DERECHO DE LAS MUJERES AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

DERECHO DE LAS MUJERES AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD


REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS REFERIDAS AL DERECHO DE LAS MUJERES AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

 

 

FECHA SENTENCIA

 

SENTENCIA

 

PONENTE

EXPEDIENTE

TEMA

1995-12-15 

T-624/95

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

T-78965

Der. A la igualdad. Discriminación por razón del sexo. Escuela naval. Inscripción de una mujer para cadete. Concedida

1996-09-04 

 

C-408/96

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO 

 

LAT-064

Ley 248/95. Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Exequible.

1997-04-10 

C-182/97

HERNANDO HERRERA VERGARA 

 

D-1461 Y OTROS 

 

Decs. 1211/90 art. 188; 1212/90 art. 174; 1213/90. Art. 131; 1214/90. Art. 125 parciales. Pensión de las viudas del personal militar y policía nacional. Nuevas nupcias. Inexequible.

1998-10-29 

 

T-618/98

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

T-174884

Der. A la educación. Der. A la igualdad. Der. Al libre desarrollo de la personalidad. Cambio de jornada de estudiante embarazada. Concedida

2000-10-25 

 

C-1440/00

ANTONIO BARRERA CARBONELL 

 

D-2924

 

Código civil. Arts. 173 y 174. Matrimonio disuelto o declarado nulo. Mujer embarazada no podrá contraer nuevas nupcias antes del parto o de los 270 días subsiguientes a dicha disolución o nulidad. Incertidumbre respecto de la paternidad. Inexequibles

2001-11-06

SU.1167/01

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT 

T-432862

 

Derecho a la salud e igualdad de mayor de edad con esquizofrenia paranoide. Solicitud restablecimiento servicio médico a beneficiaria de pensionado. Trato discriminatorio. Exclusión del grupo familiar por ser madre. Autonomía sexual de la mujer. Concedida 

2005-06-30 

T-688/05

RODRIGO ESCOBAR GIL 

T-1065793

 

Derecho a la educación de estudiante a quien en aplicación del manual de convivencia de la institución que consagra que las estudiantes embarazadas y los estudiantes de cualquier género que han tenido hijos casados o que han establecido una unión libre deben adelantar los estudios en la jornada nocturna impidiéndosele terminar los estudios en la jornada diurna como es su deseo. Solicita se le permita estudiar en la jornada diurna. Los manuales de convivencia; sujeción de sus cláusulas a la Constitución Política y necesidad de conocimiento previo por la comunidad. La autonomía en el marco de la comunidad educativa. Cuando una disposición establecida en el manual de convivencia de una institución educativa o en general en cualquier tipo de reglamento interno límite de manera desproporcionada irrazonable o injustificada el ejercicio de la autonomía personal de los educandos o de cualquier otro derecho de carácter fundamental será necesario inaplicar la norma correspondiente por resultar contraria a los mandatos constitucionales. La disposición contenida en el manual de convivencia de la institución educativa Sofonías ya cup resulta incompatible con los mandatos contenidos en los artículos 13 y 16 de la Constitución Política. Concedida

 

2007-10-11 

 

T-839/07

CLARA INES VARGAS HERNANDEZ 

 

T-1630839

 

Derecho al libre desarrollo de la personalidad de menor matriculada en el plantel educativo que a causa del uso de piercing en el rostro no le fue asignado curso por parte de los docentes encargados de la coordinación condicionando su admisión al retiro de los piercing. Solicita se ordene la asignación de curso iniciación de clases y su permanencia en la institución sin discriminación de ningún tipo. Legitimación en la causa para promover la presente acción de tutela. Doctrina constitucional sobre el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad frente a las normas contempladas en los manuales de convivencia de los planteles educativos. Los reglamentos estudiantiles al igual que todos los ordenamientos deben estar acordes en su contenido con los valores principios y derechos consagrados en la Constitución. En el presente caso la vulneración del derecho fundamental radica en la limitante establecida en el manual de convivencia del colegio que contempla algunos lineamientos que deben seguir los estudiantes en relación a su presentación personal que resultan contrarios a la Constitución. Concedida 

2010-04-30 

 

T-310/10

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

 

T-2570939

 

Salud, vida digna, salud sexual femenina. La accionante solicita se ordene a su EPS, autorizar la cirugía ordenada por su médico tratante denominada ninfo plastia que consiste en la reconstrucción de sus labios vaginales ya que su sufre de hipertrofia de labios menores, dicha cirugía le ha sido negada por el comité técnico científico por no encontrarse incluida en el pos, además el comité considera que no se evidencia el objetivo funcional del procedimiento. La sala realiza un recuento jurisprudencial sobre las cirugías plásticas, en casos reconstructivos y estéticos, se constata que las evaluaciones llevadas a cabo por el médico tratante y avaladas por el comité técnico científico no permiten establecer con claridad si el problema del accionante es una cuestión que afecta gravemente su salud, por lo tanto se ordena realizar una nueva valoración médica, considerando en forma especial la salud reproductiva y sexual de la accionante y en caso de que el servicio sea requerido ordenar su práctica. Concede

2011-05-04 

T-319/11

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

T-2906284 

 

Unidad familiar, derecho a tener una familia y no ser separada de ella. . La accionante se encontraba recluida en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Valledupar desde el 14 de octubre de 2009 y por orden del Inpec, el 27 de marzo de 2010, fue trasladada a la reclusión de mujeres de Bucaramanga en girón (Santander). La actora tiene dos hijos menores de edad, los cuales están bajo el cuidado de una persona ajena al núcleo familiar y quienes, dado la lejanía del lugar de reclusión en el que ahora se encuentra su madre, no pueden visitarla constantemente, hecho que los ha llevado a presentar inestabilidad emocional, ansiedad, inapetencia y desmotivación escolar. La demandante solicita que vía tutela se ordene su traslado al establecimiento carcelario de Valledupar, para poder facilitar un acercamiento con sus hijos. Para decidir, la sala desarrolla algunos aspectos relacionados con: 1º. El derecho fundamental y prevalerte de los niños a tener una familia y no ser separado de ella. 2º. La garantía a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad, especialmente ante la presencia de hijos menores de edad y 3º. Límites a la facultad discrecional del Inpec para los traslados de los recursos. Dada la particular situación en que se encuentran los hijos de la accionante, se decide amparar los derechos invocados y ordenar a la accionada que proceda a trasladar a la demandante al establecimiento penitenciario y carcelario de Valledupar, con observancia de las normas que regulan la materia. Así mismo, se ordena al ICBF que previa verificación del estado físico, psicológico y familiar de los menores, se adopten medidas de protección conducentes al restablecimiento de los derechos que pudieran estar vulnerados o amenazados. 

 

2011-11-03

T-841/11

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

T-3130813

 

Dignidad humana, integridad personal, libre desarrollo de la personalidad. La acción de tutela es presentada por el padre de una menor de 12 años, que resultó embarazada como producto de una relación sexual sostenida con su novio, un joven menor de edad de dieciséis años. Cuando la menor tenía catorce semanas de gestación fue a la E.P.S. Demandada y luego de valoración médica se expidió un certificado en el cual se señaló que existía riesgo en la salud emocional y física de la gestante, por presentar frustración y depresión y por peligro de complicaciones obstétricas. Tras valoración psiquiátrica por parte de un profesional no adscrito a la e.ps., se diagnosticó que la menor presentaba una reacción depresivo/ansiosa al embarazo no deseado, determinando que la continuación del mismo afectaba la salud mental de la menor. A las quince semanas de gestación la gineco-obstetra vinculada a la I.P.S. Certificó que la continuación del embarazo representaba un riesgo para la salud física, mental y social de la menor, por enfrentar los múltiples riesgos. La menor formuló varias solicitudes para que le fuera realizada la interrupción voluntaria del embarazo, pero no obtuvo respuesta alguna, ni le fue practicado el procedimiento requerido. En sede de revisión la sala tuvo conocimiento de que la menor embarazada dio a luz, hecho que configuró la carencia actual de objeto por la ocurrencia de un daño consumado, pero aun así, la sala analizó a profundidad el caso para establecer la procedencia del resarcimiento de daños y la declaratoria de posibles responsabilidades. Entre otras medidas, se decidió condenar en abstracto a la E.P.S. A pagar el daño emergente y todos los perjuicios causados a la menor, los cuales debe reparar en su integridad. De la misma forma se le previno para que en adelante responda oportunamente las solicitudes de IVE y se abstenga de exigir requisitos adicionales a los fijados en la sentencia c-355/06de manera general, se sientan las bases sobre la obligatoriedad de reservar la identidad de las mujeres que interponen acción de tutela para exigir su derecho fundamental a la IVE.

 

 

2012-08-10

T-627/12

HUMBERTO SIERRA PORTO

T-3331859

 

En este caso 1280 mujeres interpusieron la acción de tutela en contra del procurador general de la nación y las procuradoras delegadas para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia y para la función pública, planteando el asunto como un caso de violación del derecho a la información. Específicamente, como un caso de vulneración de una de las dimensiones de este derecho, cual es la de recibir información veraz e imparcial. Las demandantes sostienen que los accionados han emitido de manera continua y sistemática una serie de pronunciamientos que incluyen información inexacta o tergiversada, relacionada con los derechos reproductivos de las mujeres, lo que produce confusión y desinformación generalizada. Plantearon además, violaciones o amenazas a otros de sus derechos fundamentales, básicamente a los reproductivos o a aquellos relacionados con éstos. La sala dividió sus consideraciones según los siete asuntos respecto de los cuales las peticionarias estiman amenazados o violados sus derechos fundamentales, así: 1º. Las órdenes de la sentencia t-388/09, 2º. Los efectos de la nulidad interpuesta en contra del mismo fallo, 3º. La naturaleza de la AOE (anticoncepción oral de emergencia) 4º. El carácter de derecho de la ive (interrupción voluntaria del embarazo) y las obligaciones de la superintendencia de salud frente al mismo, 5º. Los efectos de la suspensión provisional del decreto 444 de 2006 en relación con la objeción de conciencia a la ive, 6º. La existencia y alcance del derecho a la vida del nasciturus y 6º la inclusión del misoprostol en el pos. Se concede el amparo por la violación y/o amenaza de los derechos fundamentales de las actoras al acceso a los servicios de salud reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la salud física y mental, a la IVE y la información en materia reproductiva y se ordena al procurador general de la nación y a la procuradora delegada para los derechos de la infancia y la adolescencia, hacer una serie de rectificaciones relacionadas con la forma de referirse a las campañas ordenadas en la sentencia t-388/09y a la obligación de la superintendencia de salud de remover obstáculos para el acceso al IVE. Así mismo, se ordena modificar la posición oficial de la entidad respecto a la AOE, modificar algunos apartes de las circulares 029 de 2011 y 021 de 2011 relacionadas a la objeción de conciencia a la IVE y, se ordena a la comisión nacional de salud que levante la suspensión de la decisión acerca de la inclusión del principio activo misoprostol en el pos y continuar su trámite desde la etapa en la cual fue suspendido

 

2013-06-13 

C-335/13

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

D-9415

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 9º de la ley 1257 de 2008. El actor demandó la expresión “para fomentar la sanción social” por considerar que vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113, 116, 228 y 229 de la constitución. Argumenta que, al permitirse la aplicación directa de sanciones por la sociedad se vulneraría los principios de legalidad y seguridad jurídica, al no determinarse los criterios para la imposición de la sanción y además se pondría en peligro la convivencia pacífica de los ciudadanos, al permitirse que los particulares apliquen sanciones. Se analiza la siguiente temática: 1º. La discriminación y la violencia contra las mujeres. 2º. La protección de la mujer contra la discriminación y la violencia a nivel internacional. 3º. La evolución del reconocimiento de los derechos de la mujer. 4º. La protección especial de la mujer en la jurisprudencia de la corporación y, 5º. El control social y las sanciones sociales en el estado social de derecho. La corte concluyó que las medidas de sanción social que la norma acusada permite fomentar a las autoridades, configuran formas de control social informal que no tienen que estar tipificadas y constituyen un desarrollo directo de normas del derecho internacional de los derechos humanos. Exequible.  

2013-06-27

T-366/13

ALBERTO ROJAS RIOS

T-3779365

 

 

En este caso se aduce que el Icetex sede Medellín vulneró derechos fundamentales, al negarle a la actora el ingreso a sus instalaciones, motivado, según ella, en un criterio de discriminación racial. El argumento planteado por la accionada para justificar su conducta, tiene que ver con las especiales medidas de seguridad implementadas por la administración de la copropiedad, en razón a la convocatoria de la jornada nacional de trabajo decente que se llevaría a cabo ese día y en el hecho de que una semana atrás, la demandante había estado en una toma pacífica de las oficinas de la entidad, quedando registrada como una de las participantes de dicha actividad. Se aborda la siguiente temática: 1º. Los fundamentos concernientes a la delimitación del derecho a la manifestación pública y pacífica. 2º. El derecho de acceso sin discriminación alguna a lugares o entidades que prestan un servicio público. 3º. El derecho al buen nombre y el manejo, gestión y administración de registros y bases de datos en las que reposen información personal y, 4º. La prohibición de discriminación con fundamento en la raza, en particular, respecto de la población afrocolombiana. Se concede la tutela de los derechos a la igualdad, al buen nombre y al habeas data y se ordena a la accionada, entre otras medidas, presentar por escrito una carta a la accionante en la que ofrezca disculpas por la indebida actuación adelantada en su contra, la cual debe publicar en un sitio de fácil acceso al público que visite la entidad, como medio para resarcir el buen nombre de la actora.

2013-09-13 

T-634/13

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

T-3900495

 

Acción de tutela en contra de una empresa de masajes para reclamar la protección de sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana, los que considera vulnerados por la accionada, en tanto se negó a retirar de la red social Facebook y de otros medios de publicidad, varias fotografías comprometedoras que, si bien ella previamente había autorizado su publicación con fines publicitarios, en la actualidad considera, que afecta los derechos invocados. La sala de revisión resuelve el caso luego de analizar la siguiente temática: 1º. Parámetros sobre el derecho a la imagen en la jurisprudencia constitucional. 2º. Alcances constitucionales de la autorización para el uso de la propia imagen. 3º. Riesgos de las redes sociales para los derechos fundamentales. 4º. Los derechos a la intimidad, honora y buen nombre y 5º. Tensión entre las autorizaciones generales para el uso de la propia imagen y el derecho a la autodeterminación que tienen todas las personas respecto de su propia imagen. Se concede el amparo solicitado y se ordena a la accionada a retirar de la red social Facebook y de cualquier otro medio de publicidad las imágenes de la actora, al igual que abstenerse en el futuro de divulgarlas y publicarlas mediante cualquier medio. 

 

2014-07-09

T-476/14

ALBERTO ROJAS RIOS

T-4258528

 

Una persona que se proclama mujer transgénero, es decir, que aunque tiene sexo masculino ha construido su identidad bajo los parámetros del género femenino, instaura la acción de tutela en contra de la subdirección de asuntos LGBT de la secretaría de integración social de la alcaldía mayor de Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, al negarse a suscribir un contrato de prestación de servicios por no presentar copia de la libreta militar. La peticionaria participó en la convocatoria efectuada por la entidad para la población transgénero y cumplió con el perfil requerido para desarrollar el objeto del contrato. Se examina temática relacionada con el derecho a la identidad sexual o de género; el derecho al trabajo; el servicio militar obligatorio y su incidencia directa en el ejercicio del derecho fundamental al trabajo; el fenómeno de la carencia actual de objeto y la necesidad de protección, cuando subsiste la amenaza a un derecho fundamental. La sala considera que la solicitud de tutela constituye un mecanismo expedito para la protección efectiva de las garantías fundamentales, no solo de la accionante, sino también de toda la población transgénero, la cual requiere de medidas especiales de protección frente a la exclusión social derivada de la imposibilidad de vincularse a actividades productivas formales y, con el fin de proveer condiciones de vida digna. Se precisa, que la obligación impuesta en el artículo 36 de la ley 48 de 1993, es inaplicable a las personas que han construido su identidad como mujeres transgénero, en cuanto esta identidad no corresponde al concepto de “varón” contenida en la disposición referida. Se dispone que, en los procesos de selección y contratación que se adelanten en las entidades públicas y particulares, no se podrá exigir la libreta militar a las personas transgeneristas. Se amparan los derechos al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad de género, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas y se exhorta al congreso de la república, para que tramite una ley que regule de forma integral y sistemática los derechos de las personas transgénero. 

 

2015-02-18

C-071/15

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

D-10315

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 64, 66 y 68 (parciales) de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia y contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes. El demandante cuestiona que las normas acusadas no autoricen la adopción conjunta por parte de parejas del mismo sexo, lo que considera contrario al Preámbulo y a los artículos 1, 7, 13, 42 y 44 de la Constitución, así como a los artículos 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativos al derecho a la igualdad.