T-488-07


REPÚBLICA DE COLOMBIA

Sentencia T-488/07

 

 

ACCION DE TUTELA CONTRA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Solicitud de retiro de ahorros por parte de interno para costear educación de hijas

 

DIGNIDAD HUMANA EN EL CONTEXTO DE LA CONSTITUCION Y LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

 

Al momento de examinar la línea jurisprudencial sobre este punto, encontró la Corte que la dignidad humana ha sido entendida como principio inspirador de todas las actuaciones estatales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, y 13 de la Constitución Nacional. Encontró la Corporación, que el principio de la dignidad humana ha sido comprendido en conexión con la obligación en cabeza del Estado y de quienes obran en su nombre de garantizar una vida de calidad; ha sido concebido como una expresión mínima de convivencia; como un compromiso permanente de solidaridad y de actuación proporcional y no arbitraria por parte de las autoridades estatales; como una obligación de de brindarles un trato igual a personas colocadas en iguales circunstancias y de asegurarles las condiciones materiales indispensables para que les sea factible elegir lo que tienen razones para valorar, esto es, los elementos materiales suficientes que les permitan a las personas ejercer su libertad.

 

DIGNIDAD HUMANA DEL INTERNO-Deben poder gozar plenamente de este derecho

 

DERECHO DE INTERNO A RETIRAR SUS AHORROS-Interpretación restrictiva del término calamidad doméstica por parte de la Dirección de Penitenciaría

 

La aplicación del reglamento debe observar igualmente los criterios extraídos de la jurisprudencia constitucional encaminados a asegurarle a las personas privadas de la libertad el goce de su derecho a la dignidad humana. Negarle la posibilidad al recluso de invertir las sumas ahorradas por concepto de trabajo carcelario para solventar las necesidades de su familia con el argumento de que no se trata de calamidad doméstica debidamente comprobada no parece razonable ni proporcionado. Una interpretación tan restrictiva del término calamidad doméstica como la realizada por la Dirección de la Penitenciaria, desconoce el derecho que tiene el recluso a que se garantice su dignidad humana en la dimensión en que la naturaleza y funcionalidad de tal derecho ha sido delineada por la jurisprudencia constitucional. Examinada la actitud de la Dirección Carcelaria - orientada a omitir la entrega de los ahorros a Edinson Estrada Puerta para solventar los gastos de educación de sus hijas menores por cuanto el recluso no ha comprobado debidamente la calamidad doméstica - a la luz de los criterios constitucionales, legales y jurisprudenciales, encuentra la Sala que tal comportamiento no se ajusta a las exigencias establecidas en la Ley 65 de 1993 y tampoco armoniza con la manera como la jurisprudencia constitucional ha fijado el sentido y alcance del derecho a la garantía de la dignidad humana y con la forma cómo esta Corporación ha insistido en la necesidad de asegurarle a las personas privadas de la libertad el goce de este derecho.

 

DIGNIDAD HUMANA-Naturaleza y sentido supone no solamente la prohibición del Estado de intervenir en aspectos propios de la intimidad y libre desarrollo

 

El derecho a la dignidad humana cuya naturaleza y sentido ha sido establecido por la jurisprudencia constitucional, supone no sólo la prohibición de intervenir el Estado en aspectos propios de la intimidad del ser humano y del libre desarrollo de su personalidad, es decir, asegurar que la personas puedan configurar su propia vida de la manera que mejor se ajuste a lo que ellas consideran valioso. Implica que el Estado adopte todas las medidas posibles para que esa libertad pueda ejercerse de manera real y efectiva. Que las entidades estatales estimulen el ejercicio de esta libertad y no pongan obstáculos injustificados, esto es, restricciones cuya existencia no encuentra sustento ni desde la perspectiva de los derechos de los demás ni desde el punto de vista de lo establecido en la Constitución.

 

DERECHO DE INTERNO A RETIRAR SUS AHORROS-Orden al Director de la Penitenciaría de entregar al interno la suma que por concepto de trabajo como monitor tiene ahorrada

 

En el caso sub examine debe proceder a tutelar la protección invocada y, en consecuencia, a ordenar al Director de la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, entregue la suma que por concepto de su trabajo como monitor de música ha ahorrado el recluso para que lo destine a satisfacer sus necesidades familiares.

 

 

Referencia: expediente T-1556941

 

Acción de tutela instaurada por Edinson Estrada Puerto contra la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar

 

Magistrado Ponente:

Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.

 

 

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil siete (2007).

 

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:

 

 

SENTENCIA.

 

 

I. ANTECEDENTES.

 

El señor Edinson Estrada Puerto – actuando en nombre propio - contra la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar solicita el amparo de su derecho constitucional fundamental al respeto por la dignidad humana supuestamente vulnerado por esa Penitenciaria con fundamento en los siguientes

 

Hechos.

 

1.- Relata el peticionario que en distintas ocasiones ha solicitado al Director de la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar- lugar en donde se encuentra recluido – que le entregue los ahorros que ha acumulado por concepto del trabajo realizado en el centro carcelario mencionado (Expediente a folio 2).

 

2.- Alega el accionante que el Director de la Penitenciaria ha omitido entregar esos dineros y, en tal sentido, se ha abstenido de aplicar el artículo 88 de la Ley 65 de 1993 en donde se establece lo referente a la promoción del ahorro en las personas privadas de la libertad en los siguientes términos: “[e]l director de cada centro de reclusión y en especial el asistente social, procurarán estimular al interno para que haga acopio de sus ahorros con el fin de atender, además de sus propias necesidades en la prisión, las de su familia y sufragar los gastos de su nueva vida al ser puesto en libertad.”

 

3.- Indica el actor que tiene dos hijas en edad escolar que no han podido continuar sus estudios por cuanto carecen de los medios suficientes para satisfacer los gastos – de útiles y de uniformes - pues la madre de las niñas se encuentra en el momento sin empleo (Expediente a folios 1-2).

 

4.- Insiste en que ha elevado varias peticiones ante el pagador del centro carcelario y de manera verbal se le ha respondido que “solo se están entregando los dineros de acopio de ahorro de 10% a los internos que recobren la libertad o traslado.” (Expediente a folio 2).

 

5.- Sostiene que los funcionarios de la cárcel omiten aplicar la legislación vigente e impiden a los internos disfrutar de sus ahorros cuando la ley es clara al afirmar que ese dinero también podrá ser entregado en caso de presentarse calamidad doméstica (Expediente a folio 3).

 

Solicitud de Tutela.

 

6.- Con fundamento en los hechos narrados, el peticionario solicitó la protección de sus derechos constitucionales fundamentales y, en particular, el amparo de su derecho al respeto por la dignidad humana (artículo primero superior) desconocido por la Dirección de la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar al negarle esta entidad el disfrute de los ahorros que por concepto de trabajo en el centro carcelario ha acumulado con el fin de solventar con ese dinero los gastos indispensables para que sus hijas puedan continuar con sus estudios (Expediente a folio 3).

 

Pruebas relevantes que obran en el expediente.

 

7.- En el expediente constan las siguientes pruebas:

 

- Copia del derecho de petición elevado por el recluso Edinson Estrada Puerto al Director del Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, fechado el día 10 de julio de 2006 mediante el cual se le solicita que pague lo más pronto posible la suma que por concepto de ahorro acumuló el recluso desde el 13 de octubre de 2004 hasta el 30 de marzo de 2006 en el área correspondiente a monitor de música. Aclara el recluso en la petición que en la actualidad ya no se desempeña más como monitor, aún cuando continúa colaborando en la orquesta del centro penitenciario. Pide, asimismo, que la suma sea entregada a la señora Maribel Mendoza de la manera más rápida posible pues la necesita con urgencia para sufragar gastos relacionados con la educación de sus hijas. (Expediente a folios 4-6).

 

- Copia de la respuesta emitida por el Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar a la petición elevada por el interno Edinson Estrada Puerto el día 14 de agosto de 2006 por medio de la cual se le notifica lo siguiente:

 

“De acuerdo a su derecho de petición del 14 de agosto de 2006 en solicitar (sic) el ahorro del 10% que se encuentra en caja especial, se le notifica que de acuerdo a la ley 65 en su artículo 88 y el acuerdo 011 en el artículo se reglamenta la devolución de este ahorro según el artículo 19 que trata del manejo del dinero y estipula que el dinero de ahorro que señala el artículo 126 del presente reglamento solo puede ser utilizado en los siguientes casos.

 

-En forma excepcional por motivo de calamidad doméstica debidamente comprobados (sic).

 

-Al momento de disponerse la libertad de una persona.

 

-En caso de traslado del interno a otro establecimiento, caso en el cual se traspasarán (sic) la cuenta al fondo de peculio del respectivo centro de reclusión. / De acuerdo con lo anterior no se tramitarán pagos de ahorros obligatorios sino (sic) se cumple con los requisitos antes mencionados” (Expediente a folio 18).

 

- Copia de la Circular No. 323-02 emitida por la Dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar a la Población Reclusa-EPCAMSVAL, fechada el día 15 de agosto de 2006, en la que se especifica:

 

“En atención a los diferentes derechos de petición impetrados ante esta Dirección solicitando el pago del ahorro obligatorio del 10% de manera atenta me permito informarles que de la remuneración mensual del interno en los diferentes frentes de trabajo del establecimiento se descontará un 10% para ahorro; también el mismo Acuerdo reglamenta la devolución de este ahorro según el artículo 19 que trata del manejo del dinero y estipula que el dinero de ahorro que señala el artículo 66 del presente Reglamento solo podrá ser utilizado en los siguientes casos:

 

- En forma excepcional por motivos de calamidad doméstica debidamente comprobados.

 

- Al momento de disponerse la libertad de una persona.

En caso de traslado del interno a otro establecimiento, caso en el cual se traspasará la cuenta al fondo de peculio del respectivo centro de reclusión.

 

Por lo anterior y atendiendo las disposiciones legales, este Despacho se abstendrá de tramitar el pago de los ahorros obligatorios sino (sic) cumplen (sic) con los requisitos antes mencionados.”

 

- Copia de la respuesta emitida por el Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar fechada el día 28 de agosto de 2006 a la petición elevada por el interno Edinson Estrada Puerto por medio de la cual se le notifica que:

 

“De acuerdo a su derecho de petición del 14 de agosto de 2006 en solicitar (sic) el ahorro del 10% que se encuentra en caja especial, se le notifica que de acuerdo a la ley 65 en su artículo 88 y el acuerdo 011 en el artículo se reglamenta la devolución de este ahorro según el artículo 19 que trata del manejo del dinero y estipula que el dinero de ahorro que señala el artículo 126 del presente reglamento solo puede ser utilizado en los siguientes casos.

 

- En forma excepcional por motivo de calamidad doméstica debidamente comprobados (sic).

 

- Al momento de disponerse la libertad de una persona.

 

- En caso de traslado del interno a otro establecimiento, caso en el cual se traspasarán (sic) la cuenta al fondo de peculio del respectivo centro de reclusión. /De acuerdo con lo anterior no se tramitarán pagos de ahorros obligatorios sino (sic) se cumple con los requisitos antes mencionados” (Expediente a folio 19).

 

Respuesta de la entidad demandada.

 

8.- Con fundamento en escrito dirigido al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar y fechado el día 29 de septiembre de 2006, el señor Hernando Ríos González, Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, respondió al oficio número 1068 de septiembre 18 de 2006 remitido por el mencionado Juzgado. Manifestó el señor director que no había conculcado ningún derecho constitucional. Dijo que el establecimiento bajo su dirección no había hecho otra cosa que aplicar las leyes vigentes en materia de remuneración de los internos. Insistió en que el recluso – peticionario de la presente tutela - había omitido firmar las notificaciones por medio de las cuales la oficina de pagaduría había respondido de modo negativo a los derechos de petición por él elevados y en tal sentido enfatizó que

 

“HABIDA CONSIDERACIÓN DE QUE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO PREVEE (SIC) LAS CAUSALES PARA LA ENTREGA DEL AHORRO VOLUNTARIO, SIN QUE EL INTERNO DEMUESTRA (SIC) CAUSA APLICABLE AL CASO PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS AHORROS OBLIGATORIOS (VER ANEXO 1 Y 2). EL INTERNO, UNA VEZ NOTIFICADO SE NEGÓ A FIRMAR Y ESTAMPAR SU HUELLA MANIFESTANDO SU INCONFORMISMO FRENTE A ESTA RESPUESTA, DE LO CUAL SE DEJÓ LA RESPECTIVA ANOTACIÓN EN LA MINUTA DE ANOTACIONES DEL PABELLÓN NO. 6 PABELLÓN EN (SIC) EL QUE PERTENECE ACTUALMENTE EL INTERNO.” (Mayúsculas dentro del texto original, expediente a folio 17).

 

Agregó, a renglón seguido, que según lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 315 del Código Civil Colombiano (sic)[1] en el cual se prevé que “la actitud asumida por el interno no lo [hacía] desconocedor de lo comunicado o notificado cuando éste enterándose del asunto en cuestión se [negaba] a firmar por haber sido resuelto de fondo su solicitud (sic).” De conformidad con lo expuesto por el director, “[e]l canon precitado establece (…) Si el notificado no sabe, o no quiere o no puede firmar, el notificador expresará esa circunstancia en el acta; el informe del notificador se considerará rendido bajo juramento, que se entenderá presentado con su firma.” Recordó, por demás, que la entidad había dado aplicación a la legislación vigente en materia de ahorro de las sumas que por concepto de trabajo carcelario devenguen los reclusos de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la Ley 35 de 1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario” y según lo previsto en los artículos 19 y 66 del Acuerdo 011 de 1995 “Por el cual se expide el Reglamento General al cual se sujetarán los reglamentos internos de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios.” Aseveró el director, que mediante circular fechada el 15 de agosto de 2006 con destino a toda la población reclusa, se había informado el motivo por el cual no podía accederse a la petición elevada por los internos en el sentido de solicitar el pago del ahorro obligatorio del 10%. Por las razones expuestas, estimó que la acción de tutela era por entero improcedente pues carecía de sustento constitucional y legal.