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Comunicado de tutelas No 12 de 2010

República de Colombia

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Comunicado de tutelas No. 12 de 2010

 

 


1.     Sentencia T-475 de 2010

M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que la opinión del médico tratante prevalece sobre la de los funcionarios administrativos de la EPS, e incluso sobre la del Comité Técnico Científico porque su profesión médica y el conocimiento especifico del paciente, lo inviste de la idoneidad y competencia que se requiere para determinar la necesidad y urgencia del servicio o medicamento.

 

En el presente asunto, al niño Martín Adrian Leyton, quien cuenta con la edad de trece años, le fue ordenada una cita de control de su enfermedad “espondiolistesis grado I” para dentro de 360 días y se le aconsejó la realización de un examen de resonancia magnética cuando cumpliera los 18 años, lo que a juicio de sus padres implica un riesgo para su salud y su vida.  De acuerdo con la declaración rendida por el médico tratante, la enfermedad que padece el menor permanece inmodificable hasta el estado de vejez, en la mayoría de los casos, cuando aparece en la adolescencia, por lo la Sala encuentra razonable que la evolución de la misma se controle con citas anuales. Frente a la realización de la resonancia magnética antes de que el sistema óseo alcance la madurez, no se considera pertinente porque podría tener efectos negativos en la salud del niño por la exposición a los rayos X. Por lo expuesto, la Sala encuentra que la Secretaría de Salud del Tolima  ó la EPSP COMFENALCO no vulneraron los derechos fundamentales del menos y por ello confirmará la sentencia de instancia. IMPROCEDENTE.

 

2.     Sentencia T-429 de 2010

M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez

 

De la condición de especial sujeción en que se encuentra la población reclusa no se desprende la pérdida de la dignidad humana. Si bien el Estado cuenta con potestades punitivas y disciplinarias, éstas encuentran límites en los derechos de los internos. Por ende, y debido a los fines de la pena, así como a la proporcionalidad de la misma, toda limitación o suspensión de los derechos de los reclusos debe estar autorizada por la Constitución y por la ley, no siendo legítimas afectaciones a los derechos que no busquen la resocialización o  la garantía de los medios y condiciones para el ejercicio de los demás derechos de la población reclusa.

 

La dignidad humana implica la intangibilidad de ciertos bienes, por esta razón toda pena debe ser proporcional y con ella no pueden afectarse los derechos más allá de los fines resocializadores de la misma. Es un hecho que, como se ha dicho, el castigo acarrea una carga sobre el cuerpo y que el trabajo penitenciario conlleva una afectación a la voluntad – toda vez que es impuesto como parte del tratamiento penitenciario -, sin importar si se presta directamente al Estado o, a través de él, a particulares; por lo anterior, los reclusos se hallan dentro de una condición disminuida de disponibilidad sobre su fuerza de trabajo, que es legítima dentro del ordenamiento jurídico colombiano siempre y cuando sea proporcional. Sin embargo, debido a que la Constitución protege al trabajo en todas sus modalidades y que los convenios internacionales así como la legislación interna expresamente se refieren al derecho de los reclusos de recibir remuneración equitativa – sin distinción alguna -, pues –se reitera– el artículo 14 del Convenio 29 de la OIT exige la remuneración en metálico, la Sala estima que el trabajo penitenciario debe ser retribuido también mediante el pago de una bonificación, pues este pago, por servirse de la fuerza de trabajo de un sujeto privado de la libertad, hace parte de la esfera de bienes intangibles de la población reclusa. Lo anterior, por cuanto como se ha dicho,  es un elemento del que depende la efectividad de los fines resocializadores de la pena; lo que significa, entre otras, formarse en la cultura de la satisfacción personal de adelantar una labor productiva y legítima por la cual ser no sólo recompensado sino también reconocido. Así las cosas, el usufructo gratuito del trabajo del recluso acarrearía tanto una limitación desproporcionada de los derechos de los internos, como un desconocimiento frontal de sus propósitos institucionales. 

 

En el presente caso, la Sala constata que el señor Roso Santamaría Benavides, trabajó en  la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo –Girón- bajo la modalidad de administración directa como distribuidor de alimentos y por tanto, tiene derecho a que le sean canceladas las bonificaciones correspondientes por la labor desempeñada, pues el hecho de que estuviera privado de la libertad al momento de desempeñar la labor, no autoriza que su fuerza de trabajo sea usufructuada gratuitamente. En cuanto al monto de las mismas, la Sala determina que deberá ser como mínimo igual a aquél recibido por los demás reclusos que trabajaron bajo la modalidad de administración directa. Ahora bien, es importante reiterar que, al no haberle cancelado estos dineros, la autoridad pública accionada conculcó sus derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad. CONCEDIDA.

 

 

3.     Sentencia T-128 de 2010

M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez

 

Procederá la acción de tutela contra providencias judiciales, sólo en aquellos casos en que éstas vulneren o pongan en peligro derechos fundamentales.

 

En el caso en estudio, la accionante alega que  la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral y el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al desconocer el precedente constitucional establecido por la Corte en la Sentencia C-565 de 1998, y por ende resolvieron el caso concreto basados en una normatividad inaplicable, el numeral 3º del artículo 147 del CST que consagra la proporcionalidad en el pago del salario, principio que según la actora no puede ser aplicado por analogía al caso del salario mínimo integral, pues la Corte Constitucional en la referida sentencia estableció exequible el tope mínimo del salario integral. Igualmente, arguye que se desconocieron decisiones anteriores de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en las cuales se prohíbe pactar un monto inferior al establecido para el salario mínimo integral.

 

Para la Sala, las decisiones judiciales atacadas en ningún momento violan el precedente establecido en la sentencia C-565 de 1998, pues si bien dicho precedente establece un tope mínimo para el salario integral, el mismo fallo reconoce que dicho tope debe ser congruente con el principio de proporcionalidad en la remuneración, el cual es corolario del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas. De igual forma, los entes accionados, fallaron en concordancia con el precedente fijado por la Corte Suprema de Justicia, corporación que en decisiones precedentes ha encontrado ajustado a derecho la posibilidad de pagar el salario integral en proporción al número de horas trabajadas, por lo que no encuentra prohibido que quienes laboran la mitad de la jornada perciban la mitad del salario integral mínimo. DENIEGA

 

4.     Sentencia T-578 A de 2010

M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

 

Para la Corte la falta de reconocimiento de la indemnización sustitutiva vulnera el derecho a la seguridad social, cuando se invoca como fundamento la irretroactividad de la Ley 100 de 1993, por tratarse de personas a quienes les efectuaron descuentos para pensión antes de la entrada en vigencia de la mencionada norma o por no estar afiliado al sistema de seguridad social en pensiones previsto en la mima ley. De lo contrario, se estaría avalando un enriquecimiento sin causa de las entidades que recaudaron ese dinero y se desconocería el carácter de orden público que tienen las leyes laborales.

 

La Sala una vez determinó que la actora cumple con los requisitos exigidos para acceder a la prestación solicitada, reitera el carácter imprescriptible de la indemnización sustitutiva, y en esa medida, reconoce el derecho que le asiste a la señora Myriam Elisa Urrego Beltrán de pretender el reconocimiento y pago de la misma en cualquier tiempo. Así, el argumento presentado por el FONCEP para negar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva no es admisible constitucionalmente en tanto condiciona el pago de la prestación a la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Pensiones de la Ley 100 de 1993. De hecho, la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que la prestación se debe reconocer con independencia de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones de la Ley 100 de 1993.

 

En esa medida, a la señora Myriam Elisa Urrego Beltrán le asiste el derecho a que el FONCEP le reconozca y pague la indemnización sustitutiva aún cuando sus únicos aportes los haya realizado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. De hecho, lo que ha descartado la jurisprudencia constitucional es que bajo el argumento de la falta de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones pueda negarse el reconocimiento de la prestación. CONCEDIDA.

 

5.     Sentencia T-584 de 2010

M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

 

Las relaciones jurídicas que se generan entre los afiliados y las empresas de medicina prepagada, a pesar de estar enmarcadas dentro de las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se rigen por el derecho privado y por los principios generales del derecho aplicables a la celebración y ejecución de tales contratos, especialmente, los principios de autonomía de la voluntad y de buena fe, al igual que la libertad contractual. Sin embargo, debido a que tiene por objeto la prestación de un servicio público e involucran la garantía de derechos fundamentales del contratante, los principios, valores y derechos fundamentales contenidos en la Constitución tienen eficacia normativa vinculante para las partes y se erigen como un límite a la autonomía de la voluntad privada. Este contenido dogmático constitucional se convierte por lo tanto en un límite de la autonomía de la voluntad privada, como ha reconocido de manera reiterada la jurisprudencia constitucional. Se tata por lo tanto de un típico evento de irradiación de los derechos fundamentales en el tráfico jurídico entre privados.

 

En el presente caso la peticionaria, interpuso acción de tutela en representación de su menor hija, por considerar que los derechos fundamentales a la salud y vida digna de la menor han sido vulnerados por parte de la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., al no autorizarle la intervención quirúrgica de MAMOPLASTIA DE REDUCCIÓN POR GIGANTOMASTIA, necesaria para evitar la deformidad y el daño futuro de la columna toráxica de la menor.

 

Es importante señalar que según lo dispuesto por esta Corporación en sentencia T-760 de 2008 al estudiar un caso semejante, la cirugía de MAMOPLASTÍA DE REDUCCIÓN POR GIGANTOMASIA, se encuentra incluida dentro del Plan Obligatorio de Salud POS, por lo que su cubrimiento corresponde a las EPS. De esta manera, al encontrarse la cirugía solicitada dentro del POS, haber sido ordenada por el médico tratante, el cual hace parte de la Compañía demandada y corresponder la autorización y practica de la misma a las Entidades Prestadoras de Salud, no queda duda que en el caso de la joven Diana Carolina León Torres, al no contar con una EPS que cubra tal procedimiento, la obligación de garantizar su derecho a la salud y la vida digna está en cabeza de la entidad de medicina prepagada Suramericana de Seguros de Vida S.A.. CONCEDIDA

 

6.     Sentencia T-114 de 2010

M.P. Dr. Mauricio González Cuervo

 

Las decisiones que dicte la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales deben estar ajustadas a los principios y derechos de origen constitucional so pena de que sea procedente contra ellas la acción de tutela en aras de salvaguardar dichos fundamentos superiores. La Corte Constitucional señaló que las decisiones de la Superintendencia de Sociedades en los procesos de liquidación obligatoria de empresas, en las que no se declare incompetente o que no contengan un pronunciamiento definitivo que ponga fin al trámite, pueden ser objeto sólo del recurso de reposición ante la misma entidad, sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela cuando se configure una causal especial de procedibilidad.

 

La Constitución señala que en todas las actuaciones públicas, como lo es la administración de justicia,  debe prevalecer el derecho sustancial. En efecto, dicha primacía deviene directamente del Estado Social de Derecho, el cual como principio fundante del Estado, permite entender que su objetivo principal es la salvaguarda de los derechos fundamentales en perjuicio de cualquier instrumentalidad o forma que lo impida.  Por ende, al interior de un trámite judicial no se puede hacer valer primero el formalismo sobre la solución justa de los casos, por el contrario, las formas solo deben ser tenidas como  medios a través de los cuales se amparan los derechos subjetivos de los sujetos procesales.

En el presente caso se solicita a través de la acción de tutela, la protección del derecho al debido proceso de  Frans Giovanni Torres Sánchez.  Lo anterior debido a que la Superintendencia de Sociedades- intendente regional de Medellín- emitió  auto mediante el cual graduó y calificó créditos dentro del trámite de liquidación de  la sociedad West Caribbean Airways S.A, rechazando la acreencia laboral del Señor Torres Sánchez por considerar que la Dra. Ana Tulia Ospina – apoderada dentro del proceso ordinario laboral- no tenía poder para representarle. La pretensión de la presente acción constitucional de tutela es que se deje sin efecto la parte que produce la vulneración del auto que graduó y calificó los créditos dentro del trámite de liquidación referenciado.

 

De acuerdo al acervo probatorio obrante dentro del expediente, la Sala de Revisión constata que la Superintendencia de Sociedades conoció y estuvo al tanto de la sentencia emitida por una autoridad judicial que condenaba a la empresa West Caribbean Airways S.A.  Dicha prueba documental, constituía  prueba siquiera sumaria de la acreencia laboral, sin embargo la misma Superintendencia contaba con mecanismos legales, en caso de duda, para solventar los interrogantes que tuviese. La Superintendencia de Sociedades – en ejercicio de funciones jurisdiccionales - hizo más gravosa su actuación al no reconocer el crédito laboral del señor Torres Sánchez;  ignorando de manera directa una providencia de un juez de la república, la cual conoció al momento de graduar y calificar los créditos. Los anteriores presupuestos fundamentan un defecto fáctico como causal especial de procedibilidad de la presente tutela.  Lo precedente por cuanto la Superintendencia de Sociedades no valoró – debiendo hacerlo – la sentencia emitida por una autoridad judicial que condenaba a la empresa West Caribbean Airways S.A.  Dicha prueba era siquiera sumaria de la acreencia laboral a favor del actor. CONCEDIDA

 

7.     Sentencia T-613 de 2010

M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

 

De manera excepcional la acción de tutela es procedente para reconocer y exigir el pago de prestaciones pensionales. Ello, cuando quiera que: no exista otro medio de defensa judicial, o que existiendo, se establezca que atendiendo a las condiciones del caso concreto y de quien reclama el amparo, éste no resulta idóneo y eficaz para obtener la protección del derecho presuntamente conculcado.

 

Una vez la persona cumple los requisitos contemplados en el ordenamiento jurídico para acceder a una pensión, le son inoponibles las diferentes disputas que se pudieren presentar entre las entidades potencialmente obligadas a garantizar su derecho prestacional. En estos eventos, procede la acción de tutela para amparar sus derechos fundamentales y remover los obstáculos que impiden el goce efectivo del derecho fundamental a la seguridad social en su faceta pensional, ordenando el pago de la prestación a la entidad que se presente, en principio, como la principal obligada, y facultándola para que dentro de un término razonable acuda a la respectiva jurisdicción especializada a discutir su responsabilidad.

 

En el presente asunto, obra un dictamen de calificación de invalidez allegado por el accionante en sus demandas ante el juez constitucional de tutela y el ordinario laboral, en el que la junta regional de calificación de invalidez de Sucre lo declara inválido con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 69.10% y le señala como fecha de estructuración el 28 de abril de 2008. Asimismo, aparece un documento enviado a esta Corporación por dicha junta regional, en el que se informa que la fecha de estructuración de la invalidez del actor corresponde en realidad al 16 de junio de 2003.

 

Así, en tanto que en el proceso que se tramita ante el juez laboral únicamente se incorporó el documento que contiene el dictamen proferido por la junta regional de Sucre el 6 de mayo de 2008 y que fija como fecha de estructuración de la invalidez el 28 de abril de 2008, el juez de dicha causa no tendría la posibilidad de evaluar la aplicabilidad del artículo 11 de la ley 797 de 2003, e incluso del artículo 39 de la ley 100 de 1993 en su versión original, normas estas que, de una parte, son más favorables al peticionario y, de otra, presumiblemente conducirían a dictar fallos contradictorios entre sí en las jurisdicciones ordinaria y constitucional, pues el accionante no cumpliría con el requisito de cotización de las 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, regla que el juez ordinario aplicaría al actor en virtud de la fecha de estructuración del dictamen de calificación de invalidez que reposa en dicho proceso.

 

Por esta razón, y toda vez que se demostró que el actor reúne los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, se encuentra en condición de extrema vulnerabilidad y la acción de tutela resulta procedente de manera definitiva ante la manifiesta ineficacia que los medios ordinarios de defensa judicial representan en el presente caso, el Tribunal Constitucional autorizará al accionante a retirar la demanda ordinaria laboral que cursa en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo, sin perjuicio de la facultad que le asiste por ministerio de la ley al departamento de Sucre, de acudir a la jurisdicción competente a discutir su responsabilidad en el pago de la pensión de invalidez del señor Filiberto Enrique Román Beltrán, proceso en el cual podrá igualmente buscar el reintegro, de parte de quien allí resulte condenado, de los dineros que hubiere pagado en cumplimiento de la sentencia de revisión proferida por la Corte en el presente asunto. CONCEDIDA

 

          

8.     Sentencia T-343 de 2010

M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez

 

La Corte ha explicado que el sufragio pasivo o el  derecho a ser elegido y a desempeñar funciones y cargos públicos, no es un derecho absoluto, sino que se encuentra limitado con relación a otros principios y derechos constitucionales. De tal manera que a través de las inhabilidades es posible someter dicho derecho a limitaciones con el objetivo de defender y garantizar el interés general y la igualdad de oportunidades de los que aspiran a ser elegidos.

 

En el caso concreto el demandante alega que sus derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 C.P), al derecho a elegir y ser elegido y al desempeño de funciones públicas (art. 40 C.P), fueron vulnerados por la sentencia emitida por el la Sección Quinta del Consejo de Estado, al anular su elección de Alcalde para el Municipio de Yumbo, período constitucional 2008-2011, mediante una interpretación extensiva errónea del art. 38 y 39 de la ley 617 de 2000 para el caso del encargo, y al no tener en cuenta el nexo causal entre el supuesto de hecho de la norma y los presupuestos fácticos del caso.

 

La  Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del numeral 7º del artículo 96 de la Ley 134 de 1994, que establecía la prohibición de que los alcaldes se inscribieran como candidatos durante el período en el cual fue elegido y “y durante los seis (6) meses siguientes al mismo…”. La razón de ser de la constitucionalidad de la extensión de la vigencia de la incompatibilidad se sustenta en la protección del interés general y en garantizar la igualdad de los candidatos en la elección para que no se tenga ninguna ventaja con relación al cargo que se ejerció con anterioridad a las elecciones.

 

A juicio de la Sala en el caso concreto la Sección Quinta del  Consejo de Estado no incurrió en una vía hecho o en un error manifiesto y grosero en la interpretación de los artículos 38 y 39 de la ley 617 de 2000, ya que como se ha establecido en la jurisprudencia, las incompatibilidades pueden extender su vigencia en el tiempo que determine el legislador en aras de proteger el interés público y la igualdad electoral. Por ende, considera la Sala que la interpretación sobre este punto no fue errónea ni se incurrió en un defecto sustantivo.

 

Así mismo, considera la Sala que no es cierto, como afirma el demandante, que la situación de encargo sea una “situación administrativa precaria”. Lo anterior ya que durante el tiempo que se ejerce como alcalde encargado se cumplen las mismas funciones que el alcalde titular, dando lugar a que el ejercicio del poder durante ese lapso lo pueda favorecer como candidato y de esta manera pueda vulnerar el principio de igualdad de oportunidades en la elección. Por tanto, estima la Sala que la Sección Quinta del Consejo de Estado, no incurrió en una vía de. DENIEGA

 

9.     Sentencia T-494 de 2010

M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt chaljub

 

La Ley 790 de 2002 en el marco del Programa de renovación de la administración pública del orden nacional autorizó la liquidación y fusión de entidades y la eliminación de cargos en entidades públicas lo cual generó la terminación de contratos laborales. Empero, a su vez, creó un programa de estabilidad laboral para personas cabeza de familia, discapacitados y personas próximas a pensionarse, entendiéndose este último grupo como, aquellas personas trabajadoras de entidades estatales en proceso de liquidación, dentro de los programas de renovación de la administración pública, a quienes les falten 3 años o menos para cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicio para acceder a la pensión, creándose a favor de ellos un régimen de transición con la finalidad de evitar su desvinculación, teniendo en cuenta la proximidad de adquirir su derecho.

En principio, todos los actos administrativos por medio de los cuales de desvincula a una persona de su cargo deben motivarse. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que la exigencia de motivar los actos administrativos, en cuanto al retiro del servicio, admite excepciones, una de las cuales es, justamente, la relativa a los cargos de libre nombramiento y remoción, en tanto que, la declaratoria de insubsistencia (decreto 1950 de 1973, artículo 107) responde a la facultad discrecional que tiene el Gobierno de nombrar y remover libremente sus empleados.  Por lo anterior, la Corte ha indicado que la posibilidad de desvincular libremente en cualquier momento a esta clase de servidores no contraría la Constitución, pues la naturaleza de las labores que desempeñan obedece a una relación subjetiva con el nominador, quien requiere siempre plena confianza de sus colaboradores.

En el presente caso el actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Superintendencia de puertos y transportes, al haberlo  declarado insubsistente sin tener en cuenta que se encontraba incluido dentro del retén social, faltándole menos de tres años para obtener la pensión de jubilación.

En aplicación de la jurisprudencia relacionada con el aspecto dilucidado, encuentra la Sala que en el presente caso, el actor no cumple con los requisitos establecidos para ser beneficiario del retén social, habida cuenta que, tal como se expuso, el retén social se aplica a los empleados de aquellas entidades de la administración pública que afrontan procesos de renovación.

Contrario sensu, en el caso objeto de revisión, la declaratoria de insubsistencia del accionante no se produjo en el marco de un proceso de reestructuración de la entidad demandada, sino que fue producto de la potestad discrecional de su nominador en razón a la naturaleza de su cargo, al ser un empleado de libre nombramiento y remoción. DENIEGA

 

10.   Sentencia T-170 de 2010

M.P. Dr. Mauricio González Cuervo

 

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación,  los derechos a la salud y a la seguridad social de los niños son de naturaleza fundamental y autónoma y tienen un carácter prevalente por expresa disposición del artículo 44 superior, lo que quiere decir que tratándose de menores no es necesario demostrar su conexidad con otro derecho fundamental. Igualmente requieren de protección inmediata y prioritaria  por parte del juez constitucional cuando se encuentren amenazados o vulnerados. La jurisprudencia también ha señalado que los servicios de salud que requieran los niños, son justiciables, incluso en asuntos en los que se trate de servicios que se encuentren por fuera de los planes obligatorios de salud (POS y POS-S).

 

El asunto bajo estudio tiene que ver con 76  menores que  padecen de labio leporino y paladar hendido que requieren de atención inmediata y prioritaria, toda vez que venían siendo atendidos por la EPS del Seguro Social como beneficiarios de sus madres, pero desde el momento en que la NUEVA EPS asumió la obligación de prestar el servicio de salud a los antiguos afiliados a la EPS del ISS, entre ellos los menores de la tutela de la referencia, les suprimieron abruptamente servicios médicos y tratamientos con especialistas que conformaban un grupo interdisciplinario, perjudicando con ello su atención en salud y la continuidad y calidad en los tratamientos que venían recibiendo.

 

A partir de las pruebas que fueron solicitadas en sede de revisión y que fueron efectivamente allegadas por parte de la NUEVA EPS, esta Sala encuentra que si bien inicialmente la entidad accionada estaba adelantando todas las gestiones administrativas para contratar con una IPS que se encargara de la atención de estos menores, ahora se puede constatar que efectivamente la entidad accionada está brindando la atención médica a los menores objeto de esta tutela a través de FISUNION que es la unión temporal entre la IPS FISULAB y el Hospital San José e igualmente ha conformado el grupo interdisciplinario en las áreas de cirugía plástica, otorrinoralingología, fonoaudiología, psicología y odontología pediátrica por lo que también ya se ha realizado una valoración inicial de los menores en dichas áreas.

 

No obstante lo anterior se puede observar que dentro del listado que envía la NUEVA EPS en relación con la valoración inicial realizada, no aparecen incluidos 11 menores. Por tal razón se ordenará a la NUEVA EPS para que en caso de que aún no haya realizado la valoración inicial, lo haga. Igualmente la NUEVA EPS podrá repetir contra el FOSYGA por el monto que legal y reglamentariamente no le corresponda asumir.