DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES


 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS REFERIDAS A DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES

 

 

FECHA

 

SENTENCIA

 

MAGISTRADO PONENTE

EXPEDIENTE

NORMA DEMANDADA - TEMA

1994-03-17 

C-133/94

ANTONIO BARRERA CARBONELL 

D-386 

Decreto 100 de 1980 (código penal), articulo 343. Aborto. Derecho del nasciturus. Derecho a la autonomía procreativa. Exequible

1994-07-27 

 

T-341/94

CARLOS GAVIRIA DÍAZ

T-35300

Derecho a la salud. Derecho a la familia. Derecho a la igualdad. Medio de defensa judicial. Tratamiento de fertilidad. Copiloto de Avianca despedida. Negada

1997-01-23 

 

C-013/97

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO 

D-1336 Y OTRO 

Decreto 100 de 1980 (código penal)  artículos 328, 345, 347 y 348. Penalización del aborto. Exequibles

1997-02-26 

 

C-087/97

FABIO MORÓN DÍAZ 

 

D-1396 

 

Decreto 100 de 1980 (código penal) artículos 17, 72, 74, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 92, 100, 101, 109, 157, 324, 345 y 374 (parciales). Aborto en circunstancias específicas. Exequibles e inexequibles.

1997-04-24 

C-213/97

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

D-1475 

Decreto 100 de 1980. (Código penal) artículo 345. Penalización del aborto. Estarse a lo resuelto en la c-013/97

2000-08-23

T-1104/00

VLADIMIRO NARANJO MESA 

 

T-298342

Derecho de petición. Sustracción de materia. Derecho a la vida e integridad personal a la salud y a la seguridad social. Posibilidad de ser madre biológica. Tratamiento contra la infertilidad. Hecho consumado. Negada

2001-06-20

C-647/01

ALFREDO BELTRÁN SIERRA 

 

D-3292 

 

Ley 599 de 2000. Artículo 124. Parg. Código penal. Aborto. Circunstancias de atenuación punitiva. Exclusión y extinción de la punibilidad. Exequible

2001-07-03 

 

T-689/01

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 

 

T-430400

Derecho a la vida salud y seguridad pública. Improcedencia de la tutela en cuanto los tratamientos de fertilidad están excluidos del plan obligatorio de salud. Seguridad social y salud como derechos de segunda generación. Límites del plan obligatorio de salud. Negada

2002-03-19 

 

C-198/02

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ 

 

D-3664 

 

Ley 599 de 2000. Art. 124. Parag. Código penal. Circunstancias de atenuación punitiva. Aborto. Exclusión de responsabilidad. Identidad y consecutividad en trámite legislativo. Comisión accidental de conciliación. Fundamentos. Limites a su actuación. Exequible

2002-07-25 

 

T-572/02

MARCO GERARDO MONROY CABRA 

 

T-570403

Derechos a la dignidad igualdad integridad física y confianza legítima. Solicitud suministro medicamentos para tratamiento de infertilidad excluido del pos. Continuidad en la prestación del servicio. Acción de repetición. Concedida

2002-10-31

T-946/02

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ 

 

629410

Derecho a la salud y seguridad social. Solicitud tratamiento de fertilidad e intervención quirúrgica no incluidos en el pos. Otra opción para la conformación del núcleo familiar. Negada

2003-06-19 

 

T-512/03

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

T-382014

Derecho a la salud y vida. Solicitud atención médica. Tratamiento de infertilidad no incluido en el pos. Problema físico orgánico que impide la fecundación. Negada

2004-03-12 

 

T-242/04

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 

 

T-805290

Derechos a la vida dignidad humana integridad física. Solicitud tratamiento de fertilidad no incluido en el pos. Ausencia de temeridad. Devolución dinero. Negada

2004-05-25 

 

C-507/04

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA  

 

D-4866

Código civil arts. 34 y 140 (parciales). Impúber. Casos en que el matrimonio es nulo y sin efectos. Inhibición de la corte constitucional para resolver el cargo en contra del artículo 34 del código civil. Capacidad de contraer matrimonio de los niños y las niñas

2004-09-16 

 

T-901/04

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ  

 

T-926393

Derecho a la salud y seguridad social en conexidad con el derecho a la vida digna de afiliada a quien le diagnosticaron miomas uterinos pero para la intervención quirúrgica debe someterse a un tratamiento no pos ordenado por médico tratante que la EPS se  niega a prestarle. Concedida

2005-05-24 

 

C534/05

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

 

D-5460

Código civil arts. 34 143 431 432 445 526 630 1018 1027 1061 1062 1196 1502 al 1504 1527 1602 1625 1740 1741 1851 1957 2243 2285 2368 2412 2439 2470 y 2515 (parciales); código de comercio (decreto 410 de 1971) arts. 12 103 104 899 900 1000 y 1137 parciales); código del menor (decreto 2737 de 1989) art. 89; y código de procedimiento civil (decreto 1400 de 1970) arts. 44 45 y 195. La demanda comprende la expresión "doce" contenida en el artículo 34 del código civil la cual fundamenta la distinción entre niños y niñas respecto de su llegada a la pubertad con los efectos jurídicos que ello comprende. Respecto de la incapacidad absoluta. Integración normativa entre el artículo 34 del código civil con las demás disposiciones demandadas y la expresión que configura la discriminación. Capacidad jurídica de los menores y las menores de edad. Capacidad de derecho y capacidad de hecho. Protección de los y las menores de edad mediante la declaratoria de incapacidad y de nulidad de algunos de sus actos. Protección jurídica igualitaria de menores de edad respecto del género. Prohibición de discriminación por razón sexo. Discriminaciones directas e indirectas. Permisión de tratos normativos diferenciados como fundamento de acciones afirmativas o discriminaciones positivas. Fin buscado por la diferenciación demandada del artículo 34 del código civil al declarar púberes a los niños y a las niñas en edades diferentes. Identificación de la norma jurídica inconstitucional derivada del artículo 34 y posibilidades de otras interpretaciones del mismo. Configuración del legislador para determinar edad a partir de que se pueden obligar las personas y alcance de la resolución de la corte. Inexequible e inhibida

2006-05-10 

 

C-355/06

JAIME ARAUJO RENTERÍA Y CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ 

 

D-6122 Y OTROS 

 

Ley 599 de 2000 artículos 122 123 (parcial) y 124 modificados por el art. 14 de la ley 890 de 2004; y 32 numeral 7 de la ley 599 de 2000 código penal. Aborto sin consentimiento circunstancias de atenuación punitiva y ausencia de responsabilidad penal. Casos en que no constituye delito. Los demandantes consideran que las normas demandadas violan el derecho a la dignidad la autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad establecidos en el preámbulo los artículos 1° 11 12 13 15 16 42 43 49 y 93 numeral 2º de la constitución política. Inexistencia de cosa juzgada material o formal respecto de decisiones previas adoptadas por esta corporación. La cosa juzgada material no puede ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente pues lo contrario podría provocar inaceptables injusticias. Cuando existan razones de peso que motiven un cambio jurisprudencial -tales como un nuevo contexto fáctico o normativo- la corte constitucional puede apartarse de los argumentos esgrimidos en decisiones previas e incluso también puede llegar a la misma decisión adoptada en el fallo anterior pero por razones adicionales o heterogéneas. La vida como un bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido por el estado colombiano y su diferencia con el derecho a la vida. El derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad como la de todos los derechos está restringida a la persona humana mientras que la protección de la vida se predica incluso respecto de quienes no han alcanzado esta condición. Para la corte el fundamento de la prohibición del aborto radicó en el deber de protección del estado colombiano a la vida en gestación y no en el carácter de persona humana del nasciturus y en tal calidad titular del derecho a la vida. La vida y los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. De las distintas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad no se desprende un deber de protección absoluto e incondicional de la vida en gestación. Los derechos fundamentales de las mujeres en la constitución política colombiana y en el derecho internacional. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos como derechos humanos y como tales han entrado a formar parte del derecho constitucional soporte fundamental de todos los estados democráticos. De las normas constitucionales e internacionales no se deduce un mandato de despenalización del aborto ni una prohibición a los legisladores nacionales para adoptar normas penales en este ámbito. El congreso dispone de un amplio margen de configuración de la política pública en relación con el aborto. Límites a la potestad de configuración del legislador en materia penal. El principio y el derecho fundamental a la dignidad humana el derecho al libre desarrollo de la personalidad la salud la vida y la integridad de las personas el bloque de constitucionalidad la proporcionalidad y la razonabilidad como límites a la libertad de configuración del legislador en materia penal. El aborto en el derecho comparado. Inexequibilidad de la prohibición total del aborto de la expresión "o en mujer menor de catorce años" del artículo 123 del código penal así como de la disposición contenida en el artículo 124 del código penal. Constitucionalidad del numeral 7 del artículo 32 del código penal. El artículo 122 del código penal es exequible a condición de que se excluyan de su ámbito las tres hipótesis que tiene carácter autónomo e independiente ((i) cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico; (ii) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida certificada por un médico; y (iii) cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto). Exequible el artículo 32 numeral 7 de la ley 599 de 2000; exequible condicionado el artículo 122 de la ley 599 de 2000; inexequible la expresión "o en mujer menor de catorce años.." del artículo 123 de la ley 599 de 2000 e inexequible el artículo 124 de la ley 599 de 2000 

2007-08-03 

 

T-605/07

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

 

T-1582084

Derecho a la salud al libre desarrollo de la personalidad y a tener una familia de afiliada a quien la entidad se niega a autorizarle la realización de una intervención quirúrgica de infertilidad aduciendo que los tratamientos para la infertilidad se encuentran excluidos del pos. Solicita se ordene autorizar la cirugía obstructiva de las trompas de falopio y retiro de adherencias del ovulo izquierdo. Protección del derecho a la salud por vía de la acción de tutela. Los derechos sexuales y reproductivos desde el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la corte constitucional. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos reconocidos como tales en diversos instrumentos internacionales así como en las conferencias mundiales convocadas por las naciones unidas. Jurisprudencia constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela para reconocer prestaciones comprendidas en la atención de la salud sexual y reproductiva excluidas del pos. Supuestos facticos en los cuales la acción de tutela es el mecanismo idóneo para obtener el tratamiento de infertilidad por parte de la EPS. En el presente caso la tutela es procedente para ordenar la realización de la cirugía prescrita. Requisitos jurisprudenciales para inaplicar disposiciones por resultar contrarias a la constitución. Acción de repetición contra el Fosyga. Concedida 

2007-08-15 

 

T-636/07

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

 

T-1597440

Derecho a la salud, la protección sexual y reproductiva el respeto a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de afiliada beneficiaria que por causa de embarazos que han terminado en aborto su médico le ordeno exámenes cariotipo materno y cariotipo paterno que la entidad se niega a realizar aduciendo que se trata de exámenes no incluidos en el pos. Solicita se ordene autorizar los exámenes formulados. Protección del derecho constitucional a la salud por acción de tutela. La protección del derecho a la salud incluye el derecho al diagnóstico de conformidad con las reglas sentadas por la jurisprudencia constitucional. Protección reforzada del derecho a la salud sexual y reproductiva: en el ordenamiento jurídico interno y en el ámbito internacional. Jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para reconocer prestaciones comprendidas en la atención de la salud sexual y reproductiva excluida del pos. En el presente caso al abstenerse de practicar la prueba prescrita por la médica tratante la entidad demandada desconoció el derecho al examen diagnóstico y vulnero el derecho a la protección de la salud sexual y reproductiva de la peticionaria. Acción de repetición contra el Fosyga. Concedida 

2007-11-09 

 

T-946/07

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 

 

T-1663073

Derecho a la salud y la seguridad social en conexidad con la vida digna de afiliada a quien le fue diagnosticado dolor pélvico y alta sospecha de endometriosis por lo que le formularon el procedimiento de laparoscopia operatoria que la entidad se niega a autorizar aduciendo que se trata de un procedimiento excluido del pos. Solicita se ordene autorizar el procedimiento formulado por su médico tratante. El derecho a la salud y su ámbito de protección por vía de tutela. Supuestos para la procedencia de la acción de tutela. Alcance de la acción de tutela en relación con tratamientos de fertilidad. Requisitos para autorización de procedimientos medicamentos o tratamientos excluidos del pos. En el presenten caso la sala considera que se presentan los elementos necesarios para ordenar el procedimiento requerido por la peticionaria. Acción de repetición contra el Fosyga. Concedida 

2009-05-28

T-388/09

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

T-1569183

Dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y salud en conexidad con la vida. Solicita el esposo en calidad de accionante se ordene a la eps realizar el procedimiento de interrupción del embarazo de su esposa, y la práctica de una prueba genética y patológica sobre el feto, para solucionar los problemas que tienen los accionantes para concebir hijos, ante la negativa del centro médico respectivo, se interpone acción de tutela. 
La corte debido a la relevancia del asunto y pese a encontrarse frente a un hecho superado, decide fallar el caso. Después de la recaudación de los informes relacionados con el cumplimiento de la sentencia c-355/06, relativos a las causales de despenalización del aborto, la corte procede a pronunciarse sobre: los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en los casos de interrupción voluntaria del embarazo, haciendo alusión a los requisitos para que los centros de salud procedan a realizar la interrupción del embarazo; y sobre la relevancia del consentimiento en el caso de las menores de 14 años.  En relación con el decreto reglamentario 4444/06, se hace un llamado para que la mujer gestante pueda acceder a los servicios de salud en condiciones de calidad y seguridad, respetando siempre sus derechos fundamentales.  Se realiza un seguimiento jurisprudencial de la sentencia c-355-06.  Se dictan lineamientos, para que las mujeres puedan tener un libre acceso para ejercer su derecho a la interrupción del embarazo, siempre dentro de las causales previstas en la sentencia para el efecto.  Objeción de conciencia y alcances. La corte señala cómo debe llevarse a cabo, bajo que parámetros y sobre todo se aclara que no se podrá realizar objeción de conciencia de manera colectiva, como tampoco lo podrán efectuar personas jurídicas.  El poder vinculante de las sentencias de constitucionalidad.  En la parte resolutiva la corte dicta dos órdenes especiales: la primera dirigida al ministerio de la protección social, al ministerio de educación nacional, a la procuraduría general de la nación y a la Defensoría del Pueblo, para que diseñen y pongan en movimiento campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer; y la segunda, a la superintendencia nacional de salud para que adopte medidas con el fin de que las EPS e IPS cuenten con el personal idóneo y suficiente para atender el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, y se abstengan de incurrir en exigencias adicionales e inadmisibles. 

 

2010-03-23 

 

T-226/10

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO 

 

T-2456849 Y OTROS 

 

Salud, vida, familia, derechos sexuales y reproductivos. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes solicitan se ordene a las EPS accionada autorizar en forma integral y en las oportunidades que se requiera, desarrollar un programa de fertilidad que incluya todos los tratamientos necesarios, estén o no incluidos en el pos. La sala realiza un estudio de los antecedentes jurisprudenciales respecto de tratamiento de infertilidad, se recuerda que la protección excepcional que ha otorgado esta corporación en la realización de un tratamiento de fertilidad, tiene como objeto esencial sanar o curar la causa que produce la infertilidad, por cuanto lo que se ataca es la enfermedad que afecta la salud, la vida o la integridad física de la mujer, en estos eventos se ha concedido el amparo, pero en los casos estudiados lo que se pretende es producir la fertilidad de manera externa a la protección solicitada, por lo tanto se decide negar la protección de los derechos invocados. Niega

2010-04-30 

 

T-310/10

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

 

T-2570939 

 

Salud, vida digna, salud sexual femenina. La accionante solicita se ordene a su EPS, autorizar la cirugía ordenada por su médico tratante denominada ninfoplastia que consiste en la reconstrucción de sus labios vaginales ya que su sufre de hipertrofia de labios menores, dicha cirugía le ha sido negada por el comité técnico científico por no encontrarse incluida en el pos, además el comité considera que no se evidencia el objetivo funcional del procedimiento. La sala realiza un recuento jurisprudencial sobre las cirugías plásticas, en casos reconstructivos y estéticos, se constata que las evaluaciones llevadas a cabo por el médico tratante y avaladas por el comité técnico científico no permiten establecer con claridad si el problema del accionante es una cuestión que afecta gravemente su salud, por lo tanto se ordena realizar una nueva valoración médica, considerando en forma especial la salud reproductiva y sexual de la accionante y en caso de que el servicio sea requerido ordenar su práctica. Concede. 

2010-05-03 

 

T-311/10

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

T-2497064 

 

Salud, vida digna. El accionante solicita se autorice un tratamiento de fertilización in vitro, que fue ordenado por su médico tratante como única solución para poder procrear, la EPS accionada se ha negado a brindarle dicho tratamiento por encontrarse excluido del pos. La sala se pronuncia sobre el ámbito de protección por vía de tutela del derecho a la salud, los requisitos constitucionales para la inaplicación de las exclusiones del pos, realiza reiteración de jurisprudencia sobre el alcance de la protección constitucional en relación con tratamientos de fertilidad, se recuerda que no es obligación del estado garantizar la procreación a través de los planes obligatorios de salud, sin embargo el juez de primera instancia concedió el amparo sin verificar la naturaleza de la prestación reclamada y sin tener en cuenta el perfil socio económico del accionante quien se encuentra en estrato cinco, en todo caso se observa la carencia actual de objeto ya que el tratamiento fue llevado a cabo

2010-07-22 

 

T-585/10

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

 

T-2597513 

 

Salud, vida digna. La accionante comenta que tiene un embarazo de alto riesgo por lo que solicitó ante la institución hospitalaria accionada la interrupción del mismo, sin embargo la entidad le da cita para dentro de meses y su situación es cada vez más precaria. La sala se pronuncia sobre la carencia actual de objeto, se recuerda la sentencia c-355 de 2006 y las tres circunstancias específicas de interrupción de embarazo, los requisitos para proceder a la interrupción voluntaria del embarazo y su desarrollo jurisprudencial, el derecho fundamental de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo como derecho reproductivo y las correlativas obligaciones de respeto y garantía en cabeza del estado y los promotores y prestadores del servicio de salud, las consecuencias de la suspensión provisional del decreto 4444 de 2006 “por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva” respecto de las obligaciones del estado y de los prestadores y promotores del servicio de salud, se hace evidente que el juez de primera instancia abuso de su posición y abandonó su rol de operador jurídico ya que en lugar de solucionar el problema jurídico realizó reproches sobre la vida sexual y reproductiva de la accionante, se concluye que el hospital accionado actuó de manera negligente ya que no se verificó el peligro en que se encontraba la accionante debido a su embarazo, vulnerándole además el derecho al diagnóstico, debido a que hubo una modificación en los hechos que originaron la acción hace que se este frente a una carencia actual de objeto, se previene al hospital accionado para que en adelante cuente con un protocolo de diagnóstico rápido para aquéllos eventos en que los profesionales de la salud advierten la posibilidad de que se configure la hipótesis de peligro para la vida o salud de la madre o en los que la mujer gestante, se ordena a la superintendencia nacional de salud que adopte las medidas indispensables con el fin de que las empresas promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud cuenten con un protocolo de diagnóstico rápido debiendo ser este protocolo integral

2010-08-19 

 

T-644/10

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

 

T-2644626 

 

Salud, vida digna, familia. A la accionante, su EPS le autorizó un tratamiento de fecundación in vitro, sin embargo la entidad accionada decidió abruptamente no continuar con la prestación del servicio, solicita se ordene reestablecer la continuidad, y se autoricen los medicamentos, ayudas diagnósticas, e intervenciones quirúrgicas. La sala se pronuncia sobre el régimen de seguridad social en salud aplicable a los docentes afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, el derecho fundamental a la salud, sus limitaciones y alcance excepcional de la acción de tutela con relación a los tratamientos de fertilidad, las subreglas que ha establecido la jurisprudencia constitucional para inaplicar el plan obligatorio de salud del régimen contributivo cuando la prestación del servicio se requiere con necesidad, la aplicación analógica al plan de atención en salud que se brinda a los docentes estatales, debido a que se encontró probado que a la actora le había sido autorizada e iniciada la fertilización asistida, por lo tanto se ordena continuar con el tratamiento, incluyendo todos los exámenes y medicamentos requeridos, por solo una vez más, no se autoriza el recobro contra el Fosyga ya que Cosmitet Ltda., autorizó directamente el tratamiento de fertilización in vitro, y asumió el gasto del servicio de salud excluido del pos. Concedida.

2011-11-03

T-841/11

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

T-3130813

Dignidad humana, integridad personal, libre desarrollo de la personalidad. La acción de tutela es presentada por el padre de una menor de 12 años, que resultó embarazada como producto de una relación sexual sostenida con su novio, un joven menor de edad de dieciséis años. Cuando la menor tenía catorce semanas de gestación fue a la E.P.S. Demandada y luego de valoración médica se expidió un certificado en el cual se señaló que existía riesgo en la salud emocional y física de la gestante, por presentar frustración y depresión y por peligro de complicaciones obstétricas. Tras valoración psiquiátrica por parte de un profesional no adscrito a la e.ps., se diagnosticó que la menor presentaba una reacción depresivo/ansiosa al embarazo no deseado, determinando que la continuación del mismo afectaba la salud mental de la menor. A las quince semanas de gestación la gineco-obstetra vinculada a la I.P.S. Certificó que la continuación del embarazo representaba un riesgo para la salud física, mental y social de la menor, por enfrentar los múltiples riesgos. La menor formuló varias solicitudes para que le fuera realizada la interrupción voluntaria del embarazo, pero no obtuvo respuesta alguna, ni le fue practicado el procedimiento requerido. En sede de revisión la sala tuvo conocimiento de que la menor embarazada dio a luz, hecho que configuró la carencia actual de objeto por la ocurrencia de un daño consumado, pero aun así, la sala analizó a profundidad el caso para establecer la procedencia del resarcimiento de daños y la declaratoria de posibles responsabilidades. Entre otras medidas, se decidió condenar en abstracto a la E.P.S. A pagar el daño emergente y todos los perjuicios causados a la menor, los cuales debe reparar en su integridad. De la misma forma se le previno para que en adelante responda oportunamente las solicitudes de IVE y se abstenga de exigir requisitos adicionales a los fijados en la sentencia c-355/06de manera general, se sientan las bases sobre la obligatoriedad de reservar la identidad de las mujeres que interponen acción de tutela para exigir su derecho fundamental a la IVE.  

2012-08-10

T-627/12

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

T-3331859

En este caso 1280 mujeres interpusieron la acción de tutela en contra del procurador general de la nación y las procuradoras delegadas para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia y para la función pública, planteando el asunto como un caso de violación del derecho a la información. Específicamente, como un caso de vulneración de una de las dimensiones de este derecho, cual es la de recibir información veraz e imparcial. Las demandantes sostienen que los accionados han emitido de manera continua y sistemática una serie de pronunciamientos que incluyen información inexacta o tergiversada, relacionada con los derechos reproductivos de las mujeres, lo que produce confusión y desinformación generalizada. Plantearon además, violaciones o amenazas a otros de sus derechos fundamentales, básicamente a los reproductivos o a aquellos relacionados con éstos. La sala dividió sus consideraciones según los siete asuntos respecto de los cuales las peticionarias estiman amenazados o violados sus derechos fundamentales, así: 1º. Las órdenes de la sentencia t-388/09, 2º. Los efectos de la nulidad interpuesta en contra del mismo fallo, 3º. La naturaleza de la AOE (anticoncepción oral de emergencia) 4º. El carácter de derecho de la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) y las obligaciones de la superintendencia de salud frente al mismo, 5º. Los efectos de la suspensión provisional del decreto 444 de 2006 en relación con la objeción de conciencia a la IVE, 6º. La existencia y alcance del derecho a la vida del nasciturus y 6º la inclusión del misoprostol en el pos. Se concede el amparo por la violación y/o amenaza de los derechos fundamentales de las actoras al acceso a los servicios de salud reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la salud física y mental, a la IVE y la información en materia reproductiva y se ordena al procurador general de la nación y a la procuradora delegada para los derechos de la infancia y la adolescencia, hacer una serie de rectificaciones relacionadas con la forma de referirse a las campañas ordenadas en la sentencia t-388/09y a la obligación de la superintendencia de salud de remover obstáculos para el acceso al IVE. Así mismo, se ordena modificar la posición oficial de la entidad respecto a la AOE, modificar algunos apartes de las circulares 029 de 2011 y 021 de 2011 relacionadas a la objeción de conciencia a la IVE y, se ordena a la comisión nacional de salud que levante la suspensión de la decisión acerca de la inclusión del principio activo misoprostol en el pos y continuar su trámite desde la etapa en la cual fue suspendido.  

2014-03-11

C-131/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

D-9786

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la ley 1412 de 2010, por medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de Falopio como formas para fomentar la paternidad o la maternidad responsable. Los demandantes cuestionan la norma acusada presentando la anticoncepción quirúrgica como una opción válida para enfrentar la problemática del embarazo de adolescentes, que afecta a todos los jóvenes en capacidad de procrear. Aducen la violación de los artículos 13, 16, 42, y 45 de la constitución, al igual que la de los artículos 7, 9, 10, 18 y 37 del código de infancia y adolescencia, el 16 de la declaración universal de derechos del hombre, el artículo 17 de la convención americana de derechos humanos, los artículos 1, 7 y 24 de la convención interamericana de derechos humanos y, el artículo 16 de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La corte concluyó que la prohibición de practicar la anticoncepción quirúrgica de los menores de edad es constitucional, porque es el desarrollo de la facultad que la constitución otorgó al legislador para regular la paternidad responsable y la protección de los niños. Precisó, que en casos específicos de menores en situación de discapacidad mental severa y permanente que estén en imposibilidad de otorgar en el futuro su consentimiento libre e informado y de menores para quienes un embarazo implica un riesgo inminente para su vida, el juez puede evaluar si autoriza la práctica de anticoncepción quirúrgica a un menor, a solicitud de su representante legal. Exequible. 

 

2014-10-30

T-740/14

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

T-4395361

El accionante, en representación de una hija menor de edad que presenta síndrome de Down, instauró la acción de tutela en contra de la e.p.s. Coomeva, alegando la vulneración del derecho constitucional de petición, en tanto omitió dar respuesta a la solicitud relacionada con la autorización para practicarle a la niña el procedimiento de esterilización quirúrgica denominado ligadura de trompas. Precisó el actor que la entidad inicialmente no respondió la solicitud, que posteriormente le exigió una autorización judicial con la que ya contaba y que finalmente, le ofreció un tratamiento alternativo que no correspondía al pretendido. Entre otros argumentos esbozados por la accionada, estuvo el de no poder realizar el procedimiento médico, por estar prohibido expresamente por la ley 1412 de 2010, por tratarse de una menor de edad. La sala de revisión examinó la línea jurisprudencial que ha construido la corte en torno a la procedibilidad de la acción de tutela para ordenar la práctica de procedimientos de anticoncepción definitivos en mujeres y menores en situación de discapacidad mental. También revisó los estándares internacionales en relación con la posibilidad o no de autorizar procedimientos de esterilización quirúrgica en menores en situación de discapacidad, precisando las obligaciones en materia de garantía del derecho al consentimiento informado, la autonomía de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos de dicho grupo poblacional. Se concluye, que no es procedente la acción de tutela para ordenar la práctica de la intervención quirúrgica solicitada, porque no es permitido el procedimiento de esterilización en la niña agenciada, en tanto es menor de catorce años, además, porque no está incursa en ninguna de las causales excepcionales que ponen en grave riesgo su integridad sexual y su autonomía personal, no existe autorización judicial para mismo y, el padre tampoco agotó el procedimiento ordinario establecido para la materia. Pese a lo anterior, encuentra la sala que se requiere abordar el amparo de los derechos fundamentales de la niña, debido a que puede estar en riesgo su integridad y autonomía personal. Se concede la tutela de los derechos anteriormente precitados, además de los de la salud sexual y reproductiva y al consentimiento libre e informado. Se ordena a la E.P.S. Abstenerse de realizar cualquier procedimiento médico invasivo que no consulte el consentimiento de la menor y que carezca de autorización judicial según sea el caso y, prestar todos los servicios de asesoría y acompañamiento psicológico y médico en materia de métodos de planificación sexual y reproductiva de acuerdo a su situación de discapacidad. Además de lo anterior, se imparten órdenes específicas al ICBF, a la defensoría del pueblo y a la procuraduría general de la nación. 

 

2015-12-10

C-754/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

D-10849

Para la Corte, la cláusula de igualdad de la Constitución y en particular, los artículos 5 y 12 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y el artículo 8º de la Convención de Belém do Pará, imponen al Estado la obligación de eliminar estereotipos de género en el acceso a la salud de las mujeres víctimas de violencia sexual. En este contexto, la expresión acusada, al determinar la facultad de las entidades de salud para aplicar un procedimiento que busca estandarizar la calidad del acceso a los servicios que atienden casos de violencia sexual y garantizar la atención integral, el cual, tiene un impacto mayor en las mujeres, permite que en la práctica se perpetúen los estereotipos de género. Por lo tanto, la disposición crea y mantiene condiciones que conducen a las mujeres a la vulnerabilidad social y a la violación de sus derechos, por permitir márgenes de discrecionalidad inadecuados que fomentan prácticas discriminatorias. En ese orden, esta medida desconoce la obligación del Estado colombiano de eliminar los estereotipos de género contemplada expresamente por la cláusula de igualdad en la Carta Política y el bloque de constitucionalidad, razones por las cuales, la Corte procedió a declarar la inconstitucionalidad del vocablo acusado, por vulnerar el derecho a la salud de las víctimas de violencia sexual y la obligación del Estado de garantizar servicios de salud en condiciones de igualdad accesibles para todos, toda vez que la adopción facultativa de un procedimiento estandarizado que busca garantizar la calidad y los derechos de las víctimas de violencia sexual, genera una distinción inadmisible en el acceso a los servicios de salud. A su vez, por violar el derecho a la igualdad y el bloque de constitucionalidad, al configurar una discriminación indirecta e interseccional en el acceso a servicios de salud integrales accesibles, disponibles y de calidad para las mujeres víctimas de violencia sexual, particularmente, para aquellas que pertenecen a grupos vulnerables. Además, por no cumplir con la obligación del Estado de eliminar estereotipos de género en el ámbito del acceso a los servicios de salud de las mujeres víctimas de violencia sexual, la expresión acusada fue expulsada del ordenamiento jurídico. No obstante, la Corte consideró que la inexequibilidad simple del vocablo impugnado no es suficiente para superar la inconstitucionalidad que se constató, pues una decisión simple de inexequibilidad privaría al artículo 23 de la Ley 1719 de 2014 de coherencia y significado y anularía su sentido: la provisión de atención integral y gratuita a las víctimas de violencia sexual. Por esta razón, procedía dictar una sentencia integradora sustitutiva, con el objeto de garantizar el derecho a la igualdad de las víctimas de violencia sexual en la atención en salud. De esta forma, moduló la decisión de inexequibilidad, llenando el vacío que crea, sustituyendo la expresión excluida con la de “obligación”, para ajustarse al contenido normativo de los artículos 13, 43, 49 y 93 de la Constitución y al bloque de constitucionalidad. En consecuencia, en virtud de esta modulación, todas las entidades de salud están en la obligación de implementar el Protocolo y el Modelo de Atención integral en Salud para las Víctimas de Violencia Sexual, que contendrá dentro de los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, la objeción de los médicos y la asesoría de la mujer en continuar o interrumpir el embarazo.

 

 

C-754/15