DERECHO DE LAS MUJERES A LA INTIMIDAD Y A LA DIGNIDAD

DERECHO DE LAS MUJERES A LA INTIMIDAD Y A LA DIGNIDAD


REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS REFERIDAS AL DERECHO DE LAS MUJERES A LA INTIMIDAD Y A LA DIGNIDAD

 

 

FECHA SENTENCIA

 

SENTENCIA

 

PONENTE

EXPEDIENTE

TEMA

1996-09-04 

 

C-408/96

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO 

 

LAT-064

Ley 248/95. Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Exequible.

2000-10-25 

 

C-1440/00

ANTONIO BARRERA CARBONELL 

 

D-2924

Código civil. Arts. 173 y 174. Matrimonio disuelto o declarado nulo. Mujer embarazada no podra contraer nuevas nupcias antes del parto o de los 270 días subsiguientes a dicha disolución o nulidad. Incertidumbre respecto de la paternidad. Inexequibles

2005-08-16 

 

T-848/05

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 

 

T-1065050

Y OTROS 

 

Derecho a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos crueles inhumanos o degradantes y la discriminación a la mujer por el periodo menstrual que en su condición de visitantes femeninas de personas recluidas en la cárcel son sometidas a tratos y requisas infrahumanos y ultrajantes por el personal de guardia del penal en los días de visita e impidiéndoseles su ingreso por tener el periodo menstrual. Solicitan se adopten las medidas por parte de las directivas que hagan cesar la vulneración de sus derechos. Reiteración de la jurisprudencia constitucional sobre la práctica de requisas degradantes en las cárceles a los internos y a los visitantes y sobre la prohibición a las mujeres de ingresar a las cárceles durante el periodo de menstruación. Protección constitucional especial de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad; la protección al derecho fundamental a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos crueles inhumanos o degradantes. Las requisas degradantes a los reclusos o a los internos constituyen una violación a la dignidad humana y al derecho a no ser sometido a tratos crueles inhumanos o degradantes. Las irregularidades en materia de requisas degradantes y malos tratos a los visitantes y los reclusos sigue siendo una práctica generalizada y reiterada en el sistema nacional penitenciario y carcelario. Las requisas degradantes practicadas a los internos de la cárcel distrital de Manizales están constitucionalmente proscritas y constituyen un grave atentado en contra de la dignidad humana.

 

2007-10-11 

 

T-839/07

CLARA INES VARGAS HERNANDEZ 

 

1630839

Derecho al libre desarrollo de la personalidad de menor matriculada en el plantel educativo que a causa del uso de piercing en el rostro no le fue asignado curso por parte de los docentes encargados de la coordinación condicionando su admisión al retiro de los piercing. Solicita se ordene la asignación de curso iniciación de clases y su permanencia en la institución sin discriminación de ningún tipo. Legitimación en la causa para promover la presente acción de tutela. Doctrina constitucional sobre el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad frente a las normas contempladas en los manuales de convivencia de los planteles educativos. Los reglamentos estudiantiles al igual que todos los ordenamientos deben estar acordes en su contenido con los valores principios y derechos consagrados en la constitución. En el presente caso la vulneración del derecho fundamental radica en la limitante establecida en el manual del convivencia del colegio que contempla algunos lineamientos que deben seguir los estudiantes en relación a su presentación personal que resultan contrarios a la Constitución.

2009-06-23

T-412/09

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

T-2220855 

Derechos a la dignidad, unidad familiar, salud, vida e integridad personal demandados a favor de interna del establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar que, de acuerdo con el dicho de su madre, se encuentra en un estado de deterioro y confinamiento, pues ha sido recluida en un calabozo aislado en razón de las amenazas de las que ha sido victima por parte de otras compañeras. La madre reclama a su nombre el traslado de establecimiento.  La especial protección del goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Además de las restricciones derivables de la situación de singular sujeción frente al estado en la cual se encuentran las personas recluidas, se ha admitido su merecimiento de un tratamiento que atienda a ello, es decir, un deber positivo en cabeza del estado, del cual estos gozan. En consonancia, las medidas que adopten dichos establecimientos en ejercicio de sus facultades deben ser razonables y proporcionadas. 
Una vez evaluada la particular condición de la interna, la sala determino la irrazonabilidad y desproporción de la medida adoptada, pues las autoridades pueden acudir a otras medidas de más idoneidad a fin de proteger los derechos de la mujer en cuestión.  Así, se ordenó de manera inmediata la suspensión de la situación de aislamiento en la que se encuentra la interna. 

 

2009-07-07 

 

T-439/09

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 

 

T-2008189 

Derechos vulnerados a la propia imagen, a la intimidad y derechos de los niños. La accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales que fueron vulnerados, debido a un documental que público caracol t.v., llamado “Colombia vive 25 años de resistencia”, en donde no se tuvo en cuenta la petición que realizó la accionante en el año de 1996, (cuando concedió la entrevista) de mantener bajo reserva su identidad, esta situación doce años después le causó graves perjuicios por que su familia no tenía conocimiento de las declaraciones que ella dio, por lo tanto sus hijos y su esposo se encuentran gravemente afectados y esto ha generado la descomposición familiar. Caracol niega su responsabilidad al igual que la revista semana y el señor Mauricio Gómez escobar quien se encontraba a cargo de la producción del documental, además alegan que la accionante no ha solicitado a ninguno de los medios de comunicación la rectificación. El periodista que realizo la entrevista es vinculado, en su respuesta al requerimiento hecho por esta corporación, alega que la accionante en ningún momento solicito la reserva de su identidad en la entrevista. Para la sala en este caso no es necesario agotar el requerimiento de la rectificación ya que la información no era inexacta, ni falsa. La corte encuentra afectados los derechos tanto de la accionante como los de sus hijos, ya que a pesar de la incertidumbre de si se dio o no consentimiento, debe entenderse que los medios de comunicación no pueden violentar la “sensibilidad” de las personas que pudieran hacer parte de documentales públicos.

 

2010-04-30 

 

T-310/10

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

 

T-2570939

Salud, vida digna, salud sexual femenina. La accionante solicita se ordene a su EPS, autorizar la cirugía ordenada por su médico tratante denominada ninfo plastia que consiste en la reconstrucción de sus labios vaginales ya que su sufre de hipertrofia de labios menores, dicha cirugía le ha sido negada por el comité técnico científico por no encontrarse incluida en el pos, además el comité considera que no se evidencia el objetivo funcional del procedimiento. La sala realiza un recuento jurisprudencial sobre las cirugías plásticas, en casos reconstructivos y estéticos, se constata que las evaluaciones llevadas a cabo por el médico tratante y avaladas por el comité técnico científico no permiten establecer con claridad si el problema del accionante es una cuestión que afecta gravemente su salud, por lo tanto se ordena realizar una nueva valoración médica, considerando en forma especial la salud reproductiva y sexual de la accionante y en caso de que el servicio sea requerido ordenar su práctica.

 

2010-08-05 

 

T-614/10

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

 

T-2640111

Dignidad humana, vida, salud, agua potable. La accionante comenta que es madre cabeza de familia de ocho hijos y que debido a su precaria situación económica no ha podido cancelar el valor, del servicio público de agua, por lo cual dicho servicio le fue suspendido, solicita se ordene la reconexión del mismo debido a su precaria situación económica. La sala pasa a pronunciarse sobre la naturaleza jurídica del derecho al agua potable, el derecho a la continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios cuando sus usuarios son sujetos de especial protección constitucional, se concluye que la empresa de servicios públicos vulneró los derechos de la accionante ya que la prestación servicio de agua tiene por objeto la satisfacción de sus necesidades básicas, de alimentación y salubridad, tanto la accionante como sus hijos son sujetos de especial protección, el núcleo familiar se encuentra en una precaria situación económica que les impide el pago de la obligación contraída y no se ha reconectado fraudulentamente el servicio, por lo tanto se ordena reconectar el servicio público.

 

2006-09-27

C-804/06

JAIME CORDOBA TRIVIÑO

D-6202

Código civil artículo 33 (parcial). Definiciones de varias palabras de uso frecuente en las leyes. Hombre. El actor considera que la norma demandada desconoce el preámbulo y los artículos 2 4 13 43 y 93 de la Constitución de 1991 al igual que el artículo 1 de la declaración universal de los derechos humanos la Convención Americana sobre derechos humanos el protocolo facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la carta de las naciones unidas. Opina que se adopta una definición excluyente de las mujeres que no concuerda con el desarrollo que en materia de no discriminación por razones de genero ha tenido lugar en el mundo y en Colombia. Integración de la unidad normativa. Evolución del rol social de la mujer y los derechos de la mujer en el ordenamiento constitucional colombiano y en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. En virtud del rol de las mujeres en la sociedad actual no tienen cabida en el ordenamiento jurídico colombiano disposiciones que establecen tratos discriminatorios aun cuando se trate de regulaciones dirigidas a protegerlas. Poder instrumental y simbólico del lenguaje jurídico. Potencial transformador del lenguaje jurídico y de la cultura jurídica. La expresión "hombre" como es utilizada en la definición del artículo 33 del código civil constituye un vocablo que en lugar de incluir a las mujeres las excluye. Inexequibilidad del artículo 33 del código civil salvo el aparte: “la palabra persona en su sentido general se aplicara a individuos de la especie humana sin distinción de sexo". Que se declara exequible 

 

2011-11-03 

T-841/11 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

T-3130813 

Dignidad humana, integridad personal, libre desarrollo de la personalidad. La acción de tutela es presentada por el padre de una menor de 12 años, que resultó embarazada como producto de una relación sexual sostenida con su novio, un joven menor de edad de dieciséis años. Cuando la menor tenía catorce semanas de gestación fue a la E.P.S. Demandada y luego de valoración médica se expidió un certificado en el cual se señaló que existía riesgo en la salud emocional y física de la gestante, por presentar frustración y depresión y por peligro de complicaciones obstétricas. Tras valoración psiquiátrica por parte de un profesional no adscrito a la e.ps., se diagnosticó que la menor presentaba una reacción depresivo/ansiosa al embarazo no deseado, determinando que la continuación del mismo afectaba la salud mental de la menor. A las quince semanas de gestación la gineco-obstetra vinculada a la I.P.S. Certificó que la continuación del embarazo representaba un riesgo para la salud física, mental y social de la menor, por enfrentar los múltiples riesgos. La menor formuló varias solicitudes para que le fuera realizada la interrupción voluntaria del embarazo, pero no obtuvo respuesta alguna, ni le fue practicado el procedimiento requerido. En sede de revisión la sala tuvo conocimiento de que la menor embarazada dio a luz, hecho que configuró la carencia actual de objeto por la ocurrencia de un daño consumado, pero aún así, la sala analizó a profundidad el caso para establecer la procedencia del resarcimiento de daños y la declaratoria de posibles responsabilidades. Entre otras medidas, se decidió condenar en abstracto a la E.P.S. A pagar el daño emergente y todos los perjuicios causados a la menor, los cuales debe reparar en su integridad. De la misma forma se le previno para que en adelante responda oportunamente las solicitudes de ive y se abstenga de exigir requisitos adicionales a los fijados en la sentencia c-355/06de manera general, se sientan las bases sobre la obligatoriedad de reservar la identidad de las mujeres que interponen acción de tutela para exigir su derecho fundamental a la ive.  

2006-05-22 

T-388/09

CLARA INES VARGAS HERNANDEZ 

T-1304885 

Derecho al debido proceso de medico anestesiólogo que participo en una cirugía maxilofacial de joven que falleció con posterioridad habiéndosele iniciado investigación penal que culminó con la condena por el delito de homicidio culposo y a quien las instancias judiciales no le tuvieron en cuenta las pruebas que descartaban su responsabilidad penal por ser allegadas extemporáneamente o porque fueron decretadas pero no practicadas en el curso del proceso. Acción de tutela contra providencias judiciales. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Defecto procedimental como vía de hecho. La acción de tutela para controvertir interpretaciones judiciales. No toda vía de hecho reúne las características necesarias para incoar la acción referida porque para que sea viable requiere no sólo que se afecte un derecho fundamental sino que además se presente cierta gravedad e inminencia en la vulneración o amenaza." requisitos que no basta con que sean alegados sino que deben acreditarse o evidenciarse en cada caso concreto. Cuando como en el caso que se estudia la prueba es decretada y no practicada ésta se está negando de hecho sin que la persona interesada en ella pueda ejercitar los recursos que sí puede interponer cuando ha sido negada de acuerdo con el discernimiento del juez respecto de su pertinencia necesidad etc. Enfatiza el menoscabo que sufrió el demandante en su derecho fundamental del debido proceso y refuerza las tesis de esta sala.

 

2011-05-04 

T-319/11

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

T-2906284

Unidad familiar, derecho a tener una familia y no ser separada de ella. . La accionante se encontraba recluida en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Valledupar desde el 14 de octubre de 2009 y por orden del Inpec, el 27 de marzo de 2010, fue trasladada a la reclusión de mujeres de Bucaramanga en girón (Santander). La actora tiene dos hijos menores de edad, los cuales están bajo el cuidado de una persona ajena al núcleo familiar y quienes, dado la lejanía del lugar de reclusión en el que ahora se encuentra su madre, no pueden visitarla constantemente, hecho que los ha llevado a presentar inestabilidad emocional, ansiedad, inapetencia y desmotivación escolar. La demandante solicita que vía tutela se ordene su traslado al establecimiento carcelario de Valledupar, para poder facilitar un acercamiento con sus hijos. Para decidir, la sala desarrolla algunos aspectos relacionados con: 1º. El derecho fundamental y prevalerte de los niños a tener una familia y no ser separado de ella. 2º. La garantía a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad, especialmente ante la presencia de hijos menores de edad y 3º. Límites a la facultad discrecional del Inpec para los traslados de los recursos. Dada la particular situación en que se encuentran los hijos de la accionante, se decide amparar los derechos invocados y ordenar a la accionada que proceda a trasladar a la demandante al establecimiento penitenciario y carcelario de Valledupar, con observancia de las normas que regulan la materia. Así mismo, se ordena al icbf que previa verificación del estado físico, psicológico y familiar de los menores, se adopten medidas de protección conducentes al restablecimiento de los derechos que pudieran estar vulnerados o amenazados. 

 

2012-08-10 

T-627/12

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

T-2403984

En este caso 1280 mujeres interpusieron la acción de tutela en contra del procurador general de la nación y las procuradoras delegadas para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia y para la función pública, planteando el asunto como un caso de violación del derecho a la información. Específicamente, como un caso de vulneración de una de las dimensiones de este derecho, cual es la de recibir información veraz e imparcial. Las demandantes sostienen que los accionados han emitido de manera continua y sistemática una serie de pronunciamientos que incluyen información inexacta o tergiversada, relacionada con los derechos reproductivos de las mujeres, lo que produce confusión y desinformación generalizada. Plantearon además, violaciones o amenazas a otros de sus derechos fundamentales, básicamente a los reproductivos o a aquellos relacionados con éstos. La sala dividió sus consideraciones según los siete asuntos respecto de los cuales las peticionarias estiman amenazados o violados sus derechos fundamentales, así: 1º. Las órdenes de la sentencia t-388/09, 2º. Los efectos de la nulidad interpuesta en contra del mismo fallo, 3º. La naturaleza de la AOE (anticoncepción oral de emergencia) 4º. El carácter de derecho de la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) y las obligaciones de la superintendencia de salud frente al mismo, 5º. Los efectos de la suspensión provisional del decreto 444 de 2006 en relación con la objeción de conciencia a la IVE, 6º. La existencia y alcance del derecho a la vida del nasciturus y 6º la inclusión del misoprostol en el pos. Se concede el amparo por la violación y/o amenaza de los derechos fundamentales de las actoras al acceso a los servicios de salud reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la salud física y mental, a la IVE y la información en materia reproductiva y se ordena al procurador general de la nación y a la procuradora delegada para los derechos de la infancia y la adolescencia, hacer una serie de rectificaciones relacionadas con la forma de referirse a las campañas ordenadas en la sentencia t-388/09y a la obligación de la superintendencia de salud de remover obstáculos para el acceso al IVE. Así mismo, se ordena modificar la posición oficial de la entidad respecto a la AOE, modificar algunos apartes de las circulares 029 de 2011 y 021 de 2011 relacionadas a la objeción de conciencia a la IVE y, se ordena a la comisión nacional de salud que levante la suspensión de la decisión acerca de la inclusión del principio activo misoprostol en el pos y continuar su trámite desde la etapa en la cual fue suspendido

 

2012-08-10 

T-628/12

HUMBRTO ANTONIO SIERRA PORTO

T-2403984

Igualdad, dignidad humana, salud, seguridad social, intimidad, debido proceso. La accionante se desempeñó durante veintiún años como madre comunitaria y aduce que el ICBF determinó cerrar su hogar comunitario aduciendo el mal desempeño de sus labores, las quejas de algunos padres de familia y algunas deficiencias locativas del lugar. A juicio de la actora, la verdadera motivación fue el conocimiento que tuvo la institución sobre su condición de portadora del V.I.H., ya que a partir de ese momento, fue que inició una persecución laboral que concluyó con el cierre del hogar comunitario. En la demanda de tutela solicita que se declare la existencia de un contrato realidad y, que de manera consecuente, se ordene el pago de una pensión sanción, el pago de un incidente de reparación y su inscripción en el régimen de seguridad social. La sala de revisión previamente establece y analiza el régimen jurídico del programa hogares comunitarios de bienestar, el de las madres comunitarias de este programa y el del cierre y reubicación de los hogares comunitarios. De manera posterior delimita los hechos de la demanda y por último, se pronuncia sobre los siguientes tópicos: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir actos administrativos. 2º. Jurisprudencia constitucional sobre la violación de derechos fundamentales a causa de la discriminación de las personas portadoras del VIH y su aplicabilidad a las madres comunitarias. 3º. La condición de portador del VIH o de enfermo de sida como información protegida por el derecho a la intimidad y, 4º. Naturaleza de la relación entre el estado y las madres comunitarias según las normas legales y reglamentarias vigentes frente al derecho a la igualdad sexual y la obligación estatal de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Se decide conceder el amparo solicitado, dejar sin efectos el acto administrativo que decretó el cierre definitivo del hogar comunitario a cargo de la actora e impartir una serie de órdenes al ICBF para que haga efectivo el goce de los derechos fundamentales amparados. De manera simultánea se ordena al ICBF, que de forma inmediata inicie, lidere y coordine un proceso interinstitucional y participativo de diseño y adopción de todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar que, de forma progresiva pero pronta, las madres comunitarias de tiempo completo del programa de hogares comunitarios de bienestar, devenguen al menos el salario mínimo legal mensual vigente.  

 

2012-12-12 

T-1078/12

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

T-3331859

En este caso la sala de revisión entró a determinar si los derechos de la peticionaria a la identidad, a la familia, a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la libertad, a la integridad sexual y a la dignidad humana, entre otros, fueron vulnerados por el accionado, al parecer, por haberla extraído de su casa cuando era una niña de aproximadamente siete años de edad, por haberla forzado a realizar trabajo doméstico

 

2013-06-13 

C-335/13

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

D-9415

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 9º de la ley 1257 de 2008. El actor demandó la expresión “para fomentar la sanción social” por considerar que vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113, 116, 228 y 229 de la constitución. Argumenta que, al permitirse la aplicación directa de sanciones por la sociedad se vulneraría los principios de legalidad y seguridad jurídica, al no determinarse los criterios para la imposición de la sanción y además se pondría en peligro la convivencia pacífica de los ciudadanos, al permitirse que los particulares apliquen sanciones. Se analiza la siguiente temática: 1º. La discriminación y la violencia contra las mujeres. 2º. La protección de la mujer contra la discriminación y la violencia a nivel internacional. 3º. La evolución del reconocimiento de los derechos de la mujer. 4º. La protección especial de la mujer en la jurisprudencia de la corporación y, 5º. El control social y las sanciones sociales en el estado social de derecho. La corte concluyó que las medidas de sanción social que la norma acusada permite fomentar a las autoridades, configuran formas de control social informal que no tienen que estar tipificadas y constituyen un desarrollo directo de normas del derecho internacional de los derechos humanos. Exequible.

 

2013-09-13

T-634/13

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

T-3900495

Acción de tutela en contra de una empresa de masajes para reclamar la protección de derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana, los que se consideran vulnerados por la accionada, en tanto se negó a retirar de la red social Facebook y de otros medios de publicidad, varias fotografías comprometedoras que, si bien ella previamente había autorizado su publicación con fines publicitarios, en la actualidad considera, que afecta los derechos invocados. La sala de revisión resuelve el caso luego de analizar la siguiente temática: 1º. Parámetros sobre el derecho a la imagen en la jurisprudencia constitucional. 2º. Alcances constitucionales de la autorización para el uso de la propia imagen. 3º. Riesgos de las redes sociales para los derechos fundamentales. 4º. Los derechos a la intimidad, honora y buen nombre y 5º. Tensión entre las autorizaciones generales para el uso de la propia imagen y el derecho a la autodeterminación que tienen todas las personas y en especial de las mujeres respecto de su propia imagen.

 

 

2014-07-03

T-434/14

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

T-4252805

La defensora regional del magdalena medio reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida, a la dignidad humana y a la integridad física, en favor de una mujer y de sus tres hijas menores de edad que denunciaron ser víctimas de violencia intrafamiliar, a raíz de los actos de humillación y agresiones verbales y físicas de parte del compañero permanente de la agenciada. Se atribuye la vulneración de derechos a la fiscalía general de la nación, a la policía nacional y a la E.P.S. Cafesalud, por el incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales con las víctimas de dicha modalidad de violencia. Se abordan los siguientes temas: 1º. La agencia oficiosa. 2º. El principio constitucional de protección especial a la mujer y su fundamentación desde los instrumentos del derecho internacional que lo consagra. 3º. Obligaciones constitucionales e internacionales que se encuentran en cabeza de los estados dirigidos a velar por el cumplimiento de dicho principio, especialmente en escenarios de violencia intrafamiliar. 4º. Obligaciones específicas para con las mujeres víctimas de la citada modalidad de violencia que se encuentran a cargo de la fiscalía general de la nación, la policía nacional, las comisarías de familia, la defensoría del pueblo y el sistema general de seguridad social en salud. Se concede. 

 

2014-09-11

T-685/14

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

T-4362024

Se pretende con la acción de tutela que las demandadas, en su condición de hijas de la accionante, cumplan con el pago mensual de la cuota alimentaria que fue acordada mediante acta de conciliación por alimentos suscrita en una comisaría de familia, en la que se pactó que cada una de las hijas le suministraría mensualmente a su progenitora, una suma equivalente a $50.000. La accionante tiene setenta años de edad, se encuentra afiliada en el régimen subsidiado de salud, está clasificada en el nivel i del Sisbén, presenta problemas de salud que le impiden trabajar y según su criterio, vive “arrimada” en casa de una recicladora. Se analiza la siguiente temática: 1º. Presupuestos procesales de la acción de tutela contra particulares. 2º. La pensión de alimentos o cuota alimentaria en adultos mayores. 3º. La conciliación extrajudicial como medio eficaz para ordenar la cuota alimentaria de un adulto mayor. 4º. La afectación al mínimo vital cuando se omite el pago de la cuota alimentaria en personas adultos mayores y, 5º. La protección constitucional a las personas adultos mayores. Se tutelan los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna. Se ordena a las accionadas pagar las cuotas pactadas voluntariamente y dejadas de cancelar y, se les recuerda el deber legal y moral que tienen frente a su señora madre, en virtud de la cual deben cumplir de manera oportuna con el valor acordado. Se ordena a la alcaldía de Bogotá realizar una evaluación socioeconómica a la actora, e incluirla como beneficiara de los centros de vida y en los programas de subsidio para adultos mayores. 

2014-12-15

T-967/14

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

T-4143116

Se promueve la acción de tutela en contra del despacho judicial que profirió sentencia en el proceso de divorcio iniciado por la accionante en contra de su cónyuge. Se aduce, que el fallo incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y en violación directa de la Constitución, en virtud de que el Juez tenía suficientes elementos probatorios como testimonios y peritajes, que le permitían inferir la configuración de la causal 3ª de divorcio del artículo 154 del Código Civil, referente a los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. A juicio de la actora, el operador jurídico dejó de valorar las pruebas documentales y testimoniales que daban cuenta de las diversas situaciones en las que su esposo la agredió a partir insultos, gritos, actitudes celosas y posesivas, al igual que con agresiones verbales y físicas. Se alega, la vulneración de los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la intimidad, a la libertad del movimiento ya la protección de la familia, al igual que la trasgresión de la Constitución, en cuanto consagra la protección de la familia y la integridad de la mujer en igualdad de condiciones. Se analizan los siguientes temas: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. La violencia contra la mujer como una forma de discriminación. 3º. La violencia doméstica o intrafamiliar y psicológica y, 4º. La administración de justicia en perspectiva de género. La Corte concluye que, el juzgado accionado incurrió en defecto fáctico y violación directa de la Constitución, al emitir la sentencia dentro del proceso de divorcio, bajo argumentos que contribuyen a perpetuar la violencia y la discriminación contra la mujer y a invisibilizar la violencia doméstica y psicológica que padecía la accionante al interior de su hogar. Se TUTELAN los derechos fundamentales invocados, se deja sin efecto la sentencia atacada y, se ordena al juzgado demandado proferir un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta todas las consideraciones de esta providencia, referentes al principio de igualdad y no discriminación por razón del sexo y la especial protección que merece la mujer víctima de cualquier tipo de violencia. Se exhorta al Congreso y al Presidente de la República para que, de acuerdo a sus respectivas funciones, emprendan las acciones pertinentes que permitan configurar los patrones culturales discriminatorios y los estereotipos de género presentes aún en los operadores de justicia en Colombia. Se destaca la orden dada al Consejo Superior de la Judicatura, para que exija la asistencia obligatoria de todos los jueces del país de la jurisdicción de familia, a las capacitaciones sobre género que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ofrezca.