DERECHO DE LAS MUJERES A LA IGUALDAD

DERECHO DE LAS MUJERES A LA IGUALDAD

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN

 

 

FECHA SENTENCIA

 

SENTENCIA

 

PONENTE

EXPEDIENTE

TEMA

1992-08-12

T-494/92

 CIRO ANGARITA BARON

1909

Derecho fundamental a la posesión. Sociedad de hecho. Trabajo doméstico "femenino". Derecho a la igualdad. Derechos de compañera permanente que adquirió inmueble como fruto del esfuerzo de su trabajo doméstico. Concedida.

 

1996-01-26

T-026/96

VLADIMIRO NARANJO MESA

80107

Derecho al trabajo. Derecho a la igualdad. Reintegro al cargo. Empleado de carrera administrativa que se desempeñaba en el cargo de auxiliar de servicios varios en la Casa Cultural del Municipio de Yumbo (Valle), empleo del que fue retirado porque, según la pertinente resolución, "en un futuro lo deberá desempeñar una mujer". Se concede el amparo.

 

1996-09-04 

 

C-408/96

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO 

LAT-064

Prohibición de la violencia y la discriminación contra la mujer en todos los ámbitos, públicos y privados. Deberes de respeto y de garantía del Estado para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. Legitimidad constitucional de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Ley 248 de 1995. Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Exequible.

 

1997-05-28 

 

C-251/97

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO 

LAT-091

Revisión constitucional del Protocolo adicional a la Convención  Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988, y de la Ley aprobatoria No. 319 del 20 de septiembre de 1996, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo. Exequible.

 

 

1997-11-27 

 

C-622/97

HERNANDO HERRERA VERGARA

D-1710

Acción pública de inconstitucionalidad contra el numeral 1 del artículo 342 del Código Sustantivo del Trabajo acerca de la prohibición de trabajo nocturno para las mujeres. Inexequible.

 

1999-01-27 

 

C-034/99

ALFREDO BELTRAN SIERRA 

D-2122

Demanda de inexequibilidad del artículo 2º (parcial) de la Ley 82 de 1993, “por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia” Exequible.

1999-02-10 

 

C-068/99

ALFREDO BELTRAN SIERRA 

D-2132 Y OTRO 

 

Demanda de inexequibilidad del artículo 1852 del Código Civil  en cuanto dispone que “es nulo el contrato de venta entre cónyuges no divorciados”. Inexequible.

1999-02-17 

 

C-082/99

CARLOS GAVIRIA DIAZ

D-2137

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 140, numeral 7 del Código Civil. Matrimonio celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice. Discriminación de la mujer. Violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Igualdad de los sexos. Violación del derecho a la igualdad. Inexequible. 

 

2000-02-09 

 

C-112/00

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

D-2477

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 126 del Código Civil, tal y como fue modificado por el artículo 7º del decreto 2272 de 1989 que establece: “El matrimonio se celebrará ante el juez del distrito de la vecindad de la mujer, con la presencia y autorización de dos testigos hábiles previamente juramentados". Igualdad entre sexos y fijación del domicilio de la mujer para efectos del matrimonio. Juez de la vecindad de la mujer y discriminación por razón del sexo. Criterios sospechosos de clasificación e intensidad del juicio de igualdad. Sentencia integradora. Declarar EXEQUIBLE artículo 126 del Código Civil, tal y como fue modificado por el artículo 7º del decreto 2272 de 1989, con excepción de la expresión  “de la mujer”, que es declarada INEXEQUIBLE, en el entendido de que, en virtud del principio de igualdad entre los sexos (CP arts 13 y 43), el juez competente para celebrar el matrimonio es el juez municipal o promiscuo de la vecindad de cualquiera de los contrayentes, a prevención.

 

2000-03-29 

C-371/00

CARLOS GAVIRIA DIAZ

PE-010

Revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria no 62/98 senado y 158/98 Cámara por la cual se reglamenta la participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas del poder público. Las acciones afirmativas y el trato especial con fundamento en el género. La baja participación de la mujer en los más altos niveles decisorios del Estado. La mujer en la educación. Participación de la Mujer en la Rama Legislativa. Participación de la Mujer en la Rama Judicial. Participación de la mujer en la Rama Ejecutiva. Participación porcentual de la mujer en cargos de elección popular en el ámbito territorial. Participación femenina en los órganos de control -en propiedad-. Participación de la mujer en los sindicatos. Participación efectiva de la mujer mediante una cuota mínima del 30 %. Exequible.

 

2001-01-17 

 

C-007/01

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT 

D-3032

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 6º del artículo 140 del Código Civil que establece: establece:Artículo 140. El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: (...) 6. Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer, por haber sido ésta robada violentamente, a menos que consienta en él, estando fuera del poder del raptor.” Convalidación del matrimonio celebrado con vicios del consentimiento. Discriminación por razones de sexo en la convalidación del matrimonio por ausencia del consentimiento de los cónyuges. La Corte considera que debe proferir un fallo de constitucionalidad condicionada, puesto que dejará en el ordenamiento jurídico la expresión mujer, pero en el entendido de que, en virtud del principio de igualdad de sexos, la causal de nulidad del matrimonio y la convalidación de la misma, consagrada en el numeral 6º del artículo 140 del Código Civil, puede predicarse de cualquiera de los contrayentes. Inhibida y exequible.

 

2002-05-23 

 

T-400/02

JAIME ARAUJO RENTERIA 

553641

Derecho a la igualdad de la mujer. Ejercicio de la acción laboral. Extensión a esposo de beneficios. Prevalencia del derecho sustancial. Trato discriminatorio. Concedida.

2002-07-11 

T-530/02

ALVARO TAFUR GALVIS 

 

572693

Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. La familia y su reconocimiento constitucional. El requisito de dependencia económica exigido a la mujer trabajadora es discriminatorio. Solicitud inscripción esposo como beneficiario de servicios en salud. No discriminación por razones de sexo. Principio de solidaridad. En el presente caso se considera, que con la decisión adoptada efectivamente se discriminó a la accionante, en cuanto se le dió un trato en condiciones de inferioridad, frente a los trabajadores de sexo masculino de la misma empresa, únicamente por razón de la condición sexual y sin ninguna justificación objetiva y razonable, lo cual es contrario al derecho fundamental a la igualdad que de manera general consagra el Art. 13 de la Constitución Política y que de modo particular se establece para hombres y mujeres en el Artículo 43 Superior, disposiciones éstas que rigen no sólo para las autoridades públicas, sino también para los particulares de conformidad con lo preceptuado en los Arts. 4º, 6º y 86 superiores. Concedida.

 

2002-08-02 

 

T-610/02

RODRIGO ESCOBAR GIL 

 

583474 Y OTRO 

 

Prohibición constitucional de establecer discriminación por razones de sexo. Derecho a la igualdad y trabajo de la mujer. Trato discriminatorio. Inscripción de cónyuges o compañeros permanentes como beneficiarios de servicios en salud. Régimen legal laboral y prestacional. Deber de solidaridad. Concedida.

2002-09-18 

 

T-770/02

RODRIGO ESCOBAR GIL 

 

605781 Y OTROS

Prohibición constitucional de establecer discriminación por razones de sexo. Derecho a la igualdad y trabajo de esposas de trabajador. Solicitud inscripción como beneficiarias del servicio de salud. Trato discriminatorio por razones de sexo. Concedida.

2003-03-04 

 

C-184/03

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 

 

D-4218

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 750 de 2002, por la cual se expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario a la mujer cabeza de familia. El derecho en favor de la mujer cabeza de familia consistente en permitirle cumplir la pena a la que fue condenada en su lugar de residencia constituye un desarrollo del mandato constitucional de apoyo especial a este grupo. Protección constitucional de la mujer cabeza de familia. Interés superior de los menores hijos de madres en prisión. Los menores que hacen parte de un núcleo familiar que depende de su padre, tienen el mismo derecho fundamental que los que hacen parte de un núcleo familiar que depende de la madre. El legislador puede conceder el derecho de prisión domiciliaria a las mujeres cabeza de familia, sin que ello implique una violación al principio de igualdad por no reconocer el mismo derecho a los hombres, que de hecho, se encuentren en la misma situación puesto que las medidas de apoyo especial a las mujeres no son extendibles a los hombres con base en el derecho a la igualdad de trato. Exequible.

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2003-10-21

C-964/03

ALVARO TAFIR GALVIS

2003-10-21

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2 a 21 (parciales) de la Ley 82 de 1993, “por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia”. Apoyo de manera especial a mujer cabeza de familia. Beneficios. Derecho de los niños. Acceso a planes y programas de vivienda. Primacía y prevalencia. Discriminación positiva o inversa. Trato discriminatorio con hombre.  Exequible.

 

2003-11-05 

 

C-1039/03

ALFREDO BELTRAN SIERRA 

 

D-4662

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 12 de la Ley 790 de 2002 “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan facultades al Presidente de la República”. Exequible la expresión “las madres” contenida en el artículo 12 de la ley 790 de 2002 pero se condicionará a que la protección especial contenida en la norma pueda extenderse a los padres que se encuentren en la misma situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el grupo familiar al que pertenecen. Exequible.

 

2004-05-25 

 

C-507/04

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA  

 

D-4866

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 34 y 140 parciales del Código Civil Relativas a la persona (…) Artículo 34.-  Llámase infante o niño, todo el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido (veintiún) años, y menor de edad, o simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos. (…) De la nulidad del matrimonio y sus efectos Artículo 140.-  El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: 1. Cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contra­yentes o de la de uno de ellos. 2. Cuando se ha contraído entre un varón menor de catorce años, y una mujer menor de doce, o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de aquella edad. (…) Edad mínima para poder contraer matrimonio. Evolución normativa de la edad mínima a partir de la cual los menores pueden contraer matrimonio. La finalidad de la diferencia de edad no es proteger a la mujer, obedece a fines distintos. A la luz de la Constitución Política es inconstitucional fijar la edad mínima a los 12 años de edad para que las mujeres contraigan matrimonio, cuando ésta es de 14 años para los varones. La regla supone afectar en alto grado  (1) el derecho al desarrollo libre armónico e integral de las menores y el pleno ejercicio de sus derechos,  (2) el derecho a que el Estado adopte las medidas de protección adecuadas y necesarias para garantizar tales derechos, y  (3) el derecho a la igualdad de protección de los niños y las niñas. Impedir el matrimonio de las mujeres a los 12 años afecta levemente, por el contrario,  (4) el derecho a conformar una familia, y  (5) el derecho a la autonomía, y  (6) no desconoce el margen de configuración del legislador en materia de matrimonio. Por lo tanto, pesan mucho más los argumentos a favor de asegurar la igual protección de niñas y niños. En conclusión, fijar en 12 años la edad mínima a partir de la cual las mujeres pueden con­traer matrimonio desconoce los mínimos de protección a que tienen derecho, así como el principio de igualdad en la protección. Inexequible.

 

2005-02-08 

 

C-101/05

ALFREDO BELTRAN SIERRA 

 

D-5342

Demanda de inconstitucionalidad contra el  artículo 1134 del Código Civil Los artículos precedentes no se oponen a que se provea a la subsistencia de una mujer mientras permanezca soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o de habitación, o una pensión periódica”. El artículo 1134 del código civil desconoce el principio constitucional a la igualdad y a la prohibición de establecer discriminaciones por razones de género establecidas en los artículos 13 y 43 de la Constitución política. El precepto del artículo 1134, es a discriminatorio, en tanto perpetúa la condición de inferioridad y debilidad de la mujer frente a los hombres, tradicionalmente aceptada y, en ese sentido, el propósito de  la norma lejos de favorecerlas como pudo haber sido la intención del legislador, las perjudica. La norma examinada deviene inconstitucional, por dar un trato diferente a la mujer frente al hombre. Vulneración de los derechos a la libertad personal. El artículo 1134 del Código Civil, viola los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a conformar libremente una familia. Inexequible.

 

2005-05-24 

 

C-534/05

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

 

D-5460

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 34, 143, 428, 431, 432, 445, 526, 630, 784, 1018, 1027, 1061, 1062, 1196, 1502 al 1504, 1527, 1602, 1625, 1740, 1741, 1851,1957, 2243, 2285, 2368, 2412, 2439, 2470 y 2515 (parciales) del Código Civil; contra los artículos 12, 103, 104, 899, 900, 1000 y 1137 (parciales) del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971); contra el artículo 89 del Código del Menor (Decreto 2737 de 1989); contra los artículos 44, 45 y 195 del Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970). La demanda comprende la expresión "doce" contenida en el artículo 34 del código civil la cual fundamenta la distinción entre niños y niñas respecto de su llegada a la pubertad con los efectos jurídicos que ello comprende. Respecto de la incapacidad absoluta. Integración normativa entre el artículo 34 del código civil con las demás disposiciones demandadas y la expresión que configura la discriminación. Capacidad jurídica de los menores y las menores de edad. Capacidad de derecho y capacidad de hecho. Protección de los y las menores de edad mediante la declaratoria de incapacidad y de nulidad de algunos de sus actos. Protección jurídica igualitaria de menores de edad respecto del género. Prohibición de discriminación por razón sexo. Discriminaciones directas e indirectas. Permisión de tratos normativos diferenciados como fundamento de acciones afirmativas o discriminaciones positivas. Fin buscado por la diferenciación demandada del artículo 34 del código civil al declarar púberes a los niños y a las niñas en edades diferentes. Identificación de la norma jurídica inconstitucional derivada del artículo 34 y posibilidades de otras interpretaciones del mismo. Configuración del legislador para determinar edad a partir de que se pueden obligar las personas y alcance de la resolución de la corte. Inexequible e inhibida.

 

2006-02-23

 T-131/06

ALFREDO BELTRÁN SIERRA

T-1250871

Derecho a la igualdad y la dignidad humana de persona afrodescendiente a quien le fue negado el acceso a los establecimientos comerciales por su color de piel. Solicita la protección de sus derechos fundamentales. Tutela contra particulares. El constituyente previó tres situaciones distintas bajo las cuales procede la tutela contra particulares: prestación de un servicio público grave y directa afectación del interés colectivo y la existencia de estado de subordinación o indefensión. Esta corporación ha señalado que además procede la tutela contra particulares que ejercen funciones públicas pues en tal caso ostentan la calidad de autoridad pública. La discriminación racial es contraria a la constitución. La conducta desplegada por los establecimientos comerciales demandados es contraria al principio de la no discriminación. Concedida.

 

2006-08-16 

 

C-667/06

JAIME ARAUJO RENTERIA 

 

D-6152

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 3 (parcial) de la Ley 136 de 1994. Se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Funciones de los municipios. Para las demandantes la norma acusada contradice la Constitución en particular el artículo 13 porque cuando utiliza el término “mujer” se está discriminando y vulnerando el derecho a la igualdad. El trato diferenciado ante dos situaciones diversas no constituye necesariamente una discriminación. Situación de la mujer en el ordenamiento constitucional. La mujer es sujeto constitucional de especial protección. Las acciones afirmativas. Desarrollo del mandato de igualdad de la Constitución Política. La norma acusada denota en su contenido normativo una acción afirmativa en cabeza de los municipios y a favor de grupos de especial protección constitucional como los niños las personas de la tercera edad los discapacitados y las mujeres. La disposición acusada no es una norma que excluya de entrada y de manera inmediata al hombre simplemente otorga una prelación en cabeza de los municipios y a favor de la mujer. Exequible 

 

2006-09-27 

 

C-804/06

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

 

D-6178

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 (parcial) del Código Civil. Definiciones de varias palabras de uso frecuente en las leyes. Hombre. El actor considera que la norma demandada desconoce el preámbulo y los artículos 2 4 13 43 y 93 de la Constitución de 1991 al igual que el artículo 1 de la declaración universal de los derechos humanos la convención americana sobre derechos humanos el protocolo facultativo de la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la carta de las naciones unidas. Opina que se adopta una definición excluyente de las mujeres que no concuerda con el desarrollo que en materia de no discriminación por razones de genero ha tenido lugar en el mundo y en Colombia. Integración de la unidad normativa. Evolución del rol social de la mujer y los derechos de la mujer en el ordenamiento constitucional colombiano y en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. En virtud del rol de las mujeres en la sociedad actual no tienen cabida en el ordenamiento jurídico colombiano disposiciones que establecen tratos discriminatorios aun cuando se trate de regulaciones dirigidas a protegerlas. Poder instrumental y simbólico del lenguaje jurídico. Potencial transformador del lenguaje jurídico y de la cultura jurídica. La expresión "hombre" como es utilizada en la definición del artículo 33 del código civil constituye un vocablo que en lugar de incluir a las mujeres las excluye. Inexequibilidad del artículo 33 del código civil salvo el aparte: “la palabra persona en su sentido general se aplicara a individuos de la especie humana sin distinción de sexo". Exequible.

 

 

A092/08

 

 

 

2010-02-11 

 

T-078/10

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

 

2418585

Debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad e interés superior del menor. El actor interpuso la acción actuando como representante de la señora maría y su hija Laura (nombres reemplazados por seguridad de la menor), la cual fue abusada sexualmente por su padre, sostiene el actor que en el proceso llevado a cabo contra el presunto abusador, las dos instancias investigadoras descartaron las pruebas técnicas y solo se analizaron las pruebas testimoniales de personas que conocían al sindicado, algunas con cercanía familiar y dependencia económica respecto del mismo, solicita dejar sin efecto la resolución, proferida por la fiscalía accionada, y ordenar que se profiera una nueva resolución, en la que se haga una valoración probatoria acorde con los estándares constitucionales exigibles de imparcialidad, racionalidad y sana crítica, reestablecer la medida cautelar de protección de la menor, en el sentido de ordenar de manera provisional al sindicado, se abstenga de tener cualquier tipo de contacto o acercamiento con la menor. La corte entra a estudiar si en el presente caso, se configura una causal de procedibilidad por indebida valoración probatoria, hace reiteración de jurisprudencia de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales, estudia el defecto fáctico en la jurisprudencia constitucional, por no valoración del acervo probatorio y por valoración defectuosa del material probatorio, se pronuncia sobre el bloque de constitucionalidad en torno a la protección de los niños, los criterios jurídicos para determinar el interés superior del menor, los derechos de las víctimas de delitos a la luz de la jurisprudencia constitucional, después de analizar el caso, se encuentran evidentes defectos sustantivos en las decisiones de las fiscalías accionadas, ya que el deber de los fiscales que fallaron la investigación era velar por la protección del interés superior de la menor, y no deducir consecuencias jurídicas de una falta de comparecencia que no era legalmente exigible, por lo tanto se ordena dejar sin efectos la resolución proferida por la fiscalía accionada y se ordena a la unidad delegada ente el tribunal del distrito judicial de Cartagena que profiera una nueva resolución, en la que se haga una valoración probatoria acorde con los argumentos expuestos en la providencia y se ordena al bienestar familiar, con sede en Cartagena, que de manera inmediata, realice las diligencias necesarias para amparar a la menor. Concedida.

 

2010-06-30 

 

C-543/10

MAURICIO GONZALEZ CUERVO 

 

 

 

D-7971

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 4º del artículo 34 de la ley 50 de 1990, modificatoria del artículo 236 del código sustantivo de trabajo. El numeral atacado precisa lo siguiente: 4º. Todas las provisiones y garantías establecidas en el presente capítulo para la madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos y en cuanto fuere procedente, para la madre adoptante del menor de siete (7) años de edad, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se adopta. L licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente. Para la demandante la demandante considera que el artículo acusado vulnera los artículos 13, 42 y 43 de la constitución política. Para la corte la distinción prevista en la norma no busca una finalidad legítima y contradice principios y derechos constitucionales fundamentales. La exclusión de la referida expresión, posibilita que todas las madres adoptantes de niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho (18) años puedan disfrutar de la licencia de maternidad acorde con el derecho a la igualdad de los hijos, niños y niñas consagrados en la constitución. Se declara inexequible la expresión del menor de siete (7) años de edad.

 

2010-08-13

T-629-10

JUAN CARLOS HENAO PÉREZ

T-2384611

Vida digna, mínimo vital, salud, seguridad social, estabilidad laboral reforzada, dignidad, protección a la mujer en estado de embarazo. La accionante comenta que ingreso a trabajar como trabajadora sexual, mediante contrato verbal, cumpliendo un horario y como contraprestación se le pagaban honorarios, en diciembre de 2008 informó a su empleador que se encontraba en estado de embarazo, a lo cual se le informó que podía seguir trabajando con el horario de costumbre, en enero informó al empleador que su embarazo era de alto riesgo debido a que estaba esperando mellizos, debido a ello se le dio la orden de administrar el bar, sin embargo en febrero se le cambiaron las funciones, y en marzo fue despedida, solicita se ordene a su empleador reintegrarla a su puesto de trabajo, y le sean pagados los salarios y prestaciones dejados de percibir y la afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensiones de todos los meses laborados y faltantes y también de riesgos profesionales. La Sala pasa a resolver si ¿es constitucional el argumento esgrimido por las jueces de instancia según el cual, no obstante las asistencia y protección esmerada que se debe proveer a la mujer embarazad, su reclamo por derechos laborales derivados de la prestación de servicios sexuales por cuenta ajena, no es siquiera admisible ni por tanto debe ser garantizado, en razón de la discriminación negativa que opera por causa su objeto ilícito, en tanto contrario al orden público y las buenas costumbres?, se pasa a realizar un profundo estudio sobre, la igualdad, desigualdad y discriminación en la Constitución, la prostitución en el derecho positivo desde el ámbito internacional y en el derecho Colombiano, luego se analiza la licitud o ilicitud de la prostitución, la prostitución como una actividad lícita con límites estrechos, se realizan algunas precisiones sobre el contrato de trabajo y el Derecho Laboral, las condiciones subjetivas del trabajador, en el caso de la mujer embarazada y madre cabeza de familia, el contrato laboral entre la persona que ejerce la prostitución el establecimiento de comercio, en primer lugar se determina que la accionante prestó sus servicios personales de manera subordinada y continua a cambio de una remuneración acordada por lo tanto si existió contrato laboral, como trabajadora sexual y como empleada de oficios varios, además de las pruebas aportadas, también aparece demostrada la subordinación y el pago de un salario como contraprestación a sus servicios, por lo tanto se encuentra clara la existencia de un contrato realidad y que el despido se dio con motivo de su embarazo y sin justa causa, vulnerando de esta manera los derechos fundamentales de la accionante, se decide otorgar la protección de los derechos invocados, se ordena al dueño del establecimiento de comercio el pago de una indemnización equivalente a sesenta días de salario y a las 12 semanas de descanso remunerado a que tiene derecho y se exhorta a las autoridades administrativas y de policía del Distrito Capital, y al Ministerio de Protección Social sobre la necesidad de ejercer sus competencias de modo tal que sean protegidos de manera efectiva, los derechos de las personas que ejercen la prostitución en lo que tiene que ver con sus derechos individuales y con respecto al trato igualitario frente al Derecho del trabajo y a las garantías que en él se establecen cuando ejercen su actividad por cuenta ajena. Concedida.

 

2011-03-24 

 

T-205/11

NILSON PINILLA PINILLA 

 

2830810

Derecho de los niños, debido proceso. La accionante actuando en representación de tres menores de edad, refiere que las mismas comparecieron a un juicio oral para comprobar que habían sido víctimas de delitos sexuales y que en el transcurso de la audiencia, tuvieron que soportar la presencia del imputado, hecho que las lleno de temor y presión. Se indica que la juez que llevaba el caso fue sustituida por haber accedido a su pensión de vejez y que quien asumió el conocimiento decretó de manera oficiosa la nulidad del juicio, hecho que implica someter nuevamente a las menores a la comparecencia a la audiencia que les generó tanto malestar. En sede de revisión se ordenó suspender provisionalmente las diligencias ordenadas, mientras se profería sentencia de fondo y se analizó si, atendiendo los principios de inmediación y concentración, el cambio de un juez dentro de un proceso adelantado en el marco del sistema penal acusatorio, hace indispensable volver a efectuar toda la etapa probatoria, o si por el contrario, ello vulneraría derechos fundamentales de menores de edad, víctimas de las conductas delictivas investigadas. En el caso concreto se concede la tutela pero se declara la carencia actual del objeto en el presente proceso, por cuanto el acusado se allanó a los cargos que le habían sido formulados. Concedida.

 

2011-07-26

C-577/11

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 

D-8367 Y D-8376 ACUMULADOS

Demanda de inconstitucionalidad en contra de algunas expresiones contenidas en el artículo 113 del código civil, en el inciso 1º del artículo 2º de la ley 294 de 1996 y en el inciso 1º del artículo 2º de la ley 1361 de 2009. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Básicamente los actores se enfocan en atacar las expresiones “un hombre y una mujer” y “procrear” contenidas en los artículos demandados. Frente a los primeros vocablos, se hace un cuestionamiento al hecho de que se restringe el matrimonio a las parejas conformadas por personas homosexuales, reservándolo a las parejas integradas por heterosexuales. .con respecto al segundo término, se alega que la procreación implica una imposición a los contrayentes, quienes no podrían en ningún caso, sustraerse de ella. En las demandas se aduce una omisión legislativa y violación a los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía reproductiva, a la autodeterminación voluntaria, a la intimidad ya a la dignidad humana. El análisis de la corte giró en torno de la interpretación del alcance del inciso primero del artículo 42 de la carta política, para determinar si el matrimonio, en la forma como se define por el artículo 113 del código civil, desconoce derechos constitucionales de las parejas que se integran por personas del mismo sexo, precisando que de conformidad con la norma constitucional, la institución familiar puede tener diversas manifestaciones que se constituyen a su vez, a través de distintos “vínculos naturales o jurídicos”, según lo previsto en el precepto superior, no siendo la heterosexualidad una característica predicable de todo tipo de familia y tampoco lo sea la consanguinidad, como lo demuestra la familia de crianza. Para la corte, no existen razones jurídicamente atendibles que permitan sostener que entre los miembros de la pareja del mismo sexo no cabe predicar el afecto, el respeto y la solidaridad que inspiran su proyecto de vida en común, con vocación de permanencia, o que esas condiciones personales solo merecen protección cuando se profesan entre personas heterosexuales, mas no cuando se trata de parejas del mismo sexo, concluyendo que la protección a las parejas homosexuales no puede quedar limitada a los aspectos patrimoniales de su unión permanente, pues hay un componente afectivo y emocional que alienta su convivencia y que se traduce en solidaridad, manifestaciones de afecto, socorro y ayuda mutua, componente personal que se encuentra en las uniones heterosexuales o en cualquier otra unión que, pese a no estar caracterizada por la heterosexualidad de quienes la conforman, constituye familia. La corte concluyó que al no existir en el ordenamiento jurídico colombiano una forma específica para formalizar las uniones con vocación de permanencia entre personas del mismo sexo, se constata la existencia de un déficit de protección de sus derechos que en primera instancia y en armonía con el principio democrático, debe ser atendido por el legislador, dentro del ámbito de su competencia para desarrollar la constitución política y adoptar medidas que garanticen el goce efectivo de los derechos de las parejas del mismo sexo. Es así como exhorta al congreso de la república para que de manera sistemática y organizada sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que afecta a las mencionadas parejas. En cuanto a las acusaciones en contra de la expresión “de procrear”, contenida en la misma disposición legal, la corte se inhibió de proferir un pronunciamiento de fondo, dado que la interpretación ofrecida por los actores no es atribuible al precepto acusado. Se declara exequible por los cargos analizados, la expresión un hombre y una mujer contenida en el artículo 113 del código civil e inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la expresión procrear contenida en el mismo artículo de la precitada norma. Así mismo, se declara inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la expresión “de un hombre y una mujer” contenidas en los artículos 2 de la ley 294 de 1996 y 2º de la ley 1361 de 2009, por cuanto estas normas legales reproducen preceptos constitucionales y, respecto al exhorto hecho al congreso de la república, se establece como término límite el 20 de junio de 2013, fecha para la cual, si no se ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual

2011-12-01

 T-909/11

JUAN CARLOS HENAO PÉREZ

T-3102855

Se alega en la demanda de tutela la vulneración de derechos fundamentales en la actuación desplegada por un vigilante de un centro comercial, en tanto le llamó la atención a una pareja homosexual que se estaba besando en un espacio común de dicho recinto comercial. Tanto el representante del Centro Comercial como el de la empresa de vigilancia, indicaron que la represión de su agente como empleado de la empresa de vigilancia al servicio de tal función en el centro comercial, respondía no precisamente a la condición homosexual de la pareja por sí misma, sino a los excesos en sus manifestaciones de afecto. Encuentra la Sala que con el acto de restricción del derecho a besarse en público para la pareja reprendida, se violaron ámbitos protegidos de la libertad individual en sus múltiples manifestaciones y sobre todo, se incumplió con la prohibición de discriminación por orientación sexual diversa. Se establece que, al no estar restringido por el legislador la conducta desplegada por la pareja del asunto, no lo puede hacer ni un centro comercial en sus estatutos, ni una empresa de vigilancia por más que tengan como función colaborar con las autoridades de policía. Se TUTELAN los derechos reclamados y se imparten una serie de órdenes dirigidas a reparar los derechos vulnerados y a aclarar que no forma parte del poder de vigilancia y defensa de los intereses de las copropiedad, la restricción de ámbitos de la libertad individual y de respeto a la igualdad y a la diferencia. 

2012-08-10

T-628/12

HUMBERTO SIERRA PORTO

T-2403984

Igualdad, dignidad humana, salud, seguridad social, intimidad, debido proceso. La accionante se desempeñó durante veintiún años como madre comunitaria y aduce que el ICBF determinó cerrar su hogar comunitario aduciendo el mal desempeño de sus labores, las quejas de algunos padres de familia y algunas deficiencias locativas del lugar. A juicio de la actora, la verdadera motivación fue el conocimiento que tuvo la institución sobre su condición de portadora del V.I.H., ya que a partir de ese momento, fue que inició una persecución laboral que concluyó con el cierre del hogar comunitario. En la demanda de tutela solicita que se declare la existencia de un contrato realidad y, que de manera consecuente, se ordene el pago de una pensión sanción, el pago de un incidente de reparación y su inscripción en el régimen de seguridad social. La sala de revisión previamente establece y analiza el régimen jurídico del programa hogares comunitarios de bienestar, el de las madres comunitarias de este programa y el del cierre y reubicación de los hogares comunitarios. De manera posterior delimita los hechos de la demanda y por último, se pronuncia sobre los siguientes tópicos: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir actos administrativos. 2º. Jurisprudencia constitucional sobre la violación de derechos fundamentales a causa de la discriminación de las personas portadoras del VIH y su aplicabilidad a las madres comunitarias. 3º. La condición de portador del VIH o de enfermo de sida como información protegida por el derecho a la intimidad y, 4º. Naturaleza de la relación entre el estado y las madres comunitarias según las normas legales y reglamentarias vigentes frente al derecho a la igualdad sexual y la obligación estatal de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Se decide conceder el amparo solicitado, dejar sin efectos el acto administrativo que decretó el cierre definitivo del hogar comunitario a cargo de la actora e impartir una serie de órdenes al ICBF para que haga efectivo el goce de los derechos fundamentales amparados. De manera simultánea se ordena al ICBF, que de forma inmediata inicie, lidere y coordine un proceso interinstitucional y participativo de diseño y adopción de todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar que, de forma progresiva pero pronta, las madres comunitarias de tiempo completo del programa de hogares comunitarios de bienestar, devenguen al menos el salario mínimo legal mensual vigente.  

2012-11-08

T-918/12

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

 T-3545998

Acción de tutela contra de ALIANSALUD E.P.S. por la presunta vulneración de derechos fundamentales al negarle a la accionante la práctica de la cirugía de reasignación de sexo ordenada por el médico tratante, así como las demás intervenciones requeridas para el proceso de transición de género, tales como feminización de la voz y facial, la depilación láser y la liposucción, bajo el argumento de no existir riesgo inminente para su salud y su vida. Se indica en la demanda de tutela, que después de varios tratamientos sicológicos y psiquiátricos el Comité de Ética Clínica del Hospital San José le diagnosticó a la actora el trastorno de identidad de género denominado Síndrome de Harry Benjamín y con base en dicha especificación, el especialista en urología adscrito a la E.P.S. ordenó la realización de los procedimientos de vaginoplastia, orquidectomía bilateral simple y penectomía total. Aduce, que la intervención quirúrgica requerida más que una cirugía de reasignación de sexo es una reconstrucción de órgano sexual biológico por órgano sexual neurológico, en razón a la patología de trastorno de identidad que lo aqueja. De manera adicional se solicitó en la tutela la práctica de todos los procedimientos que se requieran para la normalización del proceso de feminización y modificar en el registro civil de nacimiento la inscripción de sexo MASCULINO por FEMENINO, sin que quede en dicho documento antecedente alguno de la condición biológica. La Sala se pronuncia sobre el derecho a la identidad sexual, su relación con el derecho a la salud en el caso de las personas trans y la modificación del estado civil de las personas por cambio de sexo. La Sala establece que es deber de la E.P.S. a la que está afiliada la accionante suministrar los procedimientos que componen la cirugía de reasignación de sexo, ya que éstos se encuentran contemplados en el POS. Así mismo reitera que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad implica necesariamente el reconocimiento al derecho a la identidad sexual y a la identidad de género, porque a partir de ellos el individuo se proyecta respecto a sí mismo y dentro de la sociedad y adicionalmente advirtió que el Estado no puede interponer barrera alguna para que el individuo decida su desarrollo vital, su modo de ser y su condición sexual y de género. Igualmente resaltó la necesidad de proteger especialmente el derecho a la salud de las personas trans, porque si bien es cierto que sufren las mismas preocupaciones médicas que el resto de la población, también lo es que deben enfrentar asuntos de salud propios, como miembros de un grupo minoritario. Sin embargo, la Sala aclaró que el transgenerismo de ninguna manera constituye una enfermedad. En cuanto a los procedimientos de feminización de la voz, feminización facial, depilación láser y liposucción que la accionante solicitó en el escrito de tutela, se encontró que era necesario acudir previamente a la EPS con el fin de lograr su autorización, por lo que ordenó que la accionante sea evaluada y calificada por una junta médica de la entidad accionada, quien deberá determinar los tratamientos clínicos idóneos e irremplazables para atender sus condiciones médicas, con fundamento en criterios médico-científicos y no estéticos. Por último, la Corte afirmó que para que la peticionaria logre un estado de bienestar general es necesario adecuar su sexo legal a aquel con el que se identifica, y no al biológico con el que se hizo el registro civil inicial, en virtud de ello ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil expedir un nuevo registro civil en el que conste su cambio de sexo, después de que a la accionante le haya sido practicada la citada cirugía.

2013-06-13

C-335/13

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

D-9415

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 9º de la ley 1257 de 2008. El actor demandó la expresión “para fomentar la sanción social” por considerar que vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113, 116, 228 y 229 de la constitución. Argumenta que, al permitirse la aplicación directa de sanciones por la sociedad se vulneraría los principios de legalidad y seguridad jurídica, al no determinarse los criterios para la imposición de la sanción y además se pondría en peligro la convivencia pacífica de los ciudadanos, al permitirse que los particulares apliquen sanciones. Se analiza la siguiente temática: 1º. La discriminación y la violencia contra las mujeres. 2º. La protección de la mujer contra la discriminación y la violencia a nivel internacional. 3º. La evolución del reconocimiento de los derechos de la mujer. 4º. La protección especial de la mujer en la jurisprudencia de la corporación y, 5º. El control social y las sanciones sociales en el estado social de derecho. La corte concluyó que las medidas de sanción social que la norma acusada permite fomentar a las autoridades, configuran formas de control social informal que no tienen que estar tipificadas y constituyen un desarrollo directo de normas del derecho internacional de los derechos humanos. Exequible.  

2013-06-26

C-359/13

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

D-9325

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 28 parciales de la ley 1537 de 2012, por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. Los demandantes señalan que las normas acusadas incurren en una omisión legislativa relativa al no incluir en el pueblo rom o gitano dentro de la lista de beneficiarios del subsidio para acceder a proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario, lo cual constituye un tratamiento discriminatorio que no solo desconoce postulados constitucionales, sino convenios internacionales. Plantean la necesidad de que el gobierno y el congreso prevean una política pública efectiva de vivienda digna con enfoque diferenciado para el pueblo gitano. La corte decide declarar exequibles los artículos acusados, en el entendido de que los criterios de priorización para acceder a los proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario, también deberán tener en cuenta al pueblo rom o gitano y a las comunidades raizales, como grupos étnicos y culturales de la nación. 

2014-07-03

T-434/14

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

T-4252805

La defensora regional del magdalena medio reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida, a la dignidad humana y a la integridad física, en favor de una mujer y de sus tres hijas menores de edad que denunciaron ser víctimas de violencia intrafamiliar, a raíz de los actos de humillación y agresiones verbales y físicas de parte del compañero permanente de la agenciada. Se atribuye la vulneración de derechos a la fiscalía general de la nación, a la policía nacional y a la E.P.S. Cafesalud, por el incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales con las víctimas de dicha modalidad de violencia. Se abordan los siguientes temas: 1º. La agencia oficiosa. 2º. El principio constitucional de protección especial a la mujer y su fundamentación desde los instrumentos del derecho internacional que lo consagra. 3º. Obligaciones constitucionales e internacionales que se encuentran en cabeza del Estado dirigidas a velar por el cumplimiento de dicho principio, especialmente en escenarios de violencia intrafamiliar. 4º. Obligaciones específicas para con las mujeres víctimas de la citada modalidad de violencia que se encuentran a cargo de la fiscalía general de la nación, la policía nacional, las comisarías de familia, la defensoría del pueblo y el sistema general de seguridad social en salud. Se concede. 

 

2014-11-18

T-878/14

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

T-4190881

La actora trabajó en la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de Cartagena durante cinco años, mediante contrato laboral a término indefinido. Fue despedida debido a que fue víctima de violencia por parte de su compañero sentimental, quien es un estudiante de la misma institución y, porque denunció tales hechos ante la autoridad competente. Su jefe inmediato convocó a una reunión con todas las personas que trabajan en su misma área de trabajo, en la que describió las particularidades de las agresiones sufridas, así como de la denuncia penal que interpuso, sosteniendo que se trataba de un hecho grave para la institución. Por su parte, la entidad educativa argumentó que la decisión unilateral de terminar la relación laboral no tuvo relación con lo sucedido y se fundamentó en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Aclaró que el incidente de violencia en el que estuvo involucrado la accionante fue particularmente escandaloso y atentó contra la confianza social que distingue la institución. Igualmente aseveró, que tal situación permitió establecer que la disminución del desempeño laboral de la peticionaria se había originado en la relación sentimental que sostenía con un alumno y generaba actuaciones ajenas a la corrección, formalidad y actitud ejemplar que debe imperar en el ambiente académico. La Sala se pronuncia acerca de la especial protección que merece la mujer víctima de la violencia de género, en el ámbito internacional y en el derecho interno. Se realiza una breve conceptualización de la violencia de género y se indican las obligaciones que le corresponden al Estado, la sociedad y, particularmente, a los empleadores de las mujeres víctimas de agresiones. Se analiza el caso en concreto y se realizan algunas reflexiones en torno a la ocurrencia de prácticas discriminatorias, como la utilización de prejuicios y estereotipos de género, en la administración de justicia, debido a las actuaciones de la fiscalía y el juez de tutela que conocieron el asunto. Se CONCEDE la protección a los derechos fundamentales a una vida libre de violencia para las mujeres, a la igualdad y a la intimidad y, se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los mismos. Se exhorta al Departamento Administrativo de la Presidencia del República, para que evalúe la facilidad y oportunidad con la que las mujeres agredidas pueden acceder a las ayudas consagradas en el Decreto 2734 de 2012, para que, de ser necesario, adopte las modificaciones pertinentes que impidan la revictimización de la población femenina agredida. 

2015-12-15

T-967/14

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

T-4143116

Acción de tutela en contra del despacho judicial que profirió sentencia en el proceso de divorcio iniciado por la accionante en contra de su cónyuge. Se aduce, que el fallo incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y en violación directa de la Constitución, en virtud de que el Juez tenía suficientes elementos probatorios como testimonios y peritajes, que le permitían inferir la configuración de la causal 3ª de divorcio del artículo 154 del Código Civil, referente a los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. A juicio de la actora, el operador jurídico dejó de valorar las pruebas documentales y testimoniales que daban cuenta de las diversas situaciones en las que su esposo la agredió a partir insultos, gritos, actitudes celosas y posesivas, al igual que con agresiones verbales y físicas. Se alega, la vulneración de los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la intimidad, a la libertad del movimiento ya la protección de la familia, al igual que la trasgresión de la Constitución, en cuanto consagra la protección de la familia y la integridad de la mujer en igualdad de condiciones. Se analizan los siguientes temas: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. La violencia contra la mujer como una forma de discriminación. 3º. La violencia doméstica o intrafamiliar y psicológica y, 4º. La administración de justicia en perspectiva de género. La Corte concluye que, el juzgado accionado incurrió en defecto fáctico y violación directa de la Constitución, al emitir la sentencia dentro del proceso de divorcio, bajo argumentos que contribuyen a perpetuar la violencia y la discriminación contra la mujer y a invisibilizar la violencia doméstica y psicológica que padecía la accionante al interior de su hogar. Se INSTÓ al Consejo Superior de la Judicatura para que exigiera la asistencia obligatoria de todos los jueces del país de la jurisdicción de familia, a las capacitaciones sobre género que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ofrezca. Lo anterior, a fin de promover la creación de nuevos marcos interpretativos en perspectiva de género, que permitan la real y efectiva reconfiguración de patrones culturales y estereotipos de género discriminatorios.

 

2015-01-27

A009/15

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

T-653010

Se hace seguimiento a las órdenes segunda y tercera del Auto 092 de 2008, en lo concerniente al traslado de casos de violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación y, a la creación e implementación de un programa de prevención del impacto de género mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género, en el marco del Conflicto Armado y el Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas. Lo anterior, en virtud de la persistencia de la violencia sexual contra las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores desplazadas, con ocasión de su condición de género e identificación de factores contextuales e individuales que aumentan la concreción del este riesgo.  

2015-02-13

T-063/15

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

T-4541143

Dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, identidad sexual y de género, personalidad jurídica. La conducta que se considera trasgresora de derechos fundamentales por parte de las entidades accionadas, es la exigencia hecha a una persona transgenerista, de acudir a un proceso de jurisdicción voluntaria para lograr la modificación del sexo inscrito en su registro civil de nacimiento y demás documentos de identidad, como la cédula de ciudadanía y pasaporte colombiano, aduciendo la necesidad de verificar y comprobar el hecho que alteró su estado civil. Según la demandante, la falta de correspondencia entre su fisionomía femenina, producto de una cirugía de reafirmación sexual y, la indicación de sexo masculino en sus documentos, la han hecho víctima de constantes discriminaciones y exclusiones tanto en el ámbito social como laboral, y le ha impedido desarrollar su proyecto de vida conforme su personalidad y modo de ser. Se aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto. 2º. El derecho a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y al reconocimiento de la personalidad jurídica, como fuentes básicas de la identidad sexual y de género. Reiteración de jurisprudencia. 3º. El derecho a la definición de la identidad sexual y de género de las personas trans y el contexto actual de discriminación al que son sometidas y, 4º. La modificación del registro civil por cambio de sexo. Se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales invocados y se ordena, entre otras disposiciones, que la Notaría demandada por medio de escritura pública, protocolice el cambio de nombre y la corrección del sexo que consta en el registro civil de nacimiento de la actora, de tal forma que coincida con los que ella se identifica. Precisa, que una vez efectúe dicho trámite, debe enviar copia de dicha escritura a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que efectúe la modificación del registro civil y entregue copia del mismo documento corregido a la peticionaria. 

2015-02-18

C-071/15

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

D-10315

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 64, 66 y 68 (parciales) de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia y contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes. El demandante cuestiona que las normas acusadas no autoricen la adopción conjunta por parte de parejas del mismo sexo, lo que considera contrario al Preámbulo y a los artículos 1, 7, 13, 42 y 44 de la Constitución, así como a los artículos 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativos al derecho a la igualdad. 

 

2015-03-26

T-124/15 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

T-4573730 

Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado interno. En dos acciones de tutela presentadas de manera independiente aducen los actores que la Unidad Nacional de Protección –UNP- violó sus derechos fundamentales, al negarse a brindar las medidas y esquemas especiales de seguridad que requieren con carácter urgente, para precaver los distintos factores de riesgo a los que se han visto sometidos con ocasión de sus actividades sociales como líderes comunitarios. En un caso, la peticionaria es una mujer afrodescendiente y madre cabeza de familia que lidera una asociación dedicada a la protección y defensa de la identidad cultural y los derechos étnicos de comunidades negras. En el otro, el actor es un activista comunitario que a título individual y como representante de organizaciones sociales ha promovido la defensa y reconocimiento de los derechos humanos de campesinos, población desplazada y víctimas del conflicto armado interno por espacio de casi 30 años. Se aborda temática relacionada con: 1º. El alcance del derecho fundamental a la seguridad personal. 2º. La actividad de defensa de los derechos humanos y la condición de género como condicionantes de una especial protección constitucional. 3º. La violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. 4º. La escala de riesgos y amenazas que permiten solicitar una protección especial por parte del Estado y, 5º. El procedimiento administrativo para la activación de la presunción constitucional de riesgo y el acceso a medidas de protección en favor de personas, grupos o comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo en razón de sus actividades públicas, sociales o humanitarias.

2015-05-25

 T-323-15

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

T-4741255

Derecho a la igualdad respecto a la visita íntima de personas privadas de la libertad. Consideran las demandantes que el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Quibdó – Cárcel Anayancy – vulneró su derecho fundamental a la igualdad, al haber modificado la frecuencia de la visita íntima a una vez al mes, mientras que a los hombres se las mantuvo con una periodicidad semanal. El demandado fundamentó el cambio en el horario de las visitas íntimas para las mujeres, a las situaciones graves de indisciplina que se presentaban, las cuales afectaban la seguridad y paz del penal. Se realiza un análisis jurisprudencial de los siguientes temas: 1º. La relación de especial sujeción existente entre el Estado y las personas recluidas en establecimientos carcelarios. 2º. Los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y la razonabilidad y proporcionalidad de las limitaciones a las que están sometidas y, 3º. El régimen de las visitas íntimas y su desarrollo en condiciones de dignidad. Se AMPARAN los derechos a la igualdad y a la dignidad humana y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los mismos. 

 

2015-11-04

C-683/15

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

D-10371

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 64, 66 y 68 (parciales) de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia y contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Los demandantes, tomando como derrotero el principio del interés superior del menor, propusieron tres cargos, a saber: 1º. Vulneración del principio de igualdad. 2º. Omisión legislativa relativa y, 3º. Interpretación institucional dominante por parte del ICBF y de la Procuraduría General de la Nación que desconoce derechos fundamentales. La Corte abordó el análisis de los siguientes ejes temáticos: 1º. El interés superior del menor, el derecho a tener una familia y la adopción como medida de protección y 2º. La adopción por parejas del mismo sexo y el interés superior del menor, valorando tanto las experiencias en el derecho comparado, como la evidencia científica disponible y acopiada. La Corte concluye que no es constitucionalmente válido excluir de los procesos de adopción a las parejas del mismo sexo que conforman una familia y que una interpretación exegética en tal sentido genera un déficit de protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, lo que a su vez desconoce el interés superior del menor, representado en su derecho a tener una familia, por cuanto esta es un medida de protección plenamente idónea para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus demás derechos.

2015-12-10

 C-754/15 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

D-10849

Violencia sexual. Atención integral, prioritaria y gratuita a víctimas como facultad de las empresas prestadoras de salud (EPS). Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “facultad” del artículo 23 de la Ley 1719 de 2014, por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones. Los actores plantean tres cargos contra la expresión impugnada: 1º. La violación del principio de progresividad y no regresividad del derecho a la salud de las víctimas de violencia sexual. 2º. La violación al derecho a la igualdad por discriminación indirecta, que genera un retroceso injustificado en relación con la garantía del derecho a la salud, particularmente para mujeres en situación de discapacidad, indígenas y afrocolombianas y, 3º. El desconocimiento de la obligación a cargo del Estado colombiano de adoptar medidas para eliminar los estereotipos de género. Para la Corte, la expresión acusada genera una discriminación indirecta e interseccional hacia las mujeres víctimas de violencia sexual, particularmente las que pertenecen a grupos marginados. Considera igualmente, que dicha expresión viola el deber del Estado de eliminar estereotipos de género, determinado por la cláusula de igualdad y el bloque de constitucionalidad. Concluye, que todas las entidades de salud están en la obligación de implementar el protocolo y el modelo de atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual, que contenga dentro de los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, la objeción de los médicos y la asesoría de la mujer en continuar o interrumpir el embarazo. INEXEQUIBLE.

 

2016-03-28

T-143/16

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

T-5217454

Derecho a la igualdad. Prohibición de discriminación por la identidad sexual del individuo. La prueba de la conducta discriminatoria. La accionante se desempeñó durante 24 años como entrenadora de la Liga de Tenis de Antioquia, estando a cargo, durante los últimos 9 años, del entrenamiento de la categoría de menores. Ella se reconoce como una mujer con orientación sexual diversa y tal situación la hace pública en todos los aspectos relevantes de su vida, especialmente en los ámbitos laboral y profesional. A finales del año 2014 se vinculó sentimentalmente con una de las deportistas que entrenaba, pero luego de ser confrontada por la entidad respecto de la escogencia de continuar laborando o con la relación amorosa, optó por la primera y terminó la relación afectiva con la menor. La conducta a la que se le atribuye la vulneración de derechos fundamentales es la terminación del vínculo laboral por una supuesta razón de discriminación por la orientación sexual de la demandante y a un incidente ocurrido en un campeonato nacional de tenis de mesa, en el cual compartió la habitación del hotel con la adolescentes antes referenciada, lo cual condujo que se implementaran medidas disciplinarias por la desatención de órdenes de la Liga. Se aborda la siguiente temática: 1º. La intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana frente a la identidad sexual del individuo. 2º. El derecho a la igualdad y la no discriminación por la identidad sexual y la prueba de la conducta discriminatoria. 3º. El derecho al debido proceso, el poder sancionatorio, la contratación entre particulares y los reglamentos de las organizaciones y, 4º. La protección del interés superior del menor. Luego de verificar la vulneración del derecho al debido proceso, en virtud de un trámite disciplinario que no se rigió por lo dispuesto en los Estatutos de la Liga demandada, ni el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Tenis de Mesa, como tampoco por la Ley 49 de 1993, la Sala decide AMPARAR el mismo. La anterior decisión no cobijó las demás pretensiones de la accionante, puesto que no se encontró prueba de que la actuación disciplinaria irregular y la terminación del contrato de prestación de servicios, hubiesen estado fundamentados en un tratamiento discriminatorio por la orientación sexual de la peticionaria. 

 

2016-04-28

SU214/16

ALBERTO ROJAS RÍOS

T-4167863

Matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo. A través de esta providencia se resuelven seis casos en los cuales se atacan decisiones judiciales que en su orden resolvieron: 1º. Anular el matrimonio igualitario entre una pareja conformada por un transgenerista y una mujer. 2º. Decidir dos acciones de tutela formuladas por el Ministerio Público, en contra de los despachos judiciales que aceptaron peticiones de matrimonio de parejas del mismo sexo y; 3º. Solicitudes de amparo formuladas en contra de Notarios Públicos y un Registrador del Estado Civil, quienes respectivamente se negaron a celebrar matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo y a registrar un matrimonio igualitario. Se planteó como problema jurídico, si el hecho de celebrar un contrato civil entre parejas de mismo sexo, en lugar de una unión solemne innominada, con miras a suplir el déficit de protección declarado por la Corporación en la Sentencia C-577/11, configura una violación al artículo 42 Superior, tal como lo alegaron quienes se negaron a celebrar o registrar dichas ceremonias. Se abordó temática relacionada con: 1º. Acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Ejercicio de funciones públicas de Notarios y Registradores del Estado Civil. 3º. El derecho a contraer matrimonio civil en condiciones de dignidad, libertad e igualdad. 4º. La existencia de un trato discriminatorio entre parejas heterosexuales y del mismo sexo en materia de celebración de matrimonio civil. 5º. El ejercicio de funciones judiciales, notariales y registrales en materia de matrimonio entre parejas del mismo sexo. 6º. Las funciones constitucionales de la Procuraduría General de la Nación en relación con la formulación de acciones de amparo. 7º. Los derechos de las parejas del mismo sexo en el derecho comparado y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y, 8º. La sentencia C-577/11. Entre las decisiones a destacar en este fallo se tienen: a). la extensión de sus efectos a los pares o semejantes. b). declarar que los matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo celebrados en Colombia, con posterioridad al 20 de junio de 2013, gozan de plena validez jurídica. c). La consideración que los Jueces de la República que celebraron matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo actuaron en los precisos términos de la Carta Política, de conformidad con el principio constitucional de autonomía judicial. d). La advertencia a las autoridades judiciales, a los Notarios Públicos y a los Registradores del Estado Civil del país y a los servidores públicos que llegaren a hacer sus veces, sobre el carácter vinculante de este fallo de unificación y sus efectos inter pares. e). El exhorto a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que difundan entre los Jueces, Notarios y Registradores del Estado Civil del país el contenido del presente fallo.

 

2016-05-16

T-241/16

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

T-5310907

Se analizan los siguientes temas: 1º. Las medidas de protección eficaces y recurso judicial efectivo de las mujeres víctimas de violencia. 2º. La protección constitucional de las mujeres. 3º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, 4º. El defecto fáctico por omitir y valorar defectuosamente el material probatorio. Se TUTELA el derecho al debido proceso, se revoca la sentencia impugnada, se confirma la decisión de la Comisaría de Familia y se previene a los comisarios de familia, a los jueces civiles, promiscuos municipales y a los jueces de control de garantías, para que ciñan sus actuaciones en casos similares de violencia familiar, de manera estricta a la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000, y a la Ley 1257 de 2008, con un enfoque de género. 

 

2016-06-02

T-291/16

ALBERTO ROJAS RÍOS

T-5350821

Caso en que centro comercial discrimina a pareja del mismo sexo. Se atribuye a las accionadas la vulneración de derechos fundamentales, en razón a los actos de retención, exposición al público, discriminación y expulsión del actor por parte de algunos integrantes del personal que presta el servicio de seguridad privada en el Centro Comercial Portal del Prado de Barranquilla, por supuestamente realizar actos obscenos con otra persona del mismo sexo en uno de los baños públicos de dicho establecimiento de comercio. Se analiza la siguiente temática: 1º. El alcance y contenido de la expresión constitucional denominada “dignidad humana”. 2º. Las reglas constitucionales que determinan el alcance del derecho fundamental a no ser discriminado. 3º. La orientación sexual como categoría sospechosa de discriminación y, 4º. La presunción de discriminación y la carga dinámica de la prueba como reglas constitucionales aplicables a los casos en que se discuta la existencia de un acto discriminatorio fundado en cualquiera de las categorías sospechosas o, ante situaciones de sujeción o indefensión. Se CONCEDE el amparo solicitado y, entre las disposiciones adoptadas por la Sala se destacan: 1º. La orden a las demandadas para que se abstengan de realizar en el futuro conductas lesivas de los derechos fundamentales de las personas LGBT, en cualquiera de los establecimientos abiertos al público que sean de su propiedad o estén bajo su administración o vigilancia y, 2º. El exhorto a los Jueces de la República para que en casos futuros apliquen las reglas y sub reglas jurisprudenciales establecidas en la presente providencia. 

 

2016-06-08

C-297/16

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

D-11027

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 2º (parcial) de la Ley 1761 de 2015 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones” (Rosa Elvira Cely). Feminicidio. Tipificación penal. El demandante argumenta que el aparte normativo acusado vulnera el principio de legalidad y el derecho al debido proceso, consignados en los artículos 1 y 29 de la Constitución. Considera, que la determinación de antecedentes o indicios de violencia o amenaza en las diferentes esferas sociales en contra de la víctima, sin una calificación especial, generan una indeterminación en el ingrediente subjetivo del tipo, pues no constituyen suficiente evidencia para demostrar que la motivación del homicidio es el odio o repulsión al género femenino. EXEQUIBLE.

 

2016-10-05

C-539/16

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

D-11293

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 104A (parcial) y 104B, literales a) y g) (parcial) de la Ley 599 de 2000, adicionados por el artículo 2 y 3, literales a) y g) de la Ley 1761 de 2015, “por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones (Rosa Elvira Cely)”. Feminicidio. Tipificación penal del homicidio de una mujer por su condición de ser mujer. Entre otros argumentos, consideran los demandantes que la expresión impugnada hace que el tipo penal sea indeterminado, puesto que la disposición no ofrece criterios para determinar cuándo el agente que suprime la vida de una persona del género femenino lo hace “por su condición de mujer” o en qué eventos se trata del homicidio simple, sancionado en el artículo 103 del Código Penal. Es decir, que la norma no es clara ni inequívoca, con lo cual se infringe el principio de estricta legalidad. La Corte determinó que el móvil del agente, al causar la muerte de una mujer “por su condición de ser mujer”, el cual es uno de los elementos esenciales del delito de feminicidio, no desconoce el principio de tipicidad. Igualmente consideró, que las circunstancias de agravación del feminicidio que se acusan, no implican una doble sanción por el mismo y por tanto no infringen el principio del non bis in ídem. EXEQUIBLES. 

 

2017-11-23

T-652/16

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

T-5680184

Derechos de las mujeres y deber de no discriminación por razones de género. La accionante, en condición de aprendiz del SENA, formuló queja disciplinaria en contra de un compañero de clase por acoso sexual, tratos degradantes e irrespetuosos con utilización de un lenguaje vulgar y de alto contenido sexual, ocurridos en el aula, por fuera de la institución educativa y a través de medios electrónicos. Indica, que en lugar de recibir protección y apoyo por parte de la institución, le fue impuesta una sanción igual a la del agresor, esto es, matrícula condicional. Lo anterior, bajo el supuesto hecho de que la agresión fue mutua según la información aportada al proceso disciplinario y, especialmente, porque el testimonio aportado como prueba evidenciaba que ella “le siguió la cuerda” al compañero. Se hace alusión a la siguiente temática: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos en el marco de procesos disciplinarios. 2º. Las medidas de protección de los derechos de la mujer en el ámbito internacional y nacional. 3º. El deber social de no discriminación a la mujer y, 5º. El debido proceso en el marco de procesos disciplinarios. La Sala concluye que la sanción disciplinaria impuesta a la demandante en igual proporción a la de su agresor, denota una actitud discriminadora frente a una mujer que se sintió vulnerable frente a uno de sus compañeros de clase. El hecho de que la preocupación sea la imagen del centro educativo y que todo se halle justificado en la actitud de la accionante, va de la mano con la concepción según la cual, el fenómeno de la exclusión de la mujer responde a estereotipos y prejuicios acentuados históricamente en la sociedad, a partir de los cuales existe superioridad del hombre sobre la mujer, lo que ha propiciado la violencia y ha legitimado una especie de derecho del hombre a imponerse a la fuerza sobre la mujer. También considera la Sala, que el accionar del Sena respondió a su vez a estereotipos de conformidad con los cuales la agresión tiene origen en algún comportamiento erróneo de la mujer. Se CONCEDE.

 

2017-01-23

T-027/17

AQUILES ARRIETA GÓMEZ

T-5742929

Violencia estructural contra la mujer. Protección judicial. Se cuestionan las decisiones adoptadas por las autoridades accionadas en el marco de un proceso de violencia intrafamiliar, a través de las cuales se negó la solicitud de medida de protección de desalojo del ex compañero y padre de los hijos de la accionante, requerida en virtud del maltrato que este les prodigaba. La Comisaría demandada decidió no conceder la medida de aseguramiento rogada, tras considerar que no contaba con los elementos probatorios suficientes para determinar la existencia de acciones que pusieran en peligro la humanidad o integridad de la actora y, en virtud de constatar que existían agresiones mutuas entre la pareja, lo cual le bastó para imponer una medida de protección a favor de ambos, consistente en conminarlos a cesar los actos de agresión física, verbal o psicológica entre sí. Esta determinación se adoptó sin tener en consideración el informe de Medicina Legal que concluyó que existía un nivel de riesgo grave. El juzgado que conoció la apelación decidió confirmarla, por considerarla ajustada a la normatividad aplicable al caso y por apreciar que entre las partes se confundían los roles de víctima y agresor. Se aborda temática relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial. 2º. El compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer. 3º. El defecto fáctico, la ausencia de valoración probatoria o su valoración irrazonable y, 3º. La protección judicial en el contexto de violencia estructural contra la mujer. Concluye la Corte, que las existencia de agresiones mutuas entre la pareja debe leerse a la luz del contexto de violencia estructural contra la mujer, en tanto el estereotipo de la mujer débil que no se defiende ante la agresión, es sólo otra forma de discriminación. Es decir, que la defensa ejercida por una mujer ante una agresión de género no puede convertirse en la excusa del Estado para dejar de tomar las medidas adecuadas y eficaces para garantizarle una vida libre de violencia. Se CONCEDE la protección solicitada. Se mantienen las medidas cautelares adoptadas por las autoridades demandadas, aclarando que éstas van dirigidas únicamente al ex compañero de la accionante.

 

2017-01-04

T-030/17 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

T-5751966

Prohibición de discriminación por razón de la orientación sexual diversa. Caso en que pareja del mismo sexo es recriminada por manifestaciones de afecto en centro comercial. Los actores aducen que las personas jurídicas demandadas vulneraron sus derechos fundamentales, en virtud de la reconvención y expulsión del centro comercial Portal del Prado P.H. realizada por un guarda de seguridad, debido a que supuestamente se encontraban realizando manifestaciones de afecto como pareja y por su orientación sexual diversa. Solicitan, que se ordena a las accionadas presentar excusas escritas y públicas; la difusión del fallo para que expliquen los límites a sus funciones y actuaciones desde la garantía de los derechos humanos para todos sus trabajadores, en especial para aquellos que desempeñan laboras con público y, una condena pecuniaria. Se analiza temática relacionada: 1º. La naturaleza jurídica y el contenido de los derechos fundamentales a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal. 2º. El principio de no igualdad, la prohibición de discriminación por razones de orientación sexual diversa y los mecanismos constitucionales de protección y, 3º. Las empresas de seguridad privada, los regímenes de copropiedad horizontal y su posición frente a las restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a las accionadas presentar excusa escrita y privada a los demandantes, por los hechos que dieron origen a la acción de tutela y a la vulneración de los derechos fundamentales invocados en la misma. 

 

2017-03-07

 T-145/17

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

T-5780914

Protección de la mujer frente a todo tipo de violencia. Vulneración por revocar orden de desalojo de agresor en violencia doméstica. Se ataca la providencia judicial que revocó la medida de protección proferida por una Comisaría de Familia en favor de la accionante, por su condición de víctima de violencia intrafamiliar de tipo verbal, físico y psicológico por parte de su compañero permanente. Se aduce, que dicho fallo incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, además de desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. En la decisión cuestionada se argumentó que la orden de desalojo del agresor trasgredía los derechos fundamentales de éste, en virtud de su condición de adulto mayor. Se reitera jurisprudencia relacionada con los siguientes temas: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Marco normativo y jurisprudencial nacional e internacional de protección a las mujeres frente a la violencia intrafamiliar y la violencia basada en género. 3º. El deber que tienen los operadores jurídicos de administrar justicia con perspectiva de género, como forma de combatir la violencia contra la mujer. Se TUTELAN los derechos fundamentales invocados y se deja sin efectos la sentencia cuestionada. Se imparten una serie de órdenes, entre las que se destaca la medida de protección transitoria que se adopta mientras se profiere nuevo fallo, consistente en el desalojo del agresor de la residencia que compartía con la peticionaria. Se previene a los Comisarios de Familia y a los jueces Civiles, Promiscuos Municipales y de Control de Garantías, que deben ceñir sus actuaciones a casos similares de violencia intrafamiliar y violencia basada en género, de manera estricta a la Ley 294 de 1996 modificada por la Ley 575 de 2000 y a la Ley 1257 de 2008, con una perspectiva de género.

 

2017-03-28

T-184/17

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

T-5853839

Protección a la mujer frente a todo tipo de violencia. Caso en que víctima de violencia doméstica solicita no asistir a audiencia de fijación de cuota alimentaria al tiempo con el agresor. La vulneración de derechos por parte del despacho judicial accionado se atribuye a la decisión adoptada dentro del proceso de alimentos presentado por la accionante en favor de sus hijos, consistente en negar la fijación de una fecha, hora y lugar diferente para recibir su interrogatorio de parte, pues, en su condición de víctima de violencia intrafamiliar, no estaba en condiciones de enfrentarse con su agresor. El operador jurídico argumentó que el carácter concentrado de la audiencia inicial impedía realizar otra audiencia para recibir el interrogatorio de parte a la actora. Se reitera jurisprudencia relacionada con la legitimación por activa del agente oficioso, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, los requisitos generales y específicos de procedibilidad y la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por exceso ritual manifiesto. Igualmente, se analiza el marco normativo y jurisprudencial sobre la protección a la mujer contra cualquier tipo de violencia y los instrumentos internacionales para combatir la violencia contra la mujer. Para la Corte, la peticionaria fue víctima de obstáculos que impidieron acceder a una administración de justicia eficaz, a un recurso judicial efectivo y a la protección especial frente a los hechos de violencia sufridos. Se CONCEDE el amparo solicitado.

 

2017-04-28

 T-264/17 

ALBERTO ROJAS RÍOS

 T-5805697

Protección de la mujer frente a todo tipo de violencia. El Defensor del Pueblo Seccional Magdalena Medio, promovió la acción de tutela como agente oficioso de una mujer víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su compañero sentimental. Alega el actor que los derechos fundamentales de su agenciada fueron vulnerados por parte del despacho judicial accionado, en virtud de su omisión de dar trámite a la solicitud de medidas de protección urgentes solicitadas, dentro del término estipulado y en atención a las competencias establecidas en las normas legales sobre la materia, lo que generó que fuera nuevamente agredida por su excompañero sentimental. Se analiza temática relacionada con la protección de la mujer contra la violencia y el derecho a un recurso judicial efectivo. Se confirma la decisión de segunda instancia que CONCEDIÓ el amparo solicitado y se adiciona la misma con órdenes encaminadas a investigar los hechos que generaron que la accionante desistiera de la denuncia que interpuso por el delito de lesiones personales, y a mantener la protección otorgada a ella y a sus hijos frente a futuros ataques por parte del agresor.

 

2017-05-08

T-293/17

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

T-5697720

Debido proceso en escenarios laborales con baja participación de las mujeres. Se atribuye a Latam Airlines Colombia S.A. la vulneración de derechos fundamentales de la accionante, como consecuencia de dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo como copiloto de la empresa. Aduce la actora que esta decisión se dio por su afiliación a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles y que en ella no se tuvo en cuenta disposiciones de la convención colectiva que la favorecían, ni el hecho de estar incapacitada el día en que se llevaría a cabo la diligencia de descargos a la que fue citada por hechos relacionados con sus bajas calificaciones en el curso de ascenso en el que participaba. Considera además, que dicha actuación obedeció más a un acto de discriminación de género y de acoso laboral, pues al iniciar el precitado concurso para el cargo de comandante de flota se suscitaron molestias entre sus compañeros superiores, por su condición de mujer en un ambiente laboral de hombres. De manera adicional la peticionaria declaró ser madre cabeza de hogar de un hijo próximo a cumplir 18 años de edad, quien curso estudios secundarios y depende económicamente de ella. La Corte concluye que la tutela es improcedente porque existen otros mecanismos de defensa judicial idóneos para reclamar el reintegro laboral solicitado, en tanto no se comprobó un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención del juez constitucional para resolver cuestiones como el despido como consecuencia de la afiliación a la Acdac, la terminación unilateral del contrato en desconocimiento de los beneficios dispuestos en la convención colectiva y la terminación unilateral del contrato como consecuencia del estado de salud de la actora. No obstante lo anterior, la Sala consideró que la solicitud de amparo era procedente respecto de la presunta vulneración de los derechos a la igualdad y al debido proceso. Frente a este último consideró que resultó vulnerado, en tanto la accionada no reprogramó la diligencia de descargos a la que fue citada la peticionaria y a la que no pudo asistir por encontrarse incapacitada, lo que le impidió controvertir las acusaciones sobre su bajo rendimiento laboral. Se TUTELA el derecho al debido proceso y se imparten una serie de órdenes específicas entre las cuales se destaca la dada a la empresa, de iniciar un proceso de sensibilización entre sus empleados sobre temas que involucren la igualdad y la no discriminación de género en el mundo laboral de la aviación comercial.

 

2017-08-15

T-531/17

ALBERTO ROJAS RÍOS

T-6113717

Derecho a la vivienda digna de víctimas de desplazamiento. Caso en que mujer víctima de ataque con ácido solicita vivienda. La accionante instauró la acción de tutela debido a que no cuenta con un lugar para habitar con sus hijos y porque le fue negada la postulación para un subsidio de vivienda destinado a atender a la población desplazada, por no presentar los documentos requeridos en tiempo. Advirtió, que no se tuvo en cuenta que fue víctima de un ataque con ácido sulfúrico y que por tal motivo no pudo completar el trámite requerido. Se analizan los siguientes temas: 1º. El derecho a la vivienda digna. 2º. El derecho a la reubicación de las víctimas de desplazamiento. 3º. Las acciones del Estado en materia de violencia de género. 4º. La importancia de que las políticas públicas en materia de derechos económicos, sociales y culturales tengan un enfoque diferenciado dirigido a proteger a las víctimas de violencia de género extrema. Se CONCEDE el amparo al derecho fundamental a la vivienda digna. Se exhorta al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que adopten las decisiones y los programas que consideren pertinentes, urgentes y necesarios, con el propósito de superar el déficit de protección en el que se encuentran las personas víctimas de violencia de género extrema, en relación con su acceso prioritario a los programas de vivienda digna que ofrece el Estado.

 

2017-09-17

 T-590/17

ALBERTO ROJAS RÍOS

T-6186420

Enfoque de género en las decisiones judiciales. Se instaura la acción de tutela en contra de la Inspección de Policía que dentro del trámite de un proceso policivo por perturbación a la tenencia, inició en contra de la actora un incidente de desacato por no dar cumplimiento a la orden administrativa que dispuso que ella debía permitir el ingreso de su ex compañero sentimental a su domicilio, al igual que hacerle entrega de las llaves, sin tener en consideración que en varias oportunidades él la agredió física y verbalmente. A juicio de la peticionaria, se dio mayor importancia al amparo de un derecho de orden patrimonial que a la protección de su integridad física y psicológica. Se analizan los siguientes temas: 1º. Las funciones jurisdiccionales excepcionalmente asignadas a las autoridades administrativas. 2º. La procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones adoptadas en procesos policivos. 3º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 4º. El compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer y, 5º. La discriminación por razón de género en las decisiones judiciales. Se CONCEDE el amparo solicitado. Se deja sin efectos la decisión cuestionada y se ordena a la Inspección accionada proferir una nueva providencia en la que tenga en cuenta todas las consideraciones de la Corte Constitucional referentes al principio de no discriminación por razón de sexo, y la especial protección de la mujer víctima de cualquier tipo de violencia.