Corte Constitucional de Colombia

Bienvenidos! hoy es

Comunicado de tutelas No 06 de 2010

República de Colombia

Corte Constitucional

Presidencia

Oficina de Comunicaciones

 

Comunicado de tutelas No. 06 de 2010

 

 


1.     Sentencia T-282 de 2010

M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

 

Las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez son competentes para calcular y fijar el grado de pérdida de capacidad laboral de una persona en cuyo favor se reclame el reconocimiento de los beneficios previstos para atender las consecuencias de accidentes automovilísticos y eventos catastróficos, bien sea a través de la Subcuenta de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía o cualquier compañía de seguros.

 

Para el trámite de la indemnización, la acreditación del siniestro se logra mediante certificación expedida por el profesional de la salud que prestó la atención médica inicial; sin embargo  como en estos eventos el reconocimiento de la indemnización requiere, además, el calculo de la pérdida de la capacidad para su tasación efectiva, el dictamen expedido por una Junta Regional de Calificación de Invalidez resulta de mayor precisión.

 

La accionante instauró tutela contra COMFACOR EPS-S, ante la negativa de ésta de expedir una certificación en donde conste la pérdida de la capacidad laboral sufrida por su compañero como consecuencia de un accidente de tránsito. Dado que la normativa relativa al trámite para la consecución de una indemnización por incapacidad permanente provocada en accidente de tránsito reconoce aptitud probatoria como instrumento para acreditar la ocurrencia del siniestro al certificado médico emitido por profesional de la salud –debidamente autorizado para funcionar- que atendió la incapacidad , se hace evidente que la EPS-S demandada estaba obligada a su expedición. CONCEDE y ordena a la EPS-S  la emisión del certificado médico que acredite la ocurrencia del accidente de tránsito y la JRCI la expedición del dictamen de pérdida de la capacidad laboral.

 

 

2.     Sentencia T-782 de 2009

M.P. Dr. Mauricio González Cuervo

 

El debido proceso es un derecho que puede resultar vulnerado cuando la entidad encargada de reconocer y liquidar la pensión de jubilación aplica normas que no son las procedentes, desconociendo la normatividad y afectando  a quienes solicitan su pensión y tienen derecho al reconocimiento conforme a un régimen especial.

 

En el presente caso Cajanal vulneró, los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y a la seguridad social, al aplicar para el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, normas que no eran pertinentes al caso, desconociendo la normatividad que regía el régimen pensional a que tenía derecho por haber trabajado  más de diez años como funcionario de la Rama Judicial (Decreto 546 de 1971), que establece que se debe liquidar la pensión de jubilación, sobre el 75% de la asignación mensual más elevada en el último año de servicios y no con el previsto en la Ley 100 de 1993, que equivalía al 75% del promedio de lo devengado en ese último año. CONFIRMÓ la sentencia de segunda instancia que concedió la tutela como mecanismo transitorio.

 

3.     Sentencia T-633 de 2009

M.P. Dr. Mauricio González Cuervo

 

 

Adelaida García presentó demanda ordinaria laboral contra la Misión Diplomática de la Embajada de Líbano en Colombia, por la terminación unilateral de su contrato de trabajo sin justa causa. La Sala de casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda instaurada y en audiencia celebrada el 2 de septiembre de 2008, dictó fallo en el cual declaró la existencia del contrato de trabajo y condenó al Estado del Líbano a pagar cierta suma de dinero, decisión que quedó en firma por tratarse de un fallo de única instancia.

 

El Embajador del Líbano en Colombia, presentó acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la C.S. de J. e invocó como violados los derechos fundamentales al debido proceso y a la doble instancia, ya que a su juicio la Corte Suprema carece de jurisdicción y competencia para juzgar a la Misión Diplomática- Embajada de Líbano, esa decisión podría llevar a “una ruptura den las relaciones diplomáticas de ambos países, pues para nosotros esa condena representa un acto inamistoso”, por lo que pidió la revocatoria de la citada sentencia.

 

Para la Sala, en el caso planteado, las decisiones adoptadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se encuentran debidamente razonadas, tanto para cambiar su jurisprudencia como en la sustentación relativa a la inmunidad de la jurisdicción de los Estados, la cual no se considera absoluta sino que tiene un carácter restrictivo y se regula por normas de derecho de carácter consuetudinario que constituyen la “costumbre internacional”. En síntesis, en el caso planteado la Sala de Casación no violó el derecho al debido proceso al no reconocer la inmunidad de jurisdicción del Estado de Líbano, siendo competente, por atribución constitucional directa (numeral 5 del art. 235 C.P.), para conocer de los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos  tanto cuando actúan a “título privado” como en el caso planteado, cuando estos actúan “por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión”.

 

En cuanto al principio de la “doble instancia”  reiteradamente ha precisado esta Corporación que no tiene “un carácter absoluto” y por ello el legislador o directamente la Constitución, como en el caso previsto en el numeral 5 del art. 235 C.P., “pueden definir excepciones a este principio”. A pesar de la importancia que puede tener la posibilidad de apelar una sentencia contraria, es claro que, tal y como esta Corte lo ha señalado en numerosas ocasiones, no es obligatorio que todos los procesos judiciales sean de doble instancia.

 

Finalmente, como se ha reiterado por esta Corporación, cuando existe un fuero, como en este caso, “la garantía del debido proceso, visto de manera integral, reside en el fuero mismo”. Pues en virtud del fuero, su juzgamiento ha sido atribuido por la Constitución al órgano de cierre de la justicia ordinaria “el cual es un órgano plural integrado por abogados que reúnen los requisitos establecidos en la Constitución para acceder a la más alta investidura dentro de la jurisdicción ordinaria”. REVOCÓ la providencia de la Sala de Casación Civil de la C.S. de J. que resolvió no admitir a trámite la demanda de tutela y decretó la nulidad de la actuación surtida por la Sala de Casación Penal de la C.S.de J., a partir del auto admisorio, inclusive. En su lugar DENEGÓ la tutela impetrada.

 

 

4.     Sentencia T-151 de 2010

M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla

 

El valor jurídico que tienen las decisiones de tutela lleva a concluir que no es posible la presentación de acciones de esa misma entidad contra fallos de tutela, los cuales al adquirir el carácter de cosa juzgada son inamovibles, una vez se ha tomado la decisión de no escoger el caso en la Sala de Selección de esta Corte. Igual ocurre cuando, de seleccionarse, se profiere en revisión la sentencia de tutela correspondiente, salvo la excepcional nulidad, que procedería dentro de las rigurosas previsiones al respecto.

 

En este asunto cuestiona el demandante que el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá al proferir fallo de tutela, no resolvió de fondo el asunto relacionado con la decisión tomada por el Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá en proceso ejecutivo singular de única instancia, limitándose a negar el amparo por la formalidad de no haberse acreditado la legitimación por activa respecto de la representación legal de quien obra a título de administrador del inmueble. Impugnada la decisión, el Tribunal Superior de Bogotá, en defecto de lo anterior, mediante sentencia de 3 de diciembre de 2008, procedió a explicar las razones por las cuales consideró que el fallo del Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá se produjo con arreglo a la ley y a las garantías constitucionales. Remitido  el expediente a esta Corporación para su eventual revisión fue excluido por auto del 29 de enero de 2009.

 

Conforme a la línea jurisprudencial de la sentencia SU-1219 de 2001, para la Corte resulta imperativo señalar que excluido de revisión el fallo de tutela en cuestión, implica la terminación del caso, emergió la cosa juzgada, situación jurídica que conduce a la imposibilidad jurídica de reabrir el debate. No obstante, el actor nuevamente ataca por vía de tutela el fallo del Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá, desconociendo de esta manera la providencia del tribunal, situación que lo ubica en los terrenos de la temeridad, de que trata el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. REVOCA el fallo proferido por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Bogotá,  que ordenó dictar nueva sentencia al Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá, en su lugar, DECLARA LA IMPROCEDENCIA y ordena compulsar copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para establecer lo atinente al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

 

 

5.     Sentencia T-150 A de 2010

M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla

 

El acceso a la escolaridad de niños, niñas y adolescentes  es un derecho de aplicación inmediata, la obligación estatal de otorgarlo es impostergable, no sólo por el valor esencial inmanente en el mismo, sino por constituir  un instrumento idóneo para el ejercicio de los demás derechos y para la formación cívica de la persona, según los ideales democráticos y participativos consagrados en nuestra Constitución.

 

Ciertamente, el acceso y la permanencia en los centros educativos tiene que asumirse como una prioridad por parte de las autoridades, de manera que a todos los niños, niñas y adolescentes, y con mayor relevancia a quienes se encuentran entre 5 y 15 años de edad, se les garantice cada nivel de escolaridad básica, siempre con sujeción a las necesidades y preeminencia de los educandos.

 

El Personero Municipal de Tibú instauró acción de tutela para salvaguardar los derechos fundamentales de igualdad y educación de veinte niños y niñas, quienes a pesar de haberse matriculado para recibir clases durante el periodo lectivo 2009, no se les ha asignado un docente. Para la Sala es evidente la vulneración de los derechos fundamentales de los menores por lo que CONCEDE y ordena al titular de la Secretaría de Educación de Norte de Santander que, si aún no lo ha hecho designe el docente (s) capacitados necesarios para satisfacer a cabalidad, durante 2010 y los períodos subsiguientes, las necesidades educacionales de los menores.

 

6.     Sentencia T-715  de 2009

M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

 

En cuanto se refiere al debido proceso administrativo, la jurisprudencia ha resaltado que esta prerrogativa es, sin lugar a dudas, de connotación fundamental, pues busca que cualquier actuación administrativa se someta a las normas y a la jurisprudencia que regula la aplicación de los principios constitucionales. De igual forma, se ha establecido que dicha prerrogativa debe responder no sólo a las garantías estrictamente procesales, sino también, a la efectividad de los principios que informan el ejercicio de la función pública, como lo son, entre otros, los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

 

La importancia de garantizar el efecto practico de los concursos de méritos, no fue otro que el de tratar de implementar un sistema que garantizara los derechos de los ciudadanos que desean ingresar a la función pública en igualdad de condiciones, de forma tal que su vinculación dependa única y exclusivamente de sus cualidades intelectuales y psicotécnicas. Una vez se surtan en su totalidad las fases o etapas de que se compone determinado concurso y se publican los resultados, el aspirante que obtiene el primer puesto adquiere el derecho a ocupar el cargo, salvo que exista una causal objetiva lo suficientemente poderosa como para abstenerse de respetar el primer lugar de la lista.

 

En el presente asunto el accionante consideró que se le habían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad por parte de la Alcaldía Municipal de María la Baja, al no haberlo designado como Gerente del Hospital Local, no obstante haber obtenido el primer puesto en el concurso público de méritos convocado y estar encabezando la respectiva terna con la mayor calificación. Para la Sala la interpretación realizada por el Alcalde del artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, es abiertamente inconstitucional, al considerar que gozaba de un amplio margen de discrecionalidad para efectos de realizar la designación del gerente, sin atender el criterio del merito como elemento determinante. Por lo tanto, la Sala de Revisión hará uso de la excepción de inconstitucionalidad, inaplicando la interpretación que del artículo 28 de  la Ley 1122 de 2007 hizo la entidad accionada, por tanto, lo que allí, debe entenderse es que el nominador debe escoger a quien ocupe el primer puesto, de conformidad con los lineamientos constitucionales que rigen los concurso públicos de méritos. CONFIRMAR por las razones expuestas en esta providencia el fallo de instancia que CONCEDIÓ el amparo solicitado.

 

 

 

7.     Sentencia T-212 de 2010

M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez

 

Las incapacidades laborales originadas en enfermedad no profesional constituyen una prestación propia del Sistema de Seguridad Social que pretende amparar las contingencias surgidas con ocasión de perturbaciones en la salud de los trabajadores dependientes o independientes, circunstancia que resulta coherente con los objetivos que persigue la protección de este derecho.

 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la solicitud de pago de incapacidades solo procede por vía de tutela cuando se afecta el mínimo vital del incapacitado, o cuando el no pago configura un perjuicio irremediable.

 

El artículo 277 del C. S. del T., prevé que el trabajador tiene derecho a que el empleador le pague, hasta por 180 días, un auxilio monetario por enfermedad no profesional. En este sentido los primeros 3 día corren por cuenta del empleador; los días comprendidos entre el 4 y el día 180, le corresponde pagarlos a la EPS. En los casos en que la incapacidad laboral no da lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez porque la calificación es inferior  al 50%, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el pago de las incapacidades mayores a 180 días corre a cargo de la Administradora de Fondo de pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador.

 

La Sala considera que al actor le fueron vulnerados sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social,  a partir del mes de marzo de 2009, por parte del Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., al no desplegar ninguna actividad tendiente a determinar la pérdida de la Capacidad laboral del usuario afectado, la posibilidad de rehabilitación o el grado de invalidez, por lo que deberá asumir el pago de las incapacidades del actor, desde el mes de marzo de 2009 hasta que se firme el dictamen de PCL, realizado el 15 de abril de 2009, y se determine con certeza, si hay lugar a pago por indemnización o pensión de invalidez. CONCEDIDA