T-283-99 Sentencia T-283/99
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de acreencias laborales
DERECHO AL MINIMO VITAL DE LOS TRABAJADORES-Pago oportuno de salarios
ADMINISTRACION MUNICIPAL-Pago oportuno de salarios
ADMINISTRACION MUNICIPAL-Pago de salarios previa disponibilidad presupuestal o inicio de diligencias para su consecución
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintinueve (29 ) días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Tal como se ha señalado en varias sentencias de reiteración, la tutela se torna inviable para la liquidación y pago de obligaciones laborales. Sin embargo, como supuestos extraordinarios admitidos por la jurisprudencia para su procedencia excepcional, se han mencionado aquellas circunstancias en la cuales se busca evitar un perjuicio irremediable, o cuando no se cuente con otros medios de defensa judicial, o cuando estos resulten ineficaces para la protección de los derechos fundamentales afectados, o por que exista vulneración a las condiciones mínimas de subsistencia del accionante[1].
En el caso que se revisa, resulta procedente conceder el amparo solicitado, ya que se encuentra probada la afectación del mínimo vital del actor, agravada por la ausencia de su salario durante 14 mensualidades. Es esta, otra de las tantas oportunidades en las cuales esta Corte se pronuncia sobre un asunto en el que está involucrado un municipio, por incuria de los funcionarios que lo dirigen[2]. La previsión para el pago oportuno de nómina en los presupuestos municipales, se ha convertido en un asunto reiteradamente estudiado por esta Corporación, y las autoridades insisten en no efectuar con la debida antelación, las gestiones presupuestales y de distribución de partidas indispensables para garantizar el pago puntual de la nómina. Es preciso que exista certeza respecto a la existencia del rubro presupuestal que le permita a las autoridades locales, sufragar la respectiva asignación. De ahí, que su negligencia no excuse la afectación de los derechos de los trabajadores, sobre quienes no pesa la obligación de soportarla[3]. La desidia de la administración municipal, no deja duda en este caso, y esta evidenciada en la exagerada demora en el cumplimiento de los compromisos legales y constitucionales para con el demandante, lo cual afecta no sólo sus derechos fundamentales, sino también los de su familia. Por las consideraciones anteriores, se revocará la decisión proferida por el Tribunal de Riohacha, y se concederá la tutela interpuesta.
Primero. REVOCAR la sentencia revisada, proferida por el Tribunal Superior de Riohacha.
Segundo. ORDENAR a la Alcaldesa de Riohacha (Guajira) que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a cancelar los salarios adeudados al señor Jorge Segundo Moscote Campo, siempre y cuando cuente con la debida disponibilidad presupuestal. En caso contrario, dentro del mismo término deberá iniciar las gestiones pertinentes que le permitan atender con el pago ordenado. De todo lo anterior, informará al Tribunal de instancia, bajo el apremio de las sanciones legales por desacato.
Tercero. LÍBRENSE por Secretaría General las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado Ponente Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO PABLO ENRIQUE LEAL RUÍZ
Magistrado Secretario General (E)
[1]Sobre el pago oportuno de la remuneración consultar Sentencias T-167 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-015 de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-063 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-146 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-437 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-565 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-641 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-006 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-081 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-234 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-273 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-527 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-528 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-012 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero, y T- 103 de 1999, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[2] Si a esto, sumamos las preocupantes cifras que arrojó el estudio estadístico integral de 1997, elaborado para esta Corporación en la Unidad de Tutela, donde aparecen las alcaldías y gobernaciones como las entidades más demandadas (un total de 6.662 o lo que es lo mismo un 19.78% del total de amparos en todo el país), ello aunado a una jurisprudencia reiterativa en el asunto, en los últimos años, nos encontramos ante una cascada de acciones de tutela producto de una recurrente omisión por parte de las autoridades competentes, respecto de la apropiación oportuna de las sumas destinadas al pago de las obligaciones salariales frente a sus empleados.
[3] Cfr. Sentencias T-063 de 1995, T-146 de 1996, T-565 de 1996, T-641 de 1996, y T-006 de 1997.
T-234 de 1997.