T-276-04
ACCION DE TUTELA-Hecho superado por pago de acreencias laborales
Referencia: expediente T-788956
Acción de tutela instaurada por Luis Alberto Angarita contra la Industria Colombiana de Artefactos ICASA, en concordato.
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
Bogotá D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil cuatro (2004).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Eduardo Montealegre Lynett, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por los Juzgados 27 Civil Municipal de Bogotá y 14 Civil del Circuito de Bogotá, en primera y segunda instancia respectivamente, dentro del expediente de tutela T-788956.
I. ANTECEDENTES.
1. El ciudadano Luis Alberto Angarita López presentó acción de tutela contra ICASA, en concordato, con el propósito de que le fueran canceladas las sumas correspondientes a los salarios de noviembre de 2002 a mayo de 2003, la prima de servicios del segundo semestre de 2002, y los intereses a las cesantías del año 2002. Indicó que la empresa se encuentra en proceso concordatario desde hace más de 10 años, y que en el mes de abril de 2003 celebró contratos de compraventa sobre un número importante de sus activos. Afirmó que ICASA ha condicionado la orden de pago de las sumas adeudadas a la presentación de su renuncia. Por último, señaló que con el no pago de sus salarios y prestaciones se le vulneran sus derechos al trabajo, a la igualdad y al mínimo vital, entre otros.
2. El representante judicial de la empresa indicó que la acción presentada por Angarita era temeraria y partía de la mala fe, puesto que el pago de tales acreencias estaba sometido a las reglas concordatarias; que en los sucesivos acuerdos se dispuso catalogar tales obligaciones como pasivos laborales, los cuales se irían pagando en la medida de la capacidad financiera de la empresa. De otro lado, señaló que la acción de tutela era improcedente por existencia de otro mecanismo de defensa judicial (la vía ordinaria) y por estar dirigida contra un acto legítimo de la empresa (el acuerdo concordatario), de conformidad con el artículo 45 del Decreto 2591 de 1991. Finalmente, sostuvo que no era cierto que la empresa hubiera presionado la renuncia de Angarita, ni que la hubiese establecido como condición para proceder al pago, lo cual se demuestra con las previsiones respectivas en los acuerdos posconcordatarios y con los pagos sucesivos según la disponibilidad financiera de la empresa.
3. El juez de primera instancia decidió negar el amparo. Consideró el Juzgado (i) que no existe certeza de la disponibilidad de recursos por parte de la empresa que permita librar una orden de pago con éxito, (ii) que el trabajador debe someterse al orden de prelación de pagos según los acuerdos concordatarios, (iii) que el camino más adecuado es dirigirse a la empresa con el fin de que le informen sobre el cumplimiento de los acuerdos y el orden en que se vienen pagando las acreencias, (iv) que en el presente caso no se advierten conductas ilegales de la empresa.
El juez de segunda instancia decidió confirmar la decisión del a quo en el sentido de negar el amparo. Consideró el ad quem que a pesar de que la situación económica del actor era apremiante, no se alcanzaron a configurar los elementos que según la jurisprudencia permiten predicar la existencia de un perjuicio irremediable. Por tanto, la acción de tutela devenía en improcedente ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA REVISIÓN.
Competencia.
4. De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9, de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas.
Actuación de la Corte y adecuación del trámite.
5. En curso el trámite de revisión, la Sala advirtió una posible nulidad procesal por indebida integración del contradictorio. En consecuencia, mediante auto del 4 de diciembre de 2003 ordenó al juez de primera instancia poner en conocimiento del asunto a la Fiduciaria de Occidente y a la Superintendencia de Sociedades, ya que ambas entidades habían tomado parte activa en el proceso concordatario de ICASA.
Una vez surtida la actuación y remitido el expediente a la Corte, se pudo establecer, según los documentos aportados al proceso, que el señor Angarita celebró negocio jurídico de conciliación con ICASA en concordato, el cual consta en el acta 48 del día primero 1º de octubre de 2003, de la inspección número 11 de la Dirección Territorial del Trabajo de Cundinamarca. En dicha acta se conciliaron las sumas adeudadas por concepto de salarios desde noviembre de 2002 a abril de 2003, prima de servicios del segundo semestre de 2002, intereses de las cesantías del año 2002 y el doble como sanción por no pago oportuno, saldo final de vacaciones pendientes, prima de servicios proporcional de 2003 y otras prestaciones. La suma total de las obligaciones objeto de conciliación ascendió a $39.251.507. (fls. 128 a 132)
Así mismo, constan en el expediente una copia del comprobante de egreso de la Fiduciaria de Occidente por el valor de $39.251.507 (fl. 127), y una copia informal de la relación de las conciliaciones celebradas con los trabajadores de ICASA, debidamente certificada por la Superintendencia de Sociedades (fls. 98 a 126) entre las cuales figura la conciliación celebrada entre el actor y la empresa, por una suma de $39.251.507. (fl. 109).
Verificación de un hecho superado y decisión del caso.
Para la Corte está plenamente demostrado (i) que la empresa ICASA en concordato, celebró acuerdo conciliatorio con el ciudadano Luis Alberto Angarita López mediante el cual se resolvió el conflicto laboral entre el trabajador y la empresa, (ii) que existe cierta identidad entre las pretensiones de la solicitud de tutela elevada por Angarita, los rubros sobre los que versó la conciliación y lo efectivamente conciliado, y (iii) que existe prueba del pago efectivo de la suma conciliada ($39.171.508) a favor de Angarita, por parte de la Fiduciaria de Occidente. Por lo anterior, la Corte considera que han desaparecido los hechos que daban fundamento a la pretensión de amparo y que habían sido señalados por el actor como vulneradores de sus derechos fundamentales.
En consecuencia, la Corte confirmará las decisiones de instancia en la medida en que niegan el amparo, pero aclarando que la razón de la decisión se restringe a la verificación de la existencia de un hecho superado, situación que como se sabe, permite afirmar que ha cesado la vulneración de los derechos fundamentales o que han desaparecido los presupuestos para conceder el amparo, según el caso.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo colombiano y por mandato de la Constitución Nacional
Primero.- Levantar la suspensión de los términos decretada mediante auto del 4 de diciembre de 2003, en el asunto de la referencia.
Segundo.- Confirmar las sentencias proferidas por los Juzgados 27 Civil Municipal de Bogotá y 14 Civil del Circuito de Bogotá en el sentido de negar la tutela de los derechos a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital del ciudadano Luis Alberto Angarita López, bajo el entendido de que en el presente caso se superaron los hechos que daban fundamento a la solicitud de amparo.
Tercero.- Por Secretaría General librar las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (E)