[1] Con base en lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991 (artículo 35), la Corte Constitucional ha señalado que las decisiones de revisión que se limiten a reiterar la jurisprudencia pueden “ser brevemente justificadas”. Así lo ha hecho en varias ocasiones, entre ellas, por ejemplo, en las sentencias T-549 de 1995 (MP Jorge Arango Mejía), T-396 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-054 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-392 de 2004  (MP Jaime Araujo Rentería) y T-959 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). 

[2] El 21 de abril de 2004, el Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá resolvió tutelar los derechos de Julián Orlando García Delgado, pues consideró que “[l]a dilación injustificada en el tiempo para programar, practicar o autorizar un tratamiento médico integral que ha sido ordenado, [pone] en riesgo de deteriorar en forma más grave su salud (…).” En consecuencia, ordenó a Coomeva EPS que en el término de dos días suministrara la totalidad del tratamiento integral, exámenes, medicamentos e intervenciones quirúrgicas que requiera la atención integral y oportuna de la salud del menor accionante, sin sujeción a las exclusiones del POS, para lo cual deberá contratar los servicios de la Corporación Síndrome de Down o por su cuenta.”

[3] Adelaida Portilla Lizarazu, actuando en nombre de Coomeva EPS participó en el presente proceso de acción de tutela para señalar: “Solicitamos sobre el caso información al Área de Garantía de Calidad de nuestra Entidad quien nos informa sobre el particular que “… en acatamiento al fallo proferido el 21 de abril de 2004, se le ha prestado oportunamente atención médico asistencial requerida como tratamiento integral, exámenes, medicamentos, e insumos al menor Julián Orlando García Delgado, requeridos para conllevar su patología de síndrome de down.  ||  Así mismo, el petente solicita a través de nueva acción de tutela se le suministre a su hijo un proceso de rehabilitación e inclusión escolar en el área comportamental  en la corporación educativa CANE, Centro de Aprendizaje y Nivelación  Escolar Educación Especial, por considerar que es la institución más adecuada para las necesidades de su hijo.  ||  Respecto a la pretensión del accionante, de suministrar un tratamiento educativo a su hijo se le informó que este, no hace parte de las coberturas del Plan Obligatorio de Salud, razón por la cual se le negó su solicitud y en consecuencia se le aclaró que nuestra entidad no tiene convenio con estas instituciones de educación especial.” (expediente, folios 11-12)  El accionante informa que el 17 de julio de 2006 presentó “(…) ante el Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá, solicitud de ampliación a la tutela  para la atención del niño en la nueva insti­tu­ción, pero el día 1 de agosto según auto emitido por el Juzgado se negó dicha ampliación por consi­derar que no es aplicable en este nuevo caso.”

[4] Dice la Juez de instancia en su sentencia: “(…) el despacho observa que el servicio educativo requerido por la accionante se escapa del ámbito regido por la normatividad anteriormente transcrita; toda vez que dentro de los servicios de salud que presta el sistema no se encuentra incluido el de rehabilitación e inclusión escolar en un centro de aprendizaje y nivelación escolar para educación especial. No obstante lo anterior, dentro de la cobertura de los servicios POS, se encuentra el de Salud Ocupacional y Terapias de Lenguaje; el cual resultaría aplicable al caso concreto, de no ser porque dentro de la documental allegada como prueba dentro de la presente acción de tutela no se encuentra documento alguno a través del cual se demuestre que dichos servicios de salud hayan sido ordenados por el médico tratante del menor, requisito sine quanon para que sea viable el amparo de los derechos alegados por el accionante, toda vez que, a través de ello se demuestra la violación efectuada por la accionada a los derechos del menor afiliado (…)”. (Expediente, folios 13 a 18)  

[5] El accionante dice al respecto: “(…) la esencia de nuestra solicitud de amparo se fundamentas en la rehabilitación integral que cubra las necesidades básicas de salud física, emocional, de lenguaje y ocupacional del niño que venían siendo cubiertas por la Corporación Síndrome de Down.”

[6] El accionante aportó una certificación del Doctor Jaime Céspedes MD, Director de pediatría de la Fundación Cardio Infantil, Instituto de Cardiología, fechada el 24 de agosto de 2006, en la cual se indica: “Certifico que Julián Orlando García Delgado, actualmente con 9 años, tiene de base un síndrome de Down con compromiso multiorgánico. ||  Se corrigió CIA + Ductus, pero tiene una hipertensión pulmonar leve, que se descompensa con los cuadros virales y requiere de suplencia de oxígeno.  ||  Aún presenta hipotonía y su lenguaje no es acorde a la edad cronológica.  ||  Requiere de rehabilitación integral: (física, ocupacional y de lenguaje) en forma permanente.” (Expediente, folio 28).

[7] Dice el Juez al respecto en la sentencia de segunda instancia: “(…) empero, como tal procedimiento [—el solicitado—] no está afectando directamente la salud del menor de tal forma que ponga en peligro la vida del paciente, se confirmará la sentencia impugnada.”

[8] Según la Constitución (art. 44), “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, (…)”. Al respecto pueden consultarse entre otras muchas las sentencias T-514 de 1998, T-415 de 1998, T-408 de 1995, T-531 de 1992, T-287 de 1994, T-556 de 1998, T-117 de 1999. De otra parte, debe tenerse en cuenta que el régimen constitucional de protección de la niñez tiene un complemento efectivo en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos que sobre el particular han sido ratificados por Colombia, los cuales, según los términos del artículo 93 superior, prevalecen en el orden interno. En efecto, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 1989, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, al reconocerse que la infancia supone cuidados y asistencia especiales, dada la falta de madurez física y mental del niño.

[9] Ver entre muchas otras, las sentencias T-075 de 1996, SU-225 de 1998, T-236 de 1998, T-286 de 1998, T-453 de 1998, T-514 de 1998, T-556 de 1998, T-784 de 1998, T-796 de 1998, T-046 de 1999, T-117 de 1999, T-119 de 1999, T-093 de 2000, T-153 de 2000, T-610 de 2000, T-622 de 2000, T-1430 de 2000.

[10] Sentencia T-860 de 2003.  Con todo, la Corte precisa que es imperativo considerar, en el caso concreto,  si existe otro medio de defensa judicial efectivo para amparar las garantías básicas puestas en peligro.  En la sentencia T-223 de 2004 (MP Eduardo Montealegre Lynett) y T-538 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte reiteró que el derecho a la salud es directamente fundamental frente a los contenidos del POS y del POSS. 

[11] Ha dicho la jurisprudencia con relación a la justiciabilidad de los servicios de salud no contemplados por el plan obligatorio, la jurisprudencia ha señalado que ésta tiene lugar cuando (i) la falta del servicio vulnera o ame­naza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere;  (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio, o que pudiendo ser sustituido, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan, siempre y cuando tal nivel sea necesario para proteger la vida y la integridad personal del paciente;  (iii) el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encar­gada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmen­te a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo bene­ficie; y  (iv) el servicio ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encar­gada de garantizar la prestación del ser­vicio a quien está solicitán­dolo. Estos criterios fueron establecidos en estos términos por la sentencia T-1204 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), en el contexto del régimen contributivo de salud; en este caso la Corte ordenó a la entidad encargada de garantizarle al peticionario la prestación del servicio de salud (Colmena Salud EPS) que autorizara la practicara del servicio requerido (examen de carga viral). La Corte tuvo en cuenta que según la jurispru­dencia constitucional, el juez de tutela puede ordenar “(…) la prestación de los servicios de salud, a los cuales las personas no tienen el derecho fundamental a acceder, cuando sin ellos se haría nugatoria la garantía a derechos consti­tu­cionales fundamentales como la vida y la integridad personal, pues frente a estos derechos, inherentes a la persona humana e independientes de cualquier circunstancia ajena a su núcleo esencial, no puede oponerse la falta de reglamentación legal (decisión política) o la carencia de recursos para satisfa­cerlos.” Esta decisión, defendida por la jurisprudencia constitucional desde su inicio [ver al respecto, entre otras, las sentencias T-484 de 1992 (MP Fabio Morón Díaz), T-505 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-548 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón], sigue los precedentes establecidos por la Corte Constitucional en materia de acceso a los servicios médicos en el Sistema de Seguridad Social en Salud [ver al respecto, entre otras, las sentencias T-224 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz), SU-480 de 1997 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-236 de 1998 (MP Fabio Morón Díaz), T-631, T-628 y T-691 de 1998 (MP Antonio Barrera Carbonell) y SU-819 de 1999 (MP Álvaro Tafur Galvis)]. 

[12] Corte Constitucional, sentencia T-1211 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); en este caso se resolvió ordenar a Salud Total EPS la práctica del examen cariotipo, con el objeto de establecer si el hijo de la accionante sufre o no síndrome de Down; la entidad había rechazado la solicitud porque el examen no se encuentra dentro del POS.

[13] Corte Constitucional, sentencia T-295 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); en este caso se resolvió conceder la tutela interpuesta para amparar el goce efectivo del derecho a la salud de un menor con síndrome de Down, y, en consecuencia, se ordenó a Cajanal EPS que en el término de tres (3) días, proporcionara a la accionante los tiquetes aéreos que requiere para poder acompañar a su hijo menor de edad a la cita de control que se le debe practicar en Bogotá por el médico endocrinólogo tratante [el menor se encontraba en la ciudad de Leticia, Amazonas].

[14] Corte Constitucional, sentencia T-467 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); en este caso la Corte decidió: “En conclusión, es violatorio del derecho fundamental a la salud de un menor que una ESS, EPS o ARS le suspenda el suministro de un tratamiento médico que requiera, antes de que éste haya sido efectivamente asumido por otro prestador.  ||  Si tales servicios (i) se encuentran fuera del POSS, (ii) venían siendo prestados por la ARS o por la empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado el menor, (iii) son necesarios para tratar o diagnosticar una patología grave que padece, será la ARS o la empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado, la entidad encargada de continuar con su suministro, con cargo a recursos del Fosyga, hasta tanto otra entidad prestadora de servicios de salud no asuma de manera efectiva la prestación de los servicios requeridos. Una vez suministrado el servicio médico excluido del POSS, la ARS o la empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado el menor, tendrá derecho a repetir contra este fondo.  ||  De otro lado, si los servicios requeridos (i) se encuentran dentro del POSS, (ii) venían siendo prestados por la ARS o por la empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado el menor y (iii) fueron ordenados por su médico tratante, inscrito a esta entidad, será la ARS o la empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado, la entidad encargada de continuar con su suministro, con cargo a sus propios recursos.”

[15] Corte Constitucional, sentencia T-1012 de 2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra); en este caso la Corte decidió que no debía ordenar la práctica de un servicio en una institución específica cuando no se ha demostrado que es la única que puede prestarlo. La Corte consideró que “(…) la sola afirmación del accionante no es prueba suficiente para concluir que la única institución adecuada para brindar [el] tratamiento al menor sea la Corporación Síndrome de Down y que el tratamiento de rehabilitación brindado por la EPS Colpatria no sea el adecuado.”

[16] Expediente, folio 28.