C-1155-08


REPUBLICA DE COLOMBIA

Sentencia C-1155/08

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE FACULTADES EXTAORDINARIAS-Alcance

 

FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Límite temporal

 

El Congreso de la República puede revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Dicha potestad esta circunscrita al ejercicio temporal de ella, y por lo tanto se radica en cabeza del Presidente de la República la posibilidad de legislar.

 

FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Condiciones de otorgamiento/FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Expresas y precisas

 

Las facultades deben ser solicitadas expresamente por el Gobierno, debe existir la necesidad de dotar al gobierno de dichas facultades o deben ser otorgadas como resultado de la conveniencia pública.  Así, la ley de facultades debe contener de manera expresa y precisa las materias objeto de delegación legislativa y su expedición, requiere de una mayoría cualificada  consistente en la mayoría absoluta de los miembros  de una y otra cámara.

 

FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Prohibiciones que comprende su ejercicio/FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Casos de prohibición de concesión/CLAUSULA DE RESERVA DE LEY-Prohibición de concesión de facultades extraordinarias

 

De manera expresa la norma constitucional precisa unas materias que no son susceptibles de ser delegadas al Gobierno Nacional y que por ende  no pueden ser producto de facultades extraordinaria, es decir, materias que el constituyente de 1991 reservó de manera privativa al Congreso de la República para que si a bien lo tuviere legislara al respecto. Así, no se pueden delegar facultades para expedir leyes orgánicas, leyes estatutarias, o códigos, ni para decretar impuestos o crear los servicios técnicos o administrativos de las Cámaras.

 

FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA CODIGOS-Alcance de la prohibición

 

PROHIBICION DE OTORGAR FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA EXPEDIR CODIGOS-No toda modificación de un código por un decreto ley es inconstitucional

 

PROHIBICION DE OTORGAR FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA EXPEDIR CODIGOS-Metodología del control de constitucionalidad

 

FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA ORGANIZAR LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Desbordamiento

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL-Determinación de concepto y fijación de contenidos por Decreto Ley constituye exceso en facultades extraordinarias

 

Las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República a través del numeral 11 del artículo 139 de la ley 100 de 1993 lo eran para  dictar las normas necesarias y tendientes a crear, establecer, modificar, reformar, rehacer o poner en orden, el conjunto de organismos encargados, los recursos y los bienes destinados a la función de administrar el Sistema de Riesgos Profesionales, dosificando su uso para obtener un mayor rendimiento u optimización del Sistema de Riesgos  Profesionales, pero esta Corporación encuentra que definir qué se considera como enfermedad profesional, quien determina las enfermedades que se consideran como profesionales y cómo se reconoce una enfermedad como profesional, son contenidos jurídicos totalmente ajenos al objetivo propuesto por las facultades extraordinarias. En este orden de ideas, muy por el contrario, la norma jurídica atacada en el presente proceso de constitucionalidad, pretendió unificar definiciones mediante la derogatoria de las ya existentes, determinó conceptos como el de enfermedad profesional y fijó contenidos normativos relacionados con la enfermedad profesional, aspectos que en nada se relacionan con las determinaciones materiales señaladas en el numeral 11 del artículo 139 de la ley 100 de 1993 respecto a organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.

 

SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGATORIA-Efectos/SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGATORIA-Reincorporación automática de normas anteriores

 

La norma acusada de inconstitucional, derogó la estructura y la esencia del Código Sustantivo del Trabajo, respecto de los derechos del trabajador en relación con la enfermedad profesional, y debido a que se declarará la inexequibilidad del artículo 11 del Decreto Ley 1295 de 1994, la Corte deja establecido que de acuerdo con su línea jurisprudencial, debe revivir el ordenamiento jurídico anterior con sus modificaciones, esto es en relación al concepto de enfermedad profesional.  Así las cosas, la presente declaración de inexequibilidad revive el artículo 200 del Código Sustantivo del Trabajo.

 

Referencia: expediente D-7300

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 11 del Decreto 1295 de 1994.

 

Demandante: Belisario Velásquez Pinilla.

 

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA

 

Bogotá, D. C.,   veintiséis  (26)   de noviembre de dos mil ocho (2008).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

 

S E N T E N C I A

 

I. ANTECEDENTES

 

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Belisario Velásquez Pinilla, presentó demanda contra  el artículo 11 del Decreto 1295 de 1994.

 

Mediante auto de julio  catorce  (14) de dos mil ocho (2008) , fue admitida por el Despacho la demanda presentada.

 

Así entonces, cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inexequibilidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.

 

 

II. NORMA  DEMANDADA

 

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, acorde con su publicación en el Diario Oficial No. 41.405, del 24 de junio de 1994.

 

“DECRETO 1295 DE 1994

(Junio 22)

Diario Oficial No. 41.405, del 24 de junio de 1994

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales

 

 

(…)

 

ARTICULO 11. ENFERMEDAD PROFESIONAL. Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.

 

PARAGRAFO 1. El Gobierno Nacional, oído el concepto del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como profesionales. Hasta tanto, continuará rigiendo la tabla de clasificación de enfermedades profesionales contenida en el Decreto número 778 de 1987.

 

PARAGRAFO 2. En los casos que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad profesional, conforme lo establecido en el presente Decreto.”

 

 

III. DEMANDA

 

El demandante asevera que la norma acusada vulnera la Constitución por las siguientes razones:

 

En primer lugar, señala que la norma demandada desbordó las facultades otorgadas al Presidente de la República en el artículo 139 de la ley 100 de 1993.  En efecto, al definir el concepto de enfermedad profesional se abrogó facultades que el legislativo no le otorgó en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución, al pasar, de expedir normas con fuerza de ley a expedir códigos en todos los ramos de la legislación.  En consecuencia, el ejecutivo sobrepasó las facultades extraordinarias otorgadas.

 

Así pues, el gobierno nacional se limitó a modificar la definición contemplada en el artículo 200 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual solamente podría tener reforma mediante una ley de la República proferida por el órgano correspondiente, máxime cuando la definición de la figura jurídica de enfermedad profesional debe estar incorporada dentro de una ley de la República que exprese el tema de la seguridad social específicamente en el tema de riesgos profesionales.

 

En segundo lugar, se afirma, la norma acusada es violatoria del artículo 13, 25,48 y 53 de la Constitución Política.  Cuando el gobierno nacional modificó la definición de enfermedad profesional desequilibró la situación en la cual fueron calificadas las personas con la norma del código sustantivo de trabajo frente a quienes fueron cobijados por la nueva normatividad, colocando en desigualdad de condiciones a los trabajadores.

 

En efecto, la modificación de la definición de enfermedad profesional consagró serios inconvenientes a los trabajadores que por razón de su oficio la padecieran.  Es evidente, que el artículo 11 del decreto 1295 de 1994, impuso varios requisitos adicionales para considerar que dicha categoría era padecida por un empleado.  En consecuencia, éste sufre un detrimento patrimonial toda vez que con la reglamentación la enfermedad se considerará de origen común impidiéndole al trabajador la posibilidad de accionar ante la justicia ordinaria una demanda por daños y perjuicios contra aquél que le ocasionó el padecimiento.

 

Se adiciona que la norma viola el artículo 25 constitucional por cuanto si se llegare a adquirir una enfermedad profesional por causa del medio donde se  trabaja y para calificarla se le imponen condiciones adicionales por vía de decreto se está violando el precepto constitucional invocado.

 

El demandante advierte que también se violó el artículo 48 constitucional por cuanto a quien compete expedir una ley sobre riesgos profesionales es al congreso y no al ejecutivo mediante un decreto por el cual no había recibido facultades.

 

En tercer lugar, el Presidente de la República vulneró el numeral 2 del artículo 150 constitucional sobre la competencia del Congreso para expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.  Esto por cuanto con la expedición de la norma acusada el gobierno nacional modificó el artículo 200 del Código sustantivo del trabajo, asumiendo el ejecutivo competencias propias del congreso, las cuales son exclusivas y excluyentes de éste.

 

En cuarto lugar y por último,  indica el demandante , que el Presidente de la República no se limitó a expedir normar para organizar a la administración del sistema general de riesgos profesionales como era su obligación constitucional sino que en vez de ello cambió las definiciones de enfermedad profesional , limitando su contenido a aspectos sustantivos.  Es así que respecto del artículo 200 del código sustantivo de trabajo la reforma eliminó de la legislación ordinaria la definición de enfermedad profesional allí prevista procediendo a asignarse facultades para declararlas y adicionar a la norma dos parágrafos, todo ello consignado en la disposición tachada de inconstitucional.

 

IV. INTERVENCIONES

 

1.  Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

 

María Fernanda Canal Acero, obrando como apoderada del Ministerio de hacienda y Crédito público interviene en el presente proceso con el propósito de solicitar que se declare exequible la norma acusada con base en los siguientes argumentos:

 

Señala la interviniente, en primer lugar, que la demanda carece de fundamentos en los cargos expuestos por el demandante y que por consiguiente la Corte debe declararse inhibida para pronunciarse.  No obstante lo anterior, expone fundamentos por los cuales la norma acusada es constitucional. 

 

Así pues, en segundo lugar y respecto de la supuesta violación del numeral 2 y 10 del artículo 150 constitucional, se afirma que el gobierno no excedió el límite material de las facultades extraordinarias que le fueron dadas para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales , sino que por el contrario, cumplió su cometido al desarrollar los temas correspondientes al sistema, por cuanto para organizar su administración , era necesario limitar el ámbito de aplicación , definiendo las situaciones que se pueden presentar , la cobertura y los amparos correspondientes.

 

Aunque el demandante no refirió a los artículos 201 y 202 del Código sustantivo del trabajo para determinar si existió un cambio fundamental, vale la pena mencionar que al comparar las dos definiciones de enfermedad profesional, la del Código Sustantivo de Trabajo y la contenida en el Decreto ley 1295 de 1994, el gobierno no modificó en forma sustancial el concepto contenido en el Código Sustantivo de Trabajo, simplemente le hizo algunas aclaraciones:

 

Código Sustantivo del Trabajo

 

ARTICULO 200. DEFINICION DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

 

1. Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos.

 

2. Las enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se consideran como profesionales cuando se adquieren por los encargados de combatirlas por razón de su oficio.

DECRETO 1295 DE 1994.

 

ARTICULO 11. ENFERMEDAD PROFESIONAL. Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.

 

PARAGRAFO 1. El Gobierno Nacional, oído el concepto del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como profesionales. Hasta tanto, continuará rigiendo la tabla de clasificación de enfermedades profesionales contenida en el Decreto número 778 de 1987.

 

PARAGRAFO 2. En los casos que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad profesional, conforme lo establecido en el presente Decreto.

 

De la comparación del primer inciso de los artículos 200 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo (CST) con el primer inciso del artículo 11 del decreto acusado, se desprende que no hay cambios representativos, que los 3 artículos del código fueron recogidos en uno solo.  En el tema de la tabla de clasificación de enfermedades profesionales se encuentra contenido en las normas del CST y en el decreto 1295 de 1994.  En cuanto al concepto de causalidad de la enfermedad profesional con la clase de trabajo desempeñado tampoco se modificó por el artículo 11 del decreto demandado el concepto del CST como lo argumenta el demandante.

 

Señala la interviniente, que las definiciones previstas en el CST solo se aplicaban a los trabajadores privados , que para los servidores públicos no existía definición y que por lo tanto era necesario unificar la definición de enfermedad profesional , lo cual se hizo en el decreto 1295 de 1994 artículo 11 , facilitando entonces la organización de la administración del sistema general de riesgos profesionales, como el conjunto de entidades públicas y privadas , normas y procedimientos destinados a prevenir , proteger y atender a los trabajadores en lo que a enfermedad profesional se refiere. 

 

Por lo tanto, se manifiesta, no hubo exceso en las facultades otorgadas por el Congreso al  Presidente de la República.

 

Ahora bien, con relación a la supuesta violación del artículo 13 constitucional, señala la interviniente, que no se viola ni hay discriminación para los trabajadores con enfermedades profesionales posteriores a la expedición del decreto 1295 de 1994  y los trabajadores cuya enfermedad ocurrió anteriormente claramente diferenciado, sin ahondar más en el tema.  Situación similar sucede respecto de la supuesta vulneración del artículo 48 constitucional, donde se limita a esbozar que no existe vulneración sin mayores argumentos.

 

2. Intervención del Ministerio de Protección Social

 

Ana Cecilia Prieto Salcedo actuando como apoderada del Ministerio de Protección Social interviene en el presente proceso con el fin de solicitar la exequibilidad de la norma acusada.  Lo anterior con fundamento en los siguientes razonamientos:

 

En primer lugar, se afirma que la demanda es insuficiente en la motivación de los cargos y que por lo tanto la Corte Constitucional debe declararse inhibida.

 

En segundo lugar, se afirma, que conforme a las facultades dadas al Gobierno Nacional en el artículo 139 de la ley 100 de 1993 , para dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes ; se organizó en el artículo 11 del decreto 1295 de 1994 , el concepto de enfermedad profesional que se encontraba en los artículos 200 a 202 del Código Sustantivo de Trabajo.

 

En dicha facultad dada al gobierno y según el límite material, la potestad de organizar conferida por el legislador al ejecutivo fue con el fin de dictar las normas necesarias para organizar, que según el diccionario de la lengua española de la real academia, la expresión “organizar “significa: Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando los medios y las personas adecuados.  Disponer y preparar un conjunto de personas, con los medios adecuados, para lograr un fin determinado.  Poner algo en orden, Preparar alguna cosa disponiendo todo lo necesario”

 

Con la expresión “la administración del sistema de riesgos profesionales”, nos remitimos nuevamente al diccionario de la academia Española, que define el término administración como acción y efecto de administrar.  El verbo administrar, se adiciona por parte de la interviniente, a su vez significa gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio o sobre las personas que lo habitan. Dirigir una institución. 

 

Se indica, que como el sistema  general de riesgos profesionales comprende el conjunto normas y procedimientos , cuando se retoma el concepto de enfermedad profesional en una sola norma , sin modificar conceptos, se esta ordenando , organizando , reuniendo y armonizando en un texto los artículos 200, 201 y 202 del Código Sustantivo de Trabajo, para lo cual el gobierno estaba facultado.

 

En consecuencia, se afirma, el cargo no debe prosperar porque el gobierno nacional en el artículo 11 del decreto 1295 de 1994, no modificó la definición de enfermedad profesional contemplada en el artículo 200 del Código Sustantivo de Trabajo, el artículo 139 de la ley 100 de 1993, da las facultades al gobierno para organizar en un solo artículo el concepto de enfermedad profesional el cual estaba disperso en los artículos 200, 201 y 202 del Código Sustantivo de Trabajo.

 

En tercer lugar, se insiste, que respecto de la violación del artículo 13, 25 y 48 de la Constitución, existe ineptitud sustancial de la demanda.

 

En cuarto lugar, se indica por parte de la interviniente , que no existe violación del artículo 150 de la Constitución Política, con el artículo 11 del decreto 1295 de 1994, no se reformó o cambió el artículo 200 del Código Sustantivo de Trabajo, ya que el concepto de enfermedad profesional es el mismo en las dos normas, basándose en una presunción de legalidad ( tabla de enfermedades profesionales) y la relación de causalidad cuando la enfermedad no esta en la tabla pero se comprueba por parte del trabajador la relación o nexo causal con el trabajo.

 

Se agrega, que el gobierno nacional en el artículo 139 de la ley 100 de 1993 , esta facultado para dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales en relación a las normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes.  En consecuencia, se explica, mediante el decreto 1295 de 1994, artículo 11, se organizó pero no se reformó el concepto de enfermedad profesional, el cual se encontraba en los artículo ya indicados del Código Sustantivo de Trabajo.

 

Finalmente, la interviniente, solicita que en el caso en el cual se desestimen los anteriores argumentos se solicita subsidiariamente que se profiera una sentencia integradora sustitutiva o impositiva con un exhorto cualificado aplicando una norma de carácter comunitario proferida por la comunidad andina de naciones, decisión 584 de 2004 y que se encuentra vigente , donde se define, regula y establece el concepto de enfermedad profesional en el literal m) del artículo 1, de la siguiente manera:

 

m) Enfermedad Profesional: Una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.

 

2.  Intervenciones Extemporáneas.

 

Las intervenciones de Gustavo Morales Cobo, en representación de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, Alfredo Toledo C.  en representación de la Universidad del Atlántico y Joaquín Castro Rojas actuando en calidad de director del consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás, no serán tenidas en cuenta por cuanto fueron presentadas de manera extemporánea como se evidencia en informes de la Secretaría General de esta Corporación.

 

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

 

Mediante el Concepto No. 4603  presentado el dos (2) de Septiembre   de 2008, el Procurador General de la Nación, Doctor Edgardo José Maya Villazón, solicita a la Corte que se declare inexequible el artículo 11 del decreto ley 1295 de 1994.  Los argumentos que expone son los siguientes:

 

4. La definición contenida en el artículo 11 del Decreto-ley 1295 de 1994 excedió el marco de facultades otorgadas en la ley habilitante, pues al legislador extraordinario no le fue conferida por el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, autorización expresa para definir la enfermedad profesional y producir reformas en tal sentido al Código Sustantivo del Trabajo    

 

(…)

 

4.2. Para abordar el problema jurídico que surge de la expedición de la norma acusada, es pertinente analizar cómo se exteriorizó la facultad conferida por el Congreso de la República mediante el artículo 139 de la Ley 100 de 1993, dentro de los límites temporal y material.

 

4.2.1. Sobre el primero de los aspectos mencionados, ya existe pronunciamiento de la Corte Constitucional en el sentido de afirmar que las facultades otorgadas en el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, para la expedición de una norma con fuerza de ley, que a la postre se convirtió en el Decreto-ley 1295 de 1994 “por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales” se hizo dentro del marco temporal impuesto, ello es, que la norma fue expedida dentro del término de seis (6) meses allí conferido (Sentencias C-046 de 1996). 

 

4.2.2. Por el otro aspecto, es preciso anotar que el límite material se encuentra contenido en la propia norma, la cual fue expedida bajo el siguiente contenido:

 

“Artículo 139. Facultades extraordinarias.- De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de seis meses contados desde la fecha de de publicación de la presente ley para:

(…).

11. Dictar las normas necesarias para organizar la administración del Sistema General de riesgos Profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores”.

 

De lo antes trascrito se infiere que el Congreso no confirió al Presidente de la República en el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100, facultades extraordinarias para regular íntegramente los aspectos relacionados con el Sistema General de Riesgos Profesionales y, por el contrario, circunscribió tal facultad a la labor de “organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”. Sobre el alcance de las expresiones “organizar” y “administración” en el contexto de la norma de facultades, mediante un análisis sistemático, hizo claridad la Corte Constitucional en la Sentencia C-452 de 2002, en ella, concluyó:

 

“La Corte en esta materia ha señalado que las facultades deben ser expresas y precisas, nunca implícitas y no admiten analogías, ni interpretaciones extensivas. Y por lo tanto, se viola la Constitución Política, cuando se entiende que una cierta facultad incorpora o incluye otras, que no se encuentran expresamente contenidas en la norma de facultades (C-498 de 1995)”.

“(…)”.

“Entonces, la definición contenida en el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 se refiere al Sistema, define que se entiende por “Sistema” y no que se entiende por “administración”, como erradamente se indica por algunos intervinientes, para afirmar que el ejecutivo tenía facultades para replantear y rehacer todo el Sistema de Riesgos Profesionales lo cual como vimos no corresponde al contenido material y real de la norma habilitante”.

“(…)”.

“Las facultades fueron otorgadas al Presidente de la República por el legislador para “organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales” y no como erradamente se pretende afirmar para “organizar el Sistema General de Riesgos Profesionales”. De tal manera, que es el término administración el que en definitiva nos precisará el contenido y límite material de la norma habilitante”.

“(…)”.

 “De acuerdo al contenido material de la norma de facultades y a lo señalado en los anteriores numerales, no podríamos señalar como lo afirman algunos de los intervinientes en el presente proceso, que la acción de “organizar” recaía directamente sobre “el Sistema de Riesgos Profesionales” y no sobre “la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”. Pues como se observó en el Libro III de la Ley 100 de 1993 por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, se dejó previsto y regulado, lo concerniente al Sistema General  de Riesgos Profesionales, por lo tanto, las facultades debían única y exclusivamente ejercerse para “organizar la administración” del Sistema General de Riesgos Profesionales, aspecto que no reguló el legislador para éste Sistema dejándolo al legislador extraordinario de acuerdo a la norma de facultades”.

 “Precisamente el legislador ordinario otorgó facultades extraordinarias al ejecutivo para regular lo concerniente a la “administración” del Sistema de Riesgos Profesionales por cuanto dentro del Libro III de la Ley 100 de 1993 dedicado a regular el Sistema General de Riesgos Profesionales no se trató ningún aspecto relacionado con la administración del sistema y esta es la razón de ser de las facultades; que a diferencia de los otros dos sub-sistemas, si previó el legislador ordinario lo concerniente a su administración en la forma como quedó expresada al analizar el contexto del término administración para el legislador ordinario en la ley de facultades”.

“(…)”.

  

4.3. Análisis de la norma demandada en relación con el límite material impuesto por el Congreso de la República al legislador extraordinario: El artículo 11 del decreto-ley 1295 de 1994, define lo que a partir de su expedición ha de entenderse por enfermedad profesional; de otra parte, prevé que en un futuro el Gobierno Nacional, oído el concepto del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran de origen profesional y, así mismo, establece que las enfermedades que no aparezcan en la tabla de enfermedades profesionales pero, cuya relación de causalidad con los factores de riesgo se demuestre, será reconocida como enfermedad profesional.

 

La Corte Constitucional al declarar la inexequibilidad de los artículos 9°, 10 y 13 (parcial) del Decreto 1295 de de 1994, consideró en la Sentencia C-858 de 2006 lo siguiente:

 

3. (…).

Hechas las precisiones anteriores entrará la Corte a determinar si en efecto el Presidente de la República al definir en los artículos 9, 10 y 13 en cuanto a la expresión “en forma voluntaria” del D.L. 1295/94 qué es accidente de trabajo, cuáles son sus excepciones y de distinguir entre los regímenes de afiliación obligatorio y voluntario, rebasó las facultades precisas que le otorgó el legislador por medio del art. 139 No. 11 para “organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales” y con ello vulnerar los numerales 2 y 10 del art. 150 de la Constitución.

En respuesta a este asunto considera la Corte que le asiste razón al Procurador cuando en su concepto afirma que las normas impugnadas “definen el accidente de trabajo, señalan cuales son las situaciones exceptuadas del mismo y determinan quienes pueden ser afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en forma voluntaria, lo cual, a juicio de este Despacho, no tienen una relación directa de índole material con la creación, el establecimiento, la modificación o reforma de los organismos, los recursos o los bienes destinados a la función de administrar el Sistema General de Riesgos Profesionales; todo lo contrario, el objetivo que se persigue es el de regular sobre aspectos sustanciales de las circunstancias constitutivas del accidente de trabajo, así como del régimen de afiliación del referido Sistema, cuando se trata de trabajadores independientes (…).

De conformidad a la línea jurisprudencial construida por esta Corporación el marco competencial preciso y expreso que determinó el legislador para el Presidente en el artículo 139 No. 11 de la Ley 100 de 1993 se restringe, como tantas veces se ha afirmado, a  organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, dentro de lo cual, la unificación de definiciones mediante la derogación de las existentes y la determinación de conceptos, y contenidos normativos sobre accidentes de trabajo y formas de afiliación a regímenes, superan la mera gestión para la cual le fueron atribuidas las competencias legislativas".

  

El Ministerio Público advierte que la definición de enfermedad profesional adoptada por el legislador extraordinario, modificando lo estatuido en el Código Sustantivo del Trabajo y las demás previsiones consagradas en la disposición acusada, no guardan relación alguna con la administración del Sistema de Riesgos Profesionales y, por lo tanto, concluye, que el Presidente de la República, al expedir el artículo 11 del Decreto-ley 1295 de 1994, con el cual definió la enfermedad profesional excedió el límite de las facultades que le fueron otorgadas a través del numeral 11 artículo 139 de la Ley 100 de 1993, cuyo marco material sólo lo constituye la introducción de normas relativas a la organización del Sistema General de Riesgos Profesionales.

 

En virtud de lo analizado, el Procurador general de la Nación solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma que se acusa.”   

 

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

 

1. Competencia

 

Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, Num. 4, de la Constitución, por estar contenida en una ley.

 

2.  Afirma el demandante que la norma acusada desbordó las facultades otorgadas al Presidente de la República en el artículo 139 de la ley 100 de 1993.  En consecuencia, al definir el concepto de enfermedad profesional se abrogó facultades que el legislativo no le otorgó en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución, al pasar, de expedir normas con fuerza de ley a expedir códigos en todos los ramos de la legislación.  En consecuencia, el ejecutivo sobrepasó las facultades extraordinarias otorgadas, se señala.

 

Por consiguiente, se indica, el gobierno nacional se limitó a modificar la definición contemplada en el artículo 200 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual solamente podría tener reforma mediante una ley de la República proferida por el órgano correspondiente, máxime cuando la definición de la figura jurídica de enfermedad profesional debe estar incorporada dentro de una ley de la República que exprese el tema de la seguridad social específicamente en el tema de riesgos profesionales.

 

De igual manera, se afirma por el demandante, que la norma acusada es violatoria del artículo 13, 25,48 y 53 de la Constitución Política.  Por ende, cuando el gobierno nacional modificó la definición de enfermedad profesional desequilibró la situación en la cual fueron calificadas las personas con la norma del código sustantivo del trabajo frente a quienes fueron cobijados por la nueva normatividad, colocando en desigualdad de condiciones a los trabajadores.

 

Se adiciona que la norma viola el artículo 25 constitucional por cuanto si se llegare a adquirir una enfermedad profesional por causa del medio donde se  trabaja y para calificarla se le imponen condiciones adicional