T-582-03
DERECHOS FUNDAMENTALES-No vulneración por descontar de las mesadas pensionales el porcentaje a cotización en salud
No existen fundamentos para afirmar que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales de los actores por el sólo hecho de descontar de sus mesadas pensionales el porcentaje correspondiente a cotización en salud. La sola realización de un descuento de esa índole es insuficiente para afirmar la vulneración de derecho fundamental alguno pues los pensionados continúan recibiendo sus mesadas cumplidamente y en tanto ello siga siendo así tienen asegurado el ingreso que les permite la satisfacción de sus necesidades vitales. De lo contrario habría que concluir que a todos los pensionados a los que por mandato de la ley se les descuenta el porcentaje correspondiente a cotización en salud, se les estarían vulnerando múltiples derechos fundamentales. Desde luego, esto no es así pues, lejos de ello, tales cotizaciones constituyen un aporte importante para asegurar la prestación del servicio de salud a los pensionados y para mantener la viabilidad del sistema de seguridad social integral.
Referencia: expedientes T-719835 y T-719146 acumulados
Acciones de tutela de Carlos Rodríguez Rodríguez, Silvia Elena Llanos Lobo y otros contra la Sociedad Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil tres (2003).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
dentro del trámite de revisión de las tutelas instauradas por Carlos Rodríguez Rodríguez, Silvia Elena Llanos Lobo y otros contra la Sociedad Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
I. ANTECEDENTES
A. Reseña fáctica
1. Según los actores, por el acuerdo suscrito el 5 de noviembre de 1975 entre la Electrificadora del Atlántico S.A. y el Sindicato Único de Trabajadores de la Electrificadora se convino que las cotizaciones por salud correspondientes a
los trabajadores activos de dicha empresa sería de cargo de ésta. Luego, por la Convención Colectiva de Trabajo de 1983 se convino que los pensionados tendrían el mismo servicio médico que los trabajadores activos y que sería de cargo de la empresa empleadora el pago de las cotizaciones por salud de dichos pensionados.
2. El 4 de agosto de 1998 la Sociedad Electrificadora del Caribe S.A. compró todos los activos de distribución y comercialización de energía eléctrica a la sociedad Electrificadora del Atlántico S.A y a partir del 16 de agosto de 1998 se produjo la sustitución de patronos y la sustitución pensional.
3. A partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, la Electrificadora del Atlántico siguió asumiendo el pago de las cuotas que por concepto de salud correspondía a los trabajadores y pensionados y lo hizo hasta el 15 de agosto de 1998. A partir de esta fecha la Electrificadora del Caribe asumió ese pago.
4. El 30 de mayo de 2002, la Electrificadora del Caribe empezó a descontar el 12% por concepto de cotización por salud a quienes se pensionaron a partir del 1° de enero de 1994. Para ello invocó la crisis económica que atravesaba la empresa y la necesidad de aplicar el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 como un mecanismo, entre otros, orientado a garantizar la viabilidad financiera de la empresa.
En razón de esos hechos se interpusieron dos acciones de tutela. La primera fue presentada el 11 de octubre de 2002 por el presidente de la Asociación de Pensionados de la Electrificadora del Atlántico y Similares, obrando en representación de 373 afiliados. La segunda fue presentada el 8 de noviembre de 2002 por Silvia Elena Llanos Lobo y 27 pensionados más, aunque luego la solicitud de amparo se extendió a 3 extrabajadores más. En los dos casos se actuó mediante apoderado.
En los escritos de tutela los actores manifestaron que la Electrificadora del Caribe, con la conducta asumida, les estaba vulnerando sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al debido proceso, a la asociación sindical y negociación colectiva, a la aplicación de las condiciones más beneficiosas y los derechos adquiridos.
Ante esa situación solicitaron que se le ordenara a esa empresa que se abstenga de seguir haciendo los descuentos del 12%, por concepto de cotización en salud, de sus mesadas pensionales. También invocaron que en caso de considerar que contaban con otros mecanismos legales de protección, se concediera la tutela como mecanismo transitorio pues la alta congestión de los juzgados laborales de Barranquilla haría que la controversia que llegue a suscitarse se resuelva varios años después.
La Electrificadora del Caribe se opuso a la solicitud de amparo constitucional. Para ello refutó, de la siguiente manera, los hechos referidos por los actores:
1. El documento de 5 de noviembre de 1975 no es una convención colectiva de trabajo, ni un acta extraconvencional, ni una modificación de una convención. Se trata sólo de un documento que proviene de una reunión celebrada para buscar solución a la negativa de la organización sindical de cumplir lo establecido en la ley en materia de seguridad social. Tal documento no contiene obligación alguna pues en él varias partes se limitan a dejar constancia de sus criterios en relación con la situación presentada en ese momento con ocasión de la vigencia de la cobertura de seguridad social en salud. Y en lo que respecta a la Convención Colectiva de 1983, en ella no se consagró que el empleador asumiría el pago de los aportes de salud correspondientes a los pensionados pues sólo se indicó que éstos tendrían el mismo servicio médico que los trabajadores activos. Y éstos, de acuerdo con la Ley 4ª de 1976, si bien tenían cobertura familiar en salud, también cotizaban para la prestación de tal servicio.
2. Las empresas que prestaban el servicio de energía en la Costa Atlántica atravesaban por una crisis financiera que amenazaba la continuidad en la prestación del servicio y por ello fueron intervenidas, con fines de liquidación, por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Ello ocurrió con la Electrificadora del Atlántico en abril de 1998. El Gobierno Nacional, con el fin de garantizar la prestación del servicio, estructuró un proceso de capitalización a cinco nuevas compañías. Por ello se constituyó la sociedad anónima Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., a la que se le transfirieron los activos y pasivos de aquella y, entre éstos, los pasivos laborales pero en las condiciones indicadas en el convenio de sustitución patronal -Anexo 22 del contrato de transferencia entre Electricaribe y Electranta-.
3. Electricaribe, al tomar posesión de los activos recibidos, puso en marcha un proyecto de saneamiento de pensiones que implicó el estudio de la situación de los jubilados frente al régimen de seguridad social y las convenciones colectivas de trabajo. Con base en tal estudio se determinó cumplir lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, que es una norma de orden público y de forzoso cumplimiento.
4. Para aplicar esa norma, Electricaribe no requiere consentimiento de ningún estamento pues ella se aplica a todos los colombianos, incluyendo los jubilados de esa empresa pues ellos no están contemplados dentro del régimen de exclusiones establecido en el artículo 289 de la misma Ley 100.
Tras esa reseña, la entidad accionada concluyó:
1. No existe ninguna disposición convencional vigente que indique que el pago de la contribución establecida por el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 a cargo de los pensionados deba ser cubierta por ella.
2. El descuento de esa contribución es una conducta legítima y de ella no se puede inferir vulneración de derecho fundamental alguno pues los accionantes están protegidos por el sistema de seguridad social integral, reciben cumplidamente sus mesadas pensionales y tienen servicio de salud. Ante ello, no se puede hablar de la causación de un perjuicio y mucho menos de carácter irremediable.
3. Se está ante una controversia de carácter legal que debe ser decidida por la jurisdicción ordinaria laboral y no por la jurisdicción constitucional.
Aparte de ello, en la primera de las acciones instauradas, la entidad accionada indicó que no estaba acreditada la legitimidad por activa pues sólo el presidente de la asociación de pensionados había conferido poder en tanto que los pensionados en cuyo nombre se actuaba se habían abstenido de hacerlo. Ante esta circunstancia, el apoderado de los pensionados aportó un escrito en el que buena parte de ellos ratifican las actuaciones de aquél.
Las sentencias de primer grado fueron dictadas el 28 de octubre y el 25 de noviembre de 2002 por el Juzgado Primero Penal Municipal de Barranquilla. Este despacho tuteló los derechos fundamentales invocados por los actores y le ordenó a Electricaribe que suspenda el descuento del 12% que venía realizando sobre sus mesadas pensionales. Para tomar esta decisión, después de transcribir la demanda, la contestación y múltiples disposiciones constitucionales, el Juzgado argumentó:
1. Del artículo 8° del laudo arbitral de primero de febrero de 1967, del final del acta de compilación convencional suscrita el 5 de noviembre de 1975 y del parágrafo primero del artículo 2° de la convención colectiva del 1° de agosto de 1983, se infiere que a favor de los pensionados ya existentes al entrar en vigencia tal convención y de los trabajadores que en el futuro lograran obtener la calidad de pensionados, se estableció el derecho a recibir el servicio de seguridad social en salud a cargo de la empresa.
2. Los aportes de salud correspondientes a los pensionados fueron pagados por la Electrificadora del Atlántico e incluso por Electricaribe. No obstante, ésta, de manera unilateral, optó, desde el 30 de mayo de 2002, por realizar el descuento de tales aportes a todos los trabajadores que se pensionaron con posterioridad al l° de abril de 1994.
3. Tal proceder vulnera los derechos adquiridos por los pensionados y como Electricaribe no denunció la convención ni solicitó tampoco su revisión, vulneró también el debido proceso. Además, se trata de una determinación que afecta derechos como el mínimo vital, el trabajo y la seguridad social en salud.
Las sentencias de segundo grado fueron dictadas el 23 de enero de 2003 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla. Este despacho revocó las sentencias de primera instancia y negó la tutela invocada por los actores. Los fundamentos de los fallos fueron los siguientes:
1. Atendiendo el principio de subsidiaridad, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para dirimir conflictos de carácter laboral. Éstos tienen su escenario jurisdiccional que es la justicia laboral o la justicia contencioso administrativa, según el caso. La tutela procede excepcionalmente cuando se la utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable o para amparar el mínimo vital.
2. No está demostrado que el descuento del 12% de las mesadas pensionales de los actores, por concepto de cotización en salud, genere un perjuicio irremediable. Ellos vienen disfrutando de su pensión y la realización de ese descuento no implica que no se encuentren en capacidad de subsistir con el excedente.
3. Lo que se discute es el conflicto entre el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y la convención colectiva celebrada entre las partes; es decir, el derecho de los actores a recibir su mesada pensional completa y el derecho de Electricaribe a deducir de las mesadas pensionales los aportes en salud. Este es un debate sobre la legalidad del proceder de la entidad accionada y de él debe ocuparse la jurisdicción laboral.
El problema jurídico que debe resolver la Sala es el siguiente: ¿La Electrificadora del Caribe S.A. .E.S.P. vulneró los derechos fundamentales de los actores al trabajo, a la igualdad, al debido proceso, a la asociación sindical y negociación colectiva y sus derechos adquiridos al descontar de sus mesadas pensionales el 12% por concepto de cotización en salud?
1. Para efectos de la revisión de los fallos proferidos en el curso de las instancias, el primer aspecto que se debe determinar es si se violaron o no los derechos fundamentales de los actores. Luego, si la respuesta a ese primer cuestionamiento es positiva, se debe determinar si ellos cuentan con otros mecanismos eficaces de protección. Si tales mecanismos existen, los actores deberán acudir a ellos y la tutela será improcedente. Si no cuentan con tales mecanismos, el amparo constitucional procederá. Finalmente, si tales mecanismos de protección existen pero por su naturaleza no son adecuados para evitar un perjuicio irremediable, la tutela procederá como mecanismo transitorio para evitar tal perjuicio.
2. En cuanto al primer punto, esto es, si se vulneraron o no los derechos fundamentales de los actores, la Sala advierte que la controversia gira en torno a si Electricaribe se encuentra o no habilitada para descontar el 12% de las mesadas pensionales por concepto de cotización en salud. Los pensionados manifiestan que por convención colectiva lograron un derecho consistente en que esas cotizaciones serían asumidas por la empresa en tanto que ésta plantea que ese derecho no fue convencionalmente reconocido y que ante ello nada se opone a la aplicación de lo que sobre el particular dispone el artículo 143 de la Ley 100 de 1993.
La Sala ha revisado con detenimiento los distintos documentos en los que los actores dicen se les reconoció el derecho a que la cotización de salud de los pensionados fuera asumida por la empresa y no por ellos: El laudo arbitral del 1° de febrero de 1967, el documento de 5 de noviembre de 1975, la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 1° de agosto de 1983 y el artículo 7° de la Ley 4ª de 1976.
En el artículo 8° del laudo arbitral citado se consagra la prestación del servicio de salud para los trabajadores y sus familias pero no se dice nada en relación con los pensionados. En el segundo documento se dice que la empresa cubrirá las cuotas que los trabajadores tengan que aportar al Seguro Social por los nuevos riesgos de enfermedad y maternidad pero también se guarda silencio en relación con la situación de los pensionados. En la Convención Colectiva de Trabajo de 1983 se indica que a todos los trabajadores que se encuentren pensionados o que se pensionen en el futuro se les seguirá reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976. Sin embargo, esta ley, en su artículo 7° dispone que los pensionados del sector público y sus familiares tienen derecho a disfrutar de los servicios de salud establecidos para los trabajadores activos “mediante el cumplimiento de las obligaciones sobre aportes a cargo de los beneficiarios de tales servicios”.
Como puede advertirse, en ninguno de los documentos invocados por los actores se afirma, de manera expresa, que la empresa asumirá el pago de las cotizaciones en salud correspondientes a los pensionados. Luego, los elementos de juicio con que se cuenta en los procesos que ocupan la atención de la Sala no permiten inferir que se incurrió en un manifiesto desconocimiento de un derecho laboral reconocido convencionalmente. En esas condiciones, existía un fundamento razonable para que la empresa diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y descontara el porcentaje correspondiente a la citada cotización.
3. Si no se está ante un derecho inequívocamente reconocido sino ante un derecho que es discutible ante los jueces competentes, no existen fundamentos para afirmar que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales de los actores por el sólo hecho de descontar de sus mesadas pensionales el porcentaje correspondiente a cotización en salud.
Como lo ha expuesto la Corte en recientes pronunciamientos (Sentencias T-577-02 y T-969-02) y en casos similares a los que aquí se consideran, la sola realización de un descuento de esa índole es insuficiente para afirmar la vulneración de derecho fundamental alguno pues los pensionados continúan recibiendo sus mesadas cumplidamente y en tanto ello siga siendo así tienen asegurado el ingreso que les permite la satisfacción de sus necesidades vitales. De lo contrario habría que concluir que a todos los pensionados a los que por mandato de la ley se les descuenta el porcentaje correspondiente a cotización en salud, se les estarían vulnerando múltiples derechos fundamentales. Desde luego, esto no es así pues, lejos de ello, tales cotizaciones constituyen un aporte importante para asegurar la prestación del servicio de salud a los pensionados y para mantener la viabilidad del sistema de seguridad social integral.
Los actores invocan varios precedentes en los que distintas Salas de Revisión de esta Corporación han tutelado el derecho del pensionado a recibir su mesada pensional completa. No obstante, la lectura que debe hacerse de tal línea jurisprudencial es que están proscritos los descuentos no autorizados por el pensionado o no permitidos por la ley mas no que no puedan realizarse los descuentos dispuestos por la ley con ocasión de las cotizaciones para la prestación del servicio de salud al pensionado.
4. Lo expuesto en precedencia, desde luego, no constituye una conclusión definitiva en torno a si a los actores les asiste o no el derecho que pretenden se reconozca en esta sede. Sólo se ha dicho que no se está ante elementos de juicio de los que se infiera claramente el reconocimiento de un derecho de los pensionados y que no existe fundamento para imputarle a la entidad accionada el desconocimiento unilateral de un derecho convencionalmente reconocido y la vulneración, con ocasión de ello, de múltiples derechos fundamentales. Pero ello no impide aceptar que se está ante un derecho que es susceptible de discusión bien ante la justicia laboral ordinaria o ante la justicia arbitral. No obstante, esta circunstancia evidencia aún más que no se está ante un supuesto de vulneración de derechos fundamentales cuyo conocimiento le incumba a la jurisdicción constitucional sino ante una controversia legal de índole laboral que debe plantearse ante esa jurisdicción.
Por estos motivos, la Sala, revocará las sentencias proferidas por el juez de primera instancia, confirmará las sentencias proferidas por el juez de segundo grado y negará el amparo constitucional invocado por los actores.
Con fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. Revocar las sentencias proferidas por el Juzgado Primero Penal Municipal de Barranquilla el 28 de octubre y el 25 de noviembre de 2002 y confirmar las sentencias proferidas por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla el 23 de enero de 2003.
Segundo. Negar el amparo constitucional invocado en el proceso 719.835 por los actores ABIGAIL SANTANA, ADALBERTO OLMOS, ADALBERTO RIPOLL CALDERÓN, ADOLFO PALMA NORIEGA, ADRIANO VERGARA OSORIO, ALBA ROSILLO DE DIAZGRANADOS, ALBERTO BARBOSA ORTEGA, ALBERTO FRANCO CASTRO, ALBERTO JIMÉNEZ DE LA HOZ, ALFONSO ARAUJO MORENO, ALFONSO BARRIOS MARTÍNEZ, ALFREDO MARTÍNEZ MIRANDA, ÁLVARO GHYSAYS VANEGAS, ÁLVARO GONZÁLEZ BARRIOS, ÁLVARO MATIZ PÉREZ, ÁLVARO PÉREZ COLINA, ÁLVARO SMALBACH MERLANO, ÁLVARO VILLAFAÑE RUÍZ, AMADA SALAS DE PARRA, AMELIA PACHECO DE SARMIENTO, ANDRÉS GARCÍA ARIZA, ANDRÉS RUÍZ ALMANZA, ÁNGEL PACHECO BERDUGO, ÁNGEL SANDOVAL FLÓREZ, ANTOLÍN IRANDA CABARCAS, ANTONIO DONADO RODULFO, ANTONIO LÓPEZ CASTRO, ANTONIO ROCHA RUÍZ, ARCESIO VERGARA VIDAL, ARGEMIRO NAVARRO VIDAL, ARMANDO BLANCO CASTILLO, ARMANDO DOMÍNGUEZ SARMIENTO, ARMANDO MENDOZA NOVOA, ARNOVY AMOR PÉREZ, ATALA ESMERAL DE LOS REYES, AUGUSTO ESCALANTE OROZCO, BEATRIZ DE CHAMIÉ JULIAO, BETTY BEDOYA BENAVIDES, BETTY ESTRADA CAMARGO, CAMILO MANOTAS IGLESIAS, CAMPO ELÍAS GONZÁLEZ TORRES, CARLOS JAIMES MONTERROSA, CARLOS QUIÑÓNEZ ROMERO, CARLOS RAMIRO JIMÉNEZ CHARRIS, CARLOS SOTO PÉREZ, CARMEN MARRIAGA DE DÁVILA, CARMEN PERNETT MONTAÑO, CARMEN RODADO DE LA HOZ, CASIMIRO ROCHA SABALETH, CENITH CERVANTES HERRERA, CÉSAR EMILIO AHUMADA RAMÍREZ, CÉSAR TAPIAS NIÑO, CLÍMACO ZABALA MORALES, CONCEPCIÓN PEDROZA PADILLA, DANIEL CUENTAS RODRÍGUEZ, DANIEL SOLANO NAVARRO, DAVID BAYUELO OLIVERO, DAVID SANDOVAL HERNÁNDEZ, DAVID SEGURA LÓPEZ, DENNYS QUINTERO, DIEGO SANDOVAL PARRA, DIÓGENES BOLÍVAR AFRICANO, DIONISIA MOGOLLÓN DE ESTRADA, DONALDO CASTAÑO NARVÁEZ, DORIS PANSSA DE PARRA, EDGAR RODRÍGUEZ REALES, EDGARDO CAMACHO CÁRDENAS, EDGARDO ENRIQUE MARTÍNEZ BUSTAMANTE, EDGARDO FONTALVO DÍAZ, EDGARDO IBÁÑEZ DE ALBA, EDILBERTO DANIELS PEÑA, EDILBERTO SOLANO PACHECO, EDINSON ARIZA GÓMEZ, EDIS CONEO SARMIENTO, EDITH CARBONELL DE ESCUDERO, EDUARDO ÁLVAREZ ROSALES, EDUARDO BELEÑO LOBO, EDUARDO OSPINO CASTRO, ELBA MARÍA VILLA BAENA, ELECTO SALTARÍN MOLINA, ELÍAS AHUMADA GALLARDO, ELIDA GARCÍA ESCALANTE, ELISA GARCÍA DE OLIVO, ELIZABETH JUHA MUÑOZ, ELIZABETH TORRES DE SOLANO, EMERENCIANA POLO PALMA, EMILIO TALERO VILLALBA, EMIRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ENA MARÍA HENRÍQUEZ MERCADO, ENOC CHATELAIN MEDINA, ENRIQUE DE LA HOZ PÉREZ, ENRIQUE FLÓREZ CASTILLO, ENRIQUE JANER CHARRIS, ERLINDA HERNÁNDEZ DE OYAGA, ESTHER SALES PÉREZ, ETILVIA CASTELLAR GLORIA, EUCARIS GUTIÉRREZ OJEDA, EVERLIDES DE MOLINA, FELIPE CERVANTES HERRERA, FERNANDO AMARIS GÓMEZ, FERNANDO AYCARDY MEJÍA, FERNANDO SERNA JIMÉNEZ, FIDIA MELGAREJO DE FERNÁNDEZ, FRANCISCO BÁEZ AGUDELO, FREDDY NARVÁEZ, GARY SANTOFIMIO ARDILA, GIDIO GUZMÁN YEPES, GILBERTO MENDOZA ABAD, GILBERTO PAVA RUBIO, GILBERTO ZAMBRANO MEDINA, GLADIS PACHECO ABALLERO, GLADIS PALLARÉS GÓMEZ, GONZALEZ MORENO CÁCERES, GREGORIO DE LEÓN CABARCAS, GUIDO VALDERRAMA, GUILLERMINA VDA. DE CANEDO, GUILLERMO HERNÁNDEZ ECHEVERRÍA, GUMERSINDA URUETA DE FERNÁNDEZ, GUSTAVO SÁNCHEZ OROZCO, HEBERTO RODRÍGUEZ ESTRADA, HÉCTOR GONZÁLEZ CASTRO, HERNANDO BERDUGO BERDUGO, HERNANDO PINILLOS VILORIA, HUGO CAICEDO ESCAMILLA, ILSY ALVEAR CÁCERES, INÉS CASTILLO AYUBB, ISABEL PALACIO DE MOLINARES, JACOB LÓPEZ MARÍN, JAIME AHUMADA CORONADO, JAIME CORONADO CASTELLANOS, JAIME GÓMEZ RÍOS, JAIME MARTÍNEZ ALTAMAR, JAIME PUELLO DE LA HOZ, JAIME VARGAS ECHEVERRÍA, JAIRO BLANCO VILORIA, JAIRO DURÁN DE LA HOZ, JAIRO FÁBREGAS MAZA, JAIRO GALVIS HERNÁNDEZ, JAIRO GUTIÉRREZ VILLALOBOS, JAIRO RIVERA JIMÉNEZ, JAIRO SALCEDO LORA, JAVIER AGUDELO AGUIRRE, JESÚS GONZÁLEZ, JESÚS OTERO DÍAZ, JESÚS PEÑARANDA MORANTES, JESÚS RAMÍREZ CASTILLO, JESÚS ROBERTO GIL ESPEJO, JHONNY MAYORAL ROMERO, JOAQUÍN PEÑALOZA CABARCAS, JOAQUÍN VALENCIA, JORGE APARICIO ANAYA, JORGE DEFEX RODRÍGUEZ, JORGE ELISEO ANAYA SERRANO, JORGE ESPINOSA CASTRO, JORGE GERÓNIMO ALTAMAR, JORGE GUERRERO CERVANTES, JORGE JAIMES SANDOVAL, JORGE LEMUS LOBO, JORGE MARENCO MENDOZA, JORGE RODRÍGUEZ SARMIENTO, JOSÉ BORJA MEDINA, JOSÉ DÍAZ ACOSTA, JOSÉ JIMÉNEZ VALERA, JOSÉ MARÍA CORDOBÉS, JOSÉ MÁRQUEZ HERRERA, JOSÉ MARTÍN CABARCAS BECHARA, JOSÉ MERCADO DE LOS REYES, JOSÉ ORTEGA CASTRO, JOSÉ ROJAS BARRIOS, JOSÉ ROLONG, JOSÉ SUÁREZ SUÁREZ, JOSÉ VICTOR CAMBELL CASTRO, JOSÉ VÍCTOR ROCHA, JUAN FIGUEROA POLO, JUAN PACHECO RODRÍGUEZ, JUAN PATERNINA, JUANA MOSQUERA DE AHUMADA, JULIO MUÑOZ VEGA, JULIA PULIDO DE HENAO, JULIO ROMERO MARCELES, JULIO VILLA LÓPEZ, LEONIDAS LEÓN TEJADA, LEOPOLDO ROJANO FRUTO, LESBIA RODRÍGUEZ MARENCO, LUIS ARRIETA LÓPEZ, LUIS CARLOS JIMÉNEZ HERAZO, LUIS DE LA HOZ CAMPO, LUIS DE LOS REYES SARMIENTO, LUIS DEL VALLE DE ÁVILA, LUIS EDUARDO ACUÑA MERCADO, LUIS ENRIQUE PRADA VÁSQUEZ, LUIS ESTRADA MOGOLLÓN, LUIS ESTRADA TRESPALACIOS, LUIS LADRÓN DE GUEVARA, LUIS LÓPEZ VARGAS, LUIS MANOTAS DE LA ROSA, LUIS PEÑARANDA SANZ, LUIS PÉREZ HERNÁNDEZ, LUIS RODADO, LUZ MARINA CASTILLO DE ESCORCIA, LUZ MARINA DE CHAMIÉ DÍAZGRANADOS, MANUEL BLANCO BARRAZA, MANUEL HERNÁNDEZ QUIROZ, MANUEL MARTÍNEZ CAUSIL, MANUEL ZAMORA GARCÉS, MARCOS NAVARRO SARMIENTO, MARÍA OSPINO REALES, MARÍA ROSALES OLAVE, MARIANO VERGARA OSORIO, MARINA ESTHER CABALLERO PALLARES, MARINA TAMAYO DE MOLINARES, MARIO ALBERTO BELEÑO SAAVEDRA, MARIO DE MOYA MARÍN, MARIO OROZCO, MARTHA BALZA RÍOS, MARTÍN BERMEJO CASTILLO, MARTÍN MANTILLA RUÍZ, MARVIN RODRÍGUEZ TORRES, MIGDALIA ATKINSON GUTIÉRREZ, MIGUEL LEÓN RIVERA, MIGUEL LLANOS CRUZADO, MINERVA RICARDO DE MOLINA, MIRIAM BAUTISTA TORRENTE, MIRIAM PINTO SANABRIA, MOISÉS BERMÚDEZ FÁBREGAS, MOISÉS GÓMEZ RIVERA, NAZARIO CANTILLO DÍAZ, NÉSTOR ALTAMAR CASTILLO, NICANOR VIDAL PUELLO, NORIS MEDRANO DE LA ROSA, NURY MARCHENA DE TORRES, OLGA MARÍN CASTRO, OLGA SÁNCHEZ DE SALDAÑA, ORLANDO ARAUJO RADA, ORLANDO DÍAZ RODRÍGUEZ, ORLANDO ESCORCIA VARGAS, ORLANDO MARTÍNEZ HOYOS, ORLANDO MELÉNDEZ ÁLVAREZ, ÓSCAR MARIANO MIRANDA, ÓSCAR PATERNINA, ÓSCAR ROSALES ROSALES, OSVALDO OROZCO CASALIMS, PATRICIA SALGADO DUSSAN, PEDRO CASTILLO BERDUGO, PEDRO CORONELL VILLANUEVA, PEDRO TORREGROZA RIVAS, PEDRO VARGAS TORRES, RAFAEL BOLAÑO DE ALBA, RAFAEL CANTILLO DE LA HOZ, RAFAEL PEÑALOZA CABARCAS, RAFAEL SALAS PÉREZ, RAFAEL VEGA, RAMIRO CARRILLO PUELLO, RAMÓN BARANDICA VÁSQUEZ, RAÚL OSORNO GARCÍA, RAÚL TONCELL, REBECA GUTIÉRREZ GASTELBONDO, REINERO MARIANO ARROYO LOZANO, RENÉ CARDONA MENDOZA, RICARDO ESTRADA CORONADO, RICARDO MÁRQUEZ CUENTAS, ROBERTO CABALLERO RODRÍGUEZ, ROBERTO LARA CORONADO, ROBERTO MELÉNDEZ, ROBERTO MENDOZA IMITOLA, ROBERTO SUÁREZ GAMARRA, ROBERTO VIDAL PUELLO, RODOLFO BRAVO FERNÁNDEZ, RODOLFO ORTEGA MÁRQUEZ, RODRIGO MUÑOZ GALLEGO, ROSA AMARANTO CONRADO, ROSALBA VILLALBA DE TALERO, RUTH RAMOS DE TEJERA, SABAS CUESTAS VILLANUEVA, SAÚL PELÁEZ HERNÁNDEZ, SERGIO MARTÍNEZ URUEÑA, VALENTÍN PÍON MERLANO, VICENTE MERCADO MACHACÓN, VÍCTOR DE JESÚS ALCALÁ JIMÉNEZ, VÍCTOR HENRIQUEZ MANOTAS, VÍCTOR MESA ROMO, VÍCTOR VALLE FIERRO, VILMA ESTHER CASTRO ALTAHONA, VININDA OQUENDO DE LA ROSA, VIRGINA DE LA HOZ COBA, WILFRIDO AHUMADA OLIVARES, WILFRIDO COBA CRUZ, WILFRIDO PÉREZ MARTÍNEZ, YADIRA SIMAN GUERRA, YANETH CRESPO VARELA, ADRIANO GONZÁLEZ MOLINARES, ALBERTO HERNÁNDEZ YEPES, ALCIDES MUÑOZ DÍAZ, ALFONSO SARMIENTO, ÁLVARO CHARRIS CALDERÍN, ANA SOFIA ARIZA DE PIZARRO, ÁNGEL MERCADO CABARCAS, ANÍBAL ROJAS ROJAS, ANTONIO MERIÑO BARRERA, ARMANDO HENAO OSPINA, ARQUÍMEDES BELTRÁN OLIVERA, ATILIO CHIQUILLO URBINA, BEATRIZ SILVA COVELLI, BETTY FLORIAN LÓPEZ, BLANCA ROJAS DE MANOTAS, BLAS VALENCIA, CARLOS RODRÍGUEZ ESPINOZA, CARLOS ROMERO HERNÁNDEZ, CÉSAR ARCIERI, CÉSAR PADILLA MARTÍNEZ, DANIEL SARMIENTO ANDRADE, DOMINGA CASTILLO DE VIZCAÍNO, EDGARDO PIÓN VIOLA, EDITH GUTIÉRREZ VDA. DE GALINDO, EDMUNDO ORTEGA ROCHA, EMMA LOZANO DE GARCÍA, ENMANUEL LARA CASTAÑEDA, FAUSTO ENRIQUE HERNÁNDEZ, FERNANDO ÁLVAREZ CASTILLO, FILADELFO CABALLERO, FLOR CERVANTES FONSECA, FRANKLYN ORTEGA CADENA, GERARDO MANOTAS MACHACÓN, GERMÁN MIRANDA MESA, GILBERTO SANTAMARÍA, GUILLERMO VERGARA PATIÑO, GUSTAVO ANGULO EREZ, GUSTAVO DE LA HOZ PIÑA, GUSTAVO GUTIERREZ, GUSTAVO TERÁN PÚA, HÉCTOR PEDRAZA, HERNÁN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, HERNÁN VARGAS CHAVARRIAGA, JAIME MORALES CALDERÓN, JAIME RAFAEL IMITOLA ORTEGA, JAIRO SUÁREZ VARELA, JORGE OSORIO MONTERO, JOSÉ MANUEL POTES VILLA, JUAN LEÓN GUZMÁN ROMERO, JUDITH AMARIS PIÑERES, JULIO REALES, LETICIA CANTILLO MONTERO, LIDIA MIRANDA MESA, LUIS EDUARDO CASTRO BOLÍVAR, LUIS EDUARDO RUEDA BARRERA, LUIS MEDINA VARELA, LUIS URRIAGA MARTÍNEZ, MARÍA ATENCIO DE OREJUELA, MARÍA BLANCO DE MONTAÑO, MARÍA ESTELLA MARTES OTERO, MARINA MORENO DE VARGAS, MARIO ARENAS, MIGUEL ANTONIO VALERA ÁVILA, NÉSTOR RAÚL TOSCANO, NUBIA NAVARRO DE ROSALES, NURY MOLINA SARMIENTO, ONOFRE TORRES, ORFELIA LASTRA DE GONZÁLEZ, OSVALDO ARIZA ARIZA, PEDRO BENAVIDES COLMENARES, PRUDENCIA DE LA CRUZ PICALÚA, RAFAEL GARCÍA LENGUA, RAFAEL RAMOS GRAU, REILBERT ARIAS MIRANDA, RICARDO CABALLERO GALVÁN, RITA ORTEGA DE BEVANS, SANTIAGO FERNÁNDEZ ELJAICK, SHIRLEY OQUENDO, TEDDY RODRÍGUEZ, TOMAS TRUYOL FONTALVO, VICENTE CORONELL MARTÍNEZ, VÍCTOR IGLESIAS MELÉNDEZ y YADIRA BADILLO FONTALVO.
Tercero. Negar el amparo constitucional invocado en el proceso 719.146 por los actores LUIS ENRIQUE NIÑO VERBEL, LUIS EDUARDO ARGUELLO PASTRANA, FRANKLYN SANDOVAL TORRES, ADOLFO SANTIAGO SALCEDO, TARCIO OLIVEROS CORONELL, JORGE QUINTERO ORTIZ, FANNY PÉREZ PACHECO, FERNANDO PÉREZ PACHECO, ORLANDO ANTONIO JIMÉNEZ GOENAGA, LUIS LARRE ARTEAGA, DIANA MARÍA ACOSTA ANGULO, CIRO ENRIQUE MIER BERRÍO, GERARDO HERRERA AGUDELO, JORGE MIGUEL FREJA CALDERA, ALBERTO MORATTO FLORES, CAMILO FADUL BENÍTEZ, MARTHA PALACIO CABARCAS, LADY MARINA PEREA SALCEDO, CARLOS DE JESÚS PANTOJA GARCÍA, CARLOS GUILLERMO OCHOA GONZÁLEZ, JACINTO PEÑA BORJA, GLORIA TARRA DE MARTÍNEZ, MARIO MARTÍNEZ PARRA, GLADYS IBARRA BENAVIDES, JESÚS ARTURO HERAZO DE ALBA, SOFANOR CUENTAS RODRÍGUEZ, EVER RAMIRO JIMÉNEZ GUIHUR, SILVIA ELENA LLANOS LOBO, ALFREDO BENAVIDES CABRERA, ARMANDO BUSTAMANTE ESCOBAR Y MARÍA RAMOS RAMOS.
Cuarto. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General