Sentencia T-234/01

 

ACCION DE TUTELA-Naturaleza

 

JUEZ CONSTITUCIONAL-Improcedencia para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la Constitución Política

 

GOBIERNO NACIONAL-Formulación anual del presupuesto y ley de apropiaciones/JUEZ DE TUTELA-Imposibilidad de modificar presupuesto para incremento salarial de servidores públicos

 

ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia incremento salarial para servidores públicos

 

 

 

Referencia: expedientes

T-377255, T-377279, T-377381, T-377382, T-377451, T-377452, T-378102, T-378104, T-378231, T-378233, T-378238, T-378239, T-378240, T-378252, T-378253, T-378254, T-378255, T-378256, T-378294, T-378475, T-378476, T-379259, T-379365, T-379527, T-379528, T-379529, T-379534, T-379537, T-379568, T-379583, T-380163.

 

Accionantes:

Amado de Jesús Sánchez Henao, Pablo Emilio González, Rocío Amparo Ruiz Medina, Dario Orlando Lopera, José Gabriel Pérez Moreno, María Eugenia Mojica Kefer, Patricia Arboleda Maturana, Aida Luz Martínez L., Rosario Hoyos Zuluaga, María Dolores Henao T., Inés González Araque, Carlos Enrique Ramos Caicedo, Bernarda Olivia Quinchía Abello, Mariela Valencia Jiménez, Ana Yadira Eusse Saavedra, Fanny Cano de González, Gabriel Monsalve Madrigal, Didier de J. Serna Muriel, Enrique Lemos Mosquera, Ofelia de J. Ortiz Olarte, Rubén Dario Arango Hidrón, Jorge Luis Humanez Rosso, Flor Alba Argoty Chaves, María Elena Galeano Restrepo, Blanca Nelly Díaz Forero, María Elly Aristizabal Ramírez, María Regina Osorio Trujillo, Carmen Elena Sandoval González, Rosa Amalia Perea Hoyos, Mercedes Méndez Roa, Miguel Alberto Zapata Córdoba y otros.

 

Magistrado Ponente:

Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

 

 

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de  febrero de dos mil uno (2001).

 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Montealegre Lynett, Alfredo Beltrán Sierra y Manuel José Cepeda Espinosa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

 

SENTENCIA

 

dentro del proceso de revisión de los fallos dictados en única, primera y en segunda instancia por distintos despachos judiciales en relación con las acciones de tutela impetradas contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, por los accionantes, servidores públicos de diferentes categorías y entes del Estado.

 

I. ANTECEDENTES.

 

Pretensiones y hechos.

 

Los accionantes instauraron acción de tutela contra el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Educación Nacional, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y contra el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de obtener el amparo de sus derechos al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y al salario vital y móvil y en tal virtud, que se ordene a dichos funcionarios disponer el reajuste de sus salarios, con retroactividad al 1º de enero de 2000, de conformidad con el I.P.C., causado a 31 de diciembre de 1999.

 

Son hechos comunes a todas las demandas los siguientes:

 

Los accionantes laboran al servicio del Estado, adscritos a diferentes entidades, en calidad de educadores, profesores de universidades, funcionarios y empleados de la Rama Judicial (fiscalías y juzgados), empleados del ICBF Regional Bogotá, empleados del SENA, Regional Antioquía, funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional y servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital.

 

Manifiestan que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Hacienda y Crédito Público, anunció que los servidores públicos que devengaran más de dos salarios mínimos mensuales vigentes, no tendrían derecho a ningún tipo de aumento salarial para el año 2000.

 

Mediante el Decreto 182 de 2000, el Gobierno Nacional optó por congelar los salarios de los servidores públicos, con tres excepciones a saber:

 

a) para quienes devenguen el salario mínimo legal, un incremento del 9.23%.

 

b) para quienes devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales, un incremento del 9%.

 

c) para quienes devenguen más de cuarenta (40) salarios mínimos legales, se incrementó el salario en un 15.3%.

 

Mientras que para los trabajadores o servidores públicos que devenguen más de dos (2) salarios mínimos y menos de cuarenta (40) salarios mínimos legales, se ordenó la congelación del mismo.

 

Que sin embargo, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 187 de la Constitución Nacional y de la ley 04 de 1992, los salarios de los Congresistas y con ellos los de los Magistrados de las Altas Cortes, como también la remuneración del Fiscal General de la Nación, del Procurador General de la Nación, del Contralor General de la República y del Defensor del Pueblo, tuvieron un reajuste del 15.3%.

 

Consideran que con esta discriminación por parte del gobierno nacional se han vulnerado sus derechos fundamentales de la dignidad humana, de la igualdad, de remuneración móvil y vital, y que además sus salarios se han visto disminuidos a causa del aumento en el costo de vida.

 

 

II. DECISIONES JUDICIALES.

 

Conocieron de los procesos de tutela diferentes despachos judiciales del orden nacional, algunos concedieron el amparo de tutela solicitado y otros, lo negaron por considerar que no se presentaba vulneración a los derechos invocados por los actores y porque la tutela no era el medio judicial procedente para la solución de los problemas que aducen los accionantes.

 

Consideraron además, que si el Gobierno Nacional, con fundamento en la crisis económica que atraviesa el país, estimó que no era posible hacer un incremento en los salarios de los servidores públicos, lo hizo en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le otorga la Constitución, las que no pueden ser desconocidas a través del mecanismo de tutela.

 

Para mayor ilustración sobre las actuaciones judiciales se anexa un cuadro informativo de las decisiones proferidas en única, primera y segunda instancia recaídas en cada uno de los procesos de tutela en estudio.

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.

 

1. El problema jurídico planteado.

 

Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela constituye el instrumento procesal adecuado para que los demandantes obtengan el incremento salarial que reclaman.

 

2. Solución al problema planteado.

 

Mediante Sentencia SU 1052 de 10 de agosto de 2000[1], la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció respecto de otras demandas de tutela, relacionadas con acciones interpuestas por otros servidores públicos, que tienen en común las mismas circunstancias y pretensiones a las aquí planteadas; en consecuencia, es del caso reiterar las consideraciones y fundamentos, tenidos en cuenta en dicha oportunidad, para aplicarlas a los casos de que dan cuenta los procesos en referencia.

 

“3. Naturaleza de la Acción de Tutela. Improcedencia de esta vía para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la Constitución Política”

 

“Como quedó planteado, la decisión en el asunto que ocupa a la Corte, exige establecer si la acción de tutela es el mecanismo adecuado para ordenar al Gobierno Nacional el incremento de los salarios de los accionantes, dada su calidad de servidores públicos, ya que a éstos para el presente año, no se les ha incrementado su remuneración. Deberá determinarse además, si la acción de tutela procede como mecanismo transitorio, para el efecto, habrá de precisarse si la situación planteada por los invocantes constituye una amenaza a sus derechos fundamentales o les ha ocasionado un perjuicio irremediable”.

 

“3.1. Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de ésta Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública y, en casos excepcionales por un particular, puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para la protección de estos especiales y trascendentales derechos”.

 

“Al respecto se ha sostenido que la acción de tutela es subsidiaria, en cuanto no procede cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho invocado; también se la ha calificado de residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales y además se ha dicho que es informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazadas de los derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria.[2] Debe agregarse además, que la acción de tutela, dada su especificidad, está destinada a proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza o afrenta concreta a una persona determinada”.

 

“Por consiguiente, al juez constitucional no le corresponde interferir, por vía de tutela, en las decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constitución Política a otras autoridades estatales, aunque si podría, en defensa de aquellas situaciones concretas y particulares que le competen, ordenar que se adopten medidas excepcionales con el propósito de salvaguardar los derechos de aquellos que, por quedar cubiertos en una decisión general, resultan discriminados y por tanto desprotegidos”.

 

“De tal manera que, tal como lo consideraron los jueces de instancia, mediante la acción de tutela no es posible sustituir al Gobierno Nacional en su gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado, como tampoco resulta procedente, con el propósito por demás loable de proteger los derechos fundamentales, cuestionar las decisiones que con respecto a ésta facultad se tomen, porque de ser posibles la sustitución y la disputa, tendríamos que concluir que el constituyente le confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado lo cual, además de impertinente, contradice abiertamente la Constitución Política. Este ordenamiento determina con claridad las funciones de los diferentes órganos del poder público delimitando las concurrencias, las cuales se establecen, como mecanismos de control y cooperación en la consecución de los fines del Estado, pero nunca como inmisiones o interferencias (Art. 113. C.P.)”.

 

“Así las cosas, corresponde al Gobierno Nacional la formulación anual del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución Política y compete al Congreso Nacional su aprobación. Por su parte, esta Corporación es la encargada de estudiar y decidir respecto de su constitucionalidad, si en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se llegare a controvertir”.

 

“En consecuencia si como lo expone con claridad el Ministro de Hacienda y Crédito Público y lo ha sostenido esta Corporación, compete al Gobierno Nacional presentar el proyecto de presupuesto y la ley de apropiaciones en armonía con su política económica y fiscal, no le corresponde al juez de tutela ordenar su modificación con miras a que se incluya un rubro destinado al incremento salarial de los servidores públicos, porque, de hacerlo, se inmiscuiría por vía de tutela, en los asuntos que competen a otras autoridades, desbordando así la competencia constitucional conferida en el artículo 86 de la Constitución Política y deberá responder por extralimitación de funciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del mismo ordenamiento”.

 

“De otra parte, debe recordarse que en la contestación a las acciones de tutela cuyas decisiones se revisan, el Ministro de Hacienda y Crédito Público relaciona la decisión del Gobierno Nacional de no incluir en el proyecto de presupuesto un rubro destinado a incrementar la remuneración de los servidores públicos que devengan más de dos salarios mínimos, con la necesidad de incluir en el proyecto de ley de presupuesto compromisos que cuenten con los correspondientes recursos para que puedan efectivamente ser atendidos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto”.

 

“Esta mención del Ministro de Hacienda no puede pasar inadvertida, porque de conformidad con la regla de legalidad del gasto que es un desarrollo del principio de legalidad de la función pública, esta Corporación no podría crear la obligación a cargo del Estado de reajustar el salario de los servidores públicos en un monto determinado y para una vigencia específica, como tampoco ordenar que el Gobierno Nacional lo haga, porque además de transgredir los artículos 6° y 86 de la Constitución Política, como quedó explicado, quebrantaría los artículos 345, 346 y 347 del mismo ordenamiento, como también el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Lo anterior por cuanto, de conformidad con estas disposiciones no se puede crear una obligación ni tampoco ordenar un gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal. Así mismo, no debe olvidarse que el artículo 136 del Código Penal tipifica como peculado comprometer sumas superiores a las fijadas en “el presupuesto” al igual que invertir las incluidas en éste en forma diferente a la prevista. De tal suerte que, tanto por la naturaleza de la acción de tutela como por el principio de legalidad del gasto público, el juez constitucional no puede por vía de tutela incrementar el salario de los accionantes como tampoco ordenar al Gobierno Nacional que lo haga”.[3]

 

“3.2. Los tutelantes además de estar inconformes con la decisión del Gobierno Nacional relativa al no incremento de sus salarios, discrepan de los reajustes previstos en el ordenamiento, tanto para los miembros del Congreso Nacional por el artículo 187 de la Constitución Política, como para los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de otros funcionarios al servicio del Estado, por el artículo 15 de la Ley 04 de 1992. Al respecto consideran, que los incrementos previstos en estas normas desconocen el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Arguyen que la medida del Gobierno Nacional los discrimina, porque solo algunos servidores públicos resultarían afectados con el no incremento de sus salarios para el presente año. Al respecto, precisa reiterar que las anteriores disposiciones no pueden ser controvertidas por vía de tutela porque tienen previsto en el ordenamiento un trámite especial que hace de suyo a la tutela improcedente”.

 

“De lo anterior se sigue que deben confirmarse las decisiones de instancia porque la acción de tutela, tal como quedó expuesto, no es el mecanismo pertinente para cuestionar o modificar las orientaciones o directrices del Gobierno Nacional en materia de gasto público, en razón a que la política fiscal del Estado se hace realidad en la Ley Orgánica del Presupuesto y Ley de apropiaciones para una vigencia determinada, que debe controvertirse, ante esta Corporación, pero en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Al respecto vale recordar que a consideración de ésta Corte se encuentran sendas demandas en las cuales se controvierte la constitucionalidad de la Ley 547 de 1999 - por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2000- radicadas con los números 2780, 2804, 2922 y 3051”.

 

“Igualmente, tampoco la acción de tutela es el procedimiento idóneo para controvertir la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 04 de 1992. Esta disposición, al igual que las anteriores, debe demandarse ante ésta Corte en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad”.

 

“Así mismo, el mandato del artículo 187 de la Constitución Política, de conformidad con el cual la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año, no puede objetarse por ningún procedimiento, puesto que su incuestionable jerarquía la hace inmune a las controversias, incluso ante esta Corporación a la cual corresponde velar por su guarda e integridad. No obstante cabe recordar que las mismas pueden ser reformadas por los canales previstos para el efecto en el mismo ordenamiento (Art. 374 a 379 C.P.)”.

 

 

3. Conclusión

 

En armonía con lo expuesto, debido a que es improcedente la acción de tutela instaurada por los accionantes por existir otro mecanismo de defensa judicial, y, que el perjuicio aducido no cumple con los requisitos de gravedad y particularidad necesarios para que proceda como amparo transitorio, se confirmarán las decisiones que se revisan, proferidas en cuanto se negaron por improcedentes las acciones de tutela instauradas por los accionantes de la referencia y así mismo se revocarán las decisiones de instancias en las cuales se concedió el amparo de tutela solicitado.

 

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE:

 

 

PRIMERO. REVOCAR los fallos de tutela proferidos por los siguientes despachos: Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín (expediente T-377.255), Juzgado Tercero Penal del Circuito de Santa Marta (expediente T-377.279), Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín (expedientes T-377.381, T-377.382), Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín (expedientes T-377.451, T-377.452), Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala de Conjueces (expedientes T-378.102, T-378.104), Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín (expedientes T-378.231, T-378.233, T-378.238, T-378,239, T-378.240, T-378.252, T-378.253, T-378.254, T-378.255, T-378.256, T-378.294, T-378.475, T-378.476), Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cali (expediente T-379.259), Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto (expediente T-379.365), Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín (expedientes T-379.527, T-379.528, T-379.529, T-379.534, T-379.537), Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá D.C.,(expediente T-379.568), Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué (expediente T-379.583) Y Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral (expediente T-380.163).

 

En consecuencia niégase la tutela concedida en los referidos procesos.

 

SEGUNDO. CONFIRMAR los fallos de tutela en cuanto denegaron la protección de tutela solicitada, proferidos en primera instancia por los siguientes despachos judiciales: Juzgado Veinte Civil Municipal de Medellín (expediente T-377.382), Juzgado Quince Civil Municipal de Medellín (expediente T-378.238), Juzgado Promiscuo Municipal de Tangua (Nariño) (expediente T-379.365), y Juzgado Séptimo Penal Municipal de Ibagué (expediente T-379.583).

 

TERCERO. Por Secretaría, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo  36 del Decreto 2591 de 1991.

 

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Magistrado

 

 

 

ALFREDO BELTRAN SIERRA

Magistrado

 

 

 

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General

 

 

Expediente	Accionante	Primera Instancia	Segunda Instancia	Cargo / Empleo
T-377255	Amado de Jesús Sánchez Henao	Juzgado Quinto Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educador de Antioquía
T-377279	Pablo Emilio González Romero y otro	Juzgado Tercero Penal del Circuito de Santa Marta. CONCEDE.		Profesor Universidad del Magdalena
T-377381	Rocío Amparo Ruiz Medina	Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-377382	Dario Orlando Lopera Castañeda	Juzgado Veinte Civil Municipal de Medellín DENIEGA	Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educador de Antioquía
T-377451	José Gabriel Pérez Moreno	Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Empleado Público de Ministerio de Defensa Nacional.
T-377452	María Eugenia Mojica Kefer	Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-378102	Patricia Arboleda Maturana	Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C. CONCEDE	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Conjueces CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-378104	Aida Luz Martínez Lizarralde	Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá D.C. CONCEDE	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Conjueces CONCEDE	Servidor Público del Distrito Capital
T-378231	Rosario de la Cruz Hoyos Zuluaga y otros.	Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educadores de Antioquía
T-378233	María Dolores Henao Torres	Juzgado Quinto Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-378238	Inés González Araque	Juzgado Quince Civil Municipal de Medellín DENIEGA	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-378239	Carlos Enrique Ramos Caicedo y otros.	Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educadores de Antioquía
T-378240	Bernarda Olivia Quinchía Abello	Juzgado Doce Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-378252	Mariela Valencia Jiménez	Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Medellín  CONCEDE	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-378253	Ana Yadira Eusse Saavedra	Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-378254	Fanny Cano de González	Juzgado Veintidós Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-378255	Gabriel Angel Monsalve Madrigal	Juzgado Trece Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educador de Antioquía
T-378256	Didier de Jesús Serna Muriel y otra.	Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educadores de Antioquía
T-378294	Edin Enrique Lemos Mosquera	Juzgado Veintidós Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educador de Antioquía
T-378475	Ofelia de Jesús Ortiz Olarte	Juzgado Veintidós Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educadora de Antioquía
T-378476	Rubén Dario Arango Hidrón	Juzgado Once Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Empleado Público del Ministerio de Defensa Nacional
T-379259	Jorge Luis Humanez Rosso	Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cali (Valle). CONCEDE		Empleado de la Fiscalía General de la Nación
T-379365	Flor Alba Argoty Chaves y otros.	Juzgado Promiscuo Municipal de Tangua (Nariño). DENIEGA	Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto (Nariño). CONCEDE	Educadores de Nariño
T-379527	María Elena Galeano Restrepo	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE		Empleada Pública del SENA Regional Antioquía
T-379528	Blanca Nelly Díaz Forero	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE		Empleada Pública del SENA Regional Antioquía
T-379529	María Elly Aristizabal Ramírez	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE		Educadora de Antioquía
T-379534	María Regina Osorio Trujillo y otros	Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educadores de Antioquía
T-379537	Carmen Elena Sandoval González y otros	Juzgado Tercero Civil Municipal de Medellín CONCEDE	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín CONCEDE	Educadores de Antioquía
T-379568	Rosa Amalia Perea Hoyos	Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá D.C. CONCEDE		Funcionaria del ICBF Regional Bogotá
T-379583	Mercedes Méndez Roa	Juzgado Séptimo Penal Municipal de Ibagué (Tolima) DENIEGA	Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué (Tolima). CONCEDE	Educadora del Tolima
T-380163	Miguel Alberto Zapata Córdoba y otros.	Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín CONCEDE	Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral CONCEDE	Educadores de Antioquía