PROHIBICION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS MUJERES

PROHIBICION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS MUJERES


REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatoría

 

SENTENCIAS REFERIDAS A LA PROHIBICION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJERES

 

 

FECHA SENTENCIA

 

SENTENCIA

 

PONENTE

EXPEDIENTE

TEMA

1994-03-07 

 

T-098/94

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

T-23023 

 

Derecho de petición. Derecho a la igualdad. Prohibición por razón del sexo. Afiliación del cónyuge a la caja de seguridad social. Concedida

1995-12-15 

 

T-624/95

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

T-78965

Derecho a la igualdad. Discriminación por razón del sexo. Escuela naval. Inscripción de una mujer para cadete. Concedida

1996-09-04 

 

C-408/96

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO 

LAT-064

Ley 248/95. Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Exequible.

1997-05-28 

 

C-251/97

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO 

LAT-091

Ley 319/96. Protocolo adicional a la convención. Americana de derechos humanos. Derechos  económicos sociales y culturales. Exequible

1997-12-03 

 

C-653/97

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

D-1706

Dec. 1305/75. Art. 6 parágrafo. Extinción de la pensión para las viudas de la policía fuerzas militares y personal del ministerio de defensa. Inexequible

1997-11-27 

 

C-622/97

HERNANDO HERRERA VERGARA

D-1710

Código sustantivo del trabajo art. 342 n° 1 prohibición de trabajo nocturno para las mujeres. Inexequible

1998-08-19 

 

C-401/98

VLADIMIRO NARANJO MESA 

 

D-1938 

 

Decreto 1042 de 1978 artículo 83. Vinculación de personal supernumerario a la administración pública. Estabilidad laboral de mujer embarazada. Exequible. Inexequible y sentencia inhibitoria

1999-02-17 

C-082/99

CARLOS GAVIRIA DIAZ

D-2137

.C. Art. 140 nº 7. Matrimonio celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice. Inexequible

1999-04-07 

 

C-199/99

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

 

D-2181 

 

Ley 443 de 1998. Artículo 62 parcial. Protección a la maternidad. Mujer embarazada que está en cargo de carrera. Exequible 

 

2003-10-21 

 

C-964/03

ALVARO TAFUR GALVIS 

 

D-4575

Ley 82 de 1993. Arts. 2 a 21 (ps.). Apoyo de manera especial a mujer cabeza de familia. Beneficios. Derecho de los niños. Acceso a planes y programas de vivienda. Primacía y prevalencia. Discriminación positiva o inversa. Trato discriminatorio con hombre.

2004-01-27 

 

C-044/04

JAIME ARAUJO RENTERIA 

 

D-4711

Ley 790 de 2002. Art. 12 (p.). Programa de renovación de la administración pública. Retiro del servicio. Protección especial a madres cabeza de familia sin alternativa económica. Igualdad material y de género. Padres cabeza de familia. Acciones positivas

2004-05-25 

 

C-507/04

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA  

 

D-4866

Código civil arts. 34 y 140 (parciales). Impúber. Casos en que el matrimonio es nulo y sin efectos. Inhibición de la corte constitucional para resolver el cargo en contra del artículo 34 del código civil. Capacidad de contraer matrimonio de los niños y las niñas

2005-02-08 

 

C-101/05

ALFREDO BELTRAN SIERRA 

 

D-5342

Código civil art. 1134. Derecho de usufructo de uso o de habitación o pensión periódica de una mujer mientras permanezca soltera o viuda. El artículo 1134 del código civil desconoce el principio constitucional a la igualdad y a la prohibición de establecer discriminaciones por razones de género establecidas en los artículos 13 y 43 de la constitución política. Vulneración de los derechos a la libertad personal. Inexequible el artículo 1134 del código civil.

 

2005-05-24 

 

C-534/05

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

 

D-5460

Código civil arts. 34 143 431 432 445 526 630 1018 1027 1061 1062 1196 1502 al 1504 1527 1602 1625 1740 1741 1851 1957 2243 2285 2368 2412 2439 2470 y 2515 (parciales); código de comercio (decreto 410 de 1971) arts. 12 103 104 899 900 1000 y 1137 parciales); código del menor (decreto 2737 de 1989) art. 89; y código de procedimiento civil (decreto 1400 de 1970) arts. 44 45 y 195. La demanda comprende la expresión "doce" contenida en el artículo 34 del código civil la cual fundamenta la distinción entre niños y niñas respecto de su llegada a la pubertad con los efectos jurídicos que ello comprende. Respecto de la incapacidad absoluta. Integración normativa entre el artículo 34 del código civil con las demás disposiciones demandadas y la expresión que configura la discriminación. Capacidad jurídica de los menores y las menores de edad. Capacidad de derecho y capacidad de hecho. Protección de los y las menores de edad mediante la declaratoria de incapacidad y de nulidad de algunos de sus actos. Protección jurídica igualitaria de menores de edad respecto del género. Prohibición de discriminación por razón sexo. Discriminaciones directas e indirectas. Permisión de tratos normativos diferenciados como fundamento de acciones afirmativas o discriminaciones positivas. Fin buscado por la diferenciación demandada del artículo 34 del código civil al declarar púberes a los niños y a las niñas en edades diferentes. Identificación de la norma jurídica inconstitucional derivada del artículo 34 y posibilidades de otras interpretaciones del mismo. Configuración del legislador para determinar edad a partir de que se pueden obligar las personas y alcance de la resolución de la corte. Inexequible e inhibida.

 

2006-02-23 

 

T-131/06

ALFREDO BELTRAN SIERRA 

 

T-1250871 

 

Derecho a la igualdad y la dignidad humana de persona afrodescendiente a quien le fue negado el acceso a los establecimientos comerciales por su color de piel. Solicita la protección de sus derechos fundamentales. Tutela contra particulares. El constituyente previo tres situaciones distintas bajo las cuales procede la tutela contra particulares: prestación de un servicio público grave y directa afectación del interés colectivo y la existencia de estado de subordinación o indefensión. Esta corporación ha señalado que además procede la tutela contra particulares que ejercen funciones públicas pues en tal caso ostentan la calidad de autoridad pública. La discriminación racial es contraria a la constitución. La conducta desplegada por los establecimientos comerciales demandados es contraria al principio de la no discriminación.

 

2006-04-25 

 

C-322/06

MARCO GERARDO MONROY CABRA 

 

LAT-283

Ley 984 de 2005. Se aprueba el protocolo facultativo de la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer adoptado por la asamblea general de las naciones unidas. Tramite de la ley 984 de 2005. La corte concluye que la ley fue regularmente aprobada y sancionada. Descripción del contenido general del protocolo facultativo de la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y examen material de constitucionalidad. Exequibles 

 

2006-08-16 

 

C-667/06

JAIME ARAUJO RENTERIA 

 

D-6152

Ley 136 de 1994 articulo 3 (parcial) numeral 5. Se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Funciones de los municipios. Para las demandantes la norma acusada contradice la constitución en particular el articulo 13 porque cuando utiliza el termino mujer se está discriminando y vulnerando el derecho a la igualdad. El trato diferenciado ante dos situaciones diversas no constituye necesariamente una discriminación. Situación de la mujer en el ordenamiento constitucional. La mujer es sujeto constitucional de especial protección. Las acciones afirmativas. Desarrollo del mandato de igualdad de la Constitución Política. La norma acusada denota en su contenido normativo una acción afirmativa en cabeza de los municipios y a favor de grupos de especial protección constitucional como los niños las personas de la tercera edad los discapacitados y las mujeres. La disposición acusada no es una norma que excluya de entrada y de manera inmediata al hombre simplemente otorga una prelación en cabeza de los municipios y a favor de la mujer. Exequible 

 

2006-09-27 

 

C-804/06

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

 

D-6178

Código civil articulo 33 (parcial). Definiciones de varias palabras de uso frecuente en las leyes. Hombre. El actor considera que la norma demandada desconoce el preámbulo y los artículos 2 4 13 43 y 93 de la Constitución de 1991 al igual que el artículo 1 de la Declaración Universal de los derechos humanos la Convención Americana sobre Derechos Humanos el protocolo facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la carta de las naciones unidas. Opina que se adopta una definición excluyente de las mujeres que no concuerda con el desarrollo que en materia de no discriminación por razones de genero ha tenido lugar en el mundo y en Colombia. Integración de la unidad normativa. Evolución del rol social de la mujer y los derechos de la mujer en el ordenamiento constitucional colombiano y en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. En virtud del rol de las mujeres en la sociedad actual no tienen cabida en el ordenamiento jurídico colombiano disposiciones que establecen tratos discriminatorios aun cuando se trate de regulaciones dirigidas a protegerlas. Poder instrumental y simbólico del lenguaje jurídico. Potencial transformador del lenguaje jurídico y de la cultura jurídica. La expresión "hombre" como es utilizada en la definición del artículo 33 del código civil constituye un vocablo que en lugar de incluir a las mujeres las excluye. Inexequibilidad del artículo 33 del código civil salvo el aparte: “la palabra persona en su sentido general se aplicara a individuos de la especie humana sin distinción de sexo". Que se declara exequible 

 

2010-02-04

T-069/10

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

T-2426390 Y OTROS

Mínimo vital, trabajo, estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las accionantes se encontraban vinculadas a las entidades accionadas, mediante distintos tipos de contratos de trabajo y fueron despedidas luego de haber informado a sus jefes sobre su estado de embarazo. La corte realiza reiteración de jurisprudencia sobre, la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, se pronuncia sobre la ausencia de aviso sobre el estado de embarazo y su no habilitación al empleador para desvincular a la mujer gestante, el fuero de maternidad el cual opera independientemente del tipo de vinculación, la aplicación directa del principio constitucional de solidaridad en los casos de desvinculación laboral de la mujer embarazada, derecho a la no discriminación por razón de género, se concluye que los derechos de las accionantes fueron vulnerados y por lo tanto se decide amparar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante, se ordenan las respectivas reincorporaciones, y su afiliación y a sus hijos por el primer año de vida al sistema integral de seguridad social en salud.

 

2010-04-15 

T-247/10

HUMBERTO SIERRA PORTO

T-2220146

Trabajo, dignidad, igualdad, no discriminación. La accionante fue postulada para el cargo de vigilante de batería, pero verbalmente le fue comunicado que por políticas de la entidad accionada no se recibían mujeres para desempeñar dicho cargo. La sala se pronuncia sobre el principio de igualdad y no discriminación, prohibición de discriminación en razón de género y acceso a las oportunidades laborales, los derechos fundamentales como parámetro y límite de las relaciones entre particulares, la prueba del hecho discriminatorio, el programa de responsabilidad social de Ecopetrol, se concluye que de las pruebas recaudadas en el expediente se demuestra la utilización del factor género como parámetro de decisión sin ningún tipo de legitimidad para utilizar este supuesto, se ordena realizar la evaluación de la accionante para desempeñar el cargo de vigilante.

 

2010-06-30

C-543/10

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

D-7971

Descanso remunerado para la madre adoptante de menor de siete años de edad en similares condiciones a las previstas para la madre biológica, que se hace extensivo al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente.   Para la corte la distinción prevista en la norma no busca una finalidad legítima y contradice principios y derechos constitucionales fundamentales. La exclusión de la referida expresión, posibilita que todas las madres adoptantes de niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho (18) años puedan disfrutar de la licencia de maternidad acorde con el derecho a la igualdad de los hijos, niños y niñas consagrados en la constitución.  Inexequible la expresión “del menor de siete (7) años de edad.

 

2010-12-10 

 

T-1028/10

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

 

T-2699828 

Igualdad, seguridad social, mínimo vital. La accionante comenta que vivió en unión libre con el señor Rivas Velásquez, quien falleció en noviembre de 1981, por lo cual la pensión de sobrevivientes le fue reconocida a su hijo hasta el año de 1996, sin embargo a ella no se le reconoció el beneficio debido a que la ley 33 de 1973 no preveía expresamente la sustitución de la pensión de invalidez en beneficio de las compañeras permanentes, por lo cual inició un proceso ordinario en donde le fueron negadas sus pretensiones, solicita se ordene el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a la que considera tener derecho, debido a su edad y a su precaria situación económica. La sala realiza reiteración de la jurisprudencia constitucional en torno a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la violación directa de la constitución como causal específica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, se concluye que las providencias atacadas incurrieron en una violación directa de la constitución al aplicar una norma que es manifiestamente contraria al derecho a la igualdad reconocido en la constitución, vulnerando de esta manera los derechos fundamentales de la accionante, por lo tanto se ordena a la sala laboral de la corte suprema de justicia que, expida una sentencia de reemplazo en la cual aplique la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 1 de la ley 33 de 1973, la nueva providencia deberá entender que el derecho a la sustitución pensional, comprende a la compañera permanente y en caso de que la corte suprema no expida la sentencia, el fondo de pasivo social de ferrocarriles nacionales, deberá realizar el reconocimiento de la sustitución pensional.

 

2012-10-25

C-862/12

ALEXEI JULIO ESTRADA

PE-034

La corte efectuó la revisión integral del proyecto de ley estatutaria encontrándolo: exequible en relación con su aspecto formal; exequible de manera condicionada el articulo 5; exequible el articulo 24 salvo la expresión “unidad administrativa especial de las juventudes” del numeral 1.2., que se declara inexequible; exequible el articulo 25 salvo la expresión “unidad administrativa especial de las juventudes”, que se declara inexequible; exequible el articulo 27 salvo la expresión “el director de la unidad administrativa especial de las juventudes”, que se declara inexequible; exequible el articulo 29 salvo la expresión “y extraordinariamente cuando el director de la unidad administrativa especial de las juventudes lo solicite”, que se declara inexequible; exequible el articulo 30 salvo las expresiones “el director de la unidad administrativa especial de las juventudes, ejercerá” y “, la cual”, que se declaran inexequibles; exequibilidad condicionada del articulo 42; exequible el articulo 68 salvo los artículos definidos “las” que preceden a la expresión “instancias” y a la expresión “funciones”,. Que se declaran inexequibles; exequible el articulo 70 salvo el parágrafo que se declara inexequible; exequible el articulo 72 salvo la expresión “unidad nacional para las juventudes” del numeral 11, que se declara inexequible; inexequibles los artículos 31, 75 y 81; y exequibles los demás artículos del proyecto de ley estatutaria.

 

2012-12-12

T-1078/12

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

T-3158818

La sala de revisión entró a determinar si los derechos de la peticionaria a la identidad, a la familia, a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la libertad, a la integridad sexual y a la dignidad humana, entre otros, fueron vulnerados por el accionado, al parecer, por haberla extraído de su casa cuando era una niña de aproximadamente siete años de edad, por haberla forzado a realizar trabajo doméstico.

 

2013-06-13

C-335/13

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

D-9415

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 9º de la ley 1257 de 2008. El actor demandó la expresión “para fomentar la sanción social” por considerar que vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113, 116, 228 y 229 de la constitución. Argumenta que, al permitirse la aplicación directa de sanciones por la sociedad se vulneraría los principios de legalidad y seguridad jurídica, al no determinarse los criterios para la imposición de la sanción y además se pondría en peligro la convivencia pacífica de los ciudadanos, al permitirse que los particulares apliquen sanciones. Se analiza la siguiente temática: 1º. La discriminación y la violencia contra las mujeres. 2º. La protección de la mujer contra la discriminación y la violencia a nivel internacional. 3º. La evolución del reconocimiento de los derechos de la mujer. 4º. La protección especial de la mujer en la jurisprudencia de la corporación y, 5º. El control social y las sanciones sociales en el estado social de derecho. La corte concluyó que las medidas de sanción social que la norma acusada permite fomentar a las autoridades, configuran formas de control social informal que no tienen que estar tipificadas y constituyen un desarrollo directo de normas del derecho internacional de los derechos humanos. Exequible.

 

2013-06-27

T-366/13

ALBERTO ROJAS RIOS

 

T-3779365

 

 

En este caso se aduce que el ICETEX sede Medellín vulneró derechos fundamentales, al negarle a la actora el ingreso a sus instalaciones, motivado, según ella, en un criterio de discriminación racial. El argumento planteado por la accionada para justificar su conducta, tiene que ver con las especiales medidas de seguridad implementadas por la administración de la copropiedad, en razón a la convocatoria de la Jornada Nacional de Trabajo Decente que se llevaría a cabo ese día y en el hecho de que una semana atrás, la demandante había estado en una toma pacífica de las oficinas de la entidad, quedando registrada como una de las participantes de dicha actividad. Se aborda la siguiente temática: 1º. Los fundamentos concernientes a la delimitación del derecho a la manifestación pública y pacífica. 2º. El derecho de acceso sin discriminación alguna a lugares o entidades que prestan un servicio público. 3º. El derecho al buen nombre y el manejo, gestión y administración de registros y bases de datos en las que reposen información personal y, 4º. La prohibición de discriminación con fundamento en la raza, en particular, respecto de la población afrocolombiana. Se CONCEDE la tutela de los derechos a la igualdad, al buen nombre y al habeas data y se ordena a la accionada, entre otras medidas, presentar por escrito una carta a la accionante en la que ofrezca disculpas por la indebida actuación adelantada en su contra, la cual debe publicar en un sitio de fácil acceso al público que visite la entidad, como medio para resarcir el buen nombre de la actora. 

2013-06-28

T-386/13

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

T-3795982

En este asunto se interpone la acción de tutela en contra de la gerencia de espacio público y movilidad de la alcaldía distrital de Cartagena de indias por la presunta vulneración de derechos fundamentales, en virtud de la realización de actuaciones tendientes a la recuperación del espacio público del mercado de Basurto, en donde la accionante tiene un puesto de venta de limones a través del cual obtiene la única fuente de ingresos para ella y para su familia. Se aborda la siguiente temática: 1º. Obligación de las autoridades en un estado social de derecho, de brindar especial protección a los individuos vulnerables, en especial a las mujeres como grupo históricamente discriminado. 2º. Requisitos mínimos constitucionales que deben respetar las autoridades constituidas para diseñar y ejecutar programas, medidas o políticas públicas, específicamente de recuperación de espacio público. 3º. Tensión existente entre el deber del estado de velar por la protección del espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes y, 4º. Pronunciamientos de la corporación en torno al censo que se realiza a la población con el fin de acceder al goce efectivo de ciertos derechos. Al concluir que a la actora se le vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y el principio de confianza legítima.

 

2013-08-30

T-601/13

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 T- 3.829.164

La accionante, en calidad de magistrada de la sala penal del tribunal de Antioquia, demanda en sede de tutela el acuerdo expedido por la sala administrativa del consejo superior de la judicatura, mediante el cual se decidió dejar sin efecto la medida de restricción suscrita por el médico laboral de la E.P.S. A la que se encuentra afiliada, consistente en la suspensión del reparto de expedientes de manera temporal, en razón a la “degeneración macular en ambos ojos” que presenta y que inicialmente fue acogida por la sala administrativa del consejo seccional de la judicatura. En su sentir, se revocó de manera unilateral y sin motivación alguna el acto administrativo que ordenó ejecutar la medida laboral a su favor. La sala se pronuncia respecto a los siguientes temas: 1º. El derecho al trabajo y la circunstancia de discapacidad. 2º. El deber de desarrollar acciones afirmativas frente a las personas en circunstancia de discapacidad como manifestación del derecho fundamental a la igualdad real y efectiva y la prohibición de no discriminación establecida en el artículo 13 superior.

 

2013-09-13

T-634/13

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

T-3900495

Acción de tutela en contra de una empresa de masajes para reclamar la protección de derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana, los que se consideran vulnerados por la accionada, en tanto se negó a retirar de la red social Facebook y de otros medios de publicidad, varias fotografías comprometedoras que, si bien ella previamente había autorizado su publicación con fines publicitarios, en la actualidad considera, que afecta los derechos invocados. La sala de revisión resuelve el caso luego de analizar la siguiente temática: 1º. Parámetros sobre el derecho a la imagen en la jurisprudencia constitucional. 2º. Alcances constitucionales de la autorización para el uso de la propia imagen. 3º. Riesgos de las redes sociales para los derechos fundamentales. 4º. Los derechos a la intimidad, honora y buen nombre y 5º. Tensión entre las autorizaciones generales para el uso de la propia imagen y el derecho a la autodeterminación que tienen todas las personas y en especial de las mujeres respecto de su propia imagen.

 

2014-05-07

C-278/14

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

D-9903

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1781 (parcial) del código civil. Los demandantes consideran que las normas acusadas no concuerdan con el nuevo contexto constitucional y desconocen el derecho a la igualdad, en vista del reconocimiento de los mismos derechos y deberes entre los cónyuges, tanto en el matrimonio como en la administración de los bienes de la sociedad conyugal. Igualmente, que violan el derecho a la propiedad privada, dado que los bienes del haber relativo se restituyen con el valor actualizado, pero sin reconocer al cónyuge aportante la posible valoración o desvalorización del bien, pudiéndose producir con esto un enriquecimiento sin causa y un correlativo empobrecimiento de la otra parte. Por último, aducen la infracción al derecho a la igualdad, por haberse regulado de manera diferente la sociedad patrimonial y la sociedad conyugal. La corte declaró la exequibilidad del numeral 6º del artículo 1781 del código civil, en el entendido de que tal potestad se predica de cualquiera de los contrayentes.

 

2014-06-04

C-340/14

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

D-9985

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal a) parcial del artículo 5º de la ley 70 de 1931. Los demandantes consideran inconstitucional la expresión “por el marido”, porque a su juicio establece una distinción discriminatoria respecto de las mujeres dentro del vínculo matrimonial, con relación a la constitución del patrimonio de familia inembargable. La corte encontró una situación peculiar en este proceso y es el de que la norma acusada en su sentido literal vulnera la constitución, pero en la práctica es interpretada y aplicada de una manera que no riñe con el ordenamiento superior. En efecto, limitar al marido la facultad para constituir patrimonio de familia vulnera el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las mujeres (arts. 13 y 43 C.Po.), así como la protección de toda familia, como núcleo fundamental de la sociedad (art. 42 C.Po.). Con posterioridad a la expedición de esta norma (año 1931), ha habido un desarrollo normativo que establece la igualdad entre el hombre y la mujer en el manejo y disposición de los bienes de la sociedad conyugal. No obstante, teniendo en cuenta que se trata de una norma que no ha sido modificada por el legislador, que sigue vigente en su tenor literal, así no se aplique de tal manera, continúa siendo una disposición que simbólicamente constituye una discriminación en contra de las mujeres. La corporación resaltó que Colombia tiene la obligación, entre muchas otras, de adoptar todas las medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con el fin de eliminar “los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole” que se funden en “la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos” o en “funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. Se declara la exequibilidad condicionada de la expresión acusada, en el entendido de que la facultad que allí se concede al marido sobre los bienes de la sociedad, también le corresponda a la mujer. 

 

2014-12-15

T-967/14

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

T-4143116

Se promueve la acción de tutela en contra del despacho judicial que profirió sentencia en el proceso de divorcio iniciado por la accionante en contra de su cónyuge. Se aduce, que el fallo incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y en violación directa de la constitución, en virtud de que el juez tenía suficientes elementos probatorios como testimonios y peritajes, que le permitían inferir la configuración de la causal 3ª de divorcio del artículo 154 del código civil, referente a los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. A juicio de la actora, el operador jurídico dejó de valorar las pruebas documentales y testimoniales que daban cuenta de las diversas situaciones en las que su esposo la agredió a partir insultos, gritos, actitudes celosas y posesivas, al igual que con agresiones verbales y físicas. Se alega, la vulneración de los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la intimidad, a la libertad del movimiento ya la protección de la familia, al igual que la trasgresión de la constitución, en cuanto consagra la protección de la familia y la integridad de la mujer en igualdad de condiciones. Se analizan los siguientes temas: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. La violencia contra la mujer como una forma de discriminación. 3º. La violencia doméstica o intrafamiliar y psicológica y, 4º. La administración de justicia en perspectiva de género. La corte concluye que, el juzgado accionado incurrió en defecto fáctico y violación directa de la constitución, al emitir la sentencia dentro del proceso de divorcio, bajo argumentos que contribuyen a perpetuar la violencia y la discriminación contra la mujer y a invisibilizar la violencia doméstica y psicológica que padecía la accionante al interior de su hogar. Se tutelan los derechos fundamentales invocados, se deja sin efecto la sentencia atacada y, se ordena al juzgado demandado proferir un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta todas las consideraciones de esta providencia, referentes al principio de igualdad y no discriminación por razón del sexo y la especial protección que merece la mujer víctima de cualquier tipo de violencia. Se exhorta al congreso y al presidente de la república para que, de acuerdo a sus respectivas funciones, emprendan las acciones pertinentes que permitan configurar los patrones culturales discriminatorios y los estereotipos de género presentes aún en los operadores de justicia en Colombia. Se destaca la orden dada al consejo superior de la judicatura, para que exija la asistencia obligatoria de todos los jueces del país de la jurisdicción de familia, a las capacitaciones sobre género que la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla ofrezca. 

 

2015-02-18

C-071/15

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 D-10315

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 64, 66 y 68 (parciales) de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia y contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes. El demandante cuestiona que las normas acusadas no autoricen la adopción conjunta por parte de parejas del mismo sexo, lo que considera contrario al Preámbulo y a los artículos 1, 7, 13, 42 y 44 de la Constitución, así como a los artículos 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativos al derecho a la igualdad. 

 

2015-10-22

SU.659/15

ALBERTO ROJAS RIOS

T-3795843

Consideran los demandantes que sus derechos fundamentes fueron vulnerados por la autoridad judicial demandada, al declarar probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa en aplicación del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. En su criterio, no se valoraron las particularidades del caso que imponían aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto de la norma aplicada y hacer procedente la acción de reparación directa instaurada. Se aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El requisito de subsidiariedad y el recurso extraordinario de revisión. 3º. La configuración de la causal del defecto sustantivo. 4º. Jurisprudencia constitucional sobre la caducidad de la acción de reparación directa. 5º. Obligaciones internacionales del Estado frente a violaciones contra los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y, 6º. El contenido del derecho fundamental a la igualdad. La Corte concluyó que la sentencia atacada incurrió en un defecto sustantivo por no haber aplicado un enfoque constitucional fundado en la salvaguardia de los derechos fundamentales, tomando en cuenta las especiales circunstancias que rodearon el caso concreto. Para la Sala, el que se pretendiera que la madre de la niña que fue víctima de agresión demandara administrativamente desde el momento en que ocurrieron los lamentables hechos, resulta desproporcionado e implica que ella, además de asumir la muerte de su hija, tuviera que aceptar que el causante de la tragedia fuera su esposo, quien adicionalmente defendía su inocencia. Considera la Sala, que para cualquier persona es una desdicha la muerte de una hija, pero que esta situación se agrava si se exige que asuma –innecesariamente- que el responsable es su esposo y padre de la menor.

2015-11-04

C-683/15

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

D-10371

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 64, 66 y 68 (parciales) de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia y contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Los demandantes, tomando como derrotero el principio del interés superior del menor, propusieron tres cargos, a saber: 1º. Vulneración del principio de igualdad. 2º. Omisión legislativa relativa y, 3º. Interpretación institucional dominante por parte del ICBF y de la Procuraduría General de la Nación que desconoce derechos fundamentales. La Corte abordó el análisis de los siguientes ejes temáticos: 1º. El interés superior del menor, el derecho a tener una familia y la adopción como medida de protección y 2º. La adopción por parejas del mismo sexo y el interés superior del menor, valorando tanto las experiencias en el derecho comparado, como la evidencia científica disponible y acopiada. La Corte concluye que no es constitucionalmente válido excluir de los procesos de adopción a las parejas del mismo sexo que conforman una familia y que una interpretación exegética en tal sentido genera un déficit de protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, lo que a su vez desconoce el interés superior del menor, representado en su derecho a tener una familia, por cuanto esta es un medida de protección plenamente idónea para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus demás derechos.

2015-12-16

T-772/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

T-4991216

La Defensoría del Pueblo Seccional Magdalena interpone la acción de tutela en favor de una mujer que ha sido víctima de agresión física y verbal por parte de su compañero permanente. La vulneración de derechos se atribuye a la inactividad de las autoridades accionadas frente a las medidas de protección urgentes solicitadas. Con la solicitud de amparo se pretende que las autoridades demandadas den impulso a las tres denuncias interpuestas por la agredida, que a ésta se le brinde una protección adecuada; que al agresor se le mantenga vigilancia especial y se le ordene cesar cualquier acto de violencia contra la agenciada y que se efectúe el trámite de medidas de protección solicitadas por la Defensoría del Pueblo, contempladas en la Ley 1257 de 2008. Se analizan los siguientes temas: 1º. La protección de la mujer contra la violencia. 2º. El derecho a un recurso judicial efectivo y, 3º. La garantía de las víctimas a la no repetición y el deber del Estado de evitar la revictimización. 

2016-01-22

T-012/16

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

T-4970917

 

La accionante, víctima de violencia física y psicológica producida por los malos tratos recibidos de su esposo interpuso una demanda de divorcio y el juez de primera instancia decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio, por la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra. En segunda instancia esta decisión fue confirmada, pero en ella se negó el derecho de la accionante a recibir alimentos por parte de su ex cónyuge, bajo el supuesto hecho de que la violencia había sido recíproca, de acuerdo a los diferentes testimonios que fueron aportados al proceso. La protección constitucional se solicita para dejar sin efectos la precitada providencia judicial y para que se ordene a la Superintendencia de Sociedades retrotraer las actuaciones ilegales en que habría incurrido el demandado en divorcio, con el fin de evadir la obligación de suministrarle alimentos. Se aborda temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; los estándares nacionales e internacionales sobre protección de los derechos de la mujer y, los distintos tipos de violencia contra ella. Considera la Corte que el Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico y sustantivo al negar el derecho de alimentos en favor de la accionante, al no tener en cuenta que la justicia penal determinó que el esposo era responsable del delito de violencia intrafamiliar por la agresión física, psicológica y patrimonial que le prodigaba a su esposa y que como consecuencia de ello, se produjeron diferentes daños en su salud física y mental. Advirtió la Corporación que si bien este tipo de violencia en muchas ocasiones es difícil de probar, no por ello deja de ser una práctica por medio de la cual los hombres pueden agredir a sus parejas. Con base en lo anterior precisó que existe un deber constitucional de los operadores judiciales cuando se enfrenten con casos de estas características que los obligan a estudiar estos casos con base en criterios de género y ausentes de estereotipos, para garantizar la protección de los derechos de este grupo poblacional. Además, concluyó que cuando concurren culpas en un proceso de divorcio, no necesariamente se debe negar el derecho de alimentos, pues una culpa puede ser consecuencia de la otra.

 

2016-06-08

C-297/16

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

D-11027

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 2º (parcial) de la Ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones (Ley Rosa Elvira Cely). El demandante argumenta que el aparte normativo acusado vulnera el principio de legalidad y el derecho al debido proceso, consignados en los artículos 1 y 29 de la Constitución. Considera, que la determinación de antecedentes o indicios de violencia o amenaza en las diferentes esferas sociales en contra de la víctima, sin una calificación especial, generan una indeterminación en el ingrediente subjetivo del tipo, pues no constituyen suficiente evidencia para demostrar que la motivación del homicidio es el odio o repulsión al género femenino.