Sentencia T-409/99

 

 

ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad

 

SISTEMA DE CARRERA-Mérito como elemento esencial

 

DERECHO A LA IGUALDAD EN ACCESO A CARRERA DOCENTE-Prerrogativa por origen de la persona

 

DERECHO A LA IGUALDAD EN ACCESO A CARRERA DOCENTE-Puntaje adicional por prestación de servicios en zona rural

 

INAPLICACION PARCIAL DE RESOLUCION Y DECRETO-Discriminación por factor origen y desempeño en zona rural para acceso a carrera docente

 

 

Referencia: Expediente T-168981.

 

Peticionario:

Alejandro Pinto Fonseca.

 

Magistrado Ponente:

Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA.

 

 

Santafé de Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).

 

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Alfredo Beltrán Sierra y Antonio Barrera Carbonell, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de tutela instaurado por el ciudadano Alejandro Pinto Fonseca contra la Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá D.C.

 

 

I. ANTECEDENTES.

 

1. Hechos.

 

Manifiesta el demandante, en calidad de licenciado en educación al servicio del Estado, que se presentó al concurso de méritos convocado por la Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá D.C., mediante los Decretos 638 y 639 de 1997, con el fin de proveer cincuenta y ocho vacantes de directivos docentes coordinadores existentes en la capital.

 

El concurso tuvo cuatro etapas de evaluación que fueron las siguientes: primera, un examen de conocimientos; segunda, una entrevista; tercera, la evaluación de la hoja de vida de cada aspirante y cuarta, la participación en un curso concurso, de las cuales se obtendría el puntaje total de los participantes y se proveerían las mencionadas cincuenta y ocho vacantes, en estricto orden de méritos, de acuerdo con la lista de elegibles que sería oportunamente publicada.

 

El demandante fue calificado en el concurso de la siguiente manera: en el examen de conocimientos obtuvo 38 puntos; en la entrevista 16; en el curso concurso 66 y en la hoja de vida 5, para un total de 125 puntos que le permitieron ocupar el puesto número 69 en la lista de elegibles y que, como eran 58 las vacantes a proveer, no le alcanzaron para ser nombrado como director docente coordinador del Distrito.

 

El puntaje asignado a la hoja de vida dependía de estos factores: cinco puntos por haber completado cinco años de experiencia en la actividad docente; otros cinco por haber nacido en Santafé de Bogotá D.C. y diez más por haber desempeñado dicha función en zona rural.

 

El demandante solamente cumplió con el primer factor descrito, en razón de lo cual su hoja de vida fue calificada con cinco puntos de los veinte posibles. Considera que los dos últimos factores de calificación son discriminatorios, porque hacen una diferenciación inconstitucional, en tanto que no es objetiva y razonable, pues permiten que entren en juego para el objeto del concurso, criterios diferentes de la preparación académica y de la experiencia docente que, a su juicio, son los únicos que deben tenerse en cuenta para la asignación de estos cargos públicos cuando son sometidos a concurso, aparte de que el lugar de nacimiento y el sitio de desempeño de la actividad docente, son circunstancias que no dependen de la persona que aspira a ocupar alguna de las vacantes sometidas a concurso; luego, dice el actor, no pueden ser tenidas en cuenta cuando se pretende calificar la trayectoria y preparación del docente.

 

 

2. Pretensiones.

 

Por consiguiente, solicita que no se tengan en cuenta los factores de calificación que él considera discriminatorios; que de acuerdo con ello se vuelvan a sumar los puntajes obtenidos y, en caso de entrar así en los cincuenta y ocho primeros lugares de la lista de elegibles, solicita ser nombrado como directivo docente coordinador, por cumplir con los requisitos exigidos en los decretos 638 y 639 de 1997.

 

 

II. LOS FALLOS DE INSTANCIA.

 

El a quo.

 

En decisión adoptada el 29 de enero de 1998, el Juzgado 18 Penal Municipal de Santafé de Bogotá D.C. denegó el amparo solicitado, por considerar que la acción de tutela iniciada por el demandante incurre en dos causales de improcedencia, según el artículo 6° del decreto 2591 de 1991: estar dirigida en contra de un acto de carácter general, impersonal y abstracto, y desconocer la existencia de otros mecanismos judiciales de protección de los derechos invocados. A juicio de la primera instancia, el trato diferenciado que el demandante considera discriminatorio, proviene de un decreto por medio del cual se reglamentó de manera general, impersonal y abstracta la provisión de ciertos cargos públicos por concurso, cuya inconstitucionalidad puede ser atacada a través de la acción de nulidad a que se refiere el Código Contencioso Administrativo.

 

 

El ad quem.

 

Por sentencia del 27 de febrero de 1998, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C. confirmó el fallo de primera instancia con similares argumentos, haciendo énfasis en que no existe, como pretende demostrarlo el actor, un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio de defensa de los derechos invocados.

 

 

III. SANEAMIENTO DE UNA NULIDAD.

 

Por auto del 27 de noviembre de 1998, esta Sala de Revisión consideró que:

 

 

“En el presente asunto se dio noticia de la iniciación del proceso y de las demás decisiones notificables tan solo a la Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá D.C., autoridad señalada como responsable de la actuación impugnada, y no a todas aquellas personas que fueron calificadas en su hoja de vida con fundamento en los factores arriba descritos, quienes, a no dudarlo, derivan un interés legítimo del resultado del proceso, en tanto que el demandante pretende un mejor lugar dentro de la lista de elegibles que se integró una vez cumplido el concurso, para ser nombrado en una de las 58 vacantes que con él se pretendía proveer. Tampoco fueron llamados al proceso quienes actualmente ocupan tales cargos.

 

 

En consecuencia y para garantizar el derecho de defensa de los terceros con interés legítimo dentro de este proceso[1], se pondrá en conocimiento de las personas que posteriormente se determinará, la existencia del mismo, para que, dentro del término señalado en la parte resolutiva de la presente providencia, se pronuncien acerca de las pretensiones y el problema jurídico que plantea la demanda[2]”.

 

De manera que fueron llamadas a intervenir en el proceso 68 personas que derivan un interés legítimo de su resultado, de las cuales tan solo se hicieron presentes dos en contra de las pretensiones del demandante, con el argumento de que las que él impugna fueron reglas aplicadas a todos los concursantes y conocidas de antemano por ellos, cuya ejecución en manera alguna puede vulnerar sus derechos constitucionales fundamentales.

 

 

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.

 

1. La competencia.

 

Esta Sala es competente para revisar las decisiones reseñadas, de conformidad con los artículos 86 y 241-9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del decreto 2591 de 1991.

 

 

2. El asunto.

 

Se trata de reiterar la amplia jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional frente al tema de los concursos públicos de méritos para el acceso a empleos estatales, especialmente en lo relativo a los criterios de selección que deben ser aplicados en ellos, con el fin de no lesionar, principalmente, los derechos de los aspirantes a la igualdad (artículo 13) y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, en la modalidad de acceso a cargos y funciones públicas (artículo 40-7°). Dicho análisis irá precedido de una breve consideración sobre el principio de subsidiariedad que rige la acción de tutela, aplicada al caso bajo estudio.

 

 

3. El principio de subsidiariedad que rige la acción de tutela.

 

Al respecto, en un pronunciamiento anterior[3] esta Sala de Revisión expuso lo siguiente:

 

 

“Consiste fundamentalmente en que esta acción, dado el alto interés que persigue, procede solamente cuando el afectado no cuente con otro mecanismo de defensa judicial de sus derechos constitucionales fundamentales, o cuando, aun existiendo uno, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

 

 

“Así lo estableció el Constituyente para dejar en manos de todos los jueces de la República la defensa de los derechos más elementales de las personas, integrando así la Jurisdicción Constitucional, sin que se altere la organización de la Rama Judicial del país y sin derogar los procedimientos ordinarios establecidos por la ley para ejercer normalmente dicha protección. Por eso, se ha dicho con acierto que la tutela no es solamente un mecanismo subsidiario, sino también excepcional, en consideración a que los medios de defensa ordinarios siguen operando a pesar de su existencia.

 

 

“Sin embargo, cuando la persona lesionada en alguno de sus derechos fundamentales se encuentra al borde de sufrir un perjuicio irremediable y el mecanismo ordinario para su defensa no es capaz de evitarlo, procede de manera transitoria la acción, de la manera descrita en precedencia, o aun de manera definitiva, cuando ese mecanismo ordinario no es lo suficientemente eficaz o no es idóneo para restablecer al titular del derecho en el goce pleno del mismo.

 

 

“Es precisamente lo que ocurre en casos como el presente, en los cuales podría sugerirse al demandante que acuda a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a demandar el acto por medio del cual se integró la lista de elegibles y rechazar por improcedente, con tal argumento, la acción de tutela. Sin embargo, ya en ocasiones anteriores esta Corporación ha examinado la eficacia de las acciones contencioso administrativas que podrían instaurarse con el fin mencionado y ha llegado a la conclusión de que ellas no son lo suficientemente eficaces en relación con el restablecimiento pleno del derecho amenazado o violado, pues ellas tan solo llevarían a su titular a las siguientes posibilidades: a la obtención de una indemnización o a la orden de reelaboración de la lista de elegibles.

 

 

“La primera posibilidad supone las dificultades jurídicas y prácticas para establecer el monto del daño y el valor de su reparación, pues muy difícilmente se logra demostrar la existencia de perjuicios materiales y morales por la simple no inclusión en una lista de elegibles, además que la sola indemnización no es suficiente reparación frente a la posibilidad de ejercer un cargo o una función pública que es, como arriba quedó expuesto, un derecho constitucional fundamental. Aceptar que la indemnización restablece efectivamente el derecho, sería tanto como aceptar la renuncia a un derecho fundamental, los cuales precisamente se caracterizan por no ser enajenables, dado su carácter inherente a la persona humana.

 

 

“La segunda posibilidad, ha dicho la Corte, ‘carece de objeto y de un efecto práctico, porque dicha lista tiene como finalidad hacer posible la oportuna provisión del cargo o de los cargos correspondientes y para la época en que se dictaría la sentencia, ya la administración habría realizado los nombramientos y las personas designadas han adquirido la estabilidad en el cargo que da su escalafonamiento en la carrera administrativa’ [4].

 

 

“En síntesis, las acciones contencioso administrativas que las personas lesionadas en sus derechos por la integración de una lista de elegibles podrían intentar, no desplazan a la acción de tutela en el cometido de restablecerlos, en vista de que el otro mecanismo de defensa debe tener, analizado el caso concreto, la misma efectividad de ella para tornarla improcedente”.

 

 

 

4. El criterio de selección que debe regir los concursos públicos de méritos.

 

En la misma sentencia transcrita, se sotuvo sobre el particular lo siguiente:

 

 

“Como ocurre con los cupos en las universidades públicas, las vacantes en empleos estatales también son, guardadas proporciones, bienes públicos escasos a los que aspira una gran cantidad de personas, comparada con el reducido número de cargos a proveer.

 

 

“De allí que el Constituyente haya dispuesto en el artículo 125 que ‘los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera’, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Estableciendo dicha regla general, se pretende que los procesos de selección conduzcan al mejoramiento de la función pública y que ésta efectivamente cumpla con los principios señalados en el artículo 209 de la Carta.

 

 

“Y si se pretende mejorar la calidad de la función pública seleccionando a los mejores para desempeñarla, pues sin lugar a dudas el criterio que debe reinar en los procesos de selección para establecer quiénes deben acceder a ella y quiénes no, solo puede ser el criterio del mérito de los aspirantes, compuesto por factores tales como la preparación, la experiencia, el conocimiento sobre la labor a desempeñar, etc.

 

 

“Introducir factores que no se avienen a la finalidad buscada por el concurso, resulta contrario al principio de igualdad proclamado en el Preámbulo y en el artículo 13 de la Constitución Política; tales serían, por ejemplo, la filiación política del aspirante, su lugar de origen, etcétera, factores que no hacen ni mejores ni peores a unos aspirantes frente a los demás, en términos de contribución al buen desempeño de la función pública.

 

 

“En este orden de ideas, independientemente de la forma que el funcionario o entidad nominadora utilice para evaluar el mérito de los aspirantes, lo cierto es que a los cargos a proveer deben ingresar quienes hayan superado las pruebas y, en caso de haberse integrado una lista de elegibles en orden estricto de méritos, los nombramientos deben ocurrir siguiendo ese orden y se discrimina a quienes habiéndose sometido en todo a los términos del concurso, ven cómo se hacen nombramientos incumpliendo el orden establecido en la lista de elegibles o, en el peor de los casos, cuando se nombran personas haciendo caso omiso de la misma.

 

 

“Ahora bien, es común que en los procesos de selección existan criterios de diferenciación, cuya aplicación se refleja en el resultado obtenido por los participantes, tales como el incremento del puntaje en las pruebas de conocimientos por razón de la experiencia, bien sea académica o práctica, que supone una calificación que, por así decirlo, no se refleja en las pruebas de que se compone el concurso, sino que son circunstancias personales del aspirante.

 

 

“Factores de diferenciación como el anteriormente señalado, de todas maneras se avienen al criterio del mérito, pues indudablemente lo que se hará en el concurso es demostrar la trayectoria que se ha tenido en determinada labor y esto sí tiene que ver y se ajusta a la finalidad buscada por los concursos para proveer empleos públicos, pues tampoco cabe duda de que la experiencia es un mérito que contribuye a mejorar a la persona en el desempeño de una labor. No hay discriminación, entonces, cuando se incrementa el puntaje obtenido por un aspirante en razón de tener una experiencia de cinco años, por ejemplo, frente a quien no la tiene y por ello no recibe incremento alguno, ya que no hay discriminación en el trato diferente razonable y objetivamente justificado[5].”

 

 

5. El caso concreto.

 

Alejandro Pinto Fonseca concursó para ser Coordinador de uno de los colegios pertenecientes al Distrito Capital, cuya convocatoria obedeció a los parámetros establecidos en el decreto 638 de 1997, expedido por el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá D.C., disposición que, a su vez, desarrolló las pautas dispuestas por el Gobierno nacional, mediante resolución 20974 de 1989, expedida por el Ministerio de Educación.

 

Tal resolución, en su artículo primero, ordena la provisión por concurso abierto de los cargos de servicio docente nacional y nacionalizado, en los niveles educativos de pre escolar, básica primaria, secundaria, media vocacional y directivos docentes. En su artículo tercero, establece cuatro criterios de evaluación que son los siguientes: una prueba escrita con un valor del 60% sobre el total del puntaje a acumular; la realización de una entrevista, reservada a quienes obtengan el puntaje mínimo en la prueba escrita y que constituye el 20% del puntaje definitivo del concurso; y, finalmente, el estudio de la hoja de vida de los aspirantes, teniendo en cuenta los siguientes elementos y porcentajes: a) si el aspirante es oriundo del municipio para el cual concursa, por este simple hecho, tiene derecho a un 5% sobre el puntaje total; b) si acredita experiencia docente de cinco o más años otro 5% y c) si se ha desempeñado como docente en zona rural, dice la resolución, obtendrá el 10% restante de la calificación.

 

Téngase en cuenta que la calificación dada al mérito de los aspirantes en este ítem es muy reducida, pues su origen se califica con el mismo valor que se califica la experiencia en la labor educativa y, por si fuera poco, se califica con el doble de lo que se valora el mérito profesional, la circunstancia de haberse desempeñado en zona rural. Entonces, aquí no solamente se han introducido factores extraños al mérito de los participantes, sino que un factor muy importante en la calificación del mérito como es la experiencia docente, se valora con un ínfimo 5% del total del puntaje a obtener, incluso por debajo de otro que nada tiene que ver con el mérito, como es el haber prestado los servicios en zona rural (10%).

 

Con respecto a este último punto -haber prestado los servicios en zona rural-, es necesario hacer la misma precisión hecha en la sentencia T-158 de 1999 antes transcrita:

 

 

“La Sala Tercera de Revisión en la sentencia T-441 de 1998, determinó que es posible establecer el origen de los aspirantes a cupos en universidades estatales como un factor de diferenciación, atendiendo a que en las regiones más apartadas y pobres del país, el acceso al conocimiento se dificulta y, por ende, no solamente es constitucional, sino necesario que a quienes provienen de dichas regiones les sea proporcionada cierta facilidad para ingresar, con el fin de nivelar la anotada desventaja. Evidentemente, es un trato diferente, pero razonable y objetivamente justificado, pues tratarlos a ellos y a quienes no provienen de regiones pobres y apartadas del país en la misma forma sería discriminatorio, toda vez que se estaría proporcionando un tratamiento similar a personas que no se encuentran en las mismas condiciones.

 

 

“No sucede lo mismo en el caso de los educadores que son favorecidos por el hecho de haber desempeñado su labor en zona rural, pues tal favorecimiento no puede entenderse como una nivelación para su preparación profesional, sino como una recompensa al hecho cierto de haber sufrido el difícil acceso, posiblemente la incomodidad y la escasez que supone el tener que desplazarse y trabajar en zonas alejadas de los cascos urbanos. Entre otras razones, porque la experiencia docente adquirida en zona rural y en zona urbana es la misma. Luego, este favorecimiento rompe con el criterio del mérito que debe reinar en los concursos de elección de los servidores públicos y, por ende, es discriminatorio, tanto como el factor de origen de los aspirantes que, se repite, ninguna incidencia tienen en el mérito profesional.

 

 

“En principio, podría afirmarse que no es contrario a la Constitución el que se premie a quien ha desempeñado con dificultad un servicio público, como es el caso de los educadores que deben desplazarse a zonas rurales relativamente apartadas de los centros urbanos. No obstante, esta situación no puede ser considerada como un parámetro de calificación en el contexto de un concurso para la provisión de cargos públicos, ya que no es mérito cuya adquisición dependa de la voluntad o esfuerzo de los concursantes, como lo manifestó el demandante. Si realmente ha de existir una recompensa para aquellos que cumplan la labor educativa en las zonas rurales, ésta, definitivamente, debe darse en un escenario distinto al de la provisión de empleos estatales, so pena de convertirse en un factor de discriminación. Este mismo criterio fue aplicado por la Corte Constitucional en sentencia C-022 de 1996[6], al declarar inexequible el artículo 40, literal b, a excepción del parágrafo, de la Ley 48 de 1993, que otorgaba un puntaje adicional a los aspirantes a obtener cupos universitarios, cuando éstos hubieren prestado el servicio militar”.

 

En el caso objeto de revisión, el demandante obtuvo una calificación de cinco puntos en la evaluación de su hoja de vida porque no se desempeñó como docente en zona rural y porque no nació en Santafé de Bogotá D.C. Si su hoja de vida se hubiera calificado sin tener en cuenta dichos factores, inconstitucionales según lo dicho en precedencia, hubiera obtenido un lugar superior al 69 que ocupa en la lista de elegibles.

 

Si la evaluación de la hoja de vida en el concurso de marras fue inconstitucional porque introdujo dos criterios de diferenciación extraños al mérito, para resolver el caso concreto es necesario soslayarlos con el fin de determinar qué puesto hubiera ocupado el demandante, en consideración a que algunos de quienes ocuparon escaños superiores al suyo en la lista de elegibles, también hubieran podido ascender de no haber sido por la circunstancia anotada en precedencia. Para ello, se determinará la calificación total obtenida por todos los aspirantes hasta el puesto 69 de la lista de elegibles, inclusive, pero teniendo como calificación de la hoja de vida para todos ellos, tan solo el 5% por experiencia docente igual o superior a cinco años y no el 10% por haberse desempeñado en zona rural, ni el otro 5% por haber nacido en Santafé de Bogotá D.C.

 

Así, tenemos que la lista de elegibles, hasta el puesto ocupado por el demandante -que es lo que aquí interesa-, se conformó de la siguiente manera, teniendo en cuenta que los empates entre los aspirantes ya fueron resueltos por la entidad nominadora, por aplicación de la resolución 20974 de 1989 (artículo 8):

 

 

 

Puesto	Nombre	Examen	Entrevist	H.vida	Curso	Total
1°	Gutiérrez Rodríguez Ofelia	54	17	5	86	162
2°	Díaz Manrique Luis Armando	56	11	5	88	160
3°	Rondón Socha Daniel Alberto	43	20	5	80	148
4°	Sánchez Colmenares Marco E.	42	19	20	62	143
5°	Galvis Nieto Luis Francisco	42	15	5	80	142
6°	Rodríguez Mahecha Carlos	37	16	20	68	141
7°	Guerrero Cuervo Marcela	56	19	10	54	139
8°	Rodríguez Vega Beatríz	44	17	10	68	139
9°	Sandoval Sanabria Luis Antonio	39	16	20	64	139
10°	Neva Rodríguez Luis Eduardo	39	14	10	74	137
11°	Corredor Peña Irma Giovanna	45	14	10	66	135
12°	Mejía Romero Jorge Eliécer	43	13	15	64	135
13°	Herrera de Pinilla María Cristina	42	19	10	64	135
14°	Jiménez Cárdenas Carmen Rosa	40	15	10	70	135
15°	Pinto Blanco Enrique Alfonso	38	18	15	64	135
16°	Quevedo Rojas Luis Daniel	41	14	15	64	134
17°	González de Bohórquez Myriam	39	15	10	70	134
18°	Méndez García Inés Eliza	44	13	10	66	133
19°	Rocha Cárdenas William	41	16	10	66	133
20°	Baquero Masmela Pedro	40	20	5	68	133
21°	Ruiz Bohórquez Carmen Alicia	39	16	10	68	133
22°	Barrios Quintero Gloria Elvira	36	15	10	72	132
23°	Pinto Hernández Luis Alejandro	41	18	5	68	132
24°	Suárez Osorio Mercedes	39	14	5	74	132
25°	Duque Romero Olga Lucía	48	12	5	66	131
26°	Bernal López Marco Fidel	44	16	5	66	131
27°	Castellanos Rubio Carlos Alberto	43	10	10	68	131
28°	Gutiérrez Herrera Hilda	40	15	10	66	131
29°	Páez M. Luz Maribel	37	14	10	70	131
30°	Jiménez de Moncada Rosa	40	18	10	62	130
31°	Sánchez Acosta Patricia	40	16	10	64	130
32°	León Vieda Martha Elizabeth	40	16	10	64	130
33°	Porras Buitrago Alfredo	39	15	10	66	130
34°	Martínez Barragán Nancy Dali	41	16	10	62	129
35°	Buitrago R. Gustavo	40	19	10	60	129
36°	González Bossio Esperanza	40	16	5	68	129
37°	Paredes Vallejo Juan Carlos	39	15	5	70	129
38°	Buitrago Contreras Gloria	37	18	10	64	129
39°	Galarza Romero Ana Gladys	37	16	10	66	129
40°	Medellín de Novoa María	36	17	20	56	129
41°	Mendivelso O. María Genoveva	36	13	10	70	129
42°	Ferro G. Germán Alfonso	43	13	10	62	128
43°	Huertas Corredor Gabriel	42	18	10	58	128
44°	Ochoa Gloria Teresa	42	11	5	70	128
45°	León Piñeros Esperanza	40	13	15	60	128
46°	Garzón Roa Carlos	40	10	10	68	128
47°	López Torres Nubia Elizabeth	43	13	5	66	127
48°	Duque de Fonseca María Teresa	42	18	5	62	127
49°	Pulido Moreno Dora Haidee	42	18	5	62	127
50°	Mosquera Mateus Pastor	41	18	10	58	127
51°	Quintero Luis Eduardo	40	16	5	66	127
52°	Espitia Torres Aleira Stella	38	16	5	68	127
53°	Zamora María del Cristo	37	14	10	66	127
54°	Báez Mancera Luis Eduardo	36	14	5	72	127
55°	Giraldo L. Luis Guillermo	42	19	5	60	126
56°	Almendrales Viadero Luis E.	40	19	5	62	126
57°	Jiménez Pérez Luis Gonzalo	40	17	5	64	126
58°	Molina Molina Gonzalo de Jesús	40	11	5	70	126
59°	Ricaurte Guarnizo Nidia Angélica	39	18	5	64	126
60°	Cortés Páez Ada Esmeralda	38	19	5	64	126
61°	Parra Mancipe Mario Gustavo	37	13	10	66	126
62°	Pardo de Sánchez Mariela	37	13	10	66	126
63°	Rodríguez Forero Guillermo	36	12	10	68	126
64°	Acosta Niño Julio Hernán	42	13	10	60	125
65°	Nocua Morales Carlos Arturo	41	18	10	56	125
66°	Zúñiga Sáchica Teresa de Jesús	39	13	15	58	125
67°	Moreno Heredia Dora	39	13	15	58	125
68°	Hernández Zambrano Jorge	38	17	10	60	125
69°	Pinto Fonseca Alejandro	38	16	5	66	125

 

 

Y al inaplicar los dos factores discriminatorios de la evaluación de la hoja de vida, calificándola tan solo con cinco puntos de los veinte posibles, de acuerdo con lo arriba expuesto, el orden se altera para quedar de la siguiente manera:

 

 

Puesto	Nombre	Examen	Entrevista	H.vida	Curso	Total
1°	Gutiérrez Rodríguez Ofelia	54	17	5	86	162
2°	Díaz Manrique Luis Armando	56	11	5	88	160
3°	Rondón Socha Daniel Alberto	43	20	5	80	148
4º	Galvis Nieto Luis Francisco	42	15	5	80	142
5º	Guerrero Cuervo Marcela	56	19	5	54	134
6º	Rodríguez Vega Beatríz	44	17	5	68	134
7º	Baquero Masmela Pedro	40	20	5	68	133
8º	Neva Rodríguez Luis Eduardo	39	14	5	74	132
9º	Pinto Hernández Luis Alejandro	41	18	5	68	132
10°	Suárez Osorio Mercedes	39	14	5	74	132
11°	Duque Romero Olga Lucía	48	12	5	66	131
12°	Bernal López Marco Fidel	44	16	5	66	131
13°	Corredor Peña Irma Giovanna	45	14	5	66	130
14°	Herrera de Pinilla María Cristina	42	19	5	64	130
15°	Jiménez Cárdenas Carmen Rosa	40	15	5	70	130
16°	González de Bohórquez Myriam	39	15	5	70	129
17°	González Bossio Esperanza	40	16	5	68	129
18°	Paredes Vallejo Juan Carlos	39	15	5	70	129
19°	Méndez García Inés Eliza	44	13	5	66	128
20°	Rocha Cárdenas William	41	16	5	66	128
21°	Ruiz Bohórquez Carmen Alicia	39	16	5	68	128
22°	Barrios Quintero Gloria Elvira	36	15	5	72	128
23º	Sánchez Colmenares Marco E.	42	19	5	62	128
24°	Ochoa Gloria Teresa	42	11	5	70	128
25°	López Torres Nubia Elizabeth	43	13	5	66	127
26°	Duque de Fonseca María Teresa	42	18	5	62	127
27°	Pulido Moreno Dora Haidee	42	18	5	62	127
28°	Quintero Luis Eduardo	40	16	5	66	127
29°	Espitia Torres Aleira Stella	38	16	5	68	127
30°	Báez Mancera Luis Eduardo	36	14	5	72	127
31º	Rodríguez Mahecha Carlos	37	16	5	68	126
32°	Castellanos Rubio Carlos Alberto	43	10	5	68	126
33°	Gutiérrez Herrera Hilda	40	15	5	66	126
34°	Páez M. Luz Maribel	37	14	5	70	126
35°	Giraldo L. Luis Guillermo	42	19	5	60	126
36°	Almendrales Viadero Luis E.	40	19	5	62	126
37°	Jiménez Pérez Luis Gonzalo	40	17	5	64	126
38°	Molina Molina Gonzalo de Jesús	40	11	5	70	126
39°	Ricaurte Guarnizo Nidia Angélica	39	18	5	64	126
40°	Cortés Páez Ada Esmeralda	38	19	5	64	126
41°	Mejía Romero Jorge Eliécer	43	13	5	64	125
42°	Pinto Blanco Enrique Alfonso	38	18	5	64	125
43°	Jiménez de Moncada Rosa	40	18	5	62	125
44°	Sánchez Acosta Patricia	40	16	5	64	125
45°	León Vieda Martha Elizabeth	40	16	5	64	125
46°	Porras Buitrago Alfredo	39	15	5	66	125
47°	Pinto Fonseca Alejandro	38	16	5	66	125
48º	Sandoval Sanabria Luis Antonio	39	16	5	64	124
49°	Quevedo Rojas Luis Daniel	41	14	5	64	124
50°	Martínez Barragán Nancy Dali	41	16	5	62	124
51°	Buitrago R. Gustavo	40	19	5	60	124
52°	Buitrago Contreras Gloria	37	18	5	64	124
53°	Galarza Romero Ana Gladys	37	16	5	66	124
54°	Mendivelso O. María Genoveva	36	13	5	70	124
55°	Ferro G. Germán Alfonso	43	13	5	62	123
56°	Huertas Corredor Gabriel	42	18	5	58	123
57°	Garzón Roa Carlos	40	10	5	68	123
58°	Mosquera Mateus Pastor	41	18	5	58	122
59°	Zamora María del Cristo	37	14	5	66	122
60°	Parra Mancipe Mario Gustavo	37	13	5	66	121
61°	Pardo de Sánchez Mariela	37	13	5	66	121
62°	Rodríguez Forero Guillermo	36	12	5	68	121
63°	Acosta Niño Julio Hernán	42	13	5	60	120
64°	Nocua Morales Carlos Arturo	41	18	5	56	120
65°	Hernández Zambrano Jorge	38	17	5	60	120
66°	León Piñeros Esperanza	40	13	5	60	118
67°	Zúñiga Sáchica Teresa de Jesús	39	13	5	58	115
68°	Moreno Heredia Dora	39	13	5	58	115
69°	Medellín de Novoa María	36	17	5	56	114

 

 

De lo anterior se concluye que aplicando criterios constitucionales de selección en el concurso convocado por la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá D.C., el demandante alcanzó el lugar número 47 en la lista de elegibles, lo cual conduce a pensar que la Alcaldía Distrital vulneró los derechos constitucionales fundamentales por él invocados, en vista de que eran 58 las vacantes a proveer y debió ser nombrado en una de ellas, siguiendo el estricto orden de los méritos alcanzados por los participantes.

 

En esta oportunidad la Sala examinó el caso del demandante inaplicando parcialmente por inconstitucionales tanto el numeral 4° del artículo 3 de la Resolución 20974 de 1989, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, como el numeral 1° del artículo 8 de la Decreto 638 de 1997, expedido por la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá D.C. y que reprodujo al anterior. Por ello, será revocado el fallo en revisión y se tutelarán los derechos invocados ordenando a la entidad demandada que, en el término de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta sentencia, nombre como directivo docente coordinador al demandante, en una de las 58 vacantes para las cuales fue convocado el concurso de marras y según el estricto orden de méritos resultante de la inaplicación de los criterios de diferenciación considerados inconstitucionales por la Sala de Revisión.

 

 

IV. DECISIÓN.

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE:

 

Primero. REVOCAR la sentencia expedida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., el 27 de febrero de 1998.

 

Segundo. INAPLICAR por inconstitucionales, en los términos de esta sentencia, el numeral 4° del artículo 3 de la Resolución 20974 de 1989, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, y el numeral 1° del artículo 8 de la Decreto 638 de 1997, expedido por la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá D.C.

 

Tercero. TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y a la participación en el ejercicio y control del poder político que le asisten a Alejandro Pinto Fonseca y, en consecuencia, ordenar a la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá D.C. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, lo designe en propiedad como directivo docente coordinador en una de las 58 vacantes sometidas a concurso por medio de los Decretos 638 y 639 de 1997, por haber ocupado el puesto número 47 de la lista de elegibles.

 

Cuarto. LÍBRENSE por Secretaría General las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

 

VLADIMIRO NARANJO MESA

Magistrado Ponente

 

 

 

 

ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Magistrado

 

 

 

 

ANTONIO BARRERA CARBONELL

Magistrado

 

 

 

 

PABLO ENRIQUE LEAL RUÍZ

Secretario General (E)