C-037-96


LEY ESTATUTARIA JUSTICIA

 REPUBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

SENTENCIA No. C-037/96

 

Ref.: P.E.-008

Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”.

 

Magistrado ponente:

Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA.

 

 

Santafé de Bogotá, D.C.; cinco (5) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996).

 

 

I. ANTECEDENTES

 

El día veintisiete (27) de junio de 1995 el doctor Juan Guillermo Angel Mejía, presidente del Senado de la República remitió a la Corte Constitucional fotocopia simple del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”.

 

Mediante auto de fecha treinta (30) de junio de 1995, la Corte Constitucional asumió el conocimiento del presente asunto, y se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes; se fijó en lista el negocio en la Secretaría General de la Corporación para efectos de la intervención ciudadana y, simultáneamente, se dio traslado al procurador general de la Nación, quien rindió el concepto de su competencia.

 

Una vez cumplidos todos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la exequibilidad del proyecto de ley de la referencia.

 

 

II. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA QUE SE REVISA.

 

Para una mayor claridad y orden metodológico, en la parte de consideraciones del presente fallo se transcribirá cada uno de los artículos de la ley que se revisa, y a continuación, si es del caso, se resumirán los argumentos del señor procurador general de la Nación, así como los de los intervinientes en el proceso de la referencia.

 

III. INTERVENCIONES

 

En la oportunidad legal, el señor Ministro de la Defensa Nacional, el presidente de la h. Corte Suprema de Justicia, el presidente del h. Consejo de Estado, el señor fiscal general de la Nación y los miembros del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, presentaron sendos escritos para defender o para impugnar la constitucionalidad de las normas contenidas en el proyecto de ley.

 

En igual término, el señor Alirio Muñoz, apoderado de la Asociación Nacional de Empleados y Funcionarios de la Rama Judicial -ASONAL JUDICIAL- y del señor Antonio Suárez Niño, y los ciudadanos Luis Armando Tolosa, Liliana del Rocío Coral, Luis Guillermo Guerrero, Alfonso López Carrascal, Carlos Alfonso Moreno, Carlos Enrique Robledo, Pablo J. Cáceres, Francisco Javier Galvis, Miguel Fernando Córdoba, Augusto J. Ibáñez, Julio Andrés Sampedro, Jorge Caldas, Reinaldo Camacho, Rubén Darío Toledo, Eduardo Concha, Ruth Lozada, Urias Carrillo, Eurípides de Jesús Cuevas, Pedro Augusto Escobar, María del Pilar Sáchica, Gustavo Serrano, Humberto Rodríguez, Edgar Jáuregui, Juan Carlos Arias, Hernando Remolina, Celmira Moncada, Luis Antonio Castro, Gladys Cecilia Gómez, John Jairo Montoya, Hernando Estrada, Jacobo Márquez, María Dorian Alvarez, Luis Eduardo Rodríguez, Fabiola del Cristo Sánchez, Marciel Sarmiento, Elisa Sarmiento, Andrés de Zubiría, Hernán Bedoya, Fernando Eugenio Osorio, Nidya Forero, María Gaona, Darío Garzón, Hernán Mejía, Carlos F. Navia, Pedro Pablo Camargo, Carlos Villalba Bustillo y Hernando Yepes Arcila, presentaron escritos mediante los cuales exponen a la Corte Constitucional sus argumentos, bien para defender algunos artículos, de la ley que se revisa, o bien para que se declare la inexequibilidad de otros varios.

 

La recapitulación de dichas intervenciones se expondrá en los apartes pertinentes del análisis de constitucionalidad de las disposiciones que se revisan.

 

IV. CONCEPTO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.

 

En la oportunidad legal, el jefe del Ministerio Público se pronunció sobre el proyecto de ley que se revisa y solicitó a esta Corporación que se declare su exequibilidad en el aspecto formal y la inexequibilidad de los artículos 16, 17-6, 37-8, 23, 85- 22, 111, 115, y 196. Los comentarios referentes a cada uno de estos artículos se resumirán en la parte considerativa de la presente sentencia.

 

No obstante, debe señalarse que en el análisis formal del presente proyecto de ley, el señor procurador considera que el trámite surtido en el Congreso de la República se adecuó al mandato del artículo 157 superior, fue aprobado en forma unánime en ambas cámaras, y lo fue dentro de una sola legislatura, razón por la cual no encontró reparos en este aspecto.

 

En cuanto al estudio material  o de fondo, debe agregarse que el señor procurador general de la Nación, además de pronunciarse sobre la posible inexequibilidad de algunas disposiciones, plantea el problema suscitado con ocasión del examen de las leyes estatutarias, consistente en la delimitación de las materias que serían objeto de este tipo de leyes y aquellas materias objeto de disposiciones ordinarias. Así, afirma que el tema de la administración de justicia podría interpretarse a partir de “dos de sus manifestaciones, una, como función pública y otra, como estructura o aparato de Estado para la dispensa de la justicia.” En ese orden de ideas, estima que la definición de lo que debe contener una ley estatutaria sobre estos asuntos puede establecerse en los siguientes términos:

 

“(...)se debe partir de la fórmula utilizada ya por ese Alto Tribunal en virtud de la cual y con referencia en las previsiones del artículo 152 se afirma, que si existen materias reservadas a las leyes estatutarias ello implica que las leyes estatutarias están reservadas a estas materias, a lo que agregaríamos, para poner el lindero del que se ha venido hablando, con referencia en el mandato constitucional del artículo 150-10 que excluye las materias objeto de reserva de la ley estatutaria para que puedan ser objeto de las habilitaciones legislativas, que sería igualmente contraria a la Constitución, la ley que invadiera materias reservadas a la ley ordinaria (art. 150 C.P.). No obstante, esta propuesta conserva la dificultad frente a aquellas materias que podríamos denominar conexas, para decir cuándo una de ellas debe ser regulada por una u otra vía. Valga aquí la pena referirnos al tratamiento dado a la cuestión planteada por el Tribunal Constitucional Español, donde frente a una encrucijada similar se propuso la existencia de leyes 'parcialmente orgánicas'- que corresponden en nuestro ordenamiento a las leyes estatutarias-, en virtud de la cual, en las particularidades de su régimen de revisión constitucional, cuando son detectadas materias en una ley orgánica que excedan su ámbito propio, éste procede a declarar su carácter no orgánico, con la consecuencia de que sobre estas queda abierta la posibilidad del tratamiento y modificación de una ley ordinaria ante el efecto petrificador de esta temática, producto allá también de una mayoría reforzada o absoluta.”

 

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.

 

1. La competencia.

 

Esta Corporación es competente para revisar y decidir sobre la exequibilidad de los proyectos de leyes estatutarias, tal como lo prevé el numeral 8o. del artículo 241 de la Constitución Política.

 

2. Revisión del proyecto de ley No. 58 de 1994 Senado y 264 de 1995 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, desde el punto de vista formal.

 

De conformidad con los postulados de la Carta Política y con la jurisprudencia de esta Corporación, para la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias, es indispensable someterse, además de los requisitos previstos en el artículo 157 de la Carta, a las condiciones señaladas en el artículo 153 superior, esto es, se requiere que las decisiones sean adoptadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y su trámite debe surtirse dentro de una sola legislatura. 

 

Del mismo modo, no sobra aclarar que, en la expedición de las leyes estatutarias, se deben acatar los mandatos contenidos en los artículos 160 y ss. de la Carta, referentes al lapso que debe transcurrir entre cada uno de los debates en comisiones y en plenarias, el término para el traslado del proyecto de una Cámara a la otra, los trámites propios del mensaje de urgencia, etc.

 

De los documentos que obran en el expediente, y conforme al concepto rendido por el señor procurador general de la Nación, se tiene que el trámite surtido por el proyecto de ley que se revisa fue el siguiente:

 

- El proyecto de ley No. 58 de 1994 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, de iniciativa gubernamental, fue presentado por el señor ministro de Justicia y del Derecho ante la Secretaría General del Senado de la República el día treinta (30) de agosto de ese mismo año, y repartido en forma inmediata a la Comisión Primera de dicha Cámara.

 

- El día treinta y uno (31) de agosto fue publicado el texto del proyecto de ley para primer debate en la Gaceta del Congreso No. 135.

 

- El día veinticinco (25) de noviembre fue publicada la ponencia para primer debate del proyecto de ley, en la Gaceta del Congreso No. 216.

 

- El proyecto de ley fue aprobado en primer debate en la sesión conjunta de las Comisiones Primera de Cámara y Senado el día cinco (5) de junio de 1995.

 

- La ponencia para segundo debate se presentó de manera conjunta ante la plenaria de cada una de las cámaras, y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 156 del catorce (14) de junio de 1995.

 

- El segundo debate del proyecto de ley se surtió en el Senado de la República los días catorce (14) y quince (15) de junio de ese año, tal como consta en las Actas Nos. 51 y 52, publicadas en las Gacetas del Congreso Nos. 183 y 184 del veintiocho (28) de junio de 1995.

 

- En la plenaria de la Cámara de representantes se le dio segundo debate al proyecto que se revisa el día dieciséis (16) de junio de 1995.

 

- Debido a las discrepancias existentes entre el texto aprobado en la plenaria del Senado de la República y el texto aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes se conformó una “Comisión Accidental de Mediación”, la cual se reunió el día veinte (20) de junio. El Acta que recoge las conclusiones de dicha comisión fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 178 del veintitrés (23) de junio de 1995.

 

- El informe rendido por la “Comisión Accidental de Mediación” fue aprobado de manera independiente por las plenarias de ambas cámaras el día veinte (20) de junio de 1995.

 

- Habida cuenta que el presidente del Congreso de la República no envió el proyecto de ley a la Corte Constitucional en los términos del artículo 39 del Decreto 2067 de 1991, el día veintitrés (23) de junio de 1995 el presidente de la Corte Constitucional solicitó que se enviara a esta Corporación copia auténtica del mismo.

 

- El día veintisiete (27) de junio de 1995 el presidente del Senado de la República envió copia auténtica del proyecto de ley a la Corte Constitucional  para su revisión.

 

- Votación por mayoría absoluta.

 

De acuerdo con la certificación expedida por el secretario general del Senado de la República, el proyecto de ley sub-exámine fue aprobado unánimemente con un quórum deliberatorio y decisorio de noventa y dos (92) senadores en los debates llevados a cabo los días catorce (14), quince (15) y veinte (20) de junio de 1995, según consta en las actas publicadas en las Gacetas del Congreso Nos. 183, 184 y 187.

 

Además, conforme a las certificaciones expedidas por el secretario general de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue aprobado unánimemente en la sesión del dieciséis (16) de junio de 1995, con un quórum de ciento veintiséis (126) representantes, y el día veinte (20) de junio del mismo año fue aprobado el informe de la comisión conciliadora con un quórum de ciento cuarenta y siete (147) representantes.

 

Así las cosas, encuentra la Corte que el trámite del proyecto de ley “Estatutaria de la Administración de Justicia” se ajusta a los mandatos de los artículos 153, 157, 160 y ss., y, por tanto, habrá de declarar su exequibilidad desde el punto de vista formal.

 

3. Revisión del proyecto de ley No. 58 de 1994 Senado y 264 de 1995 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, desde el punto de vista material.

 

Como se había anunciado al comienzo del presente fallo, en este acápite se hará la transcripción de cada uno de los artículos que conforman el proyecto de ley que se revisa, y, a renglón seguido, se hará un resumen de las intervenciones presentadas -si fuere del caso-, junto con las observaciones del señor procurador general de la Nación. Finalmente, se expondrán los argumentos de la Corte respecto de la constitucionalidad de las normas bajo examen.

 

De igual forma, conviene precisar que en esta sentencia no se hará un nuevo pronunciamiento acerca de las características, alcances y particularidades de las leyes estatutarias en general y de las decisiones que al respecto adopte esta Corporación, por haber estado esas consideraciones expuestas en la Sentencia No. C-011 del veintiuno (21) de enero de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

 

No obstante, se estima pertinente puntualizar que, para la Corte, una ley estatutaria encargada de regular la administración de justicia, como lo dispone el literal b) del artículo 152 superior, debe ocuparse esencialmente sobre la estructura general de la administración de justicia y sobre los principios sustanciales y procesales que deben guiar a los jueces en su función de dirimir los diferentes conflictos o asuntos que se someten a su conocimiento.

 

De conformidad con lo anterior, esta Corporación entiende que el legislador goza, en principio, de la autonomía suficiente para definir cuáles aspectos del derecho deben hacer parte de este tipo de leyes. Sin embargo, debe señalarse que esa habilitación no incluye la facultad de consagrar asuntos o materias propias de los códigos de procedimiento, responsabilidad esta que se debe asumir con base en lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 150 superior, es decir, a través de las leyes ordinarias. Con todo, debe reconocerse que no es asunto sencillo establecer una diferenciación clara y contundente respecto de las materias que deben ocuparse uno y otro tipo de leyes. Así, pues, resulta claro que, al igual que ocurre para el caso de las leyes estatutarias que regulan los derechos fundamentales (literal A del artículo 152), no todo aspecto que de una forma u otra se relacione con la administración de justicia debe necesariamente hacer parte de una ley estatutaria. De ser ello así, entonces resultaría nugatoria la atribución del numeral 2o del artículo 150 y, en consecuencia, cualquier código que en la actualidad regule el ordenamiento jurídico, o cualquier modificación que en la materia se realice, deberá someterse al trámite previsto en el artículo 153 de la Carta.

 

Lo expuesto no significa que, de manera automática, cualquier asunto que se incluya en el presente proyecto de ley que de una forma u otra se relacione con procedimientos legales deba retirarse del ordenamiento jurídico. Esa decisión dependerá del análisis de cada caso en particular, esto es, de una labor de concretización que adelantará la Corte para definir, a la luz de la Constitución, si en cada uno de los eventos que se analicen se amerita o no que la ley estatutaria se ocupe de regular aspectos que, en primera instancia, son de naturaleza procesal.

 

Las consideraciones precedentes sirven, además, de fundamento para advertir la inconveniencia de permitir al legislador regular aspectos propios de ley procesal en una ley estatutaria, pues es sabido que el trámite de este tipo de normatividad reviste características especiales -aprobación en una sola legislatura, votación mayoritaria de los miembros del Congreso, revisión previa de la Corte Constitucional-, las cuales naturalmente no se compatibilizan con la facultad que le asiste al legislador para expedir o modificar códigos  a través de mecanismos eficaces -es decir, mediante el trámite ordinario-, en los eventos en que las necesidades del país así lo ameriten. Permitir lo contrario sería tanto como admitir la petrificación de las normas procesales y la consecuente imposibilidad de contar con una administración de justicia seria, responsable, eficaz y diligente.

 

Hechas las precedentes consideraciones, procede la Corte a analizar cada una de las normas que componen el proyecto de ley bajo examen.

 

“PROYECTO DE LEY No.58 DE 1994 SENADO, 264 DE 1995 CAMARA

 

“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

“EL CONGRESO DE COLOMBIA

 

“Considerando que la justicia es un valor superior consagrado en la Constitución Política que debe guiar la acción del Estado y está llamada a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, dentro del marco del Estado Social y Democrático de Derecho, y a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos, y que dada la trascendencia de su misión debe generar responsabilidad de quienes están encargados de ejercerla,

 

“DECRETA:

 

“TITULO PRIMERO

 

“PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

 

“ARTICULO 1o. ADMINISTRACION DE JUSTICIA. La administración de Justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado social de derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de ella, se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados. Se trata, como bien lo anota la disposición que se revisa, del compromiso general en alcanzar la convivencia social y pacífica, de mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad de un orden político, económico y social justo. Para el logro de esos cometidos, no sobra aclararlo, resulta indispensable la colaboración y la confianza de los particulares en sus instituciones y, por lo mismo, la demostración de parte de éstas de que pueden estar a la altura de su grave compromiso con la sociedad. Así, en lo que atañe a la administración de justicia, cada vez se reclama con mayor ahínco una justicia seria, eficiente y eficaz en la que el juez abandone su papel estático, como simple observador y mediador dentro del tráfico jurídico, y se convierta en un partícipe más de las relaciones diarias de forma tal que sus fallos no sólo sean debidamente sustentados desde una perspectiva jurídica, sino que, además, respondan a un conocimiento real de las situaciones que le corresponde resolver.

 

Las consideraciones precedentes implican, en últimas, una tarea que requiere, como consecuencia de haber sido nuestro país consagrado en la Carta Política como un Estado social de derecho, un mayor dinamismo judicial, pues sin lugar a dudas es el juez el primer llamado a hacer valer el imperio de la Constitución y de la ley en beneficio de quienes, con razones justificadas, reclaman su protección. Así, entonces, la justicia ha pasado de ser un servicio público más, a convertirse en una verdadera función pública, como bien la define el artículo 228 del Estatuto Fundamental. Significa lo anterior que tanto en cabeza de los más altos tribunales como en la de cada uno de los juzgados de la República, en todas las instancias, radica una responsabilidad similar, cual es la de hacer realidad los propósitos que inspiran la Constitución en materia de justicia, y que se resumen en que el Estado debe asegurar su pronta y cumplida administración a todos los asociados; en otras palabras, que ésta no sea simple letra muerta sino una realidad viviente para todos.

 

Por interpretar apropiadamente los postulados contenidos, entre otros, en el Preámbulo y en los artículos 1o., 2o. y 228 del Estatuto Superior, la norma bajo revisión será declarada exequible.

 

“ARTICULO 2o. ACCESO A LA JUSTICIA. El Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la Administración de Justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública. En cada municipio habrá como mínimo un defensor público”.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Como se expresó en el acápite anterior, el derecho de todas las personas de acceder a la administración de justicia se relaciona directamente con el deber estatal de comprometerse con los fines propios del Estado social de derecho y, en especial, con la prevalencia de la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, el respeto a la dignidad humana y la protección a los asociados en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades (Art. 1o y 2o C.P).

 

El acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados[1]. Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho a que hace alusión la norma que se revisa -que está contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Política- como uno de los derechos fundamentales[2], susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior.

 

Así, pues, la Corte encuentra que el artículo bajo examen, al consagrar el derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia, está desarrollando los postulados constitucionales contenidos en los artículos 29 y 229 superiores. Sin embargo, no sobra aclarar que para esta Corporación, la posibilidad que contempla la disposición en comento incluye o cobija de igual manera y con la misma fuerza jurídica a las personas jurídicas y a los extranjeros -de conformidad con los tratados internacionales suscritos y aprobados por Colombia-, de forma tal que ellos cuentan también con título jurídico suficiente para solicitar a los jueces la resolución de los asuntos que se someten a su conocimiento.

 

En igual sentido, la norma bajo examen establece, en cabeza del Estado, el cargo derivado del amparo de pobreza, así como el servicio de defensoría pública. En cuanto a la primera figura, cabe señalar que ella se instituyó en el ordenamiento jurídico colombiano con el fin de que aquellas personas que por sus condiciones económicas no pudiesen sufragar los gastos derivados de un proceso judicial, contaran con el apoyo del aparato estatal en aras de garantizar un efectivo acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.P.), un debido proceso y la consecuente posibilidad de ejercer el derecho de defensa (Art. 29 C.P.). Es por ello que la legislación colombiana consagra los mecanismos necesarios para hacer efectivo el amparo de pobreza, tal como se desprende de lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (modificados por el Decreto 2282 de 1989)  y en el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, entre otros.

 

La defensoría pública tiene como propósito fundamental el de representar judicial o extrajudicialmente a quienes por razones de imposibilidad económica o social no puedan asegurar la defensa o el amparo efectivo de sus derechos. Esta labor, a partir de la Constitución de 1991, se le encargó específicamente al Defensor del Pueblo, según se desprende de lo previsto en el numeral 4o del artículo 282 superior, y se deberá desarrollar en los términos contenidos en la ley 24 de 1992. Como puede apreciarse, esta figura, según lo ha señalado esta Corporación, “garantiza plenamente dos derechos fundamentales: el que tiene todo ciudadano de acceder a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública, y el derecho de defensa”[3].

 

En virtud de lo anterior, y habida cuenta que el artículo que se estudia se atiene a los parámetros establecidos en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, esta Corte habrá de declararlo exequible.

 

“ARTICULO 3o. DERECHO DE DEFENSA. En toda clase de actuaciones judiciales y administrativas se garantiza, sin excepción alguna, el derecho de defensa, de acuerdo con la Constitución Política, los tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia y la ley. Los estudiantes de derecho pertenecientes a los consultorios jurídicos de las universidades debidamente reconocidas por el Estado podrán ejercer la defensa técnica con las limitaciones que señale la ley, siempre y cuando la universidad certifique que son idóneos para ejercerla”.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Sin entrar a analizar detalladamente las implicaciones jurídicas del derecho de defensa, por haber sido éstas objeto de abundante doctrina y jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional, debe señalarse que al ser propósito esencial de todo proceso judicial el de lograr la verdad, se debe garantizar plenamente la posibilidad de que las partes interesadas expongan y controviertan con plenas garantías los argumentos que suscitaron el litigio judicial[4]. En ese orden de ideas, la Constitución de 1991, precisando aun más lo dispuesto por la de 1886, se encargó de definir al derecho de defensa como un derecho fundamental autónomo, ligado, por razones obvias, al debido proceso, a través del cual -como lo anota la sentencia antes citada- se permite a toda persona controvertir las acusaciones que en materia administrativa o judicial se presenten en su contra, con lo cual, a su vez, se hacen efectivos otros derechos, como son el derecho a la libertad, a la seguridad, el de petición y aun el derecho a la vida.

 

Así, pues, toda persona acusada ya sea ante las instancias administrativas o ante las judiciales, tiene el derecho a defenderse. El artículo 29 superior agrega que quien sea sindicado, tiene derecho a ser asistido por “un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”. Esta disposición debe, asimismo, complementarse con el artículo 229 superior que remite a la ley la responsabilidad de definir los casos en que se puede acceder a la administración de justicia sin la representación de abogado. Lo anterior se conoce, particularmente para efectos del procedimiento penal, como la defensa técnica a que tiene derecho el sindicado, la cual, por la trascendencia del cargo, debe ser encargada a una persona versada en derecho, con suficientes conocimientos de orden técnico y, sobretodo, con una amplia capacidad humana que permita al interesado confiar los asuntos más personales e íntimos relacionados con el caso sobre el cual se le ha prestado asistencia. Con lo anterior, esta Corporación quiere significar que la defensa técnica, ya sea pública (Art. 282-4 C.P.) o privada, implica un compromiso serio y responsable del profesional del derecho, el cual no puede limitarse a los aspectos meramente procesales o de trámite, sino que requiere implementar todas aquellas medidas y gestiones necesarias para garantizar que el sindicado ha tenido en su representante alguien apto para demostrar jurídicamente, si es el caso, su inocencia.

 

Sobre el papel de quién ejerce la defensa técnica, particularmente en el campo del derecho penal, ha señalado la Corte:

 

“Esto significa, que dichas funciones de defensa del sindicado en las etapas de investigación y juzgamiento no pueden ser adelantadas por una persona que no se encuentre científica y técnicamente habilitada como profesional del derecho, so pena de la configuración de una situación de anulabilidad de lo actuado en el estrado judicial por razones constitucionales, o de inconstitucionalidad de la disposición legal o reglamentaria que lo permita. Además, dicha defensa técnica comprende la absoluta confianza del defendido o la presunción legal de la misma confianza en el caso del reo ausente; en este sentido es claro que el legislador debe asegurar que las labores del defensor sean técnicamente independientes y absolutamente basadas en la idoneidad profesional y personal del defensor.

 

“En verdad lo que quiere el Constituyente no es que se asegure que cualquier persona asista al sindicado en las mencionadas etapas procesales señaladas en el citado artículo 29; en este sentido sería absurdo que en la Carta se hiciese mención a la figura del profesional específicamente habilitado como abogado para adelantar las delicadas funciones de la defensa, para permitir que el legislador por su cuenta habilite a cualquiera otra persona, o a otro tipo de profesional, para adelantar las labores de la defensa, si éstos no acreditan la mencionada formación”.[5]

 

De conformidad con lo expuesto, la Corte encuentra ajustado a la Constitución el principio consagrado en el artículo 3o del proyecto de ley, que permite ejercer el derecho de defensa, sin excepción alguna en todo proceso judicial o administrativo. De igual forma, la posibilidad de gozar de la defensa pública técnica por parte de quienes no cuentan con recursos económicos suficientes para hacerse a los servicios de un abogado, está íntimamente relacionada con las consideraciones hechas en torno al artículo anterior, razón por la cual también se encuentra conforme a los postulados constitucionales.

 

Dentro de los parámetros precedentes, deberá aclararse que, para la Corte, la inclusión del término “y administrativas” dentro del artículo bajo examen, no contraviene postulado constitucional alguno, pues se parte de la base de que a propósito del ejercicio de la función judicial se presentan igualmente actuaciones de índole administrativo -como por ejemplo las que realiza la Sala Administrativa del Consejo Superior y los Consejos Seccionales de la Judicatura-, las cuales deben ajustarse a los principios rectores del debido proceso y, por ende, a garantizar el derecho de defensa.

 

Comentario especial merece la facultad que el proyecto de ley bajo revisión le otorga a los estudiantes de derecho de las universidades debidamente reconocidas por el Estado para ejercer la defensa técnica, con las limitaciones que establezca la ley, “siempre y cuando la universidad certifique que son idóneos para ejercerla”.

 

La sentencia No. C-592/93, transcrita, establece claramente que en asuntos de índole penal, el sindicado siempre debe ser asistido por un profesional del derecho que acuda en su defensa técnica, particularmente respecto de la aplicación de las garantías procesales que le permitan al inculpado presentar libremente los argumentos encaminados a desvirtuar las acusaciones que se le formulen. Sin embargo, por razones geográficas, económicas y sociales, no siempre es posible asegurar la presencia de un abogado en estos casos. Por ello, la Ley (Decreto 196/71, arts. 30, 31 y 32, y Decreto 765/77) prevé que en casos excepcionales puedan ser habilitados como defensores, egresados o estudiantes de derecho pertenecientes a los consultorios jurídicos[6], pues con ellos se logra la presencia de personas con formación en derecho. Sobre los alcances de esta facultad, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la sentencia de unificación de jurisprudencia citada, ha manifestado la Corte a propósito de la demanda de inconstitucionalidad del artículo 147 del Decreto 2700 de 1991:

 

“De conformidad con el artículo 22 de la misma ley, la defensoría pública se ejerce por los abogados que, como defensores públicos, forman parte de la planta de personal de la entidad; por los abogados titulados e inscritos que hayan sido contratados; por los estudiantes de los dos últimos años de las facultades de derecho oficialmente reconocidas por el Estado, pertenecientes a los consultorios jurídicos, dentro de las condiciones previstas en el estatuto de la profesión de abogado; y por los egresados de las facultades de derecho oficialmente reconocidas por el Estado que escojan la prestación gratuita del servicio como defensores públicos, durante nueve (9) meses, como requisito para optar al título de abogados, y de acuerdo con las condiciones previstas en el estatuto de la abogacía. Sin embargo, vale la pena aclarar que como esta norma alude a toda clase de procesos (penales, civiles, laborales, contencioso administrativos), resulta pertinente reiterar que en asuntos penales, la defensa de los sindicados solamente la pueden ejercer los abogados, es decir, quienes hayan obtenido el título correspondiente, así que los estudiantes de derecho o egresados que no reúnan esta condición están excluidos para desempeñarse como tales, salvo las excepciones a que alude la sentencia precitada.  

 

“Pues bien, el Código de Procedimiento Penal en el artículo 141, prescribe: ‘Cuando en el lugar donde se adelante la actuación procesal no exista defensor público, o fuere imposible designarlo inmediatamente, se nombrará defensor de oficio’. 

 

“Quiere esto significar que, por regla general, todos los defensores públicos de oficio tienen que designarse de las listas de abogados titulados de la Defensoría Pública, ya sea que pertenezcan a su planta de personal o hayan sido vinculados por contrato, y que excepcionalmente se permite el nombramiento e abogados que no formen parte de ese organismo, cuando en el lugar donde se adelanta el proceso no exista defensor público o fuere ‘imposible’ designarlo inmediatamente, imposibilidad que ha de ser plenamente justificada”.[7]

 

Así las cosas, la Corte considera que la facultad que el artículo 3o del proyecto de ley bajo revisión le otorga a los estudiantes de derecho pertenecientes a los consultorios jurídicos de las universidades del Estado, debe interpretarse de conformidad con los postulados constitucionales anteriormente descritos. Es decir, pueden estos estudiantes, de acuerdo con las prescripciones legales, prestar la defensa técnica en todo tipo de procesos, salvo en aquellos de índole penal, pues en estos eventos la Carta Política prevé la presencia de un abogado, esto es, de un profesional del derecho. Con todo, esta Corporación ha admitido que este principio en algunas ocasiones, y justamente para garantizar el derecho de defensa, puede ser objeto de una medida diferente, donde el estudiante de derecho pueda, ante situaciones excepcionales, prestar la defensa técnica a un sindicado. Significa esto que tanto los despachos judiciales, como los consultorios jurídicos y las entidades encargadas de prestar el servicio de defensoría pública, deben abstenerse, en la medida de lo posible, de solicitar la presencia y la participación de estudiantes de derecho en asuntos penales. En otras palabras, sólo ante la inexistencia de abogados titulados en algún municipio del país, o ante la imposibilidad física y material de contar con su presencia, los estudiantes de los consultorios jurídicos pueden hacer parte de un proceso penal.

 

Finalmente, la Corte estima que la certificación de idoneidad que las universidades deban otorgar a los estudiantes de derecho de los consultorios jurídicos para ejercer la defensa técnica, no puede de ningún modo circunscribirse exclusivamente a la valoración académica de la persona, sino que debe incluir el comportamiento moral y ético que el estudiante ha demostrado a lo largo de sus carrera universitaria. Lo anterior porque, de una parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sido clara en resaltar que quien asista a una persona en su defensa judicial debe demostrar mucho más que el simple conocimiento de los pormenores de un proceso; y, por la otra, el estudiante que represente a un sindicado está también en gran medida representando a su institución académica con todos los compromisos de seriedad, responsabilidad y aptitud que ello acarrea.

 

 

 

En estos términos, entonces, el artículo 3o será declarado exequible.

 

“ARTICULO 4o. CELERIDAD. La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

 

“Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria.

 

“PARAGRAFO: Los memoriales que presenten los sujetos procesales deberán entrar al despacho del funcionario judicial, administrativo o disciplinario, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación”.

 

1. Intervención del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

 

El señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia considera que “si el Art. 4o. del proyecto en estudio no es aplicado a la luz de los artículos 29 y 228 de la Carta y con apoyo en la letra de la misma se llega hasta entender que la no observancia de términos judiciales no admite justificación y que, en consecuencia, siempre será sancionada con pérdida del cargo por mala conducta, desconociéndose así el principio de proporcionalidad que en guarda de aquellos esenciales busca asegurar que no se impongan medidas restrictivas desmesuradas frente a las condiciones particulares de las personas sobre quienes recaen o las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió la conducta que las motiva, es claro a juicio de la Corte que la constitucionalidad del mencionado precepto ofrece serias dudas y requiere consideración especial”.

 

2. Intervención del ciudadano Eurípides Cuevas.

 

El ciudadano Eurípides Cuevas solicita que se declare la inexequibilidad del parágrafo del artículo 4o., toda vez que, según él, dicha norma es violatoria del numeral segundo del artículo 150 y del artículo 152 de la Constitución Política, ya que se trata de una modificación del artículo 107 del Código de Procedimiento Civil.

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Como se anotó anteriormente, el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia implica necesariamente que el juez resuelva en forma imparcial, efectiva y prudente las diversas situaciones que las personas someten a su conocimiento. Para lograr lo anterior, es requisito indispensable que el juez propugne la vigencia del principio de la seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de resolver en forma diligente y oportuna los conflictos a él sometidos dentro de los plazos que define el legislador. Por ello, esta Corporación ha calificado, como parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el “derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos”[8]. Lo anterior, por lo demás, resulta especialmente aplicable para el caso de los procesos penales, pues, como la Corte señaló: “Ni el procesado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado profiera una sentencia condenatoria o absolutoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad”[9].

 

A lo anterior, cabe agregar que la labor del juez no puede jamás circunscribirse únicamente a la sola observancia de los términos procesales, dejando de lado el deber esencial de administrar justicia en forma independiente, autónoma e imparcial. Es, pues, en el fallo en el que se plasma en toda su intensidad la pronta y cumplida justicia, como conclusión de todo un proceso, donde el acatamiento de las formas y los términos, así como la celeridad en el desarrollo del litigio judicial permitirán a las partes involucradas , a la sociedad y al Estado tener la certeza de que la justicia se ha administrado debidamente y es fundamento real del Estado social de derecho.

 

Consecuencia de los argumentos precedentes, fue la consagración en el artículo 228 superior del deber del juez de observar con diligencia los términos procesales y, principalmente, de sancionar su incumplimiento. Por ello, la norma bajo examen establece que de darse esta situación, el respectivo funcionario podrá ser sancionado con causal de mala conducta. La Corte se aparta así de las intervenciones que cuestionan este precepto, pues, como se vio, él contiene pleno respaldo constitucional. Sin embargo, debe advertirse que la sanción al funcionario judicial que entre en mora respecto del cumplimiento de sus obligaciones procesales, es asunto que debe ser analizado con sumo cuidado. En efecto, el responsable de evaluar la situación deberá estimar si dicho funcionario ha actuado en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación de responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable. Asimismo, debe esta Corporación advertir que la función en comento le corresponde asumirla al Consejo Superior de la Judicatura, a los Consejos Seccionales -como se desprende de lo dispuesto en los numerales 3o y 4o del artículo 256 de la Carta Política-, o a los jueces cuando ejercen la potestad disciplinaria respecto de sus subalternos, salvo en lo que atañe a los magistrados que gozan de fuero constitucional especial, caso en el cual esa labor deberá ser realizada por el Congreso de la República, sin perjuicio de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación, para “vigilar la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas (...)” (Art. 277-6 C.P.)[10]. Para lograr los anteriores cometidos, naturalmente deberán respetarse las prescripciones propias del debido proceso y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa para explicar las razones por las cuales se incurrió en mora injustificada en el trámite de los asuntos judiciales.

 

Finalmente, la Corte encuentra que la obligación contenida en el parágrafo de la disposición bajo estudio, en el sentido de que entren al despacho los memoriales dentro de un lapso no mayor de tres días, contraviene lo dispuesto en el artículo 158 superior, pues realmente se trata de un mandato que debe hacer parte del respectivo código de procedimiento, es decir, de una ley ordinaria, y no de los asuntos que, según se estableció, corresponden a una ley estatutaria encargada de regular la administración de justicia. En efecto, nótese que el objeto principal del proyecto bajo revisión, es el de establecer la estructura y los principios generales que habrán de guiar el funcionamiento de la administración de justicia. Esto significa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución, debe haber para cada juicio, unas formas o procedimientos propios, los cuales en todo caso deben ser determinados por las leyes de carácter ordinario que se expidan y no a través de una ley estatutaria. Así, entonces, se reitera que el parágrafo se refiere a materias que en realidad no se relacionan con el objetivo y los lineamientos que han sido fijados en esta providencia.

 

Así las cosas, este artículo será declarado exequible, salvo el parágrafo, que será declarado inexequible.

 

“ARTICULO 5o. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA RAMA JUDICIAL. La Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia.

 

“Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional  podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias”.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Como es sabido, el propósito fundamental de la función judicial dentro de un Estado de derecho, es el de impartir justicia a través de diferentes medios, como son la resolución de los conflictos que se susciten entre particulares, o entre éstos y el Estado, el castigo a las infracciones a la ley penal y la defensa del principio de legalidad. Para ello, la administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios básicos que, a su vez, se tornan esenciales: la independencia y la imparcialidad de los jueces.

 

La independencia, como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones o, como lo indica la norma bajo estudio, a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales. En este punto resulta de importancia anotar que el hecho de que alguna otra rama del poder público participe en la designación de algunos funcionarios judiciales -como es el caso del Senado y del presidente de la República en la elección de los magistrados de la Corte Constitucional- o que colabore en el buen funcionamiento de la administración de justicia -mediante el concurso económico, logístico o material- no significa, ni puede significar, que se le otorgue facultad para someter la voluntad y la libre autonomía del juez para adoptar sus decisiones. En igual sentido, debe decirse que la independencia se predica también, como lo reconoce la disposición que se estudia, respecto de los superiores jerárquicos dentro de la rama judicial. La autonomía del juez es, entonces, absoluta. Por ello la Carta Política dispone en el artículo 228 que las decisiones de la administración de justicia “son independientes”, principio que se reitera en el artículo 230 superior cuando se establece que “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”, donde el término “ley”, al entenderse en su sentido general, comprende en primer lugar a la Constitución Política.

 

Por su parte, la imparcialidad se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial. El logro de estos cometidos requiere que tanto los jueces como los demás profesionales del derecho se comprometan en los ideales y el valor de la justicia, para lo cual no basta el simple conocimiento de la ley y del procedimiento, sino que es indispensable el demostrar en todas las actuaciones judiciales los valores de la rectitud, la honestidad y la moralidad.[11]

 

La Corte encuentra, pues, que el artículo 5o del proyecto de ley, al garantizar la plena independencia y autonomía del juez respecto de las otras ramas del poder público y de sus superiores jerárquicos, se ajusta a los parámetros precedentes, razón por la cual habrá de declarar su exequibilidad.

 

No obstante, debe esta Corporación advertir que la prohibición de imponer “criterios” contenida en el inciso segundo de la norma bajo examen, debe entenderse sin perjuicio del carácter vinculante que pueda tener  en determinados casos la doctrina de la Corte Constitucional, en los términos que más adelante habrá de precisarse. Para estos efectos, resulta pertinente transcribir los argumentos más importantes contenidos en la Sentencia No. C-083/95:

 

“Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo. (art. 241 C.P.)

 

“Pero como la Constitución es derecho legislado por excelencia, quien aplica la Constitución aplica la ley, en su expresión más primigenia y genuina. Es preciso aclarar que no es la jurisprudencia la que aquí se consagra como fuente obligatoria. A ella alude claramente otra disposición, el artículo 4° de la ley 69 de 1896, para erigirla en pauta meramente optativa para ilustrar, en ciertos casos, el criterio de los jueces.

 

“Así mismo, conviene precisar que no hay contradicción entre la tesis que aquí se afirma y la sentencia C-131/93, que declaró inexequible el artículo 23 del Decreto legislativo 2067 del 91 en el cual se ordenaba tener ‘como criterio auxiliar obligatorio’ ‘la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional’, mandato, ese sí, claramente violatorio del artículo 230 Superior. Lo que hace, en cambio, el artículo 8° que se examina -valga la insistencia- es referir a las normas constitucionales, como una modalidad del derecho legislado, para que sirvan como fundamento inmediato de la sentencia, cuando el caso sub judice no está previsto en la ley. La cualificación adicional de que si las normas que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo deben aplicarse, constituye, se repite, una razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica.

 

“Es necesario distinguir la función integradora que cumple la doctrina constitucional, en virtud del artículo 8° (Ley 153 de 1887), cuya constitucionalidad se examina, de la función interpretativa que le atribuye el artículo 4° de la misma ley (...)

 

“La disposición transcrita (artículo 4o) corrobora, además, la distinción que atrás queda hecha entre doctrina constitucional y jurisprudencia. Es apenas lógico que si el juez tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley, el criterio del intérprete supremo de la Carta deba guiar su decisión. Es claro eso sí que, salvo las decisiones que hacen tránsito a la cosa juzgada, las interpretaciones de la Corte constituyen para el fallador valiosa pauta auxiliar, pero en modo alguno criterio obligatorio, en armonía con lo establecido por el artículo 230 Superior.

 

“Lo anterior encuentra claro apoyo, además, en el artículo 5° de la misma ley (153 de 1887). La disposición destaca, nítidamente, la función que está llamada a cumplir la doctrina constitucional en el campo interpretativo. Es un instrumento orientador, mas no obligatorio, como sí ocurre cuando se emplea como elemento integrador: porque en este caso, se reitera, es la propia Constitución -ley suprema-, la que se aplica”[12].

 

En los términos descritos, y haciendo la salvedad de que la prohibición de imponer “criterios” debe interpretarse de conformidad con la jurisprudencia transcrita, esta Corte declarará la exequibilidad de la disposición bajo examen.

 

“ARTICULO 6o. GRATUIDAD. La administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las expensas, agencias en derecho y costos judiciales que habrán de liquidarse en todos los procesos sin excluir a las entidades públicas”.

 

1. Intervención del ciudadano Eurípides Cuevas.

 

El citado ciudadano solicita que se declare inexequible el artículo 6o. en cuanto prevé que en todos los procesos, sin excluir los que se adelanten contra las entidades públicas, se liquidarán agencias en derecho y costas judiciales, toda vez que viola el numeral segundo del artículo 150 y el artículo 152 de la Constitución Política, en la medida en que la norma impugnada reforma el numeral primero del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, materia que es propia de las leyes ordinarias.

 

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

A pesar de que la Carta Política no hace referencia expresa al principio de gratuidad en el acceso a la administración de justicia, para la Corte éste se infiere de los objetivos mismos que persigue la labor de impartir justicia y de la realización plena del derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 superior.

 

En efecto, como se estableció, uno de los pilares esenciales del Estado social de derecho es la prestación seria, responsable y eficiente de la justicia, a través de la cual es posible la materialización de un orden justo, caracterizado por la convivencia, la armonía y la paz. Sin embargo, como lo ha señalado la Corte, la aplicación y operatividad de la justicia “se hace efectiva cuando las instituciones procesales creadas como instrumentos para asegurar su vigencia, arbitran los mecanismos idóneos para que puedan acceder a ellas todas las personas en condiciones de igualdad”[13]. Pero, valga anotarlo, esas condiciones de igualdad no se predican únicamente de las oportunidades para acceder a la administración de justicia, sino también de las condiciones mismas en que se accede. Y en este punto juega un papel preponderante la capacidad económica de las partes, la cual, como señala la sentencia citada, “no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra ni propiciar, por consiguiente, la discriminación”.

 

El principio de gratuidad apunta, pues, a hacer efectivo el derecho constitucional fundamental a la igualdad. Con ello no quiere la Corte significar que aquellos gastos que originó el funcionamiento o la puesta en marcha del aparato judicial, debido a la reclamación de una de las partes, tengan igualmente que someterse al principio de gratuidad. Por el contrario, si bien toda persona tiene el derecho de acceder sin costo alguno ante la administración de justicia, no sucede lo mismo con los gastos necesarios para obtener la declaración de un derecho. Por tal razón, la mayoría de las legislaciones del mundo contemplan la condena en costas -usualmente a quien ha sido vencido en el juicio-, así como las agencias en derecho, esto es, los gastos en que incurrió la parte favorecida o su apoderado (a través de escritos, diligencias, vigilancia, revisión de expedientes) durante todo el trámite judicial. Se trata, pues, de restituir los desembolsos realizados por quienes presentaron una demanda o fueron llamados a juicio y salieron favorecidos del debate procesal.

 

No obstante lo expuesto, encuentra la Corte que al señalar la norma en comento que “en todos los procesos” habrán de liquidarse las agencias en derecho y las costas judiciales, se está desconociendo la posibilidad de que la Carta Política o la ley contemplen procesos o mecanismos para acceder a la administración de justicia que no requieran erogación alguna por parte de los interesados. La acción de tutela de que trata el artículo 86 superior, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, y la acción pública de constitucionalidad prevista en los artículos 241 y 242 del Estatuto Fundamental y reglamentada por el Decreto 2067 de 1991, son algunos de los ejemplos que confirman los argumentos expuestos. Así las cosas, esta Corte advierte que será responsabilidad del legislador definir, en cada proceso, si se amerita o no el cobro de las expensas judiciales, así como el determinar, según las formas propias de cada juicio, si se incluye o no a las entidades públicas dentro de la liquidación de agencias en derecho, costas y otras expensas judiciales.

 

En ese orden de ideas, la Corte considera que el artículo bajo revisión, al consagrar el principio de gratuidad y permitir que los interesados, incluyendo las entidades públicas, sufraguen los costos judiciales, respeta el derecho a la igualdad contenido en la Constitución, así como la libertad para acceder a la administración de justicia. Por ello, habrá de declararse su exequibilidad, salvo la expresión “que habrán de liquidarse en todos los procesos sin excluir a las entidades públicas”, la cual, por las razones anotadas, se declarará inexequible.

 

“ARTICULO 7o. EFICIENCIA. La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley”.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Este principio guarda estrecha relación con el principio de celeridad ya analizado. En efecto, mientras éste busca el cumplimiento pronto y efectivo de las obligaciones que la Constitución y la ley imponen a los encargados de administrar justicia, aquél persigue que las providencias que se profieran en ejercicio de esa obligación, guarden directa proporción con la responsabilidad asignada a los jueces; en otras palabras, que resuelvan en forma clara, cierta y sensata los asuntos que se someten a su conocimiento.

 

Por eficiencia se entiende, según el Diccionario de la Lengua Española, “virtud y facultad para lograr un efecto determinado”. Significa lo anterior que los despachos judiciales no sólo deben atender en forma diligente sus responsabilidades, sino que además el juez debe fallar haciendo gala de su seriedad, su conocimiento del derecho y su verdadero sentido de justicia. Se trata, pues, de una responsabilidad que, en lenguaje común, hace referencia tanto a la cantidad como a la calidad de las providencias que se profieran. Para la Corte merece especial atención este último concepto, pues la administración de justicia, al ser fundamento esencial del Estado social de derecho, no puede sino reclamar que sus pronunciamientos estén enmarcados por la excelencia. Así, entonces, contradice los postulados de la Constitución aquel juez que simplemente se limita a cumplir en forma oportuna con los términos procesales, pero que deja a un lado el interés y la dedicación por exponer los razonamientos de su decisión en forma clara y profunda.

 

Por tratarse, entonces, de un precepto que se relaciona con los demás principios hasta ahora analizados y los desarrolla de modo coherente, habrá de declararse su exequibilidad.

                        

“ARTICULO 8o. ALTERNATIVIDAD. La ley podrá establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados y señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios por estos servicios”.

 

1. Intervención del ciudadano Luis Guillermo Guerrero.

 

El ciudadano Guerrero solicita que se declare la inexequibilidad del artículo 8o., ya que considera que dicho artículo, contrario a lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Política, defiere a la ley la facultad de establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre particulares. A juicio del impugnante, no es posible que la ley establezca otras modalidades de administración de justicia, por fuera de los parámetros señalados en el artículo 116 superior.

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Como se ha expuesto a lo largo de esta providencia, el propósito fundamental de la administración de justicia es hacer realidad los principios y valores que inspiran al Estado social de derecho, entre los cuales se encuentran la paz, la tranquilidad, el orden justo y la armonía de las relaciones sociales, es decir, la convivencia (Cfr. Preámbulo, Arts. 1o y 2o C.P.). Con todo, para la Corte es claro que esas metas se hacen realidad no sólo mediante el pronunciamiento formal y definitivo de un juez de la República, sino que asimismo es posible lograrlo acudiendo a la amigable composición o a la intervención de un tercero que no hace parte de la rama judicial. Se trata, pues, de la implementación de las denominadas “alternativas para la resolución de los conflictos”, con las cuales se evita a las partes poner en movimiento el aparato judicial del país y se busca, asimismo, que a través de instituciones como la transacción, el desistimiento, la conciliación, el arbitramento, entre otras, los interesados puedan llegar en forma pacífica y amistosa a solucionar determinadas diferencias, que igualmente plantean la presencia de complejidades de orden jurídico. Naturalmente, entiende la Corte que es competencia del legislador, de acuerdo con los parámetros que determine la Carta Política, el fijar las formas de composición de los conflictos judiciales, los cuales -no sobra aclararlo- no siempre implican el ejercicio de la administración de justicia.

 

Para esta Corporación, las formas alternativas de solución de conflictos no sólo responden a los postulados constitucionales anteriormente descritos, sino que adicionalmente se constituyen en instrumentos de trascendental significado para la descongestión de los despachos judiciales, problema éste que desafortunadamente aqueja en forma grave y preocupante a la administración de justicia en el país. Adicionalmente, debe insistirse en que con los mecanismos descritos se logra cumplir con los deberes fundamentales de que trata el artículo 95 superior, como es el caso de colaborar con el funcionamiento de la justicia (Num 5o.) y propender al logro y el mantenimiento de la paz (Num. 6o). Con todo, conviene puntualizar que el término “asociados” que hace parte de la norma bajo examen, incluye, además de los particulares, también a las entidades públicas,

 

Finalmente, debe señalarse que esta Corte no comparte los argumentos presentados por uno de los intervinientes en el presente proceso, en el sentido de que la norma bajo revisión es inexequible toda vez que el artículo 116 de la Constitución no consagra estas formas de administrar justicia.

 

Al respecto, conviene recordar que el artículo 116 de la Carta hace una enunciación de los órganos y personas encargados de administrar justicia, sin que ello signifique, de una parte, que todos ellos integren la rama judicial ni, de la otra, que cualquier otra autoridad o particular, con base en las atribuciones respectivas, no pueda dirimir o componer determinados conflictos de orden jurídico, según los postulados que fijen la Carta Política y la ley. En cuanto al primer aspecto, el Título VIII de la Carta Política enumera y regula las funciones de las jurisdicciones y los órganos pertenecientes a la rama judicial, esto es, la jurisdicción constitucional (Arts. 239 a 245), la jurisdicción contencioso-administrativa (Arts. 236 a 238), la jurisdicción ordinaria (Arts. 234 y 235), la  Fiscalía General de la Nación (Arts. 249 a 253), las jurisdicciones especiales (Arts. 246 y 247) y el Consejo Superior de la Judicatura (Arts. 254 a 257). Como puede apreciarse, el artículo 116 faculta a otras instituciones del Estado (Congreso, Tribunales Militares) o a otras personas (autoridades administrativas, particulares) para administrar justicia, sin que ellas hagan parte de la rama judicial. Respecto al segundo argumento, se tiene que la Constitución misma permite a ciertas autoridades, instituciones o personas administrar justicia, las cuales no hacen parte del listado contenido en el 116 superior. Tal es el caso, por ejemplo, de las autoridades indígenas o de los jueces de paz. En igual forma, puede decirse que determinados particulares pueden cumplir con esas funciones, en los términos que señala el citado artículo 116 superior.

 

En conclusión, las formas alternativas de resolver conflictos pueden ser reguladas por la ley, de acuerdo con los lineamientos constitucionales. A través de ellas, no sólo no se desconoce el artículo 116 superior sino que se interpretan y se desarrollan los principios y valores que regulan a toda la Constitución, como es la búsqueda de la paz, la convivencia y el orden justo.

 

En estos términos, pues, la norma será declarada exequible.

 

“ARTICULO 9o. RESPETO DE LOS DERECHOS. Es deber de los funcionarios judiciales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso. De todas maneras se preservará la diversidad cultural de las comunidades indígenas”.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

La obligación de los funcionarios -y empleados- judiciales de respetar, garantizar y velar por la salvaguardia de los derechos de las personas que intervienen en el proceso, tiene, como se ha señalado, pleno sustento constitucional. En efecto, a lo largo de todo el trámite judicial es obligación de los administradores de justicia el garantizar la vigencia plena del debido proceso, es decir, no sólo el respeto a las formas propias de cada juicio sino, igualmente, la aplicación de la presunción de inocencia, el ejercicio permanente del derecho de defensa, la posibilidad de controvertir las pruebas, el atender oportunamente los escritos o memoriales que se presenten, el procurar una mayor celeridad, el ser eficiente, y el fundamentar en forma seria y adecuada el fallo, entre otras.

 

Pero, además, es deber esencial de los funcionarios judiciales garantizar igualmente los demás derechos de rango superior o legal, en particular los constitucionales fundamentales, que de una forma u otra deban ser protegidos a lo largo del proceso. Es así como, por ejemplo, el juez debe abstenerse de divulgar la información reservada contenida en un expediente, o de opinar públicamente acerca de ella. En estos eventos se encontrarían comprometidos derechos de altísimo rango constitucional, como la dignidad, la intimidad, la honra y el buen nombre, cuya protección debe ser integral y permanente.

 

Comentario especial merece la mención expresa que hace el artículo que se estudia, en el sentido de que de todas formas se preservará la diversidad cultural de las comunidades indígenas. Para la Corte, en toda comunidad, cualquiera que ella sea, existe un mínimo ético que resulta aplicable frente a quienes tienen el deber administrar justicia. Lo anterior significa que si se deben respetar siempre los derechos de todos los que intervienen en un proceso, es entonces palmario que dentro de ese grupo se encuentran incluidos los miembros de las comunidades indígenas, y no se justifica, por tanto, que el legislador entre a hacer previsiones especiales en torno a ellos, desconociendo de paso que la primera parte del artículo bajo revisión garantiza la vigencia plena del derecho a la igualdad. Por lo demás, debe agregarse que, tal como se encuentra redactada la norma bajo examen, la situación en comento parecería ser una excepción frente al principio general de respetar los derechos de quienes intervienen en un proceso judicial. Ello, naturalmente, desconoce el derecho a la igualdad (Art. 13 C.P.) y el fundamento mismo de la labor de administrar justicia (Art. 228 C.P.).

 

Como si lo anterior no fuese suficiente, encuentra esta Corporación que la expresión en comento, tampoco se compatibiliza con el tipo de normas que, según se ha expuesto, deben hacer parte de una ley estatutaria. Se trata, entonces, de un texto legal que no se relaciona directamente con el objeto de la ley bajo examen y que, por lo mismo, contraviene lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución Política.

 

Por las anteriores razones se declarará exequible el presente artículo, salvo la expresión “De todas formas se preservará la diversidad cultural de las comunidades indígenas”, que será declarada inexequible.

 

“ARTICULO 10o. SANCIONES. La violación de los principios de que trata el presente título y los demás consagrados en la Constitución Política, en los Tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia y en la Ley, en el curso de una actuación procesal por parte de un funcionario o empleado judicial, constituye causal de mala conducta sancionable con la pérdida del empleo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que se les puedan deducir.

“Lo mismo se aplicará a los particulares y funcionarios administrativos que ejerzan funciones jurisdiccionales y disciplinarias”.

 

1. Intervención del ciudadano Luis Guillermo Guerrero.

 

El ciudadano Luis Guillermo Guerrero solicita la declaratoria de inexequibilidad del artículo 10o., ya que considera que es contrario al principio constitucional del debido proceso, consagrado en el artículo 29 superior, “en la medida en que la generalidad de las disposiciones cuya infracción se califica como causal de mala conducta contraría el principio de la tipicidad en materia punitiva”. Además, a juicio del interviniente, se viola el principio de la proporcionalidad de la pena, ya que resulta excesivo y desproporcionado aplicar la pérdida del empleo a cualquier infracción de los cuerpos normativos como los allí mencionados, por el simple hecho de que se trate de un empleado judicial en el curso de una actuación procesal.

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

La Corte considera que la disposición bajo examen realmente consagra un tipo de sanción disciplinaria que carece de determinación y que, en consecuencia, atenta contra principios mínimos de fijación de la responsabilidad, que exigen que toda pena responda a una normatividad preexistente que reúna las características de especificidad, claridad y aplicabilidad. En efecto, nótese que al remitirse el presente artículo a los “principios” consagrados en la Carta Política, en los tratados internacionales y en las leyes, realmente está permitiendo que el responsable de determinar la posible comisión de una falta disciplinaria pueda hacer uso indiscriminado de cualquier precepto que a su juicio consagre un principio aplicable a la situación en concreto. En esa medida, los funcionarios y los empleados judiciales se encuentran frente a una situación de indefinición que, a su vez, se convierte en atentado contra la seguridad jurídica y contra la posibilidad de ejercer en forma libre, tranquila y autónoma sus funciones.

 

La norma, pues, será declarada inexequible.

 

“TITULO SEGUNDO 

“ESTRUCTURA GENERAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

 

CAPITULO I

“DE LA INTEGRACION Y COMPETENCIA DE LA RAMA JUDICIAL

 

“ARTICULO 11. La Rama Judicial del Poder Público está constituida por:

 

“1. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones

“a. De la Jurisdicción Ordinaria:

“1)          Corte Suprema de Justicia

“2)          Tribunales Superiores de Distrito Judicial

“3)          Juzgados civiles, laborales, penales, agrarios, de familia y los demás especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley

 

 

“b. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo:

      “1)    Consejo de Estado

      “2)    Tribunales Administrativos

      “3)    Juzgados Administrativos

 

“c. De la Jurisdicción Constitucional:

      “1)    Corte Constitucional

      “2) Las demás corporaciones y juzgados que excepcionalmente cumplan funciones de control judicial constitucional, en los casos previstos en la Constitución y en la Ley.

 

“d. De la Jurisdicción de Paz: Jueces de Paz.

 

“e. De la Jurisdicción de las Comunidades Indígenas:

Autoridades de los territorios indígenas.

 

“f.  De la Jurisdicción Penal Militar:

       “ 1)  Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal

       “2) Tribunal Militar

       “ 3) Juzgados Penales Militares

 

“2. La Fiscalía General de la Nación.

 

“3. El Consejo Superior de la Judicatura.

 

“PARAGRAFO 1. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, tienen competencia en todo el territorio nacional. Los Tribunales Superiores, los Tribunales Administrativos y los Consejos Seccionales de la Judicatura, tienen competencia en el correspondiente  distrito judicial o administrativo. Los jueces del circuito tienen competencia en el respectivo circuito  y los jueces municipales en el respectivo municipio.

 

“PARAGRAFO 2. El fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

 

“PARAGRAFO 3. En la ampliación de cargos para el cumplimiento de funciones judiciales se dispondrá siempre de agencias del Ministerio Público y de la vigilancia judicial por la Procuraduría General de la Nación. Para tal efecto, se crearán los cargos o empleos necesarios que ello demande, ajustadas a las correspondientes apropiaciones presupuestales”.

 

1. Intervención del señor ministro de Defensa Nacional

 

El señor ministro de Defensa Nacional considera que la Constitución Política, en su artículo 116 menciona a la justicia penal militar entre los distintos organismos que ejercen la función judicial. A juicio del interviniente “tal mención no significa adscripción o pertenencia a la estructura de la rama judicial, como queda patente cuando al repasar el título VIII de la Constitución que trata 'De la Rama Judicial', no se encuentra ninguna disposición reguladora de la jurisdicción penal militar, como lo hace  respecto de las demás jurisdicciones, la ordinaria y las especiales, lo que significa que esa jurisdicción no hace parte de la rama judicial.”

 

En virtud de lo anterior, afirma que el literal  f) del numeral primero del artículo 11 “es doblemente inconstitucional por cuanto, incorpora arbitrariamente a la rama judicial la jurisdicción penal militar y, de otra parte, le impone una estructura, la que, por razón de su autonomía constitucional, debe ser determinada en las disposiciones específicas que organizan este aspecto de la administración de justicia, como las denominaciones utilizadas en el artículo 221 para referirse a los jueces penales militares.”

 

El referido funcionario afirma que el propio artículo 116 superior menciona organismos “extra-rama judicial” que administran justicia, como el Congreso de la República, las autoridades administrativas y los particulares, en casos excepcionales, lo cual significa que el hecho de tener asignada constitucionalmente una competencia judicial, no implica la adscripción o pertenencia a la Rama Judicial.

 

En síntesis, el entonces señor ministro de Defensa considera que la Justicia Penal Militar hace parte de la Fuerza Pública, y no de la Rama Judicial.

 

2. Intervención de los ciudadanos Hernando Yepes y Carlos Villalba.

 

Los ciudadanos Hernando Yepes y Carlos Villalba consideran que el numeral segundo del literal c). del artículo 11 debe ser declarado inexequible, ya que resulta contrario a lo dispuesto en el capítulo 4 del Título VIII de la Constitución Política, que constituye y organiza la jurisdicción constitucional, y la radica en cabeza de un único órgano, que es la Corte Constitucional. “Por rigor de dichos mandatos la especialidad de la estructura jurisdiccional creada por la C.P. en la condición de jurisdicción constitucional tiene una sola manifestación orgánica y, por lo mismo no es dable a la ley enunciar como partes de esa estructura, otras autoridades de la Rama Judicial”. Consideran los intervinientes que el vocablo “jurisdicción” empleado por la Carta Política debe ser entendido en su sentido orgánico, razón por la cual no se puede trasladar a tal sentido lo que corresponde únicamente al alcance funcional de la expresión.

 

Con fundamento en los mismos argumentos aquí expuestos, el ciudadano Luis Guillermo Guerrero solicita que el artículo en comento sea declarado inexequible.

 

3. Intervención del ciudadano Urias Carrillo.

 

El ciudadano Urias Carrillo solicita la declaratoria de inconstitucionalidad del literal f) del artículo 11 de la ley que se revisa, al igual que la expresión “la penal militar” contenida en el artículo 12 de la ley estatutaria, ya que en dichas normas se le está dando a la justicia penal militar la categoría de jurisdicción especial, lo cual resulta contrario al Título VIII de la Carta Superior, y además, “en el artículo 116 la justicia penal militar aparece como organismo que administra justicia sin que adquiera la connotación de jurisdicción que se le da a los apartes insertos en los artículos 11 y 12 que se cuestionan.”

 

4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

De conformidad con lo dispuesto en esta providencia, la Corte considera que a nivel constitucional existe una diferencia entre los órganos, funcionarios o personas que pueden administrar justicia y los órganos, funcionarios o personas que hacen parte de la rama judicial. Siendo este último evento del que se ocupa el artículo 11 del proyecto de ley bajo revisión, debe decirse que la estructura de la rama judicial no puede ser otra que la que claramente se establece en el Título VIII de la Carta Política. En consecuencia, cualquier otro órgano, organismo, funcionario o persona que no haga parte de esa normatividad, si bien puede administrar justicia por autorización expresa de la Carta Política y en desarrollo de la ley, no es parte de esta rama del poder público.

 

Respecto de los literales a) y b) del artículo en comento, en los que se señala la integración de la jurisdicción ordinaria (Corte Suprema de Justicia, tribunales superiores de distrito judicial y juzgados) así como de la jurisdicción contencioso administrativa (Consejo de Estado, tribunales administrativos y juzgados administrativos), debe señalarse que los artículos 234 a 238 de la Constitución no contemplan específicamente la posibilidad de crear, por medio de ley, tribunales o juzgados pertenecientes a alguna de las mencionadas jurisdicciones. Sin embargo, la habilitación de la ley para crear tribunales o juzgados nuevos, incluyendo los administrativos, dentro de la estructura de la rama judicial, se encuentra contenida en los artículos 116, 152-b y 257-2 de la Carta y en la cláusula general de competencia de que está investido el Congreso de la República.

 

El literal c) de la disposición bajo examen señala como partes integrantes de la jurisdicción constitucional, a la Corte Constitucional y a las “demás corporaciones y juzgados que excepcionalmente cumplan funciones de control judicial constitucional, en los casos previstos en la Constitución y en la ley”.

 

Para la Corte, los términos “jurisdicción constitucional” y “control de constitucionalidad” a que hace alusión el precepto que se estudia, deben interpretarse, para efectos de su ubicación dentro de la estructura de la rama judicial, de conformidad con las previsiones, principios y postulados contenidos en la Constitución. Así, únicamente para estos propósitos, puede señalarse que el control de constitucionalidad es el que se ejerce por un órgano competente, a través de un pronunciamiento definitivo respecto de la concordancia de ciertas normas jurídicas con la integridad y la primacía de la Carta Política. En ese orden de ideas, debe señalarse que dentro del esquema de la rama judicial sólo dos órganos ejercen el control de constitucionalidad de manera concluyente: la Corte Constitucional, en forma directa y principal (Art. 241), y el Consejo de Estado, el cual goza de una competencia residual, según lo prevé el numeral 2o del artículo 237 superior. No quiere lo anterior significar que en Colombia no se ejerza control de constitucionalidad por parte de otras entidades judiciales o, inclusive de funcionarios administrativos, pues es sabido que, por ejemplo, la denominada “excepción de inconstitucionalidad”, derivada del artículo 4o fundamental, es una forma de control que puede ser ejercida por cualquier juez o autoridad administrativa; sin embargo el primero de ellos no hace parte por ese sólo hecho la jurisdicción constitucional, y la segunda, como es sabido, no hace parte ni siquiera de la rama judicial.

 

En virtud de lo expuesto, resulta contrario al espíritu de la Constitución y, en particular, al Título VIII del ordenamiento superior, señalar, como lo hace el numeral 2o del literal c), que cualquier corporación -sea judicial o administrativa- o cualquier juzgado -cuyo pronunciamiento no es terminante- que excepcionalmente ejerzan funciones de control de constitucionalidad, pertenezcan a la jurisdicción constitucional. La distinción es, entonces, evidente: no por ejercer eventualmente control de constitucionalidad se hace parte en forma automática de la jurisdicción constitucional.

 

De igual forma, conviene anotar que la relación que se hace en el literal c) del artículo bajo análisis es meramente enunciativa, pues en ella se excluyen, por ejemplo, a los jueces de tutela, quienes, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, conforman jurisdicción constitucional desde el punto de vista funcional y no orgánico.

 

Los literales d) y e) se avienen a lo contemplado en el Título VIII de la Constitución y, en especial, a los artículos 246 y 247 superiores.

 

El literal f) establece que la jurisdicción penal militar hace parte de la rama judicial. Al respecto, baste manifestar que este es uno de los casos en que a pesar de que se administra justicia (Arts. 116 y 221 C.P.), los jueces penales militares no integran esta rama del poder público, pues -conviene repetirlo- no se encuentran incluidos dentro de los órganos previstos en el Título VIII superior. Por lo demás, no sobra advertir que en providencia de esta Corporación ya se han definido los alcances del artículo 221 superior -que se encuentra dentro del Capítulo sobre la fuerza pública- al establecer que la justicia penal militar únicamente juzga a “los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y sólo por delitos cometidos en relación con el mismo servicio”[14]. En esa misma providencia se concluyó: “Es verdad que la Justicia Penal Militar, según lo dice el artículo 116 de la Constitución, administra justicia. Pero lo hace de manera restringida, no sólo por los sujetos llamada a juzgar, sino por los asuntos de los cuales conoce”. Por lo demás, estima esta Corporación que el hecho de que la ley le haya atribuido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento en casación de las sentencias proferidas por la justicia penal militar, no significa por ese sólo hecho que ella haga parte de la rama judicial, pues se trata de una relación funcional que en nada compromete la estructura orgánica de esta rama del poder público.

 

Al ser indiscutible, entonces, que los jueces penales militares no tienen por qué hacer parte de la rama judicial, esta Corporación deberá declarar la inexequibilidad del literal f) del artículo 11 bajo revisión.

 

En cuanto a los parágrafos 1o y 2o del artículo, la Corte considera que ellos desarrollan los preceptos contenidos en el Título VII de la Carta Política, pues simplemente se limitan a señalar el ámbito de competencia de los diferentes órganos de la rama judicial, teniendo en cuenta para ello la organización territorial del Estado colombiano. Sin embargo, no sobra aclarar que la alusión que el parágrafo 1o hace al Consejo Superior de la Judicatura y a los Consejos Seccionales, se refiere realmente a las salas disciplinarias de esas entidades, por ser ellas las que, en estricto derecho, asumen la responsabilidad de administrar justicia.

 

En cuanto al parágrafo 3o, en el que se contempla la posibilidad de que, de conformidad con las apropiaciones presupuestales correspondientes, la Procuraduría General de la Nación pueda disponer de los cargos o empleos necesarios para atender los casos de ampliación “de cargos para el cumplimiento de funciones judiciales”, debe señalarse que, sin entrar a calificar la conveniencia de esta norma, cuestión que escapa a las atribuciones propias de la Corte, las relaciones del Ministerio Público con la rama judicial y, en particular, los ajustes necesarios en la estructura administrativa y financiera para atender obligaciones como las que se comentan, son asuntos de competencia propia y exclusiva de ese organismo de control (Arts. 113 y 275 a 284 C.P.) que, por lo mismo, deben estar contemplados en una legislación particular y que, en todo caso, no pueden hacer parte de una disposición que se ocupa de definir la estructura de la rama judicial del poder público. En consecuencia, habrá de declararse la inexequibilidad de este parágrafo.

 

CAPITULO II

 

DEL EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL POR LAS AUTORIDADES

 

ARTICULO 12. DEL EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL POR LA RAMA JUDICIAL. La función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las Corporaciones  y personas dotadas de investidura legal para hacerlo, según se precisa en la Constitución Política y en la presente Ley Estatutaria.

 

Dicha función se ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las jurisdicciones especiales tales como la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos expresamente por la Constitución o la ley a otra jurisdicción.

 

El Fiscal General de la Nación, el Vicefiscal y los Fiscales Delegados ante las distintas jerarquías judiciales del orden penal, ejercen las funciones jurisdiccionales que determine la ley.

 

Los jueces de paz conocen en equidad de los conflictos individuales y comunitarios en los casos y según los procedimientos establecidos por la ley.

 

Las autoridades de los territorios indígenas previstas en la Ley ejercen sus funciones jurisdiccionales únicamente dentro del ámbito de su territorio y conforme a sus propias normas y procedimientos, los cuales no podrán ser contrarios a la Constitución y a las Leyes. Estas últimas establecerán las autoridades que ejercen el control de constitucionalidad y legalidad de los actos proferidos por las autoridades de los territorios indígenas.

 

Los tribunales y jueces militares conocen, con arreglo a las prescripciones de la Ley y del Código Penal Militar, de los delitos sometidos a su competencia.

 

1. Intervención del señor Ministro de Defensa Nacional.

 

El señor ministro de Defensa Nacional considera que el inciso sexto del artículo 12 del proyecto de ley que se revisa es contrario al mandato del artículo 221 de la Carta Política. Así, afirma que “la garantía del DEBIDO PROCESO de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo denominada FUERO PENAL MILITAR,  está conformada por el doble derecho a ser juzgado por jueces militares, pero también, de conformidad con las normas específicas y exclusivas del Código Penal Militar. La disposición propuesta en el proyecto incorpora un ingrediente  ajeno al contexto del fuero militar, como lo es la ley común, antecediéndolo al Código Penal Militar, como si este fuera subsidiario.” (Mayúsculas del interviniente).

 

En ese orden de ideas, concluye que en el marco del fuero penal militar únicamente son aplicables las normas del Código Penal Militar, tal como lo ordena el artículo 221 de la Constitución Política.

 

2. Intervención de la ciudadana María Dorian Alvarez.

 

La referida ciudadana solicita a la Corte que se declare la inexequibilidad del inciso tercero del artículo 12, toda vez que considera que es contrario a los artículos 250 y 251 de la Constitución Política, que señalan las funciones que desempeñan la Fiscalía General y el Fiscal General de la Nación; así, afirma que las normas constitucionales referidas no autorizan a la ley para que adicione funciones de naturaleza jurisdiccional. Al respecto, señala: “El artículo 253 de la Carta defiere a la ley sólo la determinación de la estructura y funcionamiento del ente acusador, lo mismo que otros asuntos relacionados con la administración del personal, pero en ningún caso la mencionada atribución”. Además, sostiene que dentro del nuevo sistema acusatorio que rige en materia penal, la regla general es que la Fiscalía General de la Nación no cumpla funciones propiamente jurisdiccionales, y por tanto, las atribuciones de este tipo que le asigna la Carta deben interpretarse de forma restrictiva.

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

El presente artículo se refiere al ejercicio de la función jurisdiccional, entendiendo este término, contrario a lo expresado con anterioridad, en su significado clásico, es decir, como la facultad de administrar justicia por parte de un órgano del Estado, con el fin de declarar o reconocer el derecho mediante la aplicación de la Constitución y la ley. En ese orden de ideas, se establece que dicha función, calificada como “pública” por la Carta Política, se debe ejercer en forma pública y permanente “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa lo anterior, que el término de “manera permanente” que contiene el artículo, debe interpretarse de acuerdo con el postulado constitucional citado. En otras palabras, la ley está facultada para establecer aquellas situaciones en que la administración de justicia pueda disponer de los mismos beneficios laborales de que gozan todos los demás funcionarios del Estado y los particulares; desde los límites propios de un horario de trabajo hasta los casos de vacancia judicial, vacaciones individuales o licencias que soliciten los funcionarios y empleados de la rama, sin que por ello pueda concluirse que este servicio público (Art. 365 C.P.) se esté prestando en forma interrumpida o no permanente.

 

En ese mismo orden de ideas, debe la Corte aclarar que la referencia que el primer inciso de la norma bajo examen hace a las “personas dotadas de investidura legal” para administrar justicia, indiscutiblemente incluye también a aquellos funcionarios y particulares que constitucionalmente han recibido esa misma atribución.

 

La referencia que hace la norma al ejercicio de la administración de justicia por parte de la jurisdicción constitucional -en esta oportunidad la ley emplea el término “jurisdicción” en su sentido orgánico-, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción contencioso administrativa, las jurisdicciones especiales (indígena, militar y de jueces de paz) y la ordinaria, se ajusta a lo previsto en el artículo 116 y en las disposiciones que hacen parte del Título VIII de la Constitución. Asimismo, la determinación de que la jurisdicción ordinaria tendrá una competencia residual respecto de los asuntos que la Carta y la ley no le atribuyan a otra jurisdicción, en nada vulnera los preceptos superiores, tal como anteriormente se había establecido.

 

La facultad que se el otorga al fiscal general de la Nación, al vicefiscal y a los fiscales delegados para ejercer las funciones jurisdiccionales que determine la ley, es cuestionada por parte de un ciudadano, al considerar que esa atribución no hace parte de las contenidas en los artículos constitucionales correspondientes a la Fiscalía General de la Nación. Sin entrar a analizar las características, atribuciones y funciones que la presente ley le encarga a este órgano -labor que se asumirá al estudiar los artículos 23 a 33-, baste señalar que la Corte ya se ha ocupado del interrogante planteado y, al analizar los alcances de las funciones de que tratan los artículos 250 y 251 superiores, lo ha resuelto con suficiente claridad en los siguientes términos:

 

Dentro de las funciones antes enunciadas existen algunas que son eminentemente jurisdiccionales, tales como la expedición de medidas de aseguramiento que restringen la libertad del investigado, como la detención, la conminación, la caución, para asegurar su comparencia en el proceso; la facultad para resolver la situación jurídica del indagado, la potestad para calificar el mérito del sumario; la atribución de dictar resoluciones de acusación ante los jueces al presunto responsable de un hecho punible, etc, de manera que cuando los fiscales ejercen estas  actividades cumplen una función jurisdiccional, y por tanto, actúan como verdaderos jueces. Siendo así, son aplicables a los fiscales los artículos 228 y 230 de la Carta, que consagran la independencia y autonomía de los jueces, quienes en sus providencias, solamente están sometidos al imperio de la ley.

 

“Así las cosas, no le asiste razón al Procurador General de la Nación, pues como quedó demostrado con fundamento en las normas constitucionales, la Fiscalía es un órgano administrador de justicia, que interpreta la ley y le da aplicación en casos particulares y concretos, dirime conflictos, y, en general aplica el derecho a casos específicos, y cuando sus funcionarios ejercen estas actividades se convierten en jueces y, como tales, deben ser independientes y autónomos en las decisiones que adopten en el desarrollo de la investigación y acusación de los presuntos infractores de la ley penal”.[15] (negrillas fuera de texto original)

 

En virtud de lo expuesto, resulta concordante con la Constitución el que se permita a la ley señalar, de acuerdo con los parámetros establecidos en la sentencia citada, las funciones jurisdiccionales que pueden desempeñar algunos miembros de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de aquellas responsabilidades especiales que la Carta Política le encomienda al señor fiscal general (Art. 251 C.P.).

 

La alusión que se hace a los jueces de paz, se ajusta a lo prescrito en el artículo 247 superior, pues si la Carta faculta a la ley para crearlos, con mayor razón puede el legislador reglamentar el procedimiento para la toma de las decisiones en equidad.

 

En cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las autoridades de los territorios indígenas de que trata el inciso quinto del artículo bajo examen, la norma no hace sino reiterar lo consagrado en el artículo 246 de la C.P., en concordancia con los artículos 86 y 287 de la misma, precisando que dicha función se ejerce únicamente dentro del ámbito de su territorio. Dentro de ese orden de ideas, puede decirse entonces que, de acuerdo con lo establecido por esta Corporación, tanto el juez de la República como la autoridad indígena adquieren por igual la responsabilidad de respetar, garantizar y velar por la salvaguardia de los derechos de las personas que intervienen en el proceso, sin importar el sexo, la raza, el origen, la lengua o la religión[16].

 

De igual forma, considera la Corte que la distribución de competencias entre las autoridades que pueden administrar justicia es, en principio, atribución exclusiva del legislador ordinario, salvo que el Constituyente, de manera expresa, haya reservado el conocimiento de algunos asuntos a ciertas corporaciones judiciales. En consecuencia, es dentro de estos términos que debe interpretarse la facultad que le asigna el inciso quinto del artículo bajo examen a las autoridades indígenas para ejercer el control sobre los actos que ellas profieran.

 

Bajo estas condiciones, el inciso quinto será declarado exequible.

 

Finalmente esta Corporación, contrario a los argumentos presentados por el señor ministro de Defensa Nacional, considera que la facultad que se le otorga a los tribunales y jueces militares para conocer de los delitos sometidos a su competencia, debe ajustarse no sólo al mandato contenido en el artículo 221 superior -modificado por el Acto Legislativo No. 2 de 1995- sino también a las prescripciones de la presente ley estatutaria, que sean compatibles con su estructura especial. Sobre el particular, son claras las razones dadas por la Corte en Sentencia No. C-399/95:

 

 “La Corte considera que efectivamente es necesario atribuir un sentido normativo a la expresión ‘con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar’ del artículo 221 de la Carta. Sin embargo, para esta Corporación no es admisible una interpretación estrictamente formalista de la citada expresión, pues ella conduce a resultados irrazonables. En efecto, es indudable que el tema de la justicia militar debe ser sistematizado en un código, a fin de que esa rama del derecho sea ordenada por un conjunto normativo ordinario que regule sus instituciones constitutivas ‘de manera completa, sistemática y coordinada’ (Sentencia No. C-252/94). Pero ello no puede significar que todos los aspectos de la justicia penal militar deban estar formalmente contenidos en el texto de ese código, ya que algunas materias pueden estar razonablemente incorporadas en otras leyes. Así, es natural que la ley orgánica de la Procuraduría pueda regular aquellos temas relativos a la intervención del Ministerio Público en los procesos castrenses, como lo hace efectivamente la norma impugnada. O igualmente es lógico que algunos aspectos del régimen disciplinario, que pueden tener proyección normativa sobre la justicia penal militar -como la regulación de la obediencia debida- puedan estar incorporados en las leyes que consagran el régimen disciplinario de la Fuerza Pública. Sería absurdo considerar que esas regulaciones son inconstitucionales por referirse al tema de la justicia penal militar y no estar formalmente contenidas en el código respectivo, ya que se trata de normas legales de la misma jerarquía, por lo cual el legislador tiene la libertad para establecer la mejor manera de sistematizar esas materias”[17].

 

En virtud de lo expuesto, el último inciso del artículo bajo examen será declarado exequible.

 

ARTICULO 13. DEL EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL POR OTRAS AUTORIDADES Y POR PARTICULARES. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:

 

1.   El Congreso de la República, con motivo de las acusaciones y faltas disciplinarias que se formulen contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de  la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos;

 

2.   Las autoridades administrativas, de acuerdo  con  las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal; y

 

3.   Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los procedimientos señalados en la ley. Tratándose de arbitraje las leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Esta disposición se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 116 superior respecto de las otras autoridades y personas habilitadas por la Carta Política para administrar justicia. En ese orden de ideas, la referencia que se hace a las autoridades administrativas y al Congreso de la República respeta los lineamientos previstos en el citado precepto y, para el caso del órgano legislativo, se fundamenta igualmente en los artículos 174 y 178-3 del Estatuto Superior. Sin embargo, y a pesar de los problemas de redacción que presenta la norma que se revisa, debe señalarse que el término “de las acusaciones” -formuladas por el órgano legislativo- resulta exequible siempre y cuando se entienda que hace referencia únicamente a los delitos en que pudiesen incurrir los funcionarios con fuero constitucional.

 

En cuanto al ejercicio de la administración de justicia por los particulares, cabe señalar que el referido artículo 116 constitucional prevé la posibilidad de encargarlos para cumplir esa labor en la condición de conciliadores o la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, tal como lo dispone el artículo bajo revisión. Resta agregar que en estas situaciones, los particulares, en aquellos casos no previstos por el legislador, pueden fijar sus propias reglas para el ejercicio de su labor de impartir justicia, siempre y cuando se ajusten a los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley.

 

En consecuencia, la disposición será declarada exequible.

 

CAPITULO III

 

DE LOS EFECTOS DE LAS PROVIDENCIAS DE LAS AUTORIDADES

ECLESIASTICAS

 

ARTICULO 14. DE LOS ACTOS DE JURISDICCION DE LAS AUTORIDADES RELIGIOSAS. De conformidad con el artículo 42 de la Constitución Política, el Estado colombiano reconoce plenos efectos civiles a las providencias  que sobre el perfeccionamiento o la validez del vínculo de un matrimonio religioso profiera la autoridad competente de la respectiva iglesia o confesión religiosa, en los términos establecidos en la presente Ley, en las normas reguladoras del derecho de libertad religiosa y de cultos y de la institución matrimonial, y en los tratados internacionales y convenios de derecho público interno que para el efecto se celebren con la correspondiente Iglesia o Confesión.

 

La celebración de estos acuerdos no implicará una atribución de funciones jurisdiccionales del Estado Colombiano a las autoridades eclesiásticas, ni su incorporación en la Rama Judicial del Poder Público.           

 

1. Intervención del ciudadano Pedro Pablo Camargo.

 

El ciudadano Pedro Pablo Camargo considera que el artículo 14 de la ley sub-exámine excede el mandato del artículo 42 de la Carta Política. Afirma que los efectos civiles de las sentencias de nulidad de los matrimonios católicos es un tema que se encuentra regulado en la ley 25 de 1992, y que no se puede, mediante una ley estatutaria, ampliar los alcances del citado artículo 42 superior mediante la frase “en las normas reguladoras del derecho de libertad religiosa y de cultos y de la institución matrimonial, y en los tratados internacionales y convenios de derecho público interno que para el efecto se celebren con la correspondiente Iglesia o Confesión.”

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

De conformidad con las explicaciones dadas al inicio de esta providencia, considera la Corte que el asunto de que trata el artículo bajo examen no corresponde al objeto de una ley estatutaria sobre administración de justicia. En efecto, el contenido de esta disposición se relaciona más con una norma del procedimiento civil, o con el desarrollo del derecho a la libertad religiosa y de cultos de que trata el artículo 19 superior. Cabe agregar que, este último, fue regulado mediante una ley estatutaria que incluía materias similares a las que se revisan, la cual fue declarada exequible por esta Corporación en Sentencia No. C-088/94 del 3 de marzo de 1994.

 

Por lo demás, nótese que la misma norma señala que los acuerdos que se celebren entre las autoridades eclesiásticas y el Estado colombiano, no implica que aquellas se incorporen en la rama judicial, motivo por el cual se torna aun más evidente que no se justifica su inclusión dentro de una ley estatutaria sobre  administración de justicia.

 

El artículo, entonces, será declarado inexequible.

 

 

TITULO TERCERO

DE LAS CORPORACIONES Y DESPACHOS JUDICIALES

 

CAPITULO I

DE LOS ORGANOS DE LA JURISDICCION ORDINARIA

 

1. DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

ARTICULO 15. INTEGRACION. La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria y está integrada por veintitrés (23) Magistrados, elegidos por la misma Corporación para períodos individuales de ocho años, de listas superiores a cinco (5) candidatos que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala  Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

 

El Presidente elegido por la Corporación para un período de un año la representará y tendrá las funciones que le señale la ley y el reglamento.

 

PARAGRAFO. El período individual de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos con anterioridad al 7 de julio de 1991, comenzará a contarse a partir de esta última fecha.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

El artículo 234 de la Constitución Política, prevé que la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, se compondrá del número impar de magistrados que defina la ley. Esta disposición debe concordarse con el artículo 233 superior que señala que “los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos para un período de ocho años (...)”.

 

Dentro de ese marco, el artículo bajo examen dispone que la Corte Suprema estará integrada por veintitrés (23) magistrados, “elegidos por la misma Corporación para períodos individuales de ocho años (...)”. En cuanto a la determinación del número de miembros, no cabe objeción constitucional alguna, pues el legislador goza de plena autonomía e independencia para determinarlo. Respecto de la decisión de considerar que los respectivos períodos serán “individuales”, la Corte entiende que esa medida debe relacionarse con la aclaración realizada por la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente, contenida en la Gaceta Constitucional No. 125 del 25 de septiembre de 1991 (pág. 3), en el sentido de que dicho término, previsto en el artículo 239 superior -para los magistrados de la Corte Constitucional-, debe trasladarse al artículo 233, con lo cual debe entenderse, como lo prescribe la disposición que se estudia, que los períodos de todos los magistrados de las denominadas altas cortes, son individuales.

 

En cuanto al inciso segundo de la norma bajo examen, que determina que el presidente de la Corte Suprema de Justicia será elegido para un período de un año, considera la Corte que ese es un asunto del resorte exclusivo del reglamento interno de dicha Corporación, en el cual se podrá fijar el término que autónomamente se considere más apropiado para que el presidente de la entidad ejerza sus funciones. Por tal motivo, se declarará la inexequibilidad de la expresión “para un período de un año”.

 

Por otra parte, la Corte estima que responde a los asuntos propios de los que se debe ocupar una ley estatutaria sobre administración de justicia y que en nada se vulnera la Constitución, el establecer -como lo hace el parágrafo del artículo- que el período individual de los magistrados de la Corte Suprema comenzará a contarse a partir del siete (7) de julio de 1991.

 

Finalmente, conviene advertir que es exequible el hecho de que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura esté encargada de enviar la lista de candidatos para conformar la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, resultan ilustrativas las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional, a propósito del estudio del Decreto 2652 de 1991, a través del cual se adoptaron medidas administrativas del Consejo Superior de la Judicatura. Dijo entonces la Corte respecto de las funciones de la Sala Plena de dicha entidad:

 

“De otra parte, en lo que corresponde a los numerales 6o. y 7o., y que se refieren a la elaboración de las listas de candidatos para proveer las vacantes en los cargos de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Tribunales, la Corte los declarará inexequibles, porque tienen también una clara naturaleza administrativa, y por tanto esta función le corresponde a la Sala Administrativa, lo cual, además, es una garantía de la autonomía administrativa de la Rama Judicial, objetivo primordial del constituyente a este respecto. Hay que considerar, además, que aparte de la violación constitucional en cuanto a la competencia funcional  de cada una de las Salas, la presencia de la Sala Disciplinaria en la elaboración de estas listas permitía el absurdo jurídico de que tan alta Corporación tuviera participación en la elección de Magistrados cuyas faltas disciplinarias  eventualmente estarían a su cargo”.[18]

 

El artículo será declarado exequible, salvo la expresión “para un período de un año”, que será declarada inexequible.

 

“ARTICULO 16. SALAS. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones por medio de cinco salas, integradas así: La Sala Plena, por todos los Magistrados de la Corporación; la Sala de Gobierno, integrada por el Presidente, el Vicepresidente y los Presidentes de cada una de las Salas especializadas; la Sala de Casación Civil y Agraria, integrada por siete Magistrados, la Sala de Casación Laboral, integrada por siete Magistrados y la Sala de Casación Penal, integrada por nueve Magistrados.

 

“Las Salas de Casación Civil y Agraria, Laboral, y Penal, actuarán según su especialidad como tribunal de casación. También conocerán de los conflictos de competencia que, en el ámbito de sus especialidades, se susciten entre las Salas de un mismo Tribunal, o entre Tribunales, o entre éstos y Juzgados de otro distrito, o entre juzgados de diferentes distritos.   

 

“Serán susceptibles del Recurso Extraordinario Especial de Revisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, las sentencias ejecutoriadas proferidas por la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, mediante las cuales haya sido decretada la pérdida de la investidura del congresista. Además de las normas sustantivas y procesales de derecho, será aplicable lo establecido en el Artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, así como lo preceptuado en la Constitución y leyes de la República, en especial las siguientes causales:

 

“1. Falta al debido proceso.

“2. Violación del derecho de defensa

 

“El recurso extraordinario especial de revisión de que trata el inciso anterior, el cual fue establecido por la ley 144 de 1994, podrá ser interpuesto dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia y deberá ser resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación del mismo”.

 

1. Intervención del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

 

El magistrado Carlos Esteban Jaramillo Schloss, manifiesta que los incisos tercero y cuarto del artículo 16 son contrarios a los mandatos de los artículos 184 y 237 numeral quinto, de la Constitución Política, toda vez que es competencia privativa del Consejo de Estado conocer de los casos sobre pérdida de investidura de los congresistas.

 

Así, considera que el artículo impugnado, al otorgarle a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias que decreten la pérdida de investidura, desconoce la competencia expresa para esos casos, prevista en las normas superiores invocadas. Y agrega: “Además, se está quebrantando el principio constitucional del juez natural al adjudicar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la revisión sobre un fallo encomendado por la Carta Política a otro organismo, carente por definición de superior jerárquico”.

 

De otra parte aclara que “la facultad de investigar y juzgar a los miembros del Congreso por hechos punibles que se les imputen, atribuida a la Corte Suprema de Justicia en el numeral 3o. del Art. 235 de la Constitución Nacional, es asunto diferente a la facultad de decretar la pérdida de investidura, conferida al Consejo de Estado en el artículo 184 del mismo estatuto.”

 

2.  Intervención del presidente del Consejo de Estado.

 

El consejero Diego Younes Moreno solicita que se declare la inexequibilidad de los incisos tercero y cuarto del artículo en comento, con fundamento en los mismos argumentos expuestos por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

 

3. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba, Hernando Yepes, Alfonso López Carrascal, Carlos Enrique Robledo, Juan Carlos Arias, María del Pilar Sáchica, Luis Antonio Castro, Miguel F. Córdoba, Augusto J. Ibáñez, Julio Andrés Sampedro, Jorge Caldas, Eurípides Cuevas y Marciel Sarmiento.

 

Los referidos ciudadanos, comparten los argumentos expuestos por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y, por tanto, solicitan que se declare la inexequibilidad de los incisos 3o. y 4o. del artículo 16, toda vez que resultan contrarios al mandato del artículo 184 de la Constitución Política, que prevé que la pérdida de investidura será decretada por el Consejo de Estado, lo cual, en su sentir, excluye la posibilidad de que otro órgano de la jurisdicción se ocupe de este asunto en cualquier instancia o en virtud de recurso alguno.

 

Por su parte, el señor López Carrascal añade que, a su juicio, las normas acusadas resultan contrarias al mandato del artículo 228 superior, toda vez que se pierde la independencia de las decisiones de la Administración de Justicia, ya que el artículo en comento permite que la jurisdicción ordinaria se inmiscuya en el campo de acción de la jurisdicción contencioso-administrativa, al hacer un pronunciamiento definitivo en materia de pérdida de investidura de los congresistas.

 

El ciudadano Eurípides Cuevas considera que los incisos comentados del artículo 16 son contrarios a la Carta Política, ya que la regulación del procedimiento de pérdida de investidura corresponde a la ley ordinaria, que para este caso es la ley 144 de 1994, y mal podría hacerse a través de una ley estatutaria. Así, estima que se viola el numeral segundo del artículo 150 y el artículo 152 de la Constitución Política.

 

El ciudadano Marciel Sarmiento se aparta de las anteriores intervenciones y solicita a la Corte Constitucional que se declare la exequibilidad del artículo 16. A su juicio, el legislador se encuentra plenamente facultado para establecer recursos contra las providencias judiciales, “ya que la Carta Política no se ocupa en enunciarlos taxativamente y, en cambio, respecto de las sentencias condenatorias, establece, como una de las garantías inherentes al debido proceso, la de impugnarlas.” El anterior argumento, es recogido, según el interviniente, en la sentencia C-247/95, mediante la cual la Corte Constitucional se pronunció en relación con la ley 144 de 1994.

 

De otra parte, afirma que “por vía de autoridad el Congreso de Colombia, mediante el trámite de una ley estatutaria, ha definido que corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia, el conocimiento de dicho recurso”, lo cual, en su parecer, se fundamenta en las atribuciones de que trata el numeral 7o del artículo 235 superior. Por ello, considera que la “ley está señalando una nueva atribución, que si bien está relacionada con el conocimiento de temas relativos a otra jurisdicción como es la Contenciosa, no es menos cierto que dadas las especiales circunstancias y lo sui generis de esta clase de procesos, que se salen de todo ordenamiento anterior, como es el de señalar, penas irredimibles, lo que nunca había sido terreno abonado en Colombia, amerita una circunstancia como ésta en la cual, otra jurisdicción revise en forma extraordinaria las posibles equivocaciones en las cuales se pueda incurrir en otra.”

 

4. Concepto del señor procurador general de la Nación.

 

El jefe del Ministerio Público considera que se debe declarar la inexequibilidad del artículo 16 del proyecto de ley que se revisa, ya que desconoce que el Consejo de Estado es el organismo competente, de acuerdo con los artículos 184 y 237 de la Constitución Política, para decretar la pérdida de la investidura de los congresistas.

 

5. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.

 

La norma en comento determina el número y las funciones de las diferentes salas que componen la Corte Suprema de Justicia. Como se señaló para el caso del artículo anterior, esta facultad del legislador encuentra respaldo constitucional específico en el artículo 234 superior, el cual dispone que la ley “dividirá a la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno”. Así, pues, resulta jurídicamente válido el que la norma bajo revisión hubiese dividido a la citada Corporación en cinco salas (Plena, de Gobierno, de Casación Civil y Agraria, de Casación Laboral y de Casación Penal), hubiese determinado igualmente el número de magistrados que integran cada una de ellas y hubiese también definido que las tres últimas actuarán, dentro del ámbito de su competencia y de su especialidad, como tribunal de casación (Art. 235-1 C.P.).

 

Cuestión diferente es la facultad que la disposición bajo examen le otorga a la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia para conocer del “recurso extraordinario de revisión” que se presente contra las sentencias ejecutoriadas de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, a través de las cuales se haya decretado la pérdida de la investidura de un congresista.

 

Sin entrar a analizar los pormenores de la institución de la pérdida de la investidura de los congresistas[19], consagrada en el artículo 183 de la Carta Política, cabe señalar que ella hace parte de todo un régimen de incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones que el Constituyente estableció, en virtud de la importancia y de la trascendencia política, social y jurídica que implica el ser miembro del Congreso de la República[20]. Para efectos del asunto en comento, baste señalar que por tratarse de la sanción más grave que se le puede imponer a un congresista -habida cuenta de la naturaleza de la falta cometida, del prestigio de la institución que se pone en entredicho, del interés de la colectividad que lo ha elegido y de las consecuencias del fallo-, la Carta Política determinó sus causales en forma taxativa (Art. 183). Sin embargo, es pertinente aclarar que para el caso de la indebida destinación de dineros públicos (Art. 183-4 C.P.), ella no involucra necesariamente la causal prevista en el artículo 110 superior, según la cual el congresista pierde la investidura si viola la prohibición de hacer “contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o a inducir a otros que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley”. En otras palabras, a las causales establecidas en el artículo 183, debe adicionarse la contemplada en el artículo 110 constitucional, con las excepciones legales.

 

Ahora bien, dentro de estos mismos parámetros debe señalarse que el artículo 184 superior estableció una competencia única, especial y autónoma en cabeza del Consejo de Estado,  para, con base en lo dispuesto en el artículo 29 constitucional, pronunciarse y definir la pérdida de la investidura de un congresista. Al respecto la disposición referenciada, prevé:

 

“ARTICULO 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano”.

 

Sobre los alcances de esta disposición, en particular respecto de la competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para conocer y decidir acerca de la pérdida de la investidura, esta Corte ha establecido:

 

“Empero, para esta Corporación resulta claro que una cosa son las funciones jurisdiccionales del Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso administrativo, y otra distinta las que corresponden al mismo Consejo de Estado (Sala de Consulta y de Servicio Civil) como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, de exclusiva competencia de esta.

 

Posteriormente, agregó:

 

“Y no hay duda que la atribución de la pérdida de la investidura de los Congresistas de que trata el numeral 5o. del artículo 237 de la Constitución Nacional es de naturaleza jurisdiccional y no propia de la función consultiva. Y de que además, dentro de las que atañen al Consejo de Estado en Pleno, nunca ha estado la referente a las materias que tengan que  ver con la función jurisdiccional.

 

“En efecto, la pérdida de la investidura está revestida de un proceso especial que surge, bien por solicitud de la Mesa Directiva, o por iniciativa ciudadana.

 

“En cambio, la función consultiva se deriva de la iniciativa exclusivamente gubernamental, y sin que, desde luego, tenga en este caso injerencia alguna la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Es evidente que las dos Salas integran la Sala Plena del Consejo de Estado pero en ningún caso para conocer de asuntos jurisdiccionales (...).

 

“De esta manera, si la decisión que adopta el Consejo de Estado, como atribución constitucional,  sobre pérdida de la investidura, es producto de una actuación jurisdiccional, no hay duda que dicha función encaja dentro de la competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y no de la Plenaria de la misma Corporación, ya que como función jurisdiccional, la pérdida de investidura termina con una sentencia de la Corporación.

 

“Así, pues, estima la Corte que la pérdida de la investidura entraña una función jurisdiccional en forma inequívoca, y en el caso de las normas en comento, el término ‘Consejo de Estado’ alude al Pleno de su Sala Contencioso Administrativa, para estos efectos. No a la reunión de ésta con la Sala de Consulta y Servicio Civil, pues, por disposición del mismo Constituyente, la división del Consejo en Salas y Secciones persigue dar efectividad al mandato constitucional que obliga al legislador a ‘separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la Ley’.”[21] (Negrillas fuera de texto original).

 

Las anteriores consideraciones permiten concluir, sin ningún asomo de duda, que la decisión respecto de la pérdida de la investidura le compete en forma exclusiva y autónoma al Consejo de Estado y más exactamente a la Sala Contencioso Administrativa. En consecuencia, ningún otro órgano perteneciente a cualquiera otra rama del poder puede entrar a revisar las determinaciones que sobre el particular adopte la citada Sala de esa Corporación, pues con ello no sólo se estaría desconociendo flagrantemente lo dispuesto en los artículos 184 y 237-5 de la Constitución, sino también se estaría atentando contra los artículos 113 y 228 superiores, que consagran la independencia del juez cuando la Carta le ha otorgado, como en el presente caso, una atribución exclusiva y autónoma para fallar.

 

Por otra parte, debe recordarse que la norma bajo examen establece una competencia en cabeza de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse respecto del recurso extraordinario de revisión que se pueda interponer contra las decisiones de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado. Conviene, entonces, remitirse a lo dispuesto por esta Corte a propósito de la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 144 de 1994, que consagra la procedencia del referido recurso con base en las  causales previstas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y en las de los literales a) y b) de la aludida norma, esto es, falta del debido proceso y violación del derecho de defensa. Al respecto, pues, dijo la Corte:

 

Del hecho de que la Constitución misma no haya plasmado recurso alguno contra la sentencia que decreta la pérdida de la investidura no puede deducirse que esté impedido el legislador para establecerlo, menos todavía si se trata de uno extraordinario, fundado en causales constitucionales tan evidentes como la de haber incurrido la sentencia en falta al debido proceso.

 

“Por el contrario, la norma demandada encuentra fundamento en el artículo 184 de la Carta Política, a cuyo tenor la pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado ‘de acuerdo con la ley’. Lo establecido en ésta es válido mientras no contraríe la Constitución, como en efecto no ocurre en este caso.

 

“El tema de la competencia para resolver sobre el recurso ha sido controvertido por el  Consejo de Estado  -Sala Plena de lo Contencioso Administrativo-, que ha resuelto inaplicar en varias ocasiones el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, alegando que ‘ni en la ley que consagró el recurso extraordinario especial de revisión, ni en norma anterior o posterior, se determinó la autoridad judicial ante la cual éste podía interponerse y tramitarse, de donde se concluye que en la actualidad la competencia para conocer del referido recurso no ha sido asignada y, consecuencialmente, no puede la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado asumir el conocimiento (...), hasta tanto el legislador determine esa competencia’.

 

La Corte Constitucional no entrará a definir en este proceso cuál es el juez competente, función ésta que corresponde al legislador, pero se abstendrá de declarar la inconstitucionalidad de la norma pues el motivo que invoca el Consejo de Estado no es de inconstitucionalidad, por no haberse quebrantado principio ni disposición alguna de la Carta al establecerse el recurso, sino más bien un llamado de atención al Legislativo para que, por vía de autoridad, defina a quién corresponde resolver sobre los recursos extraordinarios que se interpongan contra las sentencias mediante las cuales se decreten pérdidas de investidura.

 

“La norma separa las causales de ‘falta del debido proceso’ y ‘violación del derecho de defensa’. En realidad, el segundo aspecto hace parte del primero, como lo consagra el artículo 29 de la Constitución, de tal manera que cuando el derecho de defensa es desconocido se viola necesariamente el debido proceso, que es un concepto genérico. Sin embargo, lo anotado no obsta para la exequibilidad del precepto, que precisamente encuentra su sentido y fundamento constitucional en la necesidad de brindar a quien es condenado la posibilidad de impugnar la sentencia cuando ella en sí misma constituye una vulneración de las garantías procesales”.[22] (Negrillas fuera de texto original).

 

De lo expuesto se colige que la posibilidad de interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que decrete la pérdida de la investidura de un congresista, encuentra pleno asidero en los artículos 29 y 184 constitucionales. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto del juez competente para conocer de esa situación en los términos que establece el artículo 16 del proyecto que se revisa. En efecto, téngase en cuenta por una parte, que, como se señaló, la Corte Constitucional ha establecido con suficiente claridad que sólo el Consejo de Estado, y en particular la Sala de lo Contencioso Administrativo, tiene la competencia exclusiva y autónoma para decretar la pérdida de la investidura del congresista; y, por otra parte, que si bien la Corte, en la sentencia transcrita, estableció -con una argumentación que en esta oportunidad se reitera- que no es de su resorte el definir el juez competente para conocer del recurso extraordinario de revisión, sino que esa es atribución propia del legislador, ello no significa que se le permita a la ley desconocer el mandato del Constituyente respecto del juez competente -o juez natural en este caso- para conocer del proceso en cuestión. En otras palabras, si bien es constitucional establecer un recurso extraordinario de revisión en materia de pérdida de la investidura, el juez competente para conocer de ese recurso deberá ser determinado por la ley ordinaria, entre alguno de los órganos que conforman la jurisdicción contencioso administrativa. Como es lógico, se repite, no le corresponde a la Corte determinar cuál es el juez competente, así como tampoco es su obligación evaluar los aspectos prácticos del proceso establecido en la las Leyes 5a de 1992 y 144 de 1994. La labor de la Corte, consiste en no permitir que los pormenores del proceso de pérdida de investidura se consagren por fuera de los límites que determina la propia Constitución.

 

Como si lo anterior no fuese suficiente, esta Corporación estima que la regulación en comento, especialmente la fijación de un recurso y el término para interponerlo, es materia procesal propia de una ley ordinaria, más exactamente de un código (Art. 150-2 C.P.). Además de lo expuesto, resulta evidente que la jurisdicción ordinaria no está llamada a intervenir dentro del proceso de pérdida de investidura de los congresistas. Es por ello que la disposición que se revisa vulnera también el artículo 158 superior.

 

Así las cosas, la Corte declarará la inexequibilidad de los incisos tercero y cuarto del artículo que se revisa, ya que, como se ha señalado, la decisión de confiar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo que decreten la pérdida de la investidura de un congresista, viola los artículos 113, 158, 183, 184, 228 y 237-5 de la Carta. Valga aclarar que esta declaración de inconstitucionalidad no significa que desaparezcan del ordenamiento jurídico aquellos apartes o expresiones del artículo en comento que también se hubiesen consagrado en el artículo 17 de la ley 144 de 1994, declarados exequibles por esta Corporación, pues, naturalmente, al estar contenidos en dicha normatividad, mantienen su vigencia, su fuerza y su obligatoriedad jurídica.

 

ARTICULO 17. DE LA SALA PLENA. La Sala Plena cumplirá las siguientes funciones:

 

1.   Elegir al Secretario General y designar a los demás empleados de la Corporación, con excepción de las Salas y Despachos, los cuales serán designados por cada una de aquéllas o por los respectivos Magistrados;  

 

2.   Resolver los asuntos administrativos y jurisdiccionales que correspondan a la Corporación;

 

3.   Resolver los conflictos de competencia en la Jurisdicción Ordinaria, que no correspondan a alguna de sus Salas o a otra autoridad judicial;

 

4.   Darse su propio reglamento;

 

5.   Hacer, previo el estudio en cada Sala de Casación, la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los Magistrados de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, que servirá de base para la calificación integral;

 

6.   Resolver las impugnaciones y los recursos de apelación contra las sentencias, medidas cautelares, providencias y autos interlocutorios que profiera la Sala de Casación Penal en los procesos que trámite contra los funcionarios y servidores públicos con fuero constitucional de juzgamiento por los hechos punibles que se les imputen; y

 

7.   Las demás que le prescriban la Constitución, la ley o el reglamento.

 

PARAGRAFO TRANSITORIO. Mientras subsista el Tribunal Nacional en su condición de tribunal de instancia de los jueces regionales, corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema Justicia, elegir a sus Magistrados.

 

1. Intervención del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

 

El señor presidente de la Corte Suprema de Justicia considera que el numeral 6o. del artículo 17 es contrario a los artículos 234 y 239 de la Carta Política, pues estima que la Corte Suprema de Justicia se encuentra dividida en salas especializadas, sin que exista ningún tipo de superioridad jerárquica entre ellas. Posteriormente agrega: “De otra parte, si se compara el sistema de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, se observa que la creación de esta segunda instancia sobre las decisiones de la Sala Penal,  rompe el principio de igualdad, pues en los juicios de competencia del Congreso no asoma la posibilidad de la alzada, en cuanto lo que allí se halla previsto, de una parte, es que intervenga un ponente y su proyecto se discuta para aprobación o reprobación en la plenaria, y que por separado se conozca de la instrucción y el juzgamiento, pero jamás procede la revisión por parte de un ente superior, también inexistente, sobre las determinaciones que adopten el Senado o la Cámara de Representantes, en desarrollo de sus funciones.”

 

2. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Los intervinientes solicitan que se declare la inexequibilidad de la frase “y jurisdiccionales” contenida en el numeral segundo del artículo 17, ya que consideran que los asuntos de esa naturaleza de que conoce la Corte Suprema de Justicia deben ser atribuidos a las correspondientes Salas de Casación, tal como lo prevé el artículo 234 de la Constitución Política, en consonancia con los numerales 1, 2, 3, 4, y 5 del artículo 235 superior.

 

Igualmente sostienen que el numeral quinto del artículo 17 es inexequible, ya que le otorga a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la facultad de evaluar y calificar los servicios de los magistrados de los Tribunales Superiores, usurpando la competencia que el numeral 4 del artículo 256 de la Carta Política otorga al Consejo Superior de la Judicatura. Así, manifiestan: “En este aspecto el legislador desconoce una expresa innovación de la Constitución que, dentro de su propósito de promover la mayor eficiencia y la elevación de la calidad del servicio judicial, explícitamente sustrajo a los superiores jerárquicos de los distintos niveles de la jurisdicción la función de evaluar los aspectos cualitativos del trabajo de magistrados y jueces, entregándolos a un cuerpo separado e independiente, de naturaleza no jurisdiccional, a efectos de sustraer ese control de los circuitos de benevolencia e indulgencia que fueron su signo en la legislación preexistente, por la comprensible solidaridad que media entre los evaluados y los evaluadores que, en su momento, designaron aquellos.”

 

3. Intervención del ciudadano Eurípides Cuevas.

 

Al igual que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ciudadano Cuevas estima que el numeral 6o del artículo 17 desconoce el artículo 234 superior, toda vez que cada una de las Salas en que se divide la Corte Suprema de Justicia conoce “separadamente” de los asuntos que le son propios, sin que se pueda plantear una relación jerárquica entre las Salas, o entre éstas y la Sala Plena. Adicionalmente, considera que el referido numeral le otorga una competencia a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que es materia propia del procedimiento penal, razón por la cual se viola el numeral segundo del artículo 150 y el artículo 153 de la Constitución Política.

 

4. Intervención de la ciudadana María Dorian Alvarez

 

Argumenta que se debe declarar la inexequibilidad del numeral séptimo del artículo 17, ya que el artículo 235-7 de la Carta “permite solamente a la ley fijar otras atribuciones. Por tanto, no se puede hacer lo propio a través del reglamento. Fuera de ello, es natural que la Constitución haya formalizado esta limitación, respetuosa, entre otras cosas, del principio de legalidad.”

 

5. Intervención de los ciudadanos Carlos A. Moreno y Pedro Pablo Camargo.

 

Los mencionados ciudadanos consideran que se debe declarar inexequible el parágrafo transitorio del artículo 17; así, sostienen que dicha norma es contraria al artículo 116 de la Constitución Política, que señala de manera “exclusiva y excluyente” los órganos encargados de la Administración de Justicia, y que no encuentran por parte alguna la llamada jurisdicción de orden público o justicia regional. Agregan que la justicia regional es contraria a los principios que rigen un Estado social de derecho, ya que con su aplicación se desconocen derechos fundamentales como el del debido proceso, el de la igualdad, entre otros.

 

6. Concepto del señor procurador general de la Nación.

 

El jefe del Ministerio Público considera que el numeral sexto del artículo 17 debe ser declarado inexequible, ya que se parte del supuesto equivocado del establecimiento de jerarquías al interior de la Corte Suprema de Justicia, lo que vulnera la configuración básica constitucional de las mismas, prevista en los artículos 228 y 234 superiores.

 

7. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Para la Corte, las funciones que prevén los numerales 1o, 2o, 3o, 4o y 7o de la disposición que se revisa, en nada vulneran las previsiones contenidas en la Carta Política, en particular en los artículos 234 y 235 superiores, toda vez que se trata de asuntos especialmente de índole administrativa, necesarios para el funcionamiento del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Debe señalarse, eso sí, que el término “empleados” contenido en el numeral 1o, es exequible siempre y cuando en su designación se respeten las disposiciones legales referentes a la carrera administrativa, cuando haya lugar. En iguales términos, obsérvese que dada la naturaleza de las tareas que se le asignan a ciertos funcionarios y empleados de los despachos de los magistrados -como es el caso de los magistrados auxiliares-, amerita que ellos sean de libre nombramiento y remoción.

 

Por otra parte, para esta Corporación la posibilidad de asignar funciones a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia a través del reglamento interno, no desconoce al artículo 235 referido, pues debe entenderse que esas tareas en momento alguno pueden modificar, alterar, reemplazar o derogar las que le hubiese conferido la ley. Por el contrario, la Corte Constitucional estima que las labores que se asignan mediante el reglamento se enmarcan más dentro de la necesidad de adoptar medidas tendientes al normal y dinámico funcionamiento de este tipo de corporaciones judiciales.

 

En cuanto a la atribución contenida en el numeral 5o del artículo, a través del cual se faculta a la Sala Plena de la Corte Suprema para realizar la calificación de servicios de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, es cuestionada por algunos de los ciudadanos intervinientes, ya que consideran que esa es una responsabilidad que le atañe en forma autónoma al Consejo Superior de la Judicatura. En efecto, los numerales 3o y 4o del artículo 256 del Estatuto Superior, le confieren al Consejo Superior de la Judicatura la función de examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como la de llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales. Si bien la Corte reconoce que este es un asunto de competencia exclusiva e independiente de la citada entidad, no por ello debe considerarse que la atribución consignada en el numeral 5o del artículo que se estudia signifique la usurpación de las labores en comento. Se trata simplemente, a juicio de esta Corporación, de un estudio que, como lo define la norma, “servirá de base para la calificación integral” de los magistrados de los tribunales superiores, al cual en momento alguno puede dársele carácter de obligatorio o definitivo, pues ahí sí se estaría desconociendo el mandato constitucional citado. En otras palabras, el estudio que realice la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se debe enmarcar dentro de una colaboración necesaria y armónica entre dos órganos de la rama judicial, sin que por ello se esté atentando contra la autonomía del Consejo Superior Judicatura, el cual siempre mantendrá la competencia singular que le otorga la Constitución para controlar el rendimiento de los citados funcionarios judiciales y, por tanto, podrá utilizar o no las evaluaciones que en su momento le remita el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

 

Por otra parte, el numeral 6o del artículo le asigna a la Sala Plena la posibilidad de resolver las impugnaciones y los recursos de apelación contra las diferentes actuaciones procesales que realice la Sala de Casación Penal, en los casos de juzgamiento a funcionarios y servidores públicos con fuero constitucional. Para poder comprender los alcances constitucionales de esta disposición, resulta indispensable remitirse, en primer término, al artículo 234 superior que prevé:

 

ARTICULO 234. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.

 

Esta norma señala que la Corte Suprema será dividida por la ley en salas, las cuales conocerán de sus asuntos en forma “separada”, salvo que se determine que en algunas oportunidades se estudiarán materias por la Corporación en pleno. En ese orden de ideas, las atribuciones que el artículo 235 de la Carta le atribuye a la Corte, en particular la de actuar como tribunal de casación y la de juzgar a los funcionarios con fuero constitucional, deben entenderse que serán ejercidas en forma independiente por cada una de sus salas, en este caso, por la Sala de Casación Penal. De lo anterior se infieren, pues, varias conclusiones: en primer lugar, que cada sala de casación -penal, civil o laboral- actúa, dentro del ámbito de su competencia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria; en segundo lugar, que cada una de ellas es autónoma para la toma de las decisiones y, por lo mismo, no puede inferirse en momento alguno que la Constitución definió una jerarquización entre las salas; en tercer lugar, que el hecho de que la Carta Política hubiese facultado al legislador para señalar los asuntos que deba conocer la Corte en pleno, no significa que las salas de casación pierdan su competencia o que la Sala Plena sea superior jerárquico de alguna de ellas. En otras palabras, la redacción del artículo 234 constitucional lleva a la conclusión evidente de que bajo ningún aspecto puede señalarse que exista una jerarquía superior, ni dentro ni fuera, de lo que la misma Carta ha calificado como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”.

 

En igual sentido, esta Corporación comparte los argumentos expuestos por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando, a propósito del análisis de constitucionalidad del numeral que se revisa, y en particular respecto de los fundamentos para determinar como de única instancia los procesos de juzgamiento a funcionarios con fuero constitucional, señaló: “De igual forma, si se acude al fundamento de la doble instancia como sistema concebido para disminuir los riesgos que consigo lleva la falibilidad humana, se aprecia que ésta es ineluctable, pero que precisamente se procura que la segunda instancia esté a cargo de un órgano más versado, docto y especializado en la ciencia específica, lo cual resulta francamente inconsecuente cuando la decisión de quienes han sido escogidos como expertos en la matera, pasa a ser revisada por funcionarios cuya versación y entrenamiento no son los mismos”.

 

Así las cosas, al suponerse que el recurso de apelación contra sentencias, medidas cautelares, providencias y autos interlocutorios que profiera un funcionario judicial, implica que un juez de mayor grado revisará esas decisiones, y al haberse establecido que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no es superior jerárquico de la Sala Casación Penal, se hace entonces necesario declarar la inexequibilidad del numeral 6o del artículo 17.

 

Finalmente, debe la Corte agregar que no comparte los argumentos expuestos por los ciudadanos Carlos A. Moreno y Pedro Pablo Camargo respecto de la inconstitucionalidad de la denominada justicia regional. Al respecto, baste señalar que esta Corporación ya se ha referido en diversas oportunidades al tema y ha determinado, con pleno fundamento, que este tipo de justicia se ajusta a los preceptos contenidos en la Carta Política. De igual forma, debe reiterarse que el artículo 116 superior no señala taxativamente los órganos y las personas encargadas de administrar justicia. Por lo demás, no sobra agregar que los denominados Tribunales Nacionales sí se encuentran enunciados en el artículo fundamental citado, pues, para la Corte, este tipo de justicia hace parte de lo que la Constitución califica como “jurisdicción ordinaria”. Al respecto, se ha señalado:

 

“A partir de la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991), hecho que tuvo ocurrencia el 1o. de julio de 1992, la antigua jurisdicción de orden público se integró a la jurisdicción ordinaria cambiando su denominación y es así como los jueces de orden público ahora se llaman jueces regionales y el Tribunal Nacional de orden público es el Tribunal Nacional.

 

“La facultad de atribuir competencia a las distintas autoridades judiciales para conocer de los asuntos que con fundamento en una determinada y preconcebida política criminal se les asigne, es tarea propia y exclusiva del legislador, que también puede ejercer válidamente el Presidente de la República durante los estados de excepción (...)”.[23]

 

No obstante las razones expuestas, debe aclararse que el parágrafo transitorio del artículo 17 será declarado exequible, bajo la condición de que se respete el procedimiento fijado en la Carta Política para la elección de magistrados de tribunales. Por tanto, será necesaria la elaboración de la lista de candidatos por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (Art. 257-2 C.P.), y la correspondiente designación de los funcionarios por parte de la entidad competente, es decir, por la Corte Suprema de Justicia.

 

 

ARTICULO 18. CONFLICTOS DE COMPETENCIA. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación.

 

Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación.

 

1. Intervención del ciudadano Eurípides Cuevas.

 

El señor Cuevas solicita que se declare la inexequibilidad del primer inciso del artículo 18 de la ley sub-exámine, porque considera que es contrario al numeral 6o. del artículo 256 de la Carta Política que le otorga al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Esta norma no merece reparo constitucional alguno, pues respeta el orden y los grados que deben existir en la jurisdicción ordinaria para la resolución de los conflictos de competencia. No sobra, sin embargo, aclararle al ciudadano interviniente que esta disposición en nada vulnera el numeral 6o del artículo 256 superior, pues no puede confundirse la facultad para resolver conflictos de competencia que ocurran entre distintas jurisdicciones, asunto propio del resorte del Consejo Superior de la Judicatura, con la atribución de dirimir este tipo de problemas cuando se susciten entre organismos o entidades de la misma jurisdicción, materia esta que le compete solucionar al respectivo superior jerárquico. Al tratar la presente disposición del referido evento y no del que considera vulnerado el ciudadano interesado, habrá de declararse la exequibilidad del artículo.

 

 

2. DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL

 

ARTICULO 19. JURISDICCION. Los Tribunales Superiores son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial. Tienen el número de Magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres.

 

Los Tribunales Superiores ejercerán sus funciones por conducto de la Sala Plena, integrada por la totalidad de los Magistrados, por la Sala de Gobierno, por las Salas especializadas y por las demás Salas de Decisión plurales e impares, de acuerdo con la ley.

 

PARAGRAFO TRANSITORIO 1. Mientras se integran las Salas de Decisión impares en aquellos lugares donde existen salas duales, éstas seguirán cumpliendo las funciones que vienen desarrollando.

 

PARAGRAFO TRANSITORIO 2. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial creados con anterioridad a la presente Ley, continuarán cumpliendo las funciones previstas en el ordenamiento jurídico.

 

 

1. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Los impugnantes del artículo 19 consideran que la frase “...que en todo caso, no será menor de tres.” y el parágrafo transitorio del mismo artículo son contrarios a los numerales 1o. y 2o. del artículo 257 superior. Así, afirman que las normas constitucionales citadas prevén que la atribución de señalar el número de integrantes de las Salas de los Tribunales Superiores se encuentra en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura.

 

2. Intervención del apoderado de ASONAL JUDICIAL.

 

El apoderado de ASONAL JUDICIAL considera que el parágrafo transitorio 1. del artículo 19 impide la vigencia de la propia ley estatutaria de la administración de justicia, ya que no señala el  término en el cual se deben integrar las salas impares de los tribunales superiores, lo que permite que se prolongue indefinidamente la existencia de las salas duales, que es precisamente lo que se buscaba abolir.

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Para la Corte, este artículo tampoco merece objeción de constitucionalidad. En efecto, se respeta la atribución de la Sala Administrativa del Consejo Superior Judicatura para determinar la estructura y la conformación de los diferentes despachos judiciales, pero de acuerdo con los parámetros que la misma ley, por autorización expresa de los artículos 256 y 257 superiores, puede establecer. Así, entonces, en nada vulnera la Carta Política el hecho de que el legislador determine el número de magistrados de los tribunales superiores.

 

Respecto del argumento expuesto por el representante de ASONAL judicial, basta señalar que se trata de un aspecto práctico y de conveniencia que se relaciona más con el cumplimiento de las labores asignadas por la Constitución y la ley al Consejo Superior de la Judicatura, que con la constitucionalidad misma de la disposición.

 

ARTICULO 20. DE LA SALA PLENA. Corresponde a la Sala Plena de los Tribunales  Superiores de Distrito Judicial, ejercer las siguientes funciones administrativas:

 

1.   Elegir los jueces del respectivo Distrito Judicial, de listas elaboradas por la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la Judicatura, en la calidad que corresponda, según el régimen de la Carrera Judicial.

 

2.   Elegir, para períodos de un año, al Presidente y al Vicepresidente de la Corporación, y a los empleados que le corresponda conforme a la ley o al reglamento;

 

3.   Elaborar el reglamento interno de la Corporación;

 

4.   Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los jueces del respectivo Distrito Judicial, que servirá de base para la calificación integral; y

 

5.   Las demás que le atribuya la ley o el reglamento que expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

 

1. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Los intervinientes consideran que el numeral tercero del artículo 20 “es contrario a los artículos 113, inciso 3, 114 inciso 1 y 257 numeral 3, dado que atribuye a cuerpos judiciales una función normativa que está reservada a la rama legislativa del Poder Público en virtud de los dos primeros artículos citados, y que sólo pueden ser titulares, por excepción constitucional, los órganos que, aún sin ser parte de aquella, gozan empero del fuero de la autonomía establecido en el inciso 2 del artículo 113, del cual carecen los Tribunales de Distrito.” Además, afirman que conforme al numeral tercero del artículo 257 superior, al Consejo Superior de la Judicatura se le atribuye la potestad normativa residual respecto de la organización interna de las Corporaciones y Despachos judiciales.

 

2. Intervención de la ciudadana María Dorian Alvarez.

 

La ciudadana Alvarez considera que el numeral quinto del artículo 20 debe ser declarado inexequible, argumentando que “aunque la Constitución no especifica las funciones de los Tribunales, al consultar el espíritu del art. 116, se infiere que únicamente la ley puede atribuir funciones jurisdiccionales propiamente hablando. Además, analizando sistemáticamente los arts. 235-7 y 237-6, se llega a la misma conclusión.”

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Las atribuciones contenidas en la presente disposición, en principio, parecen respetar los parámetros de la Carta Política, pues en ellas no se contemplan -salvo en el caso del numeral 3o- competencias privativas de otras autoridades u órganos del poder público, ni tampoco se trata de funciones que resulten incompatibles con las responsabilidades judiciales y administrativas que en materia de justicia y colaboración con el buen funcionamiento de la rama judicial deban desarrollar los tribunales superiores del distrito judicial, pertenecientes a la llamada jurisdicción ordinaria (art. 116 C.P.).

 

Sin embargo, esta Corporación considera que el reglamento sobre el funcionamiento de los tribunales superiores, que para el efecto expida el Consejo Superior de la Judicatura, deberá definir si la expresión “en la calidad que corresponda” contenida en el numeral 1o, incluye únicamente la elección de jueces en propiedad o si se permite asimismo el nombramiento de esos funcionarios en interinidad.

 

Por otra parte, al igual que se señaló para el caso de la Corte Suprema de Justicia, estima la Corte que la fijación del período del presidente del tribunal superior (Numeral 2o), es asunto propio del reglamento interno de cada corporación y, por tanto, no debe ser objeto de regulación por parte de una ley estatutaria como la que se revisa.

 

En cuanto al numeral 3o, la Corte estima que el reglamento de los tribunales superiores debe ser uno solo, de forma tal que los ciudadanos puedan acudir a cada una de estas corporaciones sin depender de diversas condiciones que variarían de acuerdo con la clase de tribunal o con su localización geográfica. De no ser así, se impondría una limitación inconstitucional al libre acceso a la administración de justicia, pues, se repite, el interesado tendría que conocer cada una de las medidas y reglamentos que establezcan -de acuerdo con su parecer- los tribunales superiores, corriendo el riesgo de que, por ejemplo, en uno de ellos se fijen mayores restricciones que en otro. En igual sentido, no debe olvidarse que la función administrativa de dictar los reglamentos en comento, para el caso de los despachos judiciales, le corresponde ejercerla al Consejo Superior de la Judicatura, según lo prevé el numeral 3o del artículo 257 constitucional.

 

Finalmente, debe advertirse que el numeral 5o es exequible, sin perjuicio de las otras funciones que le atribuye la Carta Política a este tipo de entidades judiciales, como es el caso de presentar los dos candidatos de la terna para que la respectiva corporación pública territorial elija a los contralores departamentales y municipales (Art. 272 C.P.).

 

En los anteriores términos será declarado constitucional el presente artículo, salvo la expresión “para períodos de un año”, así como el numeral 3o que, como se vio, es inexequible.

 

3. DE LOS JUZGADOS   

 

ARTICULO 21. INTEGRACION. La célula básica de la organización judicial es el Juzgado, cualquiera que sea su categoría y especialidad y se integrará por el juez titular, el secretario, los asistentes que la especialidad demande y por el personal auxiliar calificado que determine el Consejo Superior de la Judicatura.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Uno de los órganos que con mayor responsabilidad debe cumplir su deber de prestar una administración de justicia pronta, seria, diligente y eficaz es precisamente el juzgado. Por ello, esta Corporación encuentra ilustrativo el término “célula básica de la organización judicial” que utiliza el proyecto de ley, para resaltar la importancia y la trascendencia de este tipo de instituciones. En esa medida, es al titular de ese despacho judicial -y a través de él a los demás funcionarios- a quien le corresponde velar por el debido funcionamiento de su dependencia, por el cumplimiento estricto de los términos procesales y, lo que es más importante, por el respeto permanente de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a través de una cabal impartición de justicia.

 

Conviene agregar que para la Corte la expresión “los asistentes que la especialidad demande”, deberá interpretarse de conformidad con las reglas y determinaciones que sobre el particular adopte el Consejo Superior de la Judicatura (Art. 257 C.P.), pues de lo contrario se permitiría que cada juzgado libremente determinara su propia planta de personal, ocasionando graves transtornos logísticos y laborales y entrabando el funcionamiento mismo de la administración de justicia.

 

Con base en estas consideraciones, el artículo será declarado exequible.

 

 

ARTICULO 22. REGIMEN. Los Juzgados Civiles, Penales, Agrarios, de Familia, Laborales y de Ejecución de Penas que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que provea la ley procesal en cada circuito o municipio, integran la jurisdicción ordinaria. Sus características, denominación y número son establecidos por esa misma Corporación, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

 

Cuando el número de asuntos así lo justifique, los Juzgados podrán ser promiscuos para el conocimiento de procesos civiles, penales, laborales, agrarios o de familia.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Este artículo, al limitarse a desarrollar la disposición anterior, se aviene a los mandatos constitucionales contemplados en los artículos 116, 234, y 257 de la Carta Política. Al respecto, nótese que la norma respeta la autonomía del Consejo Superior de la Judicatura para ubicar y redistribuir los despachos judiciales, para crear o suprimir los cargos que se requieran como consecuencia de tales decisiones y para determinar, en ese orden de ideas, las funciones pertinentes. De igual forma, la disposición señala los campos o materias que harán parte de la denominada jurisdicción ordinaria (civil, penal, agrario, laboral, familia, etc.), asunto éste que, como se estableció al examinar el artículo 11 del proyecto de ley, se ajusta a los artículos 116 y 150 de la Constitución.

 

El artículo será declarado exequible.

 

 

CAPITULO II

DE LA INVESTIGACION Y ACUSACION DE LOS DELITOS

 

DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

 

ARTICULO 23. FUNCION BASICA. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio, mediante denuncia o querella, por petición del Procurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo o por informe de funcionario público, investigar los delitos, declarar precluidas las investigaciones realizadas, calificar mediante acusación o preclusión y sustentar la acusación de los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes, excepto los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

 

El Fiscal General de la Nación podrá delegar, bajo su responsabilidad, las funciones especiales de que trata el numeral primero del artículo 251 de la Constitución Política, en los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Las funciones previstas en el numeral segundo del artículo 251 de la Constitución Política, podrá delegarlas en los Directores Nacionales y Seccionales de la Fiscalía.

 

PARAGRAFO. La Fiscalía está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado y a respetar sus derechos y garantías procesales. En consecuencia, no podrá negarse a responder sus alegatos y peticiones ni a decretar aquellas pruebas que solicite para su defensa, salvo en los casos previstos en la ley.

 

1. Intervención del señor fiscal General de la Nación.

 

El señor fiscal general de la Nación afirma que el inciso segundo del artículo 23 debe ser declarado exequible, “por cuanto establece que el delegante no delega plenamente su responsabilidad, la cual en materia jurisdiccional penal le corresponde por mandato constitucional. La norma consagra una modalidad de necesaria y especial delegación, dirigida u orientada por el delegante y no prohibida en la Constitución, de todas maneras, diferente a la delegación administrativa que implica desplazamiento de la responsabilidad del delegante hacia el delegatario.(...) En conclusión, por medio de ley estatutaria, esto es, por aquella de rango superior a la ordinaria pero inferior a la Constitución Política, se pueden desarrollar y disponer facultades especiales como las contenidas en el artículo 251 de la Carta, en concordancia con el 249 y 150 de la misma, que de manera específica se refieren al Fiscal General y sus delegados, luego, la delegación jurisdiccional lejos de estar proscrita está permitida y corresponderá al estatuto de la administración de justicia establecer su procedencia.”

 

2. Intervención de los ciudadanos Miguel F. Córdoba, Augusto J. Ibáñez, Julio A. Sampedro y Jorge Caldas.

 

[CC1] Los intervinientes afirman que el inciso segundo del artículo 23 viola el principio de la cosa juzgada constitucional consagrado en el artículo 243 de la Carta, toda vez que, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-472 de 1994 declaró inexequible la expresión “..o por conducto de sus delegados de la Unidad de Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.”, contenida en el artículo 17 de la Ley 81 de 1993  que modificó el artículo 121 del Código de Procedimiento Penal, con lo cual quedó claro que el fiscal general de la Nación no puede delegar las funciones de investigación y acusación en aquellos casos en los cuales el sujeto pasivo del delito se encuentre amparado por fuero constitucional, y que dicha prohibición se extiende a las funciones administrativas especiales.

 

3. Intervención del ciudadano Eurípides Cuevas.

 

El impugnante afirma que el inciso segundo del artículo 23 es contrario al numeral primero del artículo 251 de la Constitución Política, toda vez que, a su juicio, el fuero constitucional consagrado para el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado incluye no sólo la etapa de juzgamiento, sino también la etapa instructiva, “pues de lo contrario habría que concluirse que se trata de un fuero parcial, recortado.”

 

4. Intervención del ciudadano Andrés de Zubiría.

 

Con fundamento en los mismos argumentos expuestos por el ciudadano Eurípides Cuevas, el ciudadano Andrés de Zubiría considera que se debe declarar la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 23. Además, afirma que también es inconstitucional la facultad que se le otorga al fiscal general de la Nación para delegar en los directores nacionales y seccionales el nombramiento y remoción de los empleados bajo su dependencia, toda vez que se trata de una función que le compete de manera exclusiva, y por ende, indelegable.

 

5. Intervención del ciudadano Pedro Pablo Camargo.

 

El señor Camargo, además de solicitar la declaratoria de inexequibilidad del inciso segundo del artículo 23, por resultar contrario a los numerales 1 y 2 del artículo 251 superior, manifiesta que también se debe declarar la inexequibilidad de la frase “...salvo en los casos previstos en la ley”, contenida en el parágrafo del artículo en comento, toda vez que se trata de una excepción no prevista en el artículo 250 de la Carta Política

 

 

6. Concepto del señor procurador general de la Nación.

 

El jefe del Ministerio Público considera que el inciso segundo del artículo 23 es contrario al mandato del artículo 251 de la Carta Política, toda vez que la función especial de investigar y acusar a los altos funcionarios que gozan de fuero constitucional, radica en cabeza del Fiscal General de la Nación, y es indelegable, tal como lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-472 de 1994, al declarar parcialmente inexequible el artículo 17 de la ley 81 de 1993, que autorizaba al fiscal general para delegar la función contenida en el numeral primero del artículo 251 superior.

 

7. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Sin entrar a analizar las características principales del sistema acusatorio mixto que opera en Colombia a partir de la Constitución de 1991[24], valga anotar que el inciso primero de la disposición bajo examen respeta en términos generales las atribuciones y facultades que el Capítulo 6o del Título VIII del Estatuto Fundamental le atribuye a la Fiscalía General de la Nación. Dentro de ese marco, se tiene que el artículo 250 permite a este ente investigar y acusar ante los jueces competentes a los presuntos infractores de la ley penal, como consecuencia de una denuncia, una querella o una gestión de oficio. Así, entonces, debe advertirse que la referencia que se hace en la norma bajo estudio a las peticiones que puedan elevar el procurador general de la Nación o el defensor del Pueblo, se enmarcan dentro de  la naturaleza de las atribuciones asignadas constitucionalmente a estos funcionarios (Arts. 277, 278 y 282 C.P.), pero en momento alguno implica que el fiscal esté obligado a atender favorablemente esos requerimientos, pues él conserva siempre y en todo momento la facultad autónoma para decidir si inicia o no una investigación y el rumbo jurídico que ella debe tomar. En iguales términos debe entenderse la obligación -no solo la facultad- de todo funcionario de rendir informes en los cuales se plantee la posible comisión de un delito, situación esta que, como se estableció, le corresponderá al señor fiscal definir.

 

El inciso segundo establece la posibilidad de que el fiscal general de la Nación pueda delegar algunas de las funciones contenidas en el artículo 251 superior, en particular aquellas de que tratan los numerales primero y segundo de esa disposición. En cuanto a la facultad de delegar la atribución de investigar y acusar a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones que establezca la Carta Política, esta Corte estableció, en jurisprudencia que hoy se reitera, lo siguiente:

 

“La Corte Constitucional debe apartarse de las consideraciones expuestas por el jefe del Ministerio Público, toda vez que para esta Corporación, las funciones consignadas en el artículo 251 citado -en particular la de investigar, calificar y acusar a los altos funcionarios del Estado que gocen de fuero constitucional-, revisten el carácter de indelegables y, por tanto, sólo el señor fiscal general de la Nación puede asumirlas y ejecutarlas (...)”.

 

Posteriormente, agrega:

 

“Por lo visto anteriormente, se puede concluir que el Constituyente quiso sustituir el término indelegable por el de especial, únicamente con el ánimo de unificar la terminología utilizada en el texto constitucional. En otras palabras, el espíritu del Constituyente no fue el de que las funciones que se encuentran en cabeza del señor fiscal general pudiesen ser delegadas en sus subalternos. Una simple lectura de los debates en la Asamblea Nacional Constituyente demuestra en forma evidente que el propósito fue justamente todo lo contrario: que las atribuciones contempladas en el artículo 251 fueran asumidas y ejecutadas exclusivamente por el fiscal general de la Nación.

 

“En segundo lugar, debe repararse que la Constitución distingue claramente las funciones de la Fiscalía General de la Nación de las del fiscal general de la Nación. Las primeras, contempladas en el artículo 250 superior, comprometen a todos los funcionarios de esa entidad, incluyendo al señor fiscal. En cambio, las segundas, señaladas en el artículo 251 citado, obligan únicamente al señor fiscal general de la Nación y no a sus subalternos. Esta diferenciación entre atribuciones del órgano y responsabilidades de un funcionario específico, es lo que permite que jurídicamente, en este caso, se puedan delegar las primeras y se tengan que asumir personal y directamente las segundas.

 

“Finalmente, la Corporación no puede ignorar la naturaleza de las funciones que el artículo 251 de la Carta le asigna al señor fiscal general de la Nación. El asunto bajo examen -la investigación y acusación de funcionarios con fuero constitucional-, por ejemplo, exige que dada la naturaleza de los hechos objeto del proceso penal, y de la inmensa responsabilidad política que se encuentra en juego debido a la alta investidura del agente estatal sindicado, las decisiones que se adopten provengan de la inmediata dirección, conocimiento y juicio del fiscal general. De igual forma, esta Corte no entiende cómo el señor fiscal, como supremo director de la Fiscalía General de la Nación, pueda delegar funciones tan importantes como la de participar en el diseño de la política general del Estado en materia criminal -lo que incluye la presentación de proyectos de ley- o la de nombrar y remover empleados bajo su dependencia, entre otras. Pretender lo contrario significaría, por una parte -conviene repetirlo-, que no hay un principio de razón suficiente para distinguir entre las funciones del fiscal y las de la Fiscalía; y, por la otra, que la estructura jerárquica de la institución carece de sentido jurídico, pues el nivel del cargo no respondería a la del grado de la responsabilidad. Ambas hipótesis desconocen el espíritu del Constituyente, el propósito de las tareas asignadas a la Fiscalía y al fiscal y el mismo principio de legalidad (Art. 121 C.P.), piedra angular del Estado social de derecho.

 

“Las anteriores consideraciones no obstan para que el señor fiscal general de la Nación pueda comisionar -que no delegar- en los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el ejercicio de algunas de las funciones contenidas en el artículo 251 de la Carta Política. Sin embargo, la decisión final y el compromiso jurídico y político que ella conlleve, debe el señor fiscal asumirlo siempre, y en todos los casos, en forma personal”[25].

 

Sentadas las anteriores premisas, baste advertir que las atribuciones en comento revisten el carácter de indelegables, sin perjuicio de que el señor fiscal pueda comisionar en cada caso o negocio concreto para el ejercicio de alguna de ellas, lo cual incluye la asistencia del comisionado a las audiencias. Por estas razones, y hecha esta aclaración, habrá de declararse la inexequibilidad de la expresión “El Fiscal General de la Nación podrá delegar, bajo su responsabilidad, las funciones especiales de que trata el numeral primero del artículo 251 de la Constitución Política, en los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, contenida en el  inciso segundo de la norma bajo examen.

 

El parágrafo, a su vez será declarado exequible, pues para esta Corporación resulta ajustado a la Carta que la ley pueda establecer los casos en que la Fiscalía no esté obligada a responder los alegatos y peticiones o a practicar las pruebas que soliciten las partes. Esta prohibición, naturalmente, hace referencia a las peticiones inocuas o presentadas fuera de contexto, con lo cual se procura dilatar el proceso y entrabar la administración de justicia, la cual, como se estableció, debe ser oportuna, cumplida y eficaz.

 

En conclusión, el artículo es exequible, salvo la expresión “El Fiscal General de la Nación podrá delegar, bajo su responsabilidad, las funciones especiales de que trata el numeral primero del artículo 251 de la Constitución Política, en los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, contenida en el inciso segundo que será declarada inexequible, bajo la condición expuesta.

 

ARTICULO 24. Cuando se trate de investigaciones previas iniciadas después de entrar a regir la presente Ley, la Fiscalía General ordenará su preclusión, previo concepto del Ministerio Público, en los siguientes casos:

 

1.   Cuando se trate de investigaciones previas de competencia de los Fiscales locales, cuando hayan transcurrido hasta 90 días sin que se dicte resolución de apertura de instrucción.

 

2.   Cuando se trate de investigaciones previas de competencia de los Fiscales Seccionales, cuando hayan transcurrido hasta 180 días sin que se dicte resolución de apertura de instrucción.

 

3.   Cuando se trate de investigaciones previas de competencia de los demás Fiscales Delegados, cuando hayan transcurrido hasta 270 días sin que se dicte resolución de apertura de instrucción.

 

PARAGRAFO. La investigación previa se limitará al hecho denunciado, querellado o iniciado por cualquier otra forma prevista en la ley y a los que le sean conexos.

 

1. Intervención del señor fiscal general de la Nación.

 

Considera el interviniente que la palabra “ordenará” contenida en el inciso primero del artículo 24 es contraria al artículo 250 superior, como quiera que allí se copó la plenitud de las facultades y atribuciones dadas a la Fiscalía General en materia de investigación, instrucción y acusación, en tanto esté vigente el ejercicio de la acción penal cuyo monopolio ostenta. Significa lo anterior que su función básica le corresponde desarrollarla en ejercicio del poder que le ha conferido el constituyente. En consecuencia, la referida expresión “contraría palmariamente el carácter potestativo que otorgó la Carta Política a la Fiscalía General en materia de investigación, como titular de la función y tornaría inocua la intervención del Ministerio Público, que a la luz del artículo 277 num. 3 de la Constitución Política, debe velar por la protección de los intereses de la sociedad afectada con el hecho punible”.

 

Sostiene también que el proyecto de ley estatutaria, al incluir normas sobre preclusión de las investigaciones previas, modifica totalmente las previsiones que contiene el Código de Procedimiento Penal sobre esta materia; así, afirma que “la preclusión según el proyecto impide la apertura o reapertura de la instrucción en caso de prueba sobreviniente respecto de los hechos precluídos pues impide reiniciar la acción penal. En resumen, se acaba con la resolución inhibitoria y no podrá proseguirse la acción penal, aún cuando no haya prescrito o caducado en los casos de querella.”

 

2. Intervención de los ciudadano Eurípides Cuevas y Pedro Pablo Camargo.

 

El señor Cuevas sostiene que el artículo 24 es contrario al numeral 2o, del artículo 150 y al artículo 152 de la Constitución Política, ya que se trata de una modificación al Código de Procedimiento Penal, lo cual no es posible a través de una ley estatutaria.

 

Con fundamento en los mismos argumentos, el ciudadano Pedro Pablo Camargo solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma en comento.

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

El artículo bajo examen impone a la Fiscalía General de la Nación el deber de declarar la preclusión de las investigaciones previas que se hubiesen iniciado, si se presentan algunas de las causales allí previstas. Para la Corte, esta norma -como bien lo anotan los ciudadanos y funcionarios intervinientes- realmente trata de asuntos propios del procedimiento penal que, por su naturaleza, escapan al resorte de una ley estatutaria sobre administración de justicia. En esos términos, y recordando las advertencias expuestas en el inicio del examen de constitucionalidad de este proyecto de ley, deberá declararse la inexequibilidad total de la disposición por haberse desconocido el mandato contenido en el artículo 158 superior. Por tal razón, no sobra advertir que este tipo de asuntos deberán ser desarrollados por el legislador a través de un ley ordinaria y, específicamente, consignarse en un código que se ocupe especialmente de esas materias.

 

La norma será declarada inexequible.

 

 

ARTICULO 25. Mediante resolución motivada podrá citarse al imputado para rendir indagatoria en los procesos por delitos de competencia de los jueces regionales, siempre y cuando a juicio del funcionario judicial, no sea necesaria la orden de captura en consideración  a la personalidad del agente y a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon el hecho objeto de investigación.

 

Esta decisión procederá de oficio o a petición del imputado o de su defensor.

 

 

1. Intervención del ciudadano Eurípides Cuevas.

 

El señor Cuevas sostiene que el artículo 25 es contrario al numeral 2o, del artículo 150 y al artículo 152 de la Constitución Política, ya que se trata de una modificación al Código de Procedimiento Penal, lo cual no es posible a través de una ley estatutaria.

 

2. Intervención del ciudadano Carlos Alfonso Moreno.

 

Considera el señor Moreno que la frase “en los procesos por delitos de competencia de los jueces regionales” es inexequible, ya que, a su juicio, la justicia regional carece de fundamento constitucional y además es contraria a los principios que rigen un Estado Social de Derecho, ya que con su aplicación se desconocen derechos fundamentales como el del debido proceso, el de la igualdad, entre otros.

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Frente a este artículo resultan igualmente aplicables las consideraciones expuestas en torno a la norma precedente; es decir, se trata de un tema que debe ser materia de un código de procedimiento penal y que, por tanto, no es jurídicamente válido que haga parte de una ley estatutaria. Así, se declarará su inexequibilidad, por violación del artículo 158 superior.

 

ARTICULO 26. PRINCIPIOS. La Fiscalía General de la Nación ejercerá las funciones de investigación y acusación señaladas en la Constitución Política y en las normas con fuerza de ley. En el cumplimiento de las funciones jurisdiccionales previstas en ella, son aplicables a la Fiscalía los principios de la administración de justicia de que trata la Constitución Política, los tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia, esta Ley Estatutaria y las demás normas con fuerza de ley.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Esta disposición define en términos generales los objetivos fundamentales y los principios bajo los cuales debe desarrollar sus funciones la Fiscalía General de la Nación. Se trata, entonces, de una norma que en nada vulnera los postulados de la Carta Política sino, por el contrario, los interpreta y los desarrolla a cabalidad, pues -como se vio- al ser la entidad en comento parte de la rama judicial y al administrar justicia dentro de determinados parámetros, le son igualmente aplicables los preceptos generales que regulan el ejercicio de esas responsabilidades. Con todo, para una mayor claridad debe advertirse que las atribuciones de investigación y acusación, que hacen parte de lo que se conoce como el monopolio de la acción penal, realmente le pertenecen por mandato de la Constitución al Estado, el cual lo ejerce por conducto de la Fiscalía General de la Nación.

 

Finalmente, resulta conveniente advertir que la remisión que se hace a los tratados internacionales incluye, asimismo, a los acuerdos que sobre asuntos penales y de competencia de la Fiscalía se celebren entre gobiernos, tal como lo avaló esta Corte Constitucional en Sentencia No. C-170/95 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

 

El artículo, por ende, será declarado exequible.

 

 

ARTICULO 27. DOBLE INSTANCIA. Se garantiza la doble instancia en las actuaciones jurisdiccionales que adelante la Fiscalía General de la Nación. En tal virtud, contra las providencias interlocutorias que profiera el fiscal delegado que dirija la investigación proceden los recursos de apelación y de hecho.

 

Cuando esté pendiente el trámite y resolución de un recurso de reposición o de apelación, el Fiscal General de la Nación no podrá asumir directamente la investigación mientras se resuelva el recurso, sin perjuicio de que pueda designar otro fiscal de primera instancia que continúe la investigación.

 

PARAGRAFO. Los funcionarios judiciales de la Fiscalía encargados en forma exclusiva de tramitar los recursos de apelación entrarán a ejercer sus funciones a más tardar dentro de los dos años siguientes a la vigencia de esta ley.

 

1. Intervención del señor fiscal general de la Nación.

 

Afirma el interviniente que la frase “no podrá asumir directamente la investigación mientras se resuelva el recurso” contenida en el inciso segundo del artículo 27, “impone una inexplicable prohibición al Fiscal General de la Nación frente a sus delegados; en cualquier instancia y dentro del curso de toda investigación el Fiscal General es el director responsable de la acción penal por tener el monopolio de su titularidad como administrador de justicia, entonces, prohibir que asuma directamente una investigación vulnera la autonomía que aparece consagrada en el artículo 249 de la Carta Política.”

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

El principio de la doble instancia, garantizado constitucionalmente (Art. 31 C.P.), se constituye en una piedra angular dentro del Estado de derecho, pues a través de él se garantiza en forma plena y eficaz el ejercicio del derecho fundamental de defensa y de contradicción, ambos integrantes del denominado debido proceso. Así, en materia penal, resulta de singular importancia que el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar una decisión en primera instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó en suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario, desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente.

 

Los asuntos que se ventilan ante la Fiscalía General de la Nación no son, ni pueden ser, ajenos al principio en mención, aunque, claro está, no se trata de un precepto que deba aplicarse en términos absolutos a todas las materias de índole penal, pues la misma Constitución delega en el legislador la facultad de establecer cuáles materias serán decididas en única instancia. Con todo, debe puntualizarse que, en el caso bajo examen, la procedencia de los recursos de apelación y de hecho contra las providencias interlocutorias que profiera el fiscal delegado, no incluye aquellas providencias o decisiones que sean de mero trámite.

 

Ahora bien, conviene aclarar que para la Corte el principio de la doble instancia, a la luz de los preceptos constitucionales, reviste el carácter de fundamental, toda vez que constituye una garantía del debido proceso y, a su vez, de la función judicial. En efecto, dentro del asunto bajo análisis, el principio en mención es de naturaleza sustancial y no procedimental, pues a través de él se impone un límite razonable a la independencia y autonomía de los fiscales.

 

Así las cosas, encuentra la Corte que el desarrollo del artículo que se examina se encuentra inescindiblemente ligado al principio de la doble instancia, razón por la cual se torna constitucional incluirlo dentro de una ley estatutaria sobre administración de justicia.

 

El artículo será declarado exequible.

 

ARTICULO 28. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL. La Fiscalía General de la Nación hace parte de la Rama Judicial y tiene autonomía administrativa y presupuestal, sin perjuicio del control fiscal ejercido por el Contralor General de la Nación.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

De conformidad con el último inciso del artículo 249 constitucional, la Fiscalía General de la Nación, no obstante formar parte de la rama judicial, cuenta con autonomía administrativa y presupuestal para el debido cumplimiento de su labor investigativa y acusatoria. Con lo anterior quiso el Constituyente que esta entidad gozara, por así decirlo, de un status especial respecto de las demás entidades de la rama, lo que implica que ella no tiene por qué depender de las decisiones que le corresponde adoptar al Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de las atribuciones consignadas en los artículos 256 y 257 superiores. Lo expuesto no obsta para que de conformidad con el artículo 267 de la Carta Política, la Contraloría General de la República pueda ejercer el correspondiente control fiscal, pues sin lugar a dudas se trata de vigilar a una entidad del Estado que administra fondos y bienes de la Nación.

 

Al tratarse, pues, de una norma que prácticamente transcribe parte del texto del artículo 249 superior y que se aviene a lo presupuestado en el artículo 267 de la Constitución, la Corte habrá de declarar su exequibilidad.

 

ARTICULO 29. ELECCION. El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido.

 

El Fiscal General deberá reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

 

En caso de falta absoluta del Fiscal antes de la terminación del período, quien sea designado en su reemplazo lo será para terminar el período.

 

Así mismo el Fiscal General de la Nación, Vicefiscal, y los Directores Nacionales de la Fiscalía no podrán ser elegidos en ningún cargo de elección popular o como miembros de corporaciones públicas dentro de los doce (12) meses siguientes al día de la cesación de sus funciones.

 

1. Intervención del señor fiscal general de la Nación.

 

Considera el señor fiscal general de la Nación que la frase “para terminar el período” contenida en el inciso tercero del artículo 29 es contraria al artículo 249 de la Carta Superior, el cual señala que la elección del fiscal general de la Nación se hace por un período de cuatro años, sin distinguir si se trata de un reemplazo por falta absoluta.

 

Igualmente considera que se debe declarar la inexequibilidad del inciso final del artículo en comento, toda vez que la inhabilidad allí consagrada “resulta violatoria de todo equilibrio e igualdad de trato frente a los otros funcionarios de similar condición o categoría de los demás entes que integran la Rama Judicial”. Así, sostiene que el inciso impugnado es violatorio de los artículos  13, 16, 25, 38, 40 y 95 de la Carta Política.

 

2. Intervención de los ciudadanos Miguel F. Córdoba, Augusto J. Ibáñez, Julio A. Sampedro y Jorge Caldas.

 

Afirman los mencionados ciudadanos que la expresión “no podrá ser reelegido” contenida en el inciso primero del artículo en comento es inconstitucional ya que “la Corte Constitucional se pronunció a propósito del tema, significando que en los términos en que aparece redactada la norma, se impone una sanción perpetua al no precisar el límite de la prohibición”.

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Respecto de los dos primeros incisos, baste señalar que ellos se limitan, prácticamente, a transcribir lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 249 de la Constitución Política. Deberá entonces declararse su exequibilidad.

 

En cuanto al inciso tercero, esto es, la determinación de que quien reemplace al fiscal general en caso de falta absoluta, lo hará hasta terminar el período, esta Corporación estima pertinente hacer algunas precisiones sobre el particular. Debe señalarse, para comenzar, que la Carta Política estipula en su artículo 249 que el fiscal general será elegido por la Corte Suprema de Justicia “para un período de cuatro (4) años”. En modo alguno puede desprenderse o interpretarse que dicho período tenga que ser coincidente con el del presidente de la República, como ocurre, por ejemplo, con el del contralor general de la República o con el de los congresistas, sino que,  por el contrario, se trata de un período individual, el cual, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte[26], se debe contar a partir del momento en que el nuevo fiscal, elegido por la Corte Suprema, tome posesión del cargo, sin interesar si el anterior completó o no el período de cuatro años señalado en la Carta. Al respecto, resultan pertinentes las siguientes consideraciones expuestas por esta Corporación en relación con los períodos de los magistrados de los altos tribunales del país:

 

“En cambio, los de los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado de ocho (8) años, son individuales (Arts. 233 y 239 de la C.P.), esto es, que de producirse una falta definitiva en cualquiera de estas corporaciones, el período del magistrado elegido para llenarlas será igualmente de ocho años, contados a partir del momento de su posesión”.[27]

 

Las anteriores consideraciones resultan aplicables al caso del señor fiscal general de la Nación. El hecho de que la Constitución, al señalar su período lo haya fijado sin condicionamiento alguno, es decir, lo haya previsto perentoriamente en cuatro (4) años, no da pie para que el legislador establezca, como lo hace el inciso tercero del artículo bajo examen, que si faltare en forma absoluta antes de terminar dicho período, el elegido en su reemplazo por la Corte Suprema de Justicia lo sea únicamente hasta terminar el período del anterior.

 

Por lo demás, no sobra advertir que el  señalar un período fijo e individual para el ejercicio de las funciones por parte del señor fiscal general de la Nación, es un asunto de naturaleza institucional -más no personal- que guarda estrecha relación con el carácter de autonomía e independencia que la Carta Política le otorga para el buen desempeño de sus atribuciones y de la misma administración de justicia.

 

Con relación a lo anterior, debe puntualizarse que si bien el artículo 253 de la Carta delega en la ley la facultad de regular lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación y “al ingreso por carrera y al retiro del servicio”, esta atribución no es fundamento jurídico alguno para que el legislador pueda determinar la forma como se contabiliza el período del señor fiscal general, pues ella hace alusión al régimen de carrera -judicial o administrativa- de los demás funcionarios y empleados que no sean de libre nombramiento y remoción o de elección, y a la manera como pueden ser desvinculados de esa institución.

 

Por las anteriores razones, el inciso tercero del artículo 29 del proyecto será declarado inexequible.

 

En lo que se refiere al inciso cuarto de la disposición que se revisa, esta Corporación entiende que el legislador goza, por mandato del artículo 153 constitucional, de competencia para determinar el régimen de inhabilidades de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación. Las consecuencias prácticas o de conveniencia que puedan derivarse de esa decisión, como las señaladas por los intervinientes, escapan a las funciones y deberes que la Carta le asigna a esta Corte como encargada de guardar la supremacía e integridad de la Constitución.

 

El artículo, pues, será declarado exequible salvo el inciso tercero que es inexequible.

 

ARTICULO 30. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Corresponde a la Ley determinar la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación. El Fiscal General desarrollará dicha estructura con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley. En desarrollo de tal facultad, asignará la planta de personal que corresponda a cada dependencia, podrá variarla cuando lo considere necesario y establecerá el manual de requisitos y funciones de cada uno de los empleos.

 

En ejercicio de estas atribuciones, el Fiscal General no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. 

 

1. Intervención del señor Fiscal General de la Nación.

 

El señor fiscal general de la Nación considera que el artículo 30 en comento resulta contrario al artículo 253 de la Carta Política, ya que se defiere a la ley “especial pero ordinaria”, la regulación de todos aquellos asuntos relativos al funcionamiento administrativo y laboral del ente acusador.

 

2. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Los ciudadanos intervinientes consideran que las frases “En desarrollo de tal facultad, asignará la planta de personal que corresponda a cada dependencia, podrá variarla cuando lo considere necesario y establecerá el manual de requisitos y funciones de cada uno de los empleos”, y el inciso segundo del artículo en comento, son violatorios de los numerales 2 y 3 del artículo 257 de la Constitución Política. Así, afirman que la facultad de crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia se encuentra en cabeza exclusiva del Consejo Superior de la Judicatura.

 

Los ciudadanos Luis Guillermo Guerrero y Andrés de Zubiría solicitan que se declare la inexequibilidad de los apartes señalados del artículo 30, con fundamento en los mismos argumentos expuestos por los ciudadanos Villalba y Yepes.

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Como se estableció al revisar el artículo 28 del presente proyecto, la Constitución Política le asignó a la Fiscalía General de la Nación un status especial en relación con las otras entidades que hacen parte de la rama judicial del poder público. Esa diferenciación se establece a partir de la autonomía presupuestal y administrativa que se le confiere al ente acusador (Art. 249 C.P.), de forma tal que este pueda definir los asuntos sobre los que versan estas materias en forma independiente, sin depender para ello del órgano al que constitucionalmente se le ha otorgado de manera general esa atribución dentro de la rama, esto es, el Consejo Superior de la Judicatura. Dentro de ese mismo orden de ideas, la Corte estima que la autonomía a la que se ha venido haciendo referencia abarca todos los aspectos propios de las decisiones administrativas y presupuestales, entre los que se encuentran, lógicamente, la definición de la estructura de la Fiscalía, la determinación de la planta de personal y la asignación del manual de requisitos y de funciones.

 

Así, pues, la Corte no comparte los argumentos presentados por los ciudadanos intervinientes en el sentido de que el artículo bajo examen desconoce los postulados previstos en los numerales 2o y 3o del artículo 257, pues estos constituyen, por así decirlo, la regla general en materia de la estructura y funcionamiento de la administración de justicia, regla frente a la cual la misma Carta Política determinó ciertas excepciones, como es el caso del tratamiento singular y especial que se le ha conferido a la Fiscalía en la Constitución.

 

Las anteriores consideraciones no significan de modo alguno que el ente acusador goce de plena autonomía para ejercer las atribuciones en comento, pues resulta claro que el Congreso, a través de una ley ordinaria, deberá definir ciertos aspectos presupuestales y administrativos de la Fiscalía. Tal es el caso, por ejemplo, de la fijación de la planta de personal -la cual habrá de depender necesariamente de la normas relacionadas con la carrera administrativa-, o del manual de funciones que igualmente deberá ser determinado por el legislador.

 

Al consagrar el artículo 30 del proyecto la autonomía de la Fiscalía General de la Nación con sujeción a la ley, se respetaron las consideraciones expuestas y, por tanto, habrá de declararse su exequibilidad.

 

ARTICULO 31. INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Adscrito a la Fiscalía General de la Nación funciona el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como una entidad de derecho público, dotada de personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonial y organizado con el carácter de establecimiento público de orden nacional. El instituto está encargado  de prestar auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia en todo el territorio nacional en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses, de organizar y dirigir el Sistema Unico de Medicina Legal y Ciencias Forenses y controlar su funcionamiento y de cumplir las demás funciones que le atribuya la ley.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE.

 

Esta disposición no merece reparo constitucional alguno, pues se aviene a los preceptos consagrados en el numeral 7o del artículo 150 constitucional, a través del cual al Congreso de la República se le confiere la responsabilidad de determinar la estructura de la administración nacional, en la que se incluye la creación de las entidades descentralizadas, dentro de las que se encuentran lo establecimientos públicos. En igual sentido, deberá advertirse que, de conformidad con el numeral 13 del artículo 189 superior, le corresponderá al presidente de la República o al señor ministro de Justicia nombrar al director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

 

La norma, en estos términos, será declarada exequible.

 

ARTICULO 32. REGIMEN DISCIPLINARIO. En atención a las funciones de investigación y acusación que cumple la Fiscalía General de la Nación, el régimen disciplinario aplicable a los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, será el previsto en las leyes especiales que regulan la materia y sin perjuicio del poder preferente que corresponde al Procurador General de la Nación.

 

En todo caso cuando un servidor público de la Fiscalía incurra en faltas graves o cuando de su conducta se desprendan indicios graves de los cuales pueda inferirse la comisión de delitos, el Fiscal General de la Nación o quien éste delegue, previa comprobación sumaria de los hechos y oyendo en descargos al acusado, mediante providencia motivada, podrá de oficio o a petición del Ministerio Público, disponer su suspensión provisional hasta por sesenta días mientras se adelanta la investigación, término dentro del cual deberá proferirse el fallo definitivo, o su desvinculación inmediata, independiente de la responsabilidad penal, civil o administrativa del infractor.

 

1. Intervención del apoderado de ASONAL JUDICIAL

 

El apoderado de Asonal Judicial considera que el inciso primero del artículo 32 es violatorio del artículo 13 de la Carta Política, toda vez que consagra un trato especial para los funcionarios de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Medicina Legal en cuanto al régimen disciplinario que se les aplica.

 

2. Intervención del ciudadano Andrés de Zubiría.

 

El interviniente considera que el inciso segundo del artículo 33 es inconstitucional, toda vez que “establece un mecanismo subjetivo para el fiscal general, al afirmar que 'de su conducta se desprendan indicios graves de los cuales  pueda inferirse la comisión de delitos', vulnerando el principio universal de derecho sobre la necesidad que las conductas penalizables sean de carácter objetivo, y nunca subjetivas, como lo plantea el proyecto de ley impugnado.”

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

De conformidad con los postulados constitucionales, es de la competencia autónoma del legislador establecer lo referente al régimen disciplinario de los servidores públicos (Art. 150-23 C.P.), entre los que se encuentran los pertenecientes al Instituto de Medicina Legal y a la Fiscalía General de la Nación; inclusive, nótese que para el caso del ente acusador el artículo 253 superior defiere expresamente en la ley esa reglamentación. En ejercicio de la señalada atribución, el Congreso de la República expidió la Ley 200 del 28 de junio de 1995, “por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico”. El artículo 20 de dicha disposición prevé:

 

“ARTICULO 20. DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA. Son destinatarios de la Ley Disciplinaria los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión de Lucha ciudadana contra la corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Nacional”.

 

Las consideraciones precedentes demuestran que el régimen disciplinario debe ser uno solo para todos los servidores públicos del país, razón por la cual no aparece ni razonable ni proporcionado el hecho de que se establezca una regulación especial para los servidores del Instituto de Medicina Legal y de la Fiscalía General de la Nación, so pena de vulnerar el derecho fundamental a la igualdad previsto en el artículo 13 de la Carta Política. Por lo demás, con base en lo expuesto, debe anotarse que no es del resorte de una ley estatutaria como la que se analiza la regulación de estos asuntos, pues ello -se repite- es competencia exclusiva del legislador ordinario.

 

Resta agregar  que la responsabilidad de vigilar la conducta oficial de los encargados de prestar funciones públicas es competencia permanente del procurador general de la Nación, atribuciones estas que deberá realizar de conformidad con los criterios, lineamientos y parámetros que al respecto le defina la ley (Art. 277-6 C.P.), siempre y cuando dicha competencia, para el caso de la rama judicial, no haya sido asumida a prevención por parte del Consejo Superior de la Judicatura (Art. 257 C.P.).

 

Por haberse vulnerado entonces los artículos 150-23 y 158 de la Carta, la norma bajo revisión será declarada inexequible.

 

ARTICULO 33. DIRECCION, COORDINACION Y CONTROL DE LAS FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL. El Fiscal General de la Nación o sus delegados tienen a su cargo dirigir, coordinar y controlar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional, demás organismos previstos en la Ley y los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el Fiscal General les haya atribuido tales funciones, todas las cuales ejercerá con arreglo la ley, de manera permanente, especial o transitoria directamente o por conducto de los organismos que ésta señale.

 

La omisión en el cumplimiento de las órdenes, directrices, orientaciones y términos que imparta la Fiscalía para el cumplimiento de las funciones de policía judicial, constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal y civil del infractor.

 

El Fiscal General de la Nación, bajo su responsabilidad, separará en forma inmediata de las funciones  de policía judicial al servidor público que omita el cumplimiento de tales órdenes, directrices,  orientaciones y términos. Si tal servidor no es funcionario o empleado de la Fiscalía, el Fiscal que dirija la investigación lo pondrá a disposición de su nominador quien iniciará el proceso disciplinario correspondiente, sin perjuicio de las demás investigaciones a que haya lugar.

 

PARAGRAFO. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la estructura y funciones de Policía Judicial de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 277 de la Constitución Política.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

De conformidad con las prescripciones contenidas en la Carta Política, el Estado ejerce el monopolio de la acción penal por conducto de la Fiscalía General de la Nación (Arts. 249 y s.s.). Para el debido desarrollo de esa responsabilidad, al ente acusador se le confía, entre otras, la misión de dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que estén a cargo de la Policía Nacional o de los demás organismos que defina la ley (Art. 250-3 C.P.).

 

 

El inciso primero de la norma que se revisa se limita a reiterar lo dispuesto en la norma superior citada. La parte restante se encarga de conceder algunas facultades que, no sólo son de naturaleza disciplinaria, sino que se convierten en instrumento efectivo para que el fiscal general de la Nación pueda ejercer las labores de dirección y coordinación de la policía judicial, dentro de un marco organizativo y conexo, de forma tal que los responsables de investigar y acusar conozcan y puedan decidir oportunamente acerca de las gestiones que se adelanten respecto de un asunto en particular. Se trata, pues, de atribuciones que sí ameritan ser incluidas dentro de una ley estatutaria de justicia y que, por lo demás, encuentran pleno respaldo constitucional en la naturaleza de las materias asignadas a la Fiscalía y, en especial, a su titular. Sin embargo, no sobra advertir que las decisiones disciplinarias que al respecto adopte el señor fiscal general, deberán siempre respetar el derecho fundamental de defensa y de contradicción, integrantes del debido proceso (Art. 29 C.P.), el cual es aplicable tanto a los asuntos de orden penal como, en este caso, a los administrativos.

 

El artículo será declarado exequible.

 

 

CAPITULO III

DE LOS ORGANOS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

 

1. DEL CONSEJO DE ESTADO

 

ARTICULO 34. INTEGRACION Y COMPOSICION. El Consejo de Estado es el máximo tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y está integrado por veintisiete (27) Magistrados, elegidos por la misma Corporación para períodos individuales de ocho años, de listas superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

 

El Consejo de Estado ejerce sus funciones por medio de tres (3) Salas, integradas así: La Plena, por todos sus miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por veintitrés (23) Consejeros, y la de Consulta y Servicio Civil, por los cuatro Consejeros restantes.

 

PARAGRAFO. El período individual de los Magistrados del Consejo de Estado elegidos con anterioridad al 7 de julio de 1991, comenzará a contarse a partir de esta última fecha.

 

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Este artículo no merece reparo de constitucionalidad alguno, pues de acuerdo con el artículo 236 superior, el Consejo de Estado tendrá el número impar de magistrados que determine la ley y sus funciones, así como la división en Salas y secciones también serán definidas por el legislador. Como puede observarse, el contenido de la disposición que se estudia no hace otra cosa que respetar esos lineamientos y definir autónomamente las materias en comento. Inclusive, para esta Corporación resulta ajustado a la Carta Política que la ley señale el número de candidatos por vacante que se presente para proveer un cargo de magistrado, toda vez que con ello se simplifica un proceso de elección y, se insiste, no se vulnera disposición superior alguna.

 

Ahora bien, en cuanto al Parágrafo del artículo, deberá señalarse que, como se estableció para el caso de la Corte Suprema de Justicia, la Corte estima que responde a los asuntos propios de los que se debe ocupar una ley estatutaria sobre administración de justicia el que el período de individual de los magistrados del Consejo de Estado comenzará a contarse a partir del siete (7) de julio de 1991.

 

El artículo será, entonces declarado exequible.

 

ARTICULO 35. ATRIBUCIONES DE LA SALA PLENA. La Sala Plena del Consejo de Estado tendrá las siguientes atribuciones administrativas:

 

1.   Elegir los Consejeros para proveer los nuevos cargos que se creen, llenar las vacantes de conformidad con la Constitución y la ley, al igual que autorizar los traslados de Consejeros, entre las Salas o Secciones, con carácter temporal o definitivo, cuando a ello hubiere lugar.

 

2.   Elegir al Secretario General, y demás empleados de la Corporación, con excepción de los de las Salas, Secciones y Despachos, los cuales serán designados por cada una de aquellas o por los respectivos Consejeros;

 

3.   Elegir, conforme a la ley, a los miembros del Consejo Nacional Electoral;

 

4.   Proveer las faltas temporales del Contralor General de la República;

 

5.   Distribuir, mediante Acuerdo, las funciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo que no deban ser ejercidas en pleno, entre las Secciones que la constituyen, con base en un criterio de especialización y de volumen de trabajo;

 

6.   Integrar las comisiones que deba designar, de conformidad con la ley o el reglamento;

 

7.   Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los Magistrados de los Tribunales Administrativos, que servirá de base para la calificación integral;

 

8.   Darse su propio reglamento;

 

9.   Elegir, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia, para períodos de dos años, al Auditor ante la Contraloría General de la República o a quien deba reemplazarlo en sus faltas temporales o absolutas, sin que en ningún caso pueda reelegirlo, y;

 

10. Ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución, la ley y el reglamento.

 

1. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Los intervinientes consideran que la frase “al igual que autorizar los traslados de Consejeros, entre las Salas o Secciones, con carácter temporal o definitivo, cuando a ello hubiere lugar”, contenida en el numeral primero del artículo precedente es contraria a los artículos 136, 231, y 233 de la Carta, que consagran el régimen de designación de los miembros del Consejo de Estado. Al respecto, sostienen que “un Consejero de Estado no es elegido en abstracto para la investidura de tal, sino como titular de un cargo individualizado, que forma parte de una Sala o Sección a la que compete funciones características”. Igualmente argumentan que el numeral 7 del artículo 35 es inexequible, ya que le otorga a la Sala Plena del Consejo de Estado la facultad de evaluar y calificar los servicios de los magistrados de los Tribunales Administrativos, usurpando la competencia que el numeral 4 del artículo 156 de la Carta Política otorga al Consejo Superior de la Judicatura.

 

2. Intervención de la ciudadana María Dorian Alvarez.

 

A juicio de la señora María Dorian Alvarez, es inexequible el numeral 10 del artículo 35, ya que no se puede, mediante el reglamento interno del Consejo de Estado, fijar funciones y atribuírselas a la Sala Plena de dicha Corporación.

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

El artículo 236 de la Constitución Política defiere a la ley la responsabilidad de señalar las funciones y la organización interna de cada una de las salas y secciones que conforman el Consejo de Estado. En ese orden de ideas, el legislador podrá asignar diversas atribuciones las cuales deberán respetar y  complementar las previstas en el artículo 237 superior.

 

El numeral 1o de la disposición que se revisa contempla, en primer lugar, la posibilidad de que la Sala Plena del Consejo de Estado elija los consejeros para proveer los nuevos cargos que se creen y que, según lo establecido por la Constitución y la ley, llene las vacantes que se presenten. Esto resulta concordante con lo dispuesto en el artículo anterior y con lo previsto en el artículo 231 de la Carta, que establece el llamado sistema de cooptación, con la diferencia respecto del sistema anterior en que, ahora, la lista de candidatos deberá ser elaborada y remitida por el Consejo Superior de la Judicatura.

 

Sobre la segunda parte del referido numeral, estima la Corte que se trata de una atribución que, de acuerdo con el numeral segundo del artículo 257 de la Constitución, le corresponde ejercer de manera exclusiva a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Por ende, no resulta justificable, a la luz del precepto constitucional citado, el otorgarle esa atribución de manera autónoma al Consejo de Estado. En estos términos, se declarará la inexequibilidad de la expresión “al igual que autorizar los traslados de Consejeros, entre las Salas o Secciones, con carácter temporal o definitivo, cuando a ello hubiere lugar”.

 

Por su parte, los numerales 2o., 5o., y 6o resultan ajustados a la Carta Política, toda vez que se trata del desarrollo de una facultad autónoma que el artículo 236 citado le  confirió al legislador y en la cual no se aprecia vicio alguno. Con todo, no sobra advertir que la elección de los demás empleados a que se refiere el numeral 2o., deberá realizarse atendiendo las prescripciones propias de la carrera administrativa.

 

El numeral 3o simplemente se limita a reiterar lo señalado por el artículo 264 del Estatuto Fundamental.

 

Asimismo, el numeral 4o se apoya en la atribución establecida por el inciso séptimo del artículo 267 constitucional.

 

En cuanto al numeral 7o., acusado por alguno de los ciudadanos intervinientes, baste remitirse a las consideraciones expuestas al analizar el numeral 5o del artículo 17 del presente proyecto de ley. Como se dijo en esa oportunidad, se trata sencillamente de la colaboración necesaria y armónica entre dos órganos de la rama judicial, en el que el estudio que se elabore estará encaminado a evaluar la labor y los resultados de los funcionarios que hacen parte de la jurisdicción contencioso administrativa, el cual se podrá utilizar como mecanismo de control interno de gestión y podrá, de igual modo, servir de base para que el Consejo Superior de la Judicatura cuente con un nuevo elemento de apoyo para tomar sus decisiones, de conformidad con la responsabilidad consagrada en los numerales 3o y 4o del artículo 256 superior.

 

En lo que se relaciona con el numeral 8o., debe señalarse que el numeral 6o del artículo 237 superior le confiere al Consejo de Estado la facultad de “Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley”. Como puede apreciarse, la disposición que se revisa se limita a señalar como atribución de la Sala Plena del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, la de “Darse su propio reglamento”. Se trata en consecuencia, de una tarea que reproduce en parte el postulado constitucional citado y que le corresponde, por la naturaleza lógica de las funciones, determinar a la Sala Plena de esa Corporación. Conviene, eso sí, aclarar que el reglamento que se adopte se deberá limitar a ocuparse de situaciones administrativas o funcionales y no podrá señalar nuevas labores en cabeza de esa entidad, pues esa responsabilidad recae, por mandato del artículo constitucional citado, en la Carta Política y en la ley.

 

El numeral 9o se limita a reiterar la función prevista en el artículo 274 de la Carta.

 

Finalmente, la Corte no puede secundar los argumentos expuestos por la ciudadana interviniente contra el numeral 10o., pues el artículo 236 de la Constitución permite a la ley establecer las funciones a desempeñar por el Consejo de Estado. En cuanto al reglamento, como se vio, esta facultad es posible siempre y cuando se respeten las previsiones definidas por el Estatuto Fundamental y por el legislador.

 

Así las cosas, el artículo será declarado exequible, salvo la expresión “al igual que autorizar los traslados de Consejeros, entre las Salas o Secciones, con carácter temporal o definitivo, cuando a ello hubiere lugar”, contenida en el numeral 1o. que será declarada inexequible.

 

ARTICULO 36. DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en cinco secciones, cada una de las cuales con la integración que se indica a continuación:

 

1.   Sección 1a.integrada por cuatro Magistrados;

2.   Sección 2a.integrada por seis Magistrados;

3.   Sección 3a.integrada por cinco Magistrados;

4.   Sección 4a.integrada por cuatro Magistrados; y,

5.   Sección 5a.integrada por cuatro Magistrados.

 

Cada sección ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado de acuerdo con la ley.

 

La Sección Segunda se dividirá en dos (2) Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) Magistrados. Con todo, la Sala Plena de la Corporación podrá, habida cuenta de las necesidades de trabajo y del servicio, reagrupar las dos subsecciones en una sola sección.

 

1. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Consideran los intervinientes en el asunto de la referencia que el inciso segundo del artículo 36 “es inconstitucional por ser contrario al mandato del inciso tercero del artículo 236 de la C.P. que asigna a la ley directamente, sin que ésta pueda transferir esta responsabilidad al Consejo de Estado la determinación de las funciones de cada una de las Salas y Secciones.”

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

De acuerdo con el artículo 236 superior, a la ley le corresponde definir el número de magistrados que deben integrar las salas y secciones, así como su organización interna. Así, entonces, el permitir, como lo hace el inciso tercero, que se reagrupen las dos subsecciones en una sola sección, compromete las facultades propias del legislador, la cuales bajo ningún motivo pueden ser delegadas en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

 

Por lo demás, debe señalarse que la decisión del legislador de fijar un número par de magistrados para algunas secciones -la 1a., la 2a., la 4a., y la 5a.-, tampoco compromete los postulados de la Carta Política. Así, para la Corte, el mandato del legislador en el sentido de que el Consejo de Estado estará integrado por el número impar de magistrados que defina la ley (Art. 236 C.P.), contiene un principio que  debe predicarse de la Corporación en pleno y no de cada una de sus secciones. No obstante, conviene advertir que en caso de empate en una decisión que adopte alguna de las secciones integradas por un número par de consejeros, será la Sala Plena de lo contencioso administrativo la encargada de dirimir ese conflicto.

 

En lo que atañe a las funciones de cada sección -cuestionadas por algunos ciudadanos- debe la Corte establecer que ellas serán asignadas por la Sala Plena del Consejo de Estado, pero, como lo señala la norma, de conformidad con la ley y con la Constitución. En ese sentido, entonces, se respeta el inciso tercero del artículo 236 C.P., en la medida en que la decisión que se adopte no podrá ser en ningún caso autónoma; simplemente se trata de un aspecto organizativo de acuerdo con las prescripciones generales que determine la ley, como es el caso de los numerales 5o y 6o del artículo siguiente.

 

La norma, bajo este contexto, habrá de ser declarada exequible, salvo la expresión “Con todo, la Sala Plena de la Corporación podrá, habida cuenta de las necesidades de trabajo y del servicio, reagrupar las dos subsecciones en una sola sección”, contenida en el inciso tercero, que será declarada inexequible.

 

ARTICULO 37. DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales:

 

1.   Resolver los conflictos de competencia entre las secciones del Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y las Secciones de los Tribunales Administrativos, y entre los Tribunales y Jueces de la Jurisdicción Contencioso Administrativa pertenecientes a distintos distritos judiciales administrativos y entre Jueces Administrativos de los diferentes distritos judiciales administrativos;

 

2.   Conocer de todos los procesos contencioso administrativos cuyo juzgamiento atribuya la ley al Consejo de Estado y que específicamente no se hayan asignado a las Secciones;

 

3.   Elaborar cada dos años listas de auxiliares de la justicia;

 

4.   Resolver los recursos extraordinarios que sean de su competencia;

 

5.   Resolver los asuntos que le remitan las secciones por su importancia jurídica o trascendencia social si, por estimar fundado el motivo, resuelve asumir competencia;

 

6.   Conocer de los procesos que le remitan las secciones para cambiar o reformar las jurisprudencia de la Corporación;

 

7.   Conocer de los casos de la pérdida de investidura de los Congresistas, de conformidad con la Constitución y la ley. Las sentencias que ordenen la pérdida de la investidura deberán ser aprobadas por las dos terceras partes de los miembros de la Sala Plena y por las causales establecidas taxativamente en el artículo 183 de la Constitución;

 

8.   Conocer de los Recursos de Apelación contra las sentencias dictadas por la Sección de Asuntos Electorales, en los casos en que determine la ley.

 

9.   Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional; y,

 

10. Ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución, la ley y el reglamento.

 

1. Intervención del presidente del Consejo de Estado.

 

El presidente del Consejo de Estado considera que el numeral séptimo del artículo 37 es inexequible en cuanto a que limita las causales de pérdida de investidura de los congresistas a las previstas en el artículo 183 superior, ignorándose de esta forma la causal de pérdida de investidura señalada en el artículo 110 de la Carta Política.

 

Igualmente argumenta que se debe declarar inexequible el numeral octavo del artículo en comento, por ser contrario al artículo 236 de la Carta Política, ya que “en parte alguna dice la Carta que sólo será juez supremo de lo contencioso administrativo la Sala Plena de la corporación, esta Sala ( la reunión de las secciones contenciosas) no es en ningún evento ni bajo ningún pretexto superior jerárquico de éstas. Y el recurso de apelación parte del supuesto de la jerarquía, por ser un recurso ordinario vertical, organizado para que el superior revise las decisiones de su inferior.”

 

Afirma el interviniente que la competencia de la Sala Plena Contenciosa se limita a la unificación de jurisprudencia a través del conocimiento del recurso extraordinario de súplica, o el conocimiento, por importancia, de ciertos asuntos. Y agrega: “Pero en uno u otro caso, la iniciativa no la toma la Sala Plena, precisamente por no ser autoridad jerárquica de la Sala o Sección, sino que tiene que partir o de la parte interesada (caso de los recursos extraordinarios) o de la iniciativa de la sección, quien es la que califica, de primer intento, si decide enviar el asunto a la plena por importancia del asunto o trascendencia social.”

 

2. Intervención del apoderado de ASONAL JUDICIAL.

 

El apoderado de la interviniente considera que el numeral séptimo del artículo 37 establece una excepción no justificada, al imponer un quórum decisorio especial en las decisiones referentes a la pérdida de investidura de los congresistas, lo cual es contrario al artículo 13 superior.

 

3. Intervención del ciudadano Eurípides Cuevas.

 

El impugnante sostiene que el artículo 37 es inexequible, toda vez que señala unas “funciones especiales” que se encuentran en cabeza de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, lo cual es materia de la que se ocupa una ley ordinaria, que en este caso es el Código Contencioso Administrativo, y no una ley estatutaria, violándose así el numeral segundo del artículo 150 y el artículo 152 superiores.

 

En relación con el mismo artículo, manifiesta que su numeral 8o. es inexequible, toda vez que limita las causales de pérdida de investidura a las establecidas en el artículo 183 de la Constitución Política, ignorando por completo la causal señalada en el artículo 110 superior. 

 

De otra parte señala que el tema de la pérdida de investidura se encuentra reglamentado mediante la Ley 144 de 1994, razón por la cual dicha materia no puede ser objeto de una ley estatutaria sin que se vulneren el numeral segundo del artículo 150 y el artículo 152  de la Carta Política.

4. Intervención del ciudadano Andrés de Zubiría.

 

Considera el interviniente que el numeral séptimo del artículo 37 debe ser declarado inexequible, ya que, de una parte, es contrario al artículo 184 superior, que otorga competencia al Consejo de Estado, y no particularmente a su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para conocer de los procesos de pérdida de investidura.

 

5. Intervención de la ciudadana María Dorian Alvarez.

 

A juicio de la interviniente, es inexequible el inciso final del  artículo 37, ya que, según ella, no se puede mediante el reglamento interno del Consejo de Estado, fijar funciones y atribuírselas a la Sala Plena del Consejo de Estado.

 

6. Concepto del señor procurador general de la Nación.

 

El jefe del Ministerio Público considera que se debe declarar la inexequibilidad del numeral octavo del artículo 38, ya que se parte del supuesto equivocado del establecimiento de jerarquías al interior de  esta alta corporación, lo que vulnera el artículo 236 superior.

 

7. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Para esta Corporación, las atribuciones contempladas en los numerales 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o y 9o del artículo bajo examen, se ajustan a los parámetros definidos en el artículo 237 de la Carta Política. En efecto, por el carácter mismo de ser el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, al Consejo de Estado, y en particular a su Sala Plena, el legislador le puede confiar diversas responsabilidades que concuerden con ese carácter y con el deber de adoptar decisiones definitivas dentro del ámbito de su competencia. En este marco, por ejemplo, se encuentran la resolución de los conflictos de competencia y de los recursos extraordinarios, así como el conocimiento de asuntos especiales, de los procesos que no se hubiesen asignado a las secciones y de los que se le remitan para cambiar o reformar la jurisprudencia. En ese mismo orden de ideas, inclusive, la decisión de la Sala Plena de asumir directamente la competencia de materias de particular importancia social o jurídica (Num. 5o), se somete a los lineamientos expuestos.

 

Ahora bien, en cuanto a la regulación de aspectos pertenecientes al proceso de pérdida de la investidura de que trata el numeral 7o, la Corte no estima necesario reiterar las consideraciones expuestas al analizar el artículo 16 del presente proyecto del ley, en las cuales se estableció que la definición de este tipo de asuntos le correspondería, como lo señala la disposición que se revisa, a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Con todo, debe señalarse que tanto el requisito de ser aprobadas las sentencias por las dos terceras partes de los miembros de la Corporación, como el de señalar que las causales de pérdida de la investidura serán únicamente las que trata el artículo 183 superior, transgreden las disposiciones y el espíritu mismo de la Carta Política. En cuanto a la primera situación, debe decirse que el Estatuto Superior consagra, como principio general que debe inspirar la labor reguladora del legislador, el que las decisiones de las corporaciones públicas sean adoptadas por mayoría simple, salvo que se trate de casos especiales como los que consagra en forma taxativa la Constitución. Pero, como si lo anterior no fuese suficiente, para la Corte la decisión de establecer un quórum especial vulnera la autonomía de que goza el Consejo de Estado para determinar la forma, el procedimiento y los requisitos necesarios para tomar en el seno de sus salas las decisiones de su competencia. Resulta forzoso, en consecuencia, declarar la inexequibilidad de la expresión “las dos terceras partes de”, contenida en el numeral que se revisa.

 

Respecto de la decisión de consagrar como motivos de pérdida de la investidura, únicamente las que dispone el artículo 183 constitucional, debe la Corte advertir -al igual que lo hacen los ciudadanos intervinientes- que esa limitación excluye la causal prevista en el artículo 110 superior, que prevé:

 

ARTICULO 110. Se prohibe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura.

 

Así las cosas, al declararse -como se hará- la inexequibilidad de la expresión “el artículo 183 de” contenida en el artículo que se estudia, resultan aplicables al proceso de pérdida de la investidura todas las causales que se señalan en la Constitución, incluyendo entonces la que se refiere a la contribución a partidos económicos por parte de quienes desempeñen funciones públicas, en este caso, los miembros del Congreso de la República.

 

Respecto del numeral 8o, son igualmente aplicables las argumentaciones expuestas a propósito de la revisión del numeral 6o del artículo 17 del presente proyecto de ley. En efecto, el artículo 236 de la Carta establece que el “Consejo de Estado se dividirá en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la ley”. En virtud de lo anterior,  debe señalarse que el artículo 237 constitucional prevé algunas funciones que dicha corporación habrá de desempeñar en su calidad de supremo tribunal de lo contencioso administrativo, las cuales se realizan, por regla general y debido a razones de división funcional, a través de las secciones -como la de Asuntos Electorales- que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo. Significa lo expuesto que cada sección, dentro de los asuntos de su competencia, actúa como máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa y, al ser autónoma para la toma de sus decisiones, debe necesariamente excluirse la posibilidad de interponer recursos de suyo relacionados con el orden jerárquico -como el de apelación contemplado en la norma bajo examen-, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. En otras palabras, el hecho de que la Carta Política hubiese facultado al legislador para determinar las materias de que deba conocer el Consejo de Estado, en particular la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, no significa que las salas o las secciones pierdan su competencia o que la Sala Plena sea superior de alguna de ellas. Así, pues, deberá declararse la inexequibilidad de la expresión “de apelación”, contenida en el numeral en comento, sin que ello signifique  -conviene aclararlo- restringir la posibilidad de que el legislador establezca la procedencia de otros recursos como el de súplica.

 

Finalmente, para esta Corte la remisión que se hace en el último inciso en el sentido de que el reglamento del Consejo de Estado puede fijar las funciones que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo habrá de desempeñar, resulta inconstitucional, pues se trata de una atribución que le corresponde determinar en forma exclusiva a la Constitución y a la ley, según lo dispone el numeral 6o del artículo 237 del Estatuto Superior.

 

En conclusión, el presente artículo se declarará exequible, salvo las expresiones “las dos terceras partes de” y “el artículo 183 de”, contenidas en el numeral 7o; la expresión “de apelación” de que trata el numeral 8o; y la expresión “y el reglamento”, prevista en el último inciso de la norma que se revisa.

 

ARTICULO 38. DE LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. La Sala de Consulta y Servicio Civil tendrá las siguientes atribuciones:

 

1.   Absolver las consultas jurídicas, de carácter constitucional y administrativo, generales o particulares, que le formule el Gobierno Nacional por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República;

 

2.   Preparar los proyectos de ley y de códigos de que le encomiende el Gobierno Nacional. El proyecto se entregará al Gobierno por conducto del Ministro o Director de Departamento Administrativo correspondiente , para su presentación a la consideración del Congreso;

 

3.   Revisar los contratos y conceptuar sobre las cuestiones jurídicas relativas al Servicio Civil, en los casos previstos por la ley;

 

4.   Conceptuar sobre los contratos que se proyecte celebrar con empresas privadas colombianas, escogidas por concurso público de méritos, en los casos especiales autorizados por la ley, para efectuar el control fiscal de la gestión administrativa nacional;

 

5.   Verificar, de conformidad con el Código Electoral, si cada candidato a la Presidencia de la República reúne o no los requisitos constitucionales y expedir la correspondiente certificación;

 

6.   Ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución, la ley y el reglamento.

 

1. Intervención de la ciudadana María Dorian Alvarez.

 

A juicio de la señora María Dorian Alvarez, es inexequible el numeral sexto del  artículo 38, ya que no se puede, mediante el reglamento interno del Consejo de Estado, fijar funciones y atribuírselas a la Sala de Consulta y Servicio Civil de dicha Corporación.

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

De conformidad con el artículo 237-3, el Consejo de Estado se desempeña también como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de la administración. Para estos efectos, el legislador creó la Sala de Consulta y Servicio Civil cuyas funciones fueron y pueden ser determinadas por la ley, según lo permite el numeral 6o del mismo artículo 237.

 

Dentro de este orden de ideas, encuentra la Corte que el numeral 1o del artículo bajo análisis establece la posibilidad de que la citada sala absuelva las consultas jurídicas de carácter constitucional o administrativo que le formule el gobierno por intermedio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Se trata de una facultad que, en principio concuerda con el artículo constitucional citado. Sin embargo, debe anotarse que el señalar que dichas consultas será únicamente de carácter constitucional o administrativo, se torna en una limitación inconstitucional, no prevista en el artículo 237-3 superior, la cual impide que se solicite el concepto de esa Corporación sobre otro tipo de materias -por ejemplo, penal, civil, laboral, agrario, ambiental- en aquellos casos en que se requiera a propósito de los asuntos de la administración. Se declarará, entonces, la inexequibilidad de la expresión “de carácter constitucional y administrativo”.

 

En iguales términos, para la Corte la intermediación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia constituye una restricción inaceptable dentro del sentido y el objetivo de la referida norma constitucional, toda vez que si la dependencia en comento decide cuáles consultas deben remitirse a la Sala del Consejo de Estado y cuáles no, entonces el numeral 3o encontraría una traba que resulta inconstitucional e injustificada en su aplicación. Por ello, esta Corporación estima que cualquier funcionario del Gobierno nacional puede elevar las referidas consultas, aunque debe aclararse que el término “gobierno nacional” debe entenderse dentro del marco definido por el inciso segundo del artículo 115 constitucional; es decir, que el Gobierno nacional lo constituyen el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de los departamentos administrativos. Obviamente, se entiende que el señor presidente de la República no debe ejercer personalmente la atribución en comento, pues ella puede ser desarrollada, como lo permiten los artículos 208 y 237 superiores, por los ministros o los directores de departamentos administrativos. Por tanto, se declarará al inexequibilidad de la expresión “por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República”.

 

En cuanto a la labor de preparar proyectos de ley y de códigos, estipulada en el numeral 2o, responde a una atribución que ha estado en cabeza de la Sala de Consulta y Servicio Civil desde el momento mismo de su creación, la cual se limita a la simple preparación del proyecto de ley pero no a su presentación ante el Congreso de la República, pues ello recaerá en el Gobierno nacional. Igualmente, debe puntualizarse que esta es una tarea que no se relaciona ni atenta contra la posibilidad de que el Consejo de Estado prepare y presente proyectos de ley sobre los asuntos de su competencia (Arts. 156 y 237-4 C.P.), ni con la atribución del Consejo Superior de la Judicatura de proponer proyectos de ley y códigos relativos a la administración de justicia (Art. 257-4 C.P.).

 

Respecto del numeral 3o, su constitucionalidad dependerá de que la ley establezca los casos que allí se determinan, no obstante que la legislación vigente no contempla dichas situaciones.

 

Por su parte, el numeral 4o es ajustado a la Carta Política, sin perjuicio de la atribución propia de la Contraloría General de la República prevista en el inciso segundo del artículo 267 superior.

 

En lo que atañe, al numeral 5o, la Corte considera que el legislador está plenamente facultado para determinarla y que ella no vulnera los postulados del Estatuto Fundamental.

 

Finalmente, al igual que en el caso de la norma anterior, la Corte estima que el propósito esencial de un reglamento, según los parámetros planteados en esta providencia, es el de ocuparse de asuntos de naturaleza administrativa y funcional que habrán de guiar el funcionamiento de una corporación judicial, sin que ello signifique abrogarse la atribución de contemplar en él asuntos del resorte exclusivo de la Constitución y la ley.

 

El artículo, bajo estas condiciones será declarado exequible, con excepción de las frases “de carácter constitucional y administrativo”, “por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República” (Num. 1o.) e “y el reglamento” (Num. 6o.).

 

ARTICULO 39. CONFORMACION DE QUORUM EN LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN CASOS ESPECIALES. De las providencias dictadas por las Secciones del Consejo de Estado, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo con la ley,  conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con exclusión de los Consejeros de la Sección que profirió la decisión, sin perjuicio de que estos puedan ser llamados a explicarlas.

 

1. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Este artículo tiene fundamento en el derecho fundamental al debido proceso y en la facultad del legislador, dentro de los lineamientos trazados por la Constitución, de regular el trámite de los procesos contenciosos administrativos. Por tanto, será declarado exequible.

 

2. DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

 

ARTICULO 40. JURISDICCION. Los Tribunales Administrativos son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial administrativo. Tienen el número de Magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres.

 

Los Tribunales Administrativos ejercerán sus funciones por conducto de la Sala Plena, integrada por la totalidad de los Magistrados; por la Sala de Gobierno, por las Salas especializadas y por las demás salas de decisión plurales e impares, de acuerdo con la ley.

 

PARAGRAFO TRANSITORIO 1. Mientras se integran las salas de decisión impares en aquellos lugares donde existen salas duales, estas seguirán cumpliendo las funciones que vienen desarrollando.

 

PARAGRAFO TRANSITORIO 2. Los Tribunales Administrativos creados con anterioridad a la presente ley, continuarán cumpliendo las funciones previstas en el ordenamiento jurídico.

 

1. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Consideran los intervinientes que es inexequible la frase “...que en todo caso no será menor de tres”, contenida en el inciso primero del artículo 40, toda vez que resulta contraria a los numerales 1 y 2 del artículo 257. Afirman que la norma constitucional citada prevé que la atribución de señalar el número de integrantes de las salas de los tribunales administrativos se encuentra en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura.

 

2. Intervención de ASONAL JUDICIAL.

 

El apoderado de ASONAL JUDICIAL considera que el parágrafo transitorio 1 del artículo 40 impide la vigencia de la propia ley estatutaria de la administración de justicia, ya que no señala el  término en el cual se deben integrar las salas impares de los tribunales administrativos, lo que permite que se prolongue indefinidamente la existencia de las salas duales, que es precisamente lo que se buscaba abolir.

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

En cuanto a esta disposición, resultan igualmente aplicables los argumentos planteados al estudiar el artículo 19 del presente proyecto de ley. En efecto, reitera la Corte que esta norma respeta la atribución de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para determinar la estructura y la conformación de los diferentes despachos judiciales, pero de acuerdo con los lineamientos que defina la ley (Arts. 256 y 257 C.P.) En lo que atañe a la consideración expuesta por el representante de ASONAL judicial, se insiste que se trata de un aspecto práctico y de conveniencia que se relaciona más con el cumplimiento de las labores asignadas por la Constitución y la ley al Consejo Superior  de la Judicatura, que con la constitucionalidad misma de la disposición.

 

El artículo será declarado exequible.

 

ARTICULO 41. SALA PLENA. La Sala Plena de los Tribunales Administrativos, conformada por la totalidad de los Magistrados que integran la Corporación ejercerá las siguientes funciones:

 

1.   Elegir los jueces de lo Contencioso Administrativo de listas que, conforme a las normas sobre Carrera Judicial le remita la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la Judicatura;

 

2.   Nominar los candidatos que han de integrar las ternas correspondientes a las elecciones de Contralor Departamental y de Contralores Distritales y Municipales, dentro del mes inmediatamente anterior a la elección.

 

Cuando en la jurisdicción territorial exista más de un (1) Tribunal, cada Tribunal procederá a enviar una (1) terna a la Asamblea Departamental o Concejo Municipal o Distrital para su elección;

 

3.   Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los jueces del respectivo Distrito Judicial, que servirá de base para la calificación integral;

 

4.   Dirimir los conflictos de competencias que surjan entre las secciones o subsecciones de un mismo Tribunal y aquellos que se susciten entre dos jueces administrativos del mismo distrito;

 

5.   Elaborar el reglamento interno de la Corporación;

 

6.   Elegir, de ternas enviadas por el Tribunal Superior de Distrito Judicial al Auditor ante la Controlaría Departamental o a quien deba reemplazarlo en sus faltas temporales o absolutas sin que en ningún caso pueda reelegirlo; y,

 

7.   Las demás que le asigne la ley o el reglamento.

 

1. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Los intervinientes consideran que es inexequible el numeral quinto del artículo 41, que faculta a la Sala Plena de los Tribunales Administrativos para elaborar el reglamento interno de la Corporación, por ser contrario a los artículos 113, 114 y 257-4 de la Constitución Política, toda vez que atribuye a un organismo jurisdiccional  una función que le compete a la rama legislativa del Poder Público. Además, afirman que conforme al numeral tercero del artículo 257 superior, al Consejo Superior de la Judicatura se le atribuye la potestad normativa residual respecto de la organización interna de las Corporaciones y Despachos judiciales.

 

Igualmente manifiestan que se debe declarar la inexequibilidad del numeral séptimo del artículo en comento, en su frase “...o en el reglamento.” ya que con ello se atribuye a dicho instrumento la capacidad para ser fuente de asignaciones funcionales a los Tribunales Administrativos, “en frente de la norma constitucional que solo autoriza para tal efecto a la ley o al reglamento constitucional, al reglamento ejecutivo, o al que dicte el Consejo Superior en virtud de su facultad normativa supletoria (artículo 257 numeral 3), pero de ninguna manera a la normatividad de rango inferior a la que pueda distinguirse con la denominación general de 'reglamento', ni mucho menos al de origen endógeno del propio Tribunal, hipótesis esta última que implicaría el aberrante fenómeno de una autoridad pública que se atribuye a si misma sus funciones.”

 

Con fundamento en los mismos argumentos atrás descritos, la ciudadana María Dorian Alvarez impugna el numeral séptimo del artículo en comento.

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Los numerales 1o., 2o., 3o., y 4o se ocupan de labores principalmente administrativas que concuerdan con las diferentes atribuciones contempladas en la Carta Política. Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 256-2 que establece que el Consejo Superior de la Judicatura o los consejos seccionales elaborarán las listas para la designación de funcionarios judiciales y las enviarán a la entidad -en este caso el tribunal administrativo- que deba realizar el nombramiento; o del 272 superior que encarga a los tribunales administrativos elegir un candidato que conformará la terna de los contralores departamentales y municipales. Sea esta la oportunidad para aclarar que en este último caso habrá de declararse la inconstitucionalidad del inciso segundo del numeral 2o, toda vez que atribuye a los tribunales administrativos de una misma jurisdicción la elaboración y envío de una terna a la respectiva Asamblea o Concejo para la elección de contralor, cuando -se reitera- la norma constitucional citada se refiere a la remisión por parte de esas corporaciones de un sólo candidato que habrá de conformar la terna en comento.

 

El numeral 5o permite a cada tribunal administrativo elaborar el reglamento interno de cada corporación. Sobre el particular, resultan igualmente aplicables las consideraciones expuestas al analizar el numeral 3o del artículo 20 de la presente ley, en el sentido de que la Corte estima que el reglamento de los tribunales administrativos debe ser uno solo, pues de lo contrario se impondría una limitación inconstitucional al libre acceso a la administración de justicia, toda vez que los asociados se encontrarían en la obligación de conocer y dominar cada una de las medidas y requisitos que establezcan, de acuerdo con su parecer, cada una de las citadas corporaciones administrativas. Además, tampoco puede dejarse de lado que la responsabilidad de dictar los referidos reglamentos, para el caso de los despachos judiciales, le corresponde ejercerla al Consejo Superior de la Judicatura, según lo prevé el numeral 3o del artículo 257 constitucional. Este numeral pues, será declarado inexequible.

 

En lo que atañe al numeral 6o., estima la Corte que la elección, requisitos, inhabilidades, incompatibilidades y reemplazos de los auditores ante las contralorías departamentales, es un asunto que corresponde definirlo al legislador, según lo dispone el inciso segundo del artículo 274 de la Carta. Dentro de ese orden de ideas, resulta lógico afirmar que esa responsabilidad debe recaer sobre una ley ordinaria que se ocupe específicamente de esa materia y, por tanto, no debe hacer parte de una ley estatutaria encargada de definir los asuntos propios de la administración de justicia. Se trata, en este caso, de una situación que contradice los presupuestos del artículo 158 superior y que, por tanto, deberá declararse su inexequibilidad.

 

Respecto del numeral 7o., baste advertir que, como se ha expuesto a lo largo de esta providencia, el reglamento interno de los tribunales administrativos no puede ocuparse de definirle nuevas funciones a esas corporaciones, puesto que es ésta una labor que recae exclusivamente en la Constitución y en la ley.

 

En consecuencia, habrá de declararse la exequibilidad del artículo, salvo el inciso 2o del numeral 2o, la totalidad de los numerales 5o y 6o y la expresión “o el reglamento” contenida en el numeral 7o.

 

3. DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS.

 

ARTICULO 42. REGIMEN. Los Juzgados Administrativos que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio, integran la jurisdicción contencioso  administrativa. Sus características, denominación y número serán establecidos por esa misma Corporación, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

 

 CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Esta norma no merece objeción alguna. Con todo, debe advertirse que a pesar de que la Carta Política -contrario a lo que preveía la Constitución de 1886-, en la parte de la jurisdicción contencioso administrativa sólo se refiere al Consejo de Estado, ello no obsta para que esta Corte considere que, a partir de una interpretación integral de los artículos 116 y 237 del Estatuto Fundamental, resulte constitucionalmente posible el que el legislador establezca, además de los tribunales administrativos, este tipo de despachos judiciales.

 

El artículo, en consecuencia, será declarado exequible, no sin antes advertir que, en adelante, la creación de nuevos tipos, clases o categorías de juzgados o tribunales, requiere de la expedición de la correspondiente ley estatutaria en los términos de los artículos 152 y 153 de la Carta Política.

 

 

CAPITULO IV

JURISDICCION CONSTITUCIONAL

 

ARTICULO 43. ESTRUCTURA DE LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL. La Corte Constitucional ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244 de la Constitución Política. El Consejo de Estado conoce de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.

 

También ejercen jurisdicción constitucional, excepcionalmente, para cada caso concreto, los jueces y corporaciones que deban proferir las decisiones de tutela o resolver acciones o recursos previstos para la aplicación de los derechos constitucionales.

 

1. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Los mencionados ciudadanos afirman que la frase “ESTRUCTURA” contenida en el encabezamiento del artículo 43 y la expresión “constitucional” contenida en el inciso segundo del mismo artículo, son contrarios a la Carta Política, pues “introducen la concepción de una jurisdicción constitucional múltiple, en frente de los mandatos de la C.P. que configuran la jurisdicción constitucional de estructura única.”

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Como bien es sabido, el control de constitucionalidad en Colombia se vio reforzado con la creación de la Corte Constitucional. Sin embargo, no por ello puede afirmarse que nuestro país ha adoptado el llamado “control concentrado” o austríaco, pues en realidad éste sigue siendo de carácter difuso funcional. Lo anterior, habida cuenta de que además de los pronunciamientos que realice esta Corporación, al Consejo de Estado se le ha atribuido, dentro de la llamada acción de nulidad por inconstitucionalidad, el pronunciamiento acerca de los decretos dictados por el Gobierno nacional cuya competencia no sea asignada a la Corte Constitucional (Art. 237-1). Como si lo anterior no fuese suficiente, el artículo 4o superior consagra la denominada excepción de inconstitucionalidad, a través de la cual, en un caso concreto y con efectos inter-partes, un juez o inclusive una autoridad administrativa, pueden abstenerse de aplicar una norma en aquellos eventos en que ésta contradiga en forma flagrante el texto de la Carta Política. Tampoco puede olvidarse que dentro de los parámetros definidos por el artículo 86 fundamental, cada juez de la República, al momento de resolver de un asunto de tutela, también está haciendo parte de la llamada jurisdicción constitucional.

 

Para esta Corporación, la norma que se revisa debe interpretarse dentro del referido contexto, pues se trata tan sólo de una disposición descriptiva de los diferentes órganos que, de una forma u otra, ejercen control de constitucionalidad dentro del Estado, todo de ello dentro del marco que ha sido definido en la Constitución.

 

El artículo será declarado exequible.

 

 

ARTICULO 44. INTEGRACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. La Corte Constitucional está integrada por nueve (9) Magistrados, elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de ternas que presentan: tres (3) el Presidente de la República, tres (3) la Corte Suprema de Justicia y tres (3) el Consejo de Estado.

 

Las ternas deberán conformarse con abogados de distintas especialidades del derecho y el Senado elegirá un Magistrado por cada terna, procurando que la composición final de la Corte Constitucional responda al criterio de diversidad en la especialidad de los Magistrados.

 

Cuando se presente una falta absoluta entre los Magistrados de la Corte Constitucional, corresponde al órgano que presentó la terna de la cual fue elegido el titular presentar una nueva para que el Senado de la República haga la elección correspondiente.

 

Producida la vacante definitiva, la Corte Constitucional la comunicará de inmediato al órgano que debe hacer la postulación para que, en un lapso de quince días, presente la terna ante el Senado de la República. La elección deberá producirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de presentación de la terna o de la iniciación del período ordinario de sesiones en caso de que a la presentación de la misma el Congreso se encontrare en receso.

 

Mientras se provee el cargo por falta absoluta o por falta temporal de uno de sus miembros la Corte Constitucional llenará directamente la vacante.

 

La Corte Constitucional deberá seleccionar por lo menos el cinco por ciento de las decisiones de tutela que mensualmente le remitan para sus revisión y determinará los casos en los cuales éstas deberán fallarse en Sala Plena.

 

1. Intervención del ciudadano Andrés de Zubiría.

 

El interviniente considera que la palabra “procurando” contenida en el inciso segundo del artículo 44 es contraria al artículo 239 de la Carta Superior, “ya que, al momento de la designación de los miembros de la Corte Constitucional, el Senado esta en la obligación de designar aquellos teniendo en cuenta que tengan una formación y especialización en las diferentes areas (derecho penal, civil, constitucional, laboral, entre otras), y no como en forma antijurídica establece el proyecto de ley Estatutaria de la Justicia, procurando que los magistrados pertenezcan a diversas disciplinas jurídicas, como si aquello no fuera un deber (como lo ordena la norma superior) sino una simple sugerencia (procurando)”.

 

2. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Los intervinientes consideran que el inciso quinto del artículo 44 es contrario al inciso segundo del artículo 239 constitucional, toda vez que la norma superior establece el único procedimiento aplicable para la designación de los magistrados de la Corte Constitucional, y por tanto no puede el legislador establecer un régimen de designación transitoria, por no encontrarse autorizado para ello.

 

Igualmente consideran que el inciso sexto del artículo en comento es inexequible, ya que obliga a la Corte Constitucional a seleccionar por lo menos el cinco por ciento (5%) de las decisiones de tutela que mensualmente se remitan para su revisión, en contradicción con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, que dice que la revisión de los fallos de tutela será “eventual”.

 

Con base en los mismos argumentos, los ciudadanos Miguel F. Córdoba, Augusto J. Ibáñez, Julio A. Sampedro y Jorge Caldas, y Eurípides Cuevas solicitan la declaratoria de inexequibilidad del inciso en comento.

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Los dos primeros incisos del artículo que se revisa se ajustan a los parámetros establecidos por el artículo 239 de la Carta Política, pues se limitan a reiterar la forma de elección de los magistrados de la Corte Constitucional y la necesidad de que ellos pertenezcan a diversas especialidades de las ciencias jurídicas.

 

En cuanto al régimen de la vacantes definitivas o temporales que se produzcan en el seno de la Corte Constitucional, se trata de un asunto que responde a los objetivos propios de una ley estatutaria sobre administración de justicia, sobre todo si con ello se busca definir aspectos que la Constitución de 1991 no reguló. Además, como es fácil advertirlo, se trata simplemente de un régimen transitorio o temporal, encaminado a facilitar la labor de esta Corporación, el cual en nada vulnera la competencia y la autonomía del Congreso para nombrar a los magistrados de la Corte.

 

El último inciso obliga a al Corte Constitucional a seleccionar por lo menos el cinco por ciento (5%) de las decisiones de tutela que mensualmente le remitan para su revisión. Como se sabe, la regulación fundamental de la acción de tutela se encuentra contemplada en el artículo 86 de la Carta que prevé:

 

“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

 

“La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión (...) (Negrillas y subraya fuera de texto original).

 

Según puede apreciarse, el inciso segundo de la norma citada prevé que la revisión de las sentencias de tutela por parte de la Corte Constitucional será “eventual”. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, este término significa aquello sujeto “a cualquier evento o contingencia”, donde “contingencia” es lo que “puede suceder o no suceder”. Inclusive, para efectos del asunto que se examina, debe señalarse que el mismo Diccionario entiende por “Eventualidad” el “Hecho o circunstancia de realización incierta o conjetural”. Las anteriores definiciones tienen como característica común el que todas ellas hablan de un suceso indeterminado, impreciso, vago o incierto que dependerá de la discrecionalidad o del azar, por oposición a lo que es necesario, es decir, a aquello que de manera imprescindible, obligatoria y forzosa tiene que ser u ocurrir de una forma o de otra.

 

Para la Corte, resulta evidente que la Carta Política utiliza el término “eventual” dentro del significado antes descrito. Se trata, pues, de una atribución libre y discrecional de la Corporación para revisar los fallos de tutela que sean remitidos por los diferentes despachos judiciales, con el fin de unificar la jurisprudencia sobre la materia y de sentar bases sólidas sobre las que los demás administradores de justicia se puedan inspirar al momento de pronunciarse acerca de los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Fue dentro de estos criterios que el Constituyente obró respecto de la materia en comento. En efecto, dentro del Informe-Ponencia presentado por el delegatario Juan Carlos Esguerra Portocarrero, se manifestó:

 

“(...) he considerado que la decisión del juez, aunque de cumplimiento inmediato, debe ser susceptible de algún recurso y, adicionalmente, con la finalidad de unificar la jurisprudencia constitucional, podría pensarse en que el fallo se remita a la Corte Constitucional -de aprobarse su creación- la cual tendría la facultad de revisarlo”.[28] (Negrilla fuera de texto original).

 

Por su parte, en la Comisión Primera de la Asamblea Constituyente se explicó:

 

...Por otro lado se ha previsto que  también la Corte Constitucional, en caso de crearse la Corte Constitucional, como todo parece indicarlo, pueda revisar la decisión que haya adoptado el juez. Esto puesto que en tratándose de asuntos que tienen una clara connotación constitucional, puesto de lo que se trata es precisamente de la defensa de derechos constitucionales, pues no puede haber tantas interpretaciones constitucionales y tantas jurisprudencias constitucionales, cuantos jueces haya en la República. Eso de ninguna manera, entonces con el propósito de perseguir la unidad jurisprudencial en materia constitucional, se busca que la Corte constitucional pueda revisar la decisión a su arbitrio. No que todas las decisiones que se adopten sobre el particular, deban llegar a la Corte. [29] (Negrilla fuera de texto original).

 

Es igualmente importante resaltar que, cuando en el texto de la Carta Política se quiso introducir la expresión “se remitirá a la Corte Constitucional para su revisión en el plazo que señale la ley”, el constituyente Esguerra Portocarrero comentó:

 

"No puede ser para su revisión porque es que es podrá revisarlo, lo que es importante aquí, para evitar lo que también ha ocurrido en otras latitudes, y es que se llene la Corte Constitucional de revisiones de todas  las decisiones que se adopten y tenga la Corte constitucional que repetir la manida frase de que ya ha dicho esta corporación en decisiones que son muchedumbre, etc., para repetir lo mismo centenares de veces. De manera que debe ser potestativo de la Corte revisarlo o no según el tema de que se trate."[30] (Negrilla fuera de texto original).

 

Finalmente, no sobran transcribir las consideraciones que a propósito del tema expuso el señor ministro de Gobierno en la sesión plenaria de la Asamblea Constituyente el 4 de junio de 1991:

 

"...Bien los dos elementos que proponemos son los siguientes: en primer lugar, la revisión de recurso de amparo o del derecho de tutela, como se llamó en la comisión Primera, para impartir coherencia al tratamiento de ese fenómeno, de esa institución política, jurídica para particular; nosotros creemos que esto reviste la mayor importancia, si no se establecen mecanismos de unificación de la Jurisprudencia constitucional, cuando estamos abriéndole la puerta a uno de los elementos más vivos en la protección de los derechos fundamentales, pero también por su propia organización, más dispersivos, por cuanto se le confía a cualquier juez de cualquier lugar, en cualquier tiempo, la defensa de los derechos fundamentales, creemos que es necesario hacer un esfuerzo de coherencia para que la interpretación de la Constitución pueda mantener algún grado de unificación y homogeneidad ¿Cómo funcionaría entonces esa revisión? Nos proponemos particularmente que se adopte ese sistema de discrecionalidad al cual me referí en el debate general y que es propio de algunas constituciones, entre ellas algunas de filiación o de raigambre anglosajona, en virtud de la cual la Corte escoge, busca para sí, gana competencia discrecionalmente respecto de aquellos casos estelares, los que resuelven los grandes temas de una sociedad y de esa manera conducen la interpretación constitucional con una mira segura, con un faro y un propósito específico, es lo que ocurre con las grandes cortes que en un año resuelven cuatro o cinto temas, los temas más cruciales de una sociedad, el problema del divorcio, de aborto, de la implantación de fetos en el vientre femenino ajeno, es decir todas aquellas discusiones vivas en el seno de una sociedad democrática, eso implica que una corte de esta naturaleza no está obligada a fallar caso por caso, repitiendo doctrinas ya conocidas, cuando ni siquiera tiene intención de modificarlas".[31] (Negrilla fuera de texto original)

 

Las transcripciones precedentes demuestran, sin asomo de duda, que la voluntad expresa consignada en los debates de la Asamblea Constituyente era la de que la Corte Constitucional revisara -como en efecto lo hace- los fallos relativos a la acción de tutela en forma autónoma y discrecional, según los criterios y los objetivos que ella misma determine y sobre los cuales ya se ha hecho alusión en esta providencia. Se evidencia, entonces, que condicionar la labor en comento a través de la fijación de un número porcentual, cualquiera que este sea, no sólo desconoce el propósito del artículo 86 superior -ya sea derivado de su interpretación sistemática y razonable o del mandato del Constituyente plasmado en la Carta-, sino que además resulta abiertamente contrario a la naturaleza de las funciones asignadas por el Estatuto Superior a esta Corporación.

 

Es, por lo demás, importante señalar que en parte alguna del artículo 86 de la Carta se faculta al legislador para fijar un porcentaje determinado respecto de la revisión de los fallos de tutela, pues la utilización del término “eventual” hace que, dentro de una sana lógica, deba descartarse esa posibilidad. Inclusive, repárese que si el Constituyente hubiese querido condicionar en ese sentido la labor de la Corte Constitucional, así lo habría expresamente definido. Conviene también aclarar que el numeral 7o del artículo 241 fundamental no permite esa interpretación, pues se trata de una norma que busca regular -como en efecto se hizo en el Decreto 2591 de 1991- el procedimiento interno de la Corte para efectos de revisión de tutelas; pero en momento alguno puede deducirse que dicha norma de la Carta Política faculte a la ley para regular un asunto que en el artículo 86 superior -de aplicación preferente para los asuntos de tutela- quiso dejar al libre arbitrio, convencimiento y discrecionalidad de los magistrados de la Corte Constitucional. En ese orden de ideas, debe puntualizarse que la única autoridad competente para fijar un porcentaje relativo a la revisión de las decisiones de tutela, sería esta misma Corporación a través de su reglamento interno, el cual tendría efectos de carácter meramente funcional y nunca el alcance que la norma bajo examen le ha querido atribuir.

 

Así las cosas, se declarará la exequibilidad del presente artículo, excepto el último inciso que es inexequible.

 

ARTICULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario  conforme a lo previsto en este artículo.

 

Excepcionalmente la Corte podrá disponer que las Sentencias tengan efecto retroactivo en los siguientes casos:

 

1.   Cuando de la aplicación general de la norma se pueda llegar a irrogar un daño irreparable de cualquier naturaleza que no guarde proporción con las cargas públicas que los asociados ordinariamente deben soportar y que entrañe manifiesta inequidad;

 

2.   Cuando se deba preservar el principio constitucional de favorabilidad  o garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; y,

 

3.   Cuando se este en presencia de los actos a que se refiere el artículo 149 de la Constitución Política.

 

En el evento en que el fallo deba tener efecto retroactivo, la Corte fijará con precisión el alcance del mismo en la parte resolutiva de la sentencia. Conforme a la apreciación de los elementos de juicio disponibles, la concesión de efectos retroactivos no se debe traducir en la afectación negativa de situaciones jurídicas consolidadas en cabeza de personas que han obrado de buena fe.

 

En todo caso, frente a la vulneración de un derecho particular y concreto, el restablecimiento del derecho o la reparación directa solo podrán ordenarse por la jurisdicción  de lo contencioso administrativo, previo el ejercicio de las acciones pertinentes contra los actos administrativos expedidos con fundamento en la norma que haya sido declarada inexequible o con motivo de las actuaciones cumplidas por la administración en vigencia de ésta, respectivamente.

 

1. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

 

A  su juicio, el artículo 45 de la ley estatutaria que se revisa debe ser declarado inexequible, ya que atenta contra el principio de la autonomía de las ramas del poder público, consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política. Así, consideran que si la Carta Superior no se ocupó de fijar las reglas sobre los efectos de las sentencias dictadas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad, mal podía hacerlo el legislador.

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

El artículo 241 de la Carta Política, continuando con una tradición jurídica que data desde las primeras constituciones republicanas, le confió a la Corte Constitucional el deber de ejercer el control de constitucionalidad a través de la guarda de la integridad y supremacía de la Ley Fundamental. Se trata, pues, de una función que se cumple principalmente a través del examen sobre las diversas disposiciones legales que sean demandas por los ciudadanos, o que automáticamente, según el caso, sean remitidas a esta Corporación, con el fin de verificar que ellas se ajusten a los postulados contenidos en la Carta Política.

 

Sin entrar a profundizar acerca de las características y las implicaciones jurídicas del control de constitucionalidad por parte de la Corte o de la función que está llamada a cumplir la doctrina constitucional en el campo interpretativo[32] -por ser ello ajeno al asunto que se examina-, sí conviene advertir que esta Corporación se ha pronunciado en reiteradas oportunidades respecto de la naturaleza y los efectos de las decisiones adoptadas en el ejercicio de su competencia, materia esta que se encuentra estrechamente relacionada con el contenido de la norma bajo revisión. Así, sobre estos aspectos, se señaló:

 

“e).  LOS EFECTOS DE LOS FALLOS DE LA CORTE EN ASUNTOS DE CONSTITUCIONALIDAD.

 

“Si se analiza el artículo 21 del decreto 2067, hay que señalar lo siguiente.

 

“El inciso primero se limita a copiar parcialmente el inciso primero del artículo 243 de la Carta, para concluir, refiriéndose a las sentencias que profiera la Corte Constitucional,  que ‘son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares’.  Declaración que, en rigor, no quita ni pone rey, por ser redundante.  Pues el hacer  tránsito a cosa juzgada, o el tener  ‘el valor de cosa juzgada constitucional’, no es en rigor un efecto de la sentencia:  no, más bien es una cualidad propia de ella, en general.

 

“Piénsese que aun en los casos en que la Corte declara exequible una norma acusada por vicios  de forma en su creación,  la sentencia hace tránsito a cosa  juzgada, pues en lo sucesivo será imposible pedir la declaración de inexequibilidad por tales vicios.

 

“Y la sentencia firme, sobra decirlo, es de obligatorio cumplimiento. Además,  las que recaigan en las acciones públicas de inconstitucionalidad, tienen efecto erga omnes, por la naturaleza misma de la acción y  por su finalidad.  

 

“El inciso primero del artículo 21 no presenta, en consecuencia, disparidad o contrariedad en relación con norma alguna de la constitución.

 

“No ocurre igual con el segundo, que es la norma acusada, como se verá.

 

“f). ¿CUAL ES LA AUTORIDAD LLAMADA A SEÑALAR LOS EFECTOS  DE LOS FALLOS DE LA CORTE?

 

“Para responder esta pregunta, hay que partir de algunos supuestos, entre ellos estos.

 

“El primero, que los efectos de un fallo,  en general, y en particular de los de la Corte Constitucional en asuntos de constitucionalidad, se producen sólo cuando se ha terminado el proceso, es decir cuando se han cumplido todos los actos procesales. En otras palabras, cuando la providencia está ejecutoriada.

 

“El segundo, que la propia Constitución no se refirió a los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad, limitándose a declarar en el inciso primero del citado artículo  243, como se indicó, que los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada. Pero, bien habría podido la Asamblea Constituyente dictar otras normas sobre la materia. No lo hizo porque, en rigor, no eran necesarias.

 

“Pero, fuera del poder constituyente, ¿a quién corresponde declarar los efectos de los fallos de la  Corte Constitucional, efectos que no hacen parte del proceso, sino que se generan por la terminación de éste?.   Unicamente a la propia Corte Constitucional, ciñéndose, como es lógico,  al texto y al espíritu de la Constitución.   Sujeción que implica tener en cuenta los fines del derecho objetivo, y de la constitución que es parte de él, que son la  justicia y la seguridad jurídica.

 

“En conclusión, sólo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, en la propia sentencia, señalar los efectos de ésta. Este principio, válido en general, es rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad.

 

“En consecuencia, incurrió en falta el Presidente de la República al dictar la norma demandada, pues ejerció  funciones atribuidas por la Constitución a la Corte Constitucional.  Violó, concretamente, el artículo 121, según el cual  ‘ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley’. Y violó, además, el inciso tercero del artículo 113, que consagra el principio de que los ‘diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas’.

 

“Además, inaceptable  sería privar a la Corte Constitucional de la facultad de señalar en sus fallos el efecto de éstos, ciñéndose, hay que insistir, estrictamente a la Constitución. E inconstitucional hacerlo por mandato de un decreto, norma de inferior jerarquía.  Pues la facultad de señalar los efectos  de sus propios fallos, de conformidad con la Constitución, nace para la Corte Constitucional de la misión que le confía el inciso primero del artículo 241, de guardar la  ‘integridad  y supremacía de la Constitución’, porque para cumplirla,  el paso previo e indispensable es la interpretación  que se hace en la sentencia que debe señalar sus propios efectos. En síntesis, entre la Constitución y la Corte Constitucional, cuando ésta interpreta aquélla, no puede interponerse ni una hoja de papel.

 

“No hay que olvidar que, según el artículo 5 de la Constitución, el Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona, reconocimiento  obligatorio para la Corte Constitucional, como para todas las autoridades pero con mayor fuerza. Por ello, recortar, mediante una norma de inferior jerarquía, la  facultad  que la Corte tiene de  fijar el contenido de sus sentencias, podría impedirle defender  los derechos de los súbditos frente a las autoridades.   

    

“No existe el riesgo de que la Corte desborde sus facultades, pues la tarea de guardar ‘la integridad y  supremacía de la Constitución’, sólo puede cumplirla en los ‘estrictos y precisos términos’ del artículo 241”.[33]

 

Como puede apreciarse, los argumentos transcritos resultan concluyentes. A partir de ellos, se torna forzoso concluir -y reiterar- que sólo la Corte Constitucional puede definir los efectos de sus sentencias. La prevalencia del principio de separación funcional de las ramas del poder público (Art. 113 y s.s.), el silencio que guardó la Carta Política para señalar los alcances de las providencias dictadas por los altos tribunales del Estado, la labor trascendental que cumple esta Corporación en el sentido de guardar la supremacía y la integridad de la Carta, y los efectos de “cosa juzgada constitucional” y erga-omnes que tienen sus pronunciamientos (Arts. 243 C.P. y 21 del Decreto 2067 de 1991), son suficientes para inferir que el legislador estatutario no podía delimitar ni establecer reglas en torno a las sentencias que en desarrollo de su labor suprema de control de constitucionalidad ejerce esta Corte.

 

 

De conformidad con lo expuesto, entonces, habrá de declararse únicamente la exequibilidad de la expresión “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”, contenida en el artículo que se examina. El resto de la norma será declarada inexequible.

 

ARTICULO 46. CONTROL INTEGRAL Y COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL. En desarrollo del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a su control con la totalidad de los preceptos de la Constitución.

 

- CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

A través de la norma bajo examen se busca que la Corte, en caso de encontrar que un determinado canon constitucional ha sido violado por una norma legal, o que, por el contrario, él sirve para declarar su exequibilidad, entonces pueda fundarse la sentencia en ese precepto, así este no haya sido invocado por el demandante. Lo anterior no significa, y en esos términos lo entiende la Corporación, que en todos los casos la Corte deba realizar un análisis de la totalidad del texto de la Carta frente a la disposición legal que se estudia, pues -se reitera- lo que se busca es la posibilidad de invocar argumentos adicionales sustentados en otras normas fundamentales que servirán para adoptar una mejor decisión. Por lo demás, no sobra recordar que el principio consagrado en la norma que se revisa, está previsto en el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, el cual ya ha sido objeto de estudio y pronunciamiento favorable por parte de esta Corporación.

 

Sentadas las anteriores consideraciones, deberá puntualizarse que la exequibilidad de la norma bajo examen se entiende sin perjuicio de la llamada cosa juzgada relativa, la cual puede ser advertida por la Corte Constitucional, habida cuenta que sólo a ella le compete definir los efectos de sus fallos. Sobre estos asuntos, ha señalado esta Corporación:

 

“Observa la Corte que, cuando ante ella se demandan normas que venían rigiendo al entrar en vigencia la nueva Constitución y la demanda recae sobre el contenido material de dichas normas, la Corporación debe adelantar el correspondiente estudio de constitucionalidad, aunque por sentencia anterior se hubiera declarado la constitucionalidad de los preceptos acusados, pues en tales casos la cosa juzgada se daba frente a la Carta Política derogada, pero no tiene valor respecto de la nueva. Cosa distinta es que la sentencia hubiera declarado la inexequibilidad, ya que en tal evento, las disposiciones objeto de ella habrían salido del ordenamiento jurídico, de modo que no estaban vigentes cuando principió a regir la nueva Constitución.”[34]

 

En otra oportunidad, a propósito de una demandada de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 73 de 1993, la Corte señaló:

 

“La Corte considera que en este caso se impone la segunda opción, por cuanto no corresponde a esta Corporación efectuar una revisión oficiosa de las leyes ordinarias, sino un control de aquellas normas que han sido expresamente demandadas por un ciudadano. Y presentar en debida forma una demanda implica no sólo transcribir la norma legal acusada sino también que el actor formule las razones por las cuales dichos textos se estiman violados. En este caso, el actor presentó argumentos globales contra la Ley 73 de 1993 -por lo cual era legitimo admitir la demanda contra toda la ley- pero no expresó cargos específicos contra los artículos 4º, 5º, 6º, 7º inciso primero, 8º, 10º, 11º, 12º. 13º y 14º de la Ley 73 de 1993. Esta Corporación ha considerado que cuando existe un ataque general contra una ley pero no ataques individualizados contra todos los artículos de la misma, la vía procedente es limitar el alcance de la cosa juzgada constitucional,  en caso de que la acusación global no prospere. En tales eventos, lo procedente es declarar constitucionales los artículos contra los cuales no hay acusación  específica, pero precisando que la cosa juzgada es relativa, por cuanto sólo opera por los motivos analizados en la sentencia. Esto sucede en este caso, por lo cual, frente a tales artículos, la Corte limitará el alcance de la cosa juzgada constitucional; ellos serán declarados exequibles, pero únicamente por las razones expresamente estudiadas en esta sentencia”.[35]

 

Con base en lo expuesto la disposición será declarada exequible, pero bajo el entendido de que mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta.

 

 

ARTICULO 47. GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Todas las providencias que profiera la Corte Constitucional serán publicadas en la “Gaceta de la Corte Constitucional”, la cual deberá publicarse mensualmente por la Imprenta Nacional. Sendos ejemplares de la Gaceta serán distribuidos a cada uno de los miembros del Congreso de la República y a todos los Despachos Judiciales del País.

 

La Corte Constitucional dispondrá de un sistema de consulta sistematizada de la jurisprudencia a la cual tendrán acceso todas las personas.

 

 

1. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Este artículo no merece reparo de constitucionalidad alguno. Incluso, puede decirse que obedece a la tarea pedagógica que le asiste a esta Corporación, en concordancia con el artículo 41 superior, pues la labor de divulgación de la Carta Política debe igualmente incluir los pronunciamientos de la Corte Constitucional encaminados a interpretar sus disposiciones y a fijar el alcance de sus cláusulas. Con todo, cabe advertir que esta norma debe concordarse con el artículo 198 de la presente ley, el cual faculta a la Imprenta Nacional para dar en concesión la publicación oficial de la jurisprudencia, sentencias y demás providencias de los despachos judiciales, como sería, en este caso, la de la Corte Constitucional.

 

Por lo demás, entiende esta Corporación que la obligación de contar con un sistema de consulta sistematizada de la jurisprudencia, dependerá del oportuno suministro de los recursos financieros y técnicos por parte de las autoridades competentes. Asimismo, conviene puntualizar que será el reglamento interno de la Corte el que señale la forma en que se facilitará el acceso de las personas al referido sistema de consulta.

 

El artículo, bajo estas condiciones, será declarado exequible.

 

ARTICULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL. Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:

 

1.   Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva constituirá  criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. Sólo la interpretación que por vía de autoridad hace el Congreso de la República tiene carácter obligatorio general.

 

2.   Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.

 

 

1. Intervención del apoderado de ASONAL JUDICIAL.

 

El interviniente considera que la frase “Sólo la interpretación que por vía de autoridad hace el Congreso de la República tiene carácter obligatorio general.” del numeral primero del artículo 48 debe declararse inexequible, ya que “este precepto se convierte en un obstáculo de la función de la Corte al minimizar el alcance de la Jurisprudencia Constitucional, constituyendo una violación directa del artículo 230 de la Carta Política que de manera expresa le da un poder vinculante a la jurisprudencia que producen no solamente la Corte Constitucional, sino la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura etc., para así unificar los criterios de interpretación de las fuentes formales de derecho.”

 

2. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes

 

Argumentan los intervinientes que el aparte comentado del artículo 48 debe declararse inconstitucional, ya que “una norma con el contenido de la que impugnamos contraría radicalmente las bases de la Constitución porque esta para excluir radicalmente la posibilidad de que el legislador sea su intérprete, justamente crea la jurisdicción constitucional encargada de conjurar, prevenir y controlar las desviaciones que el legislador mismo intente respecto de sus mandatos. Podría decirse que justamente porque el legislador no es intérprete auténtico de la Constitución ella suscita un intérprete autorizado, con carácter monopólico, que es la Corte Constitucional”.

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

La jurisprudencia -como se verá más adelante- ha sido clara en definir que la labor de la Corte Constitucional, encaminada a guardar la supremacía y la integridad de la Carta (Art. 241 C.P.), hace que ella sea la responsable de interpretar con autoridad y de definir los alcances de los preceptos contenidos en la Ley Fundamental. En ese orden de ideas, resulta abiertamente inconstitucional el pretender, como lo hace la norma que se estudia, que sólo el Congreso de la República interpreta por vía de autoridad. Ello es válido, y así lo define el artículo 150-1 de la Carta, únicamente en lo que se relaciona con la ley, pero no en lo que atañe al texto constitucional. Por lo demás, no sobra agregar que la expresión “Sólo la interpretación que por vía de autoridad hace el Congreso de la República tiene carácter obligatorio general”, contradice, en este caso, lo dispuesto en el artículo 158 superior, pues se trata de un asunto que no se relaciona con el tema de la presente ley estatutaria, es decir, con la administración de justicia.

 

La razones expuestas llevarán a la Corte a declarar la inexequibilidad de las expresiones “Sólo” y “el Congreso de la República”, bajo el entendido de que, como se ha expuesto, la interpretación que por vía de autoridad hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio general.

 

Respecto del segundo punto, esto es, de los efectos de los fallos y de la doctrina constitucional, la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional se ha ocupado de estos temas. Esta Corporación ha explicado:

 

“En el artículo 243 de la Carta se consagra la denominada ‘cosa juzgada constitucional’, en virtud de la cual las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional presentan las siguientes características:

 

“- Tienen efecto erga omnes y no simplemente inter partes.

 

“- Por regla general obligan para todos los casos futuros y no sólo para el caso concreto.

 

“- Como todas las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, no se puede juzgar nuevamente por los mismos motivos sino que el fallo tiene certeza y seguridad jurídica. Sin embargo, a diferencia del resto de los fallos, la cosa juzgada constitucional tiene expreso y directo fundamento constitucional -art. 243 CP-.

 

“- Las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, tanto de exequibilidad como de inexequibilidad, tienen una característica especial: no pueden ser nuevamente objeto de controversia. Ello porque la Corte debe confrontar de oficio la norma acusada con toda la Constitución, de conformidad con el artículo 241 superior, el cual le asigna la función de velar por la guarda de la integridad y supremacía de la Carta. Mientras que los fallos por ejemplo del contencioso administrativo que no anulen una norma la dejan vigente pero ella puede ser objeto de futuras nuevas acciones por otros motivos, porque el juez administrativo sólo examina la norma acusada a la luz de los textos invocados en la demanda, sin que le esté dado examinar de oficio otras posibles violaciones, de conformidad con el artículo 175 del código contencioso administrativo (cosa juzgada con la causa petendi).

 

“- Todos los operadores jurídicos de la República quedan obligados por el efecto de la cosa juzgada material de las sentencias de la Corte Constitucional”.[36]

 

En cuanto a la pregunta acerca de qué parte de las sentencias de la  Corte hacen tránsito a cosa juzgada, la misma jurisprudencia señala:

 

“2. ¿Hace tránsito a la cosa juzgada toda la sentencia de la Corte Constitucional o solamente una parte de ella?

 

“La Corte responde este nuevo interrogante en el sentido de afirmar que únicamente una parte de sus sentencias posee el carácter de cosa juzgada.

 

“3. ¿Que parte de las sentencias de constitucionalidad tiene la fuerza de la cosa juzgada?

 

“La respuesta es doble: poseen tal carácter algunos apartes de las sentencias en forma explícita y otros en forma implícita.

 

“Primero, goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las sentencias, por expresa disposición del artículo 243 de la Constitución.

 

“Segundo, goza de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos.

 

“En efecto, la parte motiva de una sentencia de constitucionalidad tiene en principio el valor que la Constitución le asigna a la doctrina en el inciso segundo del artículo 230: criterio auxiliar -no obligatorio-, esto es, ella se considera obiter dicta.

 

“Distinta suerte corren los fundamentos contenidos en las sentencias de la Corte Constitucional que guarden relación directa con la parte resolutiva, así como los que la Corporación misma indique, pues tales argumentos, en la medida en que tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados por las autoridades y corrigen la jurisprudencia.

 

Dentro de estos mismos parámetros, la Corte ha dispuesto acerca de la llamada doctrina constitucional:

 

“b. La doctrina constitucional. Las normas de la Constitución política, y ésta no es una característica privativa de ellas, tienen una vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen al tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, entonces, ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamente contempladas en la ley.

 

“Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica, más problemática e incierta resulta aún la actuación directa de las normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en ellas, superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en la ley.

 

“Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo. (art. 241 C.P.)

 

“Pero como la Constitución es derecho legislado por excelencia, quien aplica la Constitución aplica la ley, en su expresión más primigenia y genuina. Es preciso aclarar que no es la jurisprudencia la que aquí se consagra como fuente obligatoria. A ella alude claramente otra disposición, el artículo 4° de la ley 69 de 1896, para erigirla en pauta meramente optativa para ilustrar, en ciertos casos, el criterio de los jueces. Así dice el mencionado artículo en su parte pertinente:

 

‘Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos ...’ (Subraya de la Sala).

 

“Es claro entonces que la norma transcrita resulta armónica con lo dispuesto en el artículo 230 de la Carta del 91.

 

“Así mismo, conviene precisar que no hay contradicción entre la tesis que aquí se afirma y la sentencia C-131/93, que declaró inexequible el artículo 23 del Decreto legislativo 2067 del 91 en el cual se ordenaba tener ‘como criterio auxiliar obligatorio’ ‘la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional’, mandato, ese sí, claramente violatorio del artículo 230 Superior. Lo que hace, en cambio, el artículo 8° que se examina -valga la insistencia- es referir a las normas constitucionales, como una modalidad del derecho legislado, para que sirvan como fundamento inmediato de la sentencia, cuando el caso sub judice no está previsto en la ley. La cualificación adicional de que si las normas que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo deben aplicarse, constituye, se repite, una razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica.

 

“Es necesario distinguir la función integradora que cumple la doctrina constitucional, en virtud del artículo 8°, cuya constitucionalidad se examina, de la función interpretativa que le atribuye el artículo 4° de la misma ley, al disponer:

 

‘Los principios del Derecho natural y las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doctrina constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes’ (Subraya la Corte).

 

“La disposición transcrita corrobora, además, la distinción que atrás queda hecha entre doctrina constitucional y jurisprudencia. Es apenas lógico que si el juez tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley, el criterio del intérprete supremo de la Carta deba guiar su decisión. Es claro eso sí que, salvo las decisiones que hacen tránsito a la cosa juzgada, las interpretaciones de la Corte constituyen para el fallador valiosa pauta auxiliar, pero en modo alguno criterio obligatorio, en armonía con lo establecido por el artículo 230 Superior”.[37]

 

De lo dicho, se desprende claramente la exequibilidad de la norma que se revisa, excepto, como antes se ha explicado, las expresiones señaladas en la parte final del numeral 1o. En efecto, sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es, únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional, la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional. En cuanto a la parte motiva, como lo establece la norma, esta constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general; sólo tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella.

 

Por lo demás, cabe puntualizar que las sentencias judiciales a través de las cuales se deciden acciones de tutela, sólo tienen efectos en relación con las partes que intervienen en el proceso (Decreto 2591/91, art. 36). Sin embargo, la doctrina constitucional que define el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con ocasión de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución. El principio de independencia judicial, tiene que armonizarse con el principio de igualdad en la aplicación del derecho, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. La jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de igualdad. Por consiguiente, sin perjuicio de lo observado respecto de la doctrina constitucional, la exequibilidad del segundo numeral del artículo 48, materia de examen, se declarará bajo el entendido de que las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad[38].

 

Bajo estas condiciones, el artículo será declarado exequible, salvo las expresiones “Sólo” y “el Congreso de la República”, que serán declaradas inexequibles.

 

ARTICULO 49. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DECRETOS DICTADOS POR EL GOBIERNO CUYA COMPETENCIA NO HAYA SIDO ATRIBUIDA A LA CORTE CONSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL SEGUNDO DEL ARTICULO 237 DE LA CONSTITUCION POLITICA. El Consejo de Estado decidirá sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional ni al propio Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Para tal efecto, la acción de nulidad por inconstitucionalidad se tramitará con sujeción al mismo procedimiento previsto para la acción de inexequibilidad y podrá ejercitarse por cualquier ciudadano contra las siguientes clases de decretos:

 

1.   Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades constitucionales y con sujeción a leyes generales, cuadro o marco;

 

2.   Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las leyes que le confieren autorizaciones;

 

3.   Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las leyes que confieren mandatos de intervención en la economía; y,

 

4.   Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades que directamente le atribuye la Constitución y sin sujeción a la ley previa.

 

La decisión será adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que para estos efectos obra como tribunal constitucional.

 

1. Intervención del ciudadano Andrés de Zubiría .

 

El interviniente manifiesta que el numeral segundo del artículo 49 es inexequible, toda vez que el artículo 241-5 superior, le otorga competencia a la Corte Constitucional para conocer de las acciones de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley que dicte el Gobierno bajo el amparo de los artículos 150-10 y 341 de la Constitución Política. Así, sostiene que no se puede mediante una  ley estatutaria, atribuir una competencia de la Corte Constitucional al Consejo de Estado.

 

2. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Los intervinientes manifiestan que el inciso final del artículo 49, en la parte que dice “...que para estos efectos obra como tribunal constitucional” es inexequible ya que “tal condición no puede serle atribuida por ley a ninguna autoridad, dado que la Constitución lo reserva a un órgano único que es a su vez el único integrante de la 'jurisdicción constitucional' según manda expresamente el capítulo 4 del Título VII de la C.P.”

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Como se ha establecido a lo largo de esta providencia, desde una perspectiva orgánica, la única entidad de la rama judicial que pertenece a la jurisdicción constitucional  y que reviste el carácter de tribunal constitucional es la Corte Constitucional. Sin embargo, dentro del denominado control de constitucionalidad difuso, al que se ha hecho referencia, la Carta Política facultó al Consejo de Estado -realmente a la Sala de lo Contencioso Administrativo- de conocer “las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional” (Art. 237-2 C.P.). Con todo, debe advertirse que al señalar la norma que el procedimiento de la acción de nulidad por inconstitucionalidad será el mismo que el de la acción de inexequibilidad, se le está dando una facultad al Consejo de Estado que la Carta Política no contempla. Recuérdese, que sólo los artículos 242, 243 y 244 superiores, se encargan de regular los procesos que se eleven ante la Corte Constitucional, derivados algunos de ellos de las acciones de inexequibilidad que adelante cualquier ciudadano. Además, la norma, al hacer un reenvío al procedimiento de la Corte Constitucional, que obviamente no contempla la suspensión de los actos administrativos que establece el artículo 238 de la Carta Política, desconoce el instituto procesal constitucional de lo contencioso administrativo. Dentro de este mismo contexto, nótese que la cuestionada atribución corresponde a un asunto de orden procesal que, como se ha dispuesto en esta providencia, no es compatible con el objeto de la presente ley estatutaria.

 

Por otra parte, conviene preguntarse: ¿Sobre cuáles decretos se puede pronunciar el Consejo de Estado en ejercicio de la competencia prevista en el numeral 2o del artículo 237 constitucional? La respuesta es evidente: sobre todos los que no estén contemplados dentro de las atribuciones que la Constitución Política confiere a la Corte Constitucional (Art. 241 C.P.). Así, entonces, resulta inconstitucional que el legislador estatutario entre a hacer una enumeración taxativa de los decretos objeto de control por parte del tribunal supremo de lo contencioso administrativo, pues ello no está contemplado en el artículo 237 en comento y tampoco aparece en parte alguna de esa disposición -como sí sucede para el numeral 1o- una facultad concreta para que la ley se ocupe de regular esos temas. Limitar de esa forma los alcances del numeral 2o del artículo 237 de la Carta es a todas luces inconstitucional y, por lo mismo, obliga a la Corte a declarar la inexequibilidad de la siguiente expresión del artículo bajo examen: “ni al propio Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Para tal efecto, la acción de nulidad por inconstitucionalidad se tramitará con sujeción al mismo procedimiento previsto para la acción de inexequibilidad y podrá ejercitarse por cualquier ciudadano contra las siguientes clases de decretos: 1. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades constitucionales y con sujeción a leyes generales, cuadro o marco; 2. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las leyes que le confieren autorizaciones; 3. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las leyes que confieren mandatos de intervención en la economía; y, 4. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades que directamente le atribuye la Constitución y sin sujeción a la ley previa”.

 

En cuanto al último inciso de la norma que se examina, habrá de declararse la inexequibilidad de la expresión “que para estos efectos obra como tribunal constitucional”. En cuanto a la parte restante, como se explicó, resulta ajustado a la Carta Política entender que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo hace las veces de “Consejo de Estado”, para efectos de conocer de la nulidad de los decretos a los que se ha hecho referencia.

 

CAPITULO V

DISPOSICIONES COMUNES

 

ARTICULO 50. DESCONCENTRACION Y DIVISION DEL TERRITORIO PARA EFECTOS JUDICIALES. Con el objeto de desconcentrar el funcionamiento de la administración de justicia, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, para efectos judiciales el territorio de la nación se divide en distritos judiciales o distritos judiciales administrativos y éstos en circuitos. En la jurisdicción ordinaria, los circuitos estarán integrados por jurisdicciones municipales.

 

La división judicial podrá no coincidir con la división político administrativa y se hará procurando realizar los principios de fácil acceso, proporcionalidad de cargas de trabajo, proximidad y fácil comunicación entre los distintos despachos, cercanía del juez con los lugares en que hubieren ocurrido los hechos, oportunidad y celeridad del control ejercido mediante la segunda instancia y suficiencia de recursos para atender la demanda de justicia.

 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Este precepto se limita a fijar la división del territorio nacional, con el fin de lograr una mejor organización y una mayor efectividad en la administración de justicia. Su constitucionalidad, por lo demás, habrá de concordarse con la facultad del Consejo Superior de la Judicatura establecida en el numeral 1o del artículo 257 superior.

 

ARTICULO 51. ORGANIZACION BASICA DE LOS DESPACHOS JUDICIALES. La organización básica interna de cada despacho judicial será establecida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con sujeción a los siguientes parámetros:

 

1.   Las competencias asignadas por la Ley, el volumen promedio de los asuntos y el nivel estimado de rendimiento.

 

2.   Las necesidades que existan en materia de asistencia y asesoría en distintas disciplinas.

 

3.   Los requerimientos reales de personal auxiliar calificado.

 

Para estos efectos se considerarán los informes y estudios presentados por los respectivos Consejos Seccionales y Direcciones Seccionales de Administración Judicial.

 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Esta disposición, al tratarse de asuntos administrativos para el buen funcionamiento de la administración de justicia, concuerda principalmente con las atribuciones otorgadas al Consejo Superior de la Judicatura en los numerales 1o y 5o del artículo 256 y 2o y 3o del artículo 257 superiores. Conviene, sí, aclarar -y así se hará en la parte resolutiva de esta providencia- que la prerrogativa en comento se relaciona únicamente con los despachos judiciales sobre los cuales tiene competencia la referida entidad y, por tanto, al no existir superior jerarquía dentro del contexto constitucional, no puede cobijar la organización propia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación.

 

En estos términos el artículo será declarado exequible.

 

ARTICULO 52. ZONAS JUDICIALES ESPECIALES DE FRONTERA. Créanse las zonas judiciales especiales de frontera. La ley determina su jurisdicción  y funcionamiento.

 

1. Intervención del ciudadano Luis Antonio Castro.

 

El interviniente considera que el artículo 52 de la ley sub-exámine es violatorio del literal b del artículo 152 y del numeral primero del artículo 257 de la Constitución Política. Al respecto, afirma: “De un lado según estas normas, el legislador, por medio de Ley Estatutaria, debe dictar las pautas generales dentro de las cuales el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá su misión y eso lo hace en este aspecto el artículo 89 del proyecto, denominado ‘reglas para la división judicial del territorio’. Por otra parte, no compete al legislador entrar de manera concreta a establecer ‘zonas judiciales especiales de frontera’, puesto que esa es función del Consejo Superior de la Judicatura; y mucho menos, por medio de la ley estatutaria ‘autocomisionarse’ para reglamentar en otras leyes, cuando, en tal hipótesis, debía hacerlo en este mismo proyecto que está para revisión de la Corte Constitucional”.

 

2. Intervención del ciudadano Andrés de Zubiría.

 

El impugnante considera que el artículo en comento es contrario a los mandatos constitucionales, ya que “el carácter que tiene una ley estatutaria, como lo es la de la administración de justicia, es la de regular de manera amplia, general y única, una materia jurídica, lo cual implica, de suyo, que no puede existir reglamentación normativa alguna sobre las mismas materias, porque esto sería inocuo (art. 152, C.P.). Por lo tanto, es abiertamente inconstitucional el artículo 52 precitado del proyecto de ley estatutaria de la justicia, ya que  esta última le delega a la ley (se sobreentiende que será de naturaleza ordinaria), la regulación de una materia, las zonas judiciales de frontera, materia que, reiteramos, es competencia exclusiva de la misma Ley Estatutaria, y no de una Ley Ordinaria.”

 

3. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Los intervinientes consideran que la frase “la ley determinará su jurisdicción y funcionamiento” contenida en el artículo en comento es inconstitucional, ya que, de acuerdo con la Constitución Política, la función de que trata la norma impugnada corresponde al Consejo Superior de la judicatura.

 

4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

De conformidad con lo expuesto a lo largo de esta providencia,  es del resorte propio del legislador, y en particular de una ley estatutaria, crear -o, en este caso, reconocer- algunos despachos judiciales que hagan parte de la rama judicial del poder público, cuando éstos no hubiesen sido consagrados específicamente en la Constitución. Tal es el caso, por ejemplo, de los juzgados y tribunales de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa. Así, dentro de estos términos, la Corte no encuentra objeción alguna a que la ley que se estudia hubiese creado las zonas judiciales de frontera, pues dicha facultad se aviene a la competencia del legislador, prevista en los artículos 150 y 285 de la Carta, para establecer unas reglas con el fin de fijar la división judicial del territorio, tal como lo señala el artículo 89 del proyecto.

 

Con relación a lo expuesto, recuérdese además que el artículo 257 constitucional le confía al Consejo Superior de la Judicatura la división del territorio para efectos judiciales (Num. 1o.), la regulación de los cargos de la administración de justicia (Num. 2o.) y la posibilidad de dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento y organización de los despachos judiciales (Num. 3o.). Si bien se trata de atribuciones que están sujetas a lo que defina el legislador, ello no puede significar que el Congreso se arrogue la facultad absoluta de regular estos asuntos, de forma que la función del Consejo Superior se torne inoperante o, lo que es lo mismo, imposible de desarrollar, habida cuenta de la autonomía que el Constituyente le confirió.

 

En cuanto a los argumentos expuestos por los ciudadanos intervinientes, en el sentido de que el legislador no puede encomendar a la ley ordinaria asuntos que están reservados a las leyes estatutarias, considera la Corte que en este caso la expresión “La ley determinará su organización y funcionamiento”, es exequible bajo el entendido de que será una ley estatutaria -y no una ordinaria- la que se encargue de regular estos asuntos.

 

La norma, en estas condiciones, será declarada exequible.

 

ARTICULO 53. ELECCION DE MAGISTRADOS Y CONSEJEROS. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado proveer las vacantes que se presenten en la respectiva Corporación, de listas superiores a cinco (5) candidatos, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de las cuales por lo menos la mitad deberán pertenecer a la Carrera Judicial. Estos Magistrados no son reelegibles y tomarán posesión ante el Presidente de la República.

 

Con el objeto de elaborar las listas a que se refiere este artículo, el Consejo Superior de la Judicatura invitará a todos los abogados  que reúnan los requisitos y que aspiren a ser Magistrados, para que presenten su hoja de vida y acrediten las calidades mínimas requeridas. Al definir la lista, el Consejo Superior de la Judicatura deberá indicar y explicar las razones por las cuales se incluyen los nombres de los aspirantes que aparecen en ella.

 

El Magistrado que deba ser reemplazado por la llegada a la edad de retiro forzoso, por destitución o por renuncia estará inhabilitado para participar en la elección de su sucesor y en la de cualquier otro integrante de la Corporación que por el mismo tiempo se encuentre en la misma situación.

 

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de los Tribunales, los Jueces y los Fiscales no podrán nombrar a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Así mismo, los citados funcionarios, una vez elegidos o nombrados, no podrán nombrar a personas vinculadas por los mismos lazos con los servidores públicos competentes que hayan intervenido en su postulación o designación.

 

PARAGRAFO 1. La provisión transitoria de las vacantes se hará directamente por cada Corporación o Tribunal y no podrá exceder, en ningún caso, de tres meses.

 

PARAGRAFO 2. Los funcionarios públicos en cuya postulación o designación intervinieron funcionarios de la Rama Judicial, no podrán designar a personas con las cuales los postulantes o nominadores tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Constituye causal de mala conducta la violación a ésta disposición.

 

1. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Los intervinientes manifiestan que la frase “...dentro de los cuales por lo menos la mitad deberá pertenecer a la Carrera Judicial.”, contenida en el inciso primero del artículo 53, es contraria al parágrafo del artículo 232 de la Carta Superior, que en forma expresa señala que para ser magistrado de la Corte Suprema y del Consejo de Estado no es requisito pertenecer a la carrera judicial. Además, afirman que la frase atacada “magnifica y absolutiza la condición constitucional de haber ocupado cargos en la rama Judicial, con el agravante de que en el sistema de la constitución solo quienes lo hubieran hecho durante diez años podrían ingresar a la lista de candidatos, mientras que, en la sistemática de la ley, el ingreso a la Carrera Judicial, que es equivalente al desempeño de cargos en la judicatura solo que con el arreglo a expresiones verbales distintas, bastaría para habilitar, sin consideración a lapso alguno.”

 

De otra parte sostienen que el parágrafo 1 del artículo en comento prevé un método de designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, a saber, el de la cooptación intrínseca o autónoma, distinto del ordenado por la norma constitucional vigente, que, sin establecer diferencias en cuanto a la vinculación definitiva y la transitoria, señala un sistema de cooptación restringida.

 

Con base en los mismos argumentos expuestos, el ciudadano Pedro Augusto Escobar Trujillo solicita la declaratoria de inexequibilidad de la frase citada del inciso primero del artículo 53.

 

2. Intervención de los  ciudadanos Luis Eduardo Rodríguez y María Dorian Alvarez.

 

El ciudadano Rodríguez manifiesta que el inciso cuarto del artículo 53 es  contrario al artículo 13 constitucional, ya que considera que no existe una razón jurídica que impida que un ciudadano que legítimamente se ha sometido a un concurso de méritos y salga favorecido, no pueda ser nombrado juez de la República porque es pariente de alguno de los funcionarios que señala la norma en comento. Así, sostiene que en la forma en que se encuentra redactada la norma impugnada se viola el numeral 2o. del artículo 126 superior, que permite que los servidores públicos nombren parientes suyos en aplicación a las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos.

 

La ciudadana María Dorian Alvarez impugna el mismo inciso, con fundamento en iguales argumentos.

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Al igual que se señaló al analizar los artículos 15 y 34 de la presente ley, correspondientes a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, esta Corporación estima que es viable que a través de una ley estatutaria se defina un número mínimo de candidatos necesarios para proveer los cargos en mención. No ocurre lo mismo con la expresión “dentro de las cuales por lo menos la mitad deberán pertenecer a la carrera judicial”, pues ella claramente contradice lo dispuesto en el parágrafo del artículo 232 constitucional, cuando señala que para ser “Magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrera judicial”. Resulta evidente, entonces, que la norma que se revisa establece una condición que desconoce el citado postulado superior, pues se niega la posibilidad de elegir únicamente magistrados que no hagan parte de la carrera judicial -o de elegir a un número superior a la mitad de los integrantes de cada corporación- cuando la misma norma constitucional permite esta opción.

 

En cuanto al procedimiento contemplado en el inciso segundo, encuentra la Corte que él no desconoce postulado constitucional alguno sino que, por el contrario, garantiza el ejercicio del derecho fundamental a la igualdad y permite que los asociados conozcan las razones que llevaron al Consejo Superior de la Judicatura  a definir la lista de candidatos que se presenta a las respectivas corporaciones, a lo cuál aquellos tienen derecho (Arts. 23 y 228 C.P.).

 

Respecto de los enunciados “por la llegada a la edad de retiro forzoso” y “o por renuncia”, contenidos en el inciso tercero, estima la Corte que se trata de una restricción inconstitucional, injustificada y desproporcionada al magistrado que se encuentre inmerso en una de las alternativas planteadas, pues dentro de esos parámetros el funcionario está en plena libertad de definir el momento y las condiciones bajo las cuales cesará el cumplimiento de sus labores; hasta tanto ello no ocurra, naturalmente seguirá en el ejercicio de sus atribuciones, y, dentro de ellas, se incluye la potestad de participar en la elección de su sucesor. Por el contrario, la situación de quien ha sido destituido sí justifica plenamente la referida inhabilidad, toda vez que se trata de una sanción al magistrado y, por tanto, es razonable que a él se le prohiba hacer parte de una decisión tan importante como es la elección de un magistrado de la respectiva Corporación.

 

Por último, conviene señalar que el parágrafo primero de la norma que se revisa consagra un mecanismo de provisión de vacantes, que responde a los asuntos de los cuales se debe ocupar una ley estatutaria y que en nada afecta la naturaleza y el funcionamiento de las corporaciones allí enunciadas. En lo que atañe al inciso cuarto y al parágrafo segundo, es preciso establecer que ellos se limitan prácticamente a reproducir el mandato consagrado en el artículo 126 de la Carta, razón por la cual es evidente su constitucionalidad.

 

En conclusión, la norma será declarada exequible, salvo las expresiones “dentro de las cuales por lo menos la mitad deberán pertenecer a la carrera judicial”, “por la llegada a la edad de retiro forzoso” y “o por renuncia”, que serán declaradas inexequibles.

 

ARTICULO 54. QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Todas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la Corporación, sala o sección, salvo lo previsto en el artículo 37-7 de la presente Ley o cuando se trate de elecciones, en cuyo caso se efectuará por las dos terceras partes de los integrantes de la Corporación.

 

Es obligación de todos los Magistrados participar en la deliberación de los asuntos que deban ser fallados por la Corporación en pleno y, en su caso, por la sala o la sección a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la Corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo. La violación sin justa causa de este deber es causal de mala conducta.

 

El reglamento interno de cada corporación señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus salas y sus secciones celebrarán reuniones para la deliberación de los asuntos jurisdiccionales de su competencia.

 

Cuando quiera que el número de los Magistrados  que deban separarse del conocimiento de un asunto jurisdiccional por impedimento o recusación o por causal legal de separación del cargo disminuya el de quienes deban decidirlo a menos de la pluralidad mínima prevista en el primer inciso, para completar ésta se acudirá a la designación de conjueces.

 

1. Intervención del apoderado de ASONAL JUDICIAL.

 

El apoderado de la interviniente considera que la frase “salvo lo previsto en el artículo 37-7 de la presente Ley o cuando se trate de elecciones, en cuyo caso se efectuará por las dos terceras partes de los integrantes de la Corporación” es inexequible, con fundamento en los mismos argumentos expuestos en relación con el numeral séptimo del artículo 37 de la ley que se revisa.

 

2. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Los mencionados ciudadanos solicitan que se declare inexequible la frase “...para completar ésta se acudirá a la designación de conjueces”, contenida en el inciso final del artículo 54, con fundamento en los argumentos que señalan más adelante, referentes al artículo 61 de la ley sub-exámine.

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Esta disposición contempla los requisitos necesarios para que los miembros de las corporaciones o de sus secciones o salas participen en forma directa y responsable en la toma de las decisiones de su competencia, todo ello de conformidad con el funcionamiento que para cada corporación judicial defina el respectivo reglamento. Asimismo, prevé, siguiendo el principio general consagrado en la Carta Política, que las deliberaciones y votaciones se regirán por el mecanismo de votación mayoritaria, en los términos que también defina el reglamento interno de cada corporación judicial. Por ello, y considerando que resultan igualmente aplicables al precepto bajo examen las razones expuestas al analizar el artículo 37-7 del proyecto de ley, deberá ser declarada inexequibile la siguiente frase: “salvo lo previsto en el artículo 37-7 de la presente Ley o cuando se trate de elecciones, en cuyo caso se efectuará por las dos terceras partes de los integrantes de la Corporación”.

 

En cuanto al último inciso, que permite la designación de conjueces cuando se afecte la pluralidad mínima necesaria para la toma de decisiones, habrá de declararse su exequibilidad de acuerdo con los criterios que se expondrán al analizar el artículo 61 del presente proyecto de ley.

 

ARTICULO 55. ELABORACION DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES. Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales.

 

La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras:

 

“Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley”

 

En desarrollo del principio de eficiencia, en las providencias no se podrá hacer la transcripción  integral de las diligencias judiciales, decisiones o conceptos que obren en el proceso. Así mismo, en ningún caso le será permitido al funcionario ni a los sujetos procesales, hacer calificaciones ofensivas respecto de las personas que intervienen, debiendo limitarse al examen de los hechos y a las conclusiones jurídicas que de ellos se deriven.

 

La pulcritud del lenguaje y su rigorismo jurídico; la claridad, la precisión y la concreción de los hechos materia de los debates y de las pruebas que los respaldan y las conclusiones jurídicas a que haya lugar, así como el aporte razonado a la ciencia jurídica que los Magistrados y Jueces hagan en las providencias judiciales, se tendrán en cuenta como factores esenciales en la evaluación del factor cualitativo de la calificación de sus servicios.

 

1. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

De acuerdo con los argumentos expuestos al analizar los principios que informan el proyecto de ley estatutaria, no cabe duda que la más trascendental de las atribuciones asignadas al juez y la que constituye la esencia misma del deber constitucional de administrar justicia, es la de resolver, con imparcialidad, en forma oportuna, efectiva y definitiva los asuntos que los sujetos procesales someten a su consideración (Art. 228 C.P.). Para ello, es indispensable, como acertadamente se dice al inicio de la disposición que se revisa, que sean analizados todos los hechos y asuntos planteados dentro del debate judicial e, inclusive, que se expliquen en forma diáfana, juiciosa y debidamente sustentada, las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los cargos que fundamenten el caso en concreto.

 

Ahora bien, la norma bajo examen establece que la parte resolutiva de todas las sentencias estará precedida de las siguientes palabras: “Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley”. Al respecto, debe señalarse -en primer lugar- que, para la Corte, se trata de un asunto que puede ser definido en una ley estatutaria de administración de justicia y que en nada vulnera los preceptos constitucionales.

 

En segundo lugar, nótese que la frase en comento resulta aplicable a todas las sentencias que profieran los despachos y corporaciones del país. Así, administrar justicia en nombre de la República significa, en su sentido clásico, que se está realizando una tarea en representación de la cosa pública -res publica-, es decir de aquello que le es común a todo el pueblo. Como lo señala Cicerón, hay cosas que se le deben al pueblo por naturaleza o por convención; dentro de las primeras se encuentran los asuntos públicos y dentro de estos se halla la justicia. Así, ésta se constituye en un principio máximo de la república, que debe ser siempre dirigido hacia el pueblo, aunque en el momento de satisfacer el derecho se concrete en cada persona singular y concreta. En consecuencia, si la justicia se constituye en un fin que le pertenece al  pueblo, entonces la administración de la misma también habrá de ser suya. Por ello, la frase en mención no sólo implica que se está ejerciendo una labor en representación de todos los asociados sino también en virtud de un mandato que ellos han establecido.

 

De igual forma, al referirse la expresión a la autoridad de la ley, es necesario entender ese término en su acepción más amplia o genérica, es decir, como aquél precepto dictado por una autoridad competente, a través del cual se manda, se permite o se prohibe algo, de conformidad con la justicia, el interés general y el bienestar común. Sin embargo, la Corte advierte expresamente que la fórmula “en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución”, contenida en el artículo 20 del Decreto 2067 de 1991, que determina el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional (Artículo Transitorio 23 de la Constitución), no puede ser modificada por lo dispuesto en el artículo 55 del proyecto de ley que se examina, por ser una norma procesal especial para la Corte Constitucional.

 

Por otra parte, la expresión “En desarrollo del principio de eficiencia, en las providencias no se podrá hacer la transcripción integral de las diligencias judiciales, decisiones o conceptos que obren en el proceso. Así mismo en ningún caso le será permitido al funcionario ni a los sujetos procesales, hacer calificaciones ofensivas respecto de las personas que intervienen, debiendo limitarse al examen de los hechos y a las conclusiones jurídicas que de ellos se deriven.”, deberá declararse inconstitucional, pues se trata de una limitación que atenta contra la autonomía del juez para que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, pueda fundamentar y justificar en la forma que mejor le parezca y de acuerdo con su sano criterio, las decisiones que adopte. Mal podría, entonces, la ley prohibir que el administrador de justicia transcriba, si lo juzga pertinente, toda una diligencia judicial que, por su trascendencia, defina el resultado de un proceso.

 

En igual sentido, los enunciados “y su rigorismo jurídico”, así como “y las conclusiones jurídicas a que haya lugar, así como el aporte razonado a la ciencia jurídica”, vulneran también la autonomía del juez y se tornan en elementos subjetivos de evaluación de éste por su superior, que, a todas luces, aparecen desproporcionados con el objetivo mismo de la norma que se revisa. En efecto, las frases que se cuestionan implicarían que si el superior jerárquico de quien ha tomado una decisión judicial no comparte, por ejemplo, las conclusiones jurídicas a las que hubiese llegado el juez de inferior jerarquía, en ejercicio de su poder de interpretación -así tuviesen pleno fundamento- ello entonces daría pie para no lograr una adecuada calificación de los servicios, en cuanto al factor cualitativo se refiere.

 

En conclusión, la norma bajo examen se declarará exequible bajo las condiciones previstas en esta providencia, salvo las expresiones “En desarrollo del principio de eficiencia, en las providencias no se podrá hacer la transcripción integral de las diligencias judiciales, decisiones o conceptos que obren en el proceso. Así mismo en ningún caso le será permitido al funcionario ni a los sujetos procesales, hacer calificaciones ofensivas respecto de las personas que intervienen, debiendo limitarse al examen de los hechos y a las conclusiones jurídicas que de ellos se deriven”, “y su rigorismo jurídico”, e “y las conclusiones jurídicas a que haya lugar, así como el aporte razonado a la ciencia jurídica”.

 

 

ARTICULO 56 FIRMA Y FECHA DE PROVIDENCIAS Y CONCEPTOS. El reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados. En dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o la aclaración del voto los motivos de los Magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. La sentencia tendrá la fecha en que se adopte.

 

1. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Esta norma responde a las materias propias de una ley estatutaria de administración de justicia y, además, respeta la autonomía de las corporaciones allí señaladas para fijar los aspectos formales y procedimentales relativos a la expedición de sentencias, dictámenes o conceptos. Se trata, pues, de una regulación que, no sobra advertirlo, permite derogar o modificar la normatividad ordinaria hasta ahora vigente, que se ocupa de regular estos asuntos en cada una de esas entidades judiciales, como es el caso, para la Corte Constitucional, del Decreto 2067 de 1991.

 

Con todo, deberá advertirse que, para efectos de conocer oportunamente las decisiones adoptadas, el reglamento interno de cada Corporación deberá fijar un término perentorio en caso de que un magistrado decida dejar constancia de su aclaración o de su salvamento de voto por escrito. Lo anterior, se aplica en iguales términos a la facultad de disentir que le asiste a los miembros de las corporaciones no jurisdiccionales que hacen parte de la rama judicial, como es el caso de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

 

El artículo, bajo estas condiciones, será declarado exequible.

 

ARTICULO 57. PUBLICIDAD Y RESERVA DE LAS ACTAS. Son de acceso público las actas de las sesiones de la Sala Plena y de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales y de las corporaciones citadas en el inciso anterior, y los documentos otorgados por los funcionarios de la Rama Judicial en los cuales consten actuaciones y decisiones de carácter administrativo.

 

También son de acceso público las actas de las sesiones de la Sala Plena de la Corte Constitucional, de las Salas y Secciones del Consejo de Estado y de los Tribunales Administrativos y de las Salas de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en las cuales consten los debates, actuaciones y decisiones judiciales adoptadas para propugnar  por la integridad del orden jurídico, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo de carácter general y para la protección de los derechos e intereses colectivos frente a la omisión o acción de las autoridades públicas.

 

Las actas de las sesiones de las Salas y Secciones de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la  Judicatura, de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales y de los Tribunales en las cuales consten actuaciones y decisiones judiciales o disciplinarias de carácter individual, de grupo o colectivos, son reservadas excepto para los sujetos procesales, sin perjuicio de  las atribuciones de las autoridades competentes. Son de acceso público las decisiones que se adopten.

 

1. Intervención del apoderado de ASONAL JUDICIAL y del ciudadano Andrés de Zubiría.

 

El representante de ASONAL JUDICIAL considera que el inciso tercero del artículo 57 es violatorio del artículo 74 superior, que, a su juicio, establece el principio de la publicidad que rige el actuar del Estado.

 

Por su parte, el ciudadano Andrés de Zubiría solicita que se declare la inconstitucionalidad del inciso en comento del artículo 57, toda vez que estima que resulta violatorio del derecho a la información y del derecho a la divulgación del pensamiento, consagrados en los artículos 20 y 2o. de la Constitución Política.

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la Carta, las actuaciones que se realicen en ejercicio de la administración de justicia serán públicas, con las excepciones que determine la ley. Asimismo, el artículo 74 superior garantiza el derecho de todas las personas de acceder a los documentos públicos, con arreglo a las limitaciones que defina el legislador. Como puede apreciarse, dentro de este marco constitucional resulta exequible la regulación de que trata la norma bajo análisis, pues ella determina los casos en los cuales las actas de las corporaciones que allí se enuncian serán públicas, salvo que se trate de uno de los eventos contemplados en su inciso tercero. En otras palabras, se trata de una medida que garantiza el derecho y el deber que consagran las normas constitucionales citadas, pero que, igualmente, establece unas reservas o excepciones que cuentan también con pleno respaldo en la Carta Política.

 

Dentro de estos parámetros deberá advertirse que el acceso público a las actas de las sesiones que se lleven a cabo en las corporaciones de que trata el artículo 57, deberá estar condicionado a su previa aprobación, pues sólo hasta ese entonces las decisiones que se hayan adoptado en la correspondiente sesión habrán quedado en firme e, igualmente, los integrantes de cada corporación  podrán haber revisado el contenido de las actas, con el fin de verificar que en ellas se consigne adecuadamente su deliberación y la votación en cada debate. En iguales términos, entiende la Corte que el levantamiento de la reserva de las actas, tiene efectos hacia el futuro, esto es, a partir de la vigencia de la ley estatutaria sobre administración de justicia.

 

El artículo, bajo estas condiciones, será declarado exequible.

 

ARTICULO 58 MEDIDAS CORRECCIONALES. Los Magistrados, los Fiscales y los Jueces tienen la facultad correccional, en virtud de la cual pueden sancionar tanto a los funcionarios y empleados de su dependencia como a los particulares, en los siguientes casos:

 

1.   Cuando el particular les falte al respeto con ocasión del servicio o por razón de sus actos oficiales o desobedezca órdenes impartidas por ellos en ejercicio de sus atribuciones legales.

 

2.   Cuando el funcionario o empleado de su dependencia cometa actos que atenten contra la prestación normal del servicio u omitan el cumplimiento de deberes inherentes al funcionamiento ordinario del despacho.

 

3.   Cuando cualquier persona asuma comportamientos contrarios a la solemnidad que deben revestir los actos jurisdiccionales, o al decoro que debe imperar en los recintos donde éstos se cumplen.

 

PARAGRAFO. Las medidas correccionales a que se refiere este artículo, no excluyen la investigación, juzgamiento e imposición de sanciones disciplinaria ni penales a que los mismos hechos pudieren dar origen.

 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

El precepto que se revisa busca que magistrados, fiscales y jueces hagan prevalecer y preservar la dignidad de la justicia, pues esto no sólo es compromiso de los funcionarios y empleados que hacen parte de la rama judicial sino que, con igual énfasis, se reclama deferencia y respeto hacia aquellos de parte de los particulares que acceden a los estrados judiciales. Ahora bien, la norma en comento plantea la posibilidad de sancionar tanto a servidores públicos como a los particulares que incurran en algunas de las causales allí contempladas. Sin embargo, conviene aclarar que la disposición confunde la potestad correccional con la  facultad disciplinaria, cuando ésta última realmente es aplicable únicamente a los servidores públicos bajo la competencia y procedimiento que se encuentra regulado en la Constitución y en la ley, más exactamente, en la Ley 200 de 1995 “Código Disciplinario Unico”. Así las cosas, y atendiendo lo señalado por la Corte en esta providencia, los asuntos disciplinarios no deben hacer parte de una ley estatutaria sobre administración de justicia, so pena de violar los artículos 150-23, 152 y 158 de la Carta. En consecuencia, deberá declararse la inexequibilidad del numeral 2o, así como de las expresiones “tanto a los funcionarios y empleados de su dependencia” prevista en el inciso primero; y “disciplinarias”, contenida en el parágrafo.

 

Por otra parte, encuentra la Corte que la facultad del funcionario judicial de adoptar medidas correccionales frente a los particulares que incurran en alguna de las causales que justifican la adopción de medidas sancionatorias, tiene fundamento en el respeto que se le debe a la administración de justicia, eso sí sin perjuicio de otras determinaciones que puedan adoptar las demás autoridades competentes. Lo anterior -valga anotarlo- tampoco significa sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho, esto es, contrariar al principio “non bis in idem”, toda vez que se trata de determinaciones de naturaleza particular tomadas para cada caso por autoridades de competencia también diferente.

 

Finalmente, debe precisarse que el numeral 3o es exequible bajo el entendido de que los “comportamientos contrarios a la solemnidad”, deben ser en sí mismos irrespetuosos y lesivos de la dignidad de la Justicia y el acatamiento debido a ella.

 

El artículo, bajo estas condiciones, será declarado exequible, salvo el numeral 2o, y las expresiones “tanto a los funcionarios y empleados de su dependencia”, prevista en el inciso primero; y “disciplinarias ni”, contenida en el parágrafo.

 

ARTICULO 59. PROCEDIMIENTO. El magistrado o juez hará saber al infractor que su conducta acarrea la correspondiente sanción y de inmediato oirá las explicaciones que éste quiera suministrar en su defensa. Si éstas no fueren satisfactorias, procederá a señalar la sanción en resolución motivada contra la cual solamente procede el recurso de reposición interpuesto en el momento de la notificación. El sancionado dispone de veinticuatro horas para sustentar y el funcionario de un tiempo igual para resolverlo.

 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Este artículo garantiza debidamente un debido proceso (Art. 29 C.P.), el derecho de defensa, y la posibilidad de cuestionar la decisión que imponga la medida sancionadora. En consecuencia, no merece reparo de constitucionalidad alguno, no sin antes aclarar que, no obstante tratarse de una disposición de orden procedimental, su contenido se encuentra inescindiblemente ligado con el citado derecho fundamental y, por ende, debe hacer parte de una ley estatutaria de justicia.

 

La norma será declarada exequible.

 

ARTICULO 60. SANCIONES. Cuando se trate de un particular, la sanción correccional consistirá, según la gravedad de la falta, en multa hasta de diez salarios mínimos mensuales o de suspensión sin derecho a sueldo hasta por cinco días, tratándose de funcionarios o empleados.

 

Contra las sanciones correccionales sólo procede el recurso de reposición, que se resolverá de plano.

 

1. Intervención del ciudadano  Pedro Pablo Camargo.

 

El interviniente considera que se debe declarar la inexequibilidad de los artículos 58, 59 y 60 de la ley que se revisa. En primer lugar, afirma que las medidas correccionales son contrarias al artículo 6o. de la Carta Superior, ya que no se puede sancionar a un particular por “faltarle el respeto” a los funcionarios judiciales señalados en las normas atacadas, o cuando asuman conductas “contrarias a la solemnidad que deben revestir los actos jurisdiccionales.” Señala que se trata de conductas subjetivas que encajan en las reglas de convivencia social, antes que en una norma jurídica.

 

En segundo lugar considera que las medidas correccionales contra los particulares previstas en los citados artículos son contrarias al artículo 23 de la Carta Política, ya que “el derecho de petición exige que las peticiones que se presenten ante la autoridad sean respetuosas, es decir que no contengan agravios o insultos, y la sanción consiste en que no se dará trámite. Pero de ahí a imponer a los peticionarios ‘sanción correccional’ consistente en ‘multa hasta de diez salarios mínimos mensuales’, es un escamoteo al derecho de petición que sólo exige que, para su trámite, sea ‘respetuosa’. “

 

En tercer lugar, estima que las normas son violatorias del derecho al debido proceso, ya que permiten unas medidas de tipo correccional en las que el funcionario presuntamente agraviado sería el mismo que impondría las sanciones, dejando de lado la imparcialidad que debe gobernar todo tipo de actuación.

 

Finalmente, afirma que los artículos 58, 59 y 60 son contrarios al artículo 230 de la Constitución Política, ya que en las situaciones previstas en las normas impugnadas, el juez estaría sometido a sus apreciaciones subjetivas y no al imperio de la ley.

 

2- Intervención del apoderado de ASONAL JUDICIAL

 

El mandatario judicial de la interesada sostiene que los numerales 2o. y 3o. del artículo 58, al igual que los artículos 59 y 60, son contrarios a los artículos 113 y 228 de la Carta Política, ya que otorgan a los funcionarios judiciales unas facultades que le son propias de la Procuraduría General de la Nación y a la Justicia Penal.

 

Al igual que el ciudadano Camargo, considera que la aplicación de las normas cuestionadas viola el debido proceso, porque se desconoce la independencia e imparcialidad, ya que , al mismo tiempo se es juez y parte, y se viola el principio de la doble instancia, toda vez que las normas tratan de un procedimiento en única instancia.

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Al igual que se expresó para los artículos anteriores, debe insistirse en que la facultad de imponer una multa a un particular, como consecuencia de haber cometido alguna de las actuaciones descritas en el artículo 58, se relaciona propiamente con el régimen correccional. Por ello, en lo que atañe a los asuntos disciplinarios, como son los contenidos en la expresión “o de suspensión sin derecho a sueldo hasta por cinco días, tratándose de funcionarios o empleados”, éstos deben hacer parte del Código Disciplinario Unico y no de una ley estatutaria como la que se revisa.

 

En cuanto al cuestionamiento que los intervinientes hacen a la norma, la Corte considera que ella se limita a establecer una consecuencia lógica de lo previsto en las disposiciones anteriores, eso sí, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Valdría agregar, como en varias oportunidades lo ha señalado esta Corporación, que el hecho de que la decisión de imponer la multa sólo pueda ser cuestionada mediante el recurso de impugnación, en nada significa que se vulnere el artículo 29 superior. De igual forma, no considera la Corte que el presente asunto trate de una atribución que comprometa las funciones de los otros órganos del Estado, pues -como se estableció- se trata de efectos y competencias diferentes frente a una misma situación. Piénsese, por ejemplo, que si un particular utiliza términos supuestamente desobligantes, el juez podría adoptar la “medida correccional”, sin que ello signifique que automáticamente deba prosperar algún otro tipo de sanción, pues ello depende de la valoración y de la decisión autónoma del órgano competente.

 

El artículo será declarado exequible, excepto la expresión “o de suspensión sin derecho a sueldo hasta por cinco días, tratándose de funcionarios o empleados”, que será declarada inexequible.

 

ARTICULO 61. DE LOS CONJUECES. Serán designados conjueces, de acuerdo con las leyes procesales y los reglamentos de las corporaciones judiciales, las personas que reúnan los  requisitos para de desempeñar los cargos en propiedad, las cuales en todo caso no podrán ser miembros de las corporaciones públicas, empleados o trabajadores de ninguna entidad que cumpla funciones públicas durante el período de sus funciones. Sus servicios serán remunerados.

 

Los conjueces tienen los mismos deberes que los Magistrados y estarán sujetos a las mismas responsabilidades de éstos.

 

1. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Afirman los interesados que “el artículo 61 viola el 116 de la Constitución Política, el cual establece, como un principio rector de la estructura del Estado la organización de la función pública de administrar justicia a través de órganos permanentemente investidos de jurisdicción también en forma permanente, los cuales enumera en forma taxativa”. Así, afirman que “los particulares están excluidos de la función judicial y no pueden concurrir a prestarla, (en condición de 'jueces, se entiende), en ninguna circunstancia. En otras palabras se es juez o se es particular. De allí que a ésta última categoría de individuos la Constitución solo les permita el acceso al ejercicio de función jurisdiccional por modo excepcional, y nunca en la condición de 'juez' sino como árbitros y conciliadores”.

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

La Corte encuentra que este artículo interpreta fielmente la Constitución y no quebranta ninguna de sus normas, como se explica en seguida.

 

No es aceptable el argumento de que el artículo 116, en su inciso cuarto, solamente permite que los particulares sean investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros. Esta limitación no se refiere para nada a los conjueces, porque éstos, cuando administran justicia no lo hacen como particulares sino como verdaderos servidores públicos en cada caso concreto, como se demostrará.

 

Si el artículo 116 no menciona los conjueces, ello se debe a una razón diferente: el constituyente no juzgó necesario hacerlo, precisamente porque jamás había existido conflicto o polémica en torno a esta institución. Tradicionalmente se había aceptado su existencia, basada, precisamente, en su calidad de servidores públicos con carácter transitorio. Por el contrario, en tratándose de los tribunales de arbitramento había quienes sostenían la inconstitucionalidad de las normas legales que permitían su conformación. Por ello, la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercía el control constitucional, determinó la exequibilidad de tales normas, con base en el artículo 58 de la anterior Constitución, según el cual administraban justicia la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y los demás Tribunales y Juzgados que estableciera la ley. Entre estos otros tribunales que la ley podía establecer, estaban los de arbitramento, según la Corte Suprema.

 

La Asamblea Nacional Constituyente en 1991, estimó necesario clausurar todo debate al respecto: así se explica el inciso final del artículo 116 de la actual Constitución.

 

El caso de los conjueces es esencialmente distinto, y por eso se repite, no se reguló en el artículo 116, expresamente. En primer lugar, los conjueces, cuando actúan en los negocios en que son llamados, lo hacen como servidores públicos. Periódicamente las cortes y tribunales integran las listas de conjueces, de conformidad con la ley que permite su funcionamiento. En el caso concreto de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la Constitución al prever que la ley les asigne otras funciones (numerales 7 y 6 de los artículos 234 y 237, respectivamente) permite al legislador regular lo relativo a los conjueces. En el caso de la Corte Constitucional, la Constitución ha sido aún más expresa.

 

Desde el momento en que aceptan su nombramiento como conjueces, adquieren los designados una calidad especial: la de estar en posibilidad de ser llamados a administrar justicia en determinados negocios. Y cuando este llamamiento ocurre, el conjuez no sólo debe aceptarlo, sino posesionarse y prestar el juramento correspondiente. Posesionado, es ya un servidor público, para todos los efectos legales en relación con el negocio en que actúe. Servidor público especial, sui generis, pero servidor público, con unas funciones determinadas en la ley y los reglamentos, como lo prevé el artículo 122 de la Constitución.

 

A todo lo cual cabe agregar esto: resulta inaceptable la tesis de que todo lo relativo al funcionamiento de Cortes y Tribunales esté previsto en la Constitución. La ley que regula lo referente a los conjueces permite el funcionamiento de estas corporaciones y para ello debe contener las previsiones correspondientes, siempre y cuando no quebranten la Constitución. Algo semejante ocurre con los peritos y secuestres, auxiliares de la justicia tampoco previstos en forma expresa en la Constitución, pero sí en la ley.

 

En relación con la Corte Constitucional, son pertinentes estas explicaciones.

 

La reforma constitucional de 1968, en su artículo 71, creó la Sala Constitucional. En virtud de las facultades conferidas al Gobierno por el artículo 76, transitorio, el Gobierno quedó autorizado para dictar “las normas relativas a su funcionamiento y las procedimentales para el estudio y despacho de los asuntos a su cargo”. En ejercicio de estas facultades, el Presidente de la República dictó el decreto 432 de 1969. En tal decreto se contempló expresamente la institución de los conjueces.

 

Pues bien: el artículo transitorio 23 de la Constitución ahora vigente, facultó al Presidente de la República para dictar el decreto sobre “el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”. En ejercicio de estas facultades se dictó el decreto 2067 de septiembre 4 de 1991 y en el inciso 3 del artículo transitorio 23 se estableció:

 

"Mientras se expide el decreto previsto en el inciso primero, el funcionamiento de la Corte Constitucional y el trámite y despacho de los asuntos a su cargo, se regirán por las normas pertinentes del Decreto 432 de 1969".

 

Es claro que la determinación de aplicar el decreto 432 de 1969, demuestra inequívocamente la voluntad de permitir la existencia de los conjueces. De lo contrario, se habría dispuesto la aplicación del decreto mencionado, salvo en lo relativo a los conjueces. Y así lo habría dicho el artículo 23 citado, expresamente.

 

Todo lo expuesto indica a las claras que la Asamblea Nacional Constituyente no sólo no prohibió los conjueces, sino que los autorizó expresamente, al menos en el caso de la Corte Constitucional. Y no sería lógico afirmar la existencia de una supuesta prohibición tácita para las demás corporaciones judiciales.

 

Por todo lo señalado, la Corte declarará la exequibilidad de la disposición que  se examina, con la advertencia de que todo lo relativo al funcionamiento de los conjueces, se regula por los códigos y por las demás leyes ordinarias vigentes y que se dicten en el futuro.

 

ARTICULOS 62 CONFORMACION DEL JUEZ PLURAL. En adelante corresponderá a la ley ordinaria definir el número de salas, secciones y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. 

 

1. Intervención de los ciudadanos Carlos Villalba y Hernando Yepes.

 

Los interesados consideran que el artículo 62 es contrario al artículo 152 constitucional, ya que la ley estatutaria no puede autorizar a una ley ordinaria la definición del número de salas, secciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

La Corte encuentra que la definición del número de salas, secciones y magistrados de todas las corporaciones judiciales, es de reserva exclusiva de una ley estatutaria (Art. 152-b C.P.). Por lo demás, como se ha dicho, no es posible que el legislador estatutario delegue asuntos que le son propios en el legislador ordinario, toda vez que ello -como lo anotan los intervinientes- vulnera el artículo 152 de la Carta Política que le encarga de manera expresa y terminante a la ley estatutaria la regulación de ciertos temas, entre los cuales figura el de administración de justicia. Suponer entonces que mediante una ley ordinaria se puedan suplir vacíos que resulten en el texto de una ley estatutaria, significa desconocer el propósito mismo del precepto superior citado.

 

De otra parte, nótese que la delegación prevista resulta a todas  luces contradictoria, pues jurídica y constitucionalmente no es factible entender cómo o bajo qué criterios la ley ordinaria puede ocuparse de asuntos que -se insiste- la misma ley estatutaria ya se ha encargado de definir. Así, por ejemplo, el artículo 36 del presente proyecto establece el número de secciones que habrán de conformar la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mientras que la disposición que se examina faculta a la ley ordinaria determinar lo propio. Las anteriores razones resultan suficientes para declarar la inexequibilidad del precepto en cuestión, no sin antes reiterar que dentro de las materias que son del resorte de una ley estatutaria de administración de justicia está la de señalar el número de magistrados y de las salas y secciones que conforman las altas corporaciones de la rama judicial, como son, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

 

El artículo será declarado inexequible.

 

 

ARTICULO 63. DESCONGESTION. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en caso de congestión de los Despachos Judiciales, podrá regular la forma como las Corporaciones pueden redistribuir los asuntos que tengan para fallo entre los Tribunales y Despachos Judiciales que se encuentren al día; seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el Juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en procesos que estén conociendo otros jueces.

 

Igualmente, podrá crear, con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores o de fallo, de acuerdo con la ley de presupuesto.

 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

El presente artículo constituye una interpretación del principio constitucional de que la administración de justicia debe ser pronta y eficaz, el cual ya ha sido analizado en esta sentencia. Es con este propósito, que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá redistribuir los asuntos pendientes para fallo entre los distritos tribunales o despachos judiciales, función ésta que se podrá llevar a cabo siempre y cuando no se alteren las garantías procesales con que cuentan los asociados para la resolución de sus conflictos. Conviene aclarar que, al igual que se explicó a en torno al artículo 51 del presente proyecto la facultad consagra en la norma bajo examen no se extiende a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, porque la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no es constitucionalmente superior jerárquico de estas corporaciones y, por tanto, no pueden las decisiones que adopte sobre este particular tener efectos obligatorio sobre ellas.

 

Bajo esta condición, el artículo será declarado exequible.

 

 

 

ARTICULO 64. COMUNICACION Y DIVULGACION. Ningún servidor público podrá en materia penal o disciplinaria divulgar, revelar o publicar las actuaciones que conozca en ejercicio de sus funciones y por razón de su actividad, mientras no se encuentre en firme la resolución de acusación o el fallo disciplinario, respectivamente.

 

Por razones de pedagogía jurídica, los funcionarios de la rama judicial podrán informar sobre el contenido y alcance de las decisiones judiciales una vez haya concluido el respectivo proceso mediante decisión ejecutoriada. Tratándose de corporaciones judiciales, las decisiones serán divulgadas por conducto de sus presidentes. En todo caso, no podrán emitir opiniones sobre las decisiones proferidas por ellos. La infracción a la norma contenida en este artículo constituye causal de mala conducta.

  

Las decisiones en firme podrán ser consultadas en las oficinas abiertas al público que existan en cada corporación para tal efecto o en las secretarías de los demás despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a los archivos y bases de datos que contengan las providencias judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducción exacta por cualquier medio técnico adecuado, las cuales deberán expedirse, a costa del interesado.

 

PARAGRAFO. En el término de tres meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, será contratada la instalación de una red que conecte la oficina de archivos de las  sentencias de la Corte Constitucional con las  Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del Congreso de la República y de las secciones de leyes.

 

1. Intervención del ciudadano Andrés de Zubiría.

 

El interviniente afirma que la frase “En todo caso, no podrán emitir opiniones sobre las decisiones proferidas por ellos”, contenida en el inciso segundo de la norma en comento es inexequible, ya que constituye una “restricción al derecho de los magistrados a la divulgación de sus opiniones y conceptos, luego de producidos los fallos judiciales”.

 

2. Intervención del apoderado de ASONAL JUDICIAL.

 

Afirma el interviniente que el artículo 64 es inconstitucional, “en la medida en que pretende dar una reserva absoluta hasta el fallo en firme a las investigaciones disciplinarias lo cual no cabe ni en el procedimiento penal”.

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

El inciso primero de la norma que se examina, busca asegurar la reserva de los asuntos que están sometidos a la consideración de los jueces, hasta tanto no se adopte una decisión definitiva. Con ello se pretende garantizar que los asociados no conozcan previamente los conceptos o las opiniones que un administrador de justicia tenga respecto de un asunto en particular, con lo cual se atentaría contra los principios de imparcialidad y transparencia que deben inspirar siempre la actividad de los jueces. En ese orden de ideas, deberá señalarse que el precepto en comento resulta constitucional, siempre y cuando se entienda que la expresión “servidor público” hace alusión a quienes administran justicia, y que el término “disciplinario” se refiere exclusivamente a las decisiones que adopte la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o las salas disciplinarias de los consejos seccionales (Art. 256 C.P.), pues resultaría ajeno a las materias propias de una ley estatutaria sobre administración de justicia pretender que los efectos de sus disposiciones cobijen también, en estos eventos, a otras ramas u órganos del poder público.

 

De otro lado, en atención a que el principio constitucional general aplicable a las actuaciones que se adelanten por los órganos del Estado es la publicidad, la reserva tiene carácter excepcional y es de interpretación restrictiva. Le corresponde a la ley, dentro del marco de la Constitución, establecer en términos de razonabilidad y proporcionalidad, la extensión de la respectiva reserva. De ahí que la constitucionalidad, en este caso, se condicione, igualmente, a la posibilidad de comunicar las informaciones que de conformidad con la ley, no están sujetas a reserva y, en este evento, deberá también permitirse el acceso público a las mismas.

 

Por lo demás, debe la Corte aclarar que, en lo que se refiere a los procesos que se adelanten en el Congreso de la República contra los funcionarios que gozan de fuero constitucional especial, en los términos de los artículos 174, 175 y 178 de la Carta, salvo que exista reserva legal expresa, la disposición no es aplicable, habida cuenta de la naturaleza pública que caracteriza esta clase de juicios.

 

En lo que atañe al inciso segundo, debe decirse que guarda estrecha relación con lo dispuesto en el artículo 57, ya analizado. Con todo, es necesario puntualizar que la facultad de informar el contenido y alcance de las providencias por parte de los funcionarios judiciales, no es asimilable al acto procesal de notificación a las partes. En el primer evento, que es realmente el contemplado en la norma, se trata de una declaración pública en la que se explican algunos detalles importantes de la sentencia proferida, bajo el supuesto obvio de que el administrador de justicia no se encuentra obligado a dar a conocer aquellos asuntos que son objeto de reserva legal. Por el contrario, el segundo caso, implica una relación procesal entre el juez y las partes, a través de la cual se brinda la oportunidad a éstas de conocer el contenido íntegro de la providencia y de interponer, dentro de los lineamientos legales, los respectivos recursos.

 

Por otra parte, estima la Corte necesario declarar la inexequibilidad de la expresión “una vez haya concluido el respectivo proceso mediante decisión ejecutoriada”, contenida en ese mismo inciso segundo, pues con ello, en primer lugar, se vulneran la autonomía del juez y el derecho de los asociados de recibir información veraz y oportuna (Art. 20 C.P.) y, además, se convertiría en excepción el principio general contenido en la Carta de que las actuaciones de la administración de justicia serán públicas (Art. 228 C.P.). En efecto, resulta constitucionalmente posible el que, por ejemplo, el presidente de una Corporación informe a la opinión pública sobre una decisión que haya sido adoptada, así el texto definitivo de la Sentencia correspondiente no se encuentre aún finiquitado, habida cuenta de las modificaciones, adiciones o supresiones que en el curso de los debates se le haya introducido a la ponencia original. Con ello, en nada se vulnera la reserva de las actuaciones judiciales -siempre y cuando no se trate de asuntos propios de la reserva del sumario o de reserva legal- y, por el contrario, se contribuye a que las decisiones que adoptan los administradores de justicia puedan conocerse en forma oportuna por la sociedad.

 

Asimismo, encuentra la Corte que la frase “En todo caso, no podrán emitir opiniones sobre las decisiones proferidas por ellos” constituye una indebida vulneración del derecho fundamental de informar y recibir información, así como de las libertades de expresión y de difusión del pensamiento y opiniones (Art. 20 C.P.) de que es titular toda persona, incluyendo, por supuesto a los administradores de justicia. Recuérdese que las decisiones consignadas en una sentencia se constituyen en situaciones jurídicamente definidas, es decir hacen tránsito a cosa juzgada; empero, con esta inconstitucional limitación se estaría prohibiendo la facultad de cada juez de explicar o definir, si lo considera necesario, el contenido y el alcance de sus decisiones. Esta restricción, inclusive, implicaría que los afectados no podrían desempeñar ningún trabajo académico, o participar en  reuniones de este tipo como seminarios, foros, mesas redondas, o dictar conferencias científicas, a las cuales suelen ser invitados justamente para que expliquen a la comunidad profesional o científica el contenido y las motivaciones de sus fallos. Lo anterior resulta todavía más inconcebible si se piensa en la imposibilidad que tendrían los jueces de expresar sus opiniones en eventos familiares o sociales, por ejemplo. En conclusión, se trata de una norma que no es ni proporcionada ni razonable frente al derecho fundamental contemplado en el artículo 20 del Estatuto Superior.

 

En cuanto a la frase “La infracción a la norma contenida en este artículo constituye causal de mala conducta”, encuentra la Corte que, al igual que se ha señalado en otras oportunidades, se trata de una disposición que debe hacer parte de una ley de carácter ordinario, en este caso, del Código Disciplinario Unico y, por ende, no corresponde al objeto de una ley estatutaria como la que se revisa.

 

El inciso tercero plantea la viabilidad de que el público pueda, de acuerdo con los artículos 74 y 228 de la Carta Política, consultar los archivos y bases de datos que contengan las providencias judiciales, así como obtener copia de esos documentos. Esta Corporación encuentra que dicha posibilidad, en lo que se relaciona con las bases de datos de juzgados y corporaciones judiciales, se erige en una prerrogativa desproporcionada que atenta contra la protección de la reserva a la información de que trata el artículo 74, y por ende también contra los principios mínimos de la seguridad jurídica. Adicionalmente, dicha facultad implicaría desconocer la atribución de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura -en lo que se refiere a los demás despachos judiciales-, de contemplar en sus respectivos reglamentos internos lo concerniente a los requisitos y procedimientos necesarios para que el público pueda acceder en forma ordenada y confiable a la correspondiente información judicial. De ahí que en la parte resolutiva de esta providencia, habrá de señalarse que el respectivo reglamento interno se ocupará de definir lo concerniente a la obtención y suministro de copias de las providencias y demás documentos judiciales.

 

Así las cosas, el artículo, bajo estas condiciones se declarará exequible, salvo las expresiones “una vez haya concluido el respectivo proceso mediante decisión ejecutoriada”, “En todo caso, no podrán emitir opiniones sobre las decisiones proferidas por ellos. La infracción a la norma contenida en este artículo constituye causal de mala conducta”, e “y bases de datos”, que serán  declarados inexequibles. En cuanto a las expresiones “servidor público” y “disciplinario”, así como la posibilidad de obtener copias de las providencias en los despachos y corporaciones judiciales, su constitucionalidad se condiciona a lo establecido en esta providencia.

 

 

CAPITULO VI

DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE SUS FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS JUDICIALES

 

ARTICULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

 

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

 

1. Intervención del  presidente del Consejo de Estado.

 

Considera el presidente del Consejo de Estado, que el artículo 65 es inexequible si se interpreta en el sentido de que la responsabilidad del Estado por la administración de justicia se declarará únicamente por falla en el servicio. Al respecto, señala: “Se hace la afirmación precedente porque el artículo 90 de la Constitución, que institucionaliza la responsabilidad estatal, presenta un cambio fundamental en su régimen, como que desplaza el problema de la responsabilidad por la conducta irregular del funcionario (fórmula anterior predominante en la jurisprudencia), para llevar sólo al daño antijurídico que por acción u omisión de la autoridad pueda producirse; o sea, aquél que la persona no tiene por qué soportar. Cambio que muestra cómo la responsabilidad en Colombia puede surgir no sólo de la conducta irregular o ilegal de la autoridad pública (falla del servicio en la doctrina tradicional), sino de la conducta ajustada al ordenamiento”. 

 

2. Concepto del señor procurador general de la Nación.

 

Afirma el jefe del Ministerio Público que el artículo 65 del proyecto de ley que se revisa es inconstitucional, ya que considera que se trata de una limitación al alcance del artículo 90 de la Constitución Política al restringir la responsabilidad del Estado, para el caso de la función pública de administrar justicia, a la falla en el servicio.

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

La Corte estima que el inciso primero del presente artículo es exequible, pues si bien sólo hace alusión a la responsabilidad del Estado -a través de sus agentes judiciales- por falla en el servicio, ello no excluye, ni podría excluir, la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de justicia. En efecto,  sin tener que entrar a realizar análisis alguno acerca de la naturaleza de la responsabilidad estatal y sus diversas modalidades -por escapar ello a los fines de esta providencia-, baste señalar que el principio contemplado en el artículo superior citado, según el cual todo daño antijurídico del Estado -sin importar sus características- ocasiona la consecuente reparación patrimonial, en ningún caso puede ser limitado por una norma de inferior jerarquía, como es el caso de una ley estatutaria. Ello, en vez de acarrear la inexequibilidad del precepto, obliga a una interpretación más amplia que, se insiste, no descarta la vigencia y la aplicación del artículo 90 de la Carta Política.

 

El artículo será declarado exequible.

 

ARTICULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

La presente disposición se ocupa de definir, en ejercicio de la competencia propia del legislador estatutario, qué se entiende por error jurisdiccional, el cual, de producirse, acarreará la consecuente responsabilidad del Estado. Sea lo primero advertir que la presente situación, como lo señala la norma, se materializa únicamente a través de una providencia judicial; es decir, cualquier otra actuación de un administrador de justicia, así sea en ejercicio de sus labores públicas, deberá ser evaluada a la luz de la responsabilidad del Estado en los términos de la Constitución y la ley, y no dentro de los parámetros que en esta oportunidad ocupan la atención de la Corte.

 

En segundo lugar, debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva orgánica como parece pretenderlo la norma bajo examen. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.). Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”. Sobre el particular, la Corte ha establecido:

 

“Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona. 

 

“Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (CP art. 121), es condición de existencia de los empleos públicos (CP art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (CP arts. 6, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad.

 

“La decisión revestida de las formalidades de un acto jurídico encubre una actuación de hecho cuando ésta obedece más a la voluntad o al capricho del agente estatal que a las competencias atribuidas por ley para proferirla. El criterio para evaluar qué conductas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y cuáles no es finalista y deontológico. Las autoridades públicas están al servicio de la comunidad (CP art. 123) y en el cumplimiento de sus funciones deben ser conscientes de que los fines esenciales del Estado son, entre otros, servir a dicha comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (CP art. 2). Las autoridades públicas deben ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe (CP art. 83). La conducta dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos debe ser excluida del ordenamiento jurídico y su demostración genera la responsabilidad patrimonial del Estado, así como el deber de repetir contra el agente responsable del daño (CP art. 90).

 

“La vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable, y obedecen a motivaciones internas, desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (CP art. 5), la protección constitucional de los derechos fundamentales (CP art. 86) y la prevalencia del derecho sustancial (CP art. 228). En caso de demostrarse  su ocurrencia, el juez de tutela deberá examinar la pertenencia del acto al mundo jurídico y proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados en el curso de una vía de hecho por parte de la autoridad pública”.[39]

 

En otro pronunciamiento, relacionado también con este mismo tema, la Corte agregó:

 

“En ese orden de ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.

 

“En tales casos, desde luego, el objeto de la acción y de la orden judicial que puede impartirse no toca con la cuestión litigiosa que se debate en el proceso, sino que se circunscribe al acto encubierto mediante el cual se viola o amenaza un derecho fundamental”.[40]

 

Sentadas las precedentes consideraciones, conviene preguntarse: ¿Respecto de las providencias proferidas por las altas corporaciones que hacen parte de la rama judicial, cuál es la autoridad llamada a definir los casos en que existe un error jurisdiccional? Sobre el particular, entiende la Corte que la Constitución ha determinado un órgano límite o una autoridad máxima dentro de cada jurisdicción; así, para la jurisdicción constitucional se ha previsto a la Corte Constitucional (Art. 241 C.P.), para la ordinaria a la Corte Suprema de Justicia (art. 234 C.P.), para la contencioso administrativa al Consejo de Estado (Art. 237 C.P.) y para la jurisdiccional disciplinaria a la correspondiente sala del Consejo Superior de la Judicatura (Art. 257 C.P.). Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve en última instancia el asunto bajo examen, se unifica la jurisprudencia y se definen los criterios jurídicos aplicables frente a casos similares. En otras palabras, dichas decisiones, una vez agotados todos los procedimientos y recursos que la ley contempla para cada proceso judicial, se tornan en autónomas, independientes, definitivas, determinantes y, además, se convierten en el último pronunciamiento dentro de la respectiva jurisdicción. Lo anterior, por lo demás, no obedece a razón distinta que la de garantizar la seguridad jurídica a los asociados mediante la certeza de que los procesos judiciales han llegado a su etapa final y no pueden ser revividos jurídicamente por cualquier otra autoridad de la rama judicial o de otra rama del poder público.

 

 

En virtud de lo anterior, la Corte juzga que la exequibilidad del presente artículo debe condicionarse a que no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a reconocer que por encima de los órganos límite se encuentran otros órganos superiores, con lo cual, se insiste, se comprometería en forma grave uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho, cual es la seguridad jurídica.  Por lo demás, cabe anotar que es materia de ley ordinaria la definición del órgano competente y del procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error en que incurran las demás autoridades judiciales pertenencientes a esta rama del poder público.

 

Por otra parte, conviene aclarar que la argumentación expuesta no significa que el juez de tutela y la Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 86 superior, no pueda revisar las providencias proferidas por cualquier autoridad judicial, en aquellos casos en que al presentarse una “vía de hecho”, en los términos que han sido definidos en la Sentencia C-543 de 1992 y demás jurisprudencia de esta Corporación, se amenace o se vulnere un derecho constitucional fundamental. Nótese que en este caso se trata de una facultad de origen constitucional, que no implica la resolución de fondo del conflicto jurídico contenido en la providencia bajo revisión , ni se enmarca dentro del análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado -como es el caso del artículo que se examina-. Se trata simplemente del reconocimiento de que el juez, al igual que cualquier otra autoridad pública, se encuentra comprometido con el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los asociados dentro de la órbita constitucional; por ende, en caso de que una actuación judicial, incluso aquellas contenidas en una providencia, vulnere un derecho, será posible su amparo a través de la acción de tutela, sin perjuicio de la definición de las demás responsabilidades en los términos que han sido descritos en esta sentencia.

 

En estas condiciones el artículo será declarado exequible.

 

 

ARTICULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

 

1.   El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

 

2.   La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

 

1. Intervención de los ciudadanos Miguel F. Córdoba, Augusto J. Ibáñez, Julio A. Sampedro y Jorge Caldas.

 

Los intervinientes consideran que el numeral 1o. del artículo 67 es inconstitucional pues, estiman que se contrapone al contenido del artículo 31-1 de la Constitución, ya que obliga a la impugnación, cuando éste derecho es facultativo de los sujetos procesales. Además,  aseguran que el artículo 90 de la Carta no establece exigencia alguna y por lo mismo no puede limitarse el derecho a la indemnización.

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Esta norma se limita a precisar los alcances de la anterior disposición, para lo cual señala como causales de procedencia del error jurisdiccional, el que el afectado interponga los recursos de ley y el que la providencia se encuentre en firme. En cuanto al primero de ellos, su constitucionalidad se explicará al analizar el artículo 70 del presente proyecto de ley. Respecto del segundo, resulta apenas lógico exigir que la providencia que incluye el error que reprocha haya hecho tránsito a cosa juzgada, pues mientras ello no ocurra, el interesado podrá interponer los recursos de ley y hacer notar el yerro que se ha cometido.

 

El artículo, con las condiciones expuestas en el artículo anterior, será declarado exequible.

 

ARTICULO 68.PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

 

En virtud de lo anterior, y a propósito de lo explicado en torno al artículo 66 del presente proyecto, debe entenderse que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente y el procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error judicial en que incurran las demás autoridades judiciales.

 

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.

 

ARTICULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.

 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Para esta disposición resultan igualmente aplicables las consideraciones expuestas respecto del artículo 65 del presente proyecto de ley, razón por la cual habrá de declararse su exequibilidad. Con todo, se reitera que sólo el órgano que define la ley ordinaria es el llamado a calificar, en cada evento en concreto, si ha existido o no un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

 

ARTICULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.

 

1. Intervención de los ciudadanos Miguel F. Córdoba, Augusto J. Ibáñez, Julio A. Sampedro y Jorge Caldas.

 

Con fundamento en los mismos argumentos esgrimidos para impugnar el artículo 67, los intervinientes solicitan que se declare la inexequibilidad de la frase “o no haya interpuesto los recursos de ley”, contenida en el artículo 70.

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguno, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

 

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria  definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible.