Sentencia T-872/06

 

LICENCIA DE MATERNIDAD-Objeto/LICENCIA DE MATERNIDAD-Protección constitucional

 

LICENCIA DE MATERNIDAD-Requisitos para el reconocimiento y pago

 

LICENCIA DE MATERNIDAD-Derecho prestacional

 

LICENCIA DE MATERNIDAD-Procedencia excepcional de tutela para el pago

 

LICENCIA DE MATERNIDAD-Lapso irrisorio en que se dejó de cotizar a salud

 

LICENCIA DE MATERNIDAD-Pago por cuanto la interrupción en los aportes a salud fue solo de 26 días

 

Referencia: expediente  T-1385538

 

Acción de tutela instaurada por Oneida Martínez Solarte contra  Cruz Blanca E.P.S

 

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA

 

 

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil seis (2006)

 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados NILSON PINILLA PINILLA, MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Y JAIME ARAÚJO RENTERÍA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

 

 

SENTENCIA

 

dentro del trámite de revisión del fallo dictado por el juzgado cuarto Civil Municipal de Cali en el asunto de la referencia.

 

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Hechos

 

Los hechos relatados por la parte demandante en la acción de tutela se resumen así:

 

1.     El día 15 de enero de 2005, la señora Oneida Martínez Solarte ingresó a trabajar como operaria en la Empresa Confecciones Rolex y Compañía Ltda.

 

2.     El día 14 de Marzo de 2005 la accionante informó al señor Rodrigo Valdes Solarte, el empleador, que se encontraba en estado de gravidez.

 

3.      La señora Martínez se encuentra afiliada a Cruz Blanca E.P.S.

 

4.     El día 6 de noviembre de 2005 la accionante dio a luz, fecha en la cual empezó a gozar de su licencia de maternidad, por lo que adelantó las diligencias necesarias ante la EPS demandada con el fin de reclamar el pago de dicha licencia. Ésta le fue negada, argumentándose interrupción de la cotización durante la gestaciones, lo cual, arguye la señora Martínez es falso, toda vez que viene laborando en la empresa ya mencionada desde el día 15 de enero de 2005.

 

2. Solicitud de tutela.

 

La señora Oneida Martínez Solarte solicita la protección del derecho fundamental al mínimo vital suyo y de su hija menor. En consecuencia pide se ordene a la EPS demandada hacer el pago de la licencia de maternidad a la que tiene derecho.

 

3. Intervención de la parte demandada.

 

Cruz blanca EPS, por medio de su apoderado, consideró que su decisión no vulnera en forma alguna los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que ésta estuvo basada en la normatividad aplicable. En efecto, considera, entendió la accionada que el pago correspondiente a la licencia de maternidad no pudo ser efectuado pues la actora no cumplió con todo el tiempo de cotización durante su embarazo. Así, adujo: “(la señora Martínez) tiene una FUM 14 de febrero de 2005, y parto normal a termino (sic) el 6 de noviembre de 2005 con 38.5 semanas de gestación, Su (sic) empresa la retira en planilla de 6 de enero de 2005 cancelando solo (sic) 8 días y la reingresan a la afiliación en la EPS cuando ya estaba embarazada el 10 de marzo de 2005 cancelando solo (sic) 21 días. Lo anterior no significa que la accionantes quede desamparada, sino que la obligación del pago de al Licencia de Maternidad no corresponde a Cruz Blanca E.P.S., sino al empleador Confecciones Rolex en virtud del artículo 3 del Decreto 047 de 2000”.

 

Por otra parte, considera la entidad demandada, que la acción de tutela no fue concebida para defender derechos económicos, sino para proteger aquellos fundamentales, de tal forma, que procurar el pago de una suma de dinero por medio de esta acción se torna improcedente.

 

Por todo lo anterior, la accionada solicita se declare improcedente la presente acción de tutela, toda vez que la conducta desplegada por ésta ha sido en todo momento ajustada a derecho.

 

4. Pruebas relevantes aportadas al proceso.

 

1.     Copia del carné de afiliación de la señora Oneida Martinez Solarte a la E.P.S Cruz Blanca. (cuad. 2 Fol. 1).

 

2.     Copia de incapacidad médica por licencia de maternidad suscrita por la Ginecóloga y obstetra Alexandra Guarín N. (Cuad. 2 Fol. 2).

 

3.     Registro Civil de Nacimiento de la menor Luisa Fernanda García Martínez. (Cuad. 2 Fol. 3).

 

4.     Copia de liquidación de prestaciones económicas en donde se desconoce el pago de la licencia de maternidad por parte de la E.P.S. Cruz Blanca por presentarse interrupción de cotización durante la gestación. (Cuad. 2 Fols. 5 y ss).

 

 

II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN

 

El conocimiento de la tutela correspondió al juzgado cuarto Civil Municipal de Cali, que por sentencia única de instancia del nueve (9) de mayo de dos mil seis (2006) decidió negar el amparo constitucional solicitado.

 

Según el parecer del A quo no existe vulneración a los derechos fundamentales de la actora por la negativa de la accionada de hacer el pago de la licencia de maternidad a la que aquella tenia derecho, toda vez que lo único que hizo la E.P.S. demandada fue ajustarse a los lineamientos normativos que rigen el caso concreto. En efecto, entendió el juez de instancia que al no cumplirse a cabalidad con los requisitos para el otorgamiento de la licencia de maternidad, particularmente el de cotizar a salud durante todo el tiempo de la gestación, no corresponde a Cruz Blanca E.P.S. hacer el desembolso a la que la señora Martínez tiene derecho, sino que éste corresponde a la empresa en la que laboraba.

 

Por lo anterior, el juez de primera instancia decidió negar el amparo solicitado en lo que respecta a la E.P.S Cruz Blanca, pero conminó al empleador, Confecciones Rolez al trámite correspondiente al pago de la licencia de maternidad que le corresponde a la señora Oneida Martínez Solarte.

 

Revisión por la Corte Constitucional.

 

Remitido el expediente a esta Corporación, mediante auto del veintiocho (28) de julio de dos mil seis (2006), la Sala de Selección dispuso su revisión por la Corte Constitucional.

 

 

III. CONSIDERACIONES

 

Problema jurídico y esquema de resolución.

 

2-De conformidad con los antecedentes expuestos con anterioridad, esta corporación deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿Hay vulneración a los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de una madre y su hija menor cuando la EPS a la que aquella se encuentra afiliada se niega a hacer efectivo el pago correspondiente a la licencia de maternidad, aduciendo que no se cumplió con los requisitos para el otorgamiento de la misma, particularmente el de continuidad en la cotización durante el periodo de gestación?

 

Para resolver el asunto, este Tribunal determinará en primer lugar, cuál es el alcance de la licencia de maternidad para proteger los derechos fundamentales de las mujeres y de la población recién nacida; en segundo lugar, se observarán los requisitos que ha determinado la ley para que una madre pueda acceder al reconocimiento y pago de la licencia de maternidad y la interpretación jurisprudencial que a estos se ha dado; en tercer lugar, se reiterará la jurisprudencia constitucional con respecto a la procedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de la licencia de maternidad y, por último, resolverá el caso concreto.

 

La licencia de maternidad es un mecanismo para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y de la población recién nacida. Reiteración de jurisprudencia.

 

3- La Corte Constitucional ha reconocido que la consagración de la licencia de maternidad en la legislación laboral es desarrollo de la obligación del Estado de asistir y proteger a la mujer durante el embarazo y después del parto[1]. Esta obligación surge en cabeza del Estado colombiano, entre otras cosas, por la aprobación y posterior ratificación que éste ha hecho de múltiples tratados y convenios internacionales que propenden por la salvaguarda de los derechos de las mujeres y de la niñez. En efecto, instrumentos de derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), entre otros,  incluyen dentro de sus articulados las obligaciones en cabeza de los Estados parte de conceder a la familia la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea ésta responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo; así mismo, la de dar especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto, esto mediante la concesión de una licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social[2].

 

En virtud de lo anterior, es importante exaltar que la licencia de maternidad es un elemento idóneo, si por lo que se propende es por garantizar los derechos fundamentales y la protección especial conferida a las mujeres durante la etapa de la maternidad y a la población infantil neonata. En consecuencia, tal prestación es inescindible de derechos, tales como la vida digna, el mínimo vital y la salud de la madre y el recién nacido. Por esto, los mismos imperativos supralegales aplicables en el territorio colombiano y las leyes que los desarrollan no la desconocen. Es así como la misma Constitución Política desarrolló en su articulado, de manera conjunta y sistémica,  una cláusula de especial protección a los grupos de población vulnerable (art. 13) y la disposición superior del artículo 43 según la cual la mujer, durante el embarazo y después del parto, goza de una especial protección por parte del Estado y recibirá de éste un subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

 

En este orden de ideas, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha dicho que el descanso remunerado en la época del parto, consagrado en el artículo 236[3] del Código Sustantivo del Trabajo es una de las modalidades para garantizar la especial protección de la mujer dispuesta en el artículo 13 de la Constitución Política[4]. De esta manera, se puede observar que la intención del constituyente y del legislador ordinario al reproducir estas normas, es la de reconocer a la madre un descanso pago, con el fin de que se recupere del parto y cuente con la posibilidad de brindarle al recién nacido el cuidado y la atención requeridas[5]. En consecuencia, la eficacia de la cláusula de especial protección establecida por el constituyente depende del cumplimiento de las obligaciones prestacionales consagradas a favor de la mujer y la criatura recién nacida.

 

Por consiguiente, aun cuando la licencia de maternidad es una prestación económica y para acceder a la misma sea necesario cumplir determinados requisitos previamente establecidos, el pago de tal prestación configura un derecho fundamental, por lo que es susceptible de protección por vía de tutela por encontrarse en clara relación con derechos fundamentales de la madre y del recién nacido, como lo son los derechos a la vida digna, a la seguridad social y a la salud[6].

 

Descrito lo anterior, es pertinente entrar a observar los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para el acceso directo al pago de la licencia de maternidad.

 

Requisitos legales para el acceso al reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. Reiteración de jurisprudencia.

 

4- La legislación colombiana desarrollando lo descrito en el acápite anterior, en lo relativo a las obligaciones surgidas en cabeza del Estado, en virtud de los instrumentos internacionales que éste ha ratificado respecto de la protección de la madre y del neonato, codificó en la Ley 100 de 1993 un diseño para estructurar y consolidar el derecho a la salud en Colombia. En relación con la protección de los derechos a la salud, la vida, el mínimo vital y la protección especial a la mujer embarazada, esta ley consagró que la licencia de maternidad constituye una prestación económica que responde a la contingencia causada por la situación de maternidad de las mujeres. De acuerdo con el artículo 162 de la Ley ídem, el Plan de Salud Obligatorio permitirá “la protección integral de las familias a la maternidad”[7]. 

 

Así pues, el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad a los afiliados corresponde al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de las EPS, quienes deberán aplicar el régimen señalado por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (art. 172 num. 8). Sin embargo, para hacer efectivo el pago de lo correspondiente a la licencia de maternidad, el conjunto de normas que desarrollan esta temática ha reconocido ciertos requisitos que deben cumplirse para hacer exigible dicha prestación. En efecto, del artículo 63 del Decreto 806 de 1998[8], el artículo 3 del Decreto 047 de 2000[9] y el mismo Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 236[10] se desprenden estos requisitos, los cuales esta Corte ha sintetizado en: (i) haber cotizado ininterrumpidamente durante todo el período de gestación; (ii) haber cancelado en forma completa el aporte durante el año anterior a la fecha de la solicitud; (iii) haber cancelado en forma oportuna al menos cuatro aportes durante los seis meses anteriores al momento en el cual se causa el derecho y (iv) no encontrarse en mora en dicho momento[11].

 

5- Respecto del primer requisito citado, el cual tiene relevancia para el caso concreto, esta Corte ha precisado que aunque existen normas específicas que regulan la materia[12] en las cuales se determinan los períodos mínimos de cotización, se fijan los recursos con cargo a los cuales debe ser pagada la licencia, se establecen los requisitos que deben cumplirse para su reclamación y se sanciona a los empleadores con el pago de ésta cuando cotizan por períodos inferiores al de gestación o lo hacen de manera inoportuna y tal falta de oportunidad es alegada a tiempo por la E.P.S., existen eventos en que se ha sostenido[13] que, excepcionalmente, la acción de tutela procede para ordenar el pago de la licencia de maternidad, pues aquel “no puede considerarse como un derecho de carácter legal y, por el contrario, debe considerarse como un derecho de carácter fundamental, de orden prevalente, cuando se amenaza el mínimo vital y móvil de la madre y el niño”[14].

 

Por consiguiente, en situaciones particulares, la jurisdicción constitucional es competente para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de la madre y del recién nacido, como en el evento en que el pago de la prestación económica en comento constituye un medio económico indispensable para la manutención de aquellos.

 

Dando aplicación a los presupuestos ya descritos, la jurisprudencia ha ordenado en múltiples oportunidades el pago completo de la licencia de maternidad, inclusive cuando no se han efectuado de manera continua los aportes a la E.P.S. Así por ejemplo, en sentencia T-931 de 2003[15] de esta corporación, se dispuso:

 

 

“Negar la licencia con el argumento formal de que la accionante tuvo una interrupción de 11 días en su cotización es optar por la prevalencia de la forma sobre lo verdaderamente sustancial, contrariando también el artículo 228 C.P.”

 

 

De igual forma, en sentencia T-1010 de 2004[16], se manifestó:

 

 

Siguiendo la solución dada en la Sentencia T-389/04, (…) el no pago de parte de las cotizaciones durante la licencia no hace que se pierda este derecho. Además, como la Corte ha sostenido en reciente jurisprudencia (T-931/03, M.P. Clara Inés Vargas), cuando el desfase en los aportes es casi irrisorio (como en el caso de la señora Lida María Gil en el cual se dejó de cotizar por 18 días de marzo), no es dable aplicar con absoluto rigor las normas que exigen el pago completo e ininterrumpido de determinadas prestaciones; de lo contrario se estaría dando prevalencia a lo formal sobre lo sustancial.”

 

 

En conclusión, se puede afirmar que: al momento de interpretar y aplicar las normas adjetivas que establecen periodos mínimos de cotización para efectos de adquirir el derecho a determinadas prestaciones económicas de origen laboral, como sucede con la licencia de maternidad, debe darse prelación absoluta a los criterios materiales que rigen estas figuras jurídicas consagradas en defensa de las personas en circunstancias de debilidad manifiesta sobre los criterios puramente formales que no siempre se corresponden con los elementos fácticos que rodean cada caso en particular.

 

El juicio de procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de acreencias laborales a personas de especial protección constitucional: El perjuicio irremediable y agotamiento de los medios de defensa de los derechos. Reiteración de jurisprudencia.

 

6- La Constitución Política de Colombia, en su artículo atinente a la acción de tutela (art.86), ha establecido que ésta procederá siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo de defensa transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Es precisamente esta afirmación la que hace de la acción de tutela un elemento de carácter subsidiario y residual.

 

Empero lo anterior, en múltiple jurisprudencia, esta Corte ha considerado que dicha afirmación no puede ser aplicada con base en una hermenéutica literal. Se ha entendido así que, en lo que tiene que ver con personas sujetos de especial protección constitucional, los requisitos de procedibilidad excepcional de la acción de tutela deben ser analizados de manera menos restrictiva. En efecto, en lo relativo a los disminuidos físicos y síquicos, niños y las madres cabeza de familia entre otros, esta Entidad ha manifestado que“(…)en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección constitucional(…). En estos eventos, la caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad.”[17] (Subrayas fuera del texto)

 

Así las cosas, la configuración de un perjuicio irremediable y la valoración de la existencia de otros mecanismos judiciales de defensa, como condiciones de procedencia de la tutela, deben ser analizadas dependiendo de las circunstancias de cada caso concreto, esto con el fin de determinar para cada uno, la inminente presencia o posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que llegare a vulnerar los derechos fundamentales de las personas de las que se predique, como ya se dijo, estado de vulnerabilidad y que por ello requieran de mayor protección.

 

En este orden de ideas, esta Entidad señaló que, en la medida en que las consecuencias y repercusiones que los posibles daños y afectaciones a los derechos fundamentales de los sujetos de especial protección constitucional pueden revestirse de una mayor trascendencia, está justificado constitucionalmente darles a los mismos un tratamiento diferencial positivo[18], circunstancia que, eventualmente, puede implicar la ampliación del ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela. Si se ven estas consideraciones en casos puntuales se observa, por ejemplo, que en el caso de los niños, la recreación o la alimentación balanceada cobran una particular importancia que generalmente no es la misma para el caso de los adultos (C.P. artículo 44).  De igual forma, la protección a la maternidad en sus primeros meses adquiere una gran relevancia, que justifica un tratamiento preferencial en favor de la mujer (C.P. artículo 43)[19].

 

Análisis del caso concreto

 

7-En la presente controversia, la señora Oneida Martínez Solarte solicita la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social, protección especial a la maternidad, integridad física y al mínimo vital suyos y de su hija menor, los cuales considera vulnerados por la decisión de Cruz Blanca E.P.S. de negarle el pago de lo correspondiente a la licencia de maternidad, por considerar ésta que no se cumplieron a cabalidad los requisitos legales. En efecto, consideró la entidad demandada que a la señora Martínez no le es aplicable el pago de la licencia de maternidad, toda vez que no realizó el aporte continuo a seguridad social y salud durante todo el tiempo de embarazo. En ese sentido, la accionada manifiesta que la actora “tiene un FUM 14 de febrero de 2005 y parto normal a termino (sic) el 6 de noviembre con 38.5 semanas de gestación, Su (sic) empresa la retira en planilla de enero 6 de 2005 cancelando solo 8 días y la reingresan a la afiliación en la EPS cuando ya estaba embarazada el 10 de marzo de 2005 cancelando solo 21 días”.

 

8-Descrito lo anterior será menester para esta Sala determinar, en primer lugar, si resulta procedente la solicitud de amparo de un derecho de carácter prestacional, como es el caso de la licencia de maternidad, por vía de la acción de tutela, atendiendo a su carácter excepcional y subsidiario frente a los mecanismos ordinarios contemplados en el ordenamiento jurídico interno para su efectiva protección y garantía judicial.

 

Al respecto, es necesario verificar si se configura el supuesto de hecho que exige la jurisprudencia constitucional para tal efecto, esto es, que la falta de reconocimiento y pago de la licencia de maternidad amenace o vulnere, actual e inminentemente, el mínimo vital de la peticionaria y de su hija recién nacida, vistos estos como personas sujetos de especial protección constitucional, según lo ya expuesto en la parte normativa de esta sentencia.

 

Así, en el expediente bajo estudio se denotan algunas afirmaciones hechas por la accionante respecto de su condición económica y el alivio que le representaría a ella y a su hija el pago efectivo de la licencia de maternidad. En efecto, se observa en el escrito de demanda (Cuad. 2 Fols. 9 y ss) que la señora Martínez es empleada de la empresa Confecciones Rolex y Compañía Ltda.; allí su cargo es el de operaria, por lo que recibe como sueldo lo correspondiente a un salario mínimo legal mensual vigente. Así mismo, expresa la actora que no tiene entradas económicas extras a la anteriormente descrita y que el padre de la menor no colabora en su manutención. Todo lo anterior también conlleva a que la señora Martínez haya dejado de devengar salario alguno durante el término legal de licencia que aquella tomo para el cuidado de la neonata. Dichas afirmaciones, según lo ha entendido esta Entidad, se tienen por ciertas, toda vez que no fueron desvirtuadas por la parte accionada.[20]

 

Igualmente, se debe tener en cuenta que la accionante pertenece a un grupo humano vulnerable y titular de una especial protección del Estado por encontrarse en circunstancias de debilidad manifiesta, situación que deriva en que, para efectos probatorios, en la presente controversia se presuma que la conducta de la demandada vulnera su mínimo vital y el de su hija recién nacida.  

 

De acuerdo con estas consideraciones, queda claro que en la controversia que se decide está satisfecho el requisito objetivo definido por esta Corporación para la procedencia de la intervención del Juez Constitucional, por vía de la acción de tutela, en procura de asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales de la demandante.

 

9-Habiendo encontrado procedente la presente acción de tutela, es pertinente entrar a hacer un análisis de fondo al caso concreto para determinar su prosperidad. Así, se analizará si las razones expuestas por Cruz Blanca E.P.S. para justificar su renuencia al pago de la licencia de maternidad de la Señora Martínez son válidas jurídicamente, a partir de los enunciados normativos aplicables al caso.

 

El único argumento dado por Cruz Blanca E.P.S para no realizar el pago de la licencia de maternidad de la señora Oneida Martínez Solarte es que ésta no cumplió a cabalidad con todos los requisitos legales para la procedencia de dicho pago, pues, entendió la accionada que al no haber aquella cotizado ininterrumpidamente durante todo el tiempo de su gestación es razón suficiente para negar la solicitud.    

 

Tal y como se observó en el análisis jurisprudencial hecho con anterioridad en esta sentencia, sobre el tema especifico aludido por la entidad demandada en la contestación de la presente acción, se dijo que “el no pago de parte de las cotizaciones durante la licencia no hace que se pierda este derecho. Además, como la Corte ha sostenido en reciente jurisprudencia (T-931/03, M.P. Clara Inés Vargas), cuando el desfase en los aportes es casi irrisorio, (...) no es dable aplicar con absoluto rigor las normas que exigen el pago completo e ininterrumpido de determinadas prestaciones; de lo contrario se estaría dando prevalencia a lo formal sobre lo sustancial”[21].

 

Si se tiene en cuenta que la señora Martínez se encuentra afiliada a la E.P.S. Cruz Blanca desde el 21 de marzo de 2001[22], y que la interrupción, para efectos de la licencia de maternidad, se presentó, según fechas expuestas por la entidad demandada, entre el 14 de febrero de 2005, día en que se inició la gestación, y el 10 de marzo del mismo año, fecha de reingreso a la afiliación en la E.P.S Cruz Blanca, se tiene que fueron 26 los días en que se dejo de hacer el pago correspondiente a salud. Debe atenderse además, a que el requisito exigido por la ley aplicable y la jurisprudencia constitucional al respecto, habla de ininterrupción durante la etapa de gestación, es decir, para el caso concreto, a partir del 14 de febrero de 2005. De esta forma, haciendo aplicación inmediata de lo esgrimido por la Corte Constitucional al respecto[23], estos 26 días (tiempo transcurrido entre las fechas correspondientes al inicio de gestación y al reingreso a la afiliación en la E.P.S.) se convierten en un lapso irrisorio, si se compara con el tiempo durante el cual la demandante ha cotizado oportunamente al sistema. Además, aún más insignificante debe ser visto el interregno transcurrido sin cotización oportuna, si lo que se está viendo vulnerado son los derechos fundamentales de las personas.

 

Así, se observa que en este caso el lapso de 26 días es inferior a un mes, lo que lo hace insignificante, dado lo descrito con anterioridad. Distinta podría ser la situación que se presentaría después de un mes.

 

Descrito lo anterior, se puede concluir que la razón expuesta por Cruz Blanca E.P.S. para negar la solicitud de pago de la licencia de maternidad de la señora Oneida Martínez no está justificada en el caso concreto, pues el término durante el cual se presentó la interrupción en los aportes a salud es insignificante  en comparación con el tiempo durante el cual la accionante ha venido cotizando.

 

10-Habiendo visto que la objeción de la entidad demandada se torna improcedente, así como que los demás requisitos dados por la jurisprudencia constitucional y las normas aplicables al caso concreto se cumplen; además, porque no fueron controvertidos por la accionada, esta Sala revocará la decisión del juez de instancia, que negó las pretensiones de la demandante, y en su lugar concederá, ordenando a Cruz Blanca E.P.S. a que en el terminó de 48 horas a partir de la notificación del presente fallo haga efectivo el pago de lo correspondiente a la licencia de maternidad de la señora Oneida Martínez Solarte.

 

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,

 

 

RESUELVE:

 

Primero. REVOCAR la decisión adoptada el nueve (9) de mayo de 2006 por el Juzgado Cuarto (4) Civil Municipal de Bogotá en la cual denegó el amparo solicitado por la señora Oneida Martínez Solarte, dentro del trámite de la acción instaurada contra Cruz Blanca E.P.S., y en su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la vida digna, a la maternidad, y al mínimo vital de la demandante y a la  protección a la recién nacida.

 

Segundo. ORDENAR a Cruz Blanca E.P.S., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a partir de la notificación de este fallo, proceda a pagar a la actora el valor de la licencia de maternidad que le corresponde.

 

Tercero. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Magistrado

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

 

 

 

MANUE JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General