Sentencia T-1632/00

 

ACCION DE TUTELA-Naturaleza

 

JUEZ CONSTITUCIONAL-Improcedencia para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la Constitución Política

 

GOBIERNO NACIONAL-Formulación anual del presupuesto y ley de apropiaciones/JUEZ DE TUTELA-Imposibilidad de modificar presupuesto para incremento salarial de servidores públicos

 

ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia incremento salarial para servidores públicos

 

Referencia: Expedientes acumulados.

 

T-350982 T-351036 T-351226 T-351227 T-351228 T-351229 T-351230 T-351231 T-351232 T-351233 T-351234 T-351235 T-351236 T-351237

T-351238 T-351239 T-351377 T-351378 T-351379 T-351380 T-351381 T-351382 T-351383 T-351384 T-351385 T-351386 T-351387 T-351388

T-351389 T-351706 T-351851 T-351866 T-352142 T-352153 T-352154 T-352155 T-352156 T-352172 T-352241 T-352242 T-352329

T-352504 T-352505 T-352545 T-352546 T-352547 T-352684 T-352685 T-352686 T-352687 T-352751 T-352786 T-352787 T-352788

T-352900 T-352929 T-352930 T-352939 T-353248 T-353254 T-353284 T-353285 T-353297 T-353349 T-353350 T-353399 T-353424

 

ACCIONANTES: Francisco Fuquen Chinchilla y otros.

 

Magistrado Ponente:

Dr. JAIRO CHARRY RIVAS.

 

 

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil (2000).

 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados JAIRO CHARRY RIVAS, ALFREDO BELTRAN SIERRA y MARTHA V. SACHICA MENDEZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

 

 

 

SENTENCIA

 

dentro del proceso de revisión de los fallos dictados en única,  primera y en segunda instancia por distintos despachos judiciales en relación con las acciones de tutela impetradas contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento Administrativo de la Función Pública, por los accionantes, servidores públicos de diferentes categorías y entes del Estado.

 

 

I. ANTECEDENTES.

 

Pretensiones y hechos.

 

Los accionantes instauraron acción de tutela contra el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Educación Nacional, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y contra el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de obtener el amparo de sus derechos al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y al salario vital y móvil y en tal virtud, que se ordene a dichos funcionarios disponer el reajuste de sus salarios, con retroactividad al 1º de enero de 2000, de conformidad con el I.P.C., causado a 31 de diciembre de 1999.

 

Son hechos comunes a todas las demandas los siguientes:

 

Los accionantes laboran al servicio del Estado, adscritos a diferentes entidades, en calidad de educadores, profesores de universidades, funcionarios y empleados del ICBF de diferentes seccionales, servidores públicos del Distrito Capital de Santafé de Bogotá; también hacen parte de los accionantes algunos pensionados o retirados de la policía nacional y las fuerzas militares con asignación de retiro.

 

Manifiestan que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Hacienda y Crédito Público, anunció que los servidores públicos que devengaran más de dos salarios mínimos mensuales vigentes, no tendrían derecho a ningún tipo de aumento salarial para el presente año.

 

Que para el año 2000, el gobierno nacional, mediante Decreto 182 de 2000,  optó por congelar los salarios de los servidores públicos, con tres excepciones a saber:

 

a) Para quienes devenguen el salario mínimo legal, un incremento del 9.23%.

 

b) Para quienes devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales, un incremento del 9%.

 

c) Para quienes devenguen más de cuarenta (40) salarios mínimos legales, se incrementó el salario en un 15.3%.

 

Mientras que para los trabajadores o servidores públicos que devenguen más de dos (2) salarios mínimos y menos de cuarenta (40) salarios mínimos legales, se ordenó la congelación del mismo.

 

Que sin embargo, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 187 de la Constitución Nacional y de la ley 04 de 1992, los salarios de los Congresistas y con ellos los de los Magistrados de las Altas Cortes, como también la remuneración del Fiscal General de la Nación, del Procuradora General de la Nación, del Contralor General de la República y del Defensor del Pueblo, tuvieron un reajuste del 15.3%.

 

Consideran que con esta discriminación por parte del gobierno nacional se han vulnerado sus derechos fundamentales de la dignidad humana, de la igualdad, de remuneración móvil y vital, y que además sus salarios se han visto disminuidos a causa del aumento en el costo de vida.

 

 

II. DECISIONES JUDICIALES.

 

Conocieron de los procesos de tutela diferentes despachos judiciales del orden nacional, algunos concedieron el amparo de tutela solicitado y otros lo negaron por considerar que no se presentaba vulneración a los derechos invocados por los actores y porque la tutela no era el medio judicial procedente para la solución de los problemas que aducen los accionantes.

 

Consideraron además, que si el Gobierno Nacional, con fundamento en la crisis económica que atraviesa el país, estimó que no era posible hacer un incremento en los salarios de los servidores públicos, lo hizo en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le otorga la Constitución, las que no pueden ser desconocidas a través del mecanismo de tutela.  

 

Para mayor ilustración sobre las actuaciones judiciales se anexa un cuadro informativo de las decisiones proferidas en única, primera y segunda instancia recaídas en cada uno de los procesos de tutela en estudio.

 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.

 

1. El problema jurídico planteado.

 

Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela constituye el instrumento procesal adecuado para que los demandantes obtengan el incremento salarial que reclaman.

 

2. Solución al problema planteado.

 

Mediante Sentencia SU 1052 de 10 de agosto de 2000[1], la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció respecto de otras demandas de tutela, relacionadas con acciones interpuestas por otros servidores públicos, que tienen en común las mismas circunstancias y pretensiones a las aquí planteadas; en consecuencia, es del caso reiterar las consideraciones y fundamentos, tenidos en cuenta en dicha oportunidad, para aplicarlas a los casos de que dan cuenta los procesos en referencia.

 

“3. Naturaleza de la Acción de Tutela. Improcedencia de esta vía para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la Constitución Política”

 

 

“Como quedó planteado, la decisión en el asunto que ocupa a la Corte, exige establecer si la acción de tutela es el mecanismo adecuado para ordenar al Gobierno Nacional el incremento de los salarios de los accionantes, dada su calidad de servidores públicos, ya que a éstos para el presente año, no se les ha incrementado su remuneración. Deberá determinarse además, si la acción de tutela procede como mecanismo transitorio, para el efecto, habrá de precisarse si la situación planteada por los invocantes constituye una amenaza a sus derechos fundamentales o les ha ocasionado un perjuicio irremediable”.

 

 

“3.1. Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de ésta Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública y, en casos excepcionales por un particular, puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para la protección de estos especiales y trascendentales derechos”.

 

 

“Al respecto se ha sostenido que la acción de tutela es subsidiaria, en cuanto no procede cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho invocado; también se la ha calificado de residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales y además se ha dicho que es informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazadas de los derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria.[2] Debe agregarse además, que la acción de tutela, dada su especificidad, está destinada a proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza o afrenta concreta a una persona determinada”.

 

 

“Por consiguiente, al juez constitucional no le corresponde interferir, por vía de tutela, en las decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constitución Política a otras autoridades estatales, aunque si podría, en defensa de aquellas situaciones concretas y particulares que le competen, ordenar que se adopten medidas excepcionales con el propósito de salvaguardar los derechos de aquellos que, por quedar cubiertos en una decisión general, resultan discriminados y por tanto desprotegidos”.

 

 

“De tal manera que, tal como lo consideraron los jueces de instancia, mediante la acción de tutela no es posible sustituir al Gobierno Nacional en su gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado, como tampoco resulta procedente, con el propósito por demás loable de proteger los derechos fundamentales, cuestionar las decisiones que con respecto a ésta facultad se tomen, porque de ser posibles la sustitución y la disputa, tendríamos que concluir que el constituyente le confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado lo cual, además de impertinente, contradice abiertamente la Constitución Política. Este ordenamiento determina con claridad las funciones de los diferentes órganos del poder público delimitando las concurrencias, las cuales se establecen, como mecanismos de control y cooperación en la consecución de los fines del Estado, pero nunca como inmisiones o interferencias (Art. 113. C.P.)”.

 

 

“Así las cosas, corresponde al Gobierno Nacional la formulación anual del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución Política y compete al Congreso Nacional su aprobación. Por su parte, esta Corporación es la encargada de estudiar y decidir respecto de su constitucionalidad, si en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se llegare a controvertir”.

 

 

“En consecuencia si como lo expone con claridad el Ministro de Hacienda y Crédito Público y lo ha sostenido esta Corporación, compete al Gobierno Nacional presentar el proyecto de presupuesto y la ley de apropiaciones en armonía con su política económica y fiscal, no le corresponde al juez de tutela ordenar su modificación con miras a que se incluya un rubro destinado al incremento salarial de los servidores públicos, porque, de hacerlo, se inmiscuiría por vía de tutela, en los asuntos que competen a otras autoridades, desbordando así la competencia constitucional conferida en el artículo 86 de la Constitución Política y deberá responder por extralimitación de funciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del mismo ordenamiento”.

 

“De otra parte, debe recordarse que en la contestación a las acciones de tutela cuyas decisiones se revisan, el Ministro de Hacienda y Crédito Público relaciona la decisión del Gobierno Nacional de no incluir en el proyecto de presupuesto un rubro destinado a incrementar la remuneración de los servidores públicos que devengan más de dos salarios mínimos, con la necesidad de incluir en el proyecto de ley de presupuesto compromisos que cuenten con los correspondientes recursos para que puedan efectivamente ser atendidos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto”.

 

 

“Esta mención del Ministro de Hacienda no puede pasar inadvertida, porque de conformidad con la regla de legalidad del gasto que es un desarrollo del principio de legalidad de la función pública, esta Corporación no podría crear la obligación a cargo del Estado de reajustar el salario de los servidores públicos en un monto determinado y para una vigencia específica, como tampoco ordenar que el Gobierno Nacional lo haga, porque además de transgredir los artículos 6° y 86 de la Constitución Política, como quedó explicado, quebrantaría los artículos 345, 346 y 347 del mismo ordenamiento, como también el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Lo anterior por cuanto, de conformidad con estas disposiciones no se puede crear una obligación ni tampoco ordenar un gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal. Así mismo, no debe olvidarse que el artículo 136 del Código Penal tipifica como peculado comprometer sumas superiores a las fijadas en “el presupuesto” al igual que invertir las incluidas en éste en forma diferente a la prevista. De tal suerte que, tanto por la naturaleza de la acción de tutela como por el principio de legalidad del gasto público, el juez constitucional no puede por vía de tutela incrementar el salario de los accionantes como tampoco ordenar al Gobierno Nacional que lo haga”.[3]

 

 

“3.2. Los tutelantes además de estar inconformes con la decisión del Gobierno Nacional relativa al no incremento de sus salarios, discrepan de los reajustes previstos en el ordenamiento, tanto para los miembros del Congreso Nacional por el artículo 187 de la Constitución Política, como para los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de otros funcionarios al servicio del Estado, por el artículo 15 de la Ley 04 de 1992. Al respecto consideran, que los incrementos previstos en estas normas desconocen el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Arguyen que la medida del Gobierno Nacional los discrimina, porque solo algunos servidores públicos resultarían afectados con el no incremento de sus salarios para el presente año. Al respecto, precisa reiterar que las anteriores disposiciones no pueden ser controvertidas por vía de tutela porque tienen previsto en el ordenamiento un trámite especial que hace de suyo a la tutela improcedente”.

 

“De lo anterior se sigue que deben confirmarse las decisiones de instancia porque la acción de tutela, tal como quedó expuesto, no es el mecanismo pertinente para cuestionar o modificar las orientaciones o directrices del Gobierno Nacional en materia de gasto público, en razón a que la política fiscal del Estado se hace realidad en la Ley Orgánica del Presupuesto y Ley de apropiaciones para una vigencia determinada, que debe controvertirse, ante esta Corporación, pero en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Al respecto vale recordar que a consideración de ésta Corte se encuentran sendas demandas en las cuales se controvierte la constitucionalidad de la Ley 547 de 1999 - por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2000- radicadas con los números 2780, 2804, 2922 y 3051”.

 

“Igualmente, tampoco la acción de tutela es el procedimiento idóneo para controvertir la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 04 de 1992. Esta disposición, al igual que las anteriores, debe demandarse ante ésta Corte en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad”.

 

“Así mismo, el mandato del artículo 187 de la Constitución Política, de conformidad con el cual la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año, no puede objetarse por ningún procedimiento, puesto que su incuestionable jerarquía la hace inmune a las controversias, incluso ante esta Corporación a la cual corresponde velar por su guarda e integridad. No obstante cabe recordar que las mismas pueden ser reformadas por los canales previstos para el efecto en el mismo ordenamiento (Art. 374 a 379 C.P.)”.

 

 

 

3. Conclusión

 

En armonía con lo expuesto, debido a que es improcedente la acción de tutela instaurada por los accionantes por existir otro mecanismo de defensa judicial, y, que el perjuicio aducido no cumple con los requisitos de gravedad y particularidad necesarios para que proceda como amparo transitorio, se confirmarán las decisiones que se revisan, proferidas en cuanto se negaron por improcedentes las acciones de tutela instauradas por los accionantes de la referencia y así mismo se revocarán las decisiones de instancias en  las cuales se concedió el amparo de tutela solicitado.

 

 

IV. DECISIÓN.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE:

 

PRIMERO.  REVOCAR los fallos de tutela proferidos por los siguientes despachos: Juzgado Veintidós Penal del Circuito de Bogotá D.C.(expediente T-350982), Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena) (expedientes T-351036, T-352153, T-352154, T-352155, T-352545, T-352546, T-352547, T-352787, T-352788), Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena)(expedientes T-351226, T-351227, T-351228, T-351229, T-351230, T-351231, T-351232, T-351233, T-351234, T-351235, T-351236, T-351237, T-351238, T-351239, T-351377, T-351378, T-351379, T-351380, T-351381, T-351382, T-351383, T-351384, T-351385, T-351386, T-351387, T-351388, T-351389, T-352329, T-352684, T-352685, T-352686, T-352687), Tribunal Superior del Distrito Judicial  de Bogotá Sala Laboral (T-351706), Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira (Valle)(expediente T-351851), Juzgado Promiscuo Municipal de Sopetrán (Antioquía) (expediente T-351866), Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín (expedientes T-352142, T-352172), Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ciénaga (T-352156, T-352786), Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá (expedientes T-352241, T-352242), Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira (Valle) (expedientes T-352504, T-352505), Juzgado Promiscuo Municipal de San Sebastián de Buenavista (Magdalena) (expediente T-352751), Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá (expediente T-352900), Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín Sala de Familia (expedientes T-352929, T-352930, T-353254, T-353297, T-353349), Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tulúa (Valle)(expediente T-352939), Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín (expediente T-353248), Juzgado Segundo Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena) (expedientes T-353284, T-353285), Juzgado Quinto de Menores de Medellín (expediente T-353350), Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá (expediente T-353424), que concedieron la protección de tutela solicitada.

 

En consecuencia NIÉGASE la tutela concedida en los referidos procesos.

 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR los fallos de tutela en cuanto denegaron la protección de tutela solicitada, proferidos por los siguientes despachos judiciales: Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro (Valle) (en primera instancia dentro del expediente T-352939) y Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá (en única instancia dentro del expediente T-353399).

 

TERCERO. Por Secretaría, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo  36 del Decreto 2591 de 1991.

 

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.  

 

 

 

 

JAIRO CHARRY RIVAS

Magistrado (e)

 

 

 

 

ALFREDO BELTRAN SIERRA

Magistrado

 

 

 

 

MARTHA V. SACHICA MENDEZ

Magistrada (e)

 

 

 

 

IVAN H. ESCRUCERIA MAYOLO

Secretario General (e)

ANEXO ACUMULADOS AL EXPEDIENTE T-350982

 

 

Expediente	Accionante	Primera Instancia	Segunda Instancia	Cargo / Empleo
T-350982	Francisco Fuquen Chinchilla y otros.	Juzgado Cuarenta Penal Municipal de Bogotá D.C. CONCEDE.	Juzgado Veintidós Penal del Circuito de Bogotá D.C. CONCEDE	Retirados de la Policía Nacional con Asignación
T-351036	Betty Marina Fontalvo Parejo	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena.
T-351226	María Elena Silva Fuscaldo	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351227	Eleomina María Gil Parejo	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351228	Linett del Socorro Meza Nuñez	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351229	Duvis Elena Gamero de Igirio	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351230	Ricardo Enrique Manjarres Mendoza	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educador del Magdalena
T-351231	Vilma Fernández García	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351232	Carlos Eduardo Mora Natera	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educador del Magdalena
T-351233	Raquel Alicia Quinto Urieles	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351234	Yudis Canchano de Espinoza	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351235	Deniris Ariza Mendoza	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351236	Elida Tovar Rodríguez	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351237	Dilia Esther Barrios Herrera	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351238	Rosario Perea de Hernández	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351239	Reinaldo Martínez Díaz	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educador del Magdalena
T-351377	Sinecia Elena Fontanilla Moran	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351378	Abimael Cahuana Díaz	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educador del Magdalena
T-351379	Juan Salvador Martínez Cabeza	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educador del Magdalena
T-351380	Gala Beatriz Bolaño de Lara	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351381	Julia Rosa Villafaña Perea	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351382	Hugo Segundo Torregroza Porras	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educador del Magdalena
T-351383	Rosario del Carmen Urieles de Gómez	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educador del Magdalena
T-351384	Jaime Polo Atencio	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educador del Magdalena
T-351385	Wigberto Linero Bovea	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educador del Magdalena
T-351386	Isabel María Polo Pérez	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351387	Johan Francisco Conrado Silva	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educador del Magdalena
T-351388	Marlene Cecilia Noriega Polo	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351389	Rosana Angélica Lara Meléndez	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-351706	Rosa Cecilia Bustos Jiménez	Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá D.C. CONCEDE	Tribunal Superior del D.J de Bogotá D.C. Sala Laboral. CONCEDE.	Funcionaria del I.C.B.F. Regional Bogotá
T-351851	Ruben Dario Cifuentes Poveda	Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira (Valle). CONCEDE		Profesor Universidad Nacional Sede Palmira
T-351866	Sandra Patricia Sinitavé Bedoya y otros	Juzgado Promiscuo Municipal de Sopetrán (Antioquía). CONCEDE		Educadores de Antioquía
T-352142	Celmira Inés Toro de Mesa	Juzgado Quinto Civil Municipal de Medellín. CONCEDE	Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín. CONCEDE.	Educadora de Antioquía
T-352153	Alicia Esther Quinto Urieles	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Primero Penal  del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-352154	María del Rosario Vega Rodríguez	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-352155	Rodrigo Rafael Oliver Maestre	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educador del Magdalena
T-352156	Guadalupe López Castro	Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE		Educadora del Magdalena
T-352172	José Miguel Franco Restrepo	Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín. CONCEDE		Educador de Antioquía
T-352241	José Anibal Avendaño Orjuela	Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá D.C. CONCEDE		Retirado de las FF.MM con Asignación
T-352242	Carmen Cecilia Mora Mora	Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá D.C. CONCEDE		Servidora Pública del Distrito Capital
T-352329	Virginia Pérez García	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE		Educadora del Magdalena
T-352504	Carlos Alberto Ramos y otros.	Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira (Valle). CONCEDE		Educadores del Valle del Cauca
T-352505	Elsy Chavez Fajardo y otros	Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira (Valle). CONCEDE		Educadores del Valle del Cauca
T-352545	Sady María Igirio de Moscarella	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-352546	Evelyn Ramona Arzuaga Abdala	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-352547	Rosario María Hernández David	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-352684	Cristina de Jesús Celedón de Llanes	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-352685	Deisy Esther Rada de Polo	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-352686	Graciela María Racines Velásquez	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-352687	Ildefonso Mendoza Cantillo	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educador del Magdalena
T-352751	Noris Rangel de la Cruz	Juzgado Promiscuo Municipal de San Sebastián de Buenavista (Magd.) CONCEDE		Educadora del Magdalena
T-352786	Roquelina Mercedes Manjarres Camargo	Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE		Educadora del Magdalena
T-352787	Cecilia Esther Urina Polo	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-352788	Emma del Socorro Lavalle Arévalo	Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE	Educadora del Magdalena
T-352900	Jorge Hurtado Pinto y otros.	Juzgado Ochenta y ocho Penal Municipal de Bogotá D.C.CONCEDE	Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá D.C. CONCEDE	Retirados de la Policía Nacional con Asignación
T-352929	Carlos Antonio Maya Velez	Juzgado Quinto de Menores de Medellín . CONCEDE	Tribunal Superior del D.J. de Medellín. Sala de Familia. CONCEDE	Educador de Antioquía
T-352930	Teresa Zuluaga Zuluaga	Juzgado Quinto de Menores de Medellín . CONCEDE	Tribunal Superior del D.J. de Medellín. Sala de Familia.  CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-352939	Adolfo Riascos Urbano y otros.	Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro (Valle). DENIEGA	Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tulúa (Valle). CONCEDE.	Educadores del Valle del Cauca.
T-353248	Luz Marleny Ríos Estrada	Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Medellín. CONCEDE	Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín. CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-353254	Martha Lucía Morales Duque	Juzgado Cuarto de Menores de Medellín. CONCEDE	Tribunal Superior del D.J. de Medellín. Sala de Familia.  CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-353284	Alicia María Arzuaga de Rodríguez	Juzgado Segundo Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE		Educadora del Magdalena
T-353285	Luz de María Cantillo Cantillo y otras	Juzgado Segundo Penal Municipal de Ciénaga (Magdalena). CONCEDE		Educadores del Magdalena
T-353297	Berta Myriam López Ríos	Juzgado Quinto de Menores de Medellín. CONCEDE.	Tribunal Superior del D.J. de Medellín. Sala de Familia. CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-353349	Bibiana María Ocampo Guerra	Juzgado Cuarto de Menores de Medellín. CONCEDE	Tribunal Superior del D.J. de Medellín. Sala de Familia. CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-353350	Luz Stella Rodríguez Asprilla	Juzgado Quinto de Menores de Medellín. CONCEDE		Educadora de Antioquía
T-353399	Blanca Nubia Escobar	Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá D.C. DENIEGA		Servidora Pública del Distrito Capital.
T-353424	Elber Antonio Rivas Córdoba y otros.	Juzgado Veintiséis Penal Municipal de Bogotá D.C. CONCEDE	Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá D.C. CONCEDE.	Educadores del Tolima y Antioquía.