La Corte Constitucional participó en la audiencia pública sobre problemáticas estructurales de La Guajira, descritas en la sentencia T-302 de 2017. Representantes de comunidades indígenas manifestaron las difíciles condiciones que padecen en el acceso de agua potable, alimentos y servicios de salud. Los magistrados de la Corte Constitucional, Diana Fajardo Rivera, Alberto Rojas Ríos, Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas, acompañaron al procurador general Fernando Carrillo en la audiencia de seguimiento. El magistrado Alberto Rojas Ríos, aseguró que “la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos ha referido el caracter multicausal de la violación de derechos humanos que ha sufrido la población de La Guajira y la necesidad de adoptar una serie de medidas estructurales para solucionarlos”. Para el magistrado Rojas Ríos los problemas de La Guajira descritos en la sentencia de 2017 requieren la intervención de diferentes autoridades, “la ausencia de agua y alimentos, primero, conlleva la afectación de un amplio conjunto de derechos tales como la vida, la salud y la diversidad étnica y cultura; y segundo, es producto de un amplio conjunto de hechos y situaciones que no son atribuibles a una autoridad específica y que por la misma razón deben ser atendida a través del concurso de diversos órganos del poder público”, aseguró el magistrado. Al cierre de la audiencia, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas aseguró que “la lucha contra la corrupción es una de las tareas más importantes que se necesita combatir, que se tomen en serio los medios sancionatorios para lograr que los recursos públicos ayuden en el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017”. La Procuraduría hará una relatoría con las intervenciones ciudadanas y será presentada a las autoridades competentes.