La Sala Octava de Revisión, con ponencia del Magistrado Alberto Rojas Ríos, confirmó el amparo del derecho fundamental al debido proceso de un padre y de su hija vulnerado por un juzgado de familia. El operador judicial accionado asignó de manera definitiva la custodia de la menor con fundamento en razones de género, aun cuando las pruebas del caso demostraban una clara inclinación de la menor por permanecer bajo el cuidado de su padre. La Sala de Revisión consideró que la argumentación esgrimida por el juez de familia es discriminatoria en tanto impone roles absolutos a la mujer y al hombre en la crianza y cuidado de los hijos al interior de las familias heterosexuales, inobservando que el género masculino no impide procurar el bienestar de una niña en el desarrollo de su sexualidad.
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