DERECHO A LA SALUD

DERECHO A LA SALUD

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

DERECHO A LA SALUD

 

 

 

FECHA SENTENCIA 

 

SENTENCIA 

 

PONENTE 

EXPEDIENTE 

TEMA

1999-12-09 

 

T-1002/99

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

T-242117 

 

Mujer embarazada protección laboral. Derecho a la estabilidad en el empleo. No pueden exigirse pruebas de embarazo para condicionar ingreso o estabilidad en el empleo. Pago de indemnización y reintegro. Concedida

 

2002-06-18 

 

T-472/02

ALFREDO BELTRAN SIERRA 

 

T-587994 

 

Derecho a la seguridad social. Estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada. Requisito prueba de embarazo. Solicitud reintegro. Solución de continuidad. Terminación unilateral contrato de trabajo a término fijo. Prestación de servicios temporales.

 

2005-02-28 

 

T-176/05

JAIME ARAUJO RENTERIA 

 

T-1002692

Derecho a la dignidad igualdad trabajo debido proceso y a la protección especial a la mujer embarazada de trabajadora de la fundación vinculada mediante contrato de prestación de servicios a quien le fuera terminado su contrato de trabajo aduciendo la cesación de las causas que le dieron origen. Solicita se ordene la cancelación de los salarios dejados de cancelar y demás prestaciones sociales al igual que la indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa. Protección constitucional de los derechos de la mujer embarazada o en periodo de lactancia. La estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de gestación en los contratos de prestación de servicios. La terminación del contrato civil de prestación de servicios no tuvo como causa el embarazo de la demandante por lo que la protección del fuero de maternidad solicitada no puede concederse. Negada

 

2005-08-19 

 

T-873/05

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 

 

T-1106907

Derecho a la estabilidad laboral reforzada derechos de los hijos y los derechos al mínimo vital y al acceso efectivo a la atención medica de ella y su hijo por nacer de trabajadora a quien la empresa se negó a renovarle su contrato de asociación al parecer por encontrarse en estado de embarazo aunque la cooperativa aduce la terminación del convenio de asociación. Solicita el amparo de sus derechos fundamentales. Relación que se traba entre las cooperativas de trabajo asociado y sus miembros. La vinculación formal a una cooperativa de trabajo asociado no excluye el surgimiento de una relación laboral. Principio de prevalencia de la realidad en las relaciones laborales. Procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada o lactante. La jurisprudencia constitucional ha establecido que en tanto exista una relación laboral cualquiera que ella sea es predicable de la mujer embarazada o lactante el derecho a una estabilidad laboral reforzada como una consecuencia del principio de igualdad y por ende su relación laboral no puede quedar ni suspendida ni terminada. Concedida

 

2006-12-05 

 

C-1032/06

NILSON PINILLA PINILLA

D-6320 

 

Ley 100 de 1993 artículos 163 y 164 (parciales). Se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Cobertura familiar y preexistencias. Para los demandantes las normas acusadas se oponen a varios de los principios contenidos en el preámbulo y en los artículos 11 13 46 48 y 49 de la carta política. La participación condicionada de los padres del afiliado en el plan obligatorio de salud. Principios que rigen el sistema de seguridad social integral. Libertad de configuración normativa del legislador con respecto al tema de la seguridad social y limites. Constitucionalidad de la norma demandada. Advertencia de que no habrá periodos de espera para los afiliados al régimen subsidiado. Diferentes regímenes en salud dentro del sistema de seguridad social integral. Las garantías consagradas en la Constitución a favor de las madres gestantes y los menores de un año. Inexequibilidad del segmento demandado. No existe una razón valida que justifique desde el punto de vista constitucional el trato desigual que el legislador previo en este caso para las madres y los niños y niñas menores de un año afiliadas o beneficiarios del régimen contributivo de seguridad social en salud frente a los mismos sujetos en el régimen subsidiado en materia de periodos mínimos de cotización para poder gozar de determinados beneficios. Exequible e inexequible la expresión "en el régimen subsidiado" contenida en el tercer inciso del artículo 164 de la ley 100 de 1993

 

2006-12-07 

 

T-1052/06

JAIME ARAUJO RENTERIA 

 

T-1408993

Derecho a la salud en conexidad con la vida en condiciones dignas de afiliada docente que requiere el implante de un diente en el maxilar superior derecho que la entidad se niega a suministrar aduciendo que la atención en salud a que tiene derecho no incluía el suministro de implantes. Solicita se ordene el suministro del implante oral que requiere. El derecho a la salud y la vida en condiciones dignas. Exclusiones y limitaciones en la cobertura del plan obligatorio de salud. Régimen especial de seguridad social en salud de los docentes afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio. Si la reclamación médica hecha por la actora no hubiere sido contratada con alguna IPS o esta no fuere cubierta de manera alguna Comfacor debió hacérselo saber a la accionante indicándole igualmente que sería entonces el fondo de prestaciones sociales del magisterio a través de la fiduciaria administradora de dicho fondo la que le podría señalar qué trámites debía adelantar la accionante para solucionar su problema dental. Se ordenará a la IPS Comfacor que proceda a realizar un diagnóstico puntual a la actora en relación con su problema e inicie la atención odontológica básica general necesaria si hubiere posibilidad de ello y siempre que la accionante acepte. Concedida

 

2007-02-01 

 

T-071/07

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 

 

T-1425518 

 

Derecho a la estabilidad laboral reforzada al mínimo vital y al acceso efectivo al sistema de salud así como los derechos de las hijas menores de mujer trabajadora cabeza de familia con contrato de trabajo con duración por la obra o labor que fue despedida durante la licencia de maternidad habiéndose tramitado ante la inspectora de trabajo la autorización correspondiente. Solicita se ordene su reintegro y el pago de los aportes a la seguridad social. Procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital de las trabajadoras en estado de gestación o durante los tres meses siguientes al parto. Desde una perspectiva constitucional sea inaceptable admitir que la justa causa de terminación de los contratos laborales a la que hace referencia el numeral 1 del literal a del artículo 62 del código sustantivo del trabajo pueda comprender que los empleadores soliciten pruebas de embarazo a las trabajadoras que busquen el ingreso a un cargo o la continuación en el mismo. Medidas a adoptar para la protección de los derechos fundamentales de la accionante al mínimo vital al acceso efectivo al sistema de salud y a la estabilidad laboral reforzada y para la protección de los derechos fundamentales de sus hijas menores de edad. Concedida

 

2008-01-15 

 

T-004/08

MAURICIO GONZALEZ CUERVO 

 

T-1693226

Derecho a la seguridad social y a la salud en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas de persona a quien un médico particular le prescribió la práctica de cirugía ortognática (reposición de los maxilares) como consecuencia de la mal oclusión clase iii que presenta y que fue negada por la junta médica de la EPS a la cual se encuentra afiliada, luego de que una vez expuesta su situación se concluyera que tal procedimiento, de un lado, se encuentra excluido del plan de beneficios del pos y, de otro lado, presenta un carácter eminentemente estético.
Solicita tanto la práctica de la cirugía ortognática como el tratamiento de rehabilitación oral que le fue prescrito.
El derecho a la salud en conexidad con la vida digna. Reiteración de jurisprudencia. Aplicación excepcional del principio de confianza legítima frente a los requisitos de procedencia de inaplicación del régimen de limitaciones y exclusiones del pos.
Cuando las EPS ejercen acciones a través de las cuales aceptan, de manera voluntaria, la legitimidad de las prescripciones realizadas por un profesional de la salud no vinculado a ellas, como serian, por ejemplo, el suministro de medicamentos, la práctica de procedimientos o el sometimiento de tales prescripciones a comités técnico-científicos, y teniendo en cuenta el cumplimiento de los demás requisitos delineados por la jurisprudencia constitucional para dar lugar a la inaplicación de las limitaciones y exclusiones del sistema de seguridad social en salud, opera el principio de confianza legítima. Concedida

 

2008-10-16

T-1018/08

NILSON PINILLA PINILLA 

 

T-1936370

Derecho a la seguridad social, salud y vida digna de afiliada de la entidad accionada quien presenta un apiñamiento dental muy marcado para el cual le fue prescrito un tratamiento especializado por ortodoncia a cuya concesión se opone la accionada por considerarla un procedimiento estético.
El derecho a la salud como derecho fundamental. Reiteración jurisprudencial.
Entidades a las que pueden acudir los beneficiarios sin capacidad de pago que requieran servicios adicionales a los incluidos en el POS. En los eventos en los cuales la EPS subsidiada alega no tener la obligación de suministrar ciertas prestaciones médicas, puede acaecer que la ARS opte por proporcionar el servicio directamente o bien, que cumpla con su deber de acompañamiento e información frente al paciente.
Reglas para inaplicar las normas del pos. Reiteración jurisprudencial.  
En el caso en cuestión se estableció que, si bien la patología que presenta la accionante no representa un riesgo grave para su vida, la omisión en la realización del tratamiento genera consecuencias que deterioran las condiciones de viga diga de la misma. Además. Se probó que el servicio fue ordenado por el médico tratante, que éste no puede ser sustituido por uno pos y que ésta no puede asumir su costo. Por ello, se ordenó a la accionada proporcionar a la accionante el tratamiento especializado de ortodoncia que requiere.
Concedida

 

2009-05-26 

 

T-371/09

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO 

 

T-2215415

Derechos al mínimo vital, estabilidad laboral reforzada y debido proceso invocados por ex trabajadora de la empresa demandada, quien fue desvinculada, según estima, por su notorio estado de embarazo y sin que existiera autorización de la autoridad respectiva.
Procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando el afectado se encuentra en estado de indefensión. Reiteración jurisprudencial.
Con base en el recalcado mandato del derecho fundamental a la estabilidad laboral de las mujeres durante la etapa de embarazo y la de lactancia, y la presunción de despido por tal motivo, que recae sobre las que se encuentran en tal condición, se hizo extensivo el denominado fuero de maternidad al caso de la tutelante.
En consecuencia, se ordenó a la demanda reintegrar a la petente a un cargo de igual o superior jerarquía en relación con el que venia ocupando.

 

2009-06-23

T-412/09

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

T-2220855 

Derechos a la dignidad, unidad familiar, salud, vida e integridad personal demandados a favor de interna del establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar que, de acuerdo con el dicho de su madre, se encuentra en un estado de deterioro y confinamiento, pues ha sido recluida en un calabozo aislado en razón de las amenazas de las que ha sido víctima por parte de otras compañeras. La madre reclama a su nombre el traslado de establecimiento. 
La especial protección del goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Además de las restricciones derivables de la situación de singular sujeción frente al estado en la cual se encuentran las personas recluidas, se ha admitido su merecimiento de un tratamiento que atienda a ello, es decir, un deber positivo en cabeza del estado, del cual estos gozan. En consonancia, las medidas que adopten dichos establecimientos en ejercicio de sus facultades deben ser razonables y proporcionadas. 
Una vez evaluada la particular condición de la interna, la sala determino la irrazonabilidad y desproporción de la medida adoptada, pues las autoridades pueden acudir a otras medidas de más idoneidad a fin de proteger los derechos de la mujer en cuestión. 
Así, se ordenó de manera inmediata la suspensión de la situación de aislamiento en la que se encuentra la interna. 

 

2010-06-16 

 

T-484/10

JUAN CARLOS HENAO PEREZ 

 

T-2559077

Igualdad, trabajo, estabilidad laboral reforzada, maternidad. La accionante comenta que laboró para el hospital accionado desde enero de 2005 hasta marzo de 2009, en febrero de 2009 le comunicó a dicha entidad sobre su estado de embarazo y fue despedida en marzo. La sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para solicitar el reintegro laboral en caso de embarazo, la protección laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo o en período de lactancia, se encuentra que los derechos de la accionante fueron vulnerados al despedir a la accionante sin la respectiva autorización del inspector de trabajo, se ordena reintegrarla a la labor que venía desempeñando y el pago de las 12 semanas de licencia de maternidad. Concedida

 

2010-12-06 

 

T-1000/10

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 

 

T-2761704 Y OTROS 

 

Mínimo vital, trabajo, seguridad social, salud. Se acumulan expedientes por unidad de materia. A las accionantes se les dio por terminada su relación laboral, pese a encontrarse en estado de embarazo y haber informado de esta situación a sus empleadores, solicitan se ordene su reintegro y afiliación al sistema general de seguridad social. La sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, se aclara que el fuero de maternidad opera independientemente del tipo de vinculación laboral, y la ausencia de aviso sobre el estado de embarazo no habilita al empleador a deshabilitar a la mujer gestante, se pronuncia sobre la aplicación directa del principio constitucional de solidaridad en los casos de desvinculación laboral de la mujer embarazada, el derecho a la no discriminación por razón de género con fundamento en los artículos 13 y 43 de la constitución política, se ordena reintegrar a las accionantes, además del pago de la indemnización del artículo 239 del código sustantivo del trabajo y el pago la licencia de maternidad a que tienen derecho. Concedida

 

2011-02-28 

 

T-120/11

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 

 

T-2857529 

 

Mínimo vital, estabilidad laboral reforzada, mujer embarazada. La accionante comenta se encontraba vinculada a la empresa accionada por intermedio de línea humana servicios, en el desarrollo de sus actividades quedó en estado de embarazo situación que informó a las dos empresas, sin embargo fue desvinculada, solicita ser reintegrada a su trabajo. La sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela frente a particulares, el derecho a la no discriminación por razón de género con fundamento en los artículos 13 y 43 de la constitución política, se realiza reiteración de jurisprudencia sobre la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, se aclara que el fuero de maternidad opera independientemente del tipo de vinculación, se determina que la empresa accionada vulneró los derechos de la accionante, ya que en los contratos a término fijo, así la trabajadora anuncie con posterioridad al preaviso su embarazo, es obligación del empleador renovar el contrato, por lo tanto se ordena afiliar a la accionante y a su hijo durante el primer año de vida al sistema de seguridad social en salud, cancelar la indemnización del artículo 239 del cst, y el pago de la licencia de maternidad. Concedida

 

2012-07-19

T-579/12

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

T-3413241

Vida, salud, seguridad social, dignidad humana. Las accionantes alegan vulneración de derechos fundamentales por parte del ejército nacional, por el hecho de haber reclutado a sus hijos para prestar el servicio militar obligatorio, sin tener en cuenta la condición de vulnerabilidad que presentan por ser víctimas del desplazamiento forzado y en consecuencia, depender económicamente de ellos. Con la acción de tutela pretenden que se ordene el desacuartelamiento, que se les resuelva la situación militar y que no se vuelva a incurrir en las vulneraciones que se llevaron a cabo con el reclutamiento irregular de personas en condición de desplazamiento. Se concede el amparo solicitado y se ordena el desacuartelamiento de los jóvenes hijos de las demandantes, así como la expedición de las libretas militares provisionales correspondientes. Se advierte al ejército nacional para que en el futuro no vuelva a incurrir en conductas que desconozcan los derechos fundamentales de la población desplazada, en particular, como consecuencia de su reclutamiento militar.  

 

2012-11-08

T-918/12

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

 T-3545998

Acción de tutela contra de ALIANSALUD E.P.S. por la presunta vulneración de derechos fundamentales al negarle a la accionante la práctica de la cirugía de reasignación de sexo ordenada por el médico tratante, así como las demás intervenciones requeridas para el proceso de transición de género, tales como feminización de la voz y facial, la depilación láser y la liposucción, bajo el argumento de no existir riesgo inminente para su salud y su vida. Se indica en la demanda de tutela, que después de varios tratamientos sicológicos y psiquiátricos el Comité de Ética Clínica del Hospital San José le diagnosticó a la actora el trastorno de identidad de género denominado Síndrome de Harry Benjamín y con base en dicha especificación, el especialista en urología adscrito a la E.P.S. ordenó la realización de los procedimientos de vaginoplastia, orquidectomía bilateral simple y penectomía total. Aduce, que la intervención quirúrgica requerida más que una cirugía de reasignación de sexo es una reconstrucción de órgano sexual biológico por órgano sexual neurológico, en razón a la patología de trastorno de identidad que lo aqueja. De manera adicional se solicitó en la tutela la práctica de todos los procedimientos que se requieran para la normalización del proceso de feminización y modificar en el registro civil de nacimiento la inscripción de sexo MASCULINO por FEMENINO, sin que quede en dicho documento antecedente alguno de la condición biológica. La Sala se pronuncia sobre el derecho a la identidad sexual, su relación con el derecho a la salud en el caso de las personas trans y la modificación del estado civil de las personas por cambio de sexo. La Sala establece que es deber de la E.P.S. a la que está afiliada la accionante suministrar los procedimientos que componen la cirugía de reasignación de sexo, ya que éstos se encuentran contemplados en el POS. Así mismo reitera que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad implica necesariamente el reconocimiento al derecho a la identidad sexual y a la identidad de género, porque a partir de ellos el individuo se proyecta respecto a sí mismo y dentro de la sociedad y adicionalmente advirtió que el Estado no puede interponer barrera alguna para que el individuo decida su desarrollo vital, su modo de ser y su condición sexual y de género. Igualmente resaltó la necesidad de proteger especialmente el derecho a la salud de las personas trans, porque si bien es cierto que sufren las mismas preocupaciones médicas que el resto de la población, también lo es que deben enfrentar asuntos de salud propios, como miembros de un grupo minoritario. Sin embargo, la Sala aclaró que el transgenerismo de ninguna manera constituye una enfermedad. En cuanto a los procedimientos de feminización de la voz, feminización facial, depilación láser y liposucción que la accionante solicitó en el escrito de tutela, se encontró que era necesario acudir previamente a la EPS con el fin de lograr su autorización, por lo que ordenó que la accionante sea evaluada y calificada por una junta médica de la entidad accionada, quien deberá determinar los tratamientos clínicos idóneos e irremplazables para atender sus condiciones médicas, con fundamento en criterios médico-científicos y no estéticos. Por último, la Corte afirmó que para que la peticionaria logre un estado de bienestar general es necesario adecuar su sexo legal a aquel con el que se identifica, y no al biológico con el que se hizo el registro civil inicial, en virtud de ello ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil expedir un nuevo registro civil en el que conste su cambio de sexo, después de que a la accionante le haya sido practicada la citada cirugía.

 

2013-08-30

T-601/13

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

T-382914

 

En el presente asunto la accionante, en calidad de magistrada de la sala penal del tribunal de Antioquia, demanda en sede de tutela el acuerdo expedido por la sala administrativa del consejo superior de la judicatura, mediante el cual se decidió dejar sin efecto la medida de restricción suscrita por el médico laboral de la E.P.S. a la que se encuentra afiliada, consistente en la suspensión del reparto de expedientes de manera temporal, en razón a la “degeneración macular en ambos ojos” que presenta y que inicialmente fue acogida por la sala administrativa del consejo seccional de la judicatura. En su sentir, se revocó de manera unilateral y sin motivación alguna el acto administrativo que ordenó ejecutar la medida laboral a su favor. La sala se pronuncia respecto a los siguientes temas: 1º. El derecho al trabajo y la circunstancia de discapacidad. 2º. El deber de desarrollar acciones afirmativas frente a las personas en circunstancia de discapacidad como manifestación del derecho fundamental a la igualdad real y efectiva y la prohibición de no discriminación establecida en el artículo 13 superior.

 

2014-07-03

T-434/14

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

T-4252805

La defensora regional del magdalena medio reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida, a la dignidad humana y a la integridad física, en favor de una mujer y de sus tres hijas menores de edad que denunciaron ser víctimas de violencia intrafamiliar, a raíz de los actos de humillación y agresiones verbales y físicas de parte del compañero permanente de la agenciada. Se atribuye la vulneración de derechos a la fiscalía general de la nación, a la policía nacional y a la E.P.S. Cafesalud, por el incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales con las víctimas de dicha modalidad de violencia. Se abordan los siguientes temas: 1º. La agencia oficiosa. 2º. El principio constitucional de protección especial a la mujer y su fundamentación desde los instrumentos del derecho internacional que lo consagra. 3º. Obligaciones constitucionales e internacionales que se encuentran en cabeza del Estado dirigidas a velar por el cumplimiento de dicho principio, especialmente en escenarios de violencia intrafamiliar. 4º. Obligaciones específicas para con las mujeres víctimas de la citada modalidad de violencia que se encuentran a cargo de la fiscalía general de la nación, la policía nacional, las comisarías de familia, la defensoría del pueblo y el sistema general de seguridad social en salud. Se concede. 

 

2015-07-03

T-418/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

T-4385805

Solicita atención especializada en salud sexual reproductiva y psicológica y autorizar remisión de menor para tratamiento especializado. Temas a tratar: Derechos de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, Concepto, alcance y características del derecho a la verdad, justicia y reparación, Garantía de no repetición, Derechos de mujeres y niños víctimas de violencia sexual, Protección especial de mujeres víctimas de violencia sexual, Concepto, alcance y características del derecho a la salud mental, Consagración internacional y Principios para protección de enfermos mentales y mejoramiento de atención de la salud mental, Deber solidario del Estado y la familia en prestación del derecho a la salud mental, Daños individuales y colectivos causados a la salud mental por graves violaciones a los derechos humanos, revictimización y reparación, Mecanismos especiales para protección de salud mental frente a graves violaciones a derechos humanos en Colombia. Se ordena diseñar plan y adopción de medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, Prestación de servicio en salud mental con enfoque diferencial de género y edad, Remisión de menor de edad para tratamiento especializado.

 

2015-12-10

C-754/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

D-10849

Violencia sexual. Atención integral, prioritaria y gratuita a víctimas como facultad de las empresas prestadoras de salud (EPS). Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “facultad” del artículo 23 de la Ley 1719 de 2014, por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones. Los actores plantean tres cargos contra la expresión impugnada: 1º. La violación del principio de progresividad y no regresividad del derecho a la salud de las víctimas de violencia sexual. 2º. La violación al derecho a la igualdad por discriminación indirecta, que genera un retroceso injustificado en relación con la garantía del derecho a la salud, particularmente para mujeres en situación de discapacidad, indígenas y afrocolombianas y, 3º. El desconocimiento de la obligación a cargo del Estado colombiano de adoptar medidas para eliminar los estereotipos de género. Para la Corte, la expresión acusada genera una discriminación indirecta e interseccional hacia las mujeres víctimas de violencia sexual, particularmente las que pertenecen a grupos marginados. Considera igualmente, que dicha expresión viola el deber del Estado de eliminar estereotipos de género, determinado por la cláusula de igualdad y el bloque de constitucionalidad. Concluye, que todas las entidades de salud están en la obligación de implementar el protocolo y el modelo de atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual, que contenga dentro de los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, la objeción de los médicos y la asesoría de la mujer en continuar o interrumpir el embarazo. INEXEQUIBLE.

 

2016-04-28

SU-214/16

ALBERTO ROJAS RÍOS

T-4167863

Matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo. A través de esta providencia se resuelven seis casos en los cuales se atacan decisiones judiciales que en su orden resolvieron: 1º. Anular el matrimonio igualitario entre una pareja conformada por un transgenerista y una mujer. 2º. Decidir dos acciones de tutela formuladas por el Ministerio Público, en contra de los despachos judiciales que aceptaron peticiones de matrimonio de parejas del mismo sexo y; 3º. Solicitudes de amparo formuladas en contra de Notarios Públicos y un Registrador del Estado Civil, quienes respectivamente se negaron a celebrar matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo y a registrar un matrimonio igualitario. Se planteó como problema jurídico, si el hecho de celebrar un contrato civil entre parejas de mismo sexo, en lugar de una unión solemne innominada, con miras a suplir el déficit de protección declarado por la Corporación en la Sentencia C-577/11, configura una violación al artículo 42 Superior, tal como lo alegaron quienes se negaron a celebrar o registrar dichas ceremonias. Se abordó temática relacionada con: 1º. Acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Ejercicio de funciones públicas de Notarios y Registradores del Estado Civil. 3º. El derecho a contraer matrimonio civil en condiciones de dignidad, libertad e igualdad. 4º. La existencia de un trato discriminatorio entre parejas heterosexuales y del mismo sexo en materia de celebración de matrimonio civil. 5º. El ejercicio de funciones judiciales, notariales y registrales en materia de matrimonio entre parejas del mismo sexo. 6º. Las funciones constitucionales de la Procuraduría General de la Nación en relación con la formulación de acciones de amparo. 7º. Los derechos de las parejas del mismo sexo en el derecho comparado y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y, 8º. La sentencia C-577/11. Entre las decisiones a destacar en este fallo se tienen: a). la extensión de sus efectos a los pares o semejantes. b). declarar que los matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo celebrados en Colombia, con posterioridad al 20 de junio de 2013, gozan de plena validez jurídica. c). La consideración que los Jueces de la República que celebraron matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo actuaron en los precisos términos de la Carta Política, de conformidad con el principio constitucional de autonomía judicial. d). La advertencia a las autoridades judiciales, a los Notarios Públicos y a los Registradores del Estado Civil del país y a los servidores públicos que llegaren a hacer sus veces, sobre el carácter vinculante de este fallo de unificación y sus efectos inter pares. e). El exhorto a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que difundan entre los Jueces, Notarios y Registradores del Estado Civil del país el contenido del presente fallo.