que este tema de la reelección presidencial es una ‘papa caliente’ que todo el que lo toque, sin importar cuál sea su intención, termina quemándose. Por lo mismo, piensan que al Gobierno y su coalición les convendría no meterse con este asunto y, en caso extremo, someter cualquier decisión a las urnas, es decir al constituyente primario, ya sea vía referendo, plebiscito o consulta popular, o incluso llamando a una asamblea constituyente. El problema aquí es que el santismo puede controlar todo en el Congreso, pero no afuera. Voto a voto es seguro que los uribistas se lanzarían a impulsar mecanismos que le permitieran al ex presidente volver a postularse. Senadores como Juan Carlos Vélez han puesto sobre la mesa esta posibilidad en reiteradas ocasiones y Uribe continúa siendo un dirigente con alta popularidad y quiere acrecentarla capitalizando las actuales falencias en materia de seguridad y orden público.
4. ¿NO TOCARLA?
Al final de cuentas, y siendo todavía muy prematuro para que Santos empiece a contemplar seriamente si quiere o no un segundo periodo, pese a que sus niveles de popularidad y calificación gubernamental son muy altos, la sana lógica política indicaría que lo mejor sería no torear la situación y dejar que pase el tiempo hasta que el panorama se vaya aclarando. Total, dejar abierta la rendija de la reelección puede significarle a Santos mantener un margen alto de gobernabilidad, la misma que perdería si desde ya se sabe que no buscaría o podría repetir y entonces tendríamos una tempranera puja presidencial en la que obviamente figuraría la hoy cohesionada Unidad Nacional, incluso ahora con los verdes a bordo. Además, los conservadores y liberales aún ven en sus respectivos ex presidentes cartas a jugar en un eventual forcejeo por la Presidencia, y cualquier acción en contrario sería vista como una maniobra de la Casa de Nariño o de quienes están en la ‘fila india’ de presidenciables para cerrarle el paso a los demás.
EXAMINAN CONVENCIÓN CONTRA DESAPARICIÓN FORZADA
El procurador Alejandro Ordóñez pidió que la ley sea declarada exequible.
“LA CONVENCIÓN Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, y a la que Colombia se incorporó por medio de la Ley 1481 de diciembre del año pasado, será examinada hoy por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
La Convención, que ha sido firmada por 57 países, contempla que se entenderá por “desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
En segundo lugar, se establece la obligación de los Estados partes de la Convención de adoptar una serie de medidas razonables para prevenir y para reprimir la desaparición forzada, entre las que se encuentra la obligación de tipificar el correspondiente delito, la obligación de investigar los casos de desaparición forzada y la obligación de procesar a las personas responsables.
De igual manera, contempla que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, cuando se trata de una práctica sistemática y generalizada, por lo que la acción penal no prescribe. Asimismo, precisa que la desaparición forzada no es un delito político para efectos de la extradición de personas.
Además, el tratado dispone una serie de compromisos, condiciones de colaboración y obligaciones de los estados parte, tales como que éstos deberán capacitar a los servidores, tanto civiles como militares, encargados de tramitar dichos procesos, y adelantar de manera urgente tareas de búsqueda y localización de las personas desaparecidas, de identificación de las mismas o de sus restos, y restitución de estos últimos.
En concepto rendido el pasado 30 de marzo, el procurador Alejandro Ordóñez, le pidió a la Corte Constitucional declarar la Convención exequible.
Según el jefe del Ministerio Público, “la Convención bajo examen integra una serie de disposiciones para prevenir y para combatir la desaparición forzada, práctica que está prohibida por el orden superior. Estas disposiciones buscan proteger derechos fundamentales, en especial la dignidad humana, la libertad y el debido proceso, y persiguen ese propósito de manera proporcional y razonable. Por lo anterior, la Convención es acorde tanto con la Constitución Política como con otros instrumentos internacionales sobre la materia, aprobados y ratificados por la República de Colombia”.
En octubre del año pasado fue aprobada en el Congreso la Ley 1.481, por 88 votos a favor y ninguno en contra. El representante Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), ha dicho que “la Convención tiene múltiples significados y razones de importancia. El primero de ellos es que es instrumento internacional que consagra los tres derechos de las víctimas: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”.
“En segundo lugar, es un instrumento que tiene por primera vez la definición que los causantes de la desaparición forzada pueden ser agentes del Estado, grupos armados que cuenten con su aquiescencia y también los grupos que no cuenten con su aquiescencia”, agregó.
Entre los países que ya han ratificado la Convención están Albania, Argentina, Bolivia, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, España, Francia, Alemania, Honduras, Japón, Kazajistán, Mali, México, Nigeria, Paraguay, Senegal y Uruguay.
REVISTA SEMANA
DOS POSICIONES POLÍTICAS FRENTE AL MATRIMONIO DE PAREJAS DEL MISMO SEXO
José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador, y Guillermo Rivera, vocero del Partido Liberal en la Cámara, controvierten sobre el matrimonio homosexual. Para uno, están en juego las leyes naturales. Para el segundo, el respeto a la libertad.
El Partido Conservador y el Partido Liberal han sido tradicionales contradictores, políticos e ideológicos. Hoy, por distintas circunstancias, son socios políticos alrededor de un gobierno que, como el de Juan Manuel Santos, apuesta por la llamada ‘Tercera vía’.
Pero si en algunos temas han caminado hacia el mismo lado, no pasa lo mismo con los temas morales. En estos mantienen sus posturas contrarias y alimentan sus históricas diferencias.
La Corte Constitucional, que está a punto de fallar una demanda sobre el concepto de familia, y cuya decisión podría determinar el derecho a parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, ha encendido este debate.
Por un lado, las posiciones conservadoras, cercanas al planteamiento católico de que el matrimonio, y el concepto de familia, “es un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse” (tal como lo señala el artículo 113 del código civil, vigente desde 1987).
Y por el otro, las posturas liberales, que defienden que la Constitución, al establecer un estado laico, no sólo respeta la libertad de cultos, también garantiza la no discriminación entre cualquier sector de la sociedad.
Pero estas posiciones morales, al menos en los partidos tradicionales, no parecen tener puntos de encuentro ni de equilibrio.
Cuando la Corte Constitucional decida pronunciarse sobre esta demanda, alguna de las dos posturas se impondrá sobre la otra. ¿Qué piensan dos dirigentes políticos sobre este debate?
"La Corte no puede patear la Constitución": conservadores
El senador José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador, no sólo defendió su postura frente al matrimonio y el concepto de familia. Sugirió que los magistrados de la Corte Constitucional no pueden aceptar esa demanda al considerar que una decisión que permita a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio, sería sustituir la Constitución.
“Sería una inconsecuencia -dice Salazar-. La Constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Pueden fallar los magistrados algo distinto a lo que dice la Constitución?”.
En ese tono, el dirigente conservador dice que los magistrados deben preservar la ley, que en su criterio está más aferrada a los postulados católicos, al asegurar que una pareja del mismo sexo va en contra de leyes naturales: “el hombre y la mujer están hechos para conservar la especie humana, el matrimonio es entre hombre y mujer”.
“Como dijo el obispo Juan Vicente Córdoba, ellos (los magistrados) son los cancerberos de la Constitución. No pueden cogerla a patadas (...) Si fallan (a favor del matrimonio de parejas del mismo sexo), sería un segundo precedente muy grave”.
Posiciones conservadoras alimentan la homofobia: Partido Liberal
Guillermo Rivera es vocero del Partido Liberal en la Cámara de Representantes y tiene cuatro argumentos con los que controvierte las posturas conservadoras.
A diferencia de lo que señala Salazar, Rivera dice que la Constitución del 91 establece la libertad de cultos y la libertad religiosa, los principios constitucionales son laicos y profesan la igualdad ante la ley proscribiendo la discriminación.
“¿Qué significa?,-dice Rivera-. Sencillamente que, aunque respetables, los postulados de cualquier Iglesia o credo no son mandato para nuestro ordenamiento jurídico”.
Para Rivera la existencia de parejas del mismo sexo es una realidad de la humanidad a lo largo de su historia, que por fortuna para ellos, el mundo cada vez más lo advierte como la expresión legítima de sentimientos y afectos que varios ordenamientos jurídicos reconocen y protegen.
Por eso, señala que el ordenamiento jurídico e institucional colombiano “no puede seguir anclado en concepciones de tradición conservadora y clerical porque eso significaría discriminar a un amplio sector de la población que tiene el derecho a conformar una familia y a ser reconocido y protegido por las instituciones”.
Pero el vocero del Partido Liberal va más allá y señala que las posiciones esgrimidas por el Partido Conservador “alimentan concepciones homofóbicas en una sociedad que necesita avanzar hacia el pluralismo y la tolerancia para superar años de conflicto”.
Este martes la Corte Constitucional deberá pronunciarse. El fallo no dejará indiferente a nadie y, como cualquier debate, una será la postura que prevalezca.
El aborto, el próximo debate
Sin embargo, este no será el único tema de debate entre estas dos tendencias políticas y de pensamiento. Una nueva discusión sobre la legalidad del aborto está prevista y el debate parece ser igual de intenso.
La Corte Constitucional, hace varios años, se pronunció al respecto y permitió el aborto en tres casos específicos. Cuando se trate de malformación genética del feto, cuando es producto de una violación o cuando la vida de la madre esté en riesgo.
Ese histórico y controvertido fallo, de mayo del 2006, es el mismo al que el conservador José Darío Salazar se refiere como “el primer precedente grave” de la Corte Constitucional.
Y para revertirlo, en los próximos días los conservadores presentarán en el Congreso un proyecto de referendo para abolir el aborto.
La intención es reformar la redacción del artículo 11 de la Constitución, el cual garantiza el derecho a la vida. A la expresión “el derecho a la vida es inviolable”, los conservadores quieren agregarle “desde el momento de la procreación”.
José Darío Salazar reveló que ya han recogido alrededor de cinco millones de firmas para esa causa. “Es la expresión de la sociedad colombiana para que el Congreso legisle sobre ese tema y se termine el aborto en Colombia”.
En el Congreso, el escenario del debate, los liberales han advertido que sus posturas serán respetando el fallo de la Corte Constitucional, tal como lo consideró el presidente de la Cámara, Simón Gaviria.
NOTICIERO CM&
CORTE CONSTITUCIONAL DECIDIRÁ HOY EL FUTURO DEL MATRIMONIO DE PAREJAS DEL MISMO SEXO
La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero espera que la Corte Constitucional dé su visto bueno el martes al matrimonio entre parejas del mismo sexo en el país.
Con ello, colocaría al país junto a Argentina y la Ciudad de México, que ya permiten esas uniones, a las que se oponen con vehemencia las Iglesias católica, evangélica y anglicana en esta nación andina.
La Corte Constitucional, la máxima autoridad para dirimir asuntos de la Carta Magna, debate el tema del matrimonio de parejas del mismo sexo debido a una demanda presentada el 29 de noviembre del 2010 por un grupo de abogados y activistas de los derechos de los gay.
Los demandantes alegaron que expresiones como "un hombre y una mujer " y "de procrear", incluidas tanto en la Constitución como en el Código Civil al momento de definir a la familia y el matrimonio, violan derechos como los de la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad consagrados en la misma Constitución.
Los nueve magistrados estudian el tema desde principios de año y se espera que anuncien una decisión en la jornada, según han dicho grupos defensores de los homosexuales. El asunto de la definición del matrimonio civil figura en la agenda de sesiones de la Corte en su página de internet.
No hay una hora exacta para que los magistrados den a conocer su decisión.
Ya desde 2007, la Corte Constitucional comenzó a reconocer varios derechos a las parejas homosexuales que, a través de tutelas o acciones de amparo, exigían igualdad en su tratamiento legal: la Corte reconoció derechos como a afiliarse al sistema de pensiones y salud, entre otros. En abril pasado, el mismo máximo tribunal falló a favor del derecho a que las parejas del mismo sexo hereden por la muerte de uno de ellos.
Sin embargo, dicen los grupos activistas, falta la modificación legal para que el matrimonio no se defina sólo como la unión de un hombre y una mujer, como dice la Constitución al definir a la familia.
El viernes, y ante el inminente fallo judicial, las iglesias católicas, ortodoxa, evangélica y anglicana dijeron en un comunicado conjunto que, aunque "no cesaremos de respetar y acoger como personas, hijos e hijas de Dios que son a quienes sufren tendencias homosexuales", las parejas del mismo sexo "no pueden constituirse (en) un verdadero matrimonio o una verdadera familia... y mucho menos se puede atribuir a esa unión el derecho de adoptar" niños.
Grupos como el no gubernamental Colombia Diversa, que defiende derechos de la comunidad gay, reconoce que ha habido avances en este país de 46 millones de habitantes, donde la mayoría se declara católica.
Aunque no hay cifras oficiales, Colombia Diversa calcula que al menos entre 8% y 10% de la población sería gay, y al menos 300.000 colombianos viven formando parejas del mismo sexo.
Las uniones civiles entre homosexuales ya son legales en Uruguay, Buenos Aires y algunos estados de México y Brasil.
La Ciudad de México legalizó el matrimonio gay en diciembre de 2009, pero fue Argentina en julio de 2010 el primer país latinoamericano que legalizó el matrimonio entre homosexuales en todo su territorio, lo que les da mucho más derechos que una unión civil, incluido el de adoptar y de heredar posesiones.
DIVIDIDA LA CORTE CONSTITUCIONAL FRENTE AL MATRIMONIO GAY
La Corte Constitucional se encuentra dividida frente al fallo que podría dar vía libre al matrimonio entre parejas del mismo sexo, tema bastante polémico en Colombia.
El alto Tribunal estudia desde hace varios meses la demanda contra un artículo del código civil que describe a la familia como una unión entre un hombre y una mujer, lo cual es considerado por el accionante como discriminatorio.
Para los magistrados más conservadores, Nilson Pinilla, Jorge Pretelt y el ponente de la decisión, Gabriel Mendoza, ese concepto de familia es la base de la sociedad y no puede cambiarse.
Sin embargo, los magistrados Juan Carlos Henao, María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y Jorge Palacio, estarían de acuerdo con permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo, teniendo en cuenta que ya han conseguido algunos derechos como el reconocimiento de la pensión de su cónyuge.
Pero como se necesitan cinco votos, la decisión estaría en manos de los magistrados Mauricio González y Humberto Sierra, quienes son partidarios de que el Congreso sea el que legisle sobre el tema.
Si no logran llegar a un acuerdo, lo más seguro es que se declaren inhibidos como las veces anteriores. En este caso no habría ningún cambio y la Corte tampoco sentaría una posición al respecto.
CARACOL RADIO
LA CORTE DEFINIRÁ ESTE MARTES MATRIMONIO ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO
Dentro de las múltiples posibilidades que estudia la Corte Constitucional esta cobrando fuerza la de ordenarle al congreso que legisle sobre el tema del matrimonio de parejas homosexuales.
Los magistrados tomarían esta determinación motivados en lo apretada que podría quedar la votación que se realizará hoy es decir un 5 a 4 a favor o en contra.
Lo cierto es que luego de varias horas de reflexión la Corte Constitucional tendrá que votar hoy sobre la demanda que invoca el derecho a la igualdad para acceder al matrimonio de parejas homosexuales pues se vencen los términos hacia las 12 de la noche.
Los demandantes han insistido en las ultimas horas que lo que pretenden es que se de una determinación jurídica y no religiosa.
Explican que no creen en que las facultades las puedan dar al congreso
Los magistrados iniciaran la jornada hacia las nueve de la noche y se espera se prolongue todo el día.
Congreso se divide ante posible legalidad de matrimonio homosexual
A pocas horas de que la Corte Constitucional defina la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo, el Congreso divide opiniones sobre esta posibilidad. Unos la apoyan abiertamente y otros, con condiciones.
Sectores del liberalismo y el Polo consideran que el fallo debe ser positivo para las parejas del mismo sexo y les abriría la puerta a la adopción.
“Quisiéramos que en materia legal hubiera igualdad para todos. Esto sería alcanzar la igualdad en todos los derechos que tienen las parejas heterosexuales”, aseguró el vocero en la Cámara de Representantes del liberalismo, Guillermo Rivera.
A su turno, el legislador del Polo Democrático, Iván Cepeda, considera que hay sectores del Congreso que no quieren la igualdad de esta población.
“El Congreso ha sido mezquino en esta materia. Es necesario que se hagan leyes y normas para proteger a esta población”, manifestó el congresista.
Esta posición es avalada por Rivera, quien afirmó que hay sectores homofóbicos que han impedido que se lleven a cabo reformas legales en pro de las parejas del mismo sexo.
“En el Congreso hay homofobia que se niega a reconocer esos derechos”, afirmó Rivera.
En La U se reconoce que hay “principios religiosos y políticos” dentro del Congreso que se oponen a las reformas y que por ello la Corte Constitucional ha tenido que legislar en este tema. No obstante, su vocero en el Senado, Roy Barreras, afirmó que la colectividad aprueba el matrimonio, más no la adopción.
“Hay un profundo respeto en ser reconocidos en materia civil, pero tenemos diferencias en el tema de la adopción”, admitió Barreras.
La posición es similar en Cambio Radical. Su codirector, Germán Varón, afirmó que hay situaciones diferentes en la crianza de un menor cuando tiene padres heterosexuales.
Los congresistas afirmaron que la religión y las tradiciones han impedido que se debata abiertamente el tema en el Legislativo.
Crece la controversia entre los partidos políticos por matrimonio gay
El Partido Liberal aseguró que la homofobia de un sector del Congreso ha impedido que se legisle a favor de la igualdad de derechos para la población homosexual, y por ello a la Corte Constitucional le toca asumir esta labor.
A pocas horas de que el Alto Tribunal defina si es legal o no el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el liberalismo aseguró que sería un paso importante hacia un país más democrático.
“Se han intentado sacar leyes a favor de esta población, pero en el Congreso hay homofobia, un sector muy conservador, muy clerical que se niega a reconocer estos derechos”, afirmó el vocero liberal en la Cámara, Guillermo Rivera.
El legislador aseguró que su Partido está de acuerdo en avanzar hacia la igualdad de derechos para todos, sin importar su preferencia sexual.
La Corte Constitucional debe fallar en contra del matrimonio homosexual: Conservadores
El presidente del Directorio Nacional Conservador, José Darío Salazar, dijo estar confiado que la corte constitucional va a fallar en contra de la creación de matrimonios homosexuales y dijo que los magistrados no pueden ir en contra de la constitución.
“La constitución dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Qué pueden fallar diferente a lo que diga la constitución. Ellos son los guardianes de la carta política y no pueden violentarla”, sostuvo el dirigente del Cauca.
Expresó que ya dijo el propio Monseñor Córdoba que los Magistrados de la Corte se guían por la constitución y no la pueden coger a patadas.
Sostuvo que el partido Conservador, se apega a la constitución y por eso también la hacen respetar.
MARCO LEGISLATIVO INTERNACIONAL SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD
La ONU y la UE han establecido principios internacionales respecto de la homosexualidad, vinculantes para sus estados miembros. Este el caso de los Principios de Yogyakarta, que extienden explícitamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos a las personas homosexuales, bisexuales, transexuales y transgénero, cuyos derechos ya estaban incluidos implícitamente en el artículo segundo de la mencionada Declaración Universal bajo los genéricos o de cualquier otra índole y o cualquier otra condición:
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Previamente, en 1994, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó que la prohibición y consecuente penalización de los comportamientos homosexuales vulneraban los derechos a la privacidad y no discriminación. En el año 2000, la UE, en el apartado (1) del artículo 21 de Derecho de no discriminación de su Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, censura legalmente la discriminación por motivos de orientación sexual:
Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Este mismo documento, sin embargo, establece en su noveno artículo que la legislación matrimonial es privativa de cada uno de los estados miembros, por lo que la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo sexo se regula en los marcos jurídicos estatales:
Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio.
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Finalmente, algunas organizaciones de peso específico en derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch trabajan regularmente en la desaparición de la discriminación por motivos de orientación sexual o de género.
LOS PAÍSES EN LOS QUE EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL YA ES LEGAL
En el 2001, los Países Bajos fueron el primer Estado en reconocer esta institución y posteriormente ha sido extendido a 10 países.
Actualmente los países en los cuales el matrimonio homosexual es legal en todo su territorio son:
Países Bajos (desde 2001)
Bélgica (desde 2003)
España (desde 2005)
Canadá (desde 2005)
Sudáfrica (desde 2006)
Noruega (desde 2009)
Suecia (desde 2009)
Portugal (desde 2010)
Islandia (desde 2010)
Argentina (desde 2010)
En una jurisdicción de México:
México, D. F. (desde 2010)
Además el matrimonio es legal en siete jurisdicciones de Estados Unidos:
Massachusetts (desde 2004)
Connecticut (desde 2008)
Iowa (desde 2009)
Vermont (desde 2009)
Nuevo Hampshire (desde 2010)
Washington, D.C. (en vigor desde 2010)
Nueva York (desde 2011)
En los siguientes estados fue prohibido por referéndum después de ser aprobado:
California (durante 5 meses en 2008)
Maine (durante 6 meses en 2009)
En Latinoamérica las uniones de parejas homosexuales sí tienen validez legal a nivel nacional en Colombia, Ecuador y Uruguay, así como a nivel regional en la Ciudad de México, Coahuila, en el estado brasileño de Río Grande del Sur.
CONDENADO EL ESTADO POR FALTA DE ATENCIÓN A UNA MUJER EMBARAZADA
El Consejo de Estado condenó a la Nación por la muerte de una mujer en estado de embarazo, que fue atendida deficientemente en el Instituto de Seguros Sociales del departamento de Santander.
El Alto Tribunal, determinó que el Ministerio de Protección Social, el Instituto de Seguros Sociales y el Departamento de Santander, deben responder solidariamente por la indemnización a la familia de la víctima, estimada en una suma cercana a los 308 millones de pesos.
La víctima, María del Carmen Aldana, falleció el 21 de julio de 1991 en la clínica Los Comuneros de Bucaramanga, donde fue remitida luego de haber sido atendida en los hospitales San Bernardo de Barbosa y San Juan de Dios de San Gil, ante las complicaciones de su embarazo y la muerte del feto.
Con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, el Consejo de Estado señaló que el I.S.S incurrió en una falla en la prestación del servicio médico derivada de la falta de diligencia en la elaboración del diagnóstico, lo cual conllevó a aplicar un tratamiento inadecuado.
“La muerte de la víctima se debió a la falla médica del I.S.S., por no agotar todos los medios para llegar a un diagnóstico correcto, más aún cuando no se llevó un control sobre su tensión arterial en su calidad de mujer gestante y los síntomas que presentaba daban lugar a la presencia de la enfermedad de preeclampsia, la cual debió descartarse desde su ingreso al centro hospitalario de Barbosa”, precisó la providencia.