DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

 

 

FECHA SENTENCIA

 

SENTENCIA

 

PONENTE

EXPEDIENTE

TEMA

1993-07-22 

 

C-276/93

VLADIMIRO NARANJO MESA

LAT-013

Ley 33/92. Tratados internacionales. Incompetencia de la corte para conocer de leyes aprobatorias de tratados. Exequible

2000-02-09 

 

C-112/00

ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO

D-2477

Código civil. Art 126. Igualdad entre sexos y fijación del domicilio de la mujer para efectos del matrimonio. Sentencia integrada. Exequibles e inexequibles

2001-01-17 

 

C-007/01

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT 

D-3032

Código civil. Art. 140 num. 6. Matrimonio nulo y sin efecto. Libertad en el consentimiento de la mujer. Rapto. Inhibida y exequible

2004-05-25

C-507/04

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

D-4866

Código civil arts. 34 y 140 (parciales). Impúber. Casos en que el matrimonio es nulo y sin efectos. Inhibición de la corte constitucional para resolver el cargo en contra del artículo 34 del código civil. Capacidad de contraer matrimonio de los niños y las niñas 

2005-02-08 

C-101/05

ALFREDO BELTRÁN SIERRA 

 

D-5342

Código civil art. 1134. Derecho de usufructo de uso o de habitación o pensión periódica de una mujer mientras permanezca soltera o viuda. El artículo 1134 del código civil desconoce el principio constitucional a la igualdad y a la prohibición de establecer discriminaciones por razones de género establecidas en los artículos 13 y 43 de la constitución política. Vulneración de los derechos a la libertad personal. Inexequible el artículo 1134 del código civil

2012-10-25

C-862/12

ALEXEI JULIO ESTRADA

PE-034

La corte efectuó la revisión integral del proyecto de ley estatutaria encontrándolo: exequible en relación con su aspecto formal; exequible de manera condicionada el articulo 5; exequible el articulo 24 salvo la expresión “unidad administrativa especial de las juventudes” del numeral 1.2., que se declara inexequible; exequible el articulo 25 salvo la expresión “unidad administrativa especial de las juventudes”, que se declara inexequible; exequible el articulo 27 salvo la expresión “el director de la unidad administrativa especial de las juventudes”, que se declara inexequible; exequible el articulo 29 salvo la expresión “y extraordinariamente cuando el director de la unidad administrativa especial de las juventudes lo solicite”, que se declara inexequible; exequible el articulo 30 salvo las expresiones “el director de la unidad administrativa especial de las juventudes, ejercerá” y “, la cual”, que se declaran inexequibles; exequibilidad condicionada del articulo 42; exequible el articulo 68 salvo los artículos definidos “las” que preceden a la expresión “instancias” y a la expresión “funciones”,. Que se declaran inexequibles; exequible el articulo 70 salvo el parágrafo que se declara inexequible; exequible el articulo 72 salvo la expresión “unidad nacional para las juventudes” del numeral 11, que se declara inexequible; inexequibles los artículos 31, 75 y 81; y exequibles los demás artículos del proyecto de ley estatutaria.

 

2012-12-12

T-1078/12

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

T-3158818

En este caso la sala de revisión entró a determinar si los derechos de la peticionaria a la identidad, a la familia, a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la libertad, a la integridad sexual y a la dignidad humana, entre otros, fueron vulnerados por el accionado, al parecer, por haberla extraído de su casa cuando era una niña de aproximadamente siete años de edad, por haberla forzado a realizar trabajo doméstico sin remuneración durante varios años y, por haberla sometido posiblemente a maltratos y hasta a abusos sexuales. Para resolver el asunto se analizó la siguiente temática: 1º. El contenido del artículo 17 de la constitución, el cual prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos, así como los derechos fundamentales que usualmente resultan lesionados cuando se incumple dicha prohibición y, 2º. Las obligaciones del estado colombiano derivado del precitado artículo. Se concluye que, 1º. La actora fue sometida a trabajos forzosos, a trata de personas e incluso a cierta modalidad de esclavitud por parte del demandado y su esposa. Como consecuencia de ello, los demandados vulneraron y aún siguen violando varios derechos fundamentales de la accionante. 3º. Las violaciones de los derechos de la actora han causado además daños cuya resarcimiento ya no se puede reclamar por otras vías judiciales, pero que en todo caso se deben reparar, en virtud del derecho a la reparación. Se aclara que, el análisis se realizó no desde la perspectiva penal sino desde la perspectiva de los derechos fundamentales de la víctima, teniendo en cuenta que, los fenómenos de trabajo forzoso, trata de personas e incluso esclavitud, conllevan a la vulneración grave de varios derechos y que por ello es que son proscritos por el derecho internacional y por la constitución política. Se concede

2013-07-31

C-513/13

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

D-9422

Condición de permanecer en estado de viudez para las asignaciones testamentarias, cuando el asignatario tenga uno o más hijos de matrimonio anterior al momento de deferírsele la asignación. (Código civil artículo 1133). La corte concluyó que la posibilidad de establecer como condición para ser beneficiario de una asignación testamentaria, el permanecer en estado de viudez, cuando se tengan hijos de un matrimonio anterior, desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a auto determinarse en la vida según sus propias convicciones, habida cuenta que la decisión sobre la forma en que desea constituir una familia hace parte del núcleo esencial de tal derecho. Inexequible

2014-05-07

C-278/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

D-9903

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1781 (parcial) del código civil. Los demandantes consideran que las normas acusadas no concuerdan con el nuevo contexto constitucional y desconocen el derecho a la igualdad, en vista del reconocimiento de los mismos derechos y deberes entre los cónyuges, tanto en el matrimonio como en la administración de los bienes de la sociedad conyugal. Igualmente, que violan el derecho a la propiedad privada, dado que los bienes del haber relativo se restituyen con el valor actualizado, pero sin reconocer al cónyuge aportante la posible valoración o desvalorización del bien, pudiéndose producir con esto un enriquecimiento sin causa y un correlativo empobrecimiento de la otra parte. Por último, aducen la infracción al derecho a la igualdad, por haberse regulado de manera diferente la sociedad patrimonial y la sociedad conyugal. La corte declaró la exequibilidad del numeral 6º del artículo 1781 del código civil, en el entendido de que tal potestad se predica de cualquiera de los contrayentes.

 

 

2014-06-04

C-340/14

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

D-9985

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal a) parcial del artículo 5º de la ley 70 de 1931. Los demandantes consideran inconstitucional la expresión “por el marido”, porque a su juicio establece una distinción discriminatoria respecto de las mujeres dentro del vínculo matrimonial, con relación a la constitución del patrimonio de familia inembargable. La corte encontró una situación peculiar en este proceso y es el de que la norma acusada en su sentido literal vulnera la constitución, pero en la práctica es interpretada y aplicada de una manera que no riñe con el ordenamiento superior. En efecto, limitar al marido la facultad para constituir patrimonio de familia vulnera el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las mujeres (arts. 13 y 43 C.Po.), así como la protección de toda familia, como núcleo fundamental de la sociedad (art. 42 C.Po.). Con posterioridad a la expedición de esta norma (año 1931), ha habido un desarrollo normativo que establece la igualdad entre el hombre y la mujer en el manejo y disposición de los bienes de la sociedad conyugal. No obstante, teniendo en cuenta que se trata de una norma que no ha sido modificada por el legislador, que sigue vigente en su tenor literal, así no se aplique de tal manera, continúa siendo una disposición que simbólicamente constituye una discriminación en contra de las mujeres. La corporación resaltó que Colombia tiene la obligación, entre muchas otras, de adoptar todas las medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con el fin de eliminar “los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole” que se funden en “la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos” o en “funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. Se declara la exequibilidad condicionada de la expresión acusada, en el entendido de que la facultad que allí se concede al marido sobre los bienes de la sociedad, también le corresponda a la mujer. 

 

2014-12-15

T-967/14

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

T-4143116

 

Se promueve la acción de tutela en contra del despacho judicial que profirió sentencia en el proceso de divorcio iniciado por la accionante en contra de su cónyuge. Se aduce, que el fallo incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y en violación directa de la constitución, en virtud de que el juez tenía suficientes elementos probatorios como testimonios y peritajes, que le permitían inferir la configuración de la causal 3ª de divorcio del artículo 154 del código civil, referente a los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. A juicio de la actora, el operador jurídico dejó de valorar las pruebas documentales y testimoniales que daban cuenta de las las diversas situaciones en las que su esposo la agredió a partir insultos, gritos, actitudes celosas y posesivas, al igual que con agresiones verbales y físicas. Se alega, la vulneración de los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la intimidad, a la libertad del movimiento ya la protección de la familia, al igual que la trasgresión de la constitución, en cuanto consagra la protección de la familia y la integridad de la mujer en igualdad de condiciones. Se analizan los siguientes temas: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. La violencia contra la mujer como una forma de discriminación. 3º. La violencia doméstica o intrafamiliar y psicológica y, 4º. La administración de justicia en perspectiva de género. La corte concluye que, el juzgado accionado incurrió en defecto fáctico y violación directa de la constitución, al emitir la sentencia dentro del proceso de divorcio, bajo argumentos que contribuyen a perpetuar la violencia y la discriminación contra la mujer y a invisibilizar la violencia doméstica y psicológica que padecía la accionante al interior de su hogar. Se tutelan los derechos fundamentales invocados, se deja sin efecto la sentencia atacada y, se ordena al juzgado demandado proferir un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta todas las consideraciones de esta providencia, referentes al principio de igualdad y no discriminación por razón del sexo y la especial protección que merece la mujer víctima de cualquier tipo de violencia. Se exhorta al congreso y al presidente de la república para que, de acuerdo a sus respectivas funciones, emprendan las acciones pertinentes que permitan configurar los patrones culturales discriminatorios y los estereotipos de género presentes aún en los operadores de justicia en Colombia. Se destaca la orden dada al consejo superior de la judicatura, para que exija la asistencia obligatoria de todos los jueces del país de la jurisdicción de familia, a las capacitaciones sobre género que la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla ofrezca. 

2015-02-13

T-063/15

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

T-4541143

Dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, identidad sexual y de género, personalidad jurídica. La conducta que se considera trasgresora de derechos fundamentales por parte de las entidades accionadas, es la exigencia hecha a una persona transgenerista, de acudir a un proceso de jurisdicción voluntaria para lograr la modificación del sexo inscrito en su registro civil de nacimiento y demás documentos de identidad, como la cédula de ciudadanía y pasaporte colombiano, aduciendo la necesidad de verificar y comprobar el hecho que alteró su estado civil. Según la demandante, la falta de correspondencia entre su fisionomía femenina, producto de una cirugía de reafirmación sexual y, la indicación de sexo masculino en sus documentos, la han hecho víctima de constantes discriminaciones y exclusiones tanto en el ámbito social como laboral, y le ha impedido desarrollar su proyecto de vida conforme su personalidad y modo de ser. Se aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto. 2º. El derecho a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y al reconocimiento de la personalidad jurídica, como fuentes básicas de la identidad sexual y de género. Reiteración de jurisprudencia. 3º. El derecho a la definición de la identidad sexual y de género de las personas trans y el contexto actual de discriminación al que son sometidas y, 4º. La modificación del registro civil por cambio de sexo. Se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales invocados y se ordena, entre otras disposiciones, que la Notaría demandada por medio de escritura pública, protocolice el cambio de nombre y la corrección del sexo que consta en el registro civil de nacimiento de la actora, de tal forma que coincida con los que ella se identifica. Precisa, que una vez efectúe dicho trámite, debe enviar copia de dicha escritura a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que efectúe la modificación del registro civil y entregue copia del mismo documento corregido a la peticionaria. 

2015-05-22

T-309/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

T-4.682.444

Desconocimiento del precedente en relación con sustitución pensional de personas que contrajeron segundas nupcias o hicieron nueva vida marital. Libre desarrollo de la personalidad, mínimo vital, seguridad social, vida digna. Tutela contra providencia judicial. En 1982 le fue reconocida a la actora la pensión de sobrevivientes, derivada de la muerte de su cónyuge. Esta prestación fue suspendida tres años después, porque la beneficiaria contrajo nuevas nupcias. Luego de interponer varias solicitudes a la entidad y que las mismas fueran denegadas, la accionante inició un proceso ordinario laboral que fue fallado a su favor en primera instancia, pero revocado en segunda. A juicio de la autoridad judicial accionada, los efectos de la sentencia C-309/96 no eran aplicables al caso concreto, porque las nuevas nupcias no se realizaron después del 7 de julio de 1991, sino en 1985. Se reitera jurisprudencia de la Corporación relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El defecto sustantivo por desconocimiento del precedente y el defecto por violación directa de la Constitución y, 3º. El derecho a la sustitución pensional de las mujeres que deciden contraer nuevas nupcias. La Sala concluye que; a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991 las disposiciones legales que contemplen cláusulas resolutorias en materia pensional, que hagan perder a la viuda el derecho a la pensión sustituta por el hecho de contraer nuevas nupcias o conformar una nueva familia, se consideran abiertamente incompatibles con sus dictados. Consecuentemente con lo anterior y, al encontrar que la autoridad accionada desconoció el precedente fijado por la Corporación en torno al tema, decidió CONCEDER el amparo solicitado, dejar sin efectos la sentencia cuestionada y ordenar a Colpensiones dar cumplimiento al fallo del proceso ordinario que accedió a las pretensiones de la parte demandante. 

2015-12-10

C-754/15 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

D-10849

Violencia sexual. Atención integral, prioritaria y gratuita a víctimas como facultad de las empresas prestadoras de salud (EPS). Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “facultad” del artículo 23 de la Ley 1719 de 2014, por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones. Los actores plantean tres cargos contra la expresión impugnada: 1º. La violación del principio de progresividad y no regresividad del derecho a la salud de las víctimas de violencia sexual. 2º. La violación al derecho a la igualdad por discriminación indirecta, que genera un retroceso injustificado en relación con la garantía del derecho a la salud, particularmente para mujeres en situación de discapacidad, indígenas y afrocolombianas y, 3º. El desconocimiento de la obligación a cargo del Estado colombiano de adoptar medidas para eliminar los estereotipos de género. Para la Corte, la expresión acusada genera una discriminación indirecta e interseccional hacia las mujeres víctimas de violencia sexual, particularmente las que pertenecen a grupos marginados. Considera igualmente, que dicha expresión viola el deber del Estado de eliminar estereotipos de género, determinado por la cláusula de igualdad y el bloque de constitucionalidad. Concluye, que todas las entidades de salud están en la obligación de implementar el protocolo y el modelo de atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual, que contenga dentro de los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, la objeción de los médicos y la asesoría de la mujer en continuar o interrumpir el embarazo. INEXEQUIBLE.