pic Corte Constitucional protege derechos de menor que participó en juego ‘la ballena azul’ y ordena su regreso a clases sin condiciones del colegio

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional estableció que un colegio vulnera el derecho a la educación de un estudiante que participó en un juego en línea potencialmente lesivo (“ballena azul”), al condicionar su reintegro formal a las actividades académicas a un nuevo concepto médico y a la decisión del Comité Escolar. La Corte precisó que “no se puede impedir el pleno acceso y permanencia de un estudiante, fijando condicionamientos que no son constitucionalmente razonables”.
La Corte confirmó la tutela que amparó el derecho a la educación de Emilio, un menor de 14 años que fue sorprendido en su colegio, en mayo del año pasado, participando del peligroso juego denominado “la ballena azul”, el adolescente llegó a su casa con muestras de autoflagelación en uno de sus brazos. Emilio estuvo hospitalizado en la clínica La Misericordia.
María, progenitora de Emilio, solicitó al colegio un permiso para que el menor se ausentara durante 15 días con el fin de recibir un tratamiento psicológico, debido a que en la clínica La Misericordia le habían diagnosticado trastorno opositor desafiante, episodio depresivo leve-moderado y trastorno de personalidad no especificado.
Después del tratamiento, la mamá de Emilio intentó que el adolescente regresara a clases, pero obtuvo la respuesta de que debía esperar un concepto del Comité Escolar.
La señora María manifestó ante la Secretaría de Educación, Inspección y Vigilancia de la Gobernación que el Colegio se negaba a recibir a su hijo en el plantel educativo, después de que estuvo hospitalizado en una unidad de salud mental. Pero el colegio respondió que no lo había suspendido de las actividades académicas y que no lo discriminaba.
La señora María planteó las siguientes pretensiones en la acción de tutela, presentada el 16 de junio de 2017: (i) que se ordenara al Colegio reintegrar a Emilio a sus clases y le permita terminar el año escolar; (ii) que no se le discriminara de manera alguna por la falta cometida, que no se le hiciera perder el año y que se le brindara acompañamiento psicológico por parte de la Institución, (iii) que se le permitiera ponerse al día con todas las tareas y talleres dejados en clases; y, (iv) finalmente, que se investigara la conducta de la Institución, para evitar que se tomen represalias contra su hijo.
El juzgado Primero Promiscuo Municipal de Turbaco amparó los derechos del menor y ordenó el reintegro sin contar con un concepto previo. Además de brindar un acompañamiento sicológico.
Al estudiar el caso, la Corte Constitucional determinó que, si bien el colegio intentaba con sus decisiones proteger a los menores de que el peligroso juego se repitiera, debía buscar una medida armónica que garantizara el pleno ejercicio de derechos de Emilio y de sus compañeros. “Los colegios, sin lugar a dudas, tienen la potestad de sancionar o tomar la determinación de que un estudiante no continúe en el plantel educativo, siempre y cuando dicha decisión este fundada en razones constitucionalmente legítimas, de lo contrario estarían afectado el desarrollo armónico e integral, entre otros derechos. Además, se expuso que en el marco de una sociedad de la información, la familia, los colegios y el Estado tienen el deber de evitar que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones se conviertan en un medio para vulnerar o amenazar los derechos de los menores de edad”.
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, además de confirmar el fallo, solicitó “al Gobierno Nacional que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, diseñe, promueva y divulgue de manera efectiva herramientas pedagógicas para enfrentar los riesgos de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones”.

pic Corte Constitucional ampara derecho de menor estadounidense a quedarse con su madre en Colombia

T-202/18. Una larga discusión jurídica en diferentes estrados judiciales terminó con un fallo de la Corte Constitucional que ampara los derechos fundamentales de los niños y del debido proceso de una menor de 8 años de edad. Además, la Corte protege el derecho al debido proceso de la madre, de nacionalidad colombiana, quien solicitó por tutela que se revocara una decisión de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que había ordenado la restitución de la menor a su padre de origen estadounidense y el regreso a ese país.
La menor nació en Palm Beach, estado de la Florida, el 8 de enero de 2010. El 19 de diciembre de 2015 viajó a Colombia en compañía de su madre, con autorización de su padre. Meses después la mujer decidió no regresar y pidió el divorcio. El padre inició un proceso de restitución internacional para que se ordenara el regreso de la menor a Estados Unidos.
El Tribunal de Bogotá dispuso la restitución internacional de la niña al lugar de residencia de su padre el 25 de julio de 2017. Sin embargo, su madre inició un proceso de tutela que terminó con la revocatoria del fallo del Tribunal por parte de la Corte Suprema, que, a su vez, consideró que se valoraron indebidamente las pruebas que permitían establecer que el padre consintió tácitamente la permanencia de la menor el Colombia, desestimó por falta de madurez de la menor, sus manifestaciones sobre en el no querer regresar a Estados Unidos y no constató las condiciones en las que la niña viviría en dicho país, con lo cual desconoció lo dispuesto en el Convenio de la Haya .
La Corte Constitucional amparó los derechos de la menor y de su progenitora, pero hizo una precisión: el Tribunal que ordenó el regreso de la niña a Estados Unidos erró al descartar por completo las manifestaciones de la voluntad de la menor, por considerar que no tenía la madurez suficiente para opinar sobre su retorno. Para la Corte Constitucional, se debió tener en cuenta que el Convenio de La Haya de 1980 “exige que la autoridad judicial que decide sobre restitución internacional, encuentre en la manifestación del menor un repudio irreductible a regresar”. En este sentido, la Corte Constitucional avanzó en la protección de los derechos fundamentales de los menores, que fundamentan la exigencia de que sus puntos de vista sean tenidos en los procesos judiciales que los afectan.
Para garantizar los derechos de la menor y de su progenitora, la Corte Constitucional ordenó al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, proferir una nueva sentencia teniendo en cuenta los parámetros del fallo, principalmente en cuanto a la necesidad de valorar la opinión de la menor.

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pic Estos son los principios de transparencia de la Corte Constitucional en medios de comunicación

La Corte Constitucional está comprometida en publicar información a la ciudadanía de manera imparcial, con verdad, precisión e independencia.
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pic Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional del goce de derechos a alimentación, salud y agua potable de menores Wayúu, en La Guajira

Bogotá, junio 6 de 2018
T-302/17. La Sala Séptima de Revisión, luego de un amplio trabajo probatorio, estableció que “existe un incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios”.
La Corte Constitucional confirmó el fallo que había adoptado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso y adoptó ordenes adicionales mínimas para superar el estado de cosas inconstitucional, como el que los indicadores de tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años para el Departamento de La Guajira, alcance la meta establecida en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional o alcance el nivel promedio del país. También se deben superar los indicadores de prevalencia de desnutrición crónica, aguda y global. La Corte Constitucional también confirmó la orden del Tribunal Superior de Riohacha a las entidades demandas sobre medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener acceso a agua potable y salubre. La Corte precisa que “no es suficiente que las comunidades tengan a su disposición pozos o jagüeyes, si el agua que se obtiene de ellos no es apta para el consumo humano”.
La Sala tuvo en cuenta indicadores del Ministerio de Salud en los que se refleja la condición de afectación del goce de derechos de menores en la Guajira. Según un estudio del Ministerio de Salud, para 2013, la tasa de mortalidad asociada a desnutrición en menores de 5 años en La Guajira fue de 32,54% por cada 1000 niños y el promedio nacional fue de 6,76. También tuvo en cuenta estudios del ICBF que dan cuenta que la prevalencia de desnutrición crónica a nivel nacional (2010) fue de 13.2% y en La Guajira el registro llegó a 27,98%.
Según la sentencia, cada seis meses la Defensoría del Pueblo deberá evaluar el cumplimiento de las órdenes e informar a la Procuraduría General de la Nación.
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pic CORTE CONSTITUCIONAL RECIBE VISITAS PROTOCOLARIAS DE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA Y A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1. La Corte Constitucional, por solicitud de los dos candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República que pasaron a la segunda vuelta, aceptó adelantar reuniones institucionales con integrantes de ambas campañas.

2. El 28 de septiembre de 2017 la Corte Constitucional suscribió en Pasto (Nariño) con las demás ramas del poder público, un acuerdo para abrir un dialogo con el objetivo de proponer reformas a la rama judicial de cara a la ciudadanía, que se traduzcan en mejorar el acceso a la justicia. En este contexto, dichas visitas protocolarias tienen como objetivo continuar con los canales de diálogo para el fortalecimiento de la justicia en Colombia durante el próximo gobierno.

3. Este miércoles 6 de junio de 2018, la Corte Constitucional recibió la visita de los candidatos Iván Duque Márquez y Marta Lucía Ramírez. El día martes 5 de junio estaba programada la visita protocolaria del candidato Gustavo Petro Urrego y de la aspirante a la Vicepresidencia Ángela María Robledo, la cual ha sido reprogramada por la campaña, para el jueves 7 de junio.

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pic Corte Constitucional protege derecho a escoger profesión u oficio

Bogotá, junio 06 de 2018
T-207 de 2018. La Sala Sexta de Revisión de tutela amparó el derecho fundamental de 13 menores de edad, representados por sus padres, quienes argumentaron que no estaban de acuerdo que los estudiantes fueran vinculados a una institución educativa con enfoque agropecuario, ya que venían cursando en otra institución de carácter técnico. Para la Corte Constitucional, se debe garantizar la continuidad del derecho a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio.
El caso concreto ocurrió en el corregimiento Tajumbina del municipio de La Cruz, Nariño. Después de 9 años fue suspendido el servicio de transporte escolar de los 13 menores que a diario se desplazaban hasta el corregimiento La Estancia, lugar donde se encuentra la Institución Educativa de Bachillerato. La Alcaldía informó a los padres que no extendía el servicio de transporte ya que en la zona donde habitan los niños está ubicado otro centro educativo, pero de carácter agropecuario.
Los menores seguían desplazándose, a pie, durante dos horas, desde sus casas hasta el colegio donde estudiaban. Los padres de familia se opusieron al traslado de institución, ya que manifestaron el deseo de que sus hijos continuaran en un plantel de carácter técnico. Solicitaron a la Corte Constitucional que revisara el fallo de segunda instancia que inicialmente los desfavoreció.
La Corte considera que se debe proteger el derecho a escoger una profesión u oficio y ordenó a la Alcaldía Municipal de La Cruz, Nariño, que en 15 días, contados a partir de la notificación de la sentencia, ofrezca un cupo a cada uno de los estudiantes afectados y la prestación del servicio de transporte escolar.
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pic Levantamiento de suspensión de términos en cuatro expedientes

En virtud de la parte resolutiva de los Autos 315, 316, 318 y 319 de 2018, la Corte Constitucional publica a continuación la decisión mediante la cual la Sala Plena decidió reanudar los términos en los expedientes D-12105, D-12121, 249, D-12519 y D-12172, respectivamente.

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