Corte Constitucional de Colombia

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INTERVENCION DE MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

INTERVENCIÓN DE MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Presidente de la Corte Constitucional de Colombia

 

En la instalación del simposio internacional, “Independencias y Constituciones: Otra Mirada al Bicentenario”

 

1. Hace algo más de medio siglo, un pensador vienés sacudió el mundo intelectual al denunciar los orígenes filosóficos compartidos del comunismo y el fascismo, para situar la verdadera antinomia en el enfrentamiento de la libertad contra los totalitarismos en sus diferentes expresiones. El “historicismo”, a juicio del Karl Popper, fue la raíz común de las ideologías que negaron los ideales libertarios en el mundo: suponer que la historia obedece a leyes inexorables y que el individuo se halla encadenado a un porvenir que lo gobierna, es la trampa que subyace en el centro de esas teorías. Fue también creencia dominante de los pueblos del mundo por mucho tiempo. La América hispana alimentó su determinismo histórico durante siglos, quizás considerando que doscientos cincuenta años de absolutismo monárquico eran plena prueba de un destino fatal, superior a toda empresa humana. Partiendo de concebir el curso de las sociedades como un devenir que en algún grado decisivo podemos construir, la Corte Constitucional de Colombia ha querido concurrir a las conmemoraciones bicentenarias, para extraer de nuestro pasado algunas luces que alumbren el porvenir.

 

2. Los primeros sucesos políticos de hace doscientos años en las provincias de la Nueva Granada que reivindicaron la soberanía popular, el autogobierno, la libertad y la igualdad entre criollos y peninsulares, fueron gérmenes, todavía no frutos, de nuevas naciones. El 20 de julio en Santafé de Bogotá, además de fecha premonitoria de Independencias, fue un día anticipatorio de Constituciones, la otra mirada al Bicentenario. En esta jornada 1810, el empeño de ser gobernados por una autoridad sometida a la dominación constitucional alimentó el sueño de incidir en el curso de la historia; pero tendríamos que esperar hasta el 11 de noviembre de 1811 para que, desde Cartagena de Indias, nos lanzáramos a la fascinante aventura de construir una ciudadanía americana. Por eso, en estas tierras primero fueron las Constituciones; a través de ellas llegaron las Independencias. La época de la Independencia en la Nueva Granada se inicia bajo el signo de las Constituciones provinciales, ante el fracaso inicial de darnos un Estatuto general. Más aún, mientras pueblos hermanos sellaron con las armas su destino autonómico y sacralizaron sus revoluciones con la expedición de Cartas Fundamentales, los neogranadinos decidimos optar por la expedición de Constituciones para moderar el poder de un Monarca incierto y, sólo después, para declararnos en Independencia. Trátese del Estatuto de Santafé o Antioquia, Pamplona, Tunja, Neiva, Cartagena, Casanare, Nóvita, Popayán o Mariquita, fuimos a la guerra, no solo a instituir la República a partir de Constituciones sino en defensa de Constituciones que ya habían instituido la República. La historiografía reseña que de las veintitrés Leyes Superiores dictadas en América Hispana desde 1811 hasta el inicio de la Pacificación, diecisiete fueron granadinas; la Nueva España y las naciones del sur las adoptarían unos años después, tras procesos extenuantes de liberación y expedición. El modelo constitucionalista europeo y angloamericano arraigó precursoramente en la Nueva Granada, como ocurrió también en la hermana patria venezolana. Tuvimos Constituciones primero que Independencia.     

 

3. Al dejar de entender la historia como una predeterminación de la necesidad, el análisis de las influencias en los acontecimientos cobra sentido. Es imposible desconocer el peso que en los momentos fundacionales de nuestra Nación tuvo el proceso Constitucionalista español. Paradójicamente, la lucha contra la Corona se nutrió del pensamiento liberal y antiabsolutista que estalló España, tras la invasión bonapartista. El complejo ajedrez de la Europa del mil ochocientos, trasladó rápidamente de Portugal a España la batalla entre Francia y Gran Bretaña por el predominio de las tierras y los mares; en este nuevo tablero, Napoleón intenta capitalizar el descontento de las élites criollas de los territorios americanos tras las reformas carolinas, mediante un deliberado proyecto que concedía a las provincias americanas igualdades y libertades, cifradas en cláusulas constitucionales expedidas por las Cortes de Bayona. Los pueblos de Hispanoamérica y el criollismo dirigente se mantuvieron leales a la Monarquía, por un tiempo. Entre tanto, ante la crisis dinástica que envolvió a Carlos IV y su hijo Fernando y en medio del vacío de poder urdido por Bonaparte y la asunción del hermano al trono, España se lanza a su Guerra de Independencia: surgen en la remota Hispania juntas locales, luego provinciales y finalmente una Junta Central Suprema del Reino, que asumen sucesivamente los poderes de gobierno y de justicia y, explícitamente, la soberanía. Se desata un alzamiento político de raíz liberal que conduce a la agonía de la monarquía absoluta. De ese fragor emerge el formidable proceso constituyente que inicia con la convocatoria de las Cortes y conduce a la expedición de la Constitución de Cádiz, en el día de san José de 1812. El pensamiento liberal y constitucionalista francés, inglés y norteamericano cobra renovado vigor con las proclamas de los líderes hispanos que hablan el lenguaje de la soberanía popular,  que en forma de Juntas  de Gobierno y Colegios Constituyentes replicamos en las provincias americanas. La igualdad entre peninsulares y americanos,  los derechos individuales y la eliminación de la tortura, la libertad de industria y comercio, el reparto de tierras, la abolición del tributo indígena, de las encomiendas, señoríos y del tráfico de esclavos, fueron banderas gaditanas asumidas por nuestra propia Independencia: un catálogo de anhelos libertarios que los americanos vieron desfilar hace doscientos años en los debates de las Cortes y en la propia Constitución de Cádiz. Entre nosotros, el vacío de poder virreinal fue ocupado por Juntas de Gobierno en las provincias, huérfanas o libres de un poder unitario; asumieron la soberanía, inicialmente, en nombre del Rey cautivo y luego como atributo indelegable de los pueblos. Correspondió a estas juntas provinciales, a falta de una autoridad general, sentar las bases constitucionales de la Independencia. Así, como se prefiguró en los debates de Cádiz, el primer paso de nuestro destino como Nación fue la sujeción del Poder al Derecho, el sometimiento de la autoridad monárquica al dominio constitucional. El siguiente sería la Independencia para la formación de un Gobierno Republicano, representativo, electivo y responsable y tricéfalo, a través de una Constitución. De este modo, el constitucionalismo revolucionario granadino fue precursor de su propia independencia y de la expedición de Constituciones en el Nuevo Mundo: las constituciones de Cundinamarca y Antioquia fueron expedidas en 1811, meses antes que la misma Constitución de Cádiz de 1812, cuyo proceso constituyente, es preciso decirlo, alumbró procesos similares en América. Tal constitucionalismo, que devino en la Independencia, brotó de las semillas sembradas por los pensadores de la Ilustración y, en modo próximo, del pensamiento liberal español que enfrentó hace dos siglos, a un mismo tiempo, al imperio napoleónico y a su propio absolutismo monárquico.

 

4. Esta idea constitucional -sujeción y limitación del poder, consagración y realización de derechos- se va erigiendo con las experiencias de vida republicana, en un valor central de la cultura política de nuestra Nación. Apenas nacía el nuevo orden en los años veinte del mil ochocientos, y la aplicación de instituciones de la Carta Boliviana entre nosotros  provoca un choque de magnitudes colosales entre el Genio de la Independencia y el Hombre de la Leyes. La Constitución fue el escenario de la primera gran lucha entre los partidarios de Bolívar y Santander, intuyéndose  tempranamente que en sus cláusulas solemnes se cifraba, en buena parte, el destino de Colombia. En esas febriles disputas se templaron los espíritus de quienes hicieron la revolución liberal del medio siglo, que hace ciento cincuenta años se dio a la tarea de completar la obra de la generación de los libertadores, borrando cualquier vestigio colonial. Fueron tiempos de Constituciones excluyentes, del vencedor en la guerra civil de uno u otro partido que vertía su ideario banderizo en textos fundamentales prácticamente irreformables, con la vana pretensión de eternizar su singular visión sobre materias que eran, de suyo, susceptibles de alternancia. Pendularmente, fuimos unitarios y federalistas, libertarios y confesionales, liberales clásicos o intervencionistas, mas el constitucionalismo republicano sobrevivió como referente básico de la cultura constitucional, ya como expediente para la legitimación del poder o como salvaguarda del ejercicio legítimo de la oposición. Fueron ejemplares los casos de 1930 y 1946, cuando la regla de la alternación en la Presidencia de la República, tras haber estado seriamente expuesta, quedó consolidada: tras el ejercicio del poder hegemónico conservador por casi medio siglo y la institucionalización liberal del estado social de derecho, respectivamente, los mandatarios de entonces nos legaron una valiosa enseñanza con el reconocimiento claro del triunfo de su feroz opositor, en medio de presiones de las correspondientes parcialidades que urgían el desconocimiento del triunfo electoral de un vencedor que, en ambos casos, no había dejado de ser partido minoritario. Tanto el jurista Abadía Méndez como el periodista Lleras Camargo, refrendaron como presidentes las enseñanzas de su juventud: el primero como profesor de derecho constitucional y el segundo como escritor en ejercicio del arduo oficio del periodismo libre. Así, lentamente, con la fuerza del poder decantador de los años, la cultura constitucional se fue afirmando entre nosotros como un elemento esencial de cultura democrática.

 

5. Ni el tránsito por en medio de la Violencia logró desquiciar el andamiaje institucional que hemos armado en estos dos siglos. Los pactos civilistas que en 1958 dieron origen al Frente Nacional y pondrían fin a la guerra entre los partidos históricos desde los años treinta a los cincuenta, sólo adquirieron eficacia cuando dejaron de ser meros  acuerdos políticos que se desconocían al menor pretexto y fueron elevados a rango constitucional, dotados de fuerza vinculante, en virtud de decisión directa y abrumadoramente mayoritaria del Pueblo. Un período cuestionado, sí, de nuestra historia; pero en todo caso, un original modelo de institución  constitucional que desterró para siempre la absurda violencia partidaria y nos libró, seguramente, de caer en el circuito de las dictaduras militares que enseñorearon en casi toda la América Latina del siglo XX, entre los cincuenta y los setenta. Tampoco la violencia ni el terror de poderosos grupos armados ilegales de estas últimas décadas, ha logrado resquebrajar los cimientos de nuestra identidad constitucional. Ni en los momentos más críticos o dolorosos del desafío criminal al Estado y a la sociedad colombiana, hemos caído en la tentación de restringir la democracia o desvalorizar la supremacía de la Constitución. Por el contrario. En medio de los peores embates, las fuerzas políticas tradicionales y emergentes realizaron el gran pacto político fundamental de nuestra historia reciente: la Constitución de 1991, la primera Carta Política realmente pluralista, concebida no como un instrumento de poder del vencedor sino como un pacto de convivencia entre los colombianos, proveedor de las reglas de juego para la alternación pacífica de las fuerzas democráticas en el poder. En estos casi veinte años de modernidad constitucional, se ha venido realizando una pacífica revolución de los derechos fundamentales que ha incorporado a millones de colombianos a la ciudadanía efectiva,  profundizando con ello la cultura constitucional. 

 

6. Pero los nuevos tiempos plantean a todos los países desafíos formidables ligados con la globalización. Las formas tradicionales del Estado-Nación comienzan a ser rebasadas. He aquí un caso ilustrativo: a partir del restablecimiento de las democracias en América Latina a finales del siglo pasado, el discurso filosófico y jurídico de los derechos humanos fue adquiriendo una fisonomía dominante; el imperativo de abordar la dimensión internacional de los derechos humanos, hizo que el sistema interamericano diseñara instituciones hemisféricas para su preservación, con poder vinculante sobre los estados de la Organización. Es un paso a desplegar en otras áreas y escenarios. El bienestar de quienes nos han de suceder en el Planeta es asunto crucial cuando, por razones distintas a la guerra nuclear, la humanidad comienza a pensar en su final como especie, por obra del desastre ambiental que está provocando. Entonces se echa de menos la existencia de instituciones supranacionales para proteger la Amazonia o defender los ríos continentales. Aquí cabe retomar las premonitorias reflexiones de Popper cuando, al descreer de una historia regida por leyes, nos advierte que tampoco el progreso tiene una condición ineluctable. En palabras del gran pensador francés, Sartre, “estamos condenados a ser libres”, esto es, a tener que tomar decisiones responsables. Y nada mejor que este otro bien público, el más idóneo para deliberar y decidir, que debemos asegurar también a la sociedad del futuro: la democracia. Ya no es bastante la legitimidad por razón del origen del poder; el que los gobiernos surjan del querer de los gobernados es condición necesaria más no suficiente; la cuestión de los límites del poder que el pensamiento liberal de Locke y Montesquieu sumó a la idea democrática de Rousseau, plantea actualmente unos interrogantes fascinantes sobre el control constitucional, no solo de las leyes, sino de los propios actos constituyentes de diseño de la estructura del Estado y los poderes públicos. Las transformaciones que durante esta primera década del siglo veinte se presentan en los regímenes presidenciales de América Latina, sugieren interrogantes que deben ser abordados con prontitud. En todo caso, progresivamente, la nueva tendencia consitucionalista, que incorpora la dimensión internacional del derecho en sus estatutos nacionales o integra los conflictos normativos en favor de la prevalencia del orden internacional sobre el interno, va demandando que las cláusulas democráticas hayan de ser componente esencial de los acuerdos de integración entre nuestras naciones, ya en el ámbito subregional, hemisférico o mundial. No sería concebible una globalización económica y política, sin la predefinición de unos contenidos básicos de democracia bajo cuyas reglas vayan a vivir, trabajar, prosperar y ser felices las sucesivas generaciones  de ciudadanos universales que nos relevarán.

 

7. En “Mi Idea de Europa”, libro compilatorio de trabajos anteriores, nuestro ilustre visitante y orador central del Simposio Internacional que hoy comienza, Felipe González, expresa que en el mismo“se refleja la preocupación por comprender la época que nos ha tocado vivir, como ciudadanos de España, de Europa y del mundo, para encontrar respuestas que puedan servir de agujas de marear…”. A lo largo de esta conversación se ha intentado destacar, no solo el valor de la tradición constitucional colombiana sino su potencial como catalizador de los procesos de interdependencia en la sociedad global y universal que nos corresponde vivir. Su presencia entre nosotros, Presidente González, enaltece este foro. En nombre de la Corte Constitucional de mi país, del Centro de Estudios en Historia de la Universidad Externado y del Grupo de Investigación en Historia Cultural e Institucional del Constitucionalismo, aliados académicos en la gestación de este evento, me permito renovarle el testimonio de agradecimiento, reforzado con el aprecio y admiración que siempre  ha despertado en Colombia desde que nos visitó hace años como Secretario General de su Partido, luego, como gobernante, y hoy como un gran líder y pensador europeísta y universal. Igualmente a usted, Presidente Betancur, corresponsable de esta iniciativa concebida con la profesora María Teresa Calderón. También, a los distinguidos académicos y profesores que desde Europa o América han aceptado nuestra invitación; a la señora Alcaldesa de Cádiz, al señor Presidente de la Convención de Venecia, al Presidente de la Corte Constitucional del Perú, a los presidentes de las Academia Colombiana de Historia y Academia de Historia de Bogotá, y a nuestra anfitriona y primera mandataria de Cartagena de Indias: con el agradecimiento de mis colegas y el mío propio. 

 

8. Los Colegios Constituyentes de nuestras independencias, titulares del poder soberano de los pueblos y depositarios de su representación, fundaron comunidades políticas basadas en el consentimiento de los gobernados, en la división del poder y en el reconocimiento de derechos inalienables del hombre y el ciudadano. Con estos materiales, durante dos siglos, hemos venido construyendo valores  ciudadanos, republicanos y democráticos con tal asiduidad, que hemos hecho del ideal constitucionalista un rasgo esencial e identificatorio de nuestra cultura nacional.