Corte Constitucional de Colombia

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CUADRO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LEYES QUE LO MODIFICAN

 

LEY 906 DE 2004

LEY 1121 DE 2006

LEY 1142 DE 2007

LEY 1257 DE 2008

LEY 1312 DE 2009

LEY 1395 DE 2010

LEY 1453 DE 2011

 

 

SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD

 

 

 

LEY 906 DE 2004

“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”

 

 

SENTENCIA

NORMA DEMANDADA

TEMA

DECISION

RAZONES DE LA DECISION

EXPEDIENTE

 

 

 

 

 

 

 

LEY 906 DE 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Total.

El cargo global formulado contra la totalidad de la Ley 906 de 2004, se basaba en la supuesta omisión legislativa en que habría incurrido el Congreso, al no regular lo atinente a los jurados de conciencia.

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

Declararse inhibida de emitir pronunciamiento sobre los cargos presentados contra toda la Ley 906 de 2004.

Al verificar que el cargo presentado en la demanda se funda en una omisión legislativa absoluta, la Corte Constitucional se inhibirá de efectuar pronunciamiento sobre éste. La Corte encuentra que la inspección judicial, como ha sido establecida por los artículos 435 y 436 de la Ley 906 de 2004 no vulneran el principio de publicidad ni tampoco el principio de concentración por lo que serán declarados exequibles, por los cargos analizados.

D-5705 Y OTRO

C-730/05

Julio 12/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 2.

Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.

El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada.

En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.”

Captura sin orden judicial por Fiscalía General de la Nación-Indeterminación de las expresiones “motivos fundados” y “motivos razonables”

Inexequibles las expresiones “En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados razonablemente acerca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito”, contenidas en el inciso final del artículo 2º de la Ley 906 de 2004.

Para la Corte, la adopción de un sistema penal acusatorio implica un cambio fundamental en el papel que le corresponde cumplir al fiscal en el proceso penal y en tal sentido, resaltó la clara voluntad del constituyente de sustraerlo de la competencia para ordenar la privación de la libertad del investigado, la cual se reserva como regla general, al juez de garantías (art. 250-1 C.P.). A juicio de la Corporación, la norma acusada carece de la claridad y precisión que exige la regulación del ejercicio de una facultad excepcional que restringe la libertad personal, y por ende, viola el principio de legalidad y los artículos 29 y 250, numeral 1 de la Constitución Política. Lo anterior, por cuanto consideró que la indeterminación de las condiciones en que se concibe la posibilidad de captura por la Fiscalía General, atenta contra la presunción de inocencia y la garantía de la libertad, pues deja al arbitrio del fiscal la calificación de los “motivos fundados” y de las razones por las cuales no tuvo la oportunidad de solicitar la orden del juez para proceder a una captura, con lo cual, la excepción se convierte en regla general.

 

D-5442

C-799/05

Agosto 2/05

 

MP.

Dr. ARAUJO

Artículo 2.

Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.

El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada.

En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.

Captura en flagrancia/ Captura sin orden judicial por Fiscalía General de la Nación

Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-730 de 2005, que declaró inexequible la expresión “En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito”, contenida en el inciso final del artículo 2º de la Ley 906 de 2004.

Configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional, en los términos señalados por el artículo 243 de la Constitución Política.

D-5464

C-190/06

Marzo 15/06

 

MP.

Dr. ARAUJO

Artículo 2.

Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.

El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada.

En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.

Captura sin orden judicial por Fiscalía General de la Nación-Indeterminación de las expresiones “motivos fundados” y “motivos razonables”

Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-730 de 2005, que declaró inexequible la expresión “y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito”, contenida en el inciso final del artículo 2º de la Ley 906 de 2004.

 

Acorde con los precedentes jurisprudenciales, la Corte reiteró la reserva judicial de la orden de captura en los términos del artículo 28 de la Constitución Política, a la vez que reafirmó la exigencia del establecimiento previo en la ley, de los límites e hipótesis en las que de manera excepcional, la Fiscalía puede ordenar una captura, conforme lo establece el numeral 1) del artículo 250 de la Carta. Por tal motivo, si bien en principio, la formulación general contenida en el inciso final del artículo 297 de la Ley 906 de 2004 resulta acorde con el citado precepto constitucional, no puede ser aplicada hasta tanto no se establezcan por el legislador dichos límites y eventos. En este sentido, se declaró la exequibilidad condicionada de la frase acusada del inciso final del artículo 297 de la Ley 906 de 2004.

D-5832

C-799/05

Agosto 2/05

 

MP.

Dr. ARAUJO

Artículo 4.

Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

El sexo, la raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica, en ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal como elementos de discriminación.

Principio de igualdad en proceso penal

Declarar exequible la expresión “y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” contenida en el artículo 4º de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados.

La Corte señaló que La obligación de los servidores judiciales establecida en el artículo 4º de la Ley 906 de 2004 no es más que el desarrollo del precepto constitucional contenido en el inciso final del artículo 13 Superior, como expresión del derecho a la igualdad material que protege de manera especial, a las personas que estén en situación de desigualdad frente a los demás, por sus condiciones de debilidad manifiesta. Por lo tanto, no autoriza discriminaciones prohibidas por la Constitución, sino medidas de protección permitidas por la Carta, que se efectúan en cada caso concreto conforme a las leyes vigentes.

El magistrado HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO anunció la presentación de una aclaración de voto en cuanto la constitucionalidad de este principio legal debe entenderse de manera tal que la reproducción de un precepto constitucional en una norma legal (Código de Procedimiento Penal) no supone la posibilidad de actuación por fuera de las competencias previstas en esa ley. Sostuvo que los principios legales no son fundamento de legalidad teleológica, sino de interpretación teleológica.

D-5464

C-592/05

Junio 9/05

 

MP.

Dr. TAFUR

Artículo 6.

Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio.

La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia.

 

Principio de favorabilidad en materia penal-Delitos cometidos antes de la vigencia del sistema penal acusatorio

 

Declarar exequible, por el cargo formulado, el tercer inciso del artículo 6º de la Ley 906 de 2004.

 

 

En primer término, la Corte señaló que la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio única y exclusivamente para la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia, no impide la aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución y consecuentemente en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable, como quiera que ese principio constituye, de acuerdo con el precepto superior y las normas que integran el bloque de constitucionalidad, un elemento fundamental del debido proceso, que no puede desconocerse en ninguna circunstancia. En segundo lugar, la Corporación precisó que de conformidad con el numeral 8) del artículo 282 superior, la enumeración de las atribuciones conferidas por el constituyente a la Defensoría del Pueblo no es taxativa, pues permite al legislador otorgarle competencias adicionales a las que allí se señalan, como la que se asigna en el numeral 6) del artículo 114 de la Ley 906 de 2004, acorde con las funciones del Defensor del Pueblo de organizar y dirigir la Defensoría pública y orientar e instruir en el ejercicio y defensa de sus derechos, a los habitantes en el territorio nacional y a los colombianos en el exterior. De otra parte, la Sala constató la existencia de cosa juzgada respecto de los artículos 127 y 291 de la Ley 906 de 2004 y el no cumplimiento de las condiciones exigidas por la jurisprudencia, para entrar a estudiar de fondo un cargo por supuesta omisión relativa del legislador respecto del artículo 287 demandado.

D-5412

C-708/05

Julio 6/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 6.

Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio.

La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia.

(…)

Principio de favorabilidad en materia penal-Delitos cometidos antes de la vigencia del sistema penal acusatorio

 

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-592 de 2005, que declaró exequible el inciso tercero del artículo 6 de la Ley 906 de 2004.

 

De manera preliminar, la Corte encontró que existe cosa juzgada respecto del inciso tercero del artículo 6º, el cual fue declarado exequible por el mismo cargo formulado en esta oportunidad, en la Sentencia C-592 de 2005.

D-5476

C-799/05

Agosto 2/05

 

MP.

Dr. ARAUJO

Artículo 8.

En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a:

(…)

Derecho de defensa antes de la imputación

Declarar exequible la expresión “una vez adquirida la condición de imputado” contenida en el inciso 1° del artículo 8º de la Ley 906 de 2004, por los cargos examinados, sin perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación.

La Corte señaló que la correcta interpretación del derecho de defensa implica que se puede ejercer desde antes de la imputación. Así lo establece el propio Código por ejemplo desde la captura o inclusive desde antes, cuando el investigado tiene conocimiento de que es un presunto implicado en los hechos. Por ello, la limitación establecida en el artículo 8º de la Ley 906 de 2005, si se interpreta en el entendido de que el derecho de defensa sólo se puede ejercer a partir del momento en que se adquiera la condición de imputado, sería violatoria del derecho. Por tal motivo se resolvió condicionar la exequibilidad de la expresión acusada en este sentido. La Corporación precisó que ello no significa un entorpecimiento de la actuación del fiscal, ni comprende la contradicción de la prueba que se hace en el juicio. Así mismo, puso de presente que el propio Código señala los cauces causas y la oportunidad para ejercer el derecho de defensa en las distintas etapas del proceso.

El magistrado HUMBERTO ANTONIO SIERRA manifestó su salvamento de voto parcial, por cuanto, a su juicio, el aparte normativo acusado del artículo 8º de la Ley 906 de 2004 debía haber sido declarado exequible sin ningún condicionamiento, toda vez que el condicionamiento debe corresponder a una interpretación inconstitucional de la disposición acusada, la cual no existe si esta es interpretada de manera armónica con otras disposiciones del Código, tal y como se hace en la decisión adoptada por la Corte. Consideró que en el presente caso el condicionamiento de la exequibilidad no le agrega nada a la norma del Código de Procedimiento Penal.

D-5464

C-799/05

Agosto 2/05

 

MP.

Dr. ARAUJO

Artículo 8.

En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a:

(…)

b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad;

Principio de no autoincriminación respecto a parientes hasta el cuarto grado civil

Declarar exequible la expresión “o civil” contenida en el literal b) del artículo 8º de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados.

La Corte señaló que la extensión de la garantía establecida en el literal b) del artículo 8º de la Ley 906 de 2004 de que una persona no esté obligada a declarar contra parientes hasta el cuarto grado civil, no obstante que el artículo 33 de la Carta la circunscribe al grado de parentesco primero civil, en manera alguna vulnera la Constitución, pues además de ser más garantista, permite situar en condiciones de igualdad a los hijos adoptivos.

 

D-5464

C-925/05

Sept. 6/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 8.

En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a: (…)

l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor.

 

Vicio en sanción presidencial

Declarar exequible por el cargo examinado la Ley 906 de 2004, en el entendido de que su texto único es el aprobado por el Congreso de la República, sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial No. 45.657 del 31 de agosto de 2004

La Corte constató que el texto final de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, publicado en el Diario Oficial No. 45.658 del 1 de septiembre de 2004 no corresponde al aprobado por el Congreso y sancionado por el Ejecutivo, sino que fue objeto de adiciones y modificaciones introducidas por el Decreto 2270 de 2004, mediante el cual supuestamente se corregían yerros tipográficos y caligráficos en el texto de la citada ley. La Corporación determinó que el Presidente de la República no tiene competencia para variar el contenido de una ley aprobada por el Congreso mediante un decreto de esta naturaleza que sólo admite correcciones tipográficas y caligráficas que no desfiguren la voluntad del legislador. Recabó que su competencia se limita a la sanción de la ley, sin perjuicio de la atribución presidencial para formular objeciones de inconveniencia o inconstitucionalidad a los proyectos de ley, dentro de los términos y según el procedimiento establecido en el artículo 167 superior. Por consiguiente, la Corte señaló que de conformidad con los artículos 157, 160, 161, 165 y 166 de la Carta, el texto único de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” es el publicado el Diario Oficial 45.657 del 31 de agosto de 2004, que corresponde al texto aprobado por las cámaras legislativas, enviado para la sanción presidencial, sancionado por el Presidente y publicado en el Diario Oficial 45.658 del 1º de septiembre de 2004.

El magistrado HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO se reservó la posibilidad de presentar una aclaración de voto en relación con algunos de los argumentos de la parte motiva de la sentencia.

D-5592

C-1260/05

Dic. 5/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 8.

En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a: (…)

b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; (…)

k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate;

l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor.”

Renuncia del imputado a la etapa del juicio

Declarar exequible, por los cargos formulados, la expresión “l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada”, contenida en el literal l) del artículo 8º de la Ley 906 de 2004, conforme a las consideraciones señaladas en la parte motiva de esta decisión.

 

La Corte no se pronunció sobre el literal b) del artículo 8º de la Ley 906 de 2004 al cual remite el aparte acusado, como quiera que el actor no cuestionó su constitucionalidad. En cuanto se refiere al segmento normativo demandado, consideró indispensable integrar la proposición jurídica con el resto de la frase demandada, para conformar el sentido completo de la norma. La Corporación precisó que lo que consagra esta disposición es la posibilidad del imputado o procesado de renunciar a una de las etapas del proceso, la del juicio, y no a la posibilidad de renunciar a cada uno de los principios que rigen dicha etapa. Resaltó que la norma condiciona esa renuncia a la expresión libre, consciente, voluntaria y debidamente informada, es decir bajo el conocimiento y aceptación voluntaria de todas las consecuencias que ello implica, a fin de que el proceso termine con sentencia anticipada. La Corte reiteró que todas las garantías propias del debido proceso resultan aplicables al nuevo sistema penal de tendencia acusatoria introducido mediante el Acto Legislativo 02 de 2003. Esto significa que dichas garantías tienen plena vigencia tanto en la etapa de la investigación como del juicio, sin que la renuncia a esta etapa implique una violación automática de las mismas, toda vez que para prescindirse de la misma se requiere que medien determinados presupuestos que se sujetan al control del juez de conocimiento, entre los cuales está, la verificación de la libre e informada manifestación de voluntad del imputado y la observancia de las garantías constitucionales. La Corte advirtió que, de conformidad con el artículo 29 de la Carta, la celebración de acuerdos entre la fiscalía y el imputado o procesado para que se profiera sentencia anticipada y en consecuencia, se prescinda de la etapa del juicio, no exime al juez de la valoración de los elementos materiales probatorios que obren hasta ese momento en el proceso, respecto de la responsabilidad del imputado o procesado. En estos términos, el segmento normativo acusado del artículo 8º del Código de Procedimiento Penal no es contrario a la Constitución.

D-5731

C-454/06

Junio 7/06

 

MP.

Dr. CORDOBA

 

 

 

Auto 248/06

Artículo 11.

Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este código.

En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:

a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno;

b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor;

c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código;

d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;

e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;

f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto;

g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar;

h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio;

i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley;

j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.

Derechos, atención e intervención en el proceso penal de las víctimas de las conductas punibles. Derechos a la igualdad, debido proceso, acceso a la justicia y del deber de la Fiscalía General de la Nación de velar por la protección de las víctimas

Primero.- Declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 357 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Segundo.- Declarar exequible, en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Tercero.- Declarar exequible en relación con los cargos estudiados, el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.

 

 

Auto 248/06

 

CORREGIR la sentencia C-454 de 2006 en el sentido que la Corte en el capítulo IV. 5 (Fol. 10) de la mencionada sentencia, se refiere a la intervención del ciudadano Nayid Abú Fager Sáenz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.965.808 de Bogotá .

 

Tomando en consideración los requisitos exigidos por la ley y desarrollados por la jurisprudencia, para que proceda un examen y decisión de fondo sobre demandas de inconstitucionalidad, la Corte encontró que en el presente caso, los únicos cargos que responden al presupuestos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia son los que se dirigen contra los artículos 135 y 357 de la Ley 906 de 2004. Por tal motivo, determinó que lo procedente era la inhibición respecto de los otros artículos impugnados. En cuanto se refiere a los demás cargos de inconstitucionalidad, la Corte ratificó la línea jurisprudencial trazada en materia de derechos de las víctimas en el nuevo esquema procesal penal, cuyas pautas se resumen en: (i) la superación de la concepción que limitaba los derechos de las víctimas a una simple pretensión indemnizatoria; (ii) la idea de ajustar la nueva regulación a estándares internacionales en materia de los derechos de las víctimas de los delitos y el consecuente reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación; (iii) el reconocimiento de la potestad de intervención de las mismas en todas las fases de la actuación procesal, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad, para la determinación de sus derechos de contenido civil, pero también para conocer la realidad de los hechos, y propugnar que se haga justicia; (iv) la consideración de las víctimas como “protagonistas activos, acordes con los principios de protección y promoción de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad” En ese orden, y acorde con lo que ha establecido la jurisprudencia, la Corporación reafirmó que los órganos de investigación deben proporcionar información a la víctima sobre sus derechos, desde el primer momento en que esta entre en contacto con las autoridades. Esta garantía se recorta si esa comunicación se limita al momento en que la víctima “intervenga” en la actuación penal, como lo dispone el artículo 135 demandado. En el marco de un sistema de investigación con un componente acusatorio, se procura un acceso pleno de la víctima a las diligencias o expediente si existiere, desde el comienzo de las indagaciones y en todo caso, desde el momento que entra en contacto con las autoridades, pues sólo así se garantiza el acceso a la justicia, la igualdad ante los tribunales, la defensa en el proceso, la efectividad de los derechos y el carácter bilateral del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, que se mantiene en el nuevo modelo de procedimiento penal. En ese sentido, se condicionó la exequibilidad del artículo 135 de la Ley 906 de 2004.

Por las mismas razones, la Corte determinó que el artículo 357 de la Ley 906 de 2004 es constitucional, en la medida en que se entienda que los representantes de las víctimas en el proceso penal, también pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, de manera que se garantice plenamente los derechos de la víctima a la verdad y a la justicia.

D-5978

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 15.

Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada.

Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación la Fiscalía General de la Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado.

Contradicción de pruebas anticipadas

Declarar la exequibilidad de la expresión “como las que se practiquen en forma anticipada” contenida en el artículo 15 de la ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

En primer término, la Corte encontró que ya había efectuado el examen de constitucionalidad sobre la figura de la prueba anticipada en el nuevo sistema penal acusatorio, específicamente, a la luz del artículo 250, numerales 1 y 4 y del artículo 29 de la Constitución, al igual que respecto de los principios de inmediación y contradicción de la prueba.

En esta oportunidad, los cargos contra los artículos 15 (parcial), 274, 285, 290 (parcial), 337 (parcial), 383 (parcial) de la Ley 906 de 2004, se circunscriben a la posibilidad misma de que en la práctica de pruebas en momentos diferentes al del juicio oral y público. Por tal motivo, al no se vislumbrarse un argumento diferente al ya analizado por la Corte, procedió a declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas y de los artículos enunciados, con fundamento en las mismas razones expuestas en la sentencia C-591 de 2005. Esas razones se refieren en particular, a la garantía de acceso a la justicia que ofrece la práctica de pruebas anticipadas y los derechos al debido proceso, defensa y contradicción.

D-5705 Y OTRO

C-670/06

Agosto 16/06

 

MP.

Dr. ESCOBAR

Artículo 15.

Contradicción. Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada.

Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación la Fiscalía General de la Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado.

responsabilidad penal del acusado y, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, y convocará a audiencia pública dentro de los ocho (8) días siguientes.

Cuando la pretensión sea exclusivamente económica, solo podrá ser formulada por la víctima directa, sus herederos, sucesores o causahabientes.

Ineptitud sustantiva de la demanda

Primero.- Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra de la Ley 975 de 2005, en su integridad “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.

Segundo.- Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con las acusaciones formuladas parcialmente en contra de los artículos 10, 11, 13, 18, 13 y 47 de la Ley 975 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.

Tercero.- Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con las acusaciones formuladas parcialmente en contra de los artículos 12, 101, 102, 103, 137 y 274 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.

La Corte encontró que los cargos formulados en al presente demanda no cumplen con los requisitos de claridad, certeza, suficiencia, especificidad y pertinencia que permitan entrar a examinar de fondo las disposiciones acusadas y emitir un fallo de mérito.

D-6201

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 16.

En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías.

Principio de inmediación de la prueba

Pruebas anticipadas

Declarar exequible por el cargo analizado, la expresión “Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías”, del artículo 16 de la Ley 906 de 2004.

 

Del examen efectuado a las normas acusadas, frente a los cargos de inconstitucionalidad formulados, la Corte concluyó que la práctica de pruebas anticipadas en circunstancias excepcionales y respetando el derecho de defensa y de contradicción, durante una audiencia ante el juez de control de garantías, no vulnera el principio de inmediación de la prueba en un sistema acusatorio. La sentencia debe estar fundada en pruebas practicadas durante el juicio oral, y la norma acusada exige la repetición de la prueba practicada anticipadamente, de ser fácticamente posible.

D-5415

C-925/05

Sept. 6/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 16.

En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías.

 

Vicio en sanción presidencial

Declarar exequible por el cargo examinado la Ley 906 de 2004, en el entendido de que su texto único es el aprobado por el Congreso de la República, sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial No. 45.657 del 31 de agosto de 2004

La Corte constató que el texto final de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, publicado en el Diario Oficial No. 45.658 del 1 de septiembre de 2004 no corresponde al aprobado por el Congreso y sancionado por el Ejecutivo, sino que fue objeto de adiciones y modificaciones introducidas por el Decreto 2270 de 2004, mediante el cual supuestamente se corregían yerros tipográficos y caligráficos en el texto de la citada ley. La Corporación determinó que el Presidente de la República no tiene competencia para variar el contenido de una ley aprobada por el Congreso mediante un decreto de esta naturaleza que sólo admite correcciones tipográficas y caligráficas que no desfiguren la voluntad del legislador. Recabó que su competencia se limita a la sanción de la ley, sin perjuicio de la atribución presidencial para formular objeciones de inconveniencia o inconstitucionalidad a los proyectos de ley, dentro de los términos y según el procedimiento establecido en el artículo 167 superior. Por consiguiente, la Corte señaló que de conformidad con los artículos 157, 160, 161, 165 y 166 de la Carta, el texto único de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” es el publicado el Diario Oficial 45.657 del 31 de agosto de 2004, que corresponde al texto aprobado por las cámaras legislativas, enviado para la sanción presidencial, sancionado por el Presidente y publicado en el Diario Oficial 45.658 del 1º de septiembre de 2004.

El magistrado HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO se reservó la posibilidad de presentar una aclaración de voto en relación con algunos de los argumentos de la parte motiva de la sentencia.

D-5592

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 16.

En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías.”

Pruebas anticipadas

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-591 de 2005, que declaró la exequibilidad de la expresión “Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías”, contenida en el artículo 16 de la ley 906 de 2004 por los cargos analizados.

Se constata que existe un pronunciamiento previo sobre la constitucionalidad de las normas demandadas por el mismo cargo global relativo a que todas las pruebas deben ser practicadas en el juicio oral en aras de salvaguardar los principios de inmediación y los demás aplicables en dicha etapa del proceso. Entonces, se configura el fenómeno de la cosa juzgada.

D-5705 Y OTRO

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 20.

Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles del recurso de apelación.

El superior no podrá agravar la situación del apelante único.

No Reformatio in pejus

Declarar exequible el inciso segundo del artículo 20 de la Ley 906 de 2004 que dice “El superior no podrá agravar la situación del apelante único”, por el cargo analizado.

 

La Corte consideró que la nueva estructura y articulación del sistema acusatorio justifica extender el ámbito de la garantía procesal de no agravación de la situación del apelante único por el superior jerárquico a todas las situaciones y partes en el proceso, toda vez que además de estar en armonía con el equilibrio de las mismas en el proceso, está de un todo acorde con un principio esencial como el de la congruencia entre lo pedido y lo resuelto.

D-5415

C-799/05

Agosto 2/05

 

MP.

Dr. ARAUJO

Artículo 20.

Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles del recurso de apelación.

El superior no podrá agravar la situación del apelante único.

No Reformatio in pejus

Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-591 de 2005, que declaró exequible la expresión “El superior no podrá agravar la situación del apelante único” contenida en el artículo 20 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional, en los términos señalados por el artículo 243 de la Constitución Política.

D-5464

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 23.

Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal.

Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia.

 

 

Prueba ilícita/Cláusula de exclusión en materia de registros y allanamientos/nulidad derivada de prueba ilícita

Declarar exequible el artículo 23 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

 

 

Al examinar en conjunto los artículos 23, 232, 455 y 457 de la Ley 906 de 2004, la Corte determinó que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución, cuando se efectúe un allanamiento o registro, todo elemento probatorio y evidencia física, y no solamente los que dependan directa y exclusivamente de la correspondiente diligencia, que se obtenga en dicha diligencia practicada sin que se reúnan los requisitos exigidos por la ley, carecerá de valor y deberá ser excluida de la actuación, para que no sea invocada contra el investigado en dicho proceso. La Corporación encontró que los artículos 23 y 455 desarrollan dentro del margen de configuración del legislador el artículo 29 de la Carta, ordenando la exclusión no sólo de las pruebas ilícitas directas, sino de las derivadas de ésta. En este sentido, el artículo 455 establece criterios para analizar si una prueba realmente se deriva de otra y por eso se enmarca dentro de lo preceptuado por la Constitución. En cuanto al artículo 457, que se refiere a la nulidad de todo el proceso, la Corte concluyó que la presentación en el juicio de una prueba ilícita, omitiéndose la regla de exclusión, general la nulidad del proceso, cuando ha sido obtenida mediante tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, puesto que a lo largo de todo el proceso no operaron los controles que debían haber llevado a que dicha prueba fuera excluida.

D-5415

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 30.

Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, y los asuntos de los cuales conozca la jurisdicción indígena.

Excepciones a la jurisdicción penal ordinaria

Declarar exequible la expresión “Se exceptúan los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio” del artículo 30 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

Al armonizar el artículo 221 de la Constitución con el Acto Legislativo 03 de 2002, la Corte encontró que la Constitución distribuyó la competencia en materia penal entre la justicia penal ordinaria y la justicia penal militar, de conformidad con lo señalado en la sentencia C-358 de 1997, donde se señalaron los criterios para efectuar dicha distribución.

D-5415

C-934/06

Nov. 15/06

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 32.

De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:

1. De la casación.

2. De la acción de revisión cuando la sentencia o la preclusión ejecutoriadas hayan sido proferidas en única o segunda instancia por esta corporación o por los tribunales.

3. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores.

4. De la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes distritos.

5. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235 numeral 2 de la Constitución Política.

6. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 235 numeral 4 de la Constitución Política.

7. De la investigación y juzgamiento de los Senadores y Representantes a la Cámara.

8. De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales de un distrito judicial a otro durante el juzgamiento.

9. Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, Procuradores Delegados, Procuradores Judiciales II, Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y Directores Seccionales de Fiscalía.

Parágrafo. Cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales 6, 7 y 9 anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas.

Juzgamiento de altos funcionarios por la Corte Suprema de Justicia. Debido proceso, defensa y principio de la doble instancia

Declarar exequibles los numerales 5, 6, 7 y 9 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

 

En primer término, la Corte determinó que frente a las sentencias C-142/93, C-561/96, C-411/97y C-873/03, si bien se ha pronunciado anteriormente sobre contenidos normativos semejantes a los declarados exequibles en esas sentencias, no se configura en este caso el fenómeno de la cosa juzgada material. Lo anterior, por cuanto las disposiciones acusadas forman parte del nuevo Código de Procedimiento Penal que desarrolló el sistema acusatorio introducido mediante una reforma constitucional, lo que significa que el contexto dentro del cual se inscriben estas normas ha variado sustancialmente. De otra parte, los cargos formulados en esta oportunidad se basan en el bloque de constitucionalidad, en especial, en la incidencia que pueden tener el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5) y el Pacto de San José (art. 8.2) en la interpretación del alcance del derecho al debido proceso reconocido en el artículo 29 de la Constitución, cargo que no fue abordado en las sentencias mencionadas. Al interpretar armónicamente los artículos 8.2 del Pacto de San José y 14.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho de recurrir el fallo condenatorio y a que el mismo sea sometido a un “tribunal superior” y la interpretación que de aquellas normas han efectuado los órganos internacionales competentes, con los artículos 29 y 31 Carta Política, la Corte llegó a la conclusión de que no hay lugar a modificar los lineamientos trazados por la jurisprudencia constitucional en materia de compatibilidad del juzgamiento de ciertos funcionarios del Estado por la Corte Suprema de Justicia con el debido proceso y el derecho de defensa. A este respecto, se constató que de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no se deriva una regla según la cual en los juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal por parte del órgano de cierre de la jurisdicción penal, deba establecerse una segunda instancia semejante a la que existe para otros juicios penales.

De esta manera, encuentra la Corte que los lineamientos jurisprudenciales en esta materia mantienen su pertinencia, respetando la filosofía del nuevo sistema acusatorio, conforme a los cuales: (i) el juzgamiento de ciertos funcionarios por la Corte Suprema de Justicia no desconoce el debido proceso, porque en todo caso se garantiza el derecho a presentar los recursos de ley contra la sentencia condenatoria, como quiera que contra ella proceden tanto el recurso de revisión, como la posibilidad de cuestionar los actos procesales por nulidad; (ii) el legislador goza de potestad de configuración para definir los cargos de funcionarios que pueden ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, en la medida que el constituyente autorizó a la ley para atribuir funciones a esa Corporación (art. 235-7 C.P.); (iii) el legislador también puede definir si ese juzgamiento lo hace la Sala de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia en pleno, en desarrollo del amplio margen de configuración para distribuir competencias entre los órganos judiciales; (iv) el legislador tiene facultad para establecer que los juicios penales de la Corte Suprema de Justicia sean de única o doble instancia, dado que el principio de la doble instancia no tiene carácter absoluto y del amplio margen de configuración para establecer las excepciones a ese principio (art. 31 C.P.). Adicionalmente, la Corte recabó en la garantía que constituye el que ese juzgamiento sea realizado por la más alta instancia en la jurisdiccional penal, más aún cuanto se trata de altos funcionarios para los cuales la Constitución ha previsto un fuero especial.

D-6214

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 39.

La función de control de garantías será ejercida por un juez penal municipal del lugar en que se cometió el delito.

Si más de un juez penal municipal resultare competente para ejercer la función de control de garantías, esta será ejercida por el que se encuentre disponible de acuerdo con los turnos previamente establecidos. El juez que ejerza el control de garantías quedará impedido para conocer del mismo caso en su fondo.

Cuando el acto sobre el cual deba ejercerse la función de control de garantías corresponda a un asunto que por competencia esté asignado a juez penal municipal, o concurra causal de impedimento y solo exista un funcionario de dicha especialidad en el respectivo municipio, la función de control de garantías deberá ejercerla otro juez municipal del mismo lugar sin importar su especialidad o, a falta de este, del municipio más próximo.

Parágrafo 1º. En los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la función de juez de control de garantías será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Parágrafo 2º. Cuando el lugar donde se cometió el hecho pertenezca a un circuito en el que haya cuatro o más jueces de esa categoría, uno de estos ejercerá la función de control de garantías.

Función del juez de control de garantías. Juez de control de garantías-Desempeño por magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá

Declarar exequible el parágrafo primero del artículo 39 de la Ley 906 de 2004, por el cargo ana lizado, en el entendido que se refiere a los casos previstos en el numeral 4 del artículo 235 de la Constitución.

La Corte precisó que aunque la función de juez de control de garantías en los procesos que adelante la Corte Suprema de Justicia, puede ser desempeñada por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior, esta función se refiere únicamente a los casos de que conoce esa Corte en virtud del numeral 4) del artículo 235 de la Constitución, cuando el Fiscal ejerce las funciones de investigación y acusación.

D-5415

C-789/06

Sept. 20/06

 

MP.

Dr. PINILLA

Artículo 39.

De la función de control de garantías. La función de control de garantías será ejercida por un juez penal municipal del lugar en que se cometió el delito.

Si más de un juez penal municipal resultare competente para ejercer la función de control de garantías, esta será ejercida por el que se encuentre disponible de acuerdo con los turnos previamente establecidos. El juez que ejerza el control de garantías quedará impedido para conocer del mismo caso en su fondo.

Cuando el acto sobre el cual deba ejercerse la función de control de garantías corresponda a un asunto que por competencia esté asignado a juez penal municipal, o concurra causal de impedimento y solo exista un funcionario de dicha especialidad en el respectivo municipio, la función de control de garantías deberá ejercerla otro juez municipal del mismo lugar sin importar su especialidad o, a falta de este, del municipio más próximo.

Parágrafo 1º. En los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la función de juez de control de garantías será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Parágrafo 2º. Cuando el lugar donde se cometió el hecho pertenezca a un circuito en el que haya cuatro o más jueces de esa categoría, uno de estos ejercerá la función de control de garantías.

Registro personal, inspección corporal y registro de vehículos

Primero.- Inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo sobre al constitucionalidad de los segmentos normativos acusados de los artículos 39, inciso primero; 74, numeral 2; 102, inciso segundo y 350, inciso primero de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda.

Segundo.- Declarar exequible la expresión “registro personal” contenida en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que se trata de una revisión externa, superficial y no invasiva.

Tercero.- Declarar exequible la expresión “registro de vehículos” contenida en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004.

Cuarto.- Declarar inexequibles las expresiones “inspección corporal” e “y otras diligencias similares” contenidas en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004.

En primer término, la Corte encontró que en relación con la demanda formulada contra segmentos normativos de los artículos 39, 74, 102 y 350 de la Ley 906 de 2004, no se cumplieron los requisitos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia en los cargos planteados, que permitieran entrar a un estudio de fondo sobre la constitucionalidad de tales disposiciones. Por ello, la Corporación se inhibió de emitir un fallo de mérito sobre las mismas. En cuanto se refiere a las expresiones acusadas del artículo 208 de la citada ley, la Corte precisó que las diligencias de registro personal y registro de vehículos autorizadas en esta disposición, corresponden a medidas preventivas que no forman parte de los procedimientos penales, toda vez que están orientadas a la prevención de hechos punibles y a la seguridad de lugares y personas. Esto no obsta para que los elementos probatorios hallados en desarrollo de estas actuaciones, eventualmente puedan dar lugar a la iniciación o evidencia de una investigación penal y con tal objeto, sean puestos de inmediato a órdenes de la autoridad competente. Es decir, que debe distinguirse entre las actividades propias de la investigación penal en materia de registro (inspección corporal, registro personal, obtención de muestras que involucren al imputado y procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales), que como lo precisó la Sentencia C-822/05, tienen como finalidad “la búsqueda de evidencia física o elementos materiales probatorios dentro del programa metodológico de una investigación penal” y lo que son los registros o requisas realizados como parte de los procedimientos policivos preventivos a los cuales alude el artículo 208 cuestionado. Así mismo, señaló que estas medidas responden al cumplimiento de un deber constitucional en cabeza de la Policía Nacional, institución a la cual compete el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. De ahí, que tratándose de registros preventivos realizados por la policía, no es menester contar con la previa autorización judicial, mientras que en el registro personal que se realiza dentro del proceso penal sí se requiere de dicha autorización. De igual forma, aclaró que el registro personal que se efectúa en desarrollo de la actividad preventiva de la policía, consiste simplemente en una revisión externa y superficial del individuo que como tal no compromete constataciones íntimas o invasivas, de manera que se debe practicar solamente sobre lo que la persona lleve consigo. En esa medida, para la Corporación, el registro personal así entendido, no resulta atentatorio de los derechos fundamentales invocados por el demandante, toda vez que está restringido a ese tipo de revisión. En relación con el registro de vehículos, la Corte determinó igualmente, que constituye una actividad policiva preventiva que busca garantizar la tranquilidad y seguridad ciudadanas y precaver la comisión de conductas punibles y en ese sentido, no desconoce preceptos superiores.

A una conclusión diferente llegó la Corte en relación con la inspección corporal y las que denomina como “diligencias similares”, previstas en el artículo 208 de la ley 906 de 2004. De un lado, porque la inspección corporal no consiste en un simple cacheo o revisión superficial, sino en una verdadera intervención sobre el cuerpo de las personas, con riesgo de tocamientos indignantes y exploración del mismo sea o no mediante la introducción de instrumental médico o sondas. En este caso, es evidente que se presenta una grave invasión sobre los derechos de las personas sometidas a este procedimiento, por lo cual es indispensable contar con la previa autorización judicial, exigencia que se echa de menos en La expresión acusada, al habilitar al personal de la policía para realizar inspecciones corporales en desarrollo de su acción administrativa. Si aún dentro de una investigación penal existen limitaciones para la inspección corporal, tales como la orden judicial previa y el cumplimiento de un procedimiento en caso de negativa del imputado (Sentencia C-822/05), con mayor razón no puede darse esa actuación en la órbita preventiva de la policía. Por tal motivo, la Corte declaró inexequible la expresión “inspección corporal” contenida en el artículo mencionado, por vulnerar el derecho a la intimidad consagrado en artículo 15 de la Constitución. De igual manera, la Corte declaró inexequible la expresión “y otras diligencias similares” contenida en el artículo 208 acusado, habida cuenta que su imprecisión, indeterminación y vaguedad, quebranta el principio de legalidad y pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas, que se ven expuestas a actuaciones del personal de la policía sin limitación alguna.

El magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA manifestó su salvamento de voto, toda vez que considera que las medidas previstas en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004 atentan contra el Estado de derecho y las libertades y derechos fundamentales de las personas y constituyen la expresión de un Estado policivo que está proscrito de la Constitución Política.

Los magistrados RODRIGO ESCOBAR GIL y ALVARO TAFUR GALVIS anunciaron la presentación de una aclaración de voto en relación con el poder de policía.

Los magistrados JAIME CORDOBA TRIVIÑO, HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO y CLARA INES VARGAS HERNANDEZ se reservaron la posibilidad de presentar una aclaración de voto relativa a los fundamentos del presente fallo.

D-6199

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 58.

Si el Fiscal General de la Nación se declarare impedido o no aceptare la recusación, enviará la actuación a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para que resuelva de plano.

Si prosperare el impedimento o la recusación, continuará conociendo de la actuación el Vicefiscal General de la Nación.

Impedimento del Fiscal General de la Nación

Declararse inhibida para pronunciarse en relación con la expresión “si prosperare el impedimento o la recusación, continuará conociendo de la actuación el vicefiscal general de la nación”, del artículo 58 de la Ley 906 de 2004, por inepta demanda.

La Corte encontró que la demandante no explica suficientemente los motivos por los cuales la competencia del Vicefiscal se opondría de manera clara, directa y específica contra lo prescrito en el artículo 3º del Acto legislativo 03 de 2002, dentro del nuevo contexto del sistema procesal penal acusatorio, ni tampoco la relación existente entre el principio de jerarquía y el de autonomía de los fiscales.

D-5415

C-1177/05

Nov. 17/05

 

MP.

Dr. CÓRDOBA

Artículo 69.

La denuncia, querella o petición se hará verbalmente, o por escrito, o por cualquier medio técnico que permita la identificación del autor, dejando constancia del día y hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal.

En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento.

La denuncia solo podrá ampliarse por una sola vez a instancia del denunciante, o del funcionario competente, sobre aspectos de importancia para la investigación.

Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que permitan encauzar la investigación se archivarán por el fiscal correspondiente.”

Requisitos de la denuncia, de la querella o de petición/

Inadmisión de denuncia sin fundamento/ Ampliación de la denuncia “por una sola vez”

Declarar exequibles las expresiones “En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento” y “por una sola vez”, de los incisos segundo y tercero del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados en esta sentencia.

 

La Corte estableció que los fines que se pretende alcanzar con la inadmisión de denuncias sin fundamento y la limitación de la ampliación de denuncia a una oportunidad, persiguen objetivos legítimos desde el punto de vista constitucional. Tales objetivos se dirigen a: i) garantizar el acceso a la justicia penal como recurso extremo para la protección de los derechos; ii) promover el orden social y los derechos fundamentales de los asociados al excluir la temeridad en la formulación de las denuncias penales que representan un alto costo para los derechos a la honra y al buen nombre; iii) procurar el ejercicio responsable del deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia; iv) preservar a la misma administración de usos indebidos que pueden generar dispersión de esfuerzos y recursos y afectar su efectividad y v) garantizar los derechos de las víctimas de los delitos, al establecer presupuestos que propicien desde un comienzo un ruta exitosa para la investigación. Para la Corte, la exigencia del legislador de una mínima fundamentación de la denuncia so pena de inadmisión, así como la limitación a la posibilidad de inadmisión en una sola oportunidad, constituyen medidas idóneas, adecuadas y conducentes para a realización de los fines constitucionales a que apuntan tales limitaciones. Por tales razones, la Corte declaró la exequibilidad de las expresiones acusadas del artículo 69 de la Ley 906 de 2004.

D-5730

C-789/06

Sept. 20/06

 

MP.

Dr. PINILLA

Artículo 74.

Delitos que requieren querella. Para iniciar la acción penal será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad:

1. Aquellos que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la libertad.

2. Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 107); lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días (C. P. artículo 112 incisos 1º y 2º); lesiones personales con deformidad física transitoria (C. P. artículo 113 inciso 1º); lesiones personales con perturbación funcional transitoria (C. P. artículo 114 inciso 1º); parto o aborto preterintencional (C. P. artículo 118); lesiones personales culposas (C. P. artículo 120); omisión de socorro (C. P. artículo 131); violación a la libertad religiosa (C. P. artículo 201); injuria (C. P. artículo 220); calumnia (C. P. artículo 221); injuria y calumnia indirecta (C. P. artículo 222); injuria por vías de hecho (C. P. artículo 226); injurias recíprocas (C. P. artículo 227); violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); maltrato mediante restricción a la libertad física (C. P. artículo 230); inasistencia alimentaria (C. P. artículo 233); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C. P. artículo 236); hurto simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 239 inciso 2º); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C. P. artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 246 inciso 3°); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de confianza (C. P. artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C. P. artículo 252); alzamiento de bienes (C. P. artículo 253); disposición de bien propio gravado con prenda (C. P. artículo 255); defraudación de fluidos (C. P. artículo 256); acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones (C. P. artículo 257); malversación y dilapidación de bienes (C. P. artículo 259); usurpación de tierras (C. P. artículo 261); usurpación de aguas (C. P. artículo 262); invasión de tierras o edificios (C. P. artículo 263); perturbación de la posesión sobre inmuebles (C. P. artículo 264); daño en bien ajeno (C. P. artículo 265); usura y recargo de ventas a plazo (C. P. artículo 305); falsa autoacusación (C. P. artículo 437); infidelidad a los deberes profesionales (C. P. artículo 445).

Delitos que requieren querella

Primero.- Inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo sobre al constitucionalidad de los segmentos normativos acusados de los artículos 39, inciso primero; 74, numeral 2; 102, inciso segundo y 350, inciso primero de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda.

Segundo.- Declarar exequible la expresión “registro personal” contenida en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que se trata de una revisión externa, superficial y no invasiva.

Tercero.- Declarar exequible la expresión “registro de vehículos” contenida en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004.

Cuarto.- Declarar inexequibles las expresiones “inspección corporal” e “y otras diligencias similares” contenidas en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004.

En primer término, la Corte encontró que en relación con la demanda formulada contra segmentos normativos de los artículos 39, 74, 102 y 350 de la Ley 906 de 2004, no se cumplieron los requisitos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia en los cargos planteados, que permitieran entrar a un estudio de fondo sobre la constitucionalidad de tales disposiciones. Por ello, la Corporación se inhibió de emitir un fallo de mérito sobre las mismas. En cuanto se refiere a las expresiones acusadas del artículo 208 de la citada ley, la Corte precisó que las diligencias de registro personal y registro de vehículos autorizadas en esta disposición, corresponden a medidas preventivas que no forman parte de los procedimientos penales, toda vez que están orientadas a la prevención de hechos punibles y a la seguridad de lugares y personas. Esto no obsta para que los elementos probatorios hallados en desarrollo de estas actuaciones, eventualmente puedan dar lugar a la iniciación o evidencia de una investigación penal y con tal objeto, sean puestos de inmediato a órdenes de la autoridad competente. Es decir, que debe distinguirse entre las actividades propias de la investigación penal en materia de registro (inspección corporal, registro personal, obtención de muestras que involucren al imputado y procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales), que como lo precisó la Sentencia C-822/05, tienen como finalidad “la búsqueda de evidencia física o elementos materiales probatorios dentro del programa metodológico de una investigación penal” y lo que son los registros o requisas realizados como parte de los procedimientos policivos preventivos a los cuales alude el artículo 208 cuestionado. Así mismo, señaló que estas medidas responden al cumplimiento de un deber constitucional en cabeza de la Policía Nacional, institución a la cual compete el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. De ahí, que tratándose de registros preventivos realizados por la policía, no es menester contar con la previa autorización judicial, mientras que en el registro personal que se realiza dentro del proceso penal sí se requiere de dicha autorización. De igual forma, aclaró que el registro personal que se efectúa en desarrollo de la actividad preventiva de la policía, consiste simplemente en una revisión externa y superficial del individuo que como tal no compromete constataciones íntimas o invasivas, de manera que se debe practicar solamente sobre lo que la persona lleve consigo. En esa medida, para la Corporación, el registro personal así entendido, no resulta atentatorio de los derechos fundamentales invocados por el demandante, toda vez que está restringido a ese tipo de revisión. En relación con el registro de vehículos, la Corte determinó igualmente, que constituye una actividad policiva preventiva que busca garantizar la tranquilidad y seguridad ciudadanas y precaver la comisión de conductas punibles y en ese sentido, no desconoce preceptos superiores.

A una conclusión diferente llegó la Corte en relación con la inspección corporal y las que denomina como “diligencias similares”, previstas en el artículo 208 de la ley 906 de 2004. De un lado, porque la inspección corporal no consiste en un simple cacheo o revisión superficial, sino en una verdadera intervención sobre el cuerpo de las personas, con riesgo de tocamientos indignantes y exploración del mismo sea o no mediante la introducción de instrumental médico o sondas. En este caso, es evidente que se presenta una grave invasión sobre los derechos de las personas sometidas a este procedimiento, por lo cual es indispensable contar con la previa autorización judicial, exigencia que se echa de menos en La expresión acusada, al habilitar al personal de la policía para realizar inspecciones corporales en desarrollo de su acción administrativa. Si aún dentro de una investigación penal existen limitaciones para la inspección corporal, tales como la orden judicial previa y el cumplimiento de un procedimiento en caso de negativa del imputado (Sentencia C-822/05), con mayor razón no puede darse esa actuación en la órbita preventiva de la policía. Por tal motivo, la Corte declaró inexequible la expresión “inspección corporal” contenida en el artículo mencionado, por vulnerar el derecho a la intimidad consagrado en artículo 15 de la Constitución. De igual manera, la Corte declaró inexequible la expresión “y otras diligencias similares” contenida en el artículo 208 acusado, habida cuenta que su imprecisión, indeterminación y vaguedad, quebranta el principio de legalidad y pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas, que se ven expuestas a actuaciones del personal de la policía sin limitación alguna.

1.5. El magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA manifestó su salvamento de voto, toda vez que considera que las medidas previstas en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004 atentan contra el Estado de derecho y las libertades y derechos fundamentales de las personas y constituyen la expresión de un Estado policivo que está proscrito de la Constitución Política.

Los magistrados RODRIGO ESCOBAR GIL y ALVARO TAFUR GALVIS anunciaron la presentación de una aclaración de voto en relación con el poder de policía.

Los magistrados JAIME CORDOBA TRIVIÑO, HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO y CLARA INES VARGAS HERNANDEZ se reservaron la posibilidad de presentar una aclaración de voto relativa a los fundamentos del presente fallo.

D-6199

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 78.

La ocurrencia del hecho generador de la extinción de la acción penal deberá ser manifestada por la Fiscalía General de la Nación mediante orden sucintamente motivada. Si la causal se presentare antes de formularse la imputación el fiscal será competente para decretarla y ordenar como consecuencia el archivo de la actuación.

A partir de la formulación de la imputación la Fiscalía deberá solicitar al juez de conocimiento la preclusión.

Parágrafo. El imputado o acusado podrá renunciar a la prescripción de la acción penal dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación del archivo de la investigación. Si se tratare de solicitud de preclusión, el imputado podrá manifestar su renuncia únicamente durante la audiencia correspondiente.

Extinción de la acción penal-Competencia para decretarla

Declarar inexequibles las expresiones “mediante orden sucintamente motivada”, “Si la causal se presentare antes de formularse la imputación, el fiscal será competente para decretarla y ordenar como consecuencia el archivo de la actuación”, ambas del inciso primero del artículo 78 de la Ley 906 de 2004.

 

La Corte determinó que de acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio, la orden de archivo de la actuación o la preclusión por extinción de la acción penal solo puede darla el juez de conocimiento y no la Fiscalía motuo proprio, pues se trata de una decisión de contenido eminentemente judicial que escapa al ámbito de los fiscales en el nuevo esquema constitucional.

D-5415

C-979/05

Sept. 26/05

 

MP.

Dr. CÓRDOBA

Artículo 78.

La ocurrencia del hecho generador de la extinción de la acción penal deberá ser manifestada por la Fiscalía General de la Nación mediante orden sucintamente motivada. Si la causal se presentare ante de formularse la imputación el fiscal será competente para decretarle y ordenar como consecuencia el archivo de la actuación.

[A partir de la formulación de la imputación la Fiscalía deberá solicitar al juez de conocimiento la preclusión.

Parágrafo. El imputado o acusado podrá renunciar a la prescripción de la acción penal dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación del archivo de la investigación. Si se tratare de solicitud de preclusión, el imputado podrá manifestar su renuncia únicamente durante la audiencia correspondiente.

Trámite de la extinción

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-591 de 2005 que decidió declarar inexequibles las expresiones “mediante orden sucintamente motivada. Si la causal se presentare ante de formularse la imputación el fiscal será competente para decretarle y ordenar como consecuencia el archivo de la actuación” del inciso primero del artículo 78 de la Ley 906 de 2004.

La Corte encontró que el vocablo “sucintamente” demandado en esta ocasión, formaba parte del artículo 78 de la Ley 906 de 2004 en el segmento que ya fue objeto de pronunciamiento en sentencia C-591/05, en virtud del cual fue retirado del ordenamiento jurídico, razón por la cual dispuso estar a lo resuelto en dicha sentencia.

D-5590

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 79.

Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación.

Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal.”

Archivo de las diligencias

Declarar la exequibilidad del artículo 79 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la expresión “motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito”, corresponde a tipicidad objetiva y que la decisión será motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones.

La Corte precisó que en el archivo de las diligencias no se está en un caso de suspensión, interrupción o renuencia de la acción penal, pues para que se pueda ejercer dicha acción se deben dar unos presupuestos mínimos que indiquen la existencia de un delito, los cuales no se dan en esta hipótesis. Por ello, no se trata en este caso de la aplicación del principio de oportunidad que requiera del control del juez. De igual modo, ese archivo no puede considerarse como un desistimiento de la acción ni una preclusión de la acción penal, toda vez que no es una decisión que haga tránsito a cosa juzgada. De encontrarse elementos nuevos, es viable reabrir la investigación. No obstante lo anterior, la amplitud de los términos empleados en la norma acusada para referirse a la causa del archivo, condujo a la Corte a precisar que los “motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito”, son aquellos elementos objetivos que configuran el tipo, esto es, los que corresponden a la tipicidad objetiva. De igual modo, en aras de preservar los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia del denunciante, la Corte estimó que era necesario condicionar la exequibilidad de esta disposición, a que la decisión de archivo de las diligencias que adopte el fiscal, sea motivada y que la misma sea comunicada al Ministerio Público.

Los magistrados JAIME ARAUJO RENTERIA, RODRIGO ESCOBAR GIL y HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, se reservaron la posibilidad de presentar una aclaración de voto sobre algunos de los argumentos que se exponen en la parte motiva del fallo. En el caso de los magistrados ESCOBAR GIL y SIERRA PORTO, respecto de las consideraciones que se hacen en torno del principio de oportunidad, conforme a la sentencia C-673/05, de la cual se apartaron en su momento.

D-5705 Y OTRO

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 80.

La extinción de la acción penal producirá efectos de cosa juzgada. Sin embargo, no se extenderá a la acción civil derivada del injusto ni a la acción de extinción de dominio.

Extinción de la acción penal-Efectos/ Extinción de la acción penal-Competencia para decretarla

Declarar exequible la expresión “La extinción de la acción penal producirá efectos de cosa juzgada” del artículo 80 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

La Corte determinó que de acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio, la orden de archivo de la actuación o la preclusión por extinción de la acción penal solo puede darla el juez de conocimiento y no la Fiscalía motuo proprio, pues se trata de una decisión de contenido eminentemente judicial que escapa al ámbito de los fiscales en el nuevo esquema constitucional.

D-5415

C-423/06

Mayo 31/06

 

MP.

Dr. SIERRA

Artículo 100.

Afectación de bienes en delitos culposos. En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves o cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, una vez cumplidas dentro de los diez (10) días siguientes las previsiones de este código para la cadena de custodia, se entregarán provisionalmente al propietario, poseedor o tenedor legítimo, salvo que se haya solicitado y decretado su embargo y secuestro.

Tratándose de vehículos de servicio público colectivo, podrán ser entregados a título de depósito provisional al representante legal de la empresa a la cual se encuentre afiliado con la obligación de rendir cuentas sobre lo producido en el término que el funcionario judicial determine y la devolución cuando así lo disponga. En tal caso, no procederá la entrega hasta tanto no se tome decisión definitiva respecto de ellos.

La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, o se hayan embargado bienes del imputado o acusado en cuantía suficiente para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito.

Tercero Civilmente responsable en sistema penal acusatorio-Derecho de defensa frente a medidas cautelares decretadas en su contra-Omisión relativa

Primero.- Declarar exequible el artículo 100 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado, en el entendido de que el tercero civilmente responsable se encuentra facultado para ejercer plenamente su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra.

Segundo.- Declarar exequible la expresión “Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente”, del parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

La Corte precisó que la figura del tercero civilmente responsable en el proceso penal se fundamenta en la existencia de una responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno, también conocida como indirecta o refleja, en contraposición con la directa o propia. En esta caso, la responsabilidad se basa en la presunción de culpa mediata o indirecta del responsable (vgr. los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos que habitan en la misma casa), de manera que los daños que ocasionen ciertas personas bajo su dependencia o cuidado, son imputables a quienes debían haber ejercido un control y vigilancia adecuados de aquéllos. En tales casos, el afectado debe probar el daño causado y el monto del mismo, la imputación del perjuicio al directo responsable y que éste último se haya bajo el cuidado o responsabilidad de otro por mandato legal o vínculo contractual. Contrasta el tratamiento legal dado al tercero civilmente responsable en el sistema penal anterior al Acto Legislativo 03 de 2002, que estableció un sistema penal de marcada tendencia acusatoria, pues en aquel existía una demanda civil dentro del proceso penal contra ese tercero, que era parte procesal y en el actual, solamente es llamado al proceso al concluir éste, con ocasión del incidente de reparación integral, toda vez que perdió su carácter de sujeto procesal. A juicio de la Corte, el que el legislador haya omitido regular el ejercicio del derecho de defensa del tercero civilmente responsable, en materia de imposición de medidas cautelares durante la etapa de investigación desconoció el artículo 29 de la Constitución. Por lo tanto, corresponde al tribunal constitucional subsanar esta omisión, mediante la ampliación del alcance del precepto legal impugnado a los supuestos de hecho no contemplados por el Legislador. En este sentido, declaró exequible el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), en el entendido de que el tercero civilmente responsable puede ejercer su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra. De otro lado, la Corporación encontró que la vinculación de la decisión del incidente de reparación integral al tercero civilmente responsable que habiendo sido citado, no compareció a la respectiva audiencia, no vulnera el debido proceso del mismo. Esto, por cuanto esto constituye en efecto jurídico lógico del incumplimiento injustificado de ese tercero de asistir a una audiencia a la que fue citado previamente, para darle la oportunidad precisamente, de ejercer su derecho de defensa. Por consiguiente, fue declarada exequible, por el cargo analizado, la expresión acusada del artículo 104 de la Ley 906 de 2004.

D-5881

C-789/06

Sept. 20/06

 

MP.

Dr. PINILLA

Artículo 102.

Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral. Emitido el sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del acusado y, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, y convocará a audiencia pública dentro de los ocho (8) días siguientes.

Cuando la pretensión sea exclusivamente económica, solo podrá ser formulada por la víctima directa, sus herederos, sucesores o causahabientes.

Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral

Primero.- Inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo sobre al constitucionalidad de los segmentos normativos acusados de los artículos 39, inciso primero; 74, numeral 2; 102, inciso segundo y 350, inciso primero de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda.

Segundo.- Declarar exequible la expresión “registro personal” contenida en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que se trata de una revisión externa, superficial y no invasiva.

Tercero.- Declarar exequible la expresión “registro de vehículos” contenida en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004.

Cuarto.- Declarar inexequibles las expresiones “inspección corporal” e “y otras diligencias similares” contenidas en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004.

En primer término, la Corte encontró que en relación con la demanda formulada contra segmentos normativos de los artículos 39, 74, 102 y 350 de la Ley 906 de 2004, no se cumplieron los requisitos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia en los cargos planteados, que permitieran entrar a un estudio de fondo sobre la constitucionalidad de tales disposiciones. Por ello, la Corporación se inhibió de emitir un fallo de mérito sobre las mismas. En cuanto se refiere a las expresiones acusadas del artículo 208 de la citada ley, la Corte precisó que las diligencias de registro personal y registro de vehículos autorizadas en esta disposición, corresponden a medidas preventivas que no forman parte de los procedimientos penales, toda vez que están orientadas a la prevención de hechos punibles y a la seguridad de lugares y personas. Esto no obsta para que los elementos probatorios hallados en desarrollo de estas actuaciones, eventualmente puedan dar lugar a la iniciación o evidencia de una investigación penal y con tal objeto, sean puestos de inmediato a órdenes de la autoridad competente. Es decir, que debe distinguirse entre las actividades propias de la investigación penal en materia de registro (inspección corporal, registro personal, obtención de muestras que involucren al imputado y procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales), que como lo precisó la Sentencia C-822/05, tienen como finalidad “la búsqueda de evidencia física o elementos materiales probatorios dentro del programa metodológico de una investigación penal” y lo que son los registros o requisas realizados como parte de los procedimientos policivos preventivos a los cuales alude el artículo 208 cuestionado. Así mismo, señaló que estas medidas responden al cumplimiento de un deber constitucional en cabeza de la Policía Nacional, institución a la cual compete el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. De ahí, que tratándose de registros preventivos realizados por la policía, no es menester contar con la previa autorización judicial, mientras que en el registro personal que se realiza dentro del proceso penal sí se requiere de dicha autorización. De igual forma, aclaró que el registro personal que se efectúa en desarrollo de la actividad preventiva de la policía, consiste simplemente en una revisión externa y superficial del individuo que como tal no compromete constataciones íntimas o invasivas, de manera que se debe practicar solamente sobre lo que la persona lleve consigo. En esa medida, para la Corporación, el registro personal así entendido, no resulta atentatorio de los derechos fundamentales invocados por el demandante, toda vez que está restringido a ese tipo de revisión. En relación con el registro de vehículos, la Corte determinó igualmente, que constituye una actividad policiva preventiva que busca garantizar la tranquilidad y seguridad ciudadanas y precaver la comisión de conductas punibles y en ese sentido, no desconoce preceptos superiores.

A una conclusión diferente llegó la Corte en relación con la inspección corporal y las que denomina como “diligencias similares”, previstas en el artículo 208 de la ley 906 de 2004. De un lado, porque la inspección corporal no consiste en un simple cacheo o revisión superficial, sino en una verdadera intervención sobre el cuerpo de las personas, con riesgo de tocamientos indignantes y exploración del mismo sea o no mediante la introducción de instrumental médico o sondas. En este caso, es evidente que se presenta una grave invasión sobre los derechos de las personas sometidas a este procedimiento, por lo cual es indispensable contar con la previa autorización judicial, exigencia que se echa de menos en La expresión acusada, al habilitar al personal de la policía para realizar inspecciones corporales en desarrollo de su acción administrativa. Si aún dentro de una investigación penal existen limitaciones para la inspección corporal, tales como la orden judicial previa y el cumplimiento de un procedimiento en caso de negativa del imputado (Sentencia C-822/05), con mayor razón no puede darse esa actuación en la órbita preventiva de la policía. Por tal motivo, la Corte declaró inexequible la expresión “inspección corporal” contenida en el artículo mencionado, por vulnerar el derecho a la intimidad consagrado en artículo 15 de la Constitución. De igual manera, la Corte declaró inexequible la expresión “y otras diligencias similares” contenida en el artículo 208 acusado, habida cuenta que su imprecisión, indeterminación y vaguedad, quebranta el principio de legalidad y pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas, que se ven expuestas a actuaciones del personal de la policía sin limitación alguna.

1.5. El magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA manifestó su salvamento de voto, toda vez que considera que las medidas previstas en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004 atentan contra el Estado de derecho y las libertades y derechos fundamentales de las personas y constituyen la expresión de un Estado policivo que está proscrito de la Constitución Política.

Los magistrados RODRIGO ESCOBAR GIL y ALVARO TAFUR GALVIS anunciaron la presentación de una aclaración de voto en relación con el poder de policía.

Los magistrados JAIME CORDOBA TRIVIÑO, HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO y CLARA INES VARGAS HERNANDEZ se reservaron la posibilidad de presentar una aclaración de voto relativa a los fundamentos del presente fallo.

D-6199

C-670/06

Agosto 16/06

 

MP.

Dr. ESCOBAR

Artículo 103.

Trámite del incidente de reparación integral. Iniciada la audiencia el incidentante formulará oralmente su pretensión en contra del declarado penalmente responsable, con expresión concreta de la forma de reparación integral a la que aspira e indicación de las pruebas que hará valer.

El juez examinará la pretensión y deberá rechazarla si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión formulada. La decisión negativa al reconocimiento de la condición de víctima será objeto de recurso de impugnación en los términos de este código.

Admitida la pretensión el juez a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Las víctimas podrán solicitar al fiscal en cualquier momento de la actuación medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares.

2. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, derechos y dignidad.

3. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada.

4. En caso de existir pluralidad de víctimas, el fiscal, durante la investigación, solicitará que estas designen hasta dos abogados que las represente. De no llegarse a un acuerdo, el fiscal determinará lo más conveniente y efectivo.

5. Si la víctima no contare con medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la Fiscalía General de la Nación le designará uno de oficio.

6. El juez podrá en forma excepcional, y con el fin de proteger a las víctimas, decretar que durante su intervención el juicio se celebre a puerta cerrada.

7. Las víctimas podrán formular ante el juez de conocimiento el incidente de reparación integral, una vez establecida la responsabilidad penal del imputado la pondrá en conocimiento del declarado penalmente responsable y acto seguido ofrecerá la posibilidad de una conciliación que de prosperar dará término al incidente y lo allí acordado se incorporará a la sentencia. En caso contrario el juez fijará fecha para una nueva audiencia dentro de los ocho (8) días siguientes para intentar nuevamente la conciliación y de no lograrse el declarado penalmente responsable deberá ofrecer sus propios medios de prueba.

Artículo 274. Solicitud de prueba anticipada. El imputado o su defensor, podrán solicitar al juez de control de garantías, la práctica anticipada de cualquier medio de prueba, en casos de extrema necesidad y urgencia, para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Se efectuará una audiencia, previa citación al fiscal correspondiente para garantizar el contradictorio.

Se aplicarán las mismas reglas previstas para la práctica de la prueba anticipada y cadena de custodia.

Ineptitud sustantiva de la demanda

Primero.- Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra de la Ley 975 de 2005, en su integridad “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.

Segundo.- Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con las acusaciones formuladas parcialmente en contra de los artículos 10, 11, 13, 18, 13 y 47 de la Ley 975 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.

Tercero.- Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con las acusaciones formuladas parcialmente en contra de los artículos 12, 101, 102, 103, 137 y 274 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.

La Corte encontró que los cargos formulados en al presente demanda no cumplen con los requisitos de claridad, certeza, suficiencia, especificidad y pertinencia que permitan entrar a examinar de fondo las disposiciones acusadas y emitir un fallo de mérito.

D-6201

C-423/06

Mayo 31/06

 

MP.

Dr. SIERRA

Artículo 104.

Audiencia de pruebas y alegaciones. El día y hora señalados el juez realizará la audiencia, la cual iniciará con una invitación a los intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido se incorporará a la decisión. En caso contrario, se procederá a la práctica de la prueba ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones.

Parágrafo. La ausencia injustificada del solicitante a las audiencias de este trámite implicará el desistimiento de la pretensión, el archivo de la solicitud, y la condenatoria en costas.

Si injustificadamente no compareciere el declarado penalmente responsable se recibirá la prueba ofrecida por los presentes y, con base en ella, se resolverá. Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente.

Tercero civilmente responsable en sistema penal acusatorio-Efectos de inasistencia a audiencia

Primero.- Declarar exequible el artículo 100 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado, en el entendido de que el tercero civilmente responsable se encuentra facultado para ejercer plenamente su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra.

Segundo.- Declarar exequible la expresión “Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente”, del parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

La Corte precisó que la figura del tercero civilmente responsable en el proceso penal se fundamenta en la existencia de una responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno, también conocida como indirecta o refleja, en contraposición con la directa o propia. En esta caso, la responsabilidad se basa en la presunción de culpa mediata o indirecta del responsable (vgr. los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos que habitan en la misma casa), de manera que los daños que ocasionen ciertas personas bajo su dependencia o cuidado, son imputables a quienes debían haber ejercido un control y vigilancia adecuados de aquéllos. En tales casos, el afectado debe probar el daño causado y el monto del mismo, la imputación del perjuicio al directo responsable y que éste último se haya bajo el cuidado o responsabilidad de otro por mandato legal o vínculo contractual. Contrasta el tratamiento legal dado al tercero civilmente responsable en el sistema penal anterior al Acto Legislativo 03 de 2002, que estableció un sistema penal de marcada tendencia acusatoria, pues en aquel existía una demanda civil dentro del proceso penal contra ese tercero, que era parte procesal y en el actual, solamente es llamado al proceso al concluir éste, con ocasión del incidente de reparación integral, toda vez que perdió su carácter de sujeto procesal. A juicio de la Corte, el que el legislador haya omitido regular el ejercicio del derecho de defensa del tercero civilmente responsable, en materia de imposición de medidas cautelares durante la etapa de investigación desconoció el artículo 29 de la Constitución. Por lo tanto, corresponde al tribunal constitucional subsanar esta omisión, mediante la ampliación del alcance del precepto legal impugnado a los supuestos de hecho no contemplados por el Legislador. En este sentido, declaró exequible el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), en el entendido de que el tercero civilmente responsable puede ejercer su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra. De otro lado, la Corporación encontró que la vinculación de la decisión del incidente de reparación integral al tercero civilmente responsable que habiendo sido citado, no compareció a la respectiva audiencia, no vulnera el debido proceso del mismo. Esto, por cuanto esto constituye en efecto jurídico lógico del incumplimiento injustificado de ese tercero de asistir a una audiencia a la que fue citado previamente, para darle la oportunidad precisamente, de ejercer su derecho de defensa. Por consiguiente, fue declarada exequible, por el cargo analizado, la expresión acusada del artículo 104 de la Ley 906 de 2004.

D-5881

C-717/06

Agosto 23/06

 

MP.

Dr. ESCOBAR

Artículo 104.

Audiencia de pruebas y alegaciones. El día y hora señalados el juez realizará la audiencia, la cual iniciará con una invitación a los intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido se incorporará a la decisión. En caso contrario, se procederá a la práctica de la prueba ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones.

Parágrafo. La ausencia injustificada del solicitante a las audiencias de este trámite implicará el desistimiento de la pretensión, el archivo de la solicitud, y la condenatoria en costas.

Si injustificadamente no compareciere el declarado penalmente responsable se recibirá la prueba ofrecida por los presentes y, con base en ella, se resolverá. Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente.

Tercero civilmente responsable en sistema penal acusatorio-Efectos de inasistencia a audiencia

Primero.- Estarse a lo resuelto en la sentencia C-425 de 2006 que declaró exequible las expresiones “ser citado o” previstas en el artículo 107 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que el tercero civilmente responsable se encuentra facultado para ejercer plenamente su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra.

Segundo.- Declarar exequible las expresiones “Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedara vinculado a los resultados de la decisión del incidente” prevista en el artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

El pronunciamiento de la Corte se circunscribió a las expresiones acusadas del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, toda vez que sobre el cargo formulado respecto de los vocablos “ser citado o” del artículo 107 ya se pronunció en la sentencia C-425/06 (Expediente D-6027). De otro lado, consideró que no existía cosa juzgada en relación con las expresiones demandadas del artículo 104 de la misma ley, como quiera que en la sentencia C-423/06 (Expediente D-5888), la Corte no examinó el derecho a la defensa técnica alegado en la presente demanda. A su juicio, la norma acusada no desconoce este derecho, pues se limita a establecer los efectos que surgen de la inasistencia del tercero civilmente responsable a la audiencia de pruebas y alegatos, que equivale a una “renuncia válida” a ejercer su derecho de defensa, lo que no contradice el artículo 29 de la Constitución. Para la Corte, no existe la omisión legislativa alegada en las expresiones acusadas del artículo 104, que prevén la consecuencia del incumplimiento de una carga procesal, sin que regule en sí misma la citación de la que se ocupan los artículos 171 y 173 de la Ley 906 de 2004.

El magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA manifestó su salvamento parcial de voto respecto de la decisión de exequibilidad de las expresiones demandadas del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, toda vez que a su juicio, existe cosa juzgada respecto de estas disposiciones sobre las cuales ya se pronunció la Corte en la sentencia C-423 de 2006.

D-6102

C-425/06

Mayo 31/06

 

MP.

Dr. SIERRA

Artículo 107.

Tercero civilmente responsable. Es la persona que según la ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del condenado.

El tercero civilmente responsable podrá ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente.

Limitación a la participación del tercero civilmente responsable en el sistema acusatorio

Declarar exequible, por el cargo analizado, el artículo 107 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que el tercero civilmente responsable se encuentra facultado para ejercer plenamente su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra.

La Corte reiteró lo señalado en esta misma sesión, en la sentencia C-423/06, a propósito de las medidas cautelares decretadas contra el tercero civilmente responsable. Al respecto, señaló que aun cuando ese tercero no tiene el carácter de sujeto procesal en el nuevo proceso penal de tendencia acusatoria, ello no significa que no tenga oportunidad de defenderse en la oportunidad adecuada. Para tal efecto, solo cuando se determina la responsabilidad penal del procesado, es posible entrar a tramitar el incidente de reparación integral en el cual tiene derecho a participar activamente el tercero civilmente responsable. Por tal motivo, la Corte declaró exequible el artículo 107 de la Ley 906 de 2004, en el mismo sentido de la sentencia en mención, es decir, en cuanto ese tercero está facultado para ejercer plenamente su defensa en dicho incidente.

D-6027

C-717/06

Agosto 23/06

 

MP.

Dr. ESCOBAR

Artículo 107.

Tercero civilmente responsable. Es la persona que según la ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del condenado.

El tercero civilmente responsable podrá ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima.

Vinculación de tercero civilmente responsable

Primero.- Estarse a lo resuelto en la sentencia C-425 de 2006 que declaró exequible las expresiones “ser citado o” previstas en el artículo 107 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que el tercero civilmente responsable se encuentra facultado para ejercer plenamente su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra.

Segundo.- Declarar exequible las expresiones “Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedara vinculado a los resultados de la decisión del incidente” prevista en el artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

El pronunciamiento de la Corte se circunscribió a las expresiones acusadas del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, toda vez que sobre el cargo formulado respecto de los vocablos “ser citado o” del artículo 107 ya se pronunció en la sentencia C-425/06 (Expediente D-6027). De otro lado, consideró que no existía cosa juzgada en relación con las expresiones demandadas del artículo 104 de la misma ley, como quiera que en la sentencia C-423/06 (Expediente D-5888), la Corte no examinó el derecho a la defensa técnica alegado en la presente demanda. A su juicio, la norma acusada no desconoce este derecho, pues se limita a establecer los efectos que surgen de la inasistencia del tercero civilmente responsable a la audiencia de pruebas y alegatos, que equivale a una “renuncia válida” a ejercer su derecho de defensa, lo que no contradice el artículo 29 de la Constitución. Para la Corte, no existe la omisión legislativa alegada en las expresiones acusadas del artículo 104, que prevén la consecuencia del incumplimiento de una carga procesal, sin que regule en sí misma la citación de la que se ocupan los artículos 171 y 173 de la Ley 906 de 2004.

D-6102

C-592/05

Junio 9/05

 

MP.

Dr. TAFUR

Artículo 114.

La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones:

(…)

6. Velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la Fiscalía pretenda presentar.

La protección de los testigos y peritos que pretenda presentar la defensa será a cargo de la Defensoría del Pueblo, la de jurados y jueces, del Consejo Superior de la Judicatura.

(…)

Protección de testigos y peritos a cargo de la Defensoría del Pueblo

Declarar exequibles, por el cargo formulado, las expresiones “La protección de los testigos y peritos que pretenda presentar la defensa será a cargo de la Defensoría del Pueblo” contenidas en el segundo inciso del numeral 6 del artículo 114 de la Ley 906 de 2004.

En primer término, la Corte señaló que la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio única y exclusivamente para la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia, no impide la aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución y consecuentemente en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable, como quiera que ese principio constituye, de acuerdo con el precepto superior y las normas que integran el bloque de constitucionalidad, un elemento fundamental del debido proceso, que no puede desconocerse en ninguna circunstancia. En segundo lugar, la Corporación precisó que de conformidad con el numeral 8) del artículo 282 superior, la enumeración de las atribuciones conferidas por el constituyente a la Defensoría del Pueblo no es taxativa, pues permite al legislador otorgarle competencias adicionales a las que allí se señalan, como la que se asigna en el numeral 6) del artículo 114 de la Ley 906 de 2004, acorde con las funciones del Defensor del Pueblo de organizar y dirigir la Defensoría pública y orientar e instruir en el ejercicio y defensa de sus derechos, a los habitantes en el territorio nacional y a los colombianos en el exterior. De otra parte, la Sala constató la existencia de cosa juzgada respecto de los artículos 127 y 291 de la Ley 906 de 2004 y el no cumplimiento de las condiciones exigidas por la jurisprudencia, para entrar a estudiar de fondo un cargo por supuesta omisión relativa del legislador respecto del artículo 287 demandado.

D-5412

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 127.

Cuando al fiscal no le haya sido posible localizar a quien requiera para formularle imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte, solicitará ante el juez de control de garantías que lo declare persona ausente adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo. El imputado se emplazará mediante edicto que se fijará en un lugar visible de la secretaría por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local.

Cumplido lo anterior el juez lo declarará persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, así como la identidad del abogado designado por el sistema nacional de Defensoría pública que lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones. Esta declaratoria es válida para toda la actuación.

El juez verificará que se hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado.

Juicio en ausencia

Declarar exequibles el artículo 127 de la Ley 906 de 2004 y la expresión “Si el indiciado, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código, sin causa justificada así sea sumariamente, no compareciere a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación” .

 

La Corte determinó que el juzgamiento en ausencia es excepcional, pues el imputado y acusado debe estar presente en todas las etapas del juicio. Así mismo, señaló que el Estado tiene la carga de localizar al imputado a fin de asegurar su presencia en el juicio y en la circunstancia de que agotados todos lo medios a su alcance ello no sea posible, puede adelantarse el proceso en su ausencia, sin que ello quiera decir que no se persista en esa búsqueda en todas las etapas procesales. Corresponde al juez efectuar en cada caso y etapa, una ponderación de la suficiencia y razonabilidad de las diligencias adelantadas con tal fin.

D-5415

C-592/05

Junio 9/05

 

MP.

Dr. TAFUR

Artículo 127.

Cuando al fiscal no le haya sido posible localizar a quien requiera para formularle imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte, solicitará ante el juez de control de garantías que lo declare persona ausente adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo. El imputado se emplazará mediante edicto que se fijará en un lugar visible de la secretaría por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local.

Cumplido lo anterior el juez lo declarará persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, así como la identidad del abogado designado por el sistema nacional de Defensoría pública que lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones. Esta declaratoria es válida para toda la actuación.

El juez verificará que se hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado.

Ausencia del imputado

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-591 de 2005, en relación con la acusación formulada en contra del artículo 127 de la Ley 906 de 2004 por el cargo sobre desconocimiento del artículo 14-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y declarar su exequibilidad en relación con los cargos formulados en el presente caso.

En primer término, la Corte señaló que la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio única y exclusivamente para la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia, no impide la aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución y consecuentemente en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable, como quiera que ese principio constituye, de acuerdo con el precepto superior y las normas que integran el bloque de constitucionalidad, un elemento fundamental del debido proceso, que no puede desconocerse en ninguna circunstancia. En segundo lugar, la Corporación precisó que de conformidad con el numeral 8) del artículo 282 superior, la enumeración de las atribuciones conferidas por el constituyente a la Defensoría del Pueblo no es taxativa, pues permite al legislador otorgarle competencias adicionales a las que allí se señalan, como la que se asigna en el numeral 6) del artículo 114 de la Ley 906 de 2004, acorde con las funciones del Defensor del Pueblo de organizar y dirigir la Defensoría pública y orientar e instruir en el ejercicio y defensa de sus derechos, a los habitantes en el territorio nacional y a los colombianos en el exterior. De otra parte, la Sala constató la existencia de cosa juzgada respecto de los artículos 127 y 291 de la Ley 906 de 2004 y el no cumplimiento de las condiciones exigidas por la jurisprudencia, para entrar a estudiar de fondo un cargo por supuesta omisión relativa del legislador respecto del artículo 287 demandado.

D-5412

C-454/06

Junio 7/06

 

MP.

Dr. CORDOBA

 

 

 

Auto 248/06

Artículo 132.

Víctimas. Se entiende por víctimas, para efectos de este código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto.

La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la existencia de una relación familiar con este.

Víctima de delito-Definición

Primero.- Declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 357 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Segundo.- Declarar exequible, en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Tercero.- Declarar exequible en relación con los cargos estudiados, el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.

 

 

Auto 248/06

 

CORREGIR la sentencia C-454 de 2006 en el sentido que la Corte en el capítulo IV. 5 (Fol. 10) de la mencionada sentencia, se refiere a la intervención del ciudadano Nayid Abú Fager Sáenz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.965.808 de Bogotá .

 

Tomando en consideración los requisitos exigidos por la ley y desarrollados por la jurisprudencia, para que proceda un examen y decisión de fondo sobre demandas de inconstitucionalidad, la Corte encontró que en el presente caso, los únicos cargos que responden al presupuestos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia son los que se dirigen contra los artículos 135 y 357 de la Ley 906 de 2004. Por tal motivo, determinó que lo procedente era la inhibición respecto de los otros artículos impugnados. En cuanto se refiere a los demás cargos de inconstitucionalidad, la Corte ratificó la línea jurisprudencial trazada en materia de derechos de las víctimas en el nuevo esquema procesal penal, cuyas pautas se resumen en: (i) la superación de la concepción que limitaba los derechos de las víctimas a una simple pretensión indemnizatoria; (ii) la idea de ajustar la nueva regulación a estándares internacionales en materia de los derechos de las víctimas de los delitos y el consecuente reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación; (iii) el reconocimiento de la potestad de intervención de las mismas en todas las fases de la actuación procesal, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad, para la determinación de sus derechos de contenido civil, pero también para conocer la realidad de los hechos, y propugnar que se haga justicia; (iv) la consideración de las víctimas como “protagonistas activos, acordes con los principios de protección y promoción de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad”. En ese orden, y acorde con lo que ha establecido la jurisprudencia, la Corporación reafirmó que los órganos de investigación deben proporcionar información a la víctima sobre sus derechos, desde el primer momento en que esta entre en contacto con las autoridades. Esta garantía se recorta si esa comunicación se limita al momento en que la víctima “intervenga” en la actuación penal, como lo dispone el artículo 135 demandado. En el marco de un sistema de investigación con un componente acusatorio, se procura un acceso pleno de la víctima a las diligencias o expediente si existiere, desde el comienzo de las indagaciones y en todo caso, desde el momento que entra en contacto con las autoridades, pues sólo así se garantiza el acceso a la justicia, la igualdad ante los tribunales, la defensa en el proceso, la efectividad de los derechos y el carácter bilateral del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, que se mantiene en el nuevo modelo de procedimiento penal. En ese sentido, se condicionó la exequibilidad del artículo 135 de la Ley 906 de 2004.

Por las mismas razones, la Corte determinó que el artículo 357 de la Ley 906 de 2004 es constitucional, en la medida en que se entienda que los representantes de las víctimas en el proceso penal, también pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, de manera que se garantice plenamente los derechos de la víctima a la verdad y a la justicia.

D-5978

C-454/06

Junio 7/06

 

MP.

Dr. CORDOBA

 

 

 

Auto 248/06

Artículo 133.

Atención y protección inmediata a las víctimas. La Fiscalía General de la Nación adoptará las medidas necesarias para la atención de las víctimas, la garantía de su seguridad personal y familiar, y la protección frente a toda publicidad que implique un ataque indebido a su vida privada o dignidad.

Las medidas de atención y protección a las víctimas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del imputado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.

Víctima de delito-Atención y protección

Primero.- Declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 357 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Segundo.- Declarar exequible, en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Tercero.- Declarar exequible en relación con los cargos estudiados, el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.

 

 

Auto 248/06

 

CORREGIR la sentencia C-454 de 2006 en el sentido que la Corte en el capítulo IV. 5 (Fol. 10) de la mencionada sentencia, se refiere a la intervención del ciudadano Nayid Abú Fager Sáenz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.965.808 de Bogotá .

 

Tomando en consideración los requisitos exigidos por la ley y desarrollados por la jurisprudencia, para que proceda un examen y decisión de fondo sobre demandas de inconstitucionalidad, la Corte encontró que en el presente caso, los únicos cargos que responden al presupuestos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia son los que se dirigen contra los artículos 135 y 357 de la Ley 906 de 2004. Por tal motivo, determinó que lo procedente era la inhibición respecto de los otros artículos impugnados. En cuanto se refiere a los demás cargos de inconstitucionalidad, la Corte ratificó la línea jurisprudencial trazada en materia de derechos de las víctimas en el nuevo esquema procesal penal, cuyas pautas se resumen en: (i) la superación de la concepción que limitaba los derechos de las víctimas a una simple pretensión indemnizatoria; (ii) la idea de ajustar la nueva regulación a estándares internacionales en materia de los derechos de las víctimas de los delitos y el consecuente reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación; (iii) el reconocimiento de la potestad de intervención de las mismas en todas las fases de la actuación procesal, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad, para la determinación de sus derechos de contenido civil, pero también para conocer la realidad de los hechos, y propugnar que se haga justicia; (iv) la consideración de las víctimas como “protagonistas activos, acordes con los principios de protección y promoción de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad”. En ese orden, y acorde con lo que ha establecido la jurisprudencia, la Corporación reafirmó que los órganos de investigación deben proporcionar información a la víctima sobre sus derechos, desde el primer momento en que esta entre en contacto con las autoridades. Esta garantía se recorta si esa comunicación se limita al momento en que la víctima “intervenga” en la actuación penal, como lo dispone el artículo 135 demandado. En el marco de un sistema de investigación con un componente acusatorio, se procura un acceso pleno de la víctima a las diligencias o expediente si existiere, desde el comienzo de las indagaciones y en todo caso, desde el momento que entra en contacto con las autoridades, pues sólo así se garantiza el acceso a la justicia, la igualdad ante los tribunales, la defensa en el proceso, la efectividad de los derechos y el carácter bilateral del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, que se mantiene en el nuevo modelo de procedimiento penal. En ese sentido, se condicionó la exequibilidad del artículo 135 de la Ley 906 de 2004.

Por las mismas razones, la Corte determinó que el artículo 357 de la Ley 906 de 2004 es constitucional, en la medida en que se entienda que los representantes de las víctimas en el proceso penal, también pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, de manera que se garantice plenamente los derechos de la víctima a la verdad y a la justicia.

D-5978

C-454/06

Junio 7/06

 

MP.

Dr. CORDOBA

 

 

 

Auto 248/06

Artículo 134.

Medidas de atención y protección a las víctimas. Las víctimas, en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad, podrán por conducto del fiscal solicitar al juez de control de garantías las medidas indispensables para su atención y protección.

Igual solicitud podrán formular las víctimas, por sí mismas o por medio de su abogado, durante el juicio oral y el incidente de reparación integral.

Víctima de delito-Medidas de atención y protección

Primero.- Declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 357 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Segundo.- Declarar exequible, en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Tercero.- Declarar exequible en relación con los cargos estudiados, el artículo 357 de la Ley 906 de 200 4, en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.

 

 

Auto 248/06

 

CORREGIR la sentencia C-454 de 2006 en el sentido que la Corte en el capítulo IV. 5 (Fol. 10) de la mencionada sentencia, se refiere a la intervención del ciudadano Nayid Abú Fager Sáenz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.965.808 de Bogotá .

 

Tomando en consideración los requisitos exigidos por la ley y desarrollados por la jurisprudencia, para que proceda un examen y decisión de fondo sobre demandas de inconstitucionalidad, la Corte encontró que en el presente caso, los únicos cargos que responden al presupuestos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia son los que se dirigen contra los artículos 135 y 357 de la Ley 906 de 2004. Por tal motivo, determinó que lo procedente era la inhibición respecto de los otros artículos impugnados. En cuanto se refiere a los demás cargos de inconstitucionalidad, la Corte ratificó la línea jurisprudencial trazada en materia de derechos de las víctimas en el nuevo esquema procesal penal, cuyas pautas se resumen en: (i) la superación de la concepción que limitaba los derechos de las víctimas a una simple pretensión indemnizatoria; (ii) la idea de ajustar la nueva regulación a estándares internacionales en materia de los derechos de las víctimas de los delitos y el consecuente reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación; (iii) el reconocimiento de la potestad de intervención de las mismas en todas las fases de la actuación procesal, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad, para la determinación de sus derechos de contenido civil, pero también para conocer la realidad de los hechos, y propugnar que se haga justicia; (iv) la consideración de las víctimas como “protagonistas activos, acordes con los principios de protección y promoción de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad”. En ese orden, y acorde con lo que ha establecido la jurisprudencia, la Corporación reafirmó que los órganos de investigación deben proporcionar información a la víctima sobre sus derechos, desde el primer momento en que esta entre en contacto con las autoridades. Esta garantía se recorta si esa comunicación se limita al momento en que la víctima “intervenga” en la actuación penal, como lo dispone el artículo 135 demandado. En el marco de un sistema de investigación con un componente acusatorio, se procura un acceso pleno de la víctima a las diligencias o expediente si existiere, desde el comienzo de las indagaciones y en todo caso, desde el momento que entra en contacto con las autoridades, pues sólo así se garantiza el acceso a la justicia, la igualdad ante los tribunales, la defensa en el proceso, la efectividad de los derechos y el carácter bilateral del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, que se mantiene en el nuevo modelo de procedimiento penal. En ese sentido, se condicionó la exequibilidad del artículo 135 de la Ley 906 de 2004.

Por las mismas razones, la Corte determinó que el artículo 357 de la Ley 906 de 2004 es constitucional, en la medida en que se entienda que los representantes de las víctimas en el proceso penal, también pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, de manera que se garantice plenamente los derechos de la víctima a la verdad y a la justicia.

D-5978

C-454/06

Junio 7/06

 

MP.

Dr. CORDOBA

 

 

 

Auto 248/06

Artículo 135.

Garantía de comunicación a las víctimas. Los derechos reconocidos serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el momento mismo en que esta intervenga.

Igualmente se le informará sobre las facultades y derechos que puede ejercer por los perjuicios causados con el injusto, y de la disponibilidad que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por conducto del fiscal, o de manera directa en el incidente de reparación integral.

Derechos de las víctimas en el proceso penal-Garantía de Información sobre sus derechos

Primero.- Declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 357 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Segundo.- Declarar exequible, en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Tercero.- Declarar exequible en relación con los cargos estudiados, el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.

 

 

Auto 248/06

 

CORREGIR la sentencia C-454 de 2006 en el sentido que la Corte en el capítulo IV. 5 (Fol. 10) de la mencionada sentencia, se refiere a la intervención del ciudadano Nayid Abú Fager Sáenz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.965.808 de Bogotá .

 

Tomando en consideración los requisitos exigidos por la ley y desarrollados por la jurisprudencia, para que proceda un examen y decisión de fondo sobre demandas de inconstitucionalidad, la Corte encontró que en el presente caso, los únicos cargos que responden al presupuestos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia son los que se dirigen contra los artículos 135 y 357 de la Ley 906 de 2004. Por tal motivo, determinó que lo procedente era la inhibición respecto de los otros artículos impugnados. En cuanto se refiere a los demás cargos de inconstitucionalidad, la Corte ratificó la línea jurisprudencial trazada en materia de derechos de las víctimas en el nuevo esquema procesal penal, cuyas pautas se resumen en: (i) la superación de la concepción que limitaba los derechos de las víctimas a una simple pretensión indemnizatoria; (ii) la idea de ajustar la nueva regulación a estándares internacionales en materia de los derechos de las víctimas de los delitos y el consecuente reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación; (iii) el reconocimiento de la potestad de intervención de las mismas en todas las fases de la actuación procesal, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad, para la determinación de sus derechos de contenido civil, pero también para conocer la realidad de los hechos, y propugnar que se haga justicia; (iv) la consideración de las víctimas como “protagonistas activos, acordes con los principios de protección y promoción de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad”. En ese orden, y acorde con lo que ha establecido la jurisprudencia, la Corporación reafirmó que los órganos de investigación deben proporcionar información a la víctima sobre sus derechos, desde el primer momento en que esta entre en contacto con las autoridades. Esta garantía se recorta si esa comunicación se limita al momento en que la víctima “intervenga” en la actuación penal, como lo dispone el artículo 135 demandado. En el marco de un sistema de investigación con un componente acusatorio, se procura un acceso pleno de la víctima a las diligencias o expediente si existiere, desde el comienzo de las indagaciones y en todo caso, desde el momento que entra en contacto con las autoridades, pues sólo así se garantiza el acceso a la justicia, la igualdad ante los tribunales, la defensa en el proceso, la efectividad de los derechos y el carácter bilateral del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, que se mantiene en el nuevo modelo de procedimiento penal. En ese sentido, se condicionó la exequibilidad del artículo 135 de la Ley 906 de 2004.

Por las mismas razones, la Corte determinó que el artículo 357 de la Ley 906 de 2004 es constitucional, en la medida en que se entienda que los representantes de las víctimas en el proceso penal, también pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, de manera que se garantice plenamente los derechos de la víctima a la verdad y a la justicia.

D-5978

C-454/06

Junio 7/06

 

MP.

Dr. CORDOBA

 

 

 

Auto 248/06

Artículo 136.

Derecho a recibir información. A quien demuestre sumariamente su calidad de víctima, la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación le suministrarán información sobre:

1. Organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo.

2. El tipo de apoyo o de servicios que puede recibir.

3. El lugar y el modo de presentar una denuncia o una querella.

4. Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y su papel respecto de aquellas.

5. El modo y las condiciones en que puede pedir protección.

6. Las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o asistencia jurídicas, asistencia o asesoría sicológicas u otro tipo de asesoría.

7. Los requisitos para acceder a una indemnización.

8. Los mecanismos de defensa que puede utilizar.

9. El trámite dado a su denuncia o querella.

10. Los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación o preclusión, seguir el desarrollo de la actuación.

11. La posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad y a ser escuchada tanto por la Fiscalía como por el juez de control de garantías, cuando haya lugar a ello.

12. La fecha y el lugar del juicio oral.

13. El derecho que le asiste a promover el incidente de reparación integral.

14. La fecha en que tendrá lugar la audiencia de dosificación de la pena y sentencia.

15. La sentencia del juez.

También adoptará las medidas necesarias para garantizar, en caso de existir un riesgo para las víctimas que participen en la actuación, que se les informe sobre la puesta en libertad de la persona inculpada.

Ineptitud sustantiva de demanda

Primero: Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 137 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Segundo: Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Tercero: Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.

 

 

Auto 248/06

 

CORREGIR la sentencia C-454 de 2006 en el sentido que la Corte en el capítulo IV. 5 (Fol. 10) de la mencionada sentencia, se refiere a la intervención del ciudadano Nayid Abú Fager Sáenz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.965.808 de Bogotá .

 

“…la Corte abordará el estudio de fondo de los cargos que se formulan en contra de los artículos 135 y 357 de la ley 906 de 2006, por encontrar que estructuran verdaderos cargos de inconstitucionalidad conforme a las reglas jurisprudenciales establecidas en materia de omisiones relativas del legislador. Así mismo, se inhibirá del estudio de los cargos dirigidos contra los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 137 de la misma ley por no responder en su formulación a las exigencias de procedibilidad que demanda una impugnación fundada en una omisión legislativa relativa, tal como quedó establecido en los apartes anteriores. Esta circunstancia conduce a declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en relación con los cargos dirigidos contra estas últimas normas mencionadas”.

D-5978

C-454/06

Junio 7/06

 

MP.

Dr. CORDOBA

 

 

 

Auto 248/06

Artículo 137.

Intervención de las víctimas en la actuación penal. Las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Las víctimas podrán solicitar al fiscal en cualquier momento de la actuación medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares.

2. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, derechos y dignidad.

3. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada.

4. En caso de existir pluralidad de víctimas, el fiscal, durante la investigación, solicitará que estas designen hasta dos abogados que las represente. De no llegarse a un acuerdo, el fiscal determinará lo más conveniente y efectivo.

5. Si la víctima no contare con medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la Fiscalía General de la Nación le designará uno de oficio.

6. El juez podrá en forma excepcional, y con el fin de proteger a las víctimas, decretar que durante su intervención el juicio se celebre a puerta cerrada.

7. Las víctimas podrán formular ante el juez de conocimiento el incidente de reparación integral, una vez establecida la responsabilidad penal del imputado.

Ineptitud sustantiva de demanda

Primero: Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 137 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Segundo: Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Tercero: Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.

 

 

Auto 248/06

 

CORREGIR la sentencia C-454 de 2006 en el sentido que la Corte en el capítulo IV. 5 (Fol. 10) de la mencionada sentencia, se refiere a la intervención del ciudadano Nayid Abú Fager Sáenz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.965.808 de Bogotá .

 

 

“…la Corte abordará el estudio de fondo de los cargos que se formulan en contra de los artículos 135 y 357 de la ley 906 de 2006, por encontrar que estructuran verdaderos cargos de inconstitucionalidad conforme a las reglas jurisprudenciales establecidas en materia de omisiones relativas del legislador. Así mismo, se inhibirá del estudio de los cargos dirigidos contra los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 137 de la misma ley por no responder en su formulación a las exigencias de procedibilidad que demanda una impugnación fundada en una omisión legislativa relativa, tal como quedó establecido en los apartes anteriores. Esta circunstancia conduce a declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en relación con los cargos dirigidos contra estas últimas normas mencionadas”.

D-5978

C-395/06

Mayo 24/06

 

Dr. ESCOBAR

Artículo 139 Num. 4 (P).

Deberes específicos de los jueces. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, constituyen deberes especiales de los jueces, en relación con el proceso penal, los siguientes:

(...) 4. Motivar breve y adecuadamente las medidas que afecten los derechos fundamentales del imputado y de los demás intervinientes.”

Ineptitud sustantiva de demanda

Por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la expresión “breve”, contenida en el numeral 4° del artículo 139 de la Ley 906 de 2004.

La Corte encontró que el cargo formulado por el demandante contra la expresión “breve” del numeral 4 del artículo 139 de la Ley 906 de 2004, no cumple con el presupuesto de certeza requerido en dicha formulación, toda vez que no se deduce del contenido normativo real y existente de numeral parcialmente acusado, sino de un criterio subjetivo del actor. En consecuencia, no permite a la Corte entrar a un estudio de fondo sobre la disposición cuestionada.

D-6036

C-1260/05

Dic. 5/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 142.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, constituyen deberes esenciales de la Fiscalía General de la Nación los siguientes:

1. Proceder con objetividad, respetando las directrices del Fiscal General de la Nación.”

Fiscal General de la Nación-facultades reglamentarias y límites constitucionales/Fiscal General de la Nación-expedición de directrices

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos formulados, la expresión “respetando las directrices del Fiscal General de la Nación”, contenida en el numeral 1 del artículo 142 de la Ley 906 de 2004.

 

 

“La Corte ha mantenido una clara línea jurisprudencial que armoniza los principios de autonomía e independencia de la Fiscalía con los de unidad de gestión y jerarquía. Las directrices que corresponde expedir al Fiscal General de la Nación pueden enmarcarse dentro de los principios constitucionales que rigen la actuación de la Fiscalía General de la Nación, relativos a la unidad de gestión y jerarquía previstos en el numeral 3 del artículo 251 de la Carta, así como a su autonomía administrativa y presupuestal. El Fiscal General de la Nación en ejercicio de sus poderes generales de dirección y orientación de las funciones de investigación y acusación penal que le competen, debe orientar y definir lineamientos, pautas y políticas generales para el funcionamiento de la fiscalía. Dicha competencia no puede confundirse con la potestad reglamentaria atribuida al Presidente de la República en virtud del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución. Dichas directrices que contienen sólo instrucciones de carácter general expedidas a nivel interno constituyen un acto administrativo de carácter general con sujeción al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esta facultad para la toma de decisiones administrativas sin embargo no es ilimitada por cuanto debe ejercerse de conformidad con la Constitución y la ley. No le está permitido al Fiscal General de la Nación que a través de las directrices que expida injerir en las decisiones judiciales propias de los fiscales ni indicarle criterios para su adopción ni interpretación de la ley y la Constitución, en aras de la garantía a la autonomía judicial. Por consiguiente, no se desconoce el artículo 230 de la Constitución.”

 

 

D-5731

C-718/06

Agosto 23/06

 

MP.

Dr. TAFUR

Artículo 148.

Toga. Sin excepción, durante el desarrollo de las audiencias los jueces deberán usar la toga, según reglamento.

Uso de la toga

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 148 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

.

En primer término, la Corte determinó que la obligatoriedad del uso de la toga por el juez en las audiencias que se adelantan en los procesos penales, no configura ninguna vulneración del principio de igualdad, dado que los supuestos a que alude el actor no resultan comparables. Esto, por cuanto dicho uso se estableció en función de las características del nuevo sistema penal acusatorio, que no resulta comparable con el sistema penal anterior ni con los caracteres de la actuación en las demás jurisdicciones. En particular, las exigencias operativas de dichas audiencias ligadas al principio de oralidad y a la presencia de público en las mismas, hacen que la exigencia de la toga no pueda verse como un requisito aislado, sin justificación ni relación con los requerimientos de un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías propias del nuevo sistema. En segundo lugar, la Corporación constató que si bien la obligación de portar la toga limita de alguna manera la posibilidad de optar por una determinada indumentaria en esas circunstancias, no puede entenderse que constituya una restricción ilegítima desde el punto de vista constitucional, del libre desarrollo de la personalidad. De ninguna manera puede entenderse que ese hecho altere o ponga en entredicho el “plan de vida” o las “opciones vitales que habrán de guiar el curso de la existencia” de los jueces llamados a portar la toga exclusivamente en las audiencias en que ellos participan. Tampoco constituye una medida carente de todo fundamento, idoneidad y necesidad para la realización de los fines de la justicia y específicamente del nuevo sistema penal. Identifica al juez o magistrados que la presiden o dirigen y realza la importancia de la función de administrar justicia, además de marcar una clara diferencia con el régimen procesal anterior. No comporta una limitación desproporcionada de los derechos de la persona que debe utilizar la toga únicamente en las audiencias. En tercer lugar, la Corte no encontró en que pueda verse vulnerado el principio de primacía del derecho sustancial con el uso de la toga por el juez penal, que corresponde a una decisión del legislador dentro de un amplio margen de configuración de cada procedimiento judicial. Ninguna garantía fundamental ligada al debido proceso puede verse comprometida, ya que se trata de un mero requisito formal cuyo no uso no puede generar nulidad. Finalmente, es claro que así como su proyecto de vida no puede verse truncado, tampoco su identidad cultural y menos aún étnica puede entenderse comprometida con el porte de la toga por el juez, el cual por demás no se impone al juez en toda circunstancia de la vida diaria. En este orden de ideas, la Corte concluyó en la exequibilidad del artículo 148 de la Ley 906 de 2004.

 

D-6055

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 154.

Se tramitará en audiencia preliminar:

2. La práctica de una prueba anticipada.

 

Pruebas anticipadas

Declarar exequible el numeral 2) del artículo 154 de la Ley 906 de 2004 que dice “La práctica de una prueba anticipada.

Del examen efectuado a las normas acusadas, frente a los cargos de inconstitucionalidad formulados, la Corte concluyó que la práctica de pruebas anticipadas en circunstancias excepcionales y respetando el derecho de defensa y de contradicción, durante una audiencia ante el juez de control de garantías, no vulnera el principio de inmediación de la prueba en un sistema acusatorio. La sentencia debe estar fundada en pruebas practicadas durante el juicio oral, y la norma acusada exige la repetición de la prueba practicada anticipadamente, de ser fácticamente posible.

D-5415

C-504/05

Mayo 17/05

 

MP.

Dr. SIERRA

Artículo 157.

La persecución penal y las indagaciones pertinentes podrán adelantarse en cualquier momento. En consecuencia, todos los días y horas son hábiles para ese efecto.

Las actuaciones que se desarrollen ante los jueces que cumplan la función de control de garantías serán concentradas. Todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de esta función.

Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente. 

Sin embargo, cuando las circunstancias particulares de un caso lo ameriten, previa decisión motivada del juez competente, podrán habilitarse otros días con el fin de asegurar el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas.”

Ineptitud sustantiva de demanda

Declararse inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la expresión “podrán adelantarse en cualquier momento” contenida en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

 

 

 

 

 

La Corte reiteró que no obstante el carácter público de la acción de constitucionalidad, para que realmente exista una demanda es necesario que el actor formule un cargo susceptible de ser examinado por la Corte, situación que no se da en el presente caso, en la medida en que no hay correspondencia lógica ni jurídica entre la argumentación de la demanda y el contenido material de la misma, por lo cual no es posible entrar a examen de fondo.

D-5507

C-047/06

Feb. 1/06

 

MP. Dr. ESCOBAR

Artículo 176.

Son recursos ordinarios la reposición y la apelación.

Salvo la sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.

La apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria.

Apelación de sentencia absolutoria

Declarar la exequibilidad, por los cargos estudiados, de la expresión “absolutoria”, contenida en el inciso tercero del artículo 176 de la Ley 906 de 2004.

 

La Corte señaló que no solo no es violatorio del principio del non bis in idem, establecer la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria, sino que por el contrario, excluir esa posibilidad podría resultar contraria desde el punto de vista de la garantía constitucional de la doble instancia, el derecho de acceso a la administración de justicia, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y al reparación y el imperativo que la Carta impone a las autoridades de lograr la vigencia de un orden justo.

De este modo, por expreso mandato constitucional, previsto también en instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, el ordenamiento colombiano garantiza la posibilidad del sindicado de impugnar la sentencia condenatoria, a la vez, en desarrollo de la garantía de la doble instancia, la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria, constituye una garantía para las víctimas y protege el interés del a sociedad en un sentencia que, con pleno respeto de los derechos del procesado, conduzca a la verdad, la reparación y la justicia.

D-5783

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 177.

La apelación se concederá:

En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la apelación se resuelva:

1. La sentencia condenatoria o absolutoria. (…) “

Ineptitud sustantiva de demanda

Declararse inhibida de emitir pronunciamiento sobre los cargos presentados contra la expresión “o absolutoria” contenida en el artículo 177 de la Ley 906 de 2004.

El demandante deriva la inconstitucionalidad del inciso 1 del artículo 177 de la Ley 906 de 2004 de la aseveración de que en el ordenamiento jurídico no existe la permisión de la apelación de la sentencia absolutoria, lo que en sí mismo no puede predicarse como un cargo de inconstitucionalidad claro, específico y pertinente sino abstracto, vago y general. Igualmente, le asiste razón a la Procuraduría General de la Nación cuando indica que los argumentos contra el artículo 177 (parcial) carecen de certeza ya que el artículo acusado fija los efectos en los cuales se concede el recurso de apelación y no la procedencia de la misma contra sentencias absolutorias, que se encuentra estipulada en el artículo 176 del Código de Procedimiento Penal.

D-5705 Y OTRO

C-047/06

Feb. 1/06

 

MP. Dr. ESCOBAR

Artículo 177.

La apelación se concederá:

En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la apelación se resuelva:

1. La sentencia condenatoria o absolutoria.

2. El auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión.

3. El auto que decide una nulidad.

4. El auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral, y

5. El auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio oral.

En el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspenderá el cumplimiento de la decisión apelada ni el curso de la actuación:

1. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida de aseguramiento; y

2. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida cautelar que afecte bienes del imputado o acusado.

Apelación de sentencia absolutoria

Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, de la expresión “absolutoria”, contenida en el inciso 3º del artículo 176 y en el numeral 1º del artículo 177 de la Ley 906 de 2004.

 

La Corte señaló que no solo no es violatorio del principio del non bis in idem, establecer la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria, sino que por el contrario, excluir esa posibilidad podría resultar contraria desde el punto de vista de la garantía constitucional de la doble instancia, el derecho de acceso ala administración de justicia, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y al reparación y el imperativo que la Carta impone a las autoridades de lograr la vigencia de un orden justo.

De este modo, por expreso mandato constitucional, previsto también en instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, el ordenamiento colombiano garantiza la posibilidad del sindicado de impugnar la sentencia condenatoria, a la vez, en desarrollo de la garantía de la doble instancia, la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria, constituye una garantía para las víctimas y protege el interés del a sociedad en un sentencia que, con pleno respeto de los derechos del procesado, conduzca a la verdad, la reparación y la justicia.

D-5783

C-590/05

Junio 8/05

 

MP.

Dr. CÓRDOBA

Artículo. 185.

Cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de las causales propuestas, dictará el fallo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la audiencia de sustentación, contra el cual no procede ningún recurso ni acción, salvo la de revisión.

La Corte está facultada para señalar en qué estado queda el proceso en el caso de determinar que este pueda recuperar alguna vigencia. En caso contrario procederá a dictar el fallo que corresponda.

Cuando la Corte adopte el fallo, dentro del mismo lapso o a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, citará a audiencia para lectura del mismo.”

Tutela contra sentencias de casación

Declarar Inexequible la expresión “ni acción” que hace parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004.

La Corte, acorde con reiterada jurisprudencia, señaló que si bien es cierto que el legislador, en desarrollo de su libertad de configuración, puede establecer que contra la sentencia que resuelve el recurso extraordinario de casación en materia penal no procede ningún recurso, pues se trata precisamente de la decisión tomada por el órgano de cierre de la jurisdicción penal con ocasión del ejercicio de un recurso extraordinario, también lo es que esto no puede excluir la procedencia de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución, para la protección de los derechos fundamentales contra toda actuación u omisión de autoridad pública, que también lo es, la autoridad judicial. Por tal razón, encontró que la exclusión genérica de toda acción contra la sentencia que decide el recurso de casación, salvo la de revisión, desconoce el principio de supremacía de la Constitución (art. 4º C.P.), al restringir el alcance de un mecanismo constitucional que como la acción de tutela, fue diseñado para la protección de los derechos fundamentales. La Corporación precisó que no existe incompatibilidad entre ese recurso y la acción de tutela, como quiera que todos los recursos judiciales configurados por el ordenamiento jurídico se orientan de una u otra manera, a la defensa de tales derechos. En consecuencia, resolvió declarar inexequible la expresión “ni acción”, que impedía acudir a dicha acción constitucional.

D-5428

C-799/05

Agosto 2/05

 

MP.

Dr. ARAUJO

Artículo 192.

La acción de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:

(…)

5. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero.

6. Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones. (…) “

Acción de revisión-Procedencia cuando fallo ha sido determinado por un delito o fundamentado en prueba falsa

Declarar exequibles los numerales 5 y 6 del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados.

La Corte determinó que las causales de revisión de las sentencias establecidas en los numerales 5 y 6 de la Ley 906 de 2004 responden a los límites que la propia Constitución ha establecido para la prohibición de un nuevo juzgamiento y el principio de cosa juzgada, en cuanto un fallo condenatorio o absolutorio fundado en un delito o sustentado en una prueba falsa, vulnera el valor fundamental de la justicia y atenta contra el logro de un orden justo, fin esencial del Estado. De ahí que dichas causales estén acordes con el ordenamiento constitucional.

D-5464

C-979/05

Sept. 26/05

 

MP.

Dr. CÓRDOBA

Artículo 192.

La acción de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:

1. Cuando se haya condenado a dos (2) o más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas.

2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.

3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.

4. Cuando después del fallo absolutorio en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente

tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates.

5. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero.

6. Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones.

7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad.

Parágrafo. Lo dispuesto en los numerales 5 y 6 se aplicará también en los casos de preclusión y sentencia absolutoria.

Acción de revisión contra fallos absolutorios en procesos por violación de derechos humanos o infracción grave al Derecho Internacional Humanitario

Declarar inexequible la expresión “absolutorio” del numeral 4° del artículo 192 de la Ley 906 de 2004.

 

La Corte ratificó que los derechos de las víctimas de conductas ilícitas que configuran violaciones de derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, a ser reparadas, a saber que ocurrió y a que se haga justicia en su caso, son correlativos a la obligación del Estado de investigar seriamente las conductas punibles, mandato que resulta proporcional a la magnitud del daño individual y social que las conductas punibles han ocasionado. Así mismo, estableció que es posible establecer limitaciones a la prohibición del non bis in idem previsto en el artículo 29 de la Constitución derivadas de valores constitucionales (preámbulo, arts. 2º y 229 C.P.), como también del derecho internacional de los derechos humanos (art. 93 C.P.). Por ello, determinó que la restricción de la procedencia de la acción de revisión a los fallos absolutorios en los casos en que la instancia internacional haya establecido el incumplimiento del Estado colombiano, entraña una violación de esa obligación internacional, contraria al deber de protección de los derechos de las víctimas de estos delitos que desconocen la dignidad humana (art. 1º C.P.) y afectan condiciones básicas de convivencia social, necesarias para la vigencia de un orden justo (art. 2º C.P.). Además, estimó que dicha restricción constituye un desconocimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano de colaborar con la vigencia de los derechos humanos y sancionar las conductas que afecten estos valores supremos del orden internacional (arts. 9 y 93 C.P.) y una vulneración del debido proceso de la persona condenada en una actuación que desatiende los deberes constitucionales e internacionales de adelantar una investigación seria e imparcial de esos crímenes, aspecto que ha sido constatado por una instancia internacional. De otra parte, la Corte reafirmó que la revisión de fallos condenatorios en la hipótesis contemplada en el numeral 4) acusado no cabe en otra de las causales del artículo 192 del Código de Procedimiento Penal, pues la omisión en las obligaciones internacionales del Estado no siempre encaja en los eventos enunciados en dichas casuales. Por todo lo anterior, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “absolutorio” contenida en el numeral 4) del artículo 192 de la Ley 906 de 2004.

D-5590

C-789/06

Sept. 20/06

 

MP.

Dr. PINILLA

Artículo 208.

Actividad de policía. Cuando en ejercicio de la actividad de policía los servidores de la Policía Nacional descubrieren elementos materiales probatorios y evidencia física como los mencionados en este código, en desarrollo de registro personal, inspección corporal, registro de vehículos y otras diligencias similares, los identificarán, recogerán y embalarán técnicamente. Sin demora alguna, comunicarán el hallazgo a la policía judicial, telefónicamente o por cualquier otro medio eficaz, la cual sin dilación se trasladará al lugar y recogerá los elementos y el informe. Cuando esto no fuere posible, quien los hubiere embalado los hará llegar, con las seguridades del caso, a la policía judicial.

Actividad de policía/ Registro personal/ inspección corporal/ registro de vehículos

Primero.- Inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los segmentos normativos acusados de los artículos 39, inciso primero; 74, numeral 2; 102, inciso segundo y 350, inciso primero de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda.

Segundo.- Declarar exequible la expresión “registro personal” contenida en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que se trata de una revisión externa, superficial y no invasiva.

Tercero.- Declarar exequible la expresión “registro de vehículos” contenida en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004.

Cuarto.- Declarar inexequibles las expresiones “inspección corporal” e “y otras diligencias similares” contenidas en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004.

En primer término, la Corte encontró que en relación con la demanda formulada contra segmentos normativos de los artículos 39, 74, 102 y 350 de la Ley 906 de 2004, no se cumplieron los requisitos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia en los cargos planteados, que permitieran entrar a un estudio de fondo sobre la constitucionalidad de tales disposiciones. Por ello, la Corporación se inhibió de emitir un fallo de mérito sobre las mismas. En cuanto se refiere a las expresiones acusadas del artículo 208 de la citada ley, la Corte precisó que las diligencias de registro personal y registro de vehículos autorizadas en esta disposición, corresponden a medidas preventivas que no forman parte de los procedimientos penales, toda vez que están orientadas a la prevención de hechos punibles y a la seguridad de lugares y personas. Esto no obsta para que los elementos probatorios hallados en desarrollo de estas actuaciones, eventualmente puedan dar lugar a la iniciación o evidencia de una investigación penal y con tal objeto, sean puestos de inmediato a órdenes de la autoridad competente. Es decir, que debe distinguirse entre las actividades propias de la investigación penal en materia de registro (inspección corporal, registro personal, obtención de muestras que involucren al imputado y procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales), que como lo precisó la Sentencia C-822/05, tienen como finalidad “la búsqueda de evidencia física o elementos materiales probatorios dentro del programa metodológico de una investigación penal” y lo que son los registros o requisas realizados como parte de los procedimientos policivos preventivos a los cuales alude el artículo 208 cuestionado. Así mismo, señaló que estas medidas responden al cumplimiento de un deber constitucional en cabeza de la Policía Nacional, institución a la cual compete el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. De ahí, que tratándose de registros preventivos realizados por la policía, no es menester contar con la previa autorización judicial, mientras que en el registro personal que se realiza dentro del proceso penal sí se requiere de dicha autorización. De igual forma, aclaró que el registro personal que se efectúa en desarrollo de la actividad preventiva de la policía, consiste simplemente en una revisión externa y superficial del individuo que como tal no compromete constataciones íntimas o invasivas, de manera que se debe practicar solamente sobre lo que la persona lleve consigo. En esa medida, para la Corporación, el registro personal así entendido, no resulta atentatorio de los derechos fundamentales invocados por el demandante, toda vez que está restringido a ese tipo de revisión. En relación con el registro de vehículos, la Corte determinó igualmente, que constituye una actividad policiva preventiva que busca garantizar la tranquilidad y seguridad ciudadanas y precaver la comisión de conductas punibles y en ese sentido, no desconoce preceptos superiores.

A una conclusión diferente llegó la Corte en relación con la inspección corporal y las que denomina como “diligencias similares”, previstas en el artículo 208 de la ley 906 de 2004. De un lado, porque la inspección corporal no consiste en un simple cacheo o revisión superficial, sino en una verdadera intervención sobre el cuerpo de las personas, con riesgo de tocamientos indignantes y exploración del mismo sea o no mediante la introducción de instrumental médico o sondas. En este caso, es evidente que se presenta una grave invasión sobre los derechos de las personas sometidas a este procedimiento, por lo cual es indispensable contar con la previa autorización judicial, exigencia que se echa de menos en La expresión acusada, al habilitar al personal de la policía para realizar inspecciones corporales en desarrollo de su acción administrativa. Si aún dentro de una investigación penal existen limitaciones para la inspección corporal, tales como la orden judicial previa y el cumplimiento de un procedimiento en caso de negativa del imputado (Sentencia C-822/05), con mayor razón no puede darse esa actuación en la órbita preventiva de la policía. Por tal motivo, la Corte declaró inexequible la expresión “inspección corporal” contenida en el artículo mencionado, por vulnerar el derecho a la intimidad consagrado en artículo 15 de la Constitución. De igual manera, la Corte declaró inexequible la expresión “y otras diligencias similares” contenida en el artículo 208 acusado, habida cuenta que su imprecisión, indeterminación y vaguedad, quebranta el principio de legalidad y pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas, que se ven expuestas a actuaciones del personal de la policía sin limitación alguna.

 

D-6199

C-673/05

Junio 30/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 221.

Los motivos fundados de que trata el artículo anterior deberán ser respaldados, al menos, en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante, o en elementos materiales probatorios y evidencia física que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado.

Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta confiable. De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías.

Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales probatorios, tales como evidencia física, vídeos o fotografías fruto de seguimientos pasivos, el fiscal, además de verificar la cadena de custodia, deberá exigir el diligenciamiento de un oficio proforma en donde bajo juramento el funcionario de la policía judicial certifique que ha corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación de dichos elementos.

Orden de allanamiento y registro-Existencia de motivos fundados a través de la declaración de testigo y de informante/ Orden de allanamiento y registro-Reserva de identidad del informante

Primero.- DECLARAR EXEQUIBLE el primer inciso del artículo 221 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

Segundo.- DECLARAR EXEQUIBLE las expresiones “Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta confiable”, por el cargo analizado, en el entendido de que el caso de los informantes el fiscal podrá eventualmente interrogarlo a fin de apreciar mejor su credibilidad; y exequible la expresión “De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías”, por el cargo analizado, en el entendido de que la reserva de datos del informante no vincula al juez de control de garantías, ambas expresiones del inciso segundo del artículo 221 de la ley 906 de 2004.

Tercero. Declarar INEXEQUIBLE el numeral 16 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004.

 

 

 

Los problemas jurídicos examinados por la Corte se refieren a determinar: i) si constituye una vulneración del debido proceso, la exigencia de que los informes que rinda una persona ante el órgano de policía judicial puedan convertirse en testimonio sin la debida contradicción de la prueba, como quiera que solo el Fiscal puede presenciarlo para decretar un allanamiento; ii) si la reserva sobre los datos del informante cuya declaración sustenta una orden de allanamiento y registro, incluso para efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías, desconoce las competencias constitucionales del mismo; iii) Si la causal establecida en el numeral 16) del artículo 324 para aplicar el principio de oportunidad desconoce el principio de legalidad. Sobre el primer punto, la Corte concluyó que la expresión demandada del artículo 221 de la Ley 906 no puede ser entendida en el sentido de que la reserva sobre los datos del informante sea oponible al juez de control de garantías, por cuanto le impediría a este juez la realización de un verdadero control formal y material sobre la Fiscalía en materia de medidas de intervención en los derechos fundamentales. De otra parte, la Corporación encontró que el numeral 16 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 es vago y demasiado indeterminado al no fijar parámetros claros para la aplicación del principio de oportunidad por parte del fiscal, conforme lo exige el inciso primero del artículo 250 de la Constitución, por tratarse de una excepción al mandato de que el fiscal no puede suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, lo que impide así mismo, que el juez de control de garantías pueda ejercer un verdadero control del ejercicio de esa facultad.

 

D-5452

C-1260/05

Dic. 5/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 221.

Los motivos fundados de que trata el artículo anterior deberán ser respaldados, al menos, en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante, o en elementos materiales probatorios y evidencia física que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado.

Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta confiable. De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías.

Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales probatorios, tales como evidencia física, vídeos o fotografías fruto de seguimientos pasivos, el fiscal, además de verificar la cadena de custodia, deberá exigir el diligenciamiento de un oficio proforma en donde bajo juramento el funcionario de la policía judicial certifique que ha corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación de dichos elementos.”

Cosa juzgada constitucional

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-673 de 2005, respecto de los cargos formulados contra la expresión “De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías” contenida en el inciso segundo del artículo 221 de Ley 906 de 2004, en la cual se dispuso:

“Segundo.- (…) y exequible la expresión “De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías”, por el cargo analizado, en el entendido de que la reserva de datos del informante no vincula al juez de control de garantías, ambas expresiones del inciso segundo del artículo 221 de la ley 906 de 2004”.

 

La Corte constató que frente a los mismos cargos planteados en esta oportunidad contra el segmento acusado del artículo 221 de la Ley 906 de 2004, ya se pronunció en la sentencia C-673/05, declarando una exequibilidad condicionada.

 

D-5731

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 232.

La expedición de una orden de registro y allanamiento por parte del fiscal, que se encuentre viciada por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos en este código, generará la invalidez de la diligencia, por lo que los elementos materiales probatorios y evidencia física que dependan directa y exclusivamente del registro carecerán de valor, serán excluidos de la actuación y sólo podrán ser utilizados para fines de impugnación.

Cláusula de exclusión en materia de registros y allanamientos-Inconstitucionalidad de la expresión “directa y exclusivamente” en relación con los elementos materiales probatorios y evidencia física afectados por invalidez

 

Declarar exequible el artículo 232 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado, salvo la expresión “directa y exclusivamente” que se declara inexequible.

Al examinar en conjunto los artículos 23, 232, 455 y 457 de la Ley 906 de 2004, la Corte determinó que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución, cuando se efectúe un allanamiento o registro, todo elemento probatorio y evidencia física, y no solamente los que dependan directa y exclusivamente de la correspondiente diligencia, que se obtenga en dicha diligencia practicada sin que se reúnan los requisitos exigidos por la ley, carecerá de valor y deberá ser excluida de la actuación, para que no sea invocada contra el investigado en dicho proceso. La Corporación encontró que los artículos 23 y 455 desarrollan dentro del margen de configuración del legislador el artículo 29 de la Carta, ordenando la exclusión no sólo de las pruebas ilícitas directas, sino de las derivadas de ésta. En este sentido, el artículo 455 establece criterios para analizar si una prueba realmente se deriva de otra y por eso se enmarca dentro de lo preceptuado por la Constitución. En cuanto al artículo 457, que se refiere a la nulidad de todo el proceso, la Corte concluyó que la presentación en el juicio de una prueba ilícita, omitiéndose la regla de exclusión, general la nulidad del proceso, cuando ha sido obtenida mediante tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, puesto que a lo largo de todo el proceso no operaron los controles que debían haber llevado a que dicha prueba fuera excluida.

D-5415

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 242.

Cuando el fiscal tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado en la investigación que se adelanta, continúa desarrollando una actividad criminal, previa autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalías, podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre que resulte indispensable para el éxito de las tareas investigativas. En desarrollo de esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la policía judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y, si fuere necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al fiscal para que este disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la policía judicial, con miras a que se recoja la información y los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados.

Así mismo, podrá disponerse que actúe como agente encubierto el particular que, sin modificar su identidad, sea de la confianza del indiciado o imputado o la adquiera para los efectos de la búsqueda y obtención de información relevante y de elementos materiales probatorios y evidencia física.

Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los medios técnicos de ayuda previstos en el artículo 239.

En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se deberá adelantar la revisión de legalidad formal y material del procedimiento ante el juez de control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación de la operación encubierta, para lo cual se aplicarán, en lo que sea pertinente, las reglas previstas para los registros y allanamientos.

En todo caso, el uso de agentes encubiertos no podrá extenderse por un período superior a un (1) año, prorrogable por un (1) año más mediante debida justificación. Si vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido ningún resultado, esta se cancelará, sin perjuicio de la realización del control de legalidad correspondiente.

Ineptitud sustantiva de demanda

Declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre la expresión “o incluso particulares” del artículo 242 de la ley 906 de 2004, por inepta demanda.

 

La Corte encontró que la demandante no explica las razones por las cuales la norma acusada asigna funciones judiciales a los particulares, por fuera de la Constitución, de manera que no es posible entrar a un estudio de fondo sobre su constitucionalidad.

D-5415

C-1260/05

Dic. 5/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 242.

Cuando el fiscal tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado en la investigación que se adelanta, continúa desarrollando una actividad criminal, previa autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalías, podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre que resulte indispensable para el éxito de las tareas investigativas. En desarrollo de esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la policía judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y, si fuere necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al fiscal para que este disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la policía judicial, con miras a que se recoja la información y los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados.

Así mismo, podrá disponerse que actúe como agente encubierto el particular que, sin modificar su identidad, sea de la confianza del indiciado o imputado o la adquiera para los efectos de la búsqueda y obtención de información relevante y de elementos materiales probatorios y evidencia física.

Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los medios técnicos de ayuda previstos en el artículo 239.

En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se deberá adelantar la revisión de legalidad formal y material del procedimiento ante el juez de control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación de la operación encubierta, para lo cual se aplicarán, en lo que sea pertinente, las reglas previstas para los registros y allanamientos. En todo caso, el uso de agentes encubiertos no podrá extenderse por un período superior a un (1) año, prorrogable por un (1) año más mediante debida justificación. Si vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido ningún resultado, esta se cancelará, sin perjuicio de la realización del control de legalidad correspondiente.”

Ineptitud sustantiva de demanda

Inhibirse de proferir fallo de fondo respecto de las expresiones “incluso particulares” y “el particular” contenidas en los incisos primero y segundo del artículo 242 de la Ley 906 de 2004.

 

La Corte encontró que el actor no estructura un verdadero cargo de inconstitucionalidad, por cuanto se limita a aducir que la Constitución no atribuye funciones de policía judicial a los particulares y el supuesto desconocimiento del artículo 123 de la Carta por no haberse expedido el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñan funciones públicas. No obstante, no expone de manera concreta y suficiente los motivos que le llevan a perseguir la inconstitucionalidad de las expresiones acusadas. Por tal motivo, lo procedente es la inhibición al no existir condiciones para un pronunciamiento de fondo.

 

D-5731

C-606/06

Agosto 1/06

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 242.

Cuando el fiscal tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado en la investigación que se adelanta, continúa desarrollando una actividad criminal, previa autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalías, podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre que resulte indispensable para el éxito de las tareas investigativas. En desarrollo de esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la policía judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y, si fuere necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al fiscal para que este disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la policía judicial, con miras a que se recoja la información y los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados.

Así mismo, podrá disponerse que actúe como agente encubierto el particular que, sin modificar su identidad, sea de la confianza del indiciado o imputado o la adquiera para los efectos de la búsqueda y obtención de información relevante y de elementos materiales probatorios y evidencia física.

Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los medios técnicos de ayuda previstos en el artículo 239.

En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se deberá adelantar la revisión de legalidad formal y material del procedimiento ante el juez de control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación de la operación encubierta, para lo cual se aplicarán, en lo que sea pertinente, las reglas previstas para los registros y allanamientos.

En todo caso, el uso de agentes encubiertos no podrá extenderse por un período superior a un (1) año, prorrogable por un (1) año más mediante debida justificación. Si vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido ningún resultado, esta se cancelará, sin perjuicio de la realización del control de legalidad correspondiente.”

Ineptitud sustantiva de demanda

 

INHIBIRSE de proferir fallo de fondo respecto de las expresiones acusadas del artículo 242 de la Ley 906 de 2004.

A juicio de la Corte, los argumentos formulados en la demanda en contra del artículo 242 del Código de procedimiento Penal no son específicos, pertinentes ni suficientes para estructurar adecuadamente un cargo de inconstitucionalidad. En primer lugar, porque ninguna de las disposiciones constitucionales invocadas por los demandantes contiene la prohibición de que los particulares cumplan funciones de policía judicial, ni explican porque las funciones que cumplen los particulares como agentes encubiertos son de esta categoría. En segundo término, la supuesta violación del derecho a la intimidad no cumple con el requisito de especificidad, como quiera que se deriva de una interpretación personal efectuada por los demandantes, con base en apreciaciones subjetivas que no se derivan de la norma acusada. Por consiguiente, la demanda carece de los elementos necesarios para poder entrar a realizar un estudio de fondo sobre su constitucionalidad.

 

D-6030

C-822/05

Agosto 10/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 247.

Cuando el Fiscal General, o el fiscal tengan motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para creer que, en el cuerpo del imputado existen elementos materiales probatorios y evidencia física necesarios para la investigación, podrá ordenar la inspección corporal de dicha persona. En esta diligencia deberá estar presente el defensor y se observará toda clase de consideraciones compatibles con la dignidad humana.

Inspección corporal

EXEQUIBLE el artículo 247 de la Ley 906 de 2004, en relación con los cargos examinados, en el entendido de que:

a) la inspección corporal requiere autorización previa del juez de control de garantías, el cual ponderará la solicitud del fiscal, o de la policía judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si la medida específica es o no pertinente y, de serlo, si también es idónea, necesaria y proporcionada en las condiciones particulares del caso;

b) cuando el imputado invoque circunstancias extraordinarias, no tenidas en cuenta al conferir la autorización judicial, para negarse a permitir la inspección corporal, se deberá acudir al juez de control de garantías que autorizó la medida para que éste defina las condiciones bajo las cuales ésta se podrá practicar, o la niegue.

c) la inspección corporal siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad, y humanidad para el imputado, en los términos del apartado 5.2.2.5. de esta sentencia.

 

Al analizar si la norma constituía una limitación razonable y proporcionada de los derechos fundamentales del imputado, la Corte concluyó que sí lo era después de juzgar en abstracto el artículo acusado. Esto debido a que en el curso de las investigaciones puede ser conducente, necesario y proporcionado que a quien ya ha adquirido la condición de imputado se le practique este tipo de intervención corporal para obtener elementos materiales probatorios y evidencias indispensables para esclarecer los hechos objeto de la investigación. Por eso la norma fue declarada ajusta a la Constitución. No obstante, la Corte estimó que era necesario introducirle algunos condicionamientos para excluir interpretaciones adversas a la Carta que pudieran conducir a que la norma acusada fuese aplicada sin respetar los parámetros constitucionales. La Corte consideró que estas intervenciones corporales implican afectación de derechos fundamentales, y amenazan el principio de la dignidad humana (artículo 1 de la C.P.) y, por lo tanto, siempre es necesario que se acuda al juez de control de garantías para solicitarle que autorice la práctica de estas medidas, como lo ordena el artículo 250 de la Constitución numeral 3. De esta manera se garantiza el principio de reserva judicial. Adicionalmente, la Corte subrayo que el juez puede autorizar la medida o negarse a acceder a la solicitud. Esta determinación puede obedecer a dos tipos de razones, principalmente. Las primeras tienen que ver con la pertinencia de la medida en el caso concreto. Las segundas resultan de analizar si en las condiciones particulares de cada caso la medida solicitada reúne tres requisitos: ser adecuada para alcanzar los fines de la investigación (idoneidad); no existir un medio alternativo que sea menos limitativo de los derechos y que tenga eficacia semejante (necesidad); y que al ponderar la gravedad del delito investigado y las condiciones en las cuales este fue cometido, de un lado, y el grado de afectación de los derechos de la persona a la cual se le realizaría la intervención corporal, se concluya que la medida no es desproporcionada (proporcionalidad). Este análisis lo debe efectuar cada juez de control de garantías al aplicar la norma en el caso concreto.

También consideró la Corte que esta intervención en el cuerpo del imputado debe efectuarse respetando los principios que las rigen a la luz de los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. Tales principios exigen que la intervención corporal se haga en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad y humanidad para el imputado. Se trata de parámetros que obligan a las personas responsables de practicar la intervención corporal.

Después de que el juez de garantía ha autorizado la práctica de una inspección corporal puede suceder que el imputado se niegue a permitir dicha inspección. En este evento es preciso distinguir dos situaciones. La primera es aquella en la cual la negativa del imputado se funda en circunstancias conocidas que ya fueron tenidas en cuenta por el juez al momento de conferir la autorización para que la medida fuese practicada. En este caso, las autoridades podrán proseguir con la diligencia aún en contra de la voluntad del imputado y respetando los principios señalados anteriormente para garantizar su dignidad humana y no someterlo a tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras garantías. La segunda situación es aquella en la cual el imputado invoca circunstancias extraordinarias que no fueron tenidas en cuenta por el juez al conferir la autorización. Ello puede presentarse, por ejemplo, cuando han sobrevenido hechos con posterioridad a la autorización judicial que puedan conducir a que de practicarse la intervención corporal se efectúe una afectación grave de los derechos del imputado, o cuando las características de la medida resulten violatorias a las convicciones religiosas del imputado. En este evento se deberá acudir de nuevo al juez de control de garantías que autorizó la medida para que éste defina las condiciones bajo las cuales la inspección corporal se podrá practicar, o la niegue.

D-5549

C-822/05

Agosto 10/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 248.

Sin perjuicio de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública en cumplimiento de su deber constitucional, y salvo que se trate de registro incidental a la captura, realizado con ocasión de ella, el Fiscal General o su delegado que tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que alguna persona relacionada con la investigación que adelanta, está en posesión de elementos materiales probatorios y evidencia física, podrá ordenar el registro de esa persona.

Para practicar este registro se designará a persona del mismo sexo de la que habrá de registrarse, y se guardarán con ella toda clase de consideraciones compatibles con la dignidad humana. Si se tratare del imputado deberá estar asistido por su defensor.

Registro personal

INEXEQUIBLE la expresión “sin perjuicio de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública en cumplimiento de su deber constitucional, y…” contenida en el artículo 248 de la Ley 906 de 2004.

EXEQUIBLE el resto de esta disposición, por los cargos analizados, en el entendido de que

a) salvo el registro incidental a la captura, el registro corporal requiere autorización previa del juez de control de garantías, el cual ponderará la solicitud del fiscal, o de la policía judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si la medida específica es o no pertinente y, de serlo, si también es idónea, necesaria y proporcionada en las condiciones particulares del caso;

b) el juez de control de garantías también definirá las condiciones bajo las cuales ésta se podrá practicar en el evento de que la persona sobre la cual recae el registro se niegue a permitir su práctica.

Al analizar si la norma constituía una limitación razonable y proporcionada de los derechos fundamentales del imputado, la Corte concluyó que sí lo era después de juzgar en abstracto el artículo acusado. Esto debido a que en el curso de las investigaciones puede ser conducente, necesario y proporcionado que a quien ya ha adquirido la condición de imputado se le practique este tipo de intervención corporal para obtener elementos materiales probatorios y evidencias indispensables para esclarecer los hechos objeto de la investigación. Por eso la norma fue declarada ajusta a la Constitución. No obstante, la Corte estimó que era necesario introducirle algunos condicionamientos para excluir interpretaciones adversas a la Carta que pudieran conducir a que la norma acusada fuese aplicada sin respetar los parámetros constitucionales. La Corte consideró que estas intervenciones corporales implican afectación de derechos fundamentales, y amenazan el principio de la dignidad humana (artículo 1 de la C.P.) y, por lo tanto, siempre es necesario que se acuda al juez de control de garantías para solicitarle que autorice la práctica de estas medidas, como lo ordena el artículo 250 de la Constitución numeral 3. De esta manera se garantiza el principio de reserva judicial. Adicionalmente, la Corte subrayo que el juez puede autorizar la medida o negarse a acceder a la solicitud. Esta determinación puede obedecer a dos tipos de razones, principalmente. Las primeras tienen que ver con la pertinencia de la medida en el caso concreto. Las segundas resultan de analizar si en las condiciones particulares de cada caso la medida solicitada reúne tres requisitos: ser adecuada para alcanzar los fines de la investigación (idoneidad); no existir un medio alternativo que sea menos limitativo de los derechos y que tenga eficacia semejante (necesidad); y que al ponderar la gravedad del delito investigado y las condiciones en las cuales este fue cometido, de un lado, y el grado de afectación de los derechos de la persona a la cual se le realizaría la intervención corporal, se concluya que la medida no es desproporcionada (proporcionalidad). Este análisis lo debe efectuar cada juez de control de garantías al aplicar la norma en el caso concreto.

La Corte también analizó las implicaciones de que la persona a quien se le vaya a practicar el registro corporal se niegue a permitirlo. Concluyó que dicha negativa no puede impedir la práctica del registro si ya ha sido autorizada por un juez. No obstante, las condiciones en que se practicará el registro ante la negativa de la persona sobre la cual recaerá deben también ser definidas por el propio juez de garantías al momento en el cual concedió la autorización de la medida.

En cuanto a las frases iniciales del artículo acusado la Corte consideró que los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública en cumplimiento de sus deberes constitucionales no forman parte de investigaciones penales y por lo tanto su regulación no puede inscribirse dentro de una norma que se ocupa de diligencias encaminadas a obtener evidencias o elementos materiales probatorios. En caso de que en el desarrollo de dichos procedimientos se encuentren materiales que justifican la iniciación de una investigación, la autoridad competente presentará la denuncia correspondiente y aportará tales elementos como sustento de la misma. Subraya la Corte que tales procedimientos se encuentran previstos en las normas de policía sobre las cuales no emite pronunciamiento alguno en esta sentencia. Por lo tanto, tales normas de policía continúan aplicándose sin que la inexequibilidad de la expresión señalada impida que la fuerza pública cumpla las funciones que le son propias de conformidad con las leyes vigentes.

En cuanto al registro incidental a la captura, la Corte consideró que era exequible permitir que éste se realice. Cuando un juez ordena la captura de una persona de conformidad con las leyes vigentes, quienes realicen materialmente la captura en ejecución de dicha orden pueden efectuar un registro de la persona capturada con miras a identificar armas que puedan ser utilizadas para atacar a las autoridades o facilitar la fuga. También pueden verificar, mediante un registro superficial y sin desnudar a la persona, si posee evidencias o elementos materiales probatorios que deban ser asegurados para que sean posteriormente valorados en las etapas correspondientes del proceso. No se pronunció la Corte sobre los casos de flagrancia.

D-5549

C-822/05

Agosto 10/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 249.

Cuando a juicio del fiscal resulte necesario a los fines de la investigación, y previa la realización de audiencia de revisión de legalidad ante el juez de control de garantías en el evento de no existir consentimiento del afectado, podrá ordenar a la policía judicial la obtención de muestras para examen grafotécnico, cotejo de fluidos corporales, identificación de voz, impresión dental y de pisadas, de conformidad con las reglas siguientes:

1. Para la obtención de muestras para examen grafotécnico:

a) Le pedirá al imputado que escriba, con instrumento similar al utilizado en el documento cuestionado, textos similares a los que se dicen falsificados y que escriba la firma que se dice falsa. Esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial; 

b) Le pedirá al imputado que en la máquina que dice se elaboró el documento supuestamente falso o en que se alteró, o en otra similar, escriba texto como los contenidos en los mencionados documentos. Esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial; 

c) Obtenidas las muestras y bajo rigurosa custodia, las trasladará o enviará, según el caso, junto con el documento redargüido de falso, al centro de peritaje para que hagan los exámenes correspondientes. Terminados estos, se devolverá con el informe pericial al funcionario que los ordenó.

2. Para la obtención de muestras de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, pelos, voz, impresión dental y pisadas, se seguirán las reglas previstas para los métodos de identificación técnica.

En todo caso, se requerirá siempre la presencia del defensor del imputado.

PARÁGRAFO. De la misma manera procederá la policía judicial al realizar inspección en la escena del hecho, cuando s presenten las circunstancias del artículo 245.”

Ineptitud sustantiva de demanda/

Obtención de

Muestras

INHIBIRSE de pronunciarse acerca de la constitucionalidad del parágrafo del artículo 249 de la Ley 906 de 2004.

EXEQUIBLE el artículo 249 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados, en el entendido de que

a) la obtención de muestras requiere autorización previa del juez de control de garantías, el cual ponderará la solicitud del fiscal, o de la policía judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si la medida específica es o no pertinente y, de serlo, si también es idónea, necesaria y proporcionada en las condiciones particulares del caso;

 

b) la obtención de muestras siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad, y humanidad para el imputado, en los términos del apartado 5.4.2.5. de esta sentencia.

 

 

Al analizar si la norma constituía una limitación razonable y proporcionada de los derechos fundamentales del imputado, la Corte concluyó que sí lo era después de juzgar en abstracto el artículo acusado. Esto debido a que en el curso de las investigaciones puede ser conducente, necesario y proporcionado que a quien ya ha adquirido la condición de imputado se le practique este tipo de intervención corporal para obtener elementos materiales probatorios y evidencias indispensables para esclarecer los hechos objeto de la investigación. Por eso la norma fue declarada ajusta a la Constitución. No obstante, la Corte estimó que era necesario introducirle algunos condicionamientos para excluir interpretaciones adversas a la Carta que pudieran conducir a que la norma acusada fuese aplicada sin respetar los parámetros constitucionales. La Corte consideró que estas intervenciones corporales implican afectación de derechos fundamentales, y amenazan el principio de la dignidad humana (artículo 1 de la C.P.) y, por lo tanto, siempre es necesario que se acuda al juez de control de garantías para solicitarle que autorice la práctica de estas medidas, como lo ordena el artículo 250 de la Constitución numeral 3. De esta manera se garantiza el principio de reserva judicial. Adicionalmente, la Corte subrayo que el juez puede autorizar la medida o negarse a acceder a la solicitud. Esta determinación puede obedecer a dos tipos de razones, principalmente. Las primeras tienen que ver con la pertinencia de la medida en el caso concreto. Las segundas resultan de analizar si en las condiciones particulares de cada caso la medida solicitada reúne tres requisitos: ser adecuada para alcanzar los fines de la investigación (idoneidad); no existir un medio alternativo que sea menos limitativo de los derechos y que tenga eficacia semejante (necesidad); y que al ponderar la gravedad del delito investigado y las condiciones en las cuales este fue cometido, de un lado, y el grado de afectación de los derechos de la persona a la cual se le realizaría la intervención corporal, se concluya que la medida no es desproporcionada (proporcionalidad). Este análisis lo debe efectuar cada juez de control de garantías al aplicar la norma en el caso concreto.

También consideró la Corte que esta intervención en el cuerpo del imputado debe efectuarse respetando los principios que las rigen a la luz de los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. Tales principios exigen que la intervención corporal se haga en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad y humanidad para el imputado. Se trata de parámetros que obligan a las personas responsables de practicar la intervención corporal.

Advierte la Corte que cuando el imputado se niegue a acceder a la obtención de las muestras el propio artículo 249 exige que se realice una audiencia de revisión de legalidad ante el juez de control de garantías. Como resultado de dicha audiencia el juez determinará si debe o no practicarse la diligencia para obtener la muestra y en qué condiciones ésta debe ser efectuada para respetar la situación del afectado sin que se frustre la práctica de la medida.

D-5549

C-1191/05

Nov. 22/05

 

MP.

Dr. SIERRA

Artículo 249.

Cuando a juicio del fiscal resulte necesario a los fines de la investigación, y previa la realización de audiencia de revisión de legalidad ante el juez de control de garantías s, de conformidad con las reglas siguientes:

1. Para la obtención de muestras para examen grafotécnico:

a) Le pedirá al imputado que escriba, con instrumento similar al utilizado en el documento cuestionado, textos similares a los que se dicen falsificados y que escriba la firma que se dice falsa. Esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial;

b) Le pedirá al imputado que en la máquina que dice se elaboró el documento supuestamente falso o en que se alteró, o en otra similar, escriba texto como los contenidos en los mencionados documentos. Esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial;

c) Obtenidas las muestras y bajo rigurosa custodia, las trasladará o enviará, según el caso, junto con el documento redargüido de falso, al centro de peritaje para que hagan los exámenes correspondientes. Terminados estos, se devolverá con el informe pericial al funcionario que los ordenó.

2. Para la obtención de muestras de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, pelos, voz, impresión dental y pisadas, se seguirán las reglas previstas para los métodos de identificación técnica.

En todo caso, se requerirá siempre la presencia del defensor del imputado.

Parágrafo. De la misma manera procederá la policía judicial al realizar inspección en la escena del hecho, cuando se presenten las circunstancias del artículo 245.

Cosa juzgada constitucional

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-822 de 2005, que declaró la exequibilidad del artículo 249 de la Ley 906 de 2004, salvo la expresión “para que fije los condicionamientos dentro de los cuales debe efectuarse la inspección” contenida en éste último, la cual se declaró inexequible.

 

La Corte constató que existía pronunciamiento anterior sobre las disposiciones demandadas en esta oportunidad, razón por la cual se configuraba el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y había de estarse a o resuelto en la sentencia C-822 de 2005.

D-5585

C-822/05

Agosto 10/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 250.

Cuando se trate de investigaciones relacionadas con la libertad sexual, la integridad corporal o cualquier otro delito en donde resulte necesaria la práctica de reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas, tales como extracciones de sangre, toma de muestras de fluidos corporales, semen u otros análogos, y no hubiera peligro de menoscabo para su salud, la policía judicial requerirá el auxilio del perito forense a fin de realizar el reconocimiento o examen respectivos.

En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento escrito de la víctima o de su representante legal cuando fuere menor o incapaz y si estos no lo prestaren, se les explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en su negativa se acudirá al juez de control de garantías para que fije los condicionamientos dentro de los cuales debe efectuarse la inspección.

El reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado, preferiblemente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, en un establecimiento de salud.

Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresión sexual

INEXEQUIBLE la expresión “para que fije los condicionamientos dentro de los cuales debe efectuarse la inspección”.

EXEQUIBLE el artículo 250 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados, en el entendido de que

a) la víctima o su representante legal haya dado su consentimiento libre e informado para la práctica de la medida;

b) de perseverar la víctima en su negativa, el juez de control de garantías podrá autorizar o negar la medida, y la negativa de la víctima prevalecerá salvo cuando el juez, después de ponderar si la medida es idónea, necesaria y proporcionada en las circunstancias del caso, concluya que el delito investigado reviste extrema gravedad y dicha medida es la única forma de obtener una evidencia física para la determinación de la responsabilidad penal del procesado o de su inocencia

c) no se podrá practicar la medida en persona adulta víctima de delitos relacionados con la libertad sexual sin su consentimiento informado y libre.

d) la práctica de reconocimiento y exámenes físicos para obtener muestras físicas, siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad, y humanidad para la víctima, en los términos del apartado 5.5.2.6. de esta sentencia.

La Corte consideró que el artículo 250 regula la situación en la cual quien ha sido lesionado por la comisión de cualquier delito o es víctima de una agresión sexual puede tener en su cuerpo muestras de la persona que participó en la comisión de delito. Por ello puede ser indispensable para los fines de la investigación penal realizar reconocimientos o exámenes físicos de las víctimas. No obstante, para evitar una doble victimización de quien ya ha sufrido una lesión en violación de la ley penal, el consentimiento de la víctima es determinante para decidir si se pueden o no practicar los exámenes y reconocimientos conducentes ha esclarecer los hechos. Dicho consentimiento debe ser otorgado por la víctima sin ser sometida a presiones ni a conminaciones para que sea efectivamente libre. Además, dicho consentimiento debe fundarse en la información completa, pertinente y clara sobre las condiciones en las cuales se practicarán las medidas, su utilidad para la investigación y las ventajas de que sean realizadas de manera pronta. El primer condicionamiento apunta a asegurar que el consentimiento de la víctima o su representante legal sea libre e informado.

Para garantizar que dicho consentimiento se base en una apreciación cierta de la importancia de la medida, cuando la víctima o el representante legal se nieguen, la norma acusada establece que se les explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarla. De persistir la víctima en la negativa, la norma establece que se debe acudir al juez de control de garantías. No obstante, se señala en el artículo acusado que el propósito de la intervención del juez de garantías se circunscribe a fijar los condicionamientos dentro de los cuales debe efectuarse la inspección de la víctima. Esta restricción es inconstitucional porque excluye la posibilidad de que el juez niegue la práctica de la medida y porque desvaloriza el consentimiento de la víctima que ha de prevalecer para evitar una doble victimización.

Por la importancia que tiene el consentimiento de la víctima, la Corte también estima que cuando esta sea una persona adulta y los delitos investigados estén relacionados con la libertad sexual, la decisión de la víctima sobre si acepta o no los reconocimientos y los exámenes físicos constituye la última palabra al respecto. De ahí el tercer condicionamiento.

Si bien el consentimiento de la víctima prevalece en todas las circunstancias, pueden presentarse delitos en los cuales abstenerse de hacer los reconocimientos y exámenes físicos de los lesionados pueda frustrar completamente una investigación. En tal evento, se deberá acudir al juez de control de garantías para presentarle las razones que justificaran practicar la medida. Corresponde al juez ponderar las circunstancias concretas del caso y decidir si niega o autoriza la medida. Advierte la Corte que la autorización sólo puede concederse cuando el juez concluya que el delito investigado reviste extrema gravedad y la medida específica requerida es la única forma de obtener una evidencia física para la determinación de la responsabilidad penal del procesado o de su inocencia.

También consideró la Corte que esta intervención en el cuerpo del imputado debe efectuarse respetando los principios que las rigen a la luz de los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. Tales principios exigen que la intervención corporal se haga en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad y humanidad para el imputado. Se trata de parámetros que obligan a las personas responsables de practicar la intervención corporal.

 

D-5549

C-1191/05

Nov. 22/05

 

MP.

Dr. SIERRA

Artículo 250.

Cuando se trate de investigaciones relacionadas con la libertad sexual, la integridad corporal o cualquier otro delito en donde resulte necesaria la práctica de reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas, tales como extracciones de sangre, toma de muestras de fluidos corporales, semen u otros análogos, y no hubiera peligro de menoscabo para su salud, la policía judicial requerirá el auxilio del perito forense a fin de realizar el reconocimiento o examen respectivos.

En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento escrito de la víctima o de su representante legal cuando fuere menor o incapaz y si estos no lo prestaren, se les explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en su negativa se acudirá al juez de control de garantías para que fije los condicionamientos dentro de los cuales debe efectuarse la inspección.

El reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado, preferiblemente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, en un establecimiento de salud.”

Cosa juzgada constitucional

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-822 de 2005, que declaró la exequibilidad del artículo 250 de la Ley 906 de 2004, salvo la expresión “para que fije los condicionamientos dentro de los cuales debe efectuarse la inspección” contenida en éste último, la cual se declaró inexequible.

La Corte constató que existía pronunciamiento anterior sobre las disposiciones demandadas en esta oportunidad, razón por la cual se configuraba el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y había de estarse a o resuelto en la sentencia C-822 de 2005.

D-5585

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 267.

Quien sea informado o advierta que se adelanta investigación en su contra, podrá asesorarse de abogado. Aquel o este, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales probatorios, y hacerlos examinar por peritos particulares a su costa, o solicitar a la policía judicial que lo haga. Tales elementos, el informe sobre ellos y las entrevistas que hayan realizado con el fin de descubrir información útil, podrá utilizarlos en su defensa ante las autoridades judiciales.

Igualmente, podrá solicitar al juez de control de garantías que lo ejerza sobre las actuaciones que considere hayan afectado o afecten sus derechos fundamentales.

Ineptitud sustantiva de demanda

Declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre la expresión “quien sea informado” del artículo 267 de la Ley 906 de 2004, por inepta demanda.

 

La Corte constató que la demanda no cumplió con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia para la formulación de un cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa.

D-5415

C-980/05

Sept. 26/05

 

MP.

Dr. ESCOBAR

Artículo 268.

El imputado o su defensor, durante la investigación, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales probatorios y evidencia física. Con la solicitud para que sean examinados y la constancia de la Fiscalía de que es imputado o defensor de este, los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo recibo.

Ineptitud sustantiva de demanda

Declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo respecto del artículo 268 de la Ley 906 de 2004, por haberse presentado una ineptitud sustancial en la demanda.

 

 

La Corte constató que la acusación formulada contra el artículo 268 de la Ley 906 de 2004 se estructura en una interpretación equivocada del contenido normativo de estas disposiciones, toda vez que ninguno de tales preceptos habilita a la Fiscalía General de la Nación para acceder a los informes parciales que realiza el Instituto de Medicina Legal por solicitud expresa del imputado y utilizado en contra de éste en el juicio oral, ni tal consecuencia de deduce de su tenor literal. De ahí, que no existan las condiciones para que la Corte emita un fallo de mérito sobre la constitucionalidad de las citadas normas.

D-5578

C-980/05

Sept. 26/05

 

MP.

Dr. ESCOBAR

Artículo 269.

La solicitud deberá contener en forma separada, con claridad y precisión, las preguntas que en relación con el elemento material probatorio y evidencia física entregada, se requiere que responda el perito o peritos, previa la investigación y análisis que corresponda.

 

Ineptitud sustantiva de demanda

Declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo respecto del artículo 269 de la Ley 906 de 2004, por haberse presentado una ineptitud sustancial en la demanda.

 

 

La Corte constató que la acusación formulada contra el artículo 269 de la Ley 906 de 2004 se estructura en una interpretación equivocada del contenido normativo de estas disposiciones, toda vez que ninguno de tales preceptos habilita a la Fiscalía General de la Nación para acceder a los informes parciales que realiza el Instituto de Medicina Legal por solicitud expresa del imputado y utilizado en contra de éste en el juicio oral, ni tal consecuencia de deduce de su tenor literal. De ahí, que no existan las condiciones para que la Corte emita un fallo de mérito sobre la constitucionalidad de las citadas normas.

D-5578

C-980/05

Sept. 26/05

 

MP.

Dr. ESCOBAR

Artículo 270.

Recibida la solicitud y los elementos mencionados en los artículos anteriores, el perito los examinará. Si encontrare que el contenedor, tiene señales de haber sido o intentado ser abierto, o que la solicitud no reúne las mencionadas condiciones lo devolverá al solicitante. Lo mismo hará en caso de que encontrare alterado el elemento por examinar. Si todo lo hallare aceptable, procederá a la investigación y análisis que corresponda y a la elaboración del informe pericial.”

Ineptitud sustantiva de demanda

Declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo respecto del artículo 270 de la Ley 906 de 2004, por haberse presentado una ineptitud sustancial en la demanda.

 

 

La Corte constató que la acusación formulada contra el artículo 270 de la Ley 906 de 2004 se estructura en una interpretación equivocada del contenido normativo de estas disposiciones, toda vez que ninguno de tales preceptos habilita a la Fiscalía General de la Nación para acceder a los informes parciales que realiza el Instituto de Medicina Legal por solicitud expresa del imputado y utilizado en contra de éste en el juicio oral, ni tal consecuencia de deduce de su tenor literal. De ahí, que no existan las condiciones para que la Corte emita un fallo de mérito sobre la constitucionalidad de las citadas normas.

D-5578

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 274.

El imputado o su defensor, podrán solicitar al juez de control de garantías, la práctica anticipada de cualquier medio de prueba, en casos de extrema necesidad y urgencia, para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Se efectuará una audiencia, previa citación al fiscal correspondiente para garantizar el contradictorio.

Se aplicarán las mismas reglas previstas para la práctica de la prueba anticipada y cadena de custodia.

Prueba anticipada

Declarar la exequibilidad del artículo 274 de la ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

En primer término, la Corte encontró que ya había efectuado el examen de constitucionalidad sobre la figura de la prueba anticipada en el nuevo sistema penal acusatorio, específicamente, a la luz del artículo 250, numerales 1 y 4 y del artículo 29 de la Constitución, al igual que respecto de los principios de inmediación y contradicción de la prueba.

En esta oportunidad, los cargos contra los artículos 15 (parcial), 274, 285, 290 (parcial), 337 (parcial), 383 (parcial) de la Ley 906 de 2004, se circunscriben a la posibilidad misma de que en la práctica de pruebas en momentos diferentes al del juicio oral y público. Por tal motivo, al no vislumbrarse un argumento diferente al ya analizado por la Corte, procedió a declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas y de los artículos enunciados, con fundamento en las mismas razones expuestas en la sentencia C-591 de 2005. Esas razones se refieren en particular, a la garantía de acceso a la justicia que ofrece la práctica de pruebas anticipadas y los derechos al debido proceso, defensa y contradicción.

D-5705 Y OTRO

C-670/06

Agosto 16/06

 

MP.

Dr. ESCOBAR

Artículo 274.

Solicitud de prueba anticipada. El imputado o su defensor, podrán solicitar al juez de control de garantías, la práctica anticipada de cualquier medio de prueba, en casos de extrema necesidad y urgencia, para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Se efectuará una audiencia, previa citación al fiscal correspondiente para garantizar el contradictorio.

Se aplicarán las mismas reglas previstas para la práctica de la prueba anticipada y cadena de custodia.

Ineptitud sustantiva de la demanda

INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con las acusaciones formuladas parcialmente en contra de los artículos 15, 101, 102, 103, 137 y 274 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.

La Corte encontró que los cargos formulados en al presente demanda no cumplen con los requisitos de claridad, certeza, suficiencia, especificidad y pertinencia que permitan entrar a examinar de fondo las disposiciones acusadas y emitir un fallo de mérito.

D-6201

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 284.

Durante la investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia de juicio oral se podrá practicar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que sea practicada ante el juez que cumpla funciones de control de garantías.

2. Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, por la defensa o por el Ministerio Público en los casos previstos en el artículo 112.

3. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.

4. Que se practique en audiencia pública y con observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio.

Parágrafo 1°. Si la prueba anticipada es solicitada a partir de la presentación del escrito de acusación, el peticionario deberá informar de esta circunstancia al juez de conocimiento.

Parágrafo 2°. Contra la decisión de practicar la prueba anticipada proceden los recursos ordinarios. Si se negare, la parte interesada podrá de inmediato y por una sola vez, acudir ante otro juez de control de garantías para que este en el acto reconsidere la medida. Su decisión no será objeto de recurso.

Parágrafo 3°. En el evento en que la circunstancia que motivó la práctica de la prueba anticipada, al momento en que se dé comienzo al juicio oral, no se haya cumplido o haya desaparecido, el juez ordenará la repetición de dicha prueba en el desarrollo del juicio oral.

Pruebas anticipadas

Declarar exequible el artículo 284 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

 

Del examen efectuado a las normas acusadas, frente a los cargos de inconstitucionalidad formulados, la Corte concluyó que la práctica de pruebas anticipadas en circunstancias excepcionales y respetando el derecho de defensa y de contradicción, durante una audiencia ante el juez de control de garantías, no vulnera el principio de inmediación de la prueba en un sistema acusatorio. La sentencia debe estar fundada en pruebas practicadas durante el juicio oral, y la norma acusada exige la repetición de la prueba practicada anticipadamente, de ser fácticamente posible.

D-5415

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 284.

Durante la investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia de juicio oral se podrá practicar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que sea practicada ante el juez que cumpla funciones de control de garantías.

2. Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, por la defensa o por el Ministerio Público en los casos previstos en el artículo 112.

3. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.

4. Que se practique en audiencia pública y con observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio.

Parágrafo 1°. Si la prueba anticipada es solicitada a partir de la presentación del escrito de acusación, el peticionario deberá informar de esta circunstancia al juez de conocimiento.

Parágrafo 2°. Contra la decisión de practicar la prueba anticipada proceden los recursos ordinarios. Si se negare, la parte interesada podrá de inmediato y por una sola vez, acudir ante otro juez de control de garantías para que este en el acto reconsidere la medida. Su decisión no será objeto de recurso.

Parágrafo 3°. En el evento en que la circunstancia que motivó la práctica de la prueba anticipada, al momento en que se dé comienzo al juicio oral, no se haya cumplido o haya desaparecido, el juez ordenará la repetición de dicha prueba en el desarrollo del juicio oral.

Cosa juzgada constitucional

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-591 de 2005, que declaró la exequibilidad del artículo 284 de la Ley 906 de 2004 por el cargo analizado.

El cargo analizado alude a la vulneración del Acto Legislativo 03 de 2002, el artículo 29 de la Constitución y diversos instrumentos internacionales, por autorizar la práctica de pruebas en audiencias distintas a la del juicio oral, público, contradictorio, con inmediación de las pruebas y ante un juez distinto al de conocimiento.

Se constata que existe un pronunciamiento previo sobre la constitucionalidad de las normas demandadas por el mismo cargo global relativo a que todas las pruebas deben ser practicadas en el juicio oral en aras de salvaguardar los principios de inmediación y los demás aplicables en dicha etapa del proceso. Entonces, se configura el fenómeno de la cosa juzgada.

D-5705 Y OTRO

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 285.

Toda prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con medidas dispuestas por el juez de control de garantías

Conservación de la prueba anticipada.

Declarar la exequibilidad del artículo 285 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

En primer término, la Corte encontró que ya había efectuado el examen de constitucionalidad sobre la figura de la prueba anticipada en el nuevo sistema penal acusatorio, específicamente, a la luz del artículo 250, numerales 1 y 4 y del artículo 29 de la Constitución, al igual que respecto de los principios de inmediación y contradicción de la prueba.

En esta oportunidad, los cargos contra los artículos 15 (parcial), 274, 285, 290 (parcial), 337 (parcial), 383 (parcial) de la Ley 906 de 2004, se circunscriben a la posibilidad misma de que en la práctica de pruebas en momentos diferentes al del juicio oral y público. Por tal motivo, al no vislumbrarse un argumento diferente al ya analizado por la Corte, procedió a declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas y de los artículos enunciados, con fundamento en las mismas razones expuestas en la sentencia C-591 de 2005. Esas razones se refieren en particular, a la garantía de acceso a la justicia que ofrece la práctica de pruebas anticipadas y los derechos al debido proceso, defensa y contradicción.

D-5705 Y OTRO

C-592/05

Junio 9/05

 

MP.

Dr. TAFUR

Artículo 287.

El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. De ser procedente, en los términos de este código, el fiscal podrá solicitar ante el juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento que corresponda.”

Ineptitud sustantiva de demanda

Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra del artículo 287 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

En primer término, la Corte señaló que la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio única y exclusivamente para la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia, no impide la aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución y consecuentemente en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable, como quiera que ese principio constituye, de acuerdo con el precepto superior y las normas que integran el bloque de constitucionalidad, un elemento fundamental del debido proceso, que no puede desconocerse en ninguna circunstancia. En segundo lugar, la Corporación precisó que de conformidad con el numeral 8) del artículo 282 superior, la enumeración de las atribuciones conferidas por el constituyente a la Defensoría del Pueblo no es taxativa, pues permite al legislador otorgarle competencias adicionales a las que allí se señalan, como la que se asigna en el numeral 6) del artículo 114 de la Ley 906 de 2004, acorde con las funciones del Defensor del Pueblo de organizar y dirigir la Defensoría pública y orientar e instruir en el ejercicio y defensa de sus derechos, a los habitantes en el territorio nacional y a los colombianos en el exterior. De otra parte, la Sala constató la existencia de cosa juzgada respecto de los artículos 127 y 291 de la Ley 906 de 2004 y el no cumplimiento de las condiciones exigidas por la jurisprudencia, para entrar a estudiar de fondo un cargo por supuesta omisión relativa del legislador respecto del artículo 287 demandado.

D-5412

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 288.

Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente:

1. Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.

2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento.

3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351.”

Ineptitud sustantiva de demanda

Declararse inhibida de emitir pronunciamiento sobre los cargos presentados contra la expresión “sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento” contenida en el artículo 288 de la ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

No existe certeza en la formulación de los argumentos de inconstitucionalidad planteados por del demandante. No es cierto que se ordene al fiscal el descubrimiento de todos los elementos probatorios ante el juez de control de garantías.

D-5705 Y OTRO

C-1260/05

Dic. 5/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 288.

Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente:

1. Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.

2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento.

3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351.”

Contenido de la formulación de la imputación-No descubrimiento de pruebas

Declarar exequible por los cargos formulados, las expresiones “lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía” contenidas en el numeral 2 del artículo 288 de la Ley 906 de 2004.

La Corte reiteró que con la introducción de un nuevo sistema penal de tendencia acusatoria, la etapa del juicio cobró vital importancia, al convertirse en el eje del proceso penal y tener preponderancia sobre la fase de investigación. En este sentido, se precisó que el trabajo de la Fiscalía es más que todo preparatorio del juicio que es donde se practicarán y valorarán en forma pública y con participación del imputado, las pruebas que se hubieren recaudado conforme a los principios de inmediación y contradicción de la prueba. Señaló que en esto consiste el principio de concentración, en virtud del cual, las pruebas se evalúan en su integridad y globalmente en el juicio, de manera que el juez tenga una visión de conjunto que permita fundamentar sus decisiones en la totalidad de las pruebas que existan. De ahí que la Corte haya advertido que en la etapa de investigación realmente no se practican pruebas sino que se recaudan evidencias o elementos materiales probatorios tanto por la Fiscalía como por el imputado. Es en el escrito de acusación que se presenta ante el juez de conocimiento en el curso de la audiencia de formulación de acusación, donde el fiscal debe descubrir las pruebas de cargo y será en el juicio público donde se presenten y se puedan controvertir con todas las garantías procesales. Por tal razón, las expresiones acusadas son exequibles frente a los cargos formulados.

 

D-5731

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 290.

Con la formulación de la imputación la defensa podrá preparar de modo eficaz su actividad procesal, sin que ello implique la solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este código.

 

Prueba anticipada

Declarar la exequibilidad de la expresión “salvo las excepciones reconocidas en este código”, contenida en el artículo 290 de la ley 906 de 2004 por el cargo analizado.

En primer término, la Corte encontró que ya había efectuado el examen de constitucionalidad sobre la figura de la prueba anticipada en el nuevo sistema penal acusatorio, específicamente, a la luz del artículo 250, numerales 1 y 4 y del artículo 29 de la Constitución, al igual que respecto de los principios de inmediación y contradicción de la prueba.

En esta oportunidad, los cargos contra los artículos 15 (parcial), 274, 285, 290 (parcial), 337 (parcial), 383 (parcial) de la Ley 906 de 2004, se circunscriben a la posibilidad misma de que en la práctica de pruebas en momentos diferentes al del juicio oral y público. Por tal motivo, al no vislumbrarse un argumento diferente al ya analizado por la Corte, procedió a declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas y de los artículos enunciados, con fundamento en las mismas razones expuestas en la sentencia C-591 de 2005. Esas razones se refieren en particular, a la garantía de acceso a la justicia que ofrece la práctica de pruebas anticipadas y los derechos al debido proceso, defensa y contradicción.

D-5705 Y OTRO

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 291.

Si el indiciado, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código, sin causa justificada así sea sumariamente, no compareciere a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. Si este último tampoco concurriere a la audiencia, sin que justifique su inasistencia, el juez procederá a designarle defensor en el mismo acto, de la lista suministrada por el sistema nacional de Defensoría pública, en cuya presencia se formulará la imputación.

Contumacia/Juicio en ausencia

Declarar exequible el artículo 291 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado, de conformidad con los términos establecidos en la parte motiva de esta sentencia.

La Corte determinó que el juzgamiento en ausencia es excepcional, pues el imputado y acusado debe estar presente en todas las etapas del juicio. Así mismo, señaló que el Estado tiene la carga de localizar al imputado a fin de asegurar su presencia en el juicio y en la circunstancia de que agotados todos lo medios a su alcance ello no sea posible, puede adelantarse el proceso en su ausencia, sin que ello quiera decir que no se persista en esa búsqueda en todas las etapas procesales. Corresponde al juez efectuar en cada caso y etapa, una ponderación de la suficiencia y razonabilidad de las diligencias adelantadas con tal fin.

 

D-5415

C-592/05

Junio 9/05

 

MP.

Dr. TAFUR

Artículo 291.

Si el indiciado, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código, sin causa justificada así sea sumariamente, no compareciere a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. Si este último tampoco concurriere a la audiencia, sin que justifique su inasistencia, el juez procederá a designarle defensor en el mismo acto, de la lista suministrada por el sistema nacional de Defensoría pública, en cuya presencia se formulará la imputación.

Cosa juzgada constitucional

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-591 de 2005, en relación con la acusación formulada en contra del artículo 291 de la Ley 906 de 2004 por el cargo sobre desconocimiento del artículo 14-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y declarar su exequibilidad en relación con los cargos formulados en el presente caso.

En primer término, la Corte señaló q ue la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio única y exclusivamente para la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia, no impide la aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución y consecuentemente en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable, como quiera que ese principio constituye, de acuerdo con el precepto superior y las normas que integran el bloque de constitucionalidad, un elemento fundamental del debido proceso, que no puede desconocerse en ninguna circunstancia. En segundo lugar, la Corporación precisó que de conformidad con el numeral 8) del artículo 282 superior, la enumeración de las atribuciones conferidas por el constituyente a la Defensoría del Pueblo no es taxativa, pues permite al legislador otorgarle competencias adicionales a las que allí se señalan, como la que se asigna en el numeral 6) del artículo 114 de la Ley 906 de 2004, acorde con las funciones del Defensor del Pueblo de organizar y dirigir la Defensoría pública y orientar e instruir en el ejercicio y defensa de sus derechos, a los habitantes en el territorio nacional y a los colombianos en el exterior. De otra parte, la Sala constató la existencia de cosa juzgada respecto de los artículos 127 y 291 de la Ley 906 de 2004 y el no cumplimiento de las condiciones exigidas por la jurisprudencia, para entrar a estudiar de fondo un cargo por supuesta omisión relativa del legislador respecto del artículo 287 demandado.

D-5412

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 291.

Si el indiciado, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código, sin causa justificada así sea sumariamente, no compareciere a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. Si este último tampoco concurriere a la audiencia, sin que justifique su inasistencia, el juez procederá a designarle defensor en el mismo acto, de la lista suministrada por el sistema nacional de Defensoría pública, en cuya presencia se formulará la imputación.”

Contumacia

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-591 de 2005, que declaró la exequibilidad de las expresiones “Si el indiciado, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código, sin causa justificada así sea sumariamente, no compareciere a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación” , contenidas en el artículo 291 de la Ley 906 de 2004.

Declarar la exequibilidad de las expresiones “Si este último tampoco concurriere a la audiencia, sin que justifique su inasistencia, el juez procederá a designarle defensor en el mismo acto, de la lista suministrada por el sistema nacional de Defensoría pública, en cuya presencia se formulará la imputación”, contenidas en el artículo 291 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que el defensor de oficio podrá solicitar al juez un receso para preparar la defensa, solicitud que será valorada por el juez aplicando criterios de razonabilidad.

La Corte señaló que la designación de un defensor de oficio pretende garantizar la defensa del imputado o acusado, acorde con el artículo 29 de la Carta Política , en este caso, en el evento en que el defensor designado por aquel no asista a la audiencia de imputación, sin justificar su inasistencia. No obstante, la Corte precisó que esto no significa que el imputado no pueda designar posteriormente un defensor de su confianza, como tampoco que el defensor de oficio pueda asumir posiciones o adoptar decisiones que requieren de la autorización del procesado. De igual modo, la Corte consideró que de considerarlo así el juez, puede concederse al defensor de oficio, el tiempo suficiente para estudiar el expediente y preparar la defensa y en su caso, decretar un receso en dicha audiencia. En este sentido, no se vulnera el núcleo esencial del derecho de defensa, sino que por el contrario, constituye una garantía del mismo y no obstante la renuencia del procesado y de su defensor para asistir a dicha audiencia de imputación.

 

 

D-5705 Y OTRO

C-1195/05

Nov. 22/05

 

MP.

Dr. ARAUJO

Artículo 293.

Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación.

Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a audiencia para la individualización de la pena y sentencia.

Procedimiento en caso de aceptación de la imputación

Primero.- DECLARARSE INHIBIDA para decidir de fondo respecto de los cargos formulados contra la norma demandada por la presunta violación de los Arts. 1, 4, 5, 13, 33 y 228 de la Constitución.

 

Segundo.- DECLARAR EXEQUIBLES, por los cargos examinados en esta sentencia, las expresiones “procederá a aceptarlo” y “sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes” contenidas en el Art. 293 de la ley 906 de 2004

La Corte señaló que la Ley 906 de 2004 consagra amplias garantías para que la aceptación de los cargos por propia iniciativa y los acuerdos celebrados con la Fiscalía por parte del imputado o acusado, sean voluntarios, libres, espontáneos, informados y con la asistencia de defensor. Por ello, una vez realizada la manifestación d e voluntad por parte del imputado, no sería razonable que el legislador permitiera que aquel se retracta de la misma, sin justificación válida y con menoscabo de la eficiencia del procedimiento aplicable y más ampliamente en detrimento de la administración de justicia. A lo anterior se agrega que en la verificación del cumplimiento de los mencionados requisitos de la manifestación de la voluntad, el juez debe poner en conocimiento del imputado en forma previa y clara las consecuencias jurídicas de dicha aceptación o acuerdo. En este sentido, la garantía del derecho de defensa no puede traducirse en que la terminación anticipada del proceso en virtud de la aceptación de responsabilidad, con o sin acuerdo de la Fiscalía, quede condicionada a nuevas manifestaciones de voluntad del imputado, lo que contradice el principio de seguridad jurídica inherente al Estado de derecho. De otra parte. La Corte puso de presente que el juez debe valorar en conjunto los medios de prueba, la evidencia física y la información legalmente obtenida, conforme a los criterios señalados en la misma ley (art. 381 C.P.P.), puesto que para condenar se requiere el conocimiento más allá de cualquier duda. Por lo expuesto, no prosperan los cargos formulados contra las expresiones acusadas.

D-5716

C-392/06

Mayo 24/06

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 294 (P.)

Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.

En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento.

El vencimiento de los términos señalados será causal de mala conducta. El superior dará aviso inmediato a la autoridad penal y disciplinaria competente.

Vencimiento de términos en proceso penal-Fundamento constitucional del deber de dar aviso a autoridad judicial

Declarar exequible la expresión “penal” contenida en el inciso tercero del artículo 294 de la Ley 906 de 2004 –Código de Procedimiento Penal.

“El legislador, mediante la norma acusada, impone al funcionario de superior jerarquía el deber de dar aviso a la autoridad judicial penal, siempre que el fiscal del caso haya dejado vencer los términos previstos en los artículos 175 y 294 de la ley 906 de 2004. La omisión o inactividad del fiscal acerca de cuyo comportamiento se debe dar aviso, acarrea consecuencias importantes para el proceso, pues el Estado pierde la potestad de continuar con el ejercicio de la acción penal, generándose situaciones eventuales de impunidad. Para la Sala, el fundamento constitucional del deber de dar aviso en los términos previstos en la norma acusada, se encuentra en el artículo 95, numeral 7 de la Carta Política , según el cual es deber de la persona y del ciudadano, comprendido en esta categoría el servidor público, “7- Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”. Además, respecto del deber de que trata el artículo 294 del código de procedimiento penal, la Sala considera que se trata de un imperativo derivado del artículo 92 superior.”

 

D-5996

C-190/06

Marzo 15/06

 

MP.

Dr. ARAUJO

Artículo 297.

Para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

El fiscal que dirija la investigación solicitará la orden al juez correspondiente, acompañado de la policía judicial que presentará los elementos materiales probatorios, evidencia física o la información pertinente, en la cual se fundamentará la medida. El juez de control de garantías podrá interrogar directamente a los testigos, peritos y funcionarios de la policía judicial y, luego de escuchar los argumentos del fiscal, decidirá de plano.

Capturada la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.

Parágrafo. Salvo los casos de captura en flagrancia, o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, con arreglo a lo establecido en este código, el indiciado, imputado o acusado no podrá ser privado de su libertad ni restringido en ella, sin previa orden emanada del juez de control de garantías.

Captura sin orden judicial por Fiscalía General de la Nación

Declarar exequible la expresión “o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación”, contenida en el inciso final del artículo 297 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que no será aplicable hasta tanto el legislador no regule, de conformidad con el inciso tercero del numeral 1) del artículo 250 de la Constitución, los límites y eventos en que excepcionalmente procede la captura por orden de la Fiscalía General de la Nación.

 

Acorde con los precedentes jurisprudenciales, la Corte reiteró la reserva judicial de la orden de captura en los términos del artículo 28 de la Constitución Política, a la vez que reafirmó la exigencia del establecimiento previo en la ley, de los límites e hipótesis en las que de manera excepcional, la Fiscalía puede ordenar una captura, conforme lo establece el numeral 1) del artículo 250 de la Carta. Por tal motivo, si bien en principio, la formulación general contenida en el inciso final del artículo 297 de la Ley 906 de 2004 resulta acorde con el citado precepto constitucional, no puede ser aplicada hasta tanto no se establezcan por el legislador dichos límites y eventos. En este sentido, se declaró la exequibilidad condicionada de la frase acusada del inciso final del artículo 297 de la Ley 906 de 2004.

 

D-5832

C-1001/05

Oct. 3/05

 

MP.

Dr. TAFUR

Artículo 300.

En los eventos en que proceda la detención preventiva, el Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente órdenes de captura cuando en desarrollo de la investigación tenga motivos fundados para inferir que determinada persona ha participado en la conducta investigada, no sea posible obtener inmediatamente orden judicial, y concurra al menos una de las siguientes causales:

1. Cuando exista riesgo de que la persona evada la acción de la justicia.

2. Cuando represente peligro para la comunidad u obstruya la investigación.

En estos casos el capturado será puesto a disposición del juez de control de garantías inmediatamente a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas, para que en audiencia resuelva lo pertinente.

Captura sin orden judicial

Primero.- Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra del artículo 300 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, por el supuesto desconocimiento del mandato contenido en el inciso introducido en el artículo 28 de la Constitución por el Acto Legislativo 02 de 2003, declarado inexequible por la Corte en la Sentencia C-816 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Segundo.- Declarar inexequible el articulo 300 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

La Corte resaltó que en el nuevo sistema penal acusatorio la función atribuida a la Fiscalía General de la Nación fue transformada sustancialmente, de manera que aunque el Acto Legislativo 03 de 2002 la mantuvo dentro de la rama judicial (art. 116 y 249 C.P.), fue al juez de garantías a quien se asignó la salvaguardia de la protección de la libertad y por lo tanto, es el competente para expedir una orden de captura, conforme al artículo 28 de la Constitución. No obstante, la Constitución prevé que el Fiscal pueda realizar excepcionalmente capturas en los casos que señale la ley (art. 250-1 C.P.), enmarcados en dicho presupuesto de excepcionalidad, el cual no se cumple en la norma demandada. A juicio de la Corte, los requisitos que se establecen para que el Fiscal pueda proferir una orden de captura aunque similares, son menos exigentes que los previstos para el juez de control de garantías. La Corte advirtió que mientras al juez de garantías se exige que la orden de captura sea por un “motivo previamente definido en la ley”, resulte necesaria para garantizar la comparecencia del imputado o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad y debe ir acompañada de los elementos probatorios en los que se sustenta la medida, el Fiscal o su delegado solo requiere que tenga “motivos fundados” para inferir que determinada persona ha participado en la conducta investigada. Los motivos que justifican la captura: a) que exista el riesgo de que la persona evada la acción de la justicia o b) que represente peligro para la comunidad u obstruya la investigación, son los generales aplicables a cualquier captura. La norma no indica los eventos en que procede excepcionalmente la captura por orden del fiscal ni los límites al ejercicio de dicha facultad, como lo exige la Constitución. En ese sentido, la facultad es demasiado amplia e indeterminada (sentencia C-730 de 2005). Con esto, la Corporación constató que por su indeterminación la norma puede terminar por convertirse en regla general, en abierta contradicción con el mandato del artículo 250-1 de la Constitución. Por último, ratificó que por tratarse de la restricción de la libertad personal, es indispensable que los eventos y condiciones para proceder a su privación estén previstos de manera expresa y específica y no pueden quedar a discreción de quien ordene la captura. En consecuencia, decidió declarar la inexequibilidad del artículo 300 de la Ley 906 de 2004.

 

D-5582

C-190/06

Marzo 15/06

 

MP.

Dr. ARAUJO

Artículo 300.

En los eventos en que proceda la detención preventiva, el Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente órdenes de captura cuando en desarrollo de la investigación tenga motivos fundados para inferir que determinada persona ha participado en la conducta investigada, no sea posible obtener inmediatamente orden judicial, y concurra al menos una de las siguientes causales:

1. Cuando exista riesgo de que la persona evada la acción de la justicia.

2. Cuando represente peligro para la comunidad u obstruya la investigación.

En estos casos el capturado será puesto a disposición del juez de control de garantías inmediatamente a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas, para que en audiencia resuelva lo pertinente.

Cosa juzgada constitucional

ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-1001 de 2005 que declaró inexequible el artículo 300 de la ley 906 de 2004.

 

 

 

“La Corte evidencia, igualmente, que mediante Sentencia C- 1001 de 2005 se declaró la inexequibilidad del artículo 300 de la ley 906 de 2004”.

 

 

 

D-5832

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 302.

Cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia.

Cuando sea una autoridad la que realice la captura deberá conducir al aprehendido inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia, ante la Fiscalía General de la Nación.

Cuando sea un particular quien realiza la aprehensión deberá conducir al aprehendido en el término de la distancia ante cualquier autoridad de policía. Esta identificará al aprehendido, recibirá un informe detallado de las circunstancias en que se produjo la captura, y pondrá al capturado dentro del mismo plazo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Si de la información suministrada o recogida aparece que el supuesto delito no comporta detención preventiva, el aprehendido o capturado será liberado por la Fiscalía, imponiéndosele bajo palabra un compromiso de comparecencia cuando sea necesario. De la misma forma se procederá si la captura fuere ilegal.

La Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido de la autoridad policiva o del particular que realizó la aprehensión, o con base en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados, presentará al aprehendido, inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, ante el juez de control de garantías para que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión y las solicitudes de la Fiscalía, de la defensa y del Ministerio Público.

Procedimiento en caso de flagrancia/Captura en flagrancia-Posibilidad de la Fiscalía de dejar en libertad a quien haya sido ilegalmente capturado

Declarar exequible el artículo 302 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado, y en el entendido de que el fiscal únicamente puede examinar las condiciones objetivas para la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

 

La Corte señaló que de conformidad con el artículo 32 de la Constitución, la ley puede autorizar a la Fiscalía General de la Nación para dejar en libertad a una persona, bajo compromiso de comparecencia, cuando haya sido legalmente capturada en flagrancia y el supuesto delito no comporte detención preventiva. No obstante, en armonía con el precepto constitucional, el fiscal únicamente puede examinar las condiciones objetivas de que trata el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, para imponer medida de aseguramiento de detención preventiva, más no para evaluar si se presentan o no los requisitos de que trata el artículo 308 del mismo Código, pues estos corresponden a facultades reservadas al juez de control de garantías, en virtud del artículo 250-1 de la Constitución.

D-5415

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 306.

El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia”

Solicitud de medida de aseguramiento

Declarar la exequibilidad de las expresiones los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida” y “los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente”, contenidas en el artículo 306 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

La Corte determinó que la evaluación y contradicción de los elementos de conocimiento que prevé el artículo 306 acusado, no buscar establecer la responsabilidad del imputado, como sí lo hacen las pruebas, sino la procedencia de una medida de aseguramiento que incide en los derechos del imputado. A su juicio, la finalidad el descubrimiento de dichos elementos y la oportunidad de contradicción de éstos, constituyen una garantía de los derechos fundamentales, en especial del derecho de defensa que como ya lo ha dicho la Corte, se puede ejercer desde el inicio mismo del proceso. Por consiguiente, la Corte no encuentra que las expresiones acusadas violen el artículo 250 de la Constitución, sino que por el contrario, buscan proteger los derechos del procesado y asegurar la imparcialidad de la decisión del juez de garantías. De ahí que hubiera declarado se exequibilidad frente al cargo analizado.

D-5705 Y OTRO

C-1154/05

Nov.15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 308.

El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: (…) “

Ineptitud sustantiva de demanda

Declararse inhibida de emitir pronunciamiento sobre los cargos presentados contra la expresión “de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente”, contenida en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

El argumento carece de certeza ya que el demandante argumenta que la expresión ordena un descubrimiento total cuando lo que realmente dispone es que se brinden fundamentos fácticos específicos y debidamente sustentados como un requisito para el decreto de la medida de aseguramiento.

D-5705 Y OTRO

C-480/05

Mayo 10/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 313.

La Fiscalía General de la Nación podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los casos que establece este Código para la aplicación del principio de oportunidad.”

Ineptitud sustantiva de demanda

La Corte se declaró inhibida para adoptar una decisión de mérito respecto del artículo 313 de la Ley 906 de 2004.

 

La Corte reiteró que en virtud de la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad y de las competencias limitadas de esta Corporación, no le corresponde a ella adelantar el control oficioso de las leyes, sino únicamente pronunciarse sobre las demandas debidamente presentadas por los ciudadanos, las cuales han de cumplir con ciertos requisitos mínimos, para efectos de permitir un adecuado funcionamiento del aparato de administración de justicia. En el presente caso, la Corte determinó que el actor no ha cumplido con la carga mínima de claridad, pertinencia y especificidad que se exige de la demanda de inconstitucionalidad y el señalamiento preciso y comprensible de las normas constitucionales supuestamente infringidas por la disposición acusada, lo que no permite que la Corte pueda entrar a una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.

D-5461

C-456/06

Junio 7/06

 

MP.

Dr. BELTRAN

Artículo 318.

Solicitud de revocatoria. Cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento, por una sola vez y ante el juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Revocatoria o sustitución de medida de aseguramiento-Posibilidad de solicitarla “por una sola vez” es inconstitucional/Medidas de aseguramiento-Supresión de recursos contra decisión que resuelve solicitud de revocatoria o sustitución es inexequible

Declarar inexequibles las expresiones “… por una sola vez” y “Contra esta decisión no procede recurso alguno”, contenidas en el artículo 318 de la Ley 906 de 2004.

La Corte resaltó la importancia en el nuevo modelo procesal penal de tendencia acusatoria, de la función que cumple el juez de control de garantías en materia de reserva judicial de la libertad y del establecimiento expreso de límites constitucionales a la posibilidad de que se decreten medidas restrictivas de la libertad. Precisó que estas medidas no equivalen a una condena ni pueden confundirse con las penas y sólo pueden dictarse con carácter excepcional, preventivo, no sancionatorio, cuando se reúnan de manera estricta los requisitos fácticos y jurídicos exigidos por la ley para el efecto. Advirtió que en el nuevo sistema, los fines y requisitos que justifican tales medidas se precisan en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, en cuanto la medida de aseguramiento (i) se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; (ii) cuando el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y (iii) en el evento en que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. A lo anterior se agregan las circunstancias que permiten decretar la medida de aseguramiento previstas en los artículos 309, 310, 311 y 312 de la Ley 906 de 2004, que en esencia buscan garantizar la presencia del imputado en el proceso, así como asegurar la conservación de la prueba, mantener el estado de cosas como al inicio del trámite y proteger a las víctimas y a la comunidad. Con fundamento en lo anterior, la Corporación señaló que la limitación establecida en la norma acusada, que impide volver a solicitar la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento no constituye una garantía del derecho a la libertad, como quiera que obliga a que una persona detenida permanezca privada de la misma, no obstante que existan elementos probatorios nuevos, relevantes, de entidad, que le permitan al juez de control de garantías apreciar razonablemente que han desaparecido los requisitos exigidos por el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, para justificar la imposición de la medida de aseguramiento. De ahí que haya concluido, en que la restricción por una sola vez de la posibilidad de solicitar la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento es inconstitucional por quebrantar el derecho a la libertad personal (art. 28 V.P.) y el ejercicio del derecho de defensa (art. 29 C.P.), toda vez que no responde a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, que implica una limitación a la libertad individual del procesado no adecuada y desproporcionada a la finalidad que pretende cumplir. Para la Corte, el juez de control de garantías está en la obligación constitucional de hacer en cualquier momento un análisis racional, ponderado y adecuado frente a la medida de aseguramiento y en especial, frente a las circunstancias fácticas que se le presenten de las cuales surja la necesidad de imponer la medida o de sustituirla.

D-6018

C-673/05

Junio 30/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 324.

El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de delito sancionado con pena privativa de la libertad que no exceda en su máximo de seis (6) años y se haya reparado integralmente a la víctima, de conocerse esta, y además, pueda determinarse de manera objetiva la ausencia o decadencia del interés del Estado en el ejercicio de la correspondiente acción penal.

2. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de la misma conducta punible.

3. Cuando la persona fuere entregada a la Corte Penal Internacional a causa de la misma conducta punible. Tratándose de otra conducta punible solo procede la suspensión o la interrupción de la persecución penal.

4. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra conducta punible y la sanción a la que pudiera llevar la persecución en Colombia carezca de importancia al lado de la sanción que le hubiera sido impuesta con efectos de cosa juzgada contra él en el extranjero.

5. Cuando el imputado colabore eficazmente para evitar que continúe el delito o se realicen otros, o aporte información esencial para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada.

6. Cuando el imputado sirva como testigo principal de cargo contra los demás intervinientes, y su declaración en la causa contra ellos se haga bajo inmunidad total o parcial. En este caso los efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán revocados si la persona beneficiada con el mismo incumple con la obligación que la motivó.

7. Cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia de la conducta culposa, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la sanción punitiva.

8. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas.

9. Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza graves a la seguridad exterior del Estado.

10. Cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o recta impartición de justicia, la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción disciplinarios.

11. Cuando en delitos contra el patrimonio económico, el objeto material se encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su titular, que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio.

12. Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que la determinan califiquen la conducta como de mermada significación jurídica y social.

13. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin utilidad social.

14. Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando

se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse.

15. Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas.

16. Cuando la persecución penal del delito cometido por el imputado, como autor o partícipe, dificulte, obstaculice o impida al titular de la acción orientar sus esfuerzos de investigación hacia hechos delictivos de mayor relevancia o trascendencia para la sociedad, cometidos por él mismo o por otras personas.

17. Cuando los condicionamientos fácticos o síquicos de la conducta permitan considerar el exceso en la justificante como representativo de menor valor jurídico o social por explicarse el mismo en la culpa.

Parágrafo 1°. En los casos previstos en los numerales 15 y 16, no podrá aplicarse el principio de oportunidad a los jefes, organizadores o promotores, o a quienes hayan suministrado elementos para su realización.

Parágrafo 2°. La aplicación del principio de oportunidad respecto de delitos sancionados con pena privativa de la libertad que exceda de seis (6) años será proferida por el Fiscal General de la Nación o el delegado especial que designe para tal efecto.

Parágrafo 3°. En ningún caso el fiscal podrá hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y delitos de narcotráfico y terrorismo.

Principio de oportunidad-Causales

Declarar inexequible el numeral 16 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004.

Los problemas jurídicos examinados por la Corte se refieren a determinar: i) si constituye una vulneración del debido proceso, la exigencia de que los informes que rinda una persona ante el órgano de policía judicial puedan convertirse en testimonio sin la debida contradicción de la prueba, como quiera que solo el Fiscal puede presenciarlo para decretar un allanamiento; ii) si la reserva sobre los datos del informante cuya declaración sustenta una orden de allanamiento y registro, incluso para efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías, desconoce las competencias constitucionales del mismo; iii) Si la causal establecida en el numeral 16) del artículo 324 para aplicar el principio de oportunidad desconoce el principio de legalidad. Sobre el primer punto, la Corte concluyó que la expresión demandada del artículo 221 de la Ley 906 no puede ser entendida en el sentido de que la reserva sobre los datos del informante sea oponible al juez de control de garantías, por cuanto le impediría a este juez la realización de un verdadero control formal y material sobre la Fiscalía en materia de medidas de intervención en los derechos fundamentales. De otra parte, la Corporación encontró que el numeral 16 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 es vago y demasiado indeterminado al no fijar parámetros claros para la aplicación del principio de oportunidad por parte del fiscal, conforme lo exige el inciso primero del artículo 250 de la Constitución, por tratarse de una excepción al mandato de que el fiscal no puede suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, lo que impide así mismo, que el juez de control de garantías pueda ejercer un verdadero control del ejercicio de esa facultad.

SALVAMENTO DE VOTO PARCIALES

El magistrado ESCOBAR GIL se apartó de esa decisión por considerar que el citado numeral es exequible al no desconocer el principio de legalidad, toda vez que la hipótesis que contempla para la aplicación del principio de oportunidad se refiere a conceptos jurídicos indeterminados pero determinables, cuya apreciación está sujeta al control del juez de garantías.

Por su parte, el magistrado SIERRA PORTO estimó que el numeral 16 acusado es constitucional y no podía ser analizado de manera aislada sino integrándolo con la totalidad del artículo 324 y el artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, para su confrontación con el artículo 250 de la Constitución Política.

D-5452

C-648/06

Agosto 9/06

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 324.

Causales. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:

(…)

Parágrafo 3°. En ningún caso el fiscal podrá hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y delitos de narcotráfico y terrorismo.

Principio de oportunidad-No aplicación en violación al derecho internacional Humanitario a crímenes de lesa humanidad o genocidio/Principios de identidad y consecutividad en trámite legislativo

Primero.- Declarar exequible el parágrafo 3º del artículo 324 del Código de procedimiento Penal, en relación con el cargo por vicios de procedimiento en su formación señalado en la demanda.

Segundo.- Declararse inhibida para resolver sobre las acusaciones por vicios de fondo formuladas contra el parágrafo 3º del artículo 324 y artículo 362 del Código de Procedimiento Penal.

La Corte consideró que no existió el vicio invocado por el actor en su demanda, toda vez que no se violaron los principios de identidad ni de consecutividad y se surtió válidamente el procedimiento de conciliación previsto en la Constitución (art. 161) cuando surgen discrepancias entre los proyectos de ley aprobados en una y otra cámara. La jurisprudencia constitucional no ha exigido que para dar cumplimiento a los principios de consecutividad e identidad el texto del articulado de un proyecto de ley deba permanecer idéntico a lo largo de los debates, sino que simplemente ha exigido que se surtan los cuatro debates en su integridad en relación con la totalidad de los temas de un determinado proyecto y en que exista conexidad temática entre los asuntos debatidos. Bajo esta orientación, la Corte encontró que si bien el parágrafo acusado del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 se introdujo en el cuarto debate ante la Plenaria del Senado de la República, su contenido material –la prohibición de aplicar el principio de oportunidad respecto de ciertos delitos que se consideran de especial gravedad- guarda una conexidad temática directa con el contenido de las demás disposiciones del artículo 324 que regula las hipótesis de aplicación del referido principio de oportunidad. Por consiguiente el parágrafo 3º de este artículo fue declarado exequible por el vicio de forma examinado.

D-5958

C-988/06

Nov. 29/06

 

MP.

Dr. TAFUR

Artículo 324.

Causales. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:

[…]

10. Cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o recta impartición de justicia, la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción disciplinarios.

Aplicación del principio de oportunidad cuando se trata de atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o la recta impartición de justicia. Principio de moralidad

Declarar exequible, exclusivamente en relación con el cargo analizado, el numeral 10 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

La Corte recordó que por regla general, la Fiscalía General de la Nación está obligada, en virtud del mandato del artículo 250 de la Constitución, a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que puedan constituir delito y que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio. No obstante, ha de tenerse en cuenta que el Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo como novedad y con carácter excepcional, el principio de oportunidad, cuya aplicación implica no proseguir en ciertos casos, la acción penal. A su vez, se reiteraron los rasgos que caracterizan a este principio: (i) tiene carácter excepcional, pues en principio, la Fiscalía no puede suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal; (ii) constituye una oportunidad reglada, en la medida en que requiere del establecimiento previo en la ley de las hipótesis en que excepcionalmente puede aplicarse, las cuales deben enmarcarse en la política criminal del Estado; (iii) en todo caso, la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad en las situaciones previstas en la ley debe ser valorada en cada caso concreto por el juez de garantías y con participación de las víctimas; (iv) su ejercicio se sujeta al control de la legalidad ante un juez de control de garantías, de manera que se descarte una aplicación que quede al sólo arbitrio de la Fiscalía General.

Para la Corte, contrario a lo que aducen los demandantes, con la expedición del numeral acusado, el legislador no desbordó la potestad de configuración que le es atribuida en materia penal y específicamente, no vulneró el principio de moralidad establecido en el artículo 209 de la Constitución ni consecuentemente, los artículos 1º y 2º superiores. Para la protección del principio de moralidad, el legislador no está obligado a acudir necesariamente a la acción penal para sancionar su inobservancia. En el Estado de derecho y en virtud del principio de necesidad, solo ha de llegarse a la sanción penal cuando se ha producido una grave afectación de un bien jurídico y desde esta perspectiva, bien puede el legislador optar por prescindir de la protección penal, cuando considere que basta con otros mecanismos –como el disciplinario- o puede atenuarla, restringiendo el tipo penal, reduciendo el quantum de la pena o excluyendo la responsabilidad o la punibilidad. Por ello, no es cierto, como lo afirman los demandantes, que en materia de delitos contra la administración pública o la recta impartición de justicia no quepa ningún tipo de graduación de la conducta de los servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas o no pueda escoger entre el mecanismo penal o el disciplinario, pues desconocería los principios de necesidad y de antijuricidad material, elementos esenciales del delito. En ese sentido, la hipótesis prevista en el numeral 10 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, resulta acorde con estos principios de relevancia constitucional y la moralidad, en la medida en que supedita no proseguir excepcionalmente con la acción penal a (i) que la afectación del bien jurídico funcional resulte poco significativa, es decir, leve, lo cual se valora en concreto por la Fiscalía y el juez de garantías y (ii) que la infracción del deber funcional configure una falta disciplinaria que dé o haya dado lugar a la imposición de una sanción disciplinaria. En ese orden, la Corte concluyó que el cargo de inconstitucionalidad invocado no está llamado a prosperar y en consecuencia, el numeral acusado debe ser declarado exequible frente al mismo.

 

D-6207

C-979/05

Sept. 26/05

 

MP.

Dr. CÓRDOBA

Artículo 327.

El juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad, siempre que con esta se extinga la acción penal.

Dicho control será obligatorio y automático y se realizará en audiencia especial en la que la víctima y el Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía Gener al de la Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de plano y contra esta determinación no procede recurso alguno.

La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la Fiscalía, no podrán comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.

Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad

Declarar inexequible la expresión “siempre que con esta se extinga la acción penal” del artículo 327 de la Ley 906 de 2004.

 

La Corte encontró que la expresión demandada reduce la operancia del principio de oportunidad a la única hipótesis de la renuncia a la acción penal, lo cual desconoce el precepto constitucional (art. 250) que contempla además, la interrupción y la suspensión de la investigación. A su juicio, despojar del control del juez de garantías la decisión de interrumpir o suspender el procedimiento, comporta la afectación de derechos fundamentales que conforman el debido proceso, así como el derecho a acceder a la administración de justicia en condiciones de igualdad (arts. 13 y 228 C.P.). Por consiguiente, la Corte concluyó en la inexequibilidad de la frase acusada del artículo 327 de la Ley 906 de 2004.

 

D-5590

C-984/05

Sept. 26/05

 

MP.

Dr. MONROY

Artículo 327.

El juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad, siempre que con esta se extinga la acción penal.

Dicho control será obligatorio y automático y se realizará en audiencia especial en la que la víctima y el Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de plano y contra esta determinación no procede recurso alguno.

La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la Fiscalía, no podrán comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.

Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-979 de 2005, que declaró inexequible la expresión “siempre que con esta se extinga la acción penal” contenida en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004.

“…respecto de la expresión parcialmente acusada contenida en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004 (Nuevo Código de Procedimiento Penal) ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, toda vez que ya fue retirada del ordenamiento jurídico por haber sido declarara inexequible”.

 

 

D-5668

C-1154/05

Nov.15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 327.

El juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad, siempre que con esta se extinga la acción penal.

Dicho control será obligatorio y automático y se realizará en audiencia especial en la que la víctima y el Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de plano y contra esta determinación no procede recurso alguno.

La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la Fiscalía, no podrán comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.”

Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad

Declararse inhibida de emitir pronunciamiento sobre los cargos presentados contra las expresiones “podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión” y “y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.”, contenidas en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

La Corte Constitucional también encuentra que respecto de las expresiones “podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión” y “y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad” contenidas en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004 se deberá declarar inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda. Los argumentos que se aducen contra dichos apartes sostienen que las expresiones obligan a la Fiscalía a “suministrar todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia antes de la presentación del escrito de acusación y ante un juez distinto al de conocimiento” y “permiten la práctica de pruebas en audiencias distintas al del juicio oral, público, contradictorio y con inmediación de las pruebas” lo que, al igual que en los anteriores cargos, supone una proposición jurídica inexistente pues de la simple lectura del aparte demandado se constata que el mismo no hace alusión ni al descubrimiento total de pruebas por parte de la Fiscalía ni a la práctica de una prueba, sino a la necesidad de que existan elementos materiales probatorios para que proceda la aplicación del principio de oportunidad. Por lo tanto, siendo inexistente la norma acusada por el demandante no es posible cotejarla a la luz de las disposiciones constitucionales que éste considera lesionadas. De acuerdo a lo anterior la Corte Constitucional se declarará inhibida de conocer del cargo respecto de los apartes señalados del artículo 327 de la Ley 906 de 2004.

D-5705 Y OTRO

C-979/05

Sept. 26/05

 

MP.

Dr. CÓRDOBA

Artículo 330.

El Fiscal General de la Nación deberá expedir un reglamento, en el que se determine de manera general el procedimiento interno de la entidad para asegurar que la aplicación del principio de oportunidad cumpla con sus finalidades y se ajuste a la Constitución y la ley.

El reglamento expedido por la Fiscalía General de la Nación deberá desarrollar el plan de política criminal del Estado.

Reglamentación del principio de oportunidad

Declarar exequible el artículo 330 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados.

La Corte precisó que en virtud de la autonomía presupuestal y administrativa que el artículo 249 de la Constitución le confiere a la Fiscalía General de la Nación, la atribución que el artículo 330 de la Ley 906 de 2004 le asigna al Fiscal General para dictar un reglamento de aplicación del principio de oportunidad, se ubica en el ámbito fundamentalmente administrativo y operativo interno. En este caso, dicho reglamento no puede variar los presupuestos materiales del principio de oportunidad establecidos por la ley, además de que el Fiscal queda sujeto a su vez, por el propio reglamento. Por lo tanto, resulta acorde con la Constitución (arts. 249, 250 y 251, num. 3), que el Fiscal General, en desarrollo de esa autonomía y para el cumplimiento de las responsabilidades que surgen de la aplicación del principio de oportunidad, dentro de la órbita de la dirección y orientación, establezca procedimientos internos dirigidos a que esta nueva institución procesal se aplique de manera acorde con la política criminal del Estado. Adicionalmente, aclaró que de conformidad con el artículo 123 superior, los fiscales están sometidos en el cumplimiento de sus funciones, como todo servidor público, a la Constitución, la ley y los reglamentos, razón por la cual no puede aducirse que la norma demandada viole el artículo 230 de la Carta, al sujetar a los fiscales a normas de rango inferior a la ley. En consecuencia, se concluyó que el artículo 330 (C.P.P.) no desconoce el artículo 189, num. 11 superior, puesto que no se trata de una reglamentación directa de ese principio que se sustraiga de la ley, sino que por el contrario el mismo artículo 330 prevé su sujeción a la Constitución y a la ley. De otra parte, la Corte señaló que el manual de funcionamiento de la mediación y en general, los programas de justicia restaurativa, corresponde a la potestad de dirección que le compete al Fiscal General, en virtud del principio de unidad de gestión y sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados, conforme lo prescribe el artículo 251, numeral 3 de la Constitución. Es decir, que el objeto de ese manual no es de regular la mediación o los otros mecanismos de justicia restaurativa, materias de reserva legal, sino su operatividad en el interior de la Fiscalía para garantizar su plena observancia.

D-5590

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 331.

En cualquier momento, a partir de la formulación de la imputación el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión, si no existiere mérito para acusar.

Preclusión/ Extinción de la acción penal-Competencia para decretarla/ Archivo de las actuaciones

Declarar Inexequibles las expresiones “a partir de la formulación de la imputación” del inciso segundo de la misma disposición y “a partir de la formulación de la imputación el fiscal” del artículo 331 de la Ley 906 de 2004.

La Corte determinó que de acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio, la orden de archivo de la actuación o la preclusión por extinción de la acción penal solo puede darla el juez de conocimiento y no la Fiscalía motuo proprio, pues se trata de una decisión de contenido eminentemente judicial que escapa al ámbito de los fiscales en el nuevo esquema constitucional.

D-5415

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 337.

El escrito de acusación deberá contener:

1. La individualización concreta de quiénes son acusados, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.

2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible.

3. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto, del que le designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública.

4. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso.

5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento anexo que deberá contener:

a) Los hechos que no requieren prueba.

b) La transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo.

c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio.

d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación.

e) La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales.

f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía.

g) Las declaraciones o deposiciones.

La Fiscalía solamente entregará copia del escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas, con fines únicos de información.

Contenido de la acusación y documentos anexos/ Pruebas anticipadas

Declarar la exequibilidad de la expresión “La transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo” contenida en el artículo 337 de la ley 906 de 2004 por el cargo analizado.

En primer término, la Corte encontró que ya había efectuado el examen de constitucionalidad sobre la figura de la prueba anticipada en el nuevo sistema penal acusatorio, específicamente, a la luz del artículo 250, numerales 1 y 4 y del artículo 29 de la Constitución, al igual que respecto de los principios de inmediación y contradicción de la prueba.

En esta oportunidad, los cargos contra los artículos 15 (parcial), 274, 285, 290 (parcial), 337 (parcial), 383 (parcial) de la Ley 906 de 2004, se circunscriben a la posibilidad misma de que en la práctica de pruebas en momentos diferentes al del juicio oral y público. Por tal motivo, al no se vislumbrarse un argumento diferente al ya analizado por la Corte, procedió a declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas y de los artículos enunciados, con fundamento en las mismas razones expuestas en la sentencia C-591 de 2005. Esas razones se refieren en particular, a la garantía de acceso a la justicia que ofrece la práctica de pruebas anticipadas y los derechos al debido proceso, defensa y contradicción.

D-5705 Y OTRO

C-1194/05

Nov. 22/05

 

MP.

Dr. MONROY

Artículo 344.

Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A este respecto la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a quien corresponda, el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de tres (3) días para su cumplimiento.

La Fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Así mismo cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes entregará a la Fiscalía los exámenes periciales que le hubieren sido practicados al acusado.

El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia de formulación de acusación.

Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba.”

Audiencia de Formulación de Acusación-Descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física/Principio de igualdad de armas

Primero.- Exclusivamente por le cargo analizado en esta providencia, declarar exequible la expresión “el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento” consignada en el inciso primero del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, en el entendido de que dicha potestad puede ejercerse independientemente de lo previsto en el artículo 250 constitucional que obliga al Fiscal General de la nación, o a sus delegados, en caso de presentarse escrito de acusación a “suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todo los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado”.

Segundo.- Por las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta providencia, inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo en relación con los cargos formulados en contra de los incisos segundo y tercero del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal.

 

En primer término, la Corte resaltó que el principio de “igualdad de armas” en el proceso penal constituye una de las características sobresalientes de la metodología de investigación que impone el modelo acusatorio. Como quiera que el cambio de metodología de la investigación penal implica que en le nuevo sistema la Fiscalía no está obligada a recaudar material probatorio que pudiera ser favorable a la defensa, sino que su tarea se limita a encontrar las pruebas de cargo que desvirtuarían la presunción de inocencia del acusado, se hace indispensable que la defensa tenga acceso al conocimiento del acervo que se hará valer en su contra y así mantener el equilibrio en la contienda procesal. De todo ello se deriva que la norma acusada resulta constitucional entendida como complemento del deber de descubrimiento pleno que recae sobre la Fiscalía General al momento de formular la acusación, con lo cual se garantiza el equilibrio entre las partes enfrentadas en la investigación penal y otorga una garantía adicional del derecho de defensa. En cuanto a los cargos formulados respecto de los incisos segundo y tercero del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, la Corte encontró que carecen de la claridad, precisión y suficiencia que se exige para poder entrar a un pronunciamiento de fondo. En consecuencia, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la expresión demandada del inciso primero del citado artículo y se inhibió respecto de los demás apartes acusados.

 

D-5727

C-1260/05

Dic. 5/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 348.

Con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso.

El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento.”

Preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado-Observancia de las directivas del Fiscal General de la Nación

Declarar exequible por los cargos formulados, la expresión “las directivas de la Fiscalía General de la Nación”, contenida en el inciso segundo del artículo 348 de la Ley 906 de 2004 e inhibirse de pronunciarse de fondo respecto de la frase “a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento”, por ineptitud sustancial de la demanda.

La Corte se remitió a las mismas consideraciones expuestas anteriormente respecto de la no violación de la autonomía propia de los fiscales en el ejercicio de sus funciones (art. 230 C.P.), por la circunstancia de que deban sujetarse a las directivas de la Fiscalía de la Nación. Esto, por cuanto se trata de pautas y lineamientos de orden general que no pueden confundirse con la potestad reglamentaria en cabeza del Presidente de la República, en virtud del artículo 189-11 de la Carta y no implican injerencia alguna en las decisiones que deben adoptar en cada caso particular. En relación con la segunda frase acusada, la Corporación encontró que el actor no expuso las razones por las cuales considera que dicha finalidad viola la dignidad humana, de manera que no se cumplen los requisitos para un pronunciamiento de fondo.

 

D-5731

C-1260/05

Dic. 5/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 350.

Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación.

El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal:

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo específico.

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena.”

Preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación-Tipificación de la conducta para disminuir la pena

Declarar exequible el numeral 2) del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que el fiscal, en ejercicio de esta facultad, no puede crear tipos penales y de que en todo caso, a los hechos invocados en su alegación no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente.

 

La Corte determinó que la facultad otorgada por el numeral acusado al fiscal, se refiere a la operación de adecuación típica de la conducta, realizada de conformidad con el artículo 351 de la Ley 906 de 2001, esto es, que los hechos objeto de investigación (imputación fáctica ) correspondan a la descripción de la conducta que hace el legislador (imputación jurídica). La Corporación señaló que de ninguna manera puede entenderse que el fiscal goza de discrecionalidad para configurar un tipo penal nuevo o que no corresponda a los hechos sobre los cuales versa el acuerdo. En este sentido, la Corte estimó que la norma no viola la reserva de ley ni el principio de taxatividad penal, como quiera que la atribución del fiscal está delimitada por los tipos penales establecidos por el legislador. En estos términos, fue declarado exequible el numeral demandado.

D-5731

C-789/06

Sept. 20/06

 

MP.

Dr. PINILLA

Artículo 350.

Preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación. Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación.

El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal:

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo específico.

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena.

Preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación

Primero.- Inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo sobre al constitucionalidad de los segmentos normativos acusados de los artículos 39, inciso primero; 74, numeral 2; 102, inciso segundo y 350, inciso primero de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda.

Segundo.- Declarar exequible la expresión “registro personal” contenida en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que se trata de una revisión externa, superficial y no invasiva.

Tercero.- Declarar exequible la expresión “registro de vehículos” contenida en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004.

Cuarto.- Declarar inexequibles las expresiones “inspección corporal” e “y otras diligencias similares” contenidas en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004.

En primer término, la Corte encontró que en relación con la demanda formulada contra segmentos normativos de los artículos 39, 74, 102 y 350 de la Ley 906 de 2004, no se cumplieron los requisitos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia en los cargos planteados, que permitieran entrar a un estudio de fondo sobre la constitucionalidad de tales disposiciones. Por ello, la Corporación se inhibió de emitir un fallo de mérito sobre las mismas. En cuanto se refiere a las expresiones acusadas del artículo 208 de la citada ley, la Corte precisó que las diligencias de registro personal y registro de vehículos autorizadas en esta disposición, corresponden a medidas preventivas que no forman parte de los procedimientos penales, toda vez que están orientadas a la prevención de hechos punibles y a la seguridad de lugares y personas. Esto no obsta para que los elementos probatorios hallados en desarrollo de estas actuaciones, eventualmente puedan dar lugar a la iniciación o evidencia de una investigación penal y con tal objeto, sean puestos de inmediato a órdenes de la autoridad competente. Es decir, que debe distinguirse entre las actividades propias de la investigación penal en materia de registro (inspección corporal, registro personal, obtención de muestras que involucren al imputado y procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales), que como lo precisó la Sentencia C-822/05, tienen como finalidad “la búsqueda de evidencia física o elementos materiales probatorios dentro del programa metodológico de una investigación penal” y lo que son los registros o requisas realizados como parte de los procedimientos policivos preventivos a los cuales alude el artículo 208 cuestionado. Así mismo, señaló que estas medidas responden al cumplimiento de un deber constitucional en cabeza de la Policía Nacional, institución a la cual compete el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. De ahí, que tratándose de registros preventivos realizados por la policía, no es menester contar con la previa autorización judicial, mientras que en el registro personal que se realiza dentro del proceso penal sí se requiere de dicha autorización. De igual forma, aclaró que el registro personal que se efectúa en desarrollo de la actividad preventiva de la policía, consiste simplemente en una revisión externa y superficial del individuo que como tal no compromete constataciones íntimas o invasivas, de manera que se debe practicar solamente sobre lo que la persona lleve consigo. En esa medida, para la Corporación, el registro personal así entendido, no resulta atentatorio de los derechos fundamentales invocados por el demandante, toda vez que está restringido a ese tipo de revisión. En relación con el registro de vehículos, la Corte determinó igualmente, que constituye una actividad policiva preventiva que busca garantizar la tranquilidad y seguridad ciudadanas y precaver la comisión de conductas punibles y en ese sentido, no desconoce preceptos superiores.

A una conclusión diferente llegó la Corte en relación con la inspección corporal y las que denomina como “diligencias similares”, previstas en el artículo 208 de la ley 906 de 2004. De un lado, porque la inspección corporal no consiste en un simple cacheo o revisión superficial, sino en una verdadera intervención sobre el cuerpo de las personas, con riesgo de tocamientos indignantes y exploración del mismo sea o no mediante la introducción de instrumental médico o sondas. En este caso, es evidente que se presenta una grave invasión sobre los derechos de las personas sometidas a este procedimiento, por lo cual es indispensable contar con la previa autorización judicial, exigencia que se echa de menos en La expresión acusada, al habilitar al personal de la policía para realizar inspecciones corporales en desarrollo de su acción administrativa. Si aún dentro de una investigación penal existen limitaciones para la inspección corporal, tales como la orden judicial previa y el cumplimiento de un procedimiento en caso de negativa del imputado (Sentencia C-822/05), con mayor razón no puede darse esa actuación en la órbita preventiva de la policía. Por tal motivo, la Corte declaró inexequible la expresión “inspección corporal” contenida en el artículo mencionado, por vulnerar el derecho a la intimidad consagrado en artículo 15 de la Constitución. De igual manera, la Corte declaró inexequible la expresión “y otras diligencias similares” contenida en el artículo 208 acusado, habida cuenta que su imprecisión, indeterminación y vaguedad, quebranta el principio de legalidad y pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas, que se ven expuestas a actuaciones del personal de la policía sin limitación alguna.

1.5. El magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA manifestó su salvamento de voto, toda vez que considera que las medidas previstas en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004 atentan contra el Estado de derecho y las libertades y derechos fundamentales de las personas y constituyen la expresión de un Estado policivo que está proscrito de la Constitución Política.

Los magistrados RODRIGO ESCOBAR GIL y ALVARO TAFUR GALVIS anunciaron la presentación de una aclaración de voto en relación con el poder de policía.

Los magistrados JAIME CORDOBA TRIVIÑO, HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO y CLARA INES VARGAS HERNANDEZ se reservaron la posibilidad de presentar una aclaración de voto relativa a los fundamentos del presente fallo.

D-6199

C-454/06

Junio 7/06

 

MP.

Dr. CORDOBA

 

 

 

Auto 248/06

Artículo 357.

SOLICITUDES PROBATORIAS. Durante la audiencia el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión.

El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código.

Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso.

Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por Estas que pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica.”

Derechos de las víctimas en proceso penal

Primero.- Declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 357 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Segundo.- Declarar exequible, en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Tercero.- Declarar exequible en relación con los cargos estudiados, el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.

 

 

Auto 248/06

 

CORREGIR la sentencia C-454 de 2006 en el sentido que la Corte en el capítulo IV. 5 (Fol. 10) de la mencionada sentencia, se refiere a la intervención del ciudadano Nayid Abú Fager Sáenz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.965.808 de Bogotá .

 

La Corte ratificó la línea jurisprudencial trazada en materia de derechos de las víctimas en el nuevo esquema procesal penal, cuyas pautas se resumen en: (i) la superación de la concepción que limitaba los derechos de las víctimas a una simple pretensión indemnizatoria; (ii) la idea de ajustar la nueva regulación a estándares internacionales en materia de los derechos de las víctimas de los delitos y el consecuente reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación; (iii) el reconocimiento de la potestad de intervención de las mismas en todas las fases de la actuación procesal, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad, para la determinación de sus derechos de contenido civil, pero también para conocer la realidad de los hechos, y propugnar que se haga justicia; (iv) la consideración de las víctimas como “protagonistas activos, acordes con los principios de protección y promoción de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad”. En ese orden, y acorde con lo que ha establecido la jurisprudencia, la Corporación reafirmó que los órganos de investigación deben proporcionar información a la víctima sobre sus derechos, desde el primer momento en que esta entre en contacto con las autoridades. Esta garantía se recorta si esa comunicación se limita al momento en que la víctima “intervenga” en la actuación penal, como lo dispone el artículo 135 demandado. En el marco de un sistema de investigación con un componente acusatorio, se procura un acceso pleno de la víctima a las diligencias o expediente si existiere, desde el comienzo de las indagaciones y en todo caso, desde el momento que entra en contacto con las autoridades, pues sólo así se garantiza el acceso a la justicia, la igualdad ante los tribunales, la defensa en el proceso, la efectividad de los derechos y el carácter bilateral del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, que se mantiene en el nuevo modelo de procedimiento penal. En ese sentido, se condicionó la exequibilidad del artículo 135 de la Ley 906 de 2004.

Por las mismas razones, la Corte determinó que el artículo 357 de la Ley 906 de 2004 es constitucional, en la medida en que se entienda que los representantes de las víctimas en el proceso penal, también pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, de manera que se garantice plenamente los derechos de la víctima a la verdad y a la justicia.

D-5978

C-648/06

Agosto 9/06

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 362.

Decisión sobre el orden de la presentación de la prueba. El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía.”

Ineptitud sustantiva de demanda

Primero.- Declarar exequible el parágrafo 3º del artículo 324 del Código de procedimiento Penal, en relación con el cargo por vicios de procedimiento en su formación señalado en la demanda.

Segundo.- Declararse inhibida para resolver sobre las acusaciones por vicios de fondo formuladas contra el parágrafo 3º del artículo 324 y artículo 362 del Código de Procedimiento Penal.

Dado que ninguna de las acusaciones por vicios materiales formuladas contra el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal cumplen con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que permitan un pronunciamiento fondo sobre los mismos, la Corte se inhibió para decidir a este respecto.

D-5958

C-925/05

Sept. 6/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 364.

El juez señalará el día, hora y sala para la reanudación de la audiencia suspendida en los casos del artículo anterior.

El juez podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas, cuando sean indispensables para el buen entendimiento de la audiencia.

 

Vicio en sanción presidencial

Declarar exequible por el cargo examinado la Ley 906 de 2004, en el entendido de que su texto único es el aprobado por el Congreso de la República, sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial No. 45.657 del 31 de agosto de 2004

“Los cargos de la demanda se refieren a la inconstitucionalidad de los artículos 8, 16, 364, 407, 530 y 531 de la Ley 906 de 2004 por no haber surtido los debates establecidos en la Constitución y porque el Presidente de la República sancionó un texto diferente al que se aprobó por el Congreso al haber expedido un decreto de yerros que modificaba los artículos aprobados por el Congreso. Al objeto de este juicio también fueron integradas todas las disposiciones de la Ley 906 de 2004 con el fin de identificar y apreciar en su integridad los cambios que le fueron introducidos por el decreto de corrección de yerros. Se advirtió que habían sido objeto de cambios y se efectúo, por consiguiente, la comparación entre el texto aprobado y sancionado, de un lado, y el texto “corregido”, de otro lado. Específicamente se encontraron cambios en los artículos 8, 16, 32, 37, 56, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 294, 307, 317, 324, 364, 407, 414, 439, 474, 484, 530 y 531 así como la titulación de: i) Capítulo X (De la acción de revisión), ii) el Título V (El principio de oportunidad), iii) el Título V (De la preclusión), la titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el Título del artículo 158 (Prórroga y restitución de términos) por unidad normativa. Como ha sido constatado en esta sentencia el trámite que surtieron las disposiciones referidas, en cuanto a la sanción y promulgación de la norma, fue acorde a la regulación constitucional.

Si bien el trámite legislativo concluyó adecuadamente conforme a la Carta y el texto fue objeto de publicación en el Diario Oficial No. 45657, los artículos que fueron resaltados en las tablas comparativas de esta sentencia fueron modificados por un decreto posterior a la sanción y promulgación de la ley, tal como el Congreso la aprobó y el Presidente la sancionó.”

 

 

D-5592

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 383.

Toda persona está obligada a rendir, bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales.

Al testigo menor de doce (12) años no se le recibirá juramento y en la diligencia deberá estar asistido, en lo posible, por su representante legal o por un pariente mayor de edad. El juez, con fundamento en motivos razonables, podrá practicar el testimonio del menor fuera de la sala de audiencia, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5º del artículo 146 de este código, pero siempre en presencia de las partes, quienes harán el interrogatorio como si fuera en juicio público.

Obligación de rendir testimonio/pruebas anticipadas

Declarar la exequibilidad de la expresión “o como prueba anticipada” contenida en el artículo 383 de la Ley 906 de 2004.

 

En primer término, la Corte encontró que ya había efectuado el examen de constitucionalidad sobre la figura de la prueba anticipada en el nuevo sistema penal acusatorio, específicamente, a la luz del artículo 250, numerales 1 y 4 y del artículo 29 de la Constitución, al igual que respecto de los principios de inmediación y contradicción de la prueba.

En esta oportunidad, los cargos contra los artículos 15 (parcial), 274, 285, 290 (parcial), 337 (parcial), 383 (parcial) de la Ley 906 de 2004, se circunscriben a la posibilidad misma de que en la práctica de pruebas en momentos diferentes al del juicio oral y público. Por tal motivo, al no se vislumbrarse un argumento diferente al ya analizado por la Corte, procedió a declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas y de los artículos enunciados, con fundamento en las mismas razones expuestas en la sentencia C-591 de 2005. Esas razones se refieren en particular, a la garantía de acceso a la justicia que ofrece la práctica de pruebas anticipadas y los derechos al debido proceso, defensa y contradicción.

D-5705 Y OTRO

C-782/05

Julio 26/05

 

MP.

Dr. BELTRAN

Artículo 394.

Si el acusado y el coacusado ofrecieren declarar en su propio juicio comparecerán como testigos y bajo la gravedad del juramento serán interrogados, de acuerdo con las reglas previstas en este código.”

Acusado y coacusado como testigo

Declarar exequibles las expresiones “como testigo” y “comparecerán como testigos bajo la gravedad del juramento”, contenidas en el artículo 394 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que el juramento prestado por el declarante no tendrá efectos penales adversos respecto de su declaración sobre la propia conducta; y que en todo caso, de ello se le informará previamente por el juez, así como del derecho que le asiste a guardar silencio y a no autoincriminarse. Ni del silencio, ni de la negativa a responder, pueden derivarse consecuencias penales adversas al declarante.

A la vez que la Corte reconoce al legislador un amplio margen de configuración del poder punitivo del Estado en todas sus manifestaciones, también reiteró que en el ejercicio de esta potestad no pueden resultar desconocidos derechos fundamentales y en particular, el debido proceso integrado por una serie de garantías del procesado, como las de no ser obligado a declarar contra sí mismo, a ser oído o a guardar silencio y a ejercer plenamente su defensa (arts. 29 y 33 C.P.). Para la Corporación, es constitucionalmente problemático poner al acusado que ofrece declarar como testigo en su propio juicio, en la disyuntiva de callar o decirlo todo, es decir, de renunciar a sus garantías constitucionales, ante el riesgo de resultar procesado por falso testimonio o de agravar su situación procesal, habida cuenta que como testigo, de conformidad con la norma demandada, debe declarar bajo la gravedad del juramento. Al mismo tiempo, resulta razonable que se exija que las imputaciones que el acusado como testigo le haga a terceros para incriminarlos, sean efectuadas bajo la gravedad del juramento. Como la norma no distingue entre declaraciones sobre la propia conducta, que puedan tener el riesgo de la autoincriminación, y declaraciones sobre la conducta de terceros que busquen incriminarlos, lo cual debe tener las consecuencias de la gravedad del juramento, la Corte estimó necesario condicionar la exequibilidad de la norma para que los derechos del acusado se puedan ejercer a plenitud presentando su versión de los hechos. Por tal motivo, la Corte determinó que el juramento que debe prestar el acusado cuando ofrece declarar como testigo en su propio juicio, no puede tener efectos penales adversos respecto de la declaración sobre su propia conducta, como tampoco se pueden derivar tales consecuencias del silencio o de la negativa a responder. Solo así se salvaguarda la prohibición de no autoincriminación, el derecho a ser escuchado y a guardar silencio, no obstante que el acusado haya ofrecido declarar como testigo. Por tales motivos y ante la posibilidad de que la norma demandada pueda interpretarse en sentido contrario, la Corte determinó que las expresiones impugnadas son exequibles, pero de manera condicionada, en los términos indicados.

 

D-5515

C-537/06

Julio 12/06

 

MP.

Dr. SIERRA

Artículo 394.

Acusado y coacusado como testigo. Si el acusado y el coacusado ofrecieren declarar en su propio juicio comparecerán como testigos y bajo la gravedad del juramento serán interrogados, de acuerdo con las reglas previstas en este código.”

Cosa juzgada constitucional

 Estarse a lo resuelto en la sentencia C-782 de 2005 en relación con la expresión “comparecerán como testigos y bajo la gravedad del juramento” del artículo 394 de la Ley 906 de 2004, la cual fue declarada exequible “en el entendido que el juramento prestado por el acusado o coacusado declarante no tendrá efectos penales adversos respecto de la declaración sobre su propia conducta; y que, en todo caso, de ello se le informará previamente por el juez, así como del derecho que le asiste a guardar silencio y a no autoincriminarse. Ni del silencio, ni de la negativa a responder, pueden derivarse consecuencias penales adversas al declarante.”

“…Conforme lo dispone el artículo 243 de la Constitución Política, los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, institución que como lo ha explicado la jurisprudencia constitucional se configura cuando existe una decisión anterior del juez constitucional en relación con la misma norma que nuevamente es objeto de demanda, es decir, “cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio”, fenómeno que se conoce como cosa juzgada constitucional formal.

En tal sentido, la Corte en sentencia C-782 de 2005 examinó la constitucionalidad de las expresiones “como testigo” y “comparecerán como testigos y bajo la gravedad del juramento” del artículo 394 de la Ley 906 de 2004. En el contenido de la parte resolutiva del fallo, como se advierte, no se limitaron los efectos de la decisión al cargo analizado.”

 

 

D-6007

C-925/05

Sept. 6/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 407.

A menos que se trate de prueba impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número de peritos que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las partes.

Vicio en sanción presidencial

Declarar exequible por el cargo examinado la Ley 906 de 2004, en el entendido de que su texto único es el aprobado por el Congreso de la República, sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial No. 45.657 del 31 de agosto de 2004

 “Los cargos de la demanda se refieren a la inconstitucionalidad de los artículos 8, 16, 364, 407, 530 y 531 de la Ley 906 de 2004 por no haber surtido los debates establecidos en la Constitución y porque el Presidente de la República sancionó un texto diferente al que se aprobó por el Congreso al haber expedido un decreto de yerros que modificaba los artículos aprobados por el Congreso. Al objeto de este juicio también fueron integradas todas las disposiciones de la Ley 906 de 2004 con el fin de identificar y apreciar en su integridad los cambios que le fueron introducidos por el decreto de corrección de yerros. Se advirtió que habían sido objeto de cambios y se efectúo, por consiguiente, la comparación entre el texto aprobado y sancionado, de un lado, y el texto “corregido”, de otro lado. Específicamente se encontraron cambios en los artículos 8, 16, 32, 37, 56, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 294, 307, 317, 324, 364, 407, 414, 439, 474, 484, 530 y 531 así como la titulación de: i) Capítulo X (De la acción de revisión), ii) el Título V (El principio de oportunidad), iii) el Título V (De la preclusión), la titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el Título del artículo 158 (Prórroga y restitución de términos) por unidad normativa. Como ha sido constatado en esta sentencia el trámite que surtieron las disposiciones referidas, en cuanto a la sanción y promulgación de la norma, fue acorde a la regulación constitucional.

Si bien el trámite legislativo concluyó adecuadamente conforme a la Carta y el texto fue objeto de publicación en el Diario Oficial No. 45657, los artículos que fueron resaltados en las tablas comparativas de esta sentencia fueron modificados por un decreto posterior a la sanción y promulgación de la ley, tal como el Congreso la aprobó y el Presidente la sancionó.”

 

D-5592

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 435.

El juez, excepcionalmente, podrá ordenar la realización de una inspección judicial fuera del recinto de audiencia cuando, previa solicitud de la Fiscalía o la defensa, estime necesaria su práctica dada la imposibilidad de exhibir y autenticar en la audiencia, los elementos materiales probatorios y evidencia física, o cualquier otra evidencia demostrativa de la manera como ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento.

En ningún caso el juez podrá utilizar su conocimiento privado para la adopción de la sentencia a que hubiere lugar.

Inspección judicial fuera del recinto del juicio

Declarar la exequibilidad del artículo 435 de la ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

 

La Corte constató que la inspección judicial practicada fuera del recinto del juicio, constituye una medida excepcional que aunque limita el principio de concentración, lo hace de manera adecuada, necesaria y razonable. Esto, por cuanto, dicha limitación persigue un fin legítimo, cual es la verificación de un suceso necesario en el juicio de responsabilidad y el medio es adecuado e idóneo para alcanzar dicho fin. Su práctica solo se realiza cuando median motivos excepcionales determinantes y necesarios para establecer una situación, de acuerdo con los requisitos previstos en el artículo 435 de la Ley 906 de 2004. Así mismo, la Corte encontró que la inspección judicial practicada fuera del recinto del juicio no desconoce el principio de publicidad, toda vez que no implica que se practique de manera secreta, en la medida en que se efectúa de cara al acusado, ante el juez de conocimiento y en presencia de las partes dentro del proceso penal. Para tal efecto, requiere de su solicitud y decreto en la audiencia preparatoria y en presencia de todos los intervinientes en el proceso. En conclusión, la práctica de dicha inspección no vulnera los principios de concentración y publicidad inherentes al sistema penal acusatorio, de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 2003 y por ende, el artículo 435 de la Ley 906 de 2004 fue declarado exequible por los cargos analizados.

 

D-5705 Y OTRO

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 436.

La inspección judicial únicamente podrá ser decretada, atendidos los siguientes criterios:

1. Que sea imposible realizar la exhibición de autenticación de la evidencia en audiencia.

2. Que resulte de vital importancia para la fundamentación de la sentencia.

3. Que no sea viable lograr el cometido mediante otros medios técnicos.

4. Que sea más económica y práctica la realización de la inspección que la utilización del medio técnico.

5. Que las condiciones del lugar a inspeccionar no hayan variado de manera significativa.

6. Que no se ponga en grave riesgo la seguridad de los intervinientes durante la práctica de la prueba.

El juez inspeccionará el objeto de prueba que le indiquen las partes. Si estas solicitan el concurso de testigos y peritos permitirá que declaren o rindan dictamen de acuerdo con las reglas previstas en este código.

Inspección judicial fuera del recinto del juicio

Declarar la exequibilidad del artículo 436 de la ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

 

La Corte constató que la inspección judicial practicada fuera del recinto del juicio, constituye una medida excepcional que aunque limita el principio de concentración, lo hace de manera adecuada, necesaria y razonable. Esto, por cuanto, dicha limitación persigue un fin legítimo, cual es la verificación de un suceso necesario en el juicio de responsabilidad y el medio es adecuado e idóneo para alcanzar dicho fin. Su práctica solo se realiza cuando median motivos excepcionales determinantes y necesarios para establecer una situación, de acuerdo con los requisitos previstos en los artículos 435 y 436 de la Ley 906 de 2004. Así mismo, la Corte encontró que la inspección judicial practicada fuera del recinto del juicio no desconoce el principio de publicidad, toda vez que no implica que se practique de manera secreta, en la medida en que se efectúa de cara al acusado, ante el juez de conocimiento y en presencia de las partes dentro del proceso penal. Para tal efecto, requiere de su solicitud y decreto en la audiencia preparatoria y en presencia de todos los intervinientes en el proceso. En conclusión, la práctica de dicha inspección no vulnera los principios de concentración y publicidad inherentes al sistema penal acusatorio, de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 2003 y por ende, el artículo 436 de la Ley 906 de 2004 fue declarado exequible por los cargos analizados.

 

D-5705 Y OTRO

C-1260/05

Dic. 5/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 449.

De ser absuelto de la totalidad de los cargos consignados en la acusación el juez dispondrá la inmediata libertad del acusado, si estuviere privado de ella, levantará todas las medidas cautelares impuestas y librará sin dilación las órdenes correspondientes.

Tratándose de delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados, la libertad se hará efectiva en firme la sentencia.”

Libertad inmediata en delitos de Competencia del juez penal del Circuito Especializado

Declarar inexequible la expresión “Tratándose de delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados, la libertad se hará efectiva en firme la sentencia” contenida en el inciso segundo del artículo 449 de la Ley 906 de 2004.

 

La Corte reiteró el precedente jurisprudencial sentado en la sentencia C-392 de 2000, según el cual el trato distinto establecido por el legislador para las personas absueltas de la comisión de delitos de competencia de los jueces de circuito especializado (antes denominada jurisdicción regional) frente a las demás personas favorecidas con un fallo absolutorio resulta discriminatorio, al no existir una razón que lo justifique desde el punto de vista constitucional. Además, como ya lo señaló respecto de una norma de similar contenida en el artículo 27 de la Ley 504 de 1999, dicho trato resulta lesivo de la presunción de inocencia (art, 29 C.P.) y de la libertad personal (art.28 C.P.), en la medida en que se prolonga indebidamente la privación de la libertad de una persona, a pesar de que se haya proferido una sentencia absolutoria a su favor. Para la Corte, a la luz de las normas y principios constitucionales, no tiene justificación alguna el que se posponga la orden de libertad hasta que se resuelvan eventuales recursos contra esa decisión. Por consiguiente, la Corte retiró del ordenamiento el inciso demandado del artículo 449 de la Ley 906 de 2004.

D-5731

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 455.

Para los efectos del artículo 23 se deben considerar, al respecto, los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley.

Nulidad derivada de prueba ilícita en proceso penal-Criterios para determinarla

Declarar exequible el artículo 455 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

Al examinar en conjunto los artículos 23, 232, 455 y 457 de la Ley 906 de 2004, la Corte determinó que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución, cuando se efectúe un allanamiento o registro, todo elemento probatorio y evidencia física, y no solamente los que dependan directa y exclusivamente de la correspondiente diligencia, que se obtenga en dicha diligencia practicada sin que se reúnan los requisitos exigidos por la ley, carecerá de valor y deberá ser excluida de la actuación, para que no sea invocada contra el investigado en dicho proceso. La Corporación encontró que los artículos 23 y 455 desarrollan dentro del margen de configuración del legislador el artículo 29 de la Carta, ordenando la exclusión no sólo de las pruebas ilícitas directas, sino de las derivadas de ésta. En este sentido, el artículo 455 establece criterios para analizar si una prueba realmente se deriva de otra y por eso se enmarca dentro de lo preceptuado por la Constitución. En cuanto al artículo 457, que se refiere a la nulidad de todo el proceso, la Corte concluyó que la presentación en el juicio de una prueba ilícita, omitiéndose la regla de exclusión, general la nulidad del proceso, cuando ha sido obtenida mediante tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, puesto que a lo largo de todo el proceso no operaron los controles que debían haber llevado a que dicha prueba fuera excluida.

D-5415

C-1154/05

Nov. 15/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 455.

Para los efectos del artículo 23 se deben considerar, al respecto, los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley.”

Cosa juzgada constitucional

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-591 de 2005, que declaró la exequibilidad del artículo 455 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

 

La Corte encuentra que ya se ha emitido un pronunciamiento por el mismo cargo que se presenta en esta oportunidad contra el artículo 455. Dicho cargo, en resumen, consiste en la vulneración del artículo 29 de la Constitución por permitir excepciones a la regla general de la exclusión de la prueba obtenida con violación al debido proceso, según el demandante.

 

D-5705 Y OTRO

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 457

Es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales.

Los recursos de apelación pendientes de definición al momento de iniciarse el juicio público oral, salvo lo relacionado con la negativa o admisión de pruebas, no invalidan el procedimiento.

 

Nulidad por violación a garantías fundamentales

Declarar exequible, por el cargo analizado, el artículo 457 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que se declarará la nulidad del proceso, cuando se haya presentado en el juicio la prueba ilícita, omitiéndose la regla de exclusión, y esta prueba ilícita haya sido el resultado de tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial y se enviará a otro juez distinto.

Al examinar en conjunto los artículos 23, 232, 455 y 457 de la Ley 906 de 2004, la Corte determinó que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución, cuando se efectúe un allanamiento o registro, todo elemento probatorio y evidencia física, y no solamente los que dependan directa y exclusivamente de la correspondiente diligencia, que se obtenga en dicha diligencia practicada sin que se reúnan los requisitos exigidos por la ley, carecerá de valor y deberá ser excluida de la actuación, para que no sea invocada contra el investigado en dicho proceso. La Corporación encontró que los artículos 23 y 455 desarrollan dentro del margen de configuración del legislador el artículo 29 de la Carta, ordenando la exclusión no sólo de las pruebas ilícitas directas, sino de las derivadas de ésta. En este sentido, el artículo 455 establece criterios para analizar si una prueba realmente se deriva de otra y por eso se enmarca dentro de lo preceptuado por la Constitución. En cuanto al artículo 457, que se refiere a la nulidad de todo el proceso, la Corte concluyó que la presentación en el juicio de una prueba ilícita, omitiéndose la regla de exclusión, general la nulidad del proceso, cuando ha sido obtenida mediante tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, puesto que a lo largo de todo el proceso no operaron los controles que debían haber llevado a que dicha prueba fuera excluida.

D-5415

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 470.

Corresponde a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad disponer lo necesario para la ejecución de las medidas de seguridad aplicables a los inimputables por diversidad sociocultural, en coordinación con la máxima autoridad indígena de la comunidad respectiva.

Medidas de seguridad para indígenas

Declarar exequible el artículo 470 de la ley 906 de 2004, por el cargo analizado, en el entendido de que esta norma será aplicable cuando el legislador establezca la medida, respetando lo establecido en la sentencia C-370 de 2002.

La Corte determinó que como consecuencia de la sentencia C-370 de 2002, no existen en el actual ordenamiento penal colombiano medidas de seguridad para los indígenas y las medidas que en un futuro establezca la ley, no obedecen a una inimputabilidad derivada de una incapacidad de los indígenas.

 

D-5415

C-665/05

Junio 28/05

 

MP.

Dr. ESCOBAR

Artículo 471.

El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal podrá solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando la resolución favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes.

 

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional.

Multa-Pago como requisito para la libertad condicional

Declarar exequibles por el cargo analizado, las expresiones “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional” contenida en el inciso segundo del artículo 471 de la Ley 906 de 2004.

 

 

De acuerdo con los cargos formulados en la demanda de inconstitucionalidad, a la Corte corresponde establecer si la condición de haber pagado la multa como requisito indispensable para otorgar la libertad condicional y la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es contraria a la prohibición constitucional contenida en el artículo 28 superior de privar la libertad por deudas. Adicionalmente, si resulta discriminatorio hacia las personas de escasos recursos, supeditar el otorgamiento de esos beneficios al pago de una multa. Al respecto, la Corte señaló por un lado, que el monto de la multa que se establece en las normas demandadas se calcula de conformidad con la condición económica y personal del condenado y que existen diferentes alternativas de pago, por lo que no resulta discriminatorio el requerimiento contenido en la norma. Por el otro, como quiera que la imposición de una multa dentro de un proceso penal obedece a una sanción por haber incurrido en una conducta punible, la exigencia no se encontraba comprendida dentro de la prohibición constitucional del artículo 28, pues esta hace referencia a deudas de origen civil. De esta forma, la Corporación reiteró la tesis expuesta en sentencia C-194/05, en la que pronunció sobre la exequibilidad de los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004, que establece previsiones de similar contenido normativo.

D-5441

C-823/05

Agosto 10/05

 

MP.

Dr. TAFUR

Artículo 471.

El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal podrá solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando la resolución favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes.

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional.

Multa-Pago como requisito para la libertad condicional

ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-665 de 2005 en relación con la acusación formulada en el presente proceso por la presunta vulneración del artículo 28 superior, así como del artículo 13 y consecuentemente del preámbulo y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 93 constitucionales en contra de las expresiones “Si se ha impuesto pena accesoria de multa su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional, contenidas en el segundo inciso del artículo 471 de la Ley 906 de 2004.

 

Declarar EXEQUIBLE por el cargo analizado, “Si se ha impuesto pena accesoria de multa su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional” contenidas en el segundo inciso del artículo 471 de la Ley 906 de 2004.

La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional en relación con las expresiones acusadas de los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004 frente a la presunta vulneración de los artículos 28 de la Constitución y consecuentemente del preámbulo y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 93 constitucionales, como también respecto de la presunta vulneración del artículo 29 superior, conforme a los pronunciamientos hechos en las sentencias C-194 y C-665 de 2005. Frente al cargo de omisión legislativa formulado contra la expresión “y de la reparación a la víctima” contenida en el inciso primero del artículo 64 del Código Penal, modificado por el artículo 5º de la ley 890 de 2004, la Corte señaló que si bien es claro que la medida adoptada por el legislador al modificar el régimen de concesión del subrogado penal de libertad condicional tiende es a proteger a la víctima, no al procesado, ello no significa que se puedan olvidar sus derechos. Por ello, la actual insolvencia económica del condenado por circunstancias no atribuibles a él, que implica la imposibilidad de cumplir con el pago total de la reparación a la víctima y por ende, de acceder a dicho beneficio, genera una situación contraria a los mandatos superiores de vigencia de un orden justo, de conformidad con el Preámbulo y los artículos 1º y 2 de la Constitución. Esto significa que el legislador ha debido prever la situación en la cual el obligado a la reparación de la víctima, se encuentra en imposibilidad absoluta de pagar esa reparación previamente a la concesión del referido beneficio y al no haberlo hecho incurrió en una omisión legislativa. De ahí que la Corte haya decidido condicionar la exequibilidad de la expresión “y de la reparación de la víctima” contenida en el primer inciso del artículo 64 del Código Penal tal como quedó modificado por el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, en el entendido que en caso de demostrarse ante el juez de ejecución de penas -previa posibilidad de contradicción por la víctima y el Ministerio Público- la insolvencia actual del condenado, el no pago previo de la reparación a la víctima, no impedirá la concesión excepcional del subrogado de libertad condicional. Con la posibilidad de contradicción reconocida a la víctima y al Ministerio Público se busca dar una oportunidad efectiva para que se valoren sus derechos antes de que se adopte la decisión.

D-5503

C-665/05

Junio 28/05

 

MP.

Dr. ESCOBAR

Artículo 474.

Para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal y se fijará el término dentro del cual el beneficiado debe reparar los daños ocasionados con el delito, salvo que haya bienes secuestrados, decomisados o embargados, que garanticen íntegramente la indemnización.

 

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional, salvo las excepciones de ley.”

Multa. Pago como requisito para la condena de ejecución condicional

Declarar exequibles por el cargo analizado, las expresiones y “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional”, contenida en el inciso segundo del artículo 474 de La ley 906 de 2004.

 

De acuerdo con los cargos formulados en la demanda de inconstitucionalidad, a la Corte corresponde establecer si la condición de haber pagado la multa como requisito indispensable para otorgar la libertad condicional y la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es contraria a la prohibición constitucional contenida en el artículo 28 superior de privar la libertad por deudas. Adicionalmente, si resulta discriminatorio hacia las personas de escasos recursos, supeditar el otorgamiento de esos beneficios al pago de una multa. Al respecto, la Corte señaló por un lado, que el monto de la multa que se establece en las normas demandadas se calcula de conformidad con la condición económica y personal del condenado y que existen diferentes alternativas de pago, por lo que no resulta discriminatorio el requerimiento contenido en la norma. Por el otro, como quiera que la imposición de una multa dentro de un proceso penal obedece a una sanción por haber incurrido en una conducta punible, la exigencia no se encontraba comprendida dentro de la prohibición constitucional del artículo 28, pues esta hace referencia a deudas de origen civil. De esta forma, la Corporación reiteró la tesis expuesta en sentencia C-194/05, en la que pronunció sobre la exequibilidad de los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004, que establece previsiones de similar contenido normativo.

D-5441

C-823/05

Agosto 10/05

 

MP.

Dr. TAFUR

Artículo 474.

Para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal y se fijará el término dentro del cual el beneficiado debe reparar los daños ocasionados con el delito, salvo que haya bienes secuestrados, decomisados o embargados, que garanticen íntegramente la indemnización.

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional, salvo las excepciones de ley.”

Multa- Pago como requisito para la condena de ejecución condicional

ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-665 de 2005 en relación con la acusación formulada en el presente proceso por la presunta vulneración del artículo 28 superior, así como del artículo 13 y consecuentemente del preámbulo y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 93 constitucionales en contra de las expresiones “Si se ha impuesto pena accesoria de multa su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional” contenidas en el segundo inciso del artículo 474 de la Ley 906 de 2004.

INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en el presente proceso en contra de las expresiones “salvo las excepciones de ley” contenidas en el segundo inciso del artículo 474 de la Ley 906 de 2004, por la presunta vulneración del artículo 28 superior, así como del artículo 13 y consecuentemente del preámbulo y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 93 constitucionales, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Declarar EXEQUIBLE por el cargo analizado, “Si se ha impuesto pena accesoria de multa su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional, salvo las excepciones de ley” contenidas en el segundo inciso del artículo 474 de la Ley 906 de 2004.

La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional en relación con las expresiones acusadas de los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004 frente a la presunta vulneración de los artículos 28 de la Constitución y consecuentemente del preámbulo y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 93 constitucionales, como también respecto de la presunta vulneración del artículo 29 superior, conforme a los pronunciamientos hechos en las sentencias C-194 y C-665 de 2005. Frente al cargo de omisión legislativa formulado contra la expresión “y de la reparación a la víctima” contenida en el inciso primero del artículo 64 del Código Penal, modificado por el artículo 5º de la ley 890 de 2004, la Corte señaló que si bien es claro que la medida adoptada por el legislador al modificar el régimen de concesión del subrogado penal de libertad condicional tiende es a proteger a la víctima, no al procesado, ello no significa que se puedan olvidar sus derechos. Por ello, la actual insolvencia económica del condenado por circunstancias no atribuibles a él, que implica la imposibilidad de cumplir con el pago total de la reparación a la víctima y por ende, de acceder a dicho beneficio, genera una situación contraria a los mandatos superiores de vigencia de un orden justo, de conformidad con el Preámbulo y los artículos 1º y 2 de la Constitución. Esto significa que el legislador ha debido prever la situación en la cual el obligado a la reparación de la víctima, se encuentra en imposibilidad absoluta de pagar esa reparación previamente a la concesión del referido beneficio y al no haberlo hecho incurrió en una omisión legislativa. De ahí que la Corte haya decidido condicionar la exequibilidad de la expresión “y de la reparación de la víctima” contenida en el primer inciso del artículo 64 del Código Penal tal como quedó modificado por el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, en el entendido que en caso de demostrarse ante el juez de ejecución de penas -previa posibilidad de contradicción por la víctima y el Ministerio Público- la insolvencia actual del condenado, el no pago previo de la reparación a la víctima, no impedirá la concesión excepcional del subrogado de libertad condicional. Con la posibilidad de contradicción reconocida a la víctima y al Ministerio Público se busca dar una oportunidad efectiva para que se valoren sus derechos antes de que se adopte la decisión.

D-5503

C-932/05

Sept .6/05

 

MP.

Dr. TAFUR

Artículo 474.

Para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal y se fijará el término dentro del cual el beneficiado debe reparar los daños ocasionados con el delito, salvo que haya bienes secuestrados, decomisados o embargados, que garanticen íntegramente la indemnización.

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional, salvo las excepciones de ley.

Multa. Pago como requisito para la libertad condicional

Primero.- Estarse a lo resuelto en las sentencias C-665 de 2005, MP. Rodrigo Escobar Gil, donde se declaró la exequibilidad de las expresiones “su pago es requisito indispensable para poder otorgar la libertad condicional”, contenidas en el inciso 2° del artículo 474 de la Ley 906 de 2004, así como en la sentencia C-823 de 2005 MP. Alvaro Tafur Galvis, donde se decidió estarse a lo resuelto en la sentencia C-665 de 2005 en relación con la acusación formulada en contra de las expresiones “Si se ha impuesto pena accesoria de multa su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional” contenidas en el inciso 2° del artículo 474 de la Ley 906 de 2004.

Segundo.- Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra de la expresión “salvo las excepciones de ley” contenidas en el inciso 2° del artículo 474 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Además de haber constatado la existencia del fenómeno de cosa juzgada constitucional respecto de las expresiones acusadas, la Corte encontró que en la fundamentación de la acusación formulada en la demanda por supuesta vulneración de los artículos 13 y 28 constitucionales de la expresión “salvo las excepciones de ley” contenidas en el inciso segundo del artículo 474 de la Ley 906 de 2004, no se señaló de manera específica el concepto de la violación de la Constitución.

D-5644

C-591/05

Junio 8/05

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 522.

La conciliación se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de delitos querellables, ante el fiscal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal.

En el primer evento, el fiscal citará a querellante y querellado a diligencia de conciliación. Si hubiere acuerdo procederá a archivar las diligencias. En caso contrario, ejercitará la acción penal correspondiente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación.

Si la audiencia de conciliación se realizare ante un centro o conciliador reconocidos como tales, el conciliador enviará copia del acta que así lo constate al fiscal quien procederá al archivo de las diligencias si fue exitosa o, en caso contrario, iniciará la acción penal correspondiente, si fuere procedente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación.

La inasistencia injustificada del querellante se entenderá como desistimiento de su pretensión. La del querellado motivará el ejercicio de la acción penal, si fuere procedente.

En cualquier caso, si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal.

La conciliación se ceñirá, en lo pertinente, a lo establecido en la Ley 640 de 2001. “

Conciliación en delitos querellables

Declarar exequibles los incisos primero y segundo del artículo 522 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

 

La Corte señaló que en nada se opone al nuevo esquema procesal penal que un fiscal, en el caso de los delitos querellables, y por ende, que admiten desistimiento, pueda adelantar una conciliación y si hubiere acuerdo entre el querellante y el querellado, proceder a archivar las diligencias; y en caso contrario, ejercer la correspondiente acción penal.

 

D-5415

C-979/05

Sept. 26/05

 

MP.

Dr. CÓRDOBA

Artículo 527.

El Fiscal General de la Nación elaborará un manual que fije las directrices del funcionamiento de la mediación, particularmente en la capacitación y evaluación de los mediadores y las reglas de conducta que regirán el funcionamiento de la mediación y, en general, los programas de justicia restaurativa.”

Fiscalía General de la Nacion-Establecimiento de directrices para el funcionamiento de los mecanismos de justicia restaurativa

Declarar exequible el artículo 527 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados.

De otra parte, la Corte señaló que el manual de funcionamiento de la mediación y en general, los programas de justicia restaurativa, corresponde a la potestad de dirección que le compete al Fiscal General, en virtud del principio de unidad de gestión y sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados, conforme lo prescribe el artículo 251, numeral 3 de la Constitución. Es decir, que el objeto de ese manual no es de regular la mediación o los otros mecanismos de justicia restaurativa, materias de reserva legal, sino su operatividad en el interior de la Fiscalía para garantizar su plena observancia. Por tal motivo, el artículo 527 de la Ley 906 de 2004 tampoco invade el campo de regulación propio del legislador ni de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, conforme el artículo 189, num. 11 de la Carta Política y por ende, es exequible.

 

D-5590

C-801/05

Agosto 2/05

 

MP.

Dr. CÓRDOBA

Artículo 530.

Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo y Tunja.

En enero 1º de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio.

Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdo, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir el primero (1º) de enero de 2008”.

Sistema Penal Acusatorio-Aplicación gradual por distritos judiciales

Declarar exequible por el cargo formulado, el artículo 530 de la Ley 906 de 2004.

 

La Corte señaló que existe una manifestación expresa de la voluntad del constituyente, en el sentido que el nuevo régimen procesal penal implantado por el Acto Legislativo 03 de 2002, si bien entrara a regir a partir del 1º de enero de 2005, no se aplicara de manera simultánea en todo el territorio nacional, sino de forma gradual en los distintos distritos judiciales del país. Es decir, que no se trata del mero ejercicio de la potestad configurativa del legislador para implementar el sistema cuando a bien lo considere, sino de un mandato del constituyente que resulta ineludible para el legislador. No obstante, la Corte precisó que el legislador puede en desarrollo de esa potestad, diseñar las distintas etapas e indicar los ámbitos territoriales en los que se aplicará de manera progresiva el nuevo sistema procesal, dentro de los límites temporales establecidos por el mencionado Acto Legislativo, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de igualdad y debido proceso y sin perjuicio de la aplicación del principio de favorabilidad penal en situaciones específicas.

 

D-5576

C-925/05

Sept. 6/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 530.

Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.

En enero 1º de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio.

Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir del primero (1º) de enero de 2008.

 

Vicio en sanción presidencial

Declarar exequible por el cargo examinado la Ley 906 de 2004, en el entendido de que su texto único es el aprobado por el Congreso de la República, sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial No. 45.657 del 31 de agosto de 2004

 “Los cargos de la demanda se refieren a la inconstitucionalidad de los artículos 8, 16, 364, 407, 530 y 531 de la Ley 906 de 2004 por no haber surtido los debates establecidos en la Constitución y porque el Presidente de la República sancionó un texto diferente al que se aprobó por el Congreso al haber expedido un decreto de yerros que modificaba los artículos aprobados por el Congreso. Al objeto de este juicio también fueron integradas todas las disposiciones de la Ley 906 de 2004 con el fin de identificar y apreciar en su integridad los cambios que le fueron introducidos por el decreto de corrección de yerros. Se advirtió que habían sido objeto de cambios y se efectúo, por consiguiente, la comparación entre el texto aprobado y sancionado, de un lado, y el texto “corregido”, de otro lado. Específicamente se encontraron cambios en los artículos 8, 16, 32, 37, 56, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 294, 307, 317, 324, 364, 407, 414, 439, 474, 484, 530 y 531 así como la titulación de: i) Capítulo X (De la acción de revisión), ii) el Título V (El principio de oportunidad), iii) el Título V (De la preclusión), la titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el Título del artículo 158 (Prórroga y restitución de términos) por unidad normativa. Como ha sido constatado en esta sentencia el trámite que surtieron las disposiciones referidas, en cuanto a la sanción y promulgación de la norma, fue acorde a la regulación constitucional.

Si bien el trámite legislativo concluyó adecuadamente conforme a la Carta y el texto fue objeto de publicación en el Diario Oficial No. 45657, los artículos que fueron resaltados en las tablas comparativas de esta sentencia fueron modificados por un decreto posterior a la sanción y promulgación de la ley, tal como el Congreso la aprobó y el Presidente la sancionó.”

 

D-5592

C-1179/05

Nov. 17/05

 

MP.

Dr. CÓRDOBA

Artículo 530.

Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1o. de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1o. de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.

En enero 1o. de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio.

Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir del primero (1o.) de enero de 2008.

Cosa juzgada constitucional

Estarse a lo resuelto en a sentencia C-801 de 2005, que declaró la exequibilidad, por los mismos cargos, del artículo 530 de la Ley 906 de 2004.

La Corte constató la existencia de pronunciamiento anterior sobre el mismo artículo acusado en esta oportunidad frente a los mismos cargos de inconstitucionalidad. Por tal motivo, dispuso estar a lo decidido en la respectiva sentencia.

D-5812

C-925/05

Sept. 6/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 531.

Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años.

En las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la prescripción.

Estarán por fuera del proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos, las investigaciones por delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados y, además, los delitos de falsedad en documentos que afecten directa o indirectamente los intereses patrimoniales del Estado; peculado por apropiación; peculado culposo en cuantía que sea o exceda de cien (100) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; enriquecimiento ilícito de servidor público; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos; violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación; prevaricato; fraude procesal; hurto y estafa en cuantía que sea o exceda de cincuenta (50) salarios mínimos, mensuales, legales y vigentes cuando se afecte el patrimonio económico del Estado; homicidio agravado y delitos conexos con todos los anteriores. También se exceptúan todos aquellos delitos sexuales en los que el sujeto pasivo sea menor de edad y las actuaciones en las que se haya emitido resolución de cierre de investigación.

Los fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos anteriores, procederán de inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una sola decisión se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto.

Los términos contemplados en el presente artículo se aplicarán en todos los distritos judiciales a partir de la promulgación del código.”

Vicio en sanción presidencial

Declarar exequible por el cargo examinado la Ley 906 de 2004, en el entendido de que su texto único es el aprobado por el Congreso de la República, sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial No. 45.657 del 31 de agosto de 2004

“Los cargos de la demanda se refieren a la inconstitucionalidad de los artículos 8, 16, 364, 407, 530 y 531 de la Ley 906 de 2004 por no haber surtido los debates establecidos en la Constitución y porque el Presidente de la República sancionó un texto diferente al que se aprobó por el Congreso al haber expedido un decreto de yerros que modificaba los artículos aprobados por el Congreso. Al objeto de este juicio también fueron integradas todas las disposiciones de la Ley 906 de 2004 con el fin de identificar y apreciar en su integridad los cambios que le fueron introducidos por el decreto de corrección de yerros. Se advirtió que habían sido objeto de cambios y se efectúo, por consiguiente, la comparación entre el texto aprobado y sancionado, de un lado, y el texto “corregido”, de otro lado. Específicamente se encontraron cambios en los artículos 8, 16, 32, 37, 56, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 294, 307, 317, 324, 364, 407, 414, 439, 474, 484, 530 y 531 así como la titulación de: i) Capítulo X (De la acción de revisión), ii) el Título V (El principio de oportunidad), iii) el Título V (De la preclusión), la titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el Título del artículo 158 (Prórroga y restitución de términos) por unidad normativa. Como ha sido constatado en esta sentencia el trámite que surtieron las disposiciones referidas, en cuanto a la sanción y promulgación de la norma, fue acorde a la regulación constitucional.

Si bien el trámite legislativo concluyó adecuadamente conforme a la Carta y el texto fue objeto de publicación en el Diario Oficial No. 45657, los artículos que fueron resaltados en las tablas comparativas de esta sentencia fueron modificados por un decreto posterior a la sanción y promulgación de la ley, tal como el Congreso la aprobó y el Presidente la sancionó.”

 

D-5592

C-1009/05

Oct. 5/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 531.

Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años.

En las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la prescripción.

Estarán por fuera del proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos, las investigaciones por delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados y, además, los delitos de falsedad en documentos que afecten directa o indirectamente los intereses patrimoniales del Estado; peculado por apropiación; peculado culposo en cuantía que sea o exceda de cien (100) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; enriquecimiento ilícito de servidor público; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos; violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación; prevaricato; fraude procesal; hurto y estafa en cuantía que sea o exceda de cincuenta (50) salarios mínimos, mensuales, legales y vigentes cuando se afecte el patrimonio económico del Estado; homicidio agravado y delitos conexos con todos los anteriores. También se exceptúan todos aquellos delitos sexuales en los que el sujeto pasivo sea menor de edad y las actuaciones en las que se haya emitido resolución de cierre de investigación.

Los fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos anteriores, procederán de inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una sola decisión se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto.

Los términos contemplados en el presente artículo se aplicarán en todos los distritos judiciales a partir de la promulgación del código.

Ineptitud sustantiva de demanda

La Corte se declaró inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la constitucionalidad de la demanda del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda.

La Corte encontró que el cargo formulado por el demandante en contra de ciertas expresiones del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 –Código de Procedimiento Penal- se basa esencialmente, en la supuesta omisión en que incurrió el legislador penal al no incluir en estos preceptos que establecen normas de implementación del sistema penal acusatorio, las investigaciones que adelantaban autoridades judiciales distintas de la Fiscalía General de la Nación y en particular, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del artículo 235, numeral 3 de la Constitución. Dicha norma constitucional dispone que la Corte Suprema, no la Fiscalía, investiga a los congresistas y también, luego los juzga. En este sentido, la Corte constató que el actor no cumplió con la carga de demostrar frente al tratamiento distinto que establece el propio Constituyente para las investigaciones de competencia de la Corte Suprema de Justicia, las razones por las cuales supuestamente se imponía al legislador el deber de incluir en dichas regulaciones, las mencionadas investigaciones, cuando expresamente la propia Constitución les ha dado un régimen distinto. Ante las fallas de la demanda, lo que procede es inhibirse. Adicionalmente, la Corte constató que otros apartes del artículo 531 inciden en varios principios y derechos constitucionales que no fueron acusados, no fueron objeto de análisis en el concepto del Procurador General de la nación, ni en las intervenciones. Por lo tanto, revisar tales aspectos implicaría hacer un control oficioso por parte de la Corte sin que existan los presupuestos formales y materiales para realizarlo.

D-5628

C-177/06

Marzo 8/06

 

MP.

Dr. BELTRÁN

Artículo 531.

Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años.

En las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la prescripción.

Estarán por fuera del proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos, las investigaciones por delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados y, además, los delitos de falsedad en documentos que afecten directa o indirectamente los intereses patrimoniales del Estado; peculado por apropiación; peculado culposo en cuantía que sea o exceda de cien (100) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; enriquecimiento ilícito de servidor público; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos; violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación; prevaricato; fraude procesal; hurto y estafa en cuantía que sea o exceda de cincuenta (50) salarios mínimos, mensuales, legales y vigentes cuando se afecte el patrimonio económico del Estado; homicidio agravado y delitos conexos con todos los anteriores. También se exceptúan todos aquellos delitos sexuales en los que el sujeto pasivo sea menor de edad y las actuaciones en las que se haya emitido resolución de cierre de investigación.

Los fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos anteriores, procederán de inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una sola decisión se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto.

Los términos contemplados en el presente artículo se aplicarán en todos los distritos judiciales a partir de la promulgación del código.”

Ineptitud sustantiva de demanda

La Corte resolvió inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las expresiones acusadas del artículo 531 de la Ley 906 de 2004.

 

La Corte encontró que el demandante se limitó a formular contra los apartes normativos acusados, un cargo por supuesta violación del principio de igualdad, sin señalar ningún parámetro de comparación ni exponer las razones de la presunta vulneración de dicho principio. Reiteró que no basta con proponer la acusación contra una norma, sino que es necesario sustentar las razones por las cuales se estima violatoria de la Constitución, esto es, el concepto de la violación, como lo exige el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Por consiguiente, la ausencia de desarrollo de los cargos de inconstitucionalidad impiden que la Corte pueda entra a un estudio de fondo sobre esta demanda, de manera que lo procedente es la inhibición.

D-5857

C-178/06

Marzo 8/06

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 531.

Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años.

En las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la prescripción.

Estarán por fuera del proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos, las investigaciones por delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados y, además, los delitos de falsedad en documentos que afecten directa o indirectamente los intereses patrimoniales del Estado; peculado por apropiación; peculado culposo en cuantía que sea o exceda de cien (100) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; enriquecimiento ilícito de servidor público; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos; violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación; prevaricato; fraude procesal; hurto y estafa en cuantía que sea o exceda de cincuenta (50) salarios mínimos, mensuales, legales y vigentes cuando se afecte el patrimonio económico del Estado; homicidio agravado y delitos conexos con todos los anteriores. También se exceptúan todos aquellos delitos sexuales en los que el sujeto pasivo sea menor de edad y las actuaciones en las que se haya emitido resolución de cierre de investigación.

Los fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos anteriores, procederán de inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una sola decisión se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto.

Los términos contemplados en el presente artículo se aplicarán en todos los distritos judiciales a partir de la promulgación del código.”

Ineptitud sustantiva de demanda

 

INHIBIRSE para proferir un fallo de fondo respecto del inciso 3, del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda.

 

Para la Corte, la presente demanda no cumple con los requisitos mínimos de exponer en debida forma, es decir, de manera clara, específica, pertinente y suficiente, las razones por las cuales se considera que el inciso tercero del artículo 531 del Código de Procedimiento Penal vulnera en concepto de los demandantes, el derecho a la igualdad y de otros derechos y principios constitucionales. Por lo tanto, la Corte se inhibió de emitir un fallo de mérito por ineptitud sustancial de la demanda.

D-5911

C-777/06

Sept. 13/06

 

MP.

Dra. VARGAS

Artículo 531.

Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos. Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años.

En las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la prescripción.

Estarán por fuera del proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos, las investigaciones por delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados y, además, los delitos de falsedad en documentos que afecten directa o indirectamente los intereses patrimoniales del Estado; peculado por apropiación; peculado culposo en cuantía que sea o exceda de cien (100) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; enriquecimiento ilícito de servidor público; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos; violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación; prevaricato; fraude procesal; hurto y estafa en cuantía que sea o exceda de cincuenta (50) salarios mínimos, mensuales, legales y vigentes cuando se afecte el patrimonio económico del Estado; homicidio agravado y delitos conexos con todos los anteriores. También se exceptúan todos aquellos delitos sexuales en los que el sujeto pasivo sea menor de edad y las actuaciones en las que se haya emitido resolución de cierre de investigación.

Los fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos anteriores, procederán de inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una sola decisión se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto.

Los términos contemplados en el presente artículo se aplicarán en todos los distritos judiciales a partir de la promulgación del código.

Ineptitud sustantiva de demanda

INHIBIRSE para proferir fallo de fondo respecto del artículo 531(parcial) de la ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda.

 

La Corte encontró que el demandante se limitó a exponer argumentos relacionados con su particular manera de interpretar la norma parcialmente atacada, al plantear una hipotética contradicción del aparte normativo acusado y el artículo 13 de la Constitución, sin lograr edificar un cargo concreto que permita a la Corte entrar a un estudio y decisión de fondo. Por ello, determinó que en realidad el actor no formula un cargo de inconstitucionalidad, sino que pretende que la Corte mantenga la norma acusada con un condicionamiento que extienda su aplicación a los procesos en que se haya emitido resolución de cierre de investigación.

D-6068

C-1033/06

Dic. 5/06

 

MP.

Dr. TAFUR

Artículo 531.

Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos. Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años.

En las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la prescripción.

Estarán por fuera del proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos, las investigaciones por delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados y, además, los delitos de falsedad en documentos que afecten directa o indirectamente los intereses patrimoniales del Estado; peculado por apropiación; peculado culposo en cuantía que sea o exceda de cien (100) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; enriquecimiento ilícito de servidor público; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos; violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación; prevaricato; fraude procesal; hurto y estafa en cuantía que sea o exceda de cincuenta (50) salarios mínimos, mensuales, legales y vigentes cuando se afecte el patrimonio económico del Estado; homicidio agravado y delitos conexos con todos los anteriores. También se exceptúan todos aquellos delitos sexuales en los que el sujeto pasivo sea menor de edad y las actuaciones en las que se haya emitido resolución de cierre de investigación.

Los fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos anteriores, procederán de inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una sola decisión se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto.

Los términos contemplados en el presente artículo se aplicarán en todos los distritos judiciales a partir de la promulgación del código.

Reducción de los términos de prescripción y caducidad de la acción penal

Declarar inexequible el artículo 531 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, a partir de la fecha de publicación de la Ley 906 de 2004.

En primer término, la Corte determinó la inexistencia del fenómeno de cosa juzgada constitucional en relación con la norma acusada, toda vez que si bien se han proferido las sentencias C-1009 de 2005 y C-177, C-178 y C- (D-6068), la Corporación se ha inhibido de proferir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de las respectivas demandadas, dirigidas además contra apartes diferentes de los que ahora se acusan del artículo 531 de la Ley 906 de 2004. Acerca de los cargos formulados en esta oportunidad, la Corte ratificó la línea jurisprudencial sostenida respecto de la amplia potestad de configuración del legislador en relación con el señalamiento de la política criminal del Estado y en particular, en materia penal. Esta potestad, sin embargo, se encuentra claramente delimitada por los valores, preceptos y principios constitucionales y en especial, por los principios de racionalidad y proporcionalidad a los que se ha referido la Corte en numerosas sentencias. En concreto, la jurisprudencia constitucional ha hecho énfasis en que el legislador, autorizado por el artículo 150, numerales 1) y 2) de la Constitución, cuenta con potestad de configuración para instituir las formas con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias jurídicas y en este sentido, para adelantar la regulación de los procedimientos judiciales y entre otros aspectos, la ritualidades propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios para conocer de determinados asuntos, los recursos, los términos, el régimen probatorio, los mecanismos de publicidad de las actuaciones. De manera específica, en relación con los términos de prescripción y caducidad de la acción penal ha señalado que debe ceñirse a condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, esto es, el señalamiento de un tiempo prudencial en el cual el Estado debe realizar las actuaciones tendientes a establecer la responsabilidad del sindicado y para éste de una oportunidad procesal para estructurar su defensa, según la gravedad, complejidad, consecuencias y dificultades probatorias. La caducidad limita el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia y su fundamento se halla en la necesidad del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esa medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección de un interés general. Así mismo, la Corte recordó que ha de tenerse en cuenta que el debido proceso se predica no solamente respecto del investigado o acusado, sino también de las víctimas y perjudicados con la conducta ilícita, en aras de proteger sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la verdad y al resarcimiento del daño ocasionado con el ilícito. En esa medida, la reducción en una cuarta parte de los términos de prescripción y caducidad de las acciones penales que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) constituye un cambio intempestivo de las reglas de juego cuando el proceso ya se ha iniciado, disponiendo de los derechos de las víctimas en forma inconsulta, a favor del investigado o imputado. Para la Corte, ni la implantación del nuevo sistema penal acusatorio, ni la conveniencia de descongestionar, depurar y liquidar procesos penales anteriores a la entrada en vigencia de ese Código, justifica en manera alguna, ni sirve de sustento para clausurar la oportunidad de que prosigan esos procesos, en aras de garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. De igual modo, la demora de más de cuatro (4) años en el adelantamiento de las investigaciones a cargo de la Fiscalía, tampoco puede justificar la aplicación de la prescripción, en contravía de un real acceso a la administración de justicia de las víctimas de tales ilícitos. La inoperancia judicial del Estado por la falta de investigación oportuna de las conductas punibles en perjuicio de los afectados, no sirve de sustento para la renuncia a la acción penal consagrada como un deber en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Por lo expuesto, la Corte consideró que los cargos de inconstitucionalidad prosperan en contra de los incisos primero y segundo del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, inexequibilidad que se extiende consecuencialmente al resto de la disposición legal, en la medida que los demás incisos tienen conexidad directa con esos preceptos y conforman una unidad normativa que debe ser excluida en su integridad del ordenamiento jurídico, por contrariar los principios de dignidad humana e igualdad, el debido proceso de las víctimas de las conductas punibles (arts. 1º, 13 y 29 C.P.) el acceso a la justicia (art. 229 C.P.) y la obligación de la Fiscalía General de la Nación de adelantar la acción penal (art. 250 C.P.).

El magistrado RODRIGO ESCPOBAR GIL manifestó su salvamento de voto parcial, en cuanto considera que el inciso primero del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, correspondía al margen de la potestad de configuración del legislador para establecer el término de caducidad de la acción penal, que obedecía a su juicio a criterios de razonabilidad y proporcionalidad acordes con la implantación del nuevo sistema penal acusatorio.

D-6282

C-777/05

Julio 26/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 532.

Con el fin de conseguir la transición hacia el sistema acusatorio previsto en el Acto Legislativo 03 de 2002, se garantiza la presencia de los servidores públicos necesarios para el adecuado funcionamiento del nuevo sistema, en particular el traslado de cargos entre la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Defensoría del Pueblo y los organismos que cumplen funciones de policía judicial.

Al efecto, el Consejo Superior de la Judicatura podrá, dentro de los límites de la respectiva apropiación presupuestal, transformar juzgados penales municipales y promiscuos municipales en juzgados penales de circuito y juzgados y tribunales especializados.

El término para la reubicación de los servidores cuyos cargos se supriman, será de dos (2) años contados a partir de la supresión. Los nombramientos en estos cargos se harán con servidores de carrera judicial, o que estén en provisionalidad, que se encuentren en registro de elegibles, o por concurso abierto.”

Ajustes en plantas de personal en Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Defensoría del Pueblo y entidades que cumplen funciones de Policía Judicial

Declarar exequible el inciso tercero del artículo 532 de la Ley 906 de 2004, en los términos expuestos en el apartado 7 de la parte motiva de esta sentencia, salvo la expresión “El término para la reubicación de los servidores cuyos cargos se supriman, será de dos (2) años contados a partir de la supresión” contenida en el mismo inciso, que se declara inexequible.

 

La Corte constató que la disposición demandada parcialmente, es una norma de transición que busca ir ajustando gradualmente las plantas de personal de la Fiscalía, Rama Judicial, Defensoría del Pueblo y entidades con funciones de policía judicial, para atender las necesidades de personal que surjan de la implementación del nuevo sistema acusatorio. Para tal efecto y de conformidad con el artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002, la Corporación determinó que para que un servidor público pueda ser nombrado en uno de los cargos que se trasladan entre la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Defensoría del Pueblo y los organismos que cumplen funciones de policía judicial, se requiere que: 1) El cargo que ocupaba haya sido suprimido dentro de la nueva estructura; 2) Se haya creado un nuevo cargo en la planta a la cual se trasladaría el cargo; 3) El gobierno nacional garantice los recursos económicos para financiar todo lo correspondiente al cargo creado; 4) Tales recursos sean adicionales al presupuesto de la respectiva entidad y administrados autónomamente por la misma; 5) Si el nuevo cargo es de carrera, el nombramiento debe recaer en la persona que haya concursado para dicha categoría de cargo y esté en el registro de elegibles, caso en el cual el nombramiento debe ser en propiedad. En el caso de que no haya registro de elegibles, dicho nombramiento solo puede ser en provisionalidad hasta que se convoque y realice el concurso. Si el nuevo cargo es de libre nombramiento y remoción, el nominador conserva su autonomía para proveerlo. En estos términos, resumidos en las condiciones enunciadas en el apartado 5 de la sentencia, la Sala concluyó que la norma es exequible. No obstante lo anterior, la Corte encontró que exigir la reubicación de los servidores a quienes se suprima el cargo resulta un requisito adicional al establecido en el Acto Legislativo, que permite el traslado de cargos, no de servidores entre entidades que pertenecen a ramas independientes del poder público y a órganos con autonomía constitucional. Por ello, obligar a que el traslado del cargo comprenda el del servidor que lo ocupaba, es violatorio de la autonomía de que gozan la Fiscalía General, la Rama Judicial y la Defensoría del Pueblo y contradice lo dicho por el Acto Legislativo mencionado, por lo que la primera frase del inciso demandado debe ser declarada inexequible. Además, el término de dos años va en contravía de la finalidad específica que justifica el traslado de cargos, o sea, asegurar el personal necesario para el cabal funcionamiento del nuevo sistema acusatorio dados los tiempos de transición fijados en el propio Acto Legislativo.

D-5513

C-708/05

Julio 6/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 533.

El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.

Los artículos 531 y 532 del presente código, entrarán en vigencia a partir de su publicación.”

Principio de favorabilidad en materia penal

Declarar exequible, por el cargo analizado, la expresión “el presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero del año 2005”, contenida en el inciso primero del artículo 533 de la Ley 906 de 2004.

 

En cuanto a la aplicación de este Código a los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2005, la Corte señaló que si bien el artículo 533 no desarrolla expresamente los principios de legalidad y de favorabilidad penal, se observa que es compatible con el artículo 29 de la Carta Política en lo que respecta a la favorabilidad en materia penal, toda vez que en la interpretación y aplicación de las modificaciones introducidas al procedimiento penal por el Acto Legislativo 03 de 2002, ha de tenerse en cuenta el principio de unidad de la Constitución (Sentencia C-873/03), tanto en su parte orgánica como dogmática, en la cual se ubica el mandato imperativo del artículo 29 sobre la favorabilidad penal. En este sentido, la Corporación precisó que la norma del Código en manera alguna excluye la aplicación del principio de favorabilidad penal en casos concretos que pueden llegar a presentarse durante la vigencia de la Ley 906 de 2004. De esta manera, se reiteró la tesis expuesta en la Sentencia C-592/05, que conduce a la declaración de exequibilidad del aparte acusado del artículo 533 de la Ley 906 de 2004.

D-5476

C-1009/05

Oct. 5/05

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 533.

El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.

Los artículos 531 y 532 del presente código, entrarán en vigencia a partir de su publicación.”

Ineptitud sustantiva de demanda

DECLARARSE inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la constitucionalidad de las expresiones demandadas de los artículos 531 y 533 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda.

 

En virtud del artículo 235, numeral 3 de la Constitución. Dicha norma constitucional dispone que la Corte Suprema, no la Fiscalía, investiga a los congresistas y también, luego los juzga. En este sentido, la Corte constató que el actor no cumplió con la carga de demostrar frente al tratamiento distinto que establece el propio Constituyente para las investigaciones de competencia de la Corte Suprema de Justicia, las razones por las cuales supuestamente se imponía al legislador el deber de incluir en dichas regulaciones, las mencionadas investigaciones, cuando expresamente la propia Constitución les ha dado un régimen distinto. Ante las fallas de la demanda, lo que procede es inhibirse. Adicionalmente, la Corte constató que otros apartes del artículo 531 inciden en varios principios y derechos constitucionales que no fueron acusados, no fueron objeto de análisis en el concepto del Procurador General de la nación, ni en las intervenciones. Por lo tanto, revisar tales aspectos implicaría hacer un control oficioso por parte de la Corte sin que existan los presupuestos formales y materiales para realizarlo.

Los magistrados JAIME ARAUJO RENTERIA, ALFREDO BELTRAN SIERRA, JAIME CORDOBA TRIVIÑO Y CLARA INES VARGAS HERNANDEZ salvaron el voto, por considerar que la presente demanda sí cumplía con los requisitos exigidos por el Decreto 2067 de 1991 para proferir un fallo de fondo respecto de la violación del principio de igualdad invocado por el actor.

D-5628

C-095/07

Junio 9/05

 

MP.

Dr. MONROY

Artículo 324.

Causales. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:

“1. Cuando se trate de delito sancionado con pena privativa de la libertad que no exceda en su máximo de seis (6) años y se haya reparado integralmente a la víctima, de conocerse esta, y además, pueda determinarse de manera objetiva la ausencia o decadencia del interés del Estado en el ejercicio de la correspondiente acción penal.

“2. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de la misma conducta punible.

“3. Cuando la persona fuere entregada a la Corte Penal Internacional a causa de la misma conducta punible. Tratándose de otra conducta punible solo procede la suspensión o la interrupción de la persecución penal.

“4. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra conducta punible y la sanción a la que pudiera llevar la persecución en Colombia carezca de importancia al lado de la sanción que le hubiera sido impuesta con efectos de cosa juzgada contra él en el extranjero.

“5. Cuando el imputado colabore eficazmente para evitar que continúe el delito o se realicen otros, o aporte información esencial para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada.

“6. Cuando el imputado sirva como testigo principal de cargo contra los demás intervinientes, y su declaración en la causa contra ellos se haga bajo inmunidad total o parcial. En este caso los efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán revocados si la persona beneficiada con el mismo incumple con la obligación que la motivó.

“7. Cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia de la conducta culposa, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la sanción punitiva.

“8. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas.

“9. Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza graves a la seguridad exterior del Estado.

“10. Cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o recta impartición de justicia, la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción disciplinarios.

“11. Cuando en delitos contra el patrimonio económico, el objeto material se encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su titular, que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio.

“12. Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que la determinan califiquen la conducta como de mermada significación jurídica y social.

“13. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin utilidad social.

“14. Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse.

“15. Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas.

“16. Cuando la persecución penal del delito cometido por el imputado, como autor o partícipe, dificulte, obstaculice o impida al titular de la acción orientar sus esfuerzos de investigación hacia hechos delictivos de mayor relevancia o trascendencia para la sociedad, cometidos por él mismo o por otras personas.

“17. Cuando los condicionamientos fácticos o síquicos de la conducta permitan considerar el exceso en la justificante como representativo de menor valor jurídico o social por explicarse el mismo en la culpa.

“Parágrafo 1°. En los casos previstos en los numerales 15 y 16, no podrá aplicarse el principio de oportunidad a los jefes, organizadores o promotores, o a quienes hayan suministrado elementos para su realización.

“Parágrafo 2°. La aplicación del principio de oportunidad respecto de delitos sancionados con pena privativa de la libertad que excedan seis (6) años será proferida por el Fiscal General de la Nación o el delegado especial que designe para tal efecto.

“Parágrafo 3°. En ningún caso el fiscal podrá hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y delitos de narcotráfico y terrorismo.”

Principio de oportunidad. Límite de las facultades legislativas en el diseño de las causales de su aplicación. Límites a las facultades del fiscal para su aplicación. No implica el desconocimiento de los derechos de las víctimas. Exige la intervención del juez de garantías.

PRIMERO. Declarar EXEQUIBLES los numerales 4, 5, 6, 9, 11, 12 y 15 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, por los cargos estudiados en la presente Sentencia.

SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLE la expresión “En los casos previstos en los numerales 15 (…)” contenida en el parágrafo 1º del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, por el cargo estudiado en la presente Sentencia.

TERCERO. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 3º de la Ley 906 de 2004, por los cargos estudiados en esta Sentencia, salvó la expresión “de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de Roma”, que se declara INEXEQUIBLE.

En primer termino, la Corte resaltó el carácter excepcional y reglado de la aplicación del principio de oportunidad de la acción penal, en la medida que, de conformidad con el artículo 250 de la Constitución, la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercer la acción penal y a llevar a cabo la investigación de los delitos, de modo que la regla general es la de que no puede suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal. Empero esta regla general contempla una excepción introducida por el constituyente al prever que la ley puede establecer casos en los que excepcionalmente proceda la aplicación del principio de oportunidad, definidos dentro del marco de la política criminal del Estado y sometidos al control de legalidad por parte del juez de garantías. En todo caso, la Corporación puso de presente que no se puede aplicar el principio de oportunidad cuando se trate de graves infracciones a los derechos humanos previstas en cualquier tratado que vincule a Colombia. Así mismo, reiteró que si bien el legislador cuenta con un margen para configurar las causales de procedencia del principio de oportunidad, cada una de ellas debe quedar establecida de manera precisa e inequívoca, con un alto grado de claridad, precisión y objetividad, de forma tal que el juez de control de garantías pueda realmente determinar si en un caso concreto procede o no renunciar, suspender o interrumpir el ejercicio de la acción penal.

Después de examinar cada una de los casos previstos en los numerales acusados del artículo 324 de la ley 906 de 2004, en los cuales se aplica el principio de oportunidad de la acción penal, la Corte concluyó : a) Los cargos esgrimidos respecto del numeral 4) no está llamado a prosperar, puesto que la “carencia de importancia” de la sanción que se impusiera en Colombia, al lado de la que se le impuso a una persona entregada en extradición por causa de otra conducta punible, alude a la magnitud de la pena, lo cual se define por una comparación de resultados según su naturaleza (privativa de la libertad o pecuniaria), que responde a parámetros de objetividad claros. b) La “mermada significación jurídica y social” de una conducta punible es la causal que en el Derecho comparado resulta ser la más común como motivo de aplicación del principio de oportunidad penal. Se refiere a los denominados “delitos bagatela”, cuya insignificancia social solo puede ser precisada en cada caso, pero responde a criterios de valor con cierto grado de objetividad social en el contexto histórico y geográfico respectivo. A juicio de la Corte, más que un cargo de inconstitucionalidad, lo que el actor plantea es su inconformidad con la política criminal. Por ello, tampoco prospera este cargo. c) No es cierta la afirmación según la cual los numerales 5 y 6 del artículo 324 de la Ley 906 de 2006 permiten que la persona imputada no sea procesada. Al respecto, la Corte observó que en la demanda no se explica por qué razón, de manera general, esto es, respecto de cualquier clase de delito, emana de la Constitución una regla según la cual, el mayor grado de responsabilidad en la comisión del los delitos excluiría la aplicación del principio de oportunidad penal. En relación con la supuesta omisión en el establecimiento de la condición para la aplicación de este principio, que las víctimas hayan sido reparadas, la Corte advirtió que este cargo prescinde tener en cuenta lo reglado por los artículos 11, 137 y 326 y siguientes de la ley 906 de 2004, lo que hace que las razones de la presunta violación constitucional no sean suficientemente específicas para entrar a un pronunciamiento de fondo sobre estas. Tampoco se demuestra que de la Constitución surja el mandato prohibitivo de utilizar como criterio para determinar la aplicabilidad del principio de oportunidad penal, la efectiva colaboración con la justicia para la desarticulación de bandas de criminalidad organizada. d) El concepto de “seguridad exterior del Estado” al que se refiere el numeral 9) acusado hace relación a (i) la independencia y honra de la Nación, (ii) la inviolabilidad el territorio y (iii) la situación de guerra exterior. Por lo tanto no se trata de concepto absolutamente indeterminado, ni que al Ejecutivo le corresponda intervenir en los procesos, pues se trata de un asunto librado a la decisión del fiscal, sujeto al control del juez de garantías. e) Respecto de la alusión a “problemas sociales más significativos” contenida en el numeral 15 demandado, la Corte consideró que se trata de un concepto jurídico indeterminado de valor, pero determinable en cada caso, por lo que no se deriva en ausencia de un significado preciso. Obedece a necesidades sociales actuales frente a las cuales el derecho penal no puede prever todas y cada uno de los problemas sociales que justifican la oportunidad penal, pero que aluden a intereses superiores que pueden salvaguardarse de manera distinta a la vía penal. Al no prosperar el cargo contra este numeral, consecuencialmente, se declara exequible la expresión “En los casos previstos en el numeral 15..” contenida en el parágrafo 1º del artículo 324 de la ley 906 de 2004. f) Por último la Corte encontró que la prohibición establecida en el parágrafo 3º del artículo 324 resulta acorde con el respeto a los compromisos internacionales asumidos en tratados internacionales ratificados por Colombia y el Derecho Internacional Humanitario. No obstante, no puede reducirse a la persecución de los crímenes de lesa humanidad y violaciones graves al derecho internacional estipulados en el Estatuto de Roma, sino que debe referirse a todos los tratados que en esa materia rijan en nuestro país. Por tal motivo, el parágrafo 3º fue declarado exequible, salvo en la expresión “de acuerdo con los dispuesto en el Estatuto de Roma”, que se declaró inexequible.

Los magistrados JAIME ARAUJO RENTERIA y CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ manifestaron su salvamento de voto, por considerar que la totalidad del las normas y parágrafos acusados adolecen de la claridad y la precisión que se exige por la Constitución, para la aplicación excepcional del principio d e oportunidad penal, por lo que convierten en regla general la renuncia, suspensión e interrupción de la acción penal que queda librada a la mera subjetividad del fiscal, sin mayores elementos que permitan un efectivo control del juez de garantías, lo que viola abiertamente el artículo 250 de la Constitución Política.

Por las mismas razones, el magistrado HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORRO manifestó su salvamento de voto parcial, en relación con el numeral 15 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, que estima ha debido ser declarado inexequible.

D-6341 Y OTRO

C-154/07

Marzo 7/07

 

MP.

Dr. MONROY

Artículo 314.

Sustitución de la detención preventiva. La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de residencia en los siguientes eventos:

1. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será evaluado por el juez al momento de decidir sobre su imposición.

2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia.

3. Cuando a la imputada o acusada le falten dos (2) meses o menos para el parto. Igual derecho tendrá durante los (6) meses siguientes a la fecha del nacimiento.

4. Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales.

El juez determinará si el imputado o acusado debe permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital.

5. Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor de doce (12) años o que sufriere incapacidad mental permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio.

La detención en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios para los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto, y para trabajar en la hipótesis del numeral 5.

En todos los eventos el beneficiario suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido, y, adicionalmente, podrá imponer la obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada, según lo disponga el juez.

Detención domiciliaria de madres o padres cabeza de familia de hijos mayores de 12 años

Declarar inexequibles las expresiones “de doce años” y “mental” contenidas en el numeral 5) del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.

La Corte ratificó que las diferencias de trato que la ley puede otorgar a los menores de edad por razón de su grado de madurez, sólo son legítimas si persiguen hacer énfasis en una modalidad peculiar de protección jurídica o están encaminadas a integrar progresivamente al menor al escenario social, mas no si pretenden reducir el esquema de protección dispuesto por la Carta. En la hipótesis prevista en el numeral 5) del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, se encuentra que la medida persigue un fin legítimo desde el punto de vista constitucional. En efecto, resulta válido garantizar la presencia del imputado o acusado al proceso penal, pues evita que madres cabeza de familia –o el padre que haga sus veces- de hijos mayores de 12 años, reciban detención domiciliaria como sustituto de la detención en centro de reclusión, la cual tiene altos índices de deserción. Sin embargo, la medida resulta desproporcionada en relación con estos menores, para los cuales el artículo 44 de la Carta no establece ninguna distinción en materia de derechos, pues se encuentra que abre un amplio espectro de desamparo para el menor de edad que ya cumplió los 12 años, pues le impide contar con la presencia de su padre o de su madre en una etapa crucial para su desarrollo individual, cuando se verifique que dependía de éste para su cuidado. Para la Corte, la distinción de trato otorgada por la norma acusada resulta injustificada a la luz de los fines perseguidos por esta disposición, por cuando no existe proporción entre éstos y el sacrificio a que se someten derechos que por mandato constitucional tienen un peso jurídico abstracto. En este sentido, la ponderación de los principios constitucionales involucrados debe resolverse a favor de los derechos de los menores de edad, en consideración a la preeminencia constitucional de sus garantías y el interés superior del menor. De otra parte, la Corte determinó que por las mismas razones, la protección dada por la norma demandada a los hijos con discapacidad mental permanente debe cobijar igualmente, a los afectados por una discapacidad física permanente. En consecuencia se declararon inexequibles las expresiones “de doce (12) años y “mental” contenidas en el numeral 5) del artículo 314 de la Ley 906 de 2004. La Corte precisó que esta declaratoria de inexequibilidad no implica, de ninguna manera, que el beneficio de la detención domiciliaria debe concederse de manera automática al padre o madre de cualquier menor de 18 años, ya que en cada caso la autoridad judicial debe evaluar particularidades de la situación del menor.

El magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA se reservó la posibilidad de presentar una aclaración de voto, en relación con las algunas de las consideraciones de la parte motiva de la sentencia.

D-6388

C-209/07

Marzo 21/07

 

 

MP.

Dr. CEPEDA

Artículo 11.

Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este código.

En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:

a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno;

b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor;

c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código;

d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;

e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;

f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto;

g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar;

h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio;

i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley;

j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.

Artículo 137. Intervención de las víctimas en la actuación penal. Las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Las víctimas podrán solicitar al fiscal en cualquier momento de la actuación medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares.

2. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, derechos y dignidad.

3. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada.

4. En caso de existir pluralidad de víctimas, el fiscal, durante la investigación, solicitará que estas designen hasta dos abogados que las represente. De no llegarse a un acuerdo, el fiscal determinará lo más conveniente y efectivo.

5. Si la víctima no contare con medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la Fiscalía General de la Nación le designará uno de oficio.

6. El juez podrá en forma excepcional, y con el fin de proteger a las víctimas, decretar que durante su intervención el juicio se celebre a puerta cerrada.

7. Las víctimas podrán formular ante el juez de conocimiento el incidente de reparación integral, una vez establecida la responsabilidad penal del imputado.

Artículo 284. Prueba anticipada. Durante la investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia de juicio oral se podrá practicar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que sea practicada ante el juez que cumpla funciones de control de garantías.

2. Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, por la defensa o por el Ministerio Público en los casos previstos en el artículo 112.

3. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.

4. Que se practique en audiencia pública y con observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio.

Parágrafo 1°. Si la prueba anticipada es solicitada a partir de la presentación del escrito de acusación, el peticionario deberá informar de esta circunstancia al juez de conocimiento.

Parágrafo 2°. Contra la decisión de practicar la prueba anticipada proceden los recursos ordinarios. Si se negare, la parte interesada podrá de inmediato y por una sola vez, acudir ante otro juez de control de garantías para que este en el acto reconsidere la medida. Su decisión no será objeto de recurso.

Parágrafo 3°. En el evento en que la circunstancia que motivó la práctica de la prueba anticipada, al momento en que se dé comienzo al juicio oral, no se haya cumplido o haya desaparecido, el juez ordenará la repetición de dicha prueba en el desarrollo del juicio oral.

Artículo 306. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia.

Artículo 316. Incumplimiento. Si el imputado o acusado incumpliere alguna de las obligaciones impuestas al concederle la detención domiciliaria, o las inherentes a la medida de aseguramiento no privativa de la libertad a que estuviere sometido, a petición de la Fiscalía o del Ministerio Público, el juez podrá, según el caso, ordenar su reclusión en establecimiento carcelario, disponer la reclusión en el lugar de residencia, o imponer otra medida no privativa de la libertad, dependiendo de la gravedad del incumplimiento o de la reincidencia.

Artículo 324. Causales. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de delito sancionado con pena privativa de la libertad que no exceda en su máximo de seis (6) años y se haya reparado integralmente a la víctima, de conocerse esta, y además, pueda determinarse de manera objetiva la ausencia o decadencia del interés del Estado en el ejercicio de la correspondiente acción penal.

2. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de la misma conducta punible.

3. Cuando la persona fuere entregada a la Corte Penal Internacional a causa de la misma conducta punible. Tratándose de otra conducta punible solo procede la suspensión o la interrupción de la persecución penal.

4. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra conducta punible y la sanción a la que pudiera llevar la persecución en Colombia carezca de importancia al lado de la sanción que le hubiera sido impuesta con efectos de cosa juzgada contra él en el extranjero.

5. Cuando el imputado colabore eficazmente para evitar que continúe el delito o se realicen otros, o aporte información esencial para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada.

6. Cuando el imputado sirva como testigo principal de cargo contra los demás intervinientes, y su declaración en la causa contra ellos se haga bajo inmunidad total o parcial. En este caso los efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán revocados si la persona beneficiada con el mismo incumple con la obligación que la motivó.

7. Cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia de la conducta culposa, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la sanción punitiva.

8. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas.

9. Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza graves a la seguridad exterior del Estado.

10. Cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o recta impartición de justicia, la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción disciplinarios.

11. Cuando en delitos contra el patrimonio económico, el objeto material se encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su titular, que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio.

12. Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que la determinan califiquen la conducta como de mermada significación jurídica y social.

13. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin utilidad social.

14. Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando

se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse.

15. Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas.

16. Cuando la persecución penal del delito cometido por el imputado, como autor o partícipe, dificulte, obstaculice o impida al titular de la acción orientar sus esfuerzos de investigación hacia hechos delictivos de mayor relevancia o trascendencia para la sociedad, cometidos por él mismo o por otras personas.

17. Cuando los condicionamientos fácticos o síquicos de la conducta permitan considerar el exceso en la justificante como representativo de menor valor jurídico o social por explicarse el mismo en la culpa.

Parágrafo 1°. En los casos previstos en los numerales 15 y 16, no podrá aplicarse el principio de oportunidad a los jefes, organizadores o promotores, o a quienes hayan suministrado elementos para su realización.

Parágrafo 2°. La aplicación del principio de oportunidad respecto de delitos sancionados con pena privativa de la libertad que exceda de seis (6) años será proferida por el Fiscal General de la Nación o el delegado especial que designe para tal efecto.

Parágrafo 3°. En ningún caso el fiscal podrá hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y delitos de narcotráfico y terrorismo.

Artículo 327. Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad. El juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad, siempre que con esta se extinga la acción penal.

Dicho control será obligatorio y automático y se realizará en audiencia especial en la que la víctima y el Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de plano y contra esta determinación no procede recurso alguno.

La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la Fiscalía, no podrán comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.

Artículo 333. Trámite. Previa solicitud del fiscal el juez citará a audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, en la que se estudiará la petición de preclusión.

Instalada la audiencia, se concederá el uso de la palabra al fiscal para que exponga su solicitud con indicación de los elementos materiales probatorios y evidencia física que sustentaron la imputación, y fundamentación de la causal incoada.

Acto seguido se conferirá el uso de la palabra a la víctima, al agente del Ministerio Público y al defensor del imputado, en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal.

En ningún caso habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas.

Agotado el debate el juez podrá decretar un receso hasta por una (1) hora para preparar la decisión que motivará oralmente.

Artículo 337. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de acusación deberá contener:

1. La individualización concreta de quiénes son acusados, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.

2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible.

3. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto, del que le designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública.

4. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso.

5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento anexo que deberá contener:

a) Los hechos que no requieren prueba.

b) La transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo.

c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio.

d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación.

e) La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales.

f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía.

g) Las declaraciones o deposiciones.

La Fiscalía solamente entregará copia del escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas, con fines únicos de información.

Artículo 339. Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.

Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación.

El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su validez la presencia del fiscal, del abogado defensor y del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado.

También podrán concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás intervinientes sin que su ausencia afecte la validez.

Artículo 342. Medidas de protección. Una vez formulada la acusación el juez podrá, a solicitud de la Fiscalía, cuando se considere necesario para la protección integral de las víctimas o testigos, ordenar:

1. Que se fije como domicilio para los efectos de las citaciones y notificaciones, la sede de la Fiscalía, quien las hará llegar reservadamente al destinatario.

2. Que se adopten las medidas necesarias tendientes a ofrecer eficaz protección a víctimas y testigos para conjurar posibles reacciones contra ellos o su familia, originadas en el cumplimiento de su deber testifical.

Artículo 344. Inicio del descubrimiento. Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A este respecto la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a quien corresponda, el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de tres (3) días para su cumplimiento.

La Fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Así mismo cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes entregará a la Fiscalía los exámenes periciales que le hubieren sido practicados al acusado.

El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia de formulación de acusación.

Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba.

Artículo 356. Desarrollo de la audiencia preparatoria. En desarrollo de la audiencia el juez dispondrá:

1. Que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial, si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará.

2. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física.

3. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público.

4. Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este caso decretará un receso por el término de una (1) hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto.

Parágrafo. Se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias.

5. Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, conforme lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará con el trámite ordinario.

Artículo 357. Solicitudes probatorias. Durante la audiencia el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión.

El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código.

Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso.

Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica.

Artículo 358. Exhibición de los elementos materiales de prueba. A solicitud de las partes, los elementos materiales probatorios y evidencia física podrán ser exhibidos durante la audiencia con el único fin de ser conocidos y estudiados.

Artículo 359. Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba.

Igualmente inadmitirá los medios de prueba que se refieran a las conversaciones que haya tenido la Fiscalía con el imputado, acusado o su defensor en desarrollo de manifestaciones preacordadas, suspensiones condicionales y aplicación del principio de oportunidad, a menos que el imputado, acusado o su defensor consientan en ello.

Cuando el juez excluya, rechace o inadmita una prueba deberá motivar oralmente su decisión y contra ésta procederán los recursos ordinarios.

Artículo 371. Declaración inicial. Antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas, la Fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio.

Al proceder a la práctica de las pruebas se observará el orden señalado en audiencia preparatoria y las reglas previstas en el capítulo siguiente de este código.

Artículo 378. Contradicción. Las partes tienen la facultad de controvertir, tanto los medios de prueba como los elementos materiales probatorios y evidencia física presentados en el juicio, o aquellos que se practiquen por fuera de la audiencia pública.

Artículo 391. Interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado por la parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio, denominado o directo, se limitará a los aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas.

En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio, podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo.

Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del directo.

Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte, si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio.

Artículo 395. Oposiciones durante el interrogatorio. La parte que no está interrogando o el Ministerio Público, podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada.

Derechos de las víctimas en proceso penal de tendencia acusatoria

Primero.- Estarse a lo resuelto en la sentencia C-454 de 2006 en relación con la acusación formulada contra el artículo 357 de la Ley 906 de 2004.

Segundo.- Declarar inexequibles las expresiones “y contra esta determinación no cabe recurso alguno” del artículo 327 de la Ley 906 de 2004 y “con fines únicos de información” del inciso final del artículo 337 de la misma ley.

Tercero.- Declarar exequibles en lo demandado y por los cargos analizados en esta sentencia, los artículos 11, 137, 324, 371, 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004, así como las expresiones “las partes” del artículo 378 y “la parte que no está interrogando o el Ministerio Público”, del artículo 395 de la Ley 906 de 2004.

Cuarto.- Declarar, por los cargos analizados en esta sentencia, la exequibilidad condicionada de las siguientes disposiciones de la Ley 906 de 2004:

1. El numeral 2 del artículo 284, en el entendido de que la víctima también puede solicitar la práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías.

2. El artículo 289, en el entendido de que la víctima también puede estar presente en la audiencia de formulación de la imputación.

3. El artículo 333 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal.

4. El artículo 344, en el entendido de que la víctima también puede solicitar al juez el descubrimiento de un elemento material probatorio específico o de evidencia física específica.

5. El artículo 356, en el entendido de que la víctima puede hacer observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios y de la totalidad de las pruebas que se harán valer en la audiencia del juicio oral.

6. El artículo 358, en el entendido de que la víctima también puede hacer dicha solicitud.

7. El inciso primero del artículo 359, en el entendido de que la víctima también puede solicitar la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba.

8. Los artículos 306, 316 y 342, en el entendido de que la víctima también puede acudir directamente ante el juez competente a solicitar la medida correspondiente.

9. El artículo 339, en el entendido de que la víctima también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación para efectuar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades.

La Corte analizó globalmente el lugar y el papel de las víctimas del delito en el proceso penal de tendencia acusatoria. No obstante la implantación de un nuevo procedimiento, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral deben ser protegidos sin afectar la estructura procesal y los principios del sistema de orientación acusatoria. La Corte resaltó que el artículo 250, de la Constitución modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002 asignó a la Fiscalía la función de solicitar al juez de conocimiento las medidas judiciales relacionadas con el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los afectados con el delito. Así mismo, dispuso que “la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”. En esta sentencia la Corte aplica el Acto Legislativo 03 de 2002 a la luz de su jurisprudencia sobre los derechos de las víctimas con miras a armonizarlos con el nuevo sistema penal. Frente a la nueva estructura del proceso penal desarrollada en la Ley 906 de 2004 y los cargos formulados en la presente demanda, la Corte encontró lo siguiente: a) El legislador omitió incluir a las víctimas dentro de las partes o intervinientes que pueden ejercer facultades referentes a la solicitud, descubrimiento, exhibición, exclusión, rechazo e indadmisibilidad, práctica y contradicción de pruebas o elementos materiales probatorios. Así los artículos 284, 344, 356, 358, 359, 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004, establecen que tales facultades sólo pueden ser ejercidas en las respectivas etapas procesales, por la Fiscalía, la defensa, las partes y excepcionalmente, el Ministerio Público. Al respecto, la Corte señaló que no se observa una razón objetiva que justifique la exclusión de la víctima, del uso de las facultades que se otorgan a las partes e intervinientes en el proceso penal, en los artículos 284, 344, 356, 358 y 359 de la Ley 906 de 2004, como quiera que su participación en actuaciones correspondientes a la etapa previa al juicio, no conlleva una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal introducido por el Acto legislativo 03 de 2002, no altera la igualdad de armas, ni modifica la calidad de la víctima como interviniente en cada caso. Teniendo en cuenta que esta omisión genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal en las etapas previas al juicio e impide asegurar una garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a ser oídos y facilitarles el aporte de pruebas, se condicionó la exequibilidad de los artículos 284, 344, 356, 358 y 359 de la Ley 906 de 2004, a que la víctima pueda ejercer también las facultades probatorias previstas en cada caso por estas disposiciones legales. b) Desde la misma óptica, la Corte constató que, por el contrario, en el caso de las facultades probatorias otorgadas a la Fiscalía, la defensa, las partes y el Ministerio Público en los artículos 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004, la exclusión de la víctima no genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal, toda vez que tales facultades corresponden a la etapa del juicio oral en el cual no participa directamente la víctima, pues con ello se modificarían los rasgos estructurales del sistema penal regulado por la Ley 906 de 2004 y concebido en el Acto Legislativo 03 de 2002, al alterar sustancialmente la igualdad de armas y convertir a la víctima en un segundo acusador o contradictor. Tales facultades se ejercen en esta etapa por intermedio del fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Por consiguiente, no prosperan los cargos analizados en contra de los artículos 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004, que se declararon exequibles. c) De otra parte, la Corte no advirtió una razón objetiva y suficiente que justifique que sólo el fiscal tenga la posibilidad de solicitar al juez de control de garantías medidas de protección, con lo cual deja desprotegida a la víctima ante omisiones del fiscal o circunstancias apremiantes de hostigamiento, amenaza, incumplimiento o necesidad de cambio de la medida. Permitirle a la víctima solicitar ese tipo de medidas, no genera una desigualdad de armas, no altera los rasgos fundamentales del sistema penal con tendencia acusatoria estatuido en la Ley 906 de 2004, ni implica una transformación del papel de interviniente especial que tiene la víctima dentro de este sistema procesal penal. Por el contrario, la exclusión de la víctima de la posibilidad de solicitar esas medidas, entraña el incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal consagrado en el numeral 7) del artículo 250 de la Carta. Por tal motivo, se condicionó la exequibilidad de los artículos 137, 306, 316 y 342 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la víctima también puede acudir directamente ante el juez de control de garantías a solicitar medida de protección. d) De igual manera, se condicionó la exequibilidad del inciso cuarto del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que las víctimas también pueden presentar elementos materiales probatorios y evidencia física en la audiencia de preclusión para oponerse a la petición del fiscal. Esto, en razón a que el debate probatorio se efectúa únicamente en el juicio oral, pero se pueden allegar elementos probatorios para desvirtuar la petición de preclusión, en guarda de los derechos fundamentales a la justicia y al debido proceso de la víctimas. e) En cuanto se refiere a la posibilidad de intervención de la víctima en la actuación que da lugar la aplicación del principio de oportunidad, la Corte observó que el artículo 328 de la Ley 906 de 2004 ordena al fiscal tener en cuenta los intereses -que en realidad son derechos- de las víctimas y para ello debe oír a las que estén presentes en la actuación. Por lo tanto, el artículo 324 acusado no establece una omisión legislativa relativa, ya que debe ser aplicado en concordancia con el mencionado artículo 328. f) De otro lado, la Corte determinó que la entrega de copia del escrito de acusación a la víctima con “fines únicos de información” y su exclusión de la audiencia de formulación de la acusación, clausura la posibilidad de la víctima de ejercer un control sobre la acusación, ni sobre la adecuación típica o el descubrimiento de pruebas que hará valer el fiscal en la etapa del juicio oral, mientras que las partes e intervinientes como el Ministerio Público sí tienen esa posibilidad. Teniendo en cuenta la trascendencia de la participación de la víctima en esta etapa de la actuación penal, la Corte encontró que es claro que la omisión del legislador pone en riesgo la efectividad de los derechos de la víctima y por ello resulta inconstitucional la expresión “con fines únicos de información” del artículo 337 de la Ley 906 de 2004. Por la misma razón, la Corte condicionó la exequibilidad del artículo 339, en el entendido de que la víctima también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación para efectuar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades. En consecuencia, la Corte integró la unidad normativa con el artículo 289 de la Ley 906 de 2004, para condicionar su exequibilidad a que la víctima puede estar presente en la audiencia de formulación de la imputación. g) Cosa distinta sucede con la posibilidad de que la víctima intervenga en la etapa del juicio oral para presentar una teoría del caso, diferente o contraria a la del fiscal y de la defensa, pues se alteraría la estructura del proceso penal de tendencia acusatoria. La Corte advirtió que ya en las etapas previas la víctima ha tenido la oportunidad de participar como interviniente especial en la construcción del caso y en la etapa del juicio oral, a través de su abogado, que debe ser oído por el fiscal, podrá ejercer sus derechos sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propio caso al margen o en contra del fiscal. En consecuencia, fue declarado exequible por este aspecto, el artículo 371 de la Ley 906 de 2004. h) Por último, la Corte determinó que es al legislador a quien compete establecer los casos en los que procede la impugnación de las decisiones judiciales sin que la Corte pueda por vía general disponer la procedencia general del recurso de apelación. En este sentido, los artículos 11 y 137 de la Ley 906 de 2004, que regulan los derechos de las víctimas y la intervención de estas en el proceso penal.

D-6396

C-210/07

Marzo 21/07

 

 

MP.

Dr. MONROY

Artículo 92.

Medidas cautelares sobre bienes. El juez de control de garantías, en la audiencia de formulación de la imputación o con posterioridad a ella, a petición del fiscal o de las víctimas directas podrá decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito.

La víctima directa acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza del daño recibido y la cuantía de su pretensión.

El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, previa caución que se debe prestar de acuerdo al régimen establecido en el Código de Procedimiento Civil, salvo que la solicitud sea formulada por el fiscal o que exista motivo fundado para eximir de ella al peticionante. El juez, una vez decretado el embargo y secuestro, designará secuestre y adelantará el trámite posterior conforme a las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil.

Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado por el imputado o acusado, se dejará en su poder a título de depósito gratuito, con el compromiso de entregarlo a un secuestre o a quien el funcionario indique si se profiere sentencia condenatoria en su contra.

Parágrafo. En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces, el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del imputado en las mismas condiciones señaladas en este artículo, salvo la obligación de prestar caución.

Artículo 97. Prohibición de enajenar. El imputado dentro del proceso penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los seis (6) meses siguientes a la formulación de la imputación, a no ser que antes se garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondo sobre su inocencia.

Esta obligación deberá ser impuesta expresamente en la audiencia correspondiente. Cualquier negociación que se haga sobre los bienes sin autorización del juez será nula y así se deberá decretar.

Para los efectos del presente artículo el juez comunicará la prohibición a la oficina de registro correspondiente.

Lo anterior sin perjuicio de los negocios jurídicos realizados con anterioridad y que deban perfeccionarse en el transcurso del proceso y de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer, personalmente o por intermedio de abogado dentro de una audiencia preliminar que deberá proponerse, para ese único fin, desde la formulación de la imputación hasta antes de iniciarse el juicio oral, con base en los motivos existentes al tiempo de su formulación. El juez que conozca del asunto resolverá de plano.

Artículo 118. Integración y designación. La defensa estará a cargo del abogado principal que libremente designe el imputado o, en su defecto, por el que le sea asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.

Artículo 119. Oportunidad. La designación del defensor del imputado deberá hacerse desde la captura, si hubiere lugar a ella, o desde la formulación de la imputación. En todo caso deberá contar con este desde la primera audiencia a la que fuere citado.

El presunto implicado en una investigación podrá designar defensor desde la comunicación que de esa situación le haga la Fiscalía.

Artículo 232. Cláusula de exclusión en materia de registros y allanamientos. La expedición de una orden de registro y allanamiento por parte del fiscal, que se encuentre viciada por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos en este código, generará la invalidez de la diligencia, por lo que los elementos materiales probatorios y evidencia física que dependan directa y exclusivamente del registro carecerán de valor, serán excluidos de la actuación y sólo podrán ser utilizados para fines de impugnación.

Artículo 327. Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad. El juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad, siempre que con esta se extinga la acción penal.

Dicho control será obligatorio y automático y se realizará en audiencia especial en la que la víctima y el Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de plano y contra esta determinación no procede recurso alguno.

La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la Fiscalía, no podrán comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.

Solicitud de medidas cautelares por el Ministerio Público/ Prohibición de enajenar bienes del imputado/ Oportunidad designación del defensor/ Exclusión de prueba ilícita/ Facultad para contradecir pruebas traídas por el Fiscal para aplicar Principio de Oportunidad/ Inhibición

Primero.- Declarar exequible la expresión “en los procesos en los que sean víctimas lo menores de edad o los incapaces”, contenida en el artículo 92 de la Ley 906 de 2004.

Segundo.- Declarar exequibles los artículos 97 y 118 de la Ley 906 de 2004.

Tercero.- Declarar exequible el artículo 119, inciso primero, de la Ley 906 de 2004, por el cargo formulado en la demanda.

Cuarto.- Declarar exequible la expresión “solo podrán ser utilizados para fines de impugnación” del artículo 232 de la Ley 906 de 2004.

Quinto.- Inhibirse para conocer de la demanda formulada contra la expresión “la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión” del artículo 327 de la Ley 906 de 2004.

Frente a los cargos de inconstitucionalidad planteados, la Corte estableció en primer término, que la autorización contenida en el artículo 92 de la Ley 906 de 2004 al Ministerio Público, para solicitar el embargo y secuestro de bienes en el proceso penal únicamente a favor de los menores de edad e incapacitados, constituye un típico caso de discriminación positiva, como quiera que consagra un mecanismo de protección reforzada y diferente justificada desde el punto de vista constitucional. Según lo dispone el artículo 13 de la Carta Política , la ley puede adoptar medidas dirigidas a favorecer a determinados grupos con el fin de eliminar o reducir desigualdades naturales, sociales o económicas que los afectan y proteger a quienes se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, como ocurre con los menores de edad y personas discapacitadas. En segundo lugar, la Corte encontró que la prohibición al imputado de enajenar bienes sujetos a registro durante los 6 meses siguientes a la formulación de la imputación prevista en el artículo 97 de la Ley 906 de 2004, se justifica para rodear de garantías de eficacia a la reparación integral de la víctima del delito, sin que ninguna de las medidas alternativas de garantía resulte menos gravosa para la defensa del derecho de propiedad. Igualmente, consideró que la norma acusada es proporcional en sentido estricto, porque no sacrifica valores, principios o derechos de mayor peso constitucional que el derecho y deber del Estado a la reparación económica del daño causado a la víctima con el delito, ni restringe gravemente al derecho a la propiedad, pues no es una limitación absoluta, pues se limita en el tiempo y puede levantarse en las condiciones establecidas en la misma disposición legal. En cuanto concierne a la exigencia del artículo 118 de la Ley 906 de 2004, de defensa técnica mediante abogado, la Corporación señaló que contrario a lo afirmado por el demandante, constituye un claro desarrollo del derecho de defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución. De igual modo, resulta equivocado sostener que, por el hecho de que la designación del defensor del imputado se haga al momento de formularse la imputación, demanda, el investigado no tuvo tiempo para ejercer su derecho de defensa, ni que la norma acusada consagra una desigualdad de trato jurídico respecto de la oportunidad para ejercer la defensa. En efecto, la interpretación sistemática del artículo 119 de la Ley 906 de 2004, muestra que la defensa podrá designar abogado (i) desde el momento en que se adelanta la captura, (ii) cuando se formula la imputación, (iii) desde la primera audiencia a la que fuere citado y (iv) desde la comunicación que la Fiscalía hace cuando se inicia una investigación penal. En último término, la Corte encontró que no prosperan los cargos formulados respecto de la expresión final del artículo 232 de la Ley 906 de 2004, toda vez que una cosa es la exclusión de los elementos materiales probatorios y evidencia física encontrados en registros y allanamientos inválidos y otra que de conformidad con los artículos 23 y 455 de la Ley 906 de 2004, los elementos que no deben ser excluidos puedan ser utilizados para fines de impugnación. Es decir, que dichos elementos no pueden ser el fundamento de una imputación pero sí pueden ser utilizados para impugnar por ejemplo, la credibilidad de un testigo o perito. Por lo expuesto, fueron declarados exequibles en lo demandado, los artículos 92, 97, 118, 119 y 232 de la Ley 906 de 2004. Respecto de la acusación parcial contra el artículo 327 de la Ley 906 de 2004, la Corporación se inhibió, pues el cargo se funda en un entendimiento literal y errado de la disposición, en un interpretación subjetiva que no corresponde a su contenido normativo, por lo que no existe cargo de inconstitucionalidad sobre el cual pronunciarse.

D-6405

C-336/07

Mayo 9/07

 

 

MP. Dr. CORDOBA

Artículo 14.

Intimidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada.

No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, residencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del Fiscal General de la Nación o su delegado, con arreglo de las formalidades y motivos previamente definidos en este código. Se entienden excluidas las situaciones de flagrancia y demás contempladas por la ley.

De la misma manera deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario interceptar comunicaciones.

En estos casos, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes deberá adelantarse la respectiva audiencia ante el juez de control de garantías, con el fin de determinar la legalidad formal y material de la actuación.

Artículo 244. Búsqueda selectiva en bases de datos. La policía judicial, en desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las comparaciones de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate del simple cotejo de informaciones de acceso público.

Cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos, que implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado o imputado o, inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación y se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones relativas a los registros y allanamientos.

En estos casos, la revisión de la legalidad se realizará ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la culminación de la búsqueda selectiva de la información.

Artículo 246. Regla general. Las actividades que adelante la policía judicial, en desarrollo del programa metodológico de la investigación, diferentes a las previstas en el capítulo anterior y que impliquen afectación de derechos y garantías fundamentales, únicamente se podrán realizar con autorización previa proferida por el juez de control de garantías, a petición del fiscal correspondiente. La policía judicial podrá requerir autorización previa directamente al juez, cuando se presenten circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, en cuyo caso el fiscal deberá ser informado de ello inmediatamente.

Derecho a la intimidad del indiciado o imputado/Derecho a la autodeterminación informática del indiciado o imputado-Exigencia de autorización previa del juez de control de garantías para la búsqueda selectiva de información personal en base de datos

Primero.- Declarar exequible la expresión “cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre acceso” del artículo 14 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que se requiere de orden judicial previa cuando se trata de los datos personales organizados con fines legales y recogidos por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello.

Segundo.- Declarar exequible el inciso segundo del artículo 244 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que se requiere de orden judicial previa cuando se trata de los datos personales organizados con fines legales y recogidos por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello.

Tercero.- Declararse inhibida para emitir una decisión de fondo en relación con la acusación formulada contra un aparte del artículo 246 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

La Corte reiteró que según la regla general establecida en el artículo 250 de la Constitución Política, las medidas que se adopten por la Fiscalía General que afecten derechos fundamentales, requieren autorización previa del juez de control de garantías. Conforme a lo anterior (i) corresponde a los jueces de control de garantías la adopción de las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal; solo excepcionalmente y previa regulación legal que incluya los límites y eventos en que procede, la Fiscalía puede efectuar capturas; (ii) la Fiscalía tiene la facultad de adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones, sometidos al control posterior del juez de control de garantías (numeral 2, artículo 250 C.P.); (iii) en todos los demás eventos en que para aseguramiento de los elementos materiales probatorios, se requiera medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá mediar autorización, es decir, control previo, por parte del juez de control de garantías. La Corporación determinó que la búsqueda selectiva de información personal contenida en bases de datos regulada en los artículos 14 y 244 de la Ley 906 de 2004 pertenece a la tercera categoría de medidas, toda vez que se inserta dentro del ámbito de operatividad del derecho fundamental al habeas data consagrado en el artículo 15 de la Constitución. Esto es, que dicha búsqueda recae sobre sistemas de acopio de información efectuada en desarrollo de una actividad profesional o institucional de tratamiento de datos que se articulan en los llamados bancos de datos o centrales de información, que son administrados por entidades públicas o privadas sometidas a ciertos principios jurídicos, con el fin de garantizar la armonía en el ejercicio de los derechos fundamentales de diversos actores (titulares, usuarios y administradores) del proceso de recopilación, procesamiento, almacenamiento, control y divulgación de datos personales. De esta forma, tales bases de datos no pueden confundirse con aquellos sistemas de información creados por el usuario que no ejerce esa actividad de acopio de información de manera profesional o institucional. Así mismo, precisó que la consulta selectiva en bases de datos personales, tampoco puede confundirse con los registros que se realizan en el marco de una diligencia de allanamiento y registro sobre ciertos objetos como archivos, documentos digitales, videos, grabaciones, que constituyen típicas diligencias de registro y que, como tales, se rigen por el numeral 2 del artículo 250 de la Constitución y los artículos 219 a 238 de la Ley 906 de 2004, los cuales no son objeto del presente estudio de constitucionalidad. En ese orden, para la Corte, de conformidad con el numeral 3) del artículo 250 superior, la búsqueda selectiva en las bases de datos personales computarizadas, mecánicas o de cualquier índole, por orden de la Fiscalía, debe contar siempre con la autorización previa del juez de control de garantías y referirse a la información que se acopia con fines legales, por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello, por estar de por medio el derecho fundamental al habeas data. Sólo, en este sentido, los apartes acusados de los artículos 14 y 244 de la Ley 906 de 2004 resultan compatibles con la Constitución y por ende se declaró su exequibilidad condicionada. Por otro lado, la Corte encontró que los cargos formulados respecto del aparte demandado del artículo 246 de la Ley 906 de 2004, carecen de la precisión y certeza que se requiere para poder entrar a un examen de fondo sobre los mismos. Por tal motivo, se inhibió para emitir un fallo de mérito.

D-6473

C-342/07

Mayo 9/07

 

MP.

Dr. ESCOBAR

Artículo 327 (P.).

Control Judicial en la aplicación del Principio de oportunidad. El juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad, [siempre que con ésta se extinga la acción penal]

Dicho control será obligatorio y automático y se realizará en audiencia especial en la que la víctima y el Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de plano y contra esta determinación no procede recurso alguno.

La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la Fiscalía, no podrán comprometer la presunción de inocencia y sólo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad”.

Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad

ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-209 de 2007, en la cual se declaró