DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA


REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS REFERIDAS AL DERECHO  DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 

 

FECHA SENTENCIA

 

SENTENCIA

 

PONENTE

EXPEDIENTE

TEMA

1994-03-14 

 

T-123/94

VLADIMIRO NARANJO MESA

T-23708

Der. A la integridad física. Violencia física de padre a hija. Corrección paterna. Negada pero procede la protección inmediata del I.C.B.F. 

1994-08-31 

 

T-382/94

HERNANDO HERRERA VERGARA

T-41445

Tutela contra un particular. Protección a la familia. Protección a la vida y a la integridad. Violencia sexual entre cónyuges. Concedida

1994-11-02 

 

T-487/94

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

T-46268

Der. A la integridad personal. Violencia y maltratos entre cónyuges. Respeto como base de la convivencia familiar. Concedida

1994-12-02 

 

T-552/94

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

T-46517

Der. A la vida. Der. A la integridad personal. Maltratos entre cónyuges e hijos. Concedida

1995-03-03 

 

T-098/95

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

T-50862

Obligaciones económicas y morales de los padres. Medio de defensa judicial. Negada

1995-04-25 

 

T-181/95

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

T-56099

Der. A la vida. Der. A la integridad personal. Der. A tener una familia. Violencia familiar. Concedida. 

 

1995-09-29 

 

T-436/95

FABIO MORON DIAZ

T-74953

Der. A la vida e integridad personal. Violencia entre cónyuges. Concedida

1995-11-29 

 

T-557/95

HERNANDO HERRERA VERGARA

T-82362

Der. A la vida. Der. A la integridad personal. Violencia entre cónyuges. Concedida

1996-09-04 

 

C-408/96

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

LAT 064 

 

Ley 248/95. Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Exequible

1996-09-09 

 

T-420/96

VLADIMIRO NARANJO MESA

T-97623

Violencia familiar. Estado de indefensión. Ders. De los niños. Der. A la educación. Der. A la vida. Tutela transitoria. Ley 294/96. Concedida

1996-10-08 

 

T-507/96

HERNANDO HERRERA VERGARA

T-100742 Y OTROS

Der. A la vida y a la integridad personal. Violencia familiar. Medio de defensa judicial. Ley 294/96. Negada

1997-06-05 

 

C-285/97

CARLOS GAVIRIA DIAZ

D-1499

Ley 294/96. Arts. 22 y 25. Violencia intrafamiliar. Violencia sexual entre cónyuges. Exequible e inexequible

1997-12-03 

 

C-652/97

VLADIMIRO NARANJO MESA

D-1703

Ley 294/96 art. 9 parcial. Violencia intrafamiliar. Presentación de la petición de protección. Termino exequible

2003-10-21 

 

C-962/03

ALFREDO BELTRAN SIERRA 

 

LAT-234 

 

Ley 800 de 2003. Convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional. Protocolo para prevenir reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños. Decomiso e incautación de bienes utilizados en la comisión

2005-02-01 

 

C-059/05

CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ 

 

D-5244

Ley 575 de 2000 arts. 1 parágrafo y 5 (parcial). Reforma parcialmente la ley 294 de 1996 violencia intrafamiliar. Competencia de los jueces de paz y los conciliadores en equidad. Jurisdicción de paz y la conciliación en equidad como mecanismos alternos y complementarios de solución de conflictos. La violencia intrafamiliar no demanda del estado exclusivamente una respuesta de carácter represivo. Exequibles el parágrafo 1 dela artículo 1 y las expresiones "deberá presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a su acaecimiento" del artículo 5º de la ley 575 de 2000

2005-06-30 

 

C-674/05

RODRIGO ESCOBAR GIL

D-5529

Ley 882 de 2004 articulo 1 (parcial). Modifica el artículo 229 de la ley 599 de 2000. Violencia intrafamiliar. La supresión a la referencia al maltrato sexual como elemento de tipo penal. La violencia intrafamiliar. La violencia familiar es un grave problema social que afecta a amplios segmentos de la población y constituye una clara violación de los derechos humanos de las víctimas. Régimen legal de la violencia intrafamiliar en Colombia. La norma demandada no es contraria al principio de igualdad. La disposición acusada no comporta una omisión legislativa contraria a la constitución. Error en la remisión normativa para cuya corrección no es vía la acción de inconstitucionalidad. Se está ante un problema de aplicación de la norma para lo cual los operadores jurídicos deberán tener en cuenta que existió claridad en el propósito legislativo. Exequibles

2005-08-09

C-820/05

CLARA INES VARGAS HERNANDEZ 

D-5591

Ley 599 de 2000 artículos 188 (parcial modificado por el artículo 1 de la ley 747 de 2002) y 188a (parcial artículo nuevo adicionado por el artículo 2 de la ley 747 de 2002). Se expide el código penal. Del tráfico de migrantes. Trata de personas. El principio de legalidad de la pena el principio de favorabilidad penal y el bloque de constitucionalidad en esta materia. La pena de multa en la jurisprudencia constitucional y la necesidad de que los elementos esenciales deban estar determinados en una ley previa. Las expresiones acusadas se ajustan a las disposiciones constitucionales consideradas infringidas por el actor en la medida que la cuantía de la multa establecida en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia condenatoria son factores que se establecen con antelación a la imposición de esta sanción. No se desconoce el principio de la legalidad de la pena ni mucho menos se está frente a una violación del principio de favorabilidad penal como tampoco de los tratados internacionales que contienen estos principios y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Exequibles

2005-08-10 

 

C-822/05

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 

 

D-5549

Ley 906 de 2004 artículos 247 248 249 y 250. Se expide el código de procedimiento penal. Inspección corporal registro personal obtención de muestras que involucren al imputado y procedimiento en caso de lesionados o víctimas de agresiones sexuales. La demandante considera que las disposiciones demandadas son violatorias de los artículos 1 2 4 9 12 15 16 28 29 93 y 250 de la carta así como de varios artículos de la declaración universal de los derechos del pacto internacional de los derechos civiles y políticos de la convención americana sobre derechos humanos y del estatuto de la corte penal internacional. Alcances constitucionales a la potestad de configuración del legislador en materia penal y el principio de proporcionalidad en la limitación de los derechos. La ponderación en el ámbito probatorio. La ponderación en materia probatoria mediante la aplicación de juicios de razonabilidad y de proporcionalidad es particularmente pertinente dado que en dicho acto se distingue entre tres grandes clases de medidas encaminadas al recaudo de elementos materiales probatorios: (i) las que siempre requieren autorización judicial previa (ii) las que no requieren dicha autorización y (iii) las que pueden llegar a requerirla. Las inspecciones y registros corporales en el derecho comparado y la aplicación del juicio de proporcionalidad como método de ponderación. La necesidad de autorización judicial previa. La inspección corporal prevista en el artículo 247 de la ley 906 de 2004. Aun cuando la inspección corporal está orientada a la recuperación de elementos materiales probatorios que aseguren estos fines imperiosos tales fines planteados de manera abstracta no aseguran que la autorización de la práctica de la inspección corporal para la investigación de cualquier delito sea proporcionada. A mayor sea la incidencia de la medida en los derechos del individuo mayor peso deberán tener los factores que determinan el peso del bien jurídico tutelado y de los derechos de las víctimas. El registro personal previsto en el artículo 248 de la ley 906 de 2004. El juez de control de garantías podrá autorizar el registro corporal solicitado por del fiscal o negarse a acceder a la solicitud. La obtención de muestras que involucren al imputado prevista en el artículo 249 de la ley 906 de 2004. La obtención de muestras del implicado plantea un problema relacionado con la protección del derecho a la intimidad. Corporales del imputado. El procedimiento para el reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas previsto en el artículo 250 de la ley 906 de 2004. Debido a las implicaciones que tienen los delitos contra la libertad sexual o la integridad física para las víctimas éstas tienen el deseo de borrar de su cuerpo las huellas dejadas por el delito. Encuentra la corte que esta restricción a la autonomía de la víctima es inconstitucional porque desvaloriza el consentimiento de la víctima y la expone a una doble victimización. Inhibida de pronunciarse acerca de la constitucionalidad del parágrafo del artículo 249 de la ley 906 de 2004. Exequibilidad condicionada e inexequible

2006-04-25 

 

C-322/06

MARCO GERARDO MONROY CABRA 

 

LAT-283

Ley 984 de 2005. Se aprueba el protocolo facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer adoptado por la asamblea general de las naciones unidas. Tramite de la ley 984 de 2005. La corte concluye que la ley fue regularmente aprobada y sancionada. Descripción del contenido general del protocolo facultativo de la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y examen material de constitucionalidad. Exequibles

2008-10-23 

 

T-1037/08

JAIME CORDOBA TRIVIÑO 

 

1829618

Derecho a la vida, integridad personal, debido proceso y a la familia de la accionante que por su actividad como periodista e investigadora, viene siendo objeto de amenazas, hostigamientos, persecuciones y torturas psicológicas desde el año 2001 y manifiesta que en varias ocasiones se ha podido comprobar la participación de organismos de seguridad del estado en la amenazas mencionadas, hechos que han sido puestos de presente en informaciones y denuncias tanto públicas como judiciales. La accionante se encontraba en un nivel de riesgo extraordinario, después de que su conductor del carro blindado renunció, ella comenzó a manejarlo directamente pues no le nombraban un conductor de confianza, por lo que le cambiaron el esquema de seguridad "duro" por uno "blando", fundado no en una variación del riesgo existente, sino por manejar personalmente el vehículo y le suspendieron las medidas de protección. El derecho de las personas víctimas de amenazas o violaciones a los derechos humanos al reconocimiento público y sin vacilaciones de tal situación. Estudio del cambio del esquema de seguridad, desde la perspectiva del derecho a la seguridad personal. Derecho de acceso a los datos personales que reposan en los archivos del estado, con excepción de aquellos que se encuentren expresamente reservados por efecto de una ley compatible con la constitución. Existe preocupación por el hecho de que las personas asignadas a la protección de un periodista estén llevando a cabo actividades de inteligencia, en contravía de la función natural de ese servicio lo que vulnera los derechos de la peticionaria. Concedida

2010-09-29 

 

C-776/10

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO 

 

D-8027

Ley 1257 de 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la ley 924 de 1996 y se dictan otras disposiciones”, artículos 13 y 19, el artículo 13 regula las medidas que se deben tomar en el ámbito de la salud, en el caso de violencia contra las mujeres, el aparte demandado es el siguiente “reglamentará el plan obligatorio de salud para que incluya las actividades de atención a las víctimas que corresponden en aplicación de la presente ley, y en particular aquellas definidas en los literales a) b) y c) del artículo 19 de la misma”, y el artículo 19 regula las medidas de atención previstas en la ley para evitar que las atenciones que reciba la víctima y el agresor sean proporcionadas en el mismo lugar, los apartes acusados son los siguientes “a través del sistema general de seguridad social en salud. Las empresas promotoras de salud y las administradoras del régimen subsidiado” “la aplicación de estas medidas se hará con cargo al sistema general de seguridad social en salud”, la demandante considera que los apartes acusados vulneran los artículos 48, 49 y 209 de la constitución, ya que los gastos del sector de la salud tienen una sola destinación y las disposiciones demandas confieren a los recursos de salud una destinación diferente a la establecida en la constitución, ya que los servicios de hotelería y comida para la víctima de agresión sexual y sus familiares no guarda relación con la recuperación de la salud por lo tanto considera que el legislador violó la reserva constitucional establecida para los recursos de la seguridad social en salud. La corte se pronuncia sobre la violencia contra la mujer como fenómeno socio-jurídico, la protección a la mujer en el derecho internacional, la protección a la mujer en el derecho colombiano, el ámbito constitucional del derecho a la salud, la potestad de configuración legislativa en materia de seguridad social en salud y las prestaciones de alojamiento y alimentación, la sostenibilidad del sistema general de seguridad social en salud y su impacto en los proyectos de ley, se encuentra que los congresistas presentaron el proyecto de ley con argumentos económicos basados en distintas fuentes, sin embargo el ministerio de hacienda, se opuso a la viabilidad fiscal de la iniciativa, por lo que el congreso decidió disminuir el impacto fiscal mediante la adopción de medidas menos onerosas, los estudios y recomendaciones elaborados por el ministerio de hacienda y crédito público servirán al ministerio de la protección social para expedir los actos administrativos que, se requieren para la implementación de prestaciones de alojamiento y alimentación a favor de las mujeres víctimas de la violencia, se concluye que las expresiones impugnadas no desconocen las previsiones del los artículos 48 y 49 de la constitución política, por cuanto, las prestaciones de alojamiento y alimentación establecidas a favor de la mujer víctima de violencia hacen parte del derecho a la salud y el legislador en ejercicio legítimo de sus potestades, ha decidido que los recursos para proveer tales prestaciones estarán a cargo del sistema general de seguridad social en salud, se decide declarar las normas acusadas exequibles

2011-12-15

T-973/11

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

T-2477844

 

Debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, dignidad humana. Tutela contra providencia judicial. La acción constitucional se instaura en representación de una persona discapacitada y desplazada, quien siendo menor de edad fue víctima del delito de acceso carnal abusivo La demandante promueve la tutela en contra de la Fiscalía 21 Seccional de Cartagena, al considerar que dicha autoridad vulneró derechos fundamentales de la representada, en cuanto ordenó la preclusión de la investigación penal, sobre la base de no haber obtenido el testimonio de la víctima, a sabiendas de que la misma padece retardo mental y no fue debidamente citada a la correspondiente diligencia. Para la actora, la decisión del ente acusador constituye una vía de hecho por defecto fáctico, en tanto dejó de desplegar todo su actuar en orden de esclarecer los hechos delictivos, buscar la verdad y determinar la responsabilidad del implicado. A su juicio, la demandada trasladó de manera injustificada y desproporcionada la carga de la prueba a la víctima, sin percatarse de que es un sujeto de especial protección constitucional debido a su indefensión y vulnerabilidad. La Sala encuentra que la decisión adoptada por autoridad accionada, al dictar resolución de preclusión de la investigación, no sólo adolece de un defecto fáctico, sino que se enmarca dentro de un defecto procedimental absoluto, que generó vulneración de derechos fundamentales de la representada.

 

2012-07-06 

T-523/12

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

T-2587412 

En el presente asunto la corte analiza posible violación de los derechos fundamentales de dos miembros del resguardo de cristianía del municipio de jardín (Antioquia), al haber sido condenados por las autoridades tradicionales indígenas del resguardo a pena privativa de la libertad por el delito de concierto para delinquir. A juicio del actor, se presentaron irregularidades durante el procesamiento punitivo, tales como: a). No seguir el debido proceso de conformidad con el derecho propio del resguardo de cristianía, porque la decisión de imponer la sanción no fue tomada por el consejo de conciliación y justicia, sino por el vicegobernador. B). No se siguió el debido proceso de conformidad con el derecho propio, porque se impuso el castigo sin que mediara investigación o conciliación. C). Los procesados no fueron sancionados de conformidad con el sistema de justicia de la comunidad indígena, sino de conformidad con el código penal colombiano y, d). No se respetó el derecho de defensa. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra las autoridades de una comunidad o pueblo indígena. 2º. Marco constitucional y jurisprudencial para el ejercicio de la jurisdicción indígena en Colombia bajo la constitución de 1991. Al no verificarse las irregularidades procesales invocadas en la acción de tutela se concluye que, no existió la violación al derecho al debido proceso por parte de las autoridades indígenas accionadas. Se confirma la decisión de instancia que denegó el amparo solicitado.

2012-12-12

T-1078/12

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

T-3158818

En este caso la sala de revisión entró a determinar si los derechos de la peticionaria a la identidad, a la familia, a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la libertad, a la integridad sexual y a la dignidad humana, entre otros, fueron vulnerados por el accionado, al parecer, por haberla extraído de su casa cuando era una niña de aproximadamente siete años de edad, por haberla forzado a realizar trabajo doméstico

2013-05-08 

T-261/13

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

T-3672894

Pretende la accionante que se protejan los derechos fundamentales al interés superior del menor, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia que considera vulnerados por las autoridades accionadas, al no ordenarle a su esposo, dentro del trámite de un proceso de violencia intrafamiliar, desalojar la vivienda familiar en aplicación de la medida de protección contemplada en el literal a) del artículo 5º de la ley 294 de 1996, que permite ordenarle al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia. Para la actora, las decisiones atacadas incurrieron en defectos fácticos por ausencia de valoración probatoria, en procedimental absoluto y en falta de motivación. La sala de revisión reitera las pautas jurisprudenciales sobre la procedencia formal de la acción de tutela contra providencias judiciales; hace una caracterización puntal de las causales de procedibilidad material alegadas y recuerda los criterios fijados por la corporación acerca de la garantía del interés superior del menor, específicamente en el escenario del proceso judicial. Se confirman las decisiones de instancia que denegaron la acción de tutela impetrada.

 

2013-06-13

C-335/13

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

D-9415

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 9º de la ley 1257 de 2008. El actor demandó la expresión “para fomentar la sanción social” por considerar que vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113, 116, 228 y 229 de la constitución. Argumenta que, al permitirse la aplicación directa de sanciones por la sociedad se vulneraría los principios de legalidad y seguridad jurídica, al no determinarse los criterios para la imposición de la sanción y además se pondría en peligro la convivencia pacífica de los ciudadanos, al permitirse que los particulares apliquen sanciones. Se analiza la siguiente temática: 1º. La discriminación y la violencia contra las mujeres. 2º. La protección de la mujer contra la discriminación y la violencia a nivel internacional. 3º. La evolución del reconocimiento de los derechos de la mujer. 4º. La protección especial de la mujer en la jurisprudencia de la corporación y, 5º. El control social y las sanciones sociales en el estado social de derecho. La corte concluyó que las medidas de sanción social que la norma acusada permite fomentar a las autoridades, configuran formas de control social informal que no tienen que estar tipificadas y constituyen un desarrollo directo de normas del derecho internacional de los derechos humanos. Exequible.  

2013-08-30

T-595/13

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

T-3821006

 

La vulneración de derechos fundamentales se le atribuye a la autoridad judicial que tramitó un proceso penal por acceso carnal violento con incapaz de resistir, en cuanto despachó desfavorablemente las peticiones elevadas por la accionante, a través de apoderada judicial, para lograr obtener información del proceso penal, participar en él en condición de víctima y constituirse en parte civil, bajo el argumento que el proceso penal era adelantado en contra de un menor de edad y que los derechos de éste prevalecían sobre los de la víctima. En el referido proceso, la víctima constituye un sujeto de especial protección constitucional reforzada, dado que se encuentra en unas condiciones especiales y extremas de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, en cuanto es también víctima de desplazamiento forzado por la violencia, se halla en condición de discapacidad cognoscitiva y es una mujer afrodescendiente. La Corte se refiere a los siguientes temas. 1º. Los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. 2º. Los derechos de las mujeres víctimas de delitos sexuales. 3º. Las medidas adoptadas por la Corte en los autos 092/08, 05/09 y 06/09. 4º. El pronunciamiento de esta Corte en la Sentencia  T-973/11 y, 5º La procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales.

 

2014-06-11    

C-368/14

ALBERTO ROJAS RIOS

D-9960

 

Acción de constitucionalidad contra el artículo 229 de la ley 599 de 2000, modificado por el artículo 33 de la ley 1142 de 2007. El demandante considera que la norma acusada debe ser declarada inexequible, por vulnerar el preámbulo y los artículos 13 y 29 de la constitución política, pues el tipo penal establece sanciones sin atender a la gravedad de las lesiones causadas a la víctima. Igualmente, considera que la expresión “siempre que la conducta no constituya un delito sancionado por pena mayor” desconoce el principio de taxatividad penal, porque genera incertidumbre sobre las conductas constitutivas de maltrato que podrían sancionarse con penas mayores y, cuales por el delito de violencia intrafamiliar. La corte constitucional consideró que existe un deber especial de protección a la familia y, dentro de ella, a quienes por alguna condición son más vulnerables y requieren de medidas de protección reforzada. Señaló, que la unidad y armonía familiar deben ser salvaguardados, entre otras medidas, a través del ejercicio del poder sancionatorio del estado conforme al artículo 42 de la constitución, por lo cual éste está obligado a consagrar una normativa que permita investigar y sancionar cualquier tipo de violencia al interior de la familia. Para tal efecto el legislador tiene la potestad de tipificar como delito las diversas formas de violencia que vulneran la unidad y armonía familiar e incrementar como medida de política criminal los límites punitivos fijados para el delito de violencia familiar descrito en el artículo 229 del código penal, modificado por el artículo 33 de la ley 1142 de 2007. Exequible.

 

2014-07-03

T-434/14

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

T-4252805

 

La defensora regional del magdalena medio reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida, a la dignidad humana y a la integridad física, en favor de una mujer y de sus tres hijas menores de edad que denunciaron ser víctimas de violencia intrafamiliar, a raíz de los actos de humillación y agresiones verbales y físicas de parte del compañero permanente de la agenciada. Se atribuye la vulneración de derechos a la fiscalía general de la nación, a la policía nacional y a la E.P.S. Cafesalud, por el incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales con las víctimas de dicha modalidad de violencia. Se abordan los siguientes temas: 1º. La agencia oficiosa. 2º. El principio constitucional de protección especial a la mujer y su fundamentación desde los instrumentos del derecho internacional que lo consagra. 3º. Obligaciones constitucionales e internacionales que se encuentran en cabeza del Estado dirigidas a velar por el cumplimiento de dicho principio, especialmente en escenarios de violencia intrafamiliar. 4º. Obligaciones específicas para con las mujeres víctimas de la citada modalidad de violencia que se encuentran a cargo de la fiscalía general de la nación, la policía nacional, las comisarías de familia, la defensoría del pueblo y el sistema general de seguridad social en salud. Se concede. 

 

2014-11-11

T-834/14

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

T-4395453

 

La accionante y su grupo familiar tuvieron que desplazarse de su lugar de residencia luego de ser víctimas de ultrajes, torturas, violaciones y amenazas. La Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se negó a inscribirlos en el Registro Único de Víctimas (RUV), argumentando que los hechos en mención ocurrieron por causa diferente a la contemplada en el artículo 3º de la ley 1448 de 2011, ya que se enmarcaron en una situación de violencia generalizada; que las estructuras paramilitares desmovilizadas son catalogadas como organizaciones criminales o delincuencia común, que no se pueden asimilar a formaciones paramilitares contrainsurgentes y; que las organizaciones criminales se caracterizan por ser de carácter multidelictivo y carentes de ideología. Se abordan los siguientes tópicos: 1º. Procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada. 2º. El concepto de desplazado y el derecho a ser incluido en el RUV. 3º. La definición de víctima del conflicto armado en la Ley 1448 de 2011 y la imposibilidad de extenderla, sin más, a la de desplazado por la violencia de la Ley 387 de 1997 y; 4º. La situación de extrema vulnerabilidad de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado.

2014-11-18

T-878/14

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

T-4190881

  

La actora trabajó en la fundación universitaria tecnológico Comfenalco de Cartagena durante cinco años, mediante contrato laboral a término indefinido. Fue despedida debido a que fue víctima de violencia por parte de su compañero sentimental, quien es un estudiante de la misma institución y, porque denunció tales hechos ante la autoridad competente. Su jefe inmediato convocó a una reunión con todas las personas que trabajan en su misma área de trabajo, en la que describió las particularidades de las agresiones sufridas, así como de la denuncia penal que interpuso, sosteniendo que se trataba de un hecho grave para la institución. Por su parte, la entidad educativa argumentó que la decisión unilateral de terminar la relación laboral no tuvo relación con lo sucedido y se fundamentó en el artículo 64 del código sustantivo de trabajo. Aclaró que el incidente de violencia en el que estuvo involucrado la accionante fue particularmente escandaloso y atentó contra la confianza social que distingue la institución. Igualmente aseveró, que tal situación permitió establecer que la disminución del desempeño laboral de la peticionaria se había originado en la relación sentimental que sostenía con un alumno y generaba actuaciones ajenas a la corrección, formalidad y actitud ejemplar que debe imperar en el ambiente académico. La sala se pronuncia acerca de la especial protección que merece la mujer víctima de la violencia de género, en el ámbito internacional y en el derecho interno. Se realiza una breve conceptualización de la violencia de género y se indican las obligaciones que le corresponden al estado, la sociedad y, particularmente, a los empleadores de las mujeres víctimas de agresiones. Se analiza el caso en concreto y se realizan algunas reflexiones en torno a la ocurrencia de prácticas discriminatorias, como la utilización de prejuicios y estereotipos de género, en la administración de justicia, debido a las actuaciones de la fiscalía y el juez de tutela que conocieron el asunto. Se concede la protección a los derechos fundamentales a una vida libre de violencia para las mujeres, a la igualdad y a la intimidad y, se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los mismos. Se exhorta al departamento administrativo de la presidencia del república, para que evalúe la facilidad y oportunidad con la que las mujeres agredidas pueden acceder a las ayudas consagradas en el decreto 2734 de 2012, para que, de ser necesario, adopte las modificaciones pertinentes que impidan la revictimización de la población femenina agredida. 

 

2015-12-15

T-967/14

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

T-4143116

 

Acción de tutela en contra del despacho judicial que profirió sentencia en el proceso de divorcio iniciado por la accionante en contra de su cónyuge. Se aduce, que el fallo incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y en violación directa de la Constitución, en virtud de que el Juez tenía suficientes elementos probatorios como testimonios y peritajes, que le permitían inferir la configuración de la causal 3ª de divorcio del artículo 154 del Código Civil, referente a los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. A juicio de la actora, el operador jurídico dejó de valorar las pruebas documentales y testimoniales que daban cuenta de las las diversas situaciones en las que su esposo la agredió a partir insultos, gritos, actitudes celosas y posesivas, al igual que con agresiones verbales y físicas. Se alega, la vulneración de los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la intimidad, a la libertad del movimiento ya la protección de la familia, al igual que la trasgresión de la Constitución, en cuanto consagra la protección de la familia y la integridad de la mujer en igualdad de condiciones. Se analizan los siguientes temas: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. La violencia contra la mujer como una forma de discriminación. 3º. La violencia doméstica o intrafamiliar y psicológica y, 4º. La administración de justicia en perspectiva de género. La Corte concluye que, el juzgado accionado incurrió en defecto fáctico y violación directa de la Constitución, al emitir la sentencia dentro del proceso de divorcio, bajo argumentos que contribuyen a perpetuar la violencia y la discriminación contra la mujer y a invisibilizar la violencia doméstica y psicológica que padecía la accionante al interior de su hogar.

 

2015-01-27

A-009/15

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

T-025/04

Se hace seguimiento a las órdenes segunda y tercera del auto 092 de 2008, en lo concerniente al traslado de casos de violencia sexual a la fiscalía general de la nación y, a la creación e implementación de un programa de prevención del impacto de género mediante la prevención de los riesgos extraordinarios de género, en el marco del conflicto armado y el programa de prevención de la violencia sexual contra la mujer desplazada y de atención integral a sus víctimas. Lo anterior, en virtud de la persistencia de la violencia sexual contra las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores desplazadas, con ocasión de su condición de género e identificación de factores contextuales e individuales que aumentan la concreción del este riesgo. 

 

2015-01-21

C-022/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

D-10405

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 2 (parcial) de la Ley 1542 de 2012, por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004. Código de Procedimiento Penal. Para el actor, las disposiciones acusadas vulneran los artículos 42 y 44 de la Constitución Política, al eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Para la Corte, contrario a lo manifestado por el demandante, la norma resulta adecuada para la obtención del fin propuesto por el legislador, que es disminuir la violencia al interior de la familia y la inasistencia alimentaria, puesto que permite la iniciación de la acción penal una vez la autoridad tenga conocimiento de la presentación de hechos que puedan configurarlos. Se declara la EXEQUIBILIDAD de las expresiones normativas atacadas. 

 

2015-04-17

T-196/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

T-4647595

 

El accionante, en calidad de Gobernador del Cabildo Indígena Colombia, interpuso la acción de tutela para solicitar la protección de los derechos fundamentales de la comunidad que representa a la autonomía, a la jurisdicción especial indígena y al respeto por la diversidad étnica y cultural, debido a que las autoridades accionadas iniciaron un proceso penal en contra de uno de sus comuneros por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo, pese a que las autoridades del resguardo ya lo habían juzgado y condenado por estos mismos hechos, en ejercicio de la función jurisdiccional que les es propia. El actuar de las entidades accionadas tuvo como base la providencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que resolvió el conflicto de competencia desatado entre las autoridades indígenas y el juzgado accionado, en la que se falló a favor de este último, como medida para garantizar los derechos de la niña afectada por la conducta antijurídica. Se analiza la siguiente temática: 1º. La jurisdicción especial indígena y el principio de respeto por la diversidad étnica y cultural. 2º. Precedente constitucional sobre jurisdicción especial indígena y juzgamiento de casos penales por delitos contra la integridad sexual de niños. 3º. El principio de non bis in ídem y la jurisdicción especial indígena. Se CONCEDE la protección a los derechos fundamentales invocados y se ordena la entrega inmediata del comunero representado a las autoridades del Cabildo Indígena Colombia. Se exhorta a esta colectividad para que tomen en cuenta el período de reclusión, a efectos de descontar dicho tiempo de la sanción impuesta por ellos. Así mismo, se precisa que deben velar de manera especial por cumplir las medidas que fueron impuestas para garantizar los derechos de la menor, las cuales se vieron reflejadas en las órdenes de impedir al condenado acercarse a ella y el deber de asumir su manutención y la del hijo concebido. De otro lado, se conmina al Consejo Superior de la Judicatura para que se sujete a las reglas constitucionales establecidas por la Corte Constitucional en materia de jurisdicción de las autoridades indígenas para juzgar hechos que involucren derechos de menores de edad. 

 

2015-07-03

T-418/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 T-4385805

 

Solicita atención especializada en salud sexual reproductiva y psicológica y autorizar remisión de menor para tratamiento especializado. Temas a tratar: Derechos de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, Concepto, alcance y características del derecho a la verdad, justicia y reparación, Garantía de no repetición, Derechos de mujeres y niños víctimas de violencia sexual, Protección especial de mujeres víctimas de violencia sexual, Concepto, alcance y características del derecho a la salud mental, Consagración internacional y Principios para protección de enfermos mentales y mejoramiento de atención de la salud mental, Deber solidario del Estado y la familia en prestación del derecho a la salud mental, Daños individuales y colectivos causados a la salud mental por graves violaciones a los derechos humanos, revictimización y reparación, Mecanismos especiales para protección de salud mental frente a graves violaciones a derechos humanos en Colombia. Se ordena diseñar plan y adopción de medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, Prestación de servicio en salud mental con enfoque diferencial de género y edad, Remisión de menor de edad para tratamiento especializado.

2015-10-22

SU.659/15

ALBERTO ROJAS RIOS

T-3795843

Consideran los demandantes que sus derechos fundamentes fueron vulnerados por la autoridad judicial demandada, al declarar probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa en aplicación del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. En su criterio, no se valoraron las particularidades del caso que imponían aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto de la norma aplicada y hacer procedente la acción de reparación directa instaurada. Se aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El requisito de subsidiariedad y el recurso extraordinario de revisión. 3º. La configuración de la causal del defecto sustantivo. 4º. Jurisprudencia constitucional sobre la caducidad de la acción de reparación directa. 5º. Obligaciones internacionales del Estado frente a violaciones contra los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y, 6º. El contenido del derecho fundamental a la igualdad. La Corte concluyó que la sentencia atacada incurrió en un defecto sustantivo por no haber aplicado un enfoque constitucional fundado en la salvaguardia de los derechos fundamentales, tomando en cuenta las especiales circunstancias que rodearon el caso concreto. Para la Sala, el que se pretendiera que la madre de la niña que fue víctima de agresión demandara administrativamente desde el momento en que ocurrieron los lamentables hechos, resulta desproporcionado e implica que ella, además de asumir la muerte de su hija, tuviera que aceptar que el causante de la tragedia fuera su esposo, quien adicionalmente defendía su inocencia. Considera la Sala, que para cualquier persona es una desdicha la muerte de una hija, pero que esta situación se agrava si se exige que asuma –innecesariamente- que el responsable es su esposo y padre de la menor.

2015-12-16

T-772/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

T-4991216

 

La Defensoría del Pueblo Seccional Magdalena interpone la acción de tutela en favor de una mujer que ha sido víctima de agresión física y verbal por parte de su compañero permanente. La vulneración de derechos se atribuye a la inactividad de las autoridades accionadas frente a las medidas de protección urgentes solicitadas. Con la solicitud de amparo se pretende que las autoridades demandadas den impulso a las tres denuncias interpuestas por la agredida, que a ésta se le brinde una protección adecuada; que al agresor se le mantenga vigilancia especial y se le ordene cesar cualquier acto de violencia contra la agenciada y que se efectúe el trámite de medidas de protección solicitadas por la Defensoría del Pueblo, contempladas en la Ley 1257 de 2008. Se analizan los siguientes temas: 1º. La protección de la mujer contra la violencia. 2º. El derecho a un recurso judicial efectivo y, 3º. La garantía de las víctimas a la no repetición y el deber del Estado de evitar la revictimización. 

2016-01-22

T-012/16

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

T-4970917

 

La accionante, víctima de violencia física y psicológica producida por los malos tratos recibidos de su esposo interpuso una demanda de divorcio y el juez de primera instancia decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio, por la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra. En segunda instancia esta decisión fue confirmada, pero en ella se negó el derecho de la accionante a recibir alimentos por parte de su ex cónyuge, bajo el supuesto hecho de que la violencia había sido recíproca, de acuerdo a los diferentes testimonios que fueron aportados al proceso. La protección constitucional se solicita para dejar sin efectos la precitada providencia judicial y para que se ordene a la Superintendencia de Sociedades retrotraer las actuaciones ilegales en que habría incurrido el demandado en divorcio, con el fin de evadir la obligación de suministrarle alimentos. Se aborda temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; los estándares nacionales e internacionales sobre protección de los derechos de la mujer y, los distintos tipos de violencia contra ella. Considera la Corte que el Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico y sustantivo al negar el derecho de alimentos en favor de la accionante, al no tener en cuenta que la justicia penal determinó que el esposo era responsable del delito de violencia intrafamiliar por la agresión física, psicológica y patrimonial que le prodigaba a su esposa y que como consecuencia de ello, se produjeron diferentes daños en su salud física y mental. Advirtió la Corporación que si bien este tipo de violencia en muchas ocasiones es difícil de probar, no por ello deja de ser una práctica por medio de la cual los hombres pueden agredir a sus parejas. Con base en lo anterior precisó que existe un deber constitucional de los operadores judiciales cuando se enfrenten con casos de estas características que los obligan a estudiar estos casos con base en criterios de género y ausentes de estereotipos, para garantizar la protección de los derechos de este grupo poblacional. Además, concluyó que cuando concurren culpas en un proceso de divorcio, no necesariamente se debe negar el derecho de alimentos, pues una culpa puede ser consecuencia de la otra.

2016-05-16

T-241/16

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

T-5310907

Se analizan los siguientes temas: 1º. Las medidas de protección eficaces y recurso judicial efectivo de las mujeres víctimas de violencia. 2º. La protección constitucional de las mujeres. 3º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, 4º. El defecto fáctico por omitir y valorar defectuosamente el material probatorio. Se TUTELA el derecho al debido proceso, se revoca la sentencia impugnada, se confirma la decisión de la Comisaría de Familia y se previene a los comisarios de familia, a los jueces civiles, promiscuos municipales y a los jueces de control de garantías, para que ciñan sus actuaciones en casos similares de violencia familiar, de manera estricta a la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000, y a la Ley 1257 de 2008, con un enfoque de género. 

 

2016-05-23

T-265/16

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

T-5193952

Se aduce que las autoridades accionadas vulneraron derechos fundamentales de la accionante, al negarse a reconocerla como sujeto procesal en la actuación disciplinaria en la que intervino como quejosa y directa perjudicada de hechos relacionados con un supuesto acto de acoso sexual del cual fue víctima por parte de un funcionario público vinculado a la Alcaldía Mayor de Bogotá. El ente acusado argumentó la imposibilidad de que la actora fuera tratada como sujeto procesal, en tanto el quejoso es la persona que pone en movimiento el aparato administrativo y, por tanto, sus facultades de intervención son limitadas. Se analizan los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular y concreto. 2º. La naturaleza y las características del proceso disciplinario. 3º. Justificación de la limitación de la intervención del quejoso en el proceso disciplinario. La violación del DIDH y del DIH como excepción a dicha limitación y, 4º. La violencia contra la mujer como una vulneración del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Para la Corte, las entidades demandadas sí vulneraron derechos fundamentales, por cuanto la conducta endilgada si representaba una presunta vulneración al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

 

2016-06-08

C-297/16

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

D-11027

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 2º (parcial) de la Ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones (Ley Rosa Elvira Cely). El demandante argumenta que el aparte normativo acusado vulnera el principio de legalidad y el derecho al debido proceso, consignados en los artículos 1 y 29 de la Constitución. Considera, que la determinación de antecedentes o indicios de violencia o amenaza en las diferentes esferas sociales en contra de la víctima, sin una calificación especial, generan una indeterminación en el ingrediente subjetivo del tipo, pues no constituyen suficiente evidencia para demostrar que la motivación del homicidio es el odio o repulsión al género femenino.