La Corte Constitucional ordenó al Inpec entregar a las Autoridades del Cabildo Indígena Colombia, a un integrante de esa comunidad que fue condenado por su jurisdicción especial por mantener una relación sentimental con una menor de edad. La Sala Primera de Revisión determinó que al Indígena se le violaron sus derechos fundamentales cuando la Fiscalía abrió un nuevo proceso en su contra por los mismos hechos y lo acusó formalmente ante un Juez, quien lo mantiene privado de su libertad. En el fallo, la Corte conminó al Consejo Superior de la Judicatura a respetar los precedentes constitucionales para juzgar a indígenas que se ven implicados en delitos contra menores.
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