C-269-14


Sentencia C-269/14

 (Bogotá D.C., Mayo 2 de 2014)

 

 

TRATADO AMERICANO DE SOLUCIONES PACIFICAS-PACTO DE BOGOTA-Contenido

 

CONTROL JURISDICCIONAL DE TRATADOS APROBADOS POR EL CONGRESO Y NO RATIFICADOS POR COLOMBIA-Características

 

El control jurisdiccional de los tratados aprobados por el Congreso de la República, mas no ratificados, se caracteriza por ser: (i) previo al perfeccionamiento del vínculo internacional, y por ello, preventivo, (ii) automático, (iii) integral, (iv) definitivo y (v) participativo. Tales rasgos revelan propósitos constituyentes: asegurar la efectividad de la prevalencia de la Constitución, evitando que el Estado adquiera compromisos internacionales contrarios a ella; y garantizar la estabilidad y seguridad de las relaciones internacionales.

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES-Competencia de la Corte Constitucional

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS PERFECCIONADOS ANTES DE LA CONSTITUCION DE 1991-Jurisprudencia constitucional

 

LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS PERFECCIONADOS ANTES DE LA CONSTITUCION DE 1991-Competencia para el ejercicio del control constitucional/TENSION ENTRE TRATADOS INTERNACIONALES Y NORMAS CONSTITUCIONALES-Desarrollo jurisprudencial y constituyente

 

RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO INTERNO-No pueden definirse rígidamente a través de monismos jurídicos concluyentes de la prevalencia absoluta de la Constitución o de los tratados, tampoco acudiendo a las teorías alusivas a una suerte de paralelismo entre los sistemas jurídicos

 

DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO INTERNO-Relaciones generales

 

RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO INTERNO-Desarrollo jurisprudencial

 

DERECHO INTERNO, DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Relación

 

PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA-Alcance

LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES DENUNCIADOS POR COLOMBIA-Control constitucional

 

CONTROL CONSTITUCIONAL DE DISPOSICIONES QUE HAN SIDO OBJETO DE DEROGACION-Competencia de la Corte Constitucional cuando pese a la desaparición de las disposiciones, éstas continúan produciendo efectos y regulando situaciones jurídicas actuales

 

CONTROL CONSTITUCIONAL DE NORMAS DEROGADAS QUE CONTINUAN PRODUCIENDO EFECTOS-Extensión a disposiciones contenidas en instrumentos aprobados, cuya denuncia haya dado lugar a la terminación del vínculo internacional, pese a lo cual podrían producir algún efecto para el Estado Colombiano

 

CONTROL CONSTITUCIONAL DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS ENTRE 1910 Y 1991-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre competencia para pronunciarse

 

CONTROL CONSTITUCIONAL DE LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS ANTES DE LA CONSTITUCION DE 1991, NO RATIFICADOS-Jurisprudencia constitucional

 

CONTROL DE LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS POSTERIORES A 1991, NO REMITIDOS A LA CORTE CONSTITUCIONAL-Omisión no afecta la constitucionalidad de la ley

 

LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS POSTERIORES A 1991, NO REMITIDOS A LA CORTE CONSTITUCIONAL-Control de oficio en los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Constitución o demanda presentada por cualquier ciudadano, con fundamento en el numeral 4 del artículo 241 de la citada disposición

 

CONTROL CONSTITUCIONAL DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE CARECEN DE CONDICIONES CONTEMPLADAS EN EL NUMERAL 10 DEL ARTICULO 241 DE LA CONSTITUCION POLITICA-Jurisprudencia constitucional

 

ACTAS Y ACUERDOS SIMPLIFICADOS-Jurisprudencia constitucional sobre competencia para adelantar examen constitucional que aunque formalmente no revisten la forma de tratados solemnes, si tienen tal naturaleza jurídica

 

ACTAS Y ACUERDOS DE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO-Materialmente pueden tener naturaleza jurídica de tratados solemnes/ACUERDOS INTERNACIONALES SIMPLIFICADOS QUE REGULAN MATERIAS PROPIAS DE UN TRATADO INTERNACIONAL-Jurisprudencia sobre competencia de control constitucional

 

La jurisprudencia de esta Corporación se ha ocupado de examinar si es o no procedente, de conformidad con las competencias asignadas en el artículo 241 de la Carta, adelantar el examen constitucional de instrumentos internacionales que, aunque formalmente no revisten la forma de los tratados solemnes -a los que alude el numeral 10 de dicha disposición-, si tienen tal naturaleza jurídica, en tanto su contenido  implica, o bien (i) la asunción de nuevas obligaciones para el Estado colombiano o bien (ii) el desbordamiento de las facultades atribuidas a la órbita exclusiva del Presidente de la República. Dentro de los instrumentos internacionales que carecen formalmente de las condiciones previstas en el numeral 10 del artículo 241, pero que en eventos específicos, materialmente pueden tener la naturaleza jurídica de tratados solemnes se encuentran, por ejemplo: (i) determinadas “actas” y (ii) “acuerdos de procedimiento simplificado”. 1. Las “actas”, en estricto sentido, son una subcategoría de los documentos comúnmente denominados “memorandos de intención o de entendimiento”. Se caracterizan porque su contenido se limita a consagrar exhortaciones y declaraciones de orden programático y político de sus signatarios, y no contienen términos imperativos o jurídicamente exigibles. Surten efectos con su suscripción. En relación con los efectos legales de los memorandos de entendimiento, el doctrinante Anthony Aust, en su obra titulada “Modern Treaty Law and Practice”, afirma que los mismos sólo pueden surtir efectos en el ámbito de la política o la moral: “Si un Estado no honra sus compromisos, consignados en un memorando de entendimiento la sanción es política, por lo que otro Estado no puede llevar el asunto a una corte o tribunal internacional ni imponer contramedidas sobre las que podría estar facultado en el evento de un incumplimiento o violación de un tratado”. En consecuencia, por no ser instrumentos internacionales gobernados por el derecho internacional público ni consagrar obligaciones para los signatarios, no son objeto de control constitucional. No obstante lo anterior y como se señalará más adelante, algunas “actas”, suscritas por entidades del Estado colombiano y conocidas por esta Corporación con ocasión de demandas de constitucionalidad, habrían llegado a consagrar obligaciones a cargo del Estado colombiano, sólo susceptibles de preverse en un tratado solemne. 2. En relación con los acuerdos de procedimiento simplificado, es preciso señalar que los instrumentos internacionales a los que se atribuye tal condición, se caracterizan porque la adopción, autenticación del texto y manifestación del consentimiento en obligarse, se consuman con la suscripción del instrumento internacional, en un solo acto, sin necesidad de surtir los requisitos constitucionales previstos para los tratados solemnes. Esta definición comprende aquellos acuerdos derivados de tratados solemnes, perfeccionados según el procedimiento constitucional referido y los acuerdos que versan sobre materias de órbita exclusiva del Presidente de la República -como director de las relaciones internacionales-. La celebración de acuerdos de procedimiento simplificado derivados o complementarios tiene como propósito ejecutar o desarrollar de forma concreta las cláusulas sustantivas consignadas en el tratado del cual se deriva, sin exceder o desbordar lo allí estipulado, es decir, que no dan origen a obligaciones nuevas ni puede exceder las ya contraídas. Es de señalar que el tratado solemne del que se derivan los acuerdos de procedimiento simplificado complementarios debe haber surtido todos los trámites constitucionales.

 

CONTROL CONSTITUCIONAL DE ACUERDO DE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO-Regla de decisión

 

La jurisprudencia constitucional sostiene, en la actualidad, una regla de control judicial de instrumentos internacionales que, aun cuando formalmente pudieran denominarse acuerdos de procedimiento simplificado o carecer formalmente de las condiciones previstas en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, son materialmente tratados solemnes. Esta regla amplía de control constitucional ha estado precedida de un debate profundo sobre la competencia de la Corte en esta materia: (i) en una primera etapa la Corte se limitó a negar su competencia, al paso que en otras, a pesar de haber procedido de la misma manera, exhortó al Presidente de la República para hacer frente a la situación; (ii) posteriormente, , la Corte se ocupó de determinar en qué casos un acuerdo entre Estados debía someterse al examen constitucional, estableciendo que ello ocurriría cuando el acuerdo incluyera nuevas obligaciones del Estado o implicara una modificación de un tratado prexistente; (iii) en un tercer momento, a partir de lo anterior, fijó la regla de control actualmente establecida, según la cual la Corte puede emprender el control en virtud de una demanda de inconstitucionalidad, cuando el instrumento internacional fuera materialmente un tratado solemne. Pese a imprecisiones en el lenguaje que en ocasiones parece sugerir que los acuerdos de procedimiento simplificado no son verdaderos tratados -a pesar de que evidentemente lo son de conformidad con lo dispuesto en la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”-, es claro que la ratio de los pronunciamientos más recientes de este Tribunal ha consistido en prescribir que sólo aquellos tratados que establezcan nuevos compromisos internacionales, modifiquen los prexistentes o no versen sobre materias de órbita exclusiva del Presidente de la República, se encuentran sometidos a las reglas de aprobación legislativa y control previo de constitucionalidad. En los casos en que se han celebrado tratados que por su contenido han debido ajustarse a la regla anterior, el control no implicará un examen material sobre la validez constitucional sino, en realidad, un juicio de la corrección del procedimiento impartido al acuerdo para ponerlo en vigencia. La Corte ha señalado, en el último tiempo, que el control que en estas condiciones ejerce, se integra a las denominadas competencias atípicas que ejerce respecto de normas que formalmente no son leyes pero tienen una fuerza equivalente a las mismas.    

 

CONTROL CONSTITUCIONAL DE CLAUSULAS DE APLICACION PROVISIONAL DE TRATADOS-Jurisprudencia constitucional/LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS EXPEDIDAS OBJETO DE APLICACION PROVISIONAL-Control constitucional

 

VICIOS DE COMPETENCIA SEGUN LAS REGLAS DEL DERECHO INTERNACIONAL-Jurisprudencia constitucional

 

NORMAS INTERNACIONALES CON CARACTER DE IUS COGENS-Alcance

 

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Jurisprudencia constitucional/REGLAS Y PRINCIPIOS INTEGRANTES DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance/FUNCION INTERPRETATIVA DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS-Jurisprudencia constitucional

 

DERECHO INTERNO Y CONVENIOS INTERNACIONALES DEL TRABAJO-Relación

 

DERECHO INTERNO Y DERECHO COMUNITARIO-Relación

 

DERECHO INTERNO Y TRATADOS DE NATURALEZA ECONOMICA Y COMERCIAL ACORDADOS EN EL AMBITO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES-Relación

 

PRINCIPIO DE SOBERANIA NACIONAL Y LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS-Contenido y alcance/RELACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO COLOMBIANO-Mandatos/AUTODETERMINACION-Jurisprudencia constitucional/SOBERANIA NACIONAL Y AUTODETERMINACION-Exigencia de respeto

 

PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO INTERNACIONAL-Contenido y alcance/PRINCIPIO DE PREVALENCIA O SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION-Contenido

 

MEDIOS DE SOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS-Jurisprudencia constitucional/PRINCIPIO DE BUENA FE-Aplicable entre Estados en el derecho internacional/PRINCIPIO DE PROSCRIPCION DE LA GUERRA PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS INTERNACIONALES-Jurisprudencia constitucional/PRINCIPIO DE IGUALDAD SOBERANA DE LOS ESTADOS-Jurisprudencia constitucional/PRINCIPIO DE NO INTERVENCION-Jurisprudencia constitucional/PRINCIPIO DE INMUNIDAD SOBERANA DE LOS ESTADOS-Jurisprudencia constitucional

 

PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL-Exigencias contenidas en el artículo 9º de la Constitución Política

 

CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES O ENTRE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES-Jurisprudencia constitucional

 

ORGANIZACION INTERNACIONAL Y DERECHO DE LOS TRATADOS-Contenido/DERECHO DE LOS TRATADOS-Instrumento internacional/CAPACIDAD PARA CELEBRAR TRATADOS-Alcance

 

PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA-Aceptación limitada o restringida

 

ESTADOS PARTE-Competentes para pronunciarse y decidir sobre los efectos legales de las reservas, declaraciones interpretativas condicionales y sus objeciones

TERRITORIO-Contenido y alcance/TERRITORIO-Definición/TERRITORIO-Objetivos/SOBERANIA INTERNA Y TERRITORIO-Relación/TERRITORIO-Elementos integrantes/TERRITORIO-Reglas relacionadas con su delimitación/TERRITORIO-Estructura general/TERRITORIO-Conformación y configuración

El territorio es un presupuesto de existencia del Estado en tanto se erige (i) en el sustrato material en el que los habitantes concretan sus intereses vitales, (ii) en el espacio que determina el ejercicio de las competencias por parte de las autoridades públicas, (iii) en el ámbito resguardado de cualquier injerencia externa no autorizada y (iv) en el marco que delimita el ejercicio de la soberanía. El carácter central del territorio en la Constitución de 1991 se manifiesta en diferentes disposiciones que regulan no solo el fundamento de la organización política sino también la forma como se ordena, distribuye y articula el poder. En particular, el artículo 2 establece como uno de los fines esenciales del Estado el mantenimiento de la integridad territorial, el artículo 189.6 le asigna al Presidente de la República la función de proveer la seguridad exterior asegurando la inviolabilidad del territorio y el artículo 101 establece las reglas que regulan la conformación y configuración del territorio. Estas reglas, atendiendo las funciones que cumple la noción constitucional de territorio, ostentan una fuerza normativa especial que se traduce (i) en su primacía general frente a cualquier disposición, nacional o internacional y (ii) en la presunción de inconstitucionalidad de cualquier medida que pueda afectar sus prescripciones.

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LA SITUACION GENERAL DEL TERRITORIO Y SU MODIFICACION-Reglas

TRATADO DE LIMITES-Concepto/TRATADOS ESPECIFICOS DE LIMITES Y TRATADOS GENERALES DE LIMITES-Contenido

ESTABLECIMIENTO O MODIFICACION DE LIMITES-No puede implicar, en ningún caso, el desconocimiento de la declaración de integración del territorio colombiano que incluye el territorio continental y el territorio de ultramar

TRATADO DE DELIMITACION MARITIMA ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y HONDURAS-Jurisprudencia constitucional/ACTA DE CANJE DE INSTRUMENTOS DE RATIFICACION DEL TRATADO ESGUERRA BARCENAS DE 1928-Fijación de límite jurisdiccional establecido entre Nicaragua y Colombia

TERRITORIO NACIONAL-Obligación de considerar como parte integral, las áreas en las que se efectúa la proyección espacial del Estado colombiano, en los términos previstos por el derecho internacional o, en subsidio, por las leyes nacionales

INSTRUMENTOS QUE DEFINEN O MODIFICAN LOS LIMITES DE ESTADO COLOMBIANO-Reglas relativas a la ubicación, en el sistema de fuentes

TRATADOS DE LIMITES-Reglas aplicables en la jurisprudencia constitucional

CONSTITUCION POLITICA-Reglas constitucionales contenidas en artículo 101 sobre territorio nacional

TRATADOS DE LIMITES-Condiciones para determinar dicha naturaleza

TRATADO AMERICANO DE SOLUCIONES PACIFICAS (PACTO DE BOGOTA)-Antecedentes

TRATADO AMERICANO DE SOLUCIONES PACIFICAS (PACTO DE BOGOTA)-No constituye un tratado de límites

JURISDICCION DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA-Jurisprudencia constitucional

DERECHO INTERNO Y DERECHO INTERNACIONAL-Reglas para resolver tensiones

TRATADO AMERICANO DE SOLUCIONES PACIFICAS (PACTO DE BOGOTA)-Alcance de la obligatoriedad desde la perspectiva del derecho internacional, pero cuyas disposiciones se oponen a la Constitución Política

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES AFECTADAS POR EL CONTENIDO DE NORMA INTERNACIONAL-Armonización del deber de su aplicación permanente y del deber de respeto de tratados perfeccionados, en virtud de los principios pacta sunt servanda y bona fides

TENSION ENTRE EL DEBER DE APLICACION DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DEBER DEL CUMPLIMIENTO DE BUENA FE DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES-Jurisprudencia constitucional

DEBER DE APLICACION DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DEBER DEL CUMPLIMIENTO DE BUENA FE DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES-Reglas de armonización

La Corte Constitucional considera, que la obligación de armonizar el deber de aplicación permanente de las disposiciones constitucionales (art 101, conjuntamente con el 4º) y el deber de cumplir de buena fe los tratados perfeccionados (art. 9º, conjuntamente con el 4º), debe fundarse en las siguientes reglas de armonización: (i) En cuanto a la aceptación por Colombia del principio pacta sunt servanda y el principio bona fides, cabe advertir que con fundamento en lo establecido por este Tribunal en la sentencia C-400 de 1998 Colombia formuló, al perfeccionar el vínculo internacional respecto de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales” una declaración interpretativa conforme a la cual “en relación con el artículo 27-1, Colombia precisa que acepta que un estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado, en el entendido de que esta norma no excluye el control judicial de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados”. Esta declaración interpretativa, debidamente comunicada al derecho internacional, debe ser considerada a efectos de abordar la tensión existente entre el deber de aplicación de las disposiciones constitucionales y el principio pacta sunt servanda. En efecto, la regla de supremacía constitucional respecto de los tratados no es una norma novedosa para el ordenamiento jurídico colombiano, ni para los órganos, entidades o dependencias del Estado, quienes siempre han conocido los términos de aceptación del aludido principio y, por ende, se han encontrado vinculados al ineludible deber de armonizar las obligaciones internacionales con la Constitución Política. (ii) En virtud de lo dispuesto en el artículo 241 de la Carta y de lo decidido en la sentencia C-400 de 1998, es competente para conocer demandas contra tratados perfeccionados y, en particular, contra las disposiciones acusadas del TASP. El reconocimiento de esta competencia encuentra pleno fundamento no solo en la decisión antes referida sino también en la regla de supremacía constitucional que exige el sometimiento de todas las normas, nacionales e internacionales, a lo dispuesto en la Constitución Política. (iii) La maximización de los intereses constitucionales que se encuentran en conflicto, debe evitar el establecimiento de un predominio absoluto de las normas constitucionales en tensión. Por ello, la obligación de armonizar el deber de aplicar las disposiciones constitucionales y el deber de cumplir de buena fe los compromisos internacionales, no puede traducirse en la fijación de una regla que tenga como efecto privar de contenido a alguno de ellos. La armonización exige reconocer que del artículo 101 se deriva un deber de incorporación de las decisiones referidas a asuntos limítrofes, por medio de la celebración, aprobación y ratificación de un tratado. (iv) La obligación de armonizar permite, en esta oportunidad, hacer compatible la obligación de cumplir las obligaciones internacionales contraídas por el Estado colombiano, expresión de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, con el mandato de respetar los contenidos mínimos de una disposición que, como el artículo 101, define uno de los asuntos más significativos desde la perspectiva de la organización constitucional.        

 

CONTROL JURISDICCIONAL DE LA CONSTITUCION-Alcance de la prohibición en la jurisprudencia constitucional/INCOMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE-Jurisprudencia constitucional

 

DERECHO A LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN DECISIONES QUE LOS AFECTAN-Alcance/PRINCIPIO DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO-Contenido y alcance/MECANISMOS DE PARTICIPACION-Dimensiones/CONSULTA PREVIA-Desarrollo jurisprudencial

CONSULTA PREVIA-Asuntos que deben ser consultados o medidas que suponen afectación directa a la comunidad/CONSULTA PREVIA-Escenarios en que debe materializarse

PRINCIPIO DE SOBERANIA NACIONAL Y AUTODETERMINACION-Fundamento de las relaciones internacionales

SOBERANIA EXTERNA-Alcance del concepto

SOBERANIA NACIONAL Y AUTODETERMINACION DE LOS ESTADOS-Limitaciones/SOBERANIA-Definición del alcance y límites/PROCESOS DE INTEGRACION ECONOMICA BAJO UN GOBIERNO DEMOCRATICO-Alcance de la exigibilidad/PROCESOS DE INTEGRACION ECONOMICA-Exigibilidad de la democracia como presupuesto esencial, no puede conducir a la imposición de un modelo de régimen político que contradiga la voluntad soberana del pueblo manifestada en una Constitución

SOBERANIA Y AUTODETERMINACION DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO-Tiene un “núcleo duro” que no admite afectación y se traduce en la facultad de los Estados, bajo ciertos límites, de adoptar las decisiones relativas a su régimen constitucional y legal

JURISDICCION DE TRIBUNALES INTERNACIONALES-Instrumentos reconocidos por Colombia

INVIOLABILIDAD DEL TERRITORIO-Su defensa constituye un propósito articulado con la obligación de proveer la seguridad exterior del Estado/SEGURIDAD EXTERIOR DEL ESTADO-Concepto/PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Obligación de emprender todas las acciones normativas, fácticas, jurídicas y políticas, con fundamento en el derecho interno y en el derecho internacional, para proteger las condiciones que rigen la configuración y delimitación del territorio

OBLIGACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO-Alcance

JUICIO CONSTITUCIONAL DE CONVENIENCIA-Jurisprudencia constitucional

PAZ-Significado y fundamento constitucional/PAZ-Instrumentos para su protección

 

 

 

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos XXXI y L de la Ley 37 de 1961 “Por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” (Pacto de Bogotá).  

Accionante: Juan Manuel Santos Calderón -Presidente de la República de Colombia-.

Referencia: Expediente D-9907.

 

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos II y V (parciales) y los capítulos Cuarto y Quinto de la Ley 37 de 1961 “Por la cual se aprueba   el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” (Pacto de Bogotá).  

Accionantes: Juan Carlos Moncada Zapata, Jéssica Alejandra Mancipe González y Carlos Eduardo Borrero González.

Referencia: Expediente D-9852

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo XXXI (parcial) de la Ley 37 de 1961 “Por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” (Pacto de Bogotá).  

Acccionante: Oscar Fernando Vanegas Ávila.

Referencia: Expediente D-9886.

 

Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 

 


I. ANTECEDENTES.

 

1. Texto normativo demandado.

 

Los ciudadanos Juan Carlos Moncada Zapata, Jéssica Alejandra Mancipe González y Carlos Eduardo Borrero González demandaron la inconstitucionalidad de los artículos II y V -parciales- y los Capítulos IV y V de la Ley 37 de 1961 aprobatoria del correspondiente instrumento internacional. El ciudadano Oscar Fernando Vanegas Ávila hizo lo propio con el artículo XXXI -parcial- de la Ley 137 de 1961. Y el ciudadano Juan Manuel Santos Calderón -Presidente de la República de Colombia- presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos XXXI y L de la Ley 37 de 1961 “Por la cual se aprueba   el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” (Pacto de Bogotá). 

 

El texto de la Ley 37 de 1961  y del Tratado aprobado por el Congreso de la República, se transcribe a continuación, subrayados los enunciados normativos demandados -artículos o capítulos-:

 

LEY  37 DE 1961

(Julio 12)

Por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá).

 

El Congreso de Colombia,

 visto el texto del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá) suscrito por los Delegados Plenipotenciarios de la República de Colombia el 30 de abril de 1948, en la IX Conferencia Internacional Americana, y que a la letra dice:

 

TRATADO AMERICANO DE SOLUCIONES PACIFICAS

"PACTO DE BOGOTÁ"

Suscrito en Bogotá el 30 de abril de 1948

 

 En nombre de sus pueblos, los Gobiernos representados en la IX Conferencia Internacional Americana, han resuelto, en cumplimiento del artículo XXIII de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, celebrar el siguiente Tratado:

 

CAPITULO PRIMERO

OBLIGACIÓN GENERAL DE RESOLVER LAS CONTROVERSIAS POR MEDIOS PACÍFICOS

 

 ARTICULO I. Las Altas Partes Contratantes, reafirmando solemnemente sus compromisos contraídos por anteriores convenciones y declaraciones internacionales así como por la Carta de las Naciones Unidas, convienen en abstenerse de la amenaza, del uso de la fuerza o de cualquier otro medio de coacción para el arreglo de sus controversias y en recurrir en todo tiempo a procedimientos pacíficos.

 

ARTICULO II. Las Altas Partes Contratantes reconocen la obligación de resolver las controversias internacionales por los procedimientos pacíficos regionales antes de llevarlas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

 

En consecuencia, en caso de que entre dos o más Estados signatarios se suscite una controversia que, en opinión de las partes, no pueda ser resuelta por negociaciones directas a través de los medios diplomáticos usuales, las partes se comprometen a hacer uso de los procedimientos establecidos en este Tratado en la forma y condiciones previstas en los artículos siguientes, o bien de los procedimientos especiales que, a su juicio, les permitan llegar a una solución[1].

 

ARTICULO III. El orden de los procedimientos pacíficos establecido en el presente Tratado no significa que las partes no puedan recurrir al que consideren más apropiado en cada caso, ni que deban seguirlos todos, ni que exista, salvo disposición expresa al respecto, prelación entre ellos.

 

ARTICULO IV. Iniciado uno de los procedimientos pacíficos, sea por acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un pacto anterior, no podrá incoarse otro procedimiento antes de terminar aquél.

 

ARTICULO V. Dichos procedimientos no podrán aplicarse a las materias que por su esencia son de la jurisdicción interna del Estado. Si las partes no estuvieren de acuerdo en que la controversia se refiere a un asunto de jurisdicción interna, a solicitud de cualquiera de ellas esta cuestión previa será sometida a la decisión de la Corte Internacional de Justicia[2].

 

ARTICULO VI. Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto

 

ARTICULO VII. Las Altas Partes Contratantes se obligan a no intentar reclamación diplomática para proteger a sus nacionales, ni a iniciar al efecto una controversia ante la jurisdicción internacional, cuando dichos nacionales hayan tenido expeditos los medios para acudir a los tribunales domésticos competentes del Estado respectivo

 

ARTICULO VIII. El recurso a los medios pacíficos de solución de las controversias, o la recomendación de su empleo, no podrán ser motivo, en caso de ataque armado, para retardar el ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, previsto en la Carta de las Naciones Unidas.

 

CAPITULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTOS DE BUENOS OFICIOS Y DE MEDIACIÓN

 

ARTICULO IX. El procedimiento de los Buenos Oficios consiste en la gestión de uno o más Gobiernos Americanos o de uno o más ciudadanos eminentes de cualquier Estado Americano, ajenos a la controversia, en el sentido de aproximar a las partes, proporcionándoles la posibilidad de que encuentren directamente una solución adecuada.

 

ARTICULO X. Una vez que se haya logrado el acercamiento de las partes y que éstas hayan reanudado las negociaciones directas quedará terminada la gestión del Estado o del ciudadano que hubiere ofrecido sus Buenos Oficios o aceptado la invitación a interponerlos; sin embargo, por acuerdo de las partes, podrán aquéllos estar presentes en las negociaciones.

 

ARTICULO XI. El procedimiento de mediación consiste en someter la controversia a uno o más gobiernos americanos, o a uno o más ciudadanos eminentes de cualquier Estado Americano extraños a la controversia. En uno y otro caso el mediador o los mediadores serán escogidos de común acuerdo por las partes.

 

ARTICULO XII. Las funciones del mediador o mediadores consistirán en asistir a las partes en el arreglo de las controversias de la manera más sencilla y directa, evitando formalidades y procurando hallar una solución aceptable. El mediador se abstendrá de hacer informe alguno y, en lo que a él atañe, los procedimientos serán absolutamente confidenciales.

 

ARTICULO XIII. En el caso de que las Altas Partes Contratantes hayan acordado el procedimiento de mediación y no pudieren ponerse de acuerdo en el plazo de dos meses sobre la elección del mediador o mediadores; o si iniciada la mediación transcurrieren hasta cinco meses sin llegar a la solución de la controversia, recurrirán sin demora a cualquiera de los otros procedimientos de arreglo pacífico establecidos en este Tratado.

 

ARTICULO XIV. Las Altas Partes Contratantes podrán ofrecer su mediación, bien sea individual o conjuntamente; pero convienen en no hacerlo mientras la controversia esté sujeta a otro de los procedimientos establecidos en el presente Tratado.

 

CAPITULO TERCERO

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONCILIACIÓN

 

ARTICULO XV. El procedimiento de investigación y conciliación consiste en someter la controversia a una comisión de investigación y conciliación que será constituida con arreglo a las disposiciones establecidas en los subsecuentes artículos del presente Tratado, y que funcionará dentro de las limitaciones en él señaladas.

 

ARTICULO XVI. La parte que promueva el procedimiento de investigación y conciliación pedirá al Consejo de la Organización de los Estados Americanos que convoque la Comisión de Investigación y Conciliación. El Consejo, por su parte, tomará las providencias inmediatas para convocarla.

 

 Recibida la solicitud para que se convoque la Comisión quedará inmediatamente suspendida la controversia entre las partes y éstas se abstendrán de todo acto que pueda dificultar la conciliación. Con este fin, el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, podrá, a petición de parte mientras esté en trámite la convocatoria de la Comisión, hacerles recomendaciones en dicho sentido.

 

ARTICULO XVII. Las Altas Partes Contratantes podrán nombrar por medio de un acuerdo bilateral que se hará constar en un simple cambio de notas con cada uno de los otros signatarios, dos miembros de la Comisión de Investigación y Conciliación, de los cuales uno solo podrá ser de su propia nacionalidad. El quinto será elegido inmediatamente de común acuerdo por los ya designados y desempeñará las funciones de Presidente.

 

Cualquiera de las Partes Contratantes podrá reemplazar a los miembros que hubiere designado, sean éstos nacionales o extranjeros; y en el mismo acto deberá nombrar al sustituto. En caso de no hacerlo la remoción se tendrá por no formulada. Los nombramientos y sustituciones deberán registrarse en la Unión Panamericana que velará porque las Comisiones de cinco miembros estén siempre integradas.

 

ARTICULO XVIII. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Unión Panamericana formará un Cuadro Permanente de Conciliadores Americanos que será integrado así:

 

a) Cada una de las Altas Partes Contratantes designará, por períodos de tres años, dos de sus nacionales que gocen de la más alta reputación por su ecuanimidad, competencia y honorabilidad.

b) La Unión Panamericana recabará la aceptación expresa de los candidatos y pondrá los nombres de las personas que le comuniquen su aceptación en el Cuadro de Conciliadores.

c) Los gobiernos podrán en cualquier momento llenar las vacantes que ocurran entre sus designados y nombrarlos nuevamente.

 

ARTICULO XIX. En el caso de que ocurriere una controversia entre dos o más Estados Americanos que no tuvieren constituida la Comisión a que se refiere el Artículo XVII, se observará el siguiente procedimiento:

 

a) Cada parte designará dos miembros elegidos del Cuadro Permanente de Conciliadores Americanos, que no pertenezcan a la nacionalidad del designante.

b) Estos cuatro miembros escogerán a su vez un quinto conciliador extraño a las partes, dentro del Cuadro Permanente.

c) Si dentro del plazo de treinta días después de haber sido notificados de su elección, los cuatro miembros no pudieren ponerse de acuerdo para escoger el quinto, cada uno de ellos formará separadamente la lista de conciliadores, tomándola del Cuadro Permanente en el orden de su preferencia; y después de comparar las listas así formadas se declarará electo aquél que primero reúna una mayoría de votos. El elegido ejercerá las funciones de Presidente de la Comisión.

 

ARTICULO XX. El Consejo de la Organización de los Estados Americanos al convocar la Comisión de Investigación y Conciliación determinará el lugar donde ésta haya de reunirse. Con posterioridad, la Comisión podrá determinar el lugar o lugares en donde deba funcionar, tomando en consideración las mayores facilidades para la realización de sus trabajos.

 

ARTICULO XXI. Cuando más de dos Estados estén implicados en la misma controversia, los Estados que sostengan iguales puntos de vista serán considerados como una sola parte. Si tuviesen intereses diversos tendrán derecho a aumentar el número de conciliadores con el objeto de que todas las partes tengan igual representación. El Presidente será elegido en la forma establecida en el artículo XIX.

 

ARTICULO XXII. Corresponde a la Comisión de Investigación y Conciliación esclarecer los puntos controvertidos, procurando llevar a las partes a un acuerdo en condiciones recíprocamente aceptables. La Comisión promoverá las investigaciones que estime necesarias sobre los hechos de la controversia, con el propósito de proponer bases aceptables de solución.

 

ARTICULO XXIII. Es deber de las partes facilitar los trabajos de la Comisión y suministrarle, de la manera más amplia posible, todos los documentos e informaciones útiles, así como también emplear los medios de que dispongan para permitirle que proceda a citar y oír testigos o peritos y practicar otras diligencias, en sus respectivos territorios y de conformidad con sus leyes.

 

ARTICULO XXIV. Durante los procedimientos ante la Comisión las partes serán representadas por Delegados Plenipotenciarios o por agentes que servirán de intermediarios entre ellas y la Comisión. Las partes y la Comisión podrán recurrir a los servicios de consejeros y expertos técnicos.

 

ARTICULO XXV. La Comisión concluirá sus trabajos dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de su constitución; pero las partes podrán, de común acuerdo, prorrogarlo.

 

ARTICULO XXVI. Si a juicio de las partes la controversia se concretare exclusivamente a cuestiones de hecho, la Comisión se limitará a la investigación de aquéllas y concluirá sus labores con el informe correspondiente.

 

ARTICULO XXVII. Si se obtuviere el acuerdo conciliatorio, el informe final de la Comisión se limitará a reproducir el texto del arreglo alcanzado y se publicará después de su entrega a las partes, salvo que éstas acuerden otra cosa. En caso contrario, el informe final contendrá un resumen de los trabajos efectuados por la Comisión; se entregará a las partes y se publicará después de un plazo de seis meses, a menos que éstas tomaren otra decisión. En ambos eventos, el informe final será adoptado por mayoría de votos.

 

ARTICULO XXVIII. Los informes y conclusiones de la Comisión de Investigación y Conciliación no serán obligatorios para las partes ni en lo relativo a la exposición de los hechos ni en lo concerniente a las cuestiones de derecho, y no revestirán otro carácter que el de recomendaciones sometidas a la consideración de las partes para facilitar el arreglo amistoso de la controversia.

 

ARTICULO XXIX. La Comisión de Investigación y Conciliación entregará a cada una de las partes, así como a la Unión Panamericana, copias certificadas de las actas de sus trabajos. Estas actas no serán publicadas sino cuando así lo decidan las partes.

 

ARTICULO XXX. Cada uno de los miembros de la Comisión recibirá una compensación pecuniaria cuyo monto será fijado de común acuerdo por las partes. Si éstas no la acordaren, la señalará el Consejo de la Organización. Cada uno de los gobiernos pagará sus propios gastos y una parte igual de las expensas comunes de la Comisión, comprendidas en éstas las compensaciones anteriormente previstas.

 

CAPITULO CUARTO

PROCEDIMIENTO JUDICIAL[3]

 

ARTICULO XXXI. De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre:

 a) La interpretación de un Tratado;

 b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional;

 c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría la violación de una obligación internacional;

 d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.[4]

 

ARTICULO XXXII. Cuando el procedimiento de conciliación anteriormente establecido conforme a este Tratado o por voluntad de las partes, no llegare a una solución y dichas partes no hubieren convenido en un procedimiento arbitral, cualquiera de ellas tendrá derecho a recurrir a la Corte Internacional de Justicia en la forma establecida en el artículo 40 de su Estatuto. La jurisdicción de la Corte quedará obligatoriamente abierta conforme al inciso 1º del artículo 36 del mismo Estatuto.

 

ARTICULO XXXIII. Si las partes no se pusieren de acuerdo acerca de la competencia de la Corte sobre el litigio, la propia Corte decidirá previamente esta cuestión.

 

ARTICULO XXXIV. Si la Corte se declarare incompetente para conocer de la controversia por los motivos señalados en los artículos V, VI y VII de este Tratado, se declarará terminada la controversia.

 

ARTICULO XXXV. Si la Corte se declarase incompetente por cualquier otro motivo para conocer y decidir de la controversia, las Altas Partes Contratantes se obligan a someterla a arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del capítulo quinto de este Tratado.

 

ARTICULO XXXVI. En el caso de controversias sometidas al procedimiento judicial a que se refiere este Tratado, corresponderá su decisión a la Corte en pleno, o, si así lo solicitaren las partes, a una Sala Especial conforme al artículo 26 de su Estatuto. Las partes podrán convenir, asimismo, en que el conflicto se falle ex-aequo et bono.

 

ARTICULO XXXVII. El procedimiento a que deba ajustarse la Corte será el establecido en su Estatuto.

 

CAPITULO QUINTO

PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE[5]

 

ARTICULO XXXVIII. No obstante lo establecido en el Capítulo Cuarto de este Tratado, las Altas Partes Contratantes tendrán la facultad de someter a arbitraje, si se pusieren de acuerdo en ello, las diferencias de cualquier naturaleza, sean o no jurídicas, que hayan surgido o surgieren en lo sucesivo entre ellas.

 

ARTICULO XXXIX. El Tribunal de Arbitraje, al cual se someterá la controversia en los casos de los artículos XXXV y XXXVIII de este Tratado se constituirá del modo siguiente, a menos de existir acuerdo en contrario.

 

ARTICULO XL. (1) Dentro del plazo de dos meses, contados desde la notificación de la decisión de la Corte, en el caso previsto en el artículo XXXV, cada una de las partes designará un árbitro de reconocida competencia en las cuestiones de derecho internacional, que goce de la más alta consideración moral, y comunicará esta designación al Consejo de la Organización. Al propio tiempo presentará al mismo Consejo una lista de diez juristas escogidos entre los que forman la nómina general de los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que no pertenezcan a su grupo nacional y que estén dispuestos a aceptar el cargo.

 (2) El Consejo de la Organización procederá a integrar, dentro del mes siguiente a la presentación de las listas, el Tribunal de Arbitraje en la forma que a continuación se expresa:

 a) Si las listas presentadas por las partes coincidieren en tres nombres, dichas personas constituirán el Tribunal de Arbitraje con las dos designadas directamente por las partes.

 b) En el caso en que la coincidencia recaiga en más de tres nombres, se determinarán por sorteo los tres árbitros que hayan de completar el Tribunal.

 c) En los eventos previstos en los dos incisos anteriores, los cinco árbitros designados escogerán entre ellos su presidente.

 d) Si hubiere conformidad únicamente sobre dos nombres, dichos candidatos y los dos árbitros seleccionados directamente por las partes, elegirán de común acuerdo el quinto árbitro que presidirá el Tribunal. La elección deberá recaer en algún jurista de la misma nómina general de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que no haya sido incluido en las listas formadas por las partes.

 e) Si las listas presentaren un solo nombre común, esta persona formará parte del Tribunal y se sorteará otra entre los 18 juristas restantes en las mencionadas listas. El Presidente será elegido siguiendo el procedimiento establecido en el inciso anterior.

 f) No presentándose ninguna concordancia en las listas, se sortearán sendos árbitros en cada una de ellas; y el quinto árbitro, que actuará como Presidente, será elegido de la manera señalada anteriormente.

 g) Si los cuatro árbitros no pudieren ponerse de acuerdo sobre el quinto árbitro dentro del término de un mes contado desde la fecha en que el Consejo de la Organización les comunique su nombramiento, cada uno de ellos acomodará separadamente la lista de juristas en el orden de su preferencia y después de comparar las listas así formadas, se declarará elegido aquél que reúna primero una mayoría de votos.

 

ARTICULO XLI. Las partes podrán de común acuerdo constituir el Tribunal en la forma que consideren más conveniente, y aun elegir un árbitro único, designando en tal caso al Jefe de un Estado, a un jurista eminente o a cualquier tribunal de justicia en quien tengan mutua confianza.

 

ARTICULO XLII. Cuando más de dos Estados estén implicados en la misma controversia, los Estados que defiendan iguales intereses serán considerados como una sola parte. Si tuvieren intereses opuestos tendrán derecho a aumentar el número de árbitros para que todas las partes tengan igual representación. El Presidente se elegirá en la forma establecida en el artículo XL.

 

ARTICULO XLIII. Las partes celebrarán en cada caso el compromiso que defina claramente la materia específica objeto de la controversia, la sede del Tribunal, las reglas que hayan de observarse en el procedimiento, el plazo dentro del cual haya de pronunciarse el laudo y las demás condiciones que convengan entre sí.

 

 Si no se llegare a un acuerdo sobre el compromiso dentro de tres meses contados desde la fecha de la instalación del Tribunal, el compromiso será formulado, con carácter obligatorio para las partes, por la Corte Internacional de Justicia, mediante el procedimiento sumario.

 

ARTICULO XLIV. Las partes podrán hacerse representar ante el Tribunal Arbitral por las personas que juzguen conveniente designar.

 

ARTICULO XLV. Si una de las partes no hiciere la designación de su árbitro y la presentación de su lista de candidatos, dentro del término previsto en el artículo XL, la otra parte tendrá el derecho de pedir al Consejo de la Organización que constituya el Tribunal de Arbitraje. El Consejo inmediatamente instará a la parte remisa para que cumpla esas obligaciones dentro de un término adicional de quince días, pasado el cual, el propio Consejo integrará el Tribunal en la siguiente forma:

 

a) Sorteará un nombre de la lista presentada por la parte requiriente;

b) Escogerá por mayoría absoluta de votos dos juristas de la nómina general de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que no pertenezcan al grupo nacional de ninguna de las partes;

c) Las tres personas así designadas, en unión de la seleccionada directamente por la parte requiriente, elegirán de la manera prevista en el artículo XL al quinto árbitro que actuará como Presidente;

d) Instalado el Tribunal se seguirá el procedimiento organizado en el artículo XLIII.

 

ARTICULO XLVI. El laudo será motivado, adoptado por mayoría de votos y publicado después de su notificación a las partes. El árbitro o árbitros disidentes podrán dejar testimonio de los fundamentos de su disidencia.

 

El laudo, debidamente pronunciado y notificado a las partes, decidirá la controversia definitivamente y sin apelación, y recibirá inmediata ejecución.

 

ARTICULO XLVII. Las diferencias que se susciten sobre la interpretación o ejecución del laudo, serán sometidas a la decisión del Tribunal Arbitral que lo dictó.

 

ARTICULO XLVIII. Dentro del año siguiente a su notificación, el laudo será susceptible de revisión ante el mismo Tribunal, a pedido de una de las partes, siempre que se descubriere un hecho anterior a la decisión ignorado del Tribunal y de la parte que solicita la revisión, y además siempre que, a juicio del Tribunal, ese hecho sea capaz de ejercer una influencia decisiva sobre el laudo.

 

ARTICULO XLIX. Cada uno de los miembros del Tribunal recibirá una compensación pecuniaria cuyo monto será fijado de común acuerdo por las partes. Si éstas no la convinieren la señalará el Consejo de la Organización. Cada uno de los gobiernos pagará sus propios gastos y una parte igual de las expensas comunes del Tribunal, comprendidas en éstas las compensaciones anteriormente previstas.

 

CAPITULO SEXTO

CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES

 

ARTICULO L. Si una de las Altas Partes Contratantes dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte Internacional de Justicia o un laudo arbitral, la otra u otras partes interesadas, antes de recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, promoverá una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a fin de que acuerde las medidas que convenga tomar para que se ejecute la decisión judicial o arbitral.[6]

 

CAPITULO SÉPTIMO

OPINIONES CONSULTIVAS

 

ARTICULO LI. Las partes interesadas en la solución de una controversia podrán, de común acuerdo, pedir a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que soliciten de la Corte Internacional de Justicia opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica.

 

La petición la harán por intermedio del Consejo de la Organización de los Estados Americanos.

 

CAPITULO OCTAVO

DISPOSICIONES FINALES

 

ARTICULO LII. El presente Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El instrumento original será depositado en la Unión Panamericana, que enviará copia certificada auténtica a los gobiernos para ese fin. Los instrumentos de ratificación serán depositados en los archivos de la Unión Panamericana, que notificará dicho depósito a los gobiernos signatarios. Tal notificación será considerada como canje de ratificaciones.

 

ARTICULO LIII. El presente Tratado entrará en vigencia entre las Altas Partes Contratantes en el orden en que depositen sus respectivas ratificaciones.

 

ARTICULO LIV. Cualquier Estado Americano que no sea signatario de este Tratado o que haya hecho reservas al mismo, podrá adherir a éste o abandonar en todo o en parte sus reservas, mediante instrumento oficial dirigido a la Unión Panamericana, que notificará a las otras Altas Partes Contratantes en la forma que aquí se establece.

 

ARTICULO LV. Si alguna de las Altas Partes Contratantes hiciere reservas respecto del presente Tratado, tales reservas se aplicarán en relación con el Estado que las hiciera a todos los Estados signatarios, a título de reciprocidad.

 

ARTICULO LVI. El presente Tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás signatarios. La denuncia será dirigida a la Unión Panamericana, que la transmitirá a las otras Partes Contratantes.

 

La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo.

 

ARTICULO LVII. Este Tratado será registrado en la Secretaría General de las Naciones Unidas por medio de la Unión Panamericana.

 

ARTICULO LVIII. A medida que este Tratado entre en vigencia por las sucesivas ratificaciones de las Altas Partes Contratantes cesarán para ellas los efectos de los siguientes Tratados, Convenios y Protocolos:

Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Estados Americanos del 3 de mayo de 1923;

Convención General de Conciliación Interamericana del 5 de enero de 1929;

Tratado General de Arbitraje Interamericano y Protocolo Adicional de Arbitraje Progresivo del 5 de enero de 1929;

Protocolo Adicional a la Convención General de Conciliación Interamericana del 26 de diciembre de 1933;

Tratado Antibélico de No Agresión y de Conciliación del 10 de octubre de 1933;

Convención para Coordinar, Ampliar y Asegurar el Cumplimiento de los Tratados Existentes entre los Estados Americanos del 23 de diciembre de 1936;

Tratado Interamericano sobre Buenos Oficios y Mediación del 23 de diciembre de 1936;

Tratado Relativo a la Prevención de Controversias del 23 de diciembre de 1936.

 

ARTICULO LIX. Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará a los procedimientos ya iniciados o pactados conforme a alguno de los referidos instrumentos internacionales.

 

ARTICULO LX. Este Tratado se denominará "Pacto de Bogotá".

 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios que suscriben, habiendo depositado sus plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, firman este Tratado, en nombre de sus respectivos Gobiernos, en las fechas que aparecen al pie de sus firmas.

 

Hecho en la ciudad de Bogotá, en cuatro textos, respectivamente, en las lenguas española, francesa, inglesa y portuguesa, a los 30 días del mes de abril de mil novecientos cuarenta.

        

2. Demandas: pretensiones y cargos de inconstitucionalidad.

 

2.1. Expediente D-9852.

 

Los ciudadanos Juan Carlos Moncada Zapata, Jéssica Alejandra Mancipe  González y Carlos Eduardo Borrero González, demandaron los artículos II y V (parciales), Capítulo Cuarto y Capítulo Quinto de la Ley 37 de 1961.

2.1.1. Pretensión.

 

Se declare la inexequibilidad retroactiva (ver C-923 de 1999, C-333 de 2010 y C-979 de 2010) de las normas demandadas, es decir, a partir de la expedición de la Constitución de 1991. A su juicio, las decisiones que han sido proferidas en virtud del Pacto de Bogotá, específicamente las derivadas de las normas objeto de cuestionamiento, fueron expedidas sin competencia y en contra del orden constitucional desde entonces vigente. 

 

2.1.2. Competencia de la Corte Constitucional

 

Fundamento: (i) el reconocimiento que ha hecho la propia Corte Constitucional de su competencia para examinar tratados internacionales; (ii) haberse configurado una inconstitucionalidad sobreviniente (ver sentencias C-027 de 1993, C-176 de 1994 y C-400 de 1998).

 

2.1.3. Cargo: violación de los fines esenciales del Estado, la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la conveniencia nacional.

 

Las normas demandadas desconocen los fines esenciales del Estado, entre los que figura la participación de los colombianos en las decisiones que los afectan y el principio de autodeterminación de las comunidades étnicas (CP, artículo 2, 329 y 330), la integridad territorial (CP, artículo 2), la soberanía nacional (CP, artículo 3, 9), la autodeterminación de los pueblos (CP, artículo 9) y la conveniencia nacional (CP, artículo 226), por lo siguiente:

 

Los procedimientos de resolución de conflictos establecidos en las normas demandadas no contemplan ningún mecanismo de participación ciudadana en las decisiones que puedan afectarlos, tales como la definición de los límites del territorio o aquellas que puedan perturbar el ambiente sano. Solo formas de participación indirecta de los ciudadanos a través de los representantes de elección popular.

 

Cualquier decisión de la CIJ sobre el territorio y sus límites afecta los derechos de las comunidades asentadas en las zonas afectadas, y la obligación de cumplir una orden sobre esta naturaleza se expide de manera absolutamente inconsulta con los nacionales afectados. Las disposiciones acusadas desconocen que las relaciones internacionales de los Estados se fundamentan en la integridad territorial, la soberanía y la conveniencia nacional, los cuales se encuentran íntimamente ligados con el derecho a la autodeterminación de los pueblos. De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial, la autodeterminación implica el derecho general a la participación, el derecho a participar en la toma de decisiones políticas y el derecho al autogobierno de las comunidades étnicas. De esta manera, se debe garantizar el derecho de las comunidades étnicas a conservar su cosmología mediante el mantenimiento de sus propias instituciones, autoridades, normas y costumbres. Una decisión de cualquier órgano judicial internacional, que implique la modificación o alteración de alguno de los elementos esenciales en la identificación y reconocimiento de los grupos étnicos y no sea consultada con los afectados, implica una vulneración a la autodeterminación de los pueblos. Y en general, cualquiera de los mecanismos de solución de controversias de las normas demandadas, en tanto no se contempla la consulta a la población.

 

Así mismo, se atenta contra la soberanía nacional, toda vez que la autodeterminación encuentra plena relación con el principio de no injerencia de la comunidad internacional.

 

2.1.4. Cargo: violación de la integridad territorial y de los límites constitucionalmente reconocidos al Estado colombiano.

 

Los límites del Estado colombiano se encuentran incorporados al texto constitucional por expresa decisión del Constituyente, en artículo 101 de la Carta estableció que éstos son los establecidos en tratados aprobados por el Congreso de la República. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los tratados de límites forman parte del bloque de constitucionalidad lato sensu. Así mismo, de acuerdo con el postulado constitucional en mención, su modificación sólo puede realizarse a través de la aprobación por parte del Congreso de otros tratados.

 

Por lo tanto, aceptar, reconocer o mantener la competencia de una autoridad judicial internacional o un tribunal de arbitramento que pueda eventualmente modificar los límites del territorio establecidos en la Constitución de 1991,  atenta contra el expreso y único procedimiento que se señala en la norma superior para tal fin. Dicha situación puede presentarse en el evento en que la Corte Internacional de Justicia -a quien Colombia reconoce plena jurisdicción para resolver cualquier asunto de derecho internacional a través de las normas demandadas- asuma el conocimiento de un eventual litigio fronterizo en el que tenga la capacidad de desprender o modificar una porción del territorio nacional. 

 

2.1.5. Cargo: violación de las obligaciones constitucionales del Presidente de la República.

 

El artículo 189 constitucional señala las funciones del Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, entre las cuales se encuentran la dirección de las relaciones internacionales (num. 2), la defensa de la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio (num. 6). Por expreso mandato constitucional, el Presidente no puede llevar a cabo ninguna actuación que atente contra sus funciones; por lo tanto, ninguna autoridad judicial internacional puede obligarlo a cumplir una orden que implique el desconocimiento de las mismas. Una orden de modificación de los límites territoriales, basada en el Pacto de Bogotá, atentaría contra las obligaciones del Presidente de velar por la independencia y honra de la Nación y en especial, la inviolabilidad del territorio. Por lo tanto, cualquier decisión en este sentido sería inaplicable.

 

2.1.6. Cargo por desconocimiento de la “conveniencia nacional”.

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 226 de la Constitución, las relaciones internacionales de Colombia se basan en los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. La posibilidad de que mediante la activación de alguno de los mecanismos de solución de conflictos, entre los cuales se encuentra la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, se desprendan o arrojen resultados adversos a los intereses nacionales, implica una violación al mandato de respeto y garantía de la conveniencia nacional. Tal situación ocurriría en el caso en que los órganos internacionales, por ejemplo, alteren los límites terrestres o marítimos previamente delimitados por tratados internacionales, lo cual no sería de manera alguno provechoso para los intereses nacionales.

 

2.1.7. Cargo: violación al artículo 59 transitorio constitucional.   

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que, de conformidad con la prohibición establecida en el artículo 59 transitorio de la Carta, los actos de la Asamblea Nacional Constituyente no se encuentran sujetos a control jurisdiccional alguno. De esta forma, el máximo tribunal constitucional ha señalado su falta de competencia en situaciones en las que se han demandado normas constitucionales. Dicha prohibición de control jurisdiccional no distingue entre autoridades judiciales nacionales o internacionales, por lo que resulta perfectamente aplicable para cualquiera. Así, ninguna jurisdicción puede alterar el orden constitucional establecido en 1991, como son los límites establecidos por tratados anteriores a 1991, los que se encuentran cobijados por la prohibición de control jurisdiccional del artículo 59 transitorio. Permitir que la Corte Internacional de Justicia o un tribunal de arbitramento, eventualmente, pueda modificar los límites que fueron establecidos en tratados anteriores a la Constitución constituye una forma en la cual se admite el control jurisdiccional de los actos de la Asamblea Nacional Constituyente, situación que se presenta contraria al artículo 59 transitorio de la Carta.

 

2.1.8. Cargo: violación del ius cogens y tratados parte del bloque de constitucionalidad.

 

La normas demandadas vulneran tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta mundial de la naturaleza de Naciones Unidas de 1982 y el Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del gran caribe Naciones Unidas.

 

Dentro de la normas de ius cogens debe considerarse el principio de la libre determinación de los pueblos, el cual se encuentra estipulado en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derecho Económicos Sociales y Culturales, el artículo 47 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 2º del Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El amplio espectro de jurisdicción que se le reconoce a la Corte Internacional de Justicia en el capítulo V del Pacto de Bogotá, puede implicar decisiones que afecten la libre autodeterminación. Idéntica situación ocurriría en relación con la protección al medio ambiente, obligación reconocida por el Estado colombiano en múltiples instrumentos internacionales como la Carta Mundial de la Naturaleza de Naciones Unidas de 1982 y el Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del gran caribe Naciones Unidas.

 

De otro lado, múltiples Estados -al igual que el colombiano- han reconocido la competencia en sus órganos legislativos para definir los límites de sus territorios. Esta aceptación hace que tal regla de competencia sea considerada como de ius cogens, y por lo tanto, la opción de que sea la Corte Internacional de Justicia la que defina asuntos limítrofes la vulneraría.

 

Derivado de la violación a la autodeterminación de los pueblos, se atenta contra otros derechos de la comunidades como la subsistencia, la alimentación, la vivienda y el desarrollo económico y social, los primeros vinculados al concepto de dignidad humana. Las decisiones que la Corte Internacional de Justicia adopte al amparo de la competencia otorgada por el Pacto de Bogotá en materia limítrofe y de soberanía, ocasionarán sobre la población indígena o afrodescendiente asentada en un territorio particular, una afectación de un elemento propio de su cultura ocasionando perjuicios relativos a la subsistencia, trabajo, alimentación y vivienda. Una decisión en dicha dirección resulta inaplicable, en tanto se debe cumplir con el mandato de que la Constitución es la norma de normas. 

 

Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, esto implicaría una vulneración al principio internacional de pacta sunt servanda, en tanto se vulnerarían varios compromisos internacionales de Colombia que hacen parte del orden interno a través de lo dispuesto en los artículos 2º y 93 de la Constitución. La aceptación de la competencia de la Corte Internacional de Justicia o de tribunales de arbitramento impide el cumplimiento de otras obligaciones internacionales ya asumidas por el Estado colombiano.   

 

2.2. Expediente D-9886.

 

El ciudadano Oscar Fernando Vanegas Ávila, demanda parcialmente el artículo XXXI de la Ley 37 de 1961 “por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)”.

 

2.2.1. Pretensión.

 

Solicita declarar inexequible la norma demandada de la ley la 37 de 1961 y, en subsidio, que se condicione la competencia de la Corte Internacional de Justicia en lo relativo a las controversias sobre límites. Adicionalmente, la Corte debe declarar la inexistencia de dicho tratado desde 1991 en atención al tránsito constitucional disponiendo, asimismo, la nulidad de las actuaciones que hubiera realizado el Gobierno Nacional con fundamento en dicho tratado y, en particular, la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia a la demanda presentada por Nicaragua el 6 de diciembre de 1991. Finalmente la Corte debe advertir al Gobierno Nacional que el acatamiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de fecha 19 de noviembre de 2012 en que fueron redefinidos lo límites de Colombia y se dio a Nicaragua cerca de 75.000 km2 de “nuestro mar”, viola el artículo 101 de la Constitución y, en esa medida, es necesario buscar otros mecanismos para solucionar el litigio.

 

2.2.2. Cargo por violación del artículo 101.

 

El capítulo cuarto del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)” obliga al Estado a someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, en oposición a lo establecido en el artículo 101 de la Constitución, en tanto la habilita para adelantar la revisión de los tratados de delimitación territorial y cambiar los límites marítimos y territoriales.

 

2.3. Expediente D-9907.

 

El ciudadano Juan Manuel Santos Calderón -Presidente de la República de Colombia-, formula demanda los artículos XXXI y L de la Ley 37 de 1961 “por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)”.

 

2.3.1. Pretensión.

 

Solicita sea declarada la inexequibilidad de las normas demandadas, por vulnerar la Constitución Política. Además, sugiere que la Corte precise los efectos del fallo, advirtiendo que si una sentencia de la Corte Internacional de Justicia afecta los límites territoriales o marítimos reconocidos por la Constitución en virtud de tratados vigentes, se deberá celebrar un nuevo tratado el cual habrá de ser aprobado mediante un acto legislativo que modifique el artículo 101.

 

2.3.2. Imposibilidad de formulación de reserva.

 

Parte de considerar que no es posible aplicar la regla de la Carta según la cual el “Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva”, en la medida en que el Tratado fue ratificado por la República de Colombia hace varias décadas y, por tanto, ya no es posible formularlas.

 

2.3.3. Competencia de la Corte Constitucional.

 

La Corte Constitucional es competente, a su juicio, para conocer la demanda, en virtud de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 241 de la Constitución Política, por tratarse de disposiciones que hacen parte de una ley de la República (ver sentencias C-027 de 1993 y C-400 de 1998 -en la que se “refutó” la tesis C-276 de 1993-, así como el Auto 288 de 2010). Adicionalmente, si bien Colombia denunció el Pacto de Bogotá el 27 de noviembre de 2012 -no pudiendo ya ser invocado para interponer una nueva demanda contra el Estado colombiano-, las obligaciones adquiridas por procesos anteriores siguen vigentes:  en tal sentido, las normas demandadas siguen produciendo efectos por el hecho de un fallo en un proceso contra la República de Colombia que modificó los límites marítimos en aguas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -afectando la unidad del mismo-, junto con otro proceso anunciado para reclamar que se le reconozca una plataforma constitucional extendida a otro Estado, que recortaría la extensión de la plataforma continental derivada de las costas continentales de la República de Colombia.

 

2.3.4. Cargo único por violación de los artículos 2 y 101 de la Constitución.

 

Los límites del Estado colombiano se encuentran incorporados al texto constitucional, por expresa decisión del Constituyente, a través del artículo 101 de la Carta. La disposición constitucional en mención estableció que tales límites sólo pueden modificarse por medio de un tratado. Por consiguiente, el contenido de las normas demandadas, al permitir que la Corte Internacional de Justicia modifique los límites terrestres y marítimos de la República de Colombia mediante sentencia, contradice la cláusula constitucional.

 

También el artículo L del Pacto de Bogotá, aprobado por el artículo único de la Ley 37 de 1961, contraviene la Constitución: al crear un procedimiento para hacer cumplir los fallos de la Corte Internacional de Justicia que “realmente permite” la modificación de límites territoriales y marítimos del Estado colombiano, sin que medie un tratado aprobado por el Congreso de la República.

 

2.3.5. Modificación de límites: solo por tratado internacional y reforma constitucional.

 

Las normas demandadas permiten la modificación ipso facto de los límites territoriales y marítimos. Tal modificación automática es inadmisible porque la Constitución Política eleva a rango constitucional los límites trazados en virtud de tratados anteriores a 1991. En ese sentido, para modificar un límite del Estado colombiano, de acuerdo con la interpretación de la Corte Constitucional, se requiere la celebración de un tratado, seguido de una reforma constitucional. En ese mismo sentido se encuentra la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de no aceptar que las sentencias fijaren los límites de la República de Colombia.

 

Por consiguiente, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia no puede ser incorporada, de manera automática, al ordenamiento jurídico interno, si cambia los límites establecidos antes de 1991 y afecta áreas marítimas del Estado colombiano –y del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina–. Aceptar ipso facto sus efectos implica reconocer que la Constitución misma fue modificada por un fallo, lo cual sería –además– violatorio del artículo 374 de la Carta.

 

2.3.6. Obligación de respeto del artículo 101 de la Constitución.

 

Las normas demandadas, obligan al Estado colombiano a (i) someterse ipso facto a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para decidir sobre cualquier cuestión de derecho internacional -lo que comprende controversias de límites- y a (ii) ejecutar el fallo sin acudir a un procedimiento adicional, así la sentencia modifique límites pactados en un tratado.

 

Con todo, dos tratados de límites han sido sometidos al control constitucional previo y automático. De las sentencias de tales tratados se desprende una obligación de respeto de lo previsto en la Constitución Política, que recae en el tratado de asuntos limítrofes. Ese tratado deberá celebrarse en consonancia con el principio de la autodeterminación de los pueblos (artículo 9), sobre bases de equidad y conveniencia nacional (artículo 226). Es de anotar que en tales decisiones la Corte Constitucional constitucionalizó el “Tratado Esguerra-Bárcenas” y su Canje de Notas, incorporándolos al bloque de constitucionalidad.

 

2.3.7. Procedencia de un tratado internacional para modificación de límites, tras fallo modificatorio de la CIJ.

 

Después de proferido el fallo de la Corte Internacional de Justicia que modifica los límites de la República de Colombia, las normas demandadas no prevén ningún mecanismo para resolver la situación generada por el cambio de límites y no admiten, por ejemplo, que los Estados celebren un tratado para resolver sus diferencias con posterioridad al fallo. El artículo L aprobado por el artículo único de la Ley 37 de 1961 ordena que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sea ejecutada automáticamente, contrariando la posibilidad -admitida por el derecho internacional- de celebrar tratados que versen sobre asuntos decididos o conexos con lo resuelto en un fallo de la Corte Internacional de Justicia.

 

2.4. Síntesis de los cargos de las demandas.

 

2.4.1. La demanda correspondiente al expediente D-9852 argumenta que las normas acusadas desconocen la Constitución, dado que violan: (i) las disposiciones que establecen los fines esenciales del Estado (art. 2), el derecho a la participación (arts. 3, 79, 329 y 330), la soberanía nacional (art. 9) y la autodeterminación de los pueblos (art. 9); (ii) las normas referidas a la integridad territorial y a los límites constitucionalmente reconocidos al Estado Colombiano (art. 101); (iii) las normas que le asignan al Presidente de la República la obligación de defender la independencia y la honra de la Nación así como la inviolabilidad de su territorio (art. 189, 2 y 6); (iv) las normas que establecen la conveniencia nacional como una de las bases que orientan la internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas del Estado Colombiano (art. 226); (v) la norma que prohíbe el juzgamiento de la Constitución de 1991 y de los demás actos promulgados por la Asamblea Constituyente (art. 59 transitorio); y (vi) las normas constitutivas de ius cogens e integradas a los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

 

2.4.2. La demanda integrada al expediente D-9886 sostiene que las normas del Pacto de Bogotá que se acusan, vulneran el artículo 101 de la Carta, en cuyo texto se dispone que los límites señalados en la forma dispuesta en la Constitución solo pueden ser modificados en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República.

 

2.4.3. La demanda que corresponde al expediente D-9907 señala que las disposiciones cuestionadas vulneran los artículos 3, 9 y 101 de la Carta al desconocer las condiciones constitucionales para la fijación o modificación de los límites de Colombia. En particular, el Pacto de Bogotá (i) permite que los límites territoriales y marítimos sean modificados ipso facto por un fallo de la Corte Internacional de Justicia, (ii) desconoce el sentido del artículo 101 y la decisión constituyente de no aceptar que las sentencias fijen los límites de Colombia ni su incorporación automática, y (iii) se opone a la jurisprudencia constitucional que ha exigido que los tratados relativos a los límites marítimos de Colombia respeten lo previsto en la Constitución, en cuyo artículo 101 se dispone la integración, al bloque de constitucionalidad, del “Tratado Esguerra-Bárcenas” con su “Canje de Notas”.       

 

3. Intervención de expresidentes de la República.

 

3.1. Belisario Betancur Cuartas.

 

El señor expresidente de la República se abstuvo de emitir una opinión en este asunto, materia del derecho internacional público, considerando que su condición de miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, a la que concurre con el encargo legal de expresar opiniones y conceptos al Presidente de la República en materias como la que ahora examina la Corte, no hace procedente la formulación una intervención como la solicitada.

 

3.2. Ernesto Samper Pizano -expresidente de Colombia 1994-1998-.

 

3.2.1. La Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad del Pacto de Bogotá: desde la sentencia del año 1993, relativa a la validez constitucional del Concordato, este Tribunal ha ejercido control constitucional de los tratados aprobados antes de la vigencia de la Constitución de 1991, cuando se constata que los acuerdos pueden encontrarse afectados “por una forma de inconstitucionalidad sobreviniente”. La denuncia formulada por Colombia “no deja ninguna duda sobre su inaplicabilidad futura a partir del mes de Noviembre del 2013, lo cual resulta particularmente importante en momentos en que Nicaragua ha reiterado la pretensión de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas”. En cualquier caso cabe señalar que no resulta clara “una eventual aplicación retroactiva de la inexequibilidad del Pacto y sus posibles efectos sobre la reciente sentencia de la Corte que definió nuestros límites marítimos con Nicaragua.”

 

3.2.2. El Pacto de Bogotá, asumido como un importante avance en la solución de controversias en el orden regional, no fue objeto reserva alguna, y en vigencia de dos constituciones Colombia aceptó la competencia de la Corte Internacional de Justicia sin excluir la posibilidad de fijación de límites internacionales. Por su parte, el artículo 101 estableció que los límites de Colombia solo pueden ser fijados por tratados públicos y laudos. Sobre ello, “no se incluyeron las sentencias porque hasta ese momento ningún límite había sido fijado por decisiones judiciales”.  Ahora bien, lo señalado no se opone a que la Corte reitere el principio “de que solo los tratados y los laudos son fuentes modificatorias normativas de los límites internacionales colombianos.  

 

3.2.3. El “Tratado Esguerra Bárcenas” se ha examinado para establecer si es o no un tratado de límites marítimos o únicamente, según lo sostuvo el expresidente Alfonso López Michelsen, “como un reparto de islas alrededor del meridiano 82 acordado como línea divisoria entre Colombia y Nicaragua”. Cabe advertir que al momento de suscripción del referido tratado  “no estaba vigente el concepto de límites submarinos que vino a reglamentarse, varias décadas después, con la expedición de la normatividad del derecho del mar expedida en los años 50”. La posición según la cual el tratado había establecido los límites y, en esa medida, el meridiano era intangible, implicó: (i) la desautorización de negociaciones sobre los límites marítimos; y (ii) en una “posición simplista concentrar la defensa jurídica colombiana durante el proceso de la Haya en la reivindicación de nuestra propiedad sobre las islas, islotes y cayos del archipiélago de San Andrés y Providencia ya que, según los dogmáticos del meridiano 82, nuestra titularidad marítima había sido acordada y asegurada desde los años 20.” De esta manera el vaticinio del Expresidente López Michelsen según el cual “podríamos quedar en el peor de los mundos si la Corte reconocía las porciones terrestres insulares de Colombia para quitarnos parte del océano”, se concretó, dado que la defensa de Colombia asumió “que sobre el mar ya todo estaba acordado.”

 

3.2.4. Siguiendo la sentencia de la Corte Constitucional, C-1022 de 1999, si se considera que el Tratado Esguerra-Bárcenas había definido los límites marítimos con Nicaragua, podría concluirse que estos quedaron incluidos en la denominada “imagen maestra” que sobre el particular se tenía al momento de aprobarse la Constitución de 1991. Si se asume que en 1928 solo habían quedado definidos los límites territoriales, resultaba necesario “completar la negociación marítima con Nicaragua, aprobarla legalmente y luego entrar a constitucionalizarla para que ella entrara a formar parte del núcleo duro de la Constitución”.

 

3.2.5. La Corte Constitucional debe señalar al Gobierno Nacional el procedimiento a seguir en este caso a fin de “normalizar esta situación, antes de que se convierta en un conflicto bilateral de impredecibles y dolorosas consecuencias.” En esa dirección es necesario, de forma compatible con los principios del derecho internacional aceptados por Colombia y con su deber de cumplir la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados “demandar el reconocimiento, por parte del gobierno, de la Sentencia de la Haya, reconocimiento que no se opone a que el gobierno ejercite todas las acciones que considere necesarias para defender nuestra soberanía y los intereses archipielágicos de la población isleña” y “solicitar que se abra un espacio de negociación diplomática sobre nuestras diferencias limítrofes con el vecino país que luego debería ser sometida a los trámites que la Corte estime convenientes para su legalización y constitucionalización”.    

 

3.3. Álvaro Uribe Vélez -expresidente de Colombia 2002-2006-2010-.

 

3.3.1. La fuente de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia frente a la demanda de Nicaragua fue el “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)[7]. Por consiguiente, la única forma de oponer la denuncia del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)” a la activación de dicha jurisdicción, hubiere sido el acatamiento de lo dispuesto sobre el particular en el “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)”, que señala que los efectos del mismo cesarían en el término en que hubiere de operar la denuncia. En cualquier caso, y a pesar de actuaciones antecedentes de Nicaragua desconociendo la soberanía de Colombia -y que auguraban un litigio que tal vez podría haberse evitado con la denuncia oportuna del Pacto de Bogotá-, dicha denuncia no se realizó por los gobiernos del momento “seguramente por la razón respetable de que el Pacto de Bogotá protegía el Tratado de 1928”, es decir, el “Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua”, también conocido como Tratado Esguerra-Bárcenas.

 

3.3.2. Estando el proceso en curso con Colombia, como Parte en el litigio para el año 2002, era improcedente el retiro del Pacto y la dejación del proceso, pues se hubiera podido dar aplicación al Art. 53 del “Estatuto de la Corte Internacional de Justicia” según el cual “[c]uando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor”, situación que hubiera dado lugar a una interpretación del “Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua”, también conocido como Tratado Esguerra-Bárcenas, abiertamente inconveniente para Colombia. Así, hubiere sido posible una decisión de la Corte Internacional de Justicia que ni siquiera aceptara lo que efectivamente declaró, que fue el reconocimiento por parte de la República de Nicaragua de la completa y entera soberanía de la República de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre las demás islas, islotes y arrecifes que forman parte del Archipiélago de San Andrés[8]. Se destacó que la decisión, a pesar de haber sido un verdadero fallo de despojo para Colombia pues desconoció muchos de los alcances del “Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua” también conocido como Tratado Esguerra-Bárcenas, como el límite marítimo del Meridiano 82 y el concepto de Archipiélago histórico e intangible (entre otros), hubiera podido ser mucho peor en caso de que no se hubiera ejercido la defensa y evitado la fijación de la jurisdicción sobre asuntos anteriores a 1948.

 

3.3.3. Los gobiernos que intervinieron de una u otra manera en el caso cumplieron sus deberes con esmero, cuestión que debe ser analizada a la luz de la defensa de la soberanía de la Patria y necesidad de buscar una solución decorosa a un asunto en el que Colombia debería proceder sin temor ni actitud belicista, buscando salvaguardar los derechos de los compatriotas del Archipiélago como nacionales de la República de Colombia. En el marco de estas soluciones decorosas, se resalta que hay experiencia sobre mediaciones, incluidas aquellas encomendadas por Naciones Unidas, que han permitido superar controversias emanadas de rechazos de Estados a fallos proferidos por la Corte Internacional de Justicia.

 

3.3.4. En cuanto a las actuaciones del Estado colombiano producto de la activación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, recordó que frente a la admisión del caso se opusieron excepciones previas relacionadas con el hecho de que dicho Tribunal no podía pronunciarse sobre un tema ya resuelto por las partes, en virtud del artículo VI del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)[9], que indicaba la falta de competencia de la Corte Internacional de Justicia en virtud del “Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua”, también conocido como Tratado Esguerra-Bárcenas, tratado que fue declarado válido y estaba vigente. A partir de este instrumento internacional y de su canje de ratificaciones respectivo[10], es claro que el Meridiano 82 fue definido por las partes como límite marítimo integral y tenido por la defensa de Colombia como como línea máxima del oeste del Archipiélago colombiano de San Andrés y límite general entre los dos Estados. Esta definición del límite, a pesar de no haberse dado en vigencia de la Convención del Mar de 1982, refleja la aplicación de la costumbre vigente en su momento sobre la materia, en virtud de la cual se aplicó desde 1928 el Meridiano 82 como límite acordado.

 

3.3.5. Frente a los cayos del norte, Quitasueño, Roncador y Serrana, estos fueron excluidos del “Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua”, también conocido como Tratado Esguerra-Bárcenas, no porque se dudara que pertenecen al Archipiélago colombiano de San Andrés, sino porque en su momento, se encontraban en litigio con los Estados Unidos, litigio que posteriormente se superó en favor de Colombia. La manera como estos cayos se mencionaron en el “Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua”, también conocido como Tratado Esguerra-Bárcenas, demuestra que Nicaragua no tenía ni reclamaba derechos sobre ellos. Estas cuestiones se alegaron por Colombia ante la Corte Internacional de Justicia.

 

3.3.6. Frente a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre las excepciones preliminares, del 13 de diciembre de 2007, se destacó que el fallo desconoció el Meridiano 82 como límite entre Colombia y Nicaragua, y se declaró competente para definir ese límite y para pronunciarse sobre la soberanía de un total de siete cayos. Producto de lo cual ratificó la validez del “Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua”, también conocido como Tratado Esguerra-Bárcenas, e hizo una reiteración de la soberanía colombiana sobre el resto del Archipiélago. De esta sentencia se informó al País[11] y a cada institución del Estado, y se citó en cuanto a los pasos a seguir a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. En tanto el retiro del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)” se vislumbraba inviable e inconveniente para los intereses de Colombia, se continuó con el proceso, aprovechando los espacios procesales para alegar las effectivités, que no se reconocen de oficio por la Corte, y que finalmente fueron la razón para reconocer la soberanía de nuestra Patria sobre los cayos.

 

4. Intervención del Gobierno Nacional - Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

4.1. La Corte es competente para conocer demandas contra tratados y sus leyes aprobatorias, aun si fueron perfeccionados antes de la vigencia de la Constitución de 1991 -Corte Constitucional, sentencias C-027 de 1993 y C-400 de 1998, y Auto 288 de 2010-. Además, pese a que el Pacto de Bogotá fue objeto de denuncia, no existe carencia actual de objeto, pues aquella no genera la inexistencia automática del Tratado frente a quien la ha efectuado -Pacto, artículo LVI-, y al continuar produciendo efectos puede la Corte adoptar una decisión de fondo -Corte Constitucional, sentencias C-505 de 1995 y C-774 de 2001-.

 

4.2. La violación del artículo 101 de la Constitución se produce como consecuencia del “reconocimiento general e irrestricto de la competencia ratione materiae de la Corte Internacional de Justicia en el artículo XXXI del Pacto de Bogotá”. El referido artículo “constituye una consagración convencional, a modo de cláusula compromisoria, de la denominada “optional clause of compulsory jurisdiction” establecida en el artículo 36 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Pese a que el contenido de esta última disposición indica que es restringido el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional, con fundamento en su numeral 2º puede decirse que la norma acusada es “una cláusula compromisoria general, ilimitada e irrestricta” que le reconoce competencia a dicha Corte para ocuparse de “cualquier cuestión de derecho internacional” y en esa medida “para avocar conocimiento y decidir sobre el establecimiento y modificación de los límites territoriales y marítimos de los Estados partes de un procedimiento contencioso tramitado ante ella.” Esta afirmación se apoya en los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia producidos en 20 decisiones que comprenden, entre otros, controversias entre Nicaragua y Honduras así como entre Nicaragua y Colombia; en este último caso, la Corte modificó los límites establecidos entre Honduras y Colombia en el “Tratado sobre Delimitación Marítima” de fecha 2 de agosto de 1986, aprobado mediante la Ley 539 de 1999 y en vigor internacional.

 

4.3. Según el artículo 101 de la Constitución, el establecimiento de límites y la modificación de aquellos ya fijados, solo resulta posible mediante tratados debidamente aprobados y ratificados o mediante laudos arbitrales en los que Colombia sea parte. Ello excluye las sentencias de la Corte Internacional de Justicia como mecanismos para la fijación y modificación de límites marítimos, y así, el artículo XXXI del Pacto de Bogotá resulta contrario a la Carta Fundamental. Y la ausencia de referencia a las sentencias judiciales no constituyó “una exclusión involuntaria o accidental”, en tanto fue el resultado de los debates y deliberaciones adelantados por la Asamblea Nacional Constituyente: el texto finalmente aprobado como artículo 101 tuvo variaciones a lo largo de los debates, concluyendo en la no incorporación de las sentencias judiciales como procedimiento para la fijación de límites -Gacetas de la ANC, Nos. 21, 68, 80, 83, 89, 97, 105 y 117 e informe del delegatario Plazas Alcid-.           

 

4.4. La jurisprudencia constitucional ha concluido que el establecimiento o la modificación de los límites de Colombia solo es posible mediante tratados aprobados y ratificados según las disposiciones vigentes o mediante laudos arbitrales -Corte Constitucional, C-045 de 1994, C-396 de 2002 y C-1022 de 1999-, monismo moderado que contribuye al adecuado cumplimiento de los compromisos internacionales y al otorgamiento de seguridad jurídica respecto de las obligaciones de Colombia. En tal contexto, y ante la improcedencia de que la Corte ordene la formulación de reservas -el Pacto no la prevé con posterioridad a la ratificación, consonante con el artículo 19 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados-, lo que procede es declarar la inexequibilidad del artículo XXXI y lo pertinente de la ley aprobatoria. Ello hará posible que el Gobierno Nacional adelante el proceso para la celebración de un tratado con Nicaragua  “que garantizará el cabal cumplimiento de las disposiciones constitucionales, al tiempo que permitirá abordar los compromisos internacionales vigentes”. La declaratoria de inconstitucionalidad de un tratado se justifica como última ratio -Corte Constitucional, -C-378 de 1993, C-176 de 1994 y C-121 de 2008-, siendo solo procedente cuando no sea posible adoptar una decisión menos grave para la existencia del vínculo internacional, como declaraciones interpretativas o reservas. Así, considerando la oposición manifiesta del artículo XXXI del Pacto Bogotá con el artículo 101 de la Constitución y la improcedencia de adoptar medidas menos graves como las antes citadas, se impone la inexequibilidad de la norma demandada. Conforme a lo señalado “a la luz del derecho internacional aplicable, la Corte Constitucional se encuentra desprovista de la posibilidad de ordenar la formulación de una reserva con fundamento en la cual, el estado Colombiano adecue el contenido de su vínculo internacional con el Pacto de Bogotá para de esta forma ajustarlo al contenido del artículo 101 de la Constitución Política de 1991.”    

 

4.5. La armonización del derecho internacional con el derecho interno se logra -por ejemplo en el caso del asunto suscitado entre Colombia y Nicaragua- si la Corte declara la inexequibilidad del artículo XXXI del Pacto de Bogotá. En efecto, una decisión en esa dirección asegura “que, no obstante la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia, el Estado colombiano solo pueda modificar o establecer los límites marítimos en disputa, a través de la celebración de un tratado con la República de Nicaragua, de conformidad con lo previsto en el artículo 101”. Esta decisión, adicionalmente, permite armonizar de manera adecuada los compromisos internacionales adquiridos con las disposiciones de derecho interno relevantes.

 

4.6. La celebración de un tratado de límites, a pesar de la existencia de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, no se opone a las normas del Estatuto de ese Tribunal: ni el Estatuto de la Corte Internacional ni la Carta de las Naciones Unidas -artículo 94-, exigen una implementación inmediata de las decisiones de la CIJ que impida negociar acuerdos que hagan posible su aplicación. 

 

5. Intervención de organizaciones académicas invitadas.

 

5.1. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario -facultad de Jurisprudencia-.

 

5.1.1. La Corte Constitucional es plenamente competente para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de un tratado perfeccionado antes de la vigencia de la Constitución de 1991, pero solo con efectos jurídicos en el derecho interno y nunca en el derecho internacional. Por consiguiente, no puede declarar la nulidad de un tratado -sólo es predicable por violación evidente y objetiva, para cualquier estado, de una norma de importancia fundamental sobre la competencia para celebrarlos- ni la terminación de un tratado -ya fue denunciado por el Gobierno Nacional y, por tanto, está llamado a dejar de producir efectos jurídicos-.

 

5.1.2. Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia pueden, entre otras, imponer obligaciones de hacer o de no hacer en la parte resolutiva de la decisión, reconocer derechos, fijar límites fronterizos y establecer la responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de obligaciones internacionales. Independientemente de si una sentencia de la Corte Internacional de Justicia impone o no obligaciones, existe per se, la obligación de cumplirla, de conformidad con la “Carta de las Naciones Unidas”, el “Estatuto de la Corte Internacional de Justicia” y su “Reglamento”. Colombia, Estado Parte de la “Carta de las Naciones Unidas”, tiene una obligación internacional cierta de cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia; actuar en sentido contrario, generaría responsabilidad internacional. La celebración de un nuevo tratado para establecer límites facilitaría la “incorporación” del fallo al derecho interno, más no es un requisito sine qua non para cumplirlo.

 

5.1.3. La acusación formulada por el accionante no es clara, cierta, específica, pertinente ni suficiente: el artículo L del Tratado prevé un mecanismo para garantizar el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia que no necesariamente implica la “ejecución automática” de la sentencia. Se trata por tanto de una inferencia del demandante. En consecuencia, la Corte Constitucional debe declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre este aspecto de la demanda.

 

5.1.4. De haber pronunciamiento de fondo, debe ser para declarar exequibles las normas acusadas, ya que una interpretación sistemática evidencia la compatibilidad de las mismas con la Constitución, a saber: el preámbulo prescribe como fin la integración de la comunidad latinoamericana; el artículo 2° consagra la obligación de garantizar la convivencia pacífica; y el artículo 9° estatuye que las relaciones internacionales se rigen por los principios de derecho internacional -incluidos el pacta sunt servanda y la resolución de conflictos por medios pacíficos-.

 

5.1.5. No es acertada la interpretación del artículo 101 que efectúa el accionante, al pretender excluir las sentencias de la Corte Internacional de Justicia como método para fijar límites, ya que el contenido material de las decisiones arbitrales y las judiciales son similares. La “aparente diferencia” entre la posibilidad de escogencia del tribunal de arbitramento por las Partes y la elección de los magistrados por la Corte Internacional de Justicia, se resuelve al mediar -en los dos eventos- una expresión de voluntad de los Estados de querer ser parte. 

 

5.1.6. Los métodos para la fijación de límites no se restringen al inciso primero del artículo 101de la Constitución. De acuerdo con el artículo 9°, Colombia acogió los principios generales de derecho internacional, siendo el principal el pacta sunt servanda; además, no hay prohibición expresa en el artículo citado que permita inferir que el Constituyente quiso proscribir la fijación de límites por medio de sentencias judiciales. Así, no es correcto afirmar que la adjudicación, por parte de la Corte Internacional de Justicia, no es una de las formas previstas por el ordenamiento constitucional para el establecimiento de sus límites.

 

5.1.7. El Tratado Esguerra-Bárcenas no fijó un límite marítimo entre los dos Estados; y el Acta Complementaria, firmada durante el Canje de Instrumentos de Ratificación, no constituye un tratado. En consecuencia y considerando que el supuesto del inciso primero del artículo 101 se refiere a límites definidos, ciertos e indiscutibles -y no a los inciertos-, no deben prosperar los cargos de la demanda, toda vez que el límite no existía y no podía constitucionalizarse. Colombia aceptó someterse a la Corte Internacional de Justicia y participó de manera activa durante el proceso, aceptando, por tanto, que se trataba de un límite incierto y no de un asunto ya resuelto.

 

5.2. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario -facultad de Relaciones Internacionales-.

 

5.2.1. En fallo de 2007, la Corte Internacional de Justicia asumió competencia  con fundamento en el “Tratado Americano de soluciones pacíficas” para definir la frontera marítima, partiendo de que el Acta de Canje de Instrumentos de Ratificación del tratado con Nicaragua de 24 de marzo de 1928, respecto al meridiano 82, no podía ser interpretada “como si establecieran una delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua”; Nicaragua invocó también las declaraciones de aceptación de la jurisdicción formuladas en 1937 (Colombia) y 1929 (Nicaragua), sobre las que no se pronunció la CIJ. Afirmó que el Tratado de 1928 era válido y vigente, pero que tenía competencia para definir cuáles eran “todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte dicho archipiélago de San Andrés (sic)”. Hasta la culminación del proceso, con la sentencia de noviembre de 2012, Colombia no controvirtió la competencia de la Corte Internacional de Justicia.

 

5.2.2. Ningún tratado ha previsto el meridiano 82 como frontera marítima, no siendo posible encontrar, hasta ahora, la fuente normativa que defina exactamente su extensión hacia el norte y hacia el sur. Así, “dicha frontera no figuró como límite con Nicaragua ni el (sic) Acto Legislativo del 5 de agosto de 1936, ni el (sic) Acto Legislativo N° 1 de 1968, no obstante que en ellos se enuncian específicamente los tratados de límites con todos y cada uno de nuestros países vecinos”.

 

5.2.3. La Corte Internacional de Justicia, en su fallo de 2012, señaló la frontera marítima entre los dos países: rechazó la “tesis de Nicaragua de que el límite debía seguir una línea trazada entre la costa continental colombiana y San Andrés”; confirmó la soberanía colombiana sobre los siete cayos del Archipiélago; y rechazó la indemnización que Nicaragua había pedido por la actitud de Colombia de impedir las labores de embarcaciones pesqueras al oriente del meridiano 82.

 

5.2.4. Al haber sido denunciado el Tratado, y dado que el 27 de noviembre de 2013 se cumple un año desde la denuncia del mismo, se impone su “inaplicabilidad total”, para todos los efectos, en nuevos casos respecto de los intereses de nuestro país.

 

5.3. Universidad Externado de Colombia: facultad de Derecho.

 

5.3.1. La Corte Constitucional debe declarar la constitucionalidad de las normas acusadas. La “Carta de las Naciones Unidas” consagra normas cuyo cumplimiento no puede soslayar Estado alguno, entre otros, el arreglo pacífico de controversias, la buena fe y el principio pacta sunt servanda. Esas normas se establecieron con posterioridad a la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” y explican que los constituyentes de 1991 hubieran incluido en el artículo 9 de la Constitución que “reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia” como uno de los fundamentos de las relaciones exteriores de Colombia. Al ratificar la “Carta de las Naciones Unidas” el Estado colombiano aceptó subordinar su política exterior a los principios de derecho internacional y, en este sentido, asumió la obligación de someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, en los términos de su propio Estatuto.

 

5.3.2. El fallo de la Corte Internacional de Justicia del caso Colombia-Nicaragua, encontró que el Tratado Esguerra-Bárcenas era derecho aplicable pero que, de acuerdo con lo probado por los Estados en el proceso, no era un tratado de límites. En consecuencia, el derecho que debía aplicarse era el derecho consuetudinario del mar y, por tanto, la Corte Internacional de Justicia no creó derecho sino que declaró el derecho que las partes probaron. Considerando que “la zona del caribe occidental no estaba delimitada de manera adecuada, lo que hizo la Corte Internacional de Justicia fue un llamado para que los Estados involucrados en el diferendo establezcan sus límites de manera definitiva con base en una negociación y acuerdo fundados en los criterios propuestos en su sentencia”. En ese sentido, no se contrarían las disposiciones del artículo 101 de la Constitución Política. Y, en aras del respeto de los principios internacionales y con el objeto de cumplir a cabalidad un compromiso internacional, la Corte podría propiciar que se adelante una negociación que termine con la firma de un acuerdo.

 

5.3.3. La declaratoria de inconstitucionalidad de una ley aprobatoria como la del Tratado no genera ningún efecto en el orden internacional, pues las obligaciones derivadas de un tratado, así como las derivadas de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, están amparadas por el principio de buena fe. Adicionalmente, los Estados no pueden invocar disposiciones de su derecho interno para excusarse de cumplir una obligación internacional.

 

5.4. Universidad Sergio Arboleda: facultad de Derecho.

 

5.4.1. La Corte Constitucional no debe declararse inhibida para proferir un fallo de fondo: el Tratado continúa produciendo efectos jurídicos, en razón de la sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia y a la nueva demanda presentada por Nicaragua ante ese mismo órgano judicial. Y debe declarar exequible de manera condicionada las normas acusadas en el entendido: “que una sentencia de la Corte Internacional de Justicia puede decidir asuntos limítrofes, bien territoriales bien marítimos, cuando estos no han sido previamente establecidos por un tratado o laudo arbitral”.

 

5.4.2. El Tratado no es violatorio de los artículos 2º, 3º o 9º de la Constitución. El principio de la autodeterminación de los pueblos no puede extenderse a la determinación proprio motu por parte de un pueblo, de su territorio y límites marítimos, en tanto el ejercicio de soberanía no es un poder para desconocer el derecho internacional. Y una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que establezca los límites de Colombia con otros Estados, no es contraria a los artículos 3° y 9° de la Constitución Política, pues en el establecimiento de dichos límites se aplican los principios de derecho internacional aceptados por los Estados que hacen parte de la controversia. Dentro de estos principios se encuentran “aquellos por los cuales se determina la zona económica exclusiva y plataforma continental de Estados cuyas costas son opuestas y adyacentes”.

 

5.4.3. De acuerdo con lo indicado por la Corte Constitucional, los tratados de límites gozan de un estatus privilegiado “por ser parte del bloque de constitucionalidad”: (i) aquellos en los que la frontera no se encuentra claramente delimitada; y (ii) aquellos en que existe una frontera definida, pero los Estados deciden cambiarla. Sólo los últimos constituyen una modificación. Y aún si la Sentencia del 19 de noviembre de 2012 se considere modificatoria de los límites del Estado colombiano, tampoco resultaría contraria al artículo 101 constitucional: la “Convención de Ginebra sobre la plataforma continental” hace parte del bloque de constitucionalidad lato sensu e integra el contenido normativo del artículo constitucional en mención. Por consiguiente, la delimitación marítima efectuada por la Corte Internacional de Justicia no es contraria a la Constitución Política.

 

5.4.4. Al ser Parte del Tratado, el Estado colombiano se encontraba en la obligación de reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Adicionalmente, la actitud procesal del Estado constituye una conducta concluyente. Por consiguiente, la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2012 debe cumplirse y acatarse, considerando el artículo 94 de la “Carta de Naciones Unidas”, que tiene un rango especial dentro del derecho internacional (a pesar de no ser, per se, un tratado referido exclusivamente a derechos humanos o fronteras, constituye la base del orden mundial).

 

5.4.5. Por consiguiente, aun cuando se considere que la decisión proferida por la Corte Internacional de Justicia, el 19 de noviembre de 2012, ha modificado de manera indirecta límites establecidos en tratados, la Corte Constitucional no es competente para referirse a tal “supuesto exceso”, en virtud del principio del pacta sunt servanda en relación con la “Carta de las Naciones Unidas”.

 

5.5. Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACOLDI)

 

5.5.1. La Corte Constitucional debe declararse inhibida. De pronunciarse, debe imponerse la declaratoria de exequibilidad, en cualquier caso antes del 27 de noviembre de 2013, fecha después de la cual las demandas pierden su objeto, al surtirse el término de la denuncia.

 

5.5.2. El respeto irrestricto por el derecho internacional no sólo es práctica y costumbre, sino que emana de una obligación constitucional (CP, art 9). El respeto a los Tratados es exigido por los principios de derecho internacional aceptados por Colombia en sus relaciones internacionales (pacta sunt servanda, buena fe y prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno, positivizados en la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”). El sistema internacional ha concebido y reconocido al derecho internacional como un ordenamiento jurídico superior, voluntariamente construido y consensuado por los Estados. En ese sentido, en el evento de colisión entre el derecho interno y el derecho internacional debe prevalecer este último. La “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” admite una excepción: la violación manifiesta de una norma fundamental de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados.

 

5.5.3. El Tratado en general y las disposiciones demandadas en especial, desarrollan principios de derecho internacional aceptados por Colombia, como la obligación de solución pacífica de controversias internacionales. Y el Legislativo participó de forma voluntaria en el proceso interno que llevó a la adopción de la ley aprobatoria del Tratado, “trasmitiendo” parcialmente poderes constitucionales para que estos casos fueran decididos por la justicia internacional. Así, no se opone al artículo 101 de la Constitución. 

 

5.6. Academia Colombiana de Jurisprudencia. 

 

5.6.1. La Constitución confiere “rango constitucional” a “todos los tratados y laudos arbitrales sobre asuntos limítrofes, anteriores a la Constitución de 1991” (CP, 101, inc 1). A su vez, la modificación de estos límites solo puede producirse conforme a  las reglas de aprobación y ratificación de tratados.

 

5.6.2. Los artículos 2, 31, 32, 33, 35, 36, 38 y 50 del Pacto de Bogotá deben declararse exequibles en el entendido de que “la CIJ o un futuro tribunal de arbitramento no tiene competencia ratione materiae para decidir controversias sobre cuestiones de derecho internacional en los que sea parte Colombia y que de conformidad con el citado artículo 101 de la Constitución de 1991, deban ser definidos mediante tratado y no por fallo judicial.” Conforme a ello, el único mecanismo mediante el cual puede dirimirse una controversia relativa a límites territoriales o marítimos es el tratado internacional.

 

5.6.3. Considerando que los tratados relativos a los límites de Colombia y laudos arbitrales hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto (CP, 101.1), no resulta posible controlar sus disposiciones (CP, art 59 transitorio: prohibición de juzgamiento de todas las normas promulgadas la Asamblea Constituyente de 1991). Así las cosas, se impone declarar la constitucionalidad condicionada de los artículos antes citados del Pacto de Bogotá “en el entendido de que ni la CIJ ni un futuro tribunal de arbitramento tienen la competencia para interpretar, evaluar o ejercer cualquier otro tipo de control jurisdiccional sobre normas que tengan alcances constitucionales. En particular, aquellas referidas a los tratados de límites suscritos por Colombia “constitucionalizados” en el inciso 1 del artículo 101 de la Carta.

 

5.6.4. Las otras disposiciones del Pacto de Bogotá que fueron acusadas no plantean problema constitucional alguno, dado que se limitan a regular los trámites de los procesos de solución de controversias, y disciplinarían el trámite de controversias diferentes a las relacionadas con los límites territoriales.   

 

6. Intervención de autoridades nacionales y expertos invitados.

 

6.1. Enrique Gaviria Liévano.              

 

6.1.1. El Pacto de Bogotá, tratado de carácter regional, reconoce entre los medios de solución de controversias, el arbitraje y el recurso ante la Corte Internacional de Justicia. En el caso de la Corte Internacional, prevé dos eventos en los cuales carece de jurisdicción: (i) asuntos que correspondan a la jurisdicción interna del Estado; (ii) materias ya resueltas por arreglo de las partes, por laudo arbitral, por sentencia de un tribunal internacional o disciplinadas por acuerdos o tratados vigentes al momento de la celebración del Pacto de Bogotá. Al amparo de ello, Colombia propuso excepciones preliminares en el procedimiento seguido ante la Corte Internacional de Justicia, conduciendo al reconocimiento de la soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como la vigencia del “Tratado Esguerra Bárcenas”, suscrito con Nicaragua en 1928; asunto diferente es que Colombia no hubiese advertido que el pronunciamiento de la Corte, al asumir competencia para ocuparse de la soberanía de algunos cayos y trazar una línea de delimitación marítima, había sido extra petita.    

 

6.1.2. No es posible el reconocimiento de competencia que ha hecho la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la constitucionalidad de tratados ratificados, apoyándose para ello en la figura de la inconstitucionalidad sobreviniente: considerando lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241, en el que se prevé un control previo de los tratados, y la sentencia C-276 de 1993 de esta Corporación. No es admisible que el Estado Colombiano pretenda incumplir sus compromisos internacionales y sobreponerles la Soberanía, cuando precisamente la orientación actual tiene otra dirección. Ello puede evidenciarse, por ejemplo, en los modelos de integración económica en los que incluso se prevé delegación de soberanía a organismos supranacionales, tal y como ocurre, en alguna medida, con lo dispuesto en el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en lo referido, al menos, al cumplimiento de sus sentencias. Encontrándose perfeccionado y vigente el Pacto de Bogotá, la Corte Constitucional debe inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo. 

 

6.1.3. De otra parte, las disposiciones cuestionadas, en particular los artículos acusados en la demanda formulada por el Presidente de la República, no desconocen la Constitución.

 

El artículo XXXI contiene la conocida cláusula facultativa conforme a la cual “las partes contratantes declaran que reconocen respecto de cualquier Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin ningún convenio especial, la jurisdicción de la mencionada Corte en todas las controversias de carácter jurídico que versen sobre las materias que allí se indican. Este artículo es la reproducción del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en relación con el cual, luego de haber aceptado la jurisdicción de la Corte -en 1937, salvo en lo relativo a hechos anteriores al 6 de enero de 1932-, Colombia retiró tal aceptación el día 5 de enero de 2000. Como tal retiro se produjo un día antes de la presentación de la demanda correspondiente por parte de Nicaragua, Colombia planteó como excepción preliminar dicha circunstancia. La Corte también manifestó su retiro del Pacto de Bogotá el día 27 de noviembre de 2012 y dado que la denuncia entra a regir desde el día 27 de noviembre de 2013, en caso de que fuere declarada inconstitucional la ley 37 de 1961, dicho tratado “estaría vigente solo por pocos días respecto de las disposiciones no demandadas.”   

 

El artículo L del Pacto de Bogotá, en relación con el cual cabe formular consideraciones semejantes a las presentadas, establece una regla que se sigue de lo dispuesto en el artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas, que permite a las autoridades regionales, de forma previa a la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, determinar procedimientos para solucionar sus controversias. La demanda ahora formulada por el Gobierno podría ser interpretada “como una confesión de haber desacatado el fallo del 19 de noviembre de 2012 y tratar de evadir las posibles medidas sancionatorias del organismo regional o mundial.” Adicionalmente, la acusación planteada implicaría que “ante una eventual violación de Nicaragua del fallo del 13 de diciembre de 2007 al seguir alegando derechos sobre el archipiélago de San Andrés, Colombia se quedaría sin este mecanismo para pedir su aplicación.”     

 

Conforme a las declaraciones relacionadas con la estrategia frente al fallo del 19 de noviembre de 2012, el Presidente de la República “está a la espera de un fallo favorable de la Corte Constitucional para celebrar el anunciado tratado con Nicaragua y cambiar supuestamente su contenido.” Ahora bien, nada impide al Jefe de Estado ejercer la competencia de celebrar un tratado, tal y como ello se encuentra previsto en el numeral 2 del artículo 189 de la Carta. El Presidente de la República, adicionalmente, ya ejerció sus facultades de denuncia respecto del Pacto de Bogotá y no resulta posible, tal y como lo ha reconocido la doctrina, que un tribunal colombiano declare terminado o prive de sus efectos un tratado internacional.

 

6.1.4. Para el análisis de constitucionalidad a cargo de la Corte, no es relevante lo dispuesto por el artículo 3 de la Carta, dado que fue en ejercicio de la soberanía del pueblo, mediante la intervención de sus representantes, que la Ley 37 de 1961 fue aprobada en Colombia.

 

6.1.5. No se advierte violación alguna del artículo 9 de la Constitución. De esa disposición se desprende, además de la obligación de respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, el deber de establecer relaciones internacionales que se adecuen a los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Entre ellos se incluye -tal y como lo prevé el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y la Resolución 2735 de 1970 de su Asamblea General- el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas de conformidad con esa Carta. Este deber se articula con “el sagrado principio del pacta sunt servanda que es el pilar fundamental para la convivencia pacífica entre las naciones y que a la vez es nuestra posición frente a las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la ley aprobatoria del Pacto de Bogotá”. Cabe advertir, igualmente, que no resulta posible a la luz de lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena relativa al derecho de los tratados, la invocación de una disposición interna como fundamento del incumplimiento de una obligación internacional. El deber de cumplimiento de sus obligaciones internacionales por los Estados, constituye una disposición imperativa, en tanto satisface las condiciones establecidas en el artículo 53 de la Convención de Viena: el carácter obligatorio del principio del pacta sunt servanda se evidencia con claridad, si se tiene en cuenta que el referido artículo 53 establece la nulidad de cualquier tratado que se encuentre en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. El argumento relativo a la obligación de cumplir los acuerdos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, encuentra también apoyo en el hecho de que algunos autores han sostenido que el artículo 103 de dicha Carta -conforme al cual prevalecerán siempre las obligaciones impuestas en ella- es una norma que tiene un status de ius cogens.  

 

6.1.6. No se aprecia desconocimiento del artículo 101 de la Constitución. En contra de la argumentación presentada en la demanda formulada por el Presidente de la República pueden formularse varios argumentos. (i) La acusación se funda en una lectura incompleta del artículo 101 de la Constitución en cuyo inciso final se advierte que son parte de Colombia, de conformidad con el derecho internacional, el subsuelo, el mar territorial, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa. (ii) El artículo 101 de la Constitución no prevé como límites aquellos que hubieren sido establecidos en sentencias de tribunales internacionales, pero de ello no se sigue que la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2012, adoptada en desarrollo del Pacto de Bogotá, vulnere tal disposición y, en consecuencia, se requiera “celebrar otro tratado que fije los nuevos límites con Nicaragua”. (iii) No resulta claro, atendiendo lo señalado en el artículo 93 de la Constitución, que los tratados de límites se integren al denominado bloque de constitucionalidad: A pesar de lo indicado en la sentencia C-191 de 1998 en el sentido de que “los tratados que define el territorio colombiano entran a formar parte del bloque de constitucionalidad lato sensu”, también allí se sostiene “que aun cuando se conviertan en parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de las leyes, los tratados sobre límites no tienen valor constitucional sino un valor normativo similar a las leyes orgánicas y las leyes estatutarias, es decir ostentan la jerarquía intermedia entre la constitución y las leyes ordinarias”; en consecuencia, no es posible afirmar “que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia estaría violando el artículo 101 constitucional como sostienen las demandas presentadas”. (iv) La ley aprobatoria del Pacto de Bogotá fue aprobada en vigencia de disposiciones constitucionales que contenían una disposición semejante a la ahora incorporada al artículo 101 “sin que la Corte Suprema de Justicia, que era la que ejercía el control constitucional antes de expedirse la Constitución de 1991, hubiera encontrado algún vicio de inconstitucionalidad o que se hubiera presentado una demanda al respecto”. 

 

6.1.7. Tampoco cabe afirmar que las disposiciones que se demandan se opongan al artículo 4º de la Carta. Incluso si se aceptara que la referencia a otras normas jurídicas incluyese los tratados, la referida disposición solo puede aplicarse al interior del Estado sin trascender al campo internacional. Esta afirmación encuentra fundamento en la sentencia C-276 de 1993.    

 

6.2. Marco Gerardo Monroy Cabra.

 

6.2.1. Dado que objeto de la ley 37 de 1961 es la aprobación de un tratado que fue ya denunciado y que, en consecuencia, no produce efecto jurídico alguno, la Corte debe declararse inhibida. Esta conclusión se impone no obstante la demanda se dirija contra la ley que aprueba el tratado, pues el único contenido u objeto de la ley es el tratado mismo: no procediendo contra el tratado denunciado, tampoco cabe un pronunciamiento de fondo respecto de la ley aprobatoria correspondiente dado que “la Ley 37 de 1961 no tiene vigencia independiente y autónoma del Pacto de Bogotá”. Siendo la Corte Constitucional competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales -según se sigue del precedente fijado en las sentencias C-027 de 1993 y C-400 de 1998-, en la presente ocasión y por las razones anteriormente mencionadas, no es posible tal pronunciamiento.

 

6.2.2. El Pacto de Bogotá constituye un desarrollo del “principio de ius cogens”, conforme al cual los Estados tienen el deber de arreglar pacíficamente sus controversias -reconocido en la Carta de la ONU, en la Declaración 2625 de las Naciones Unidas, en la Carta de la OEA y en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca; a la luz de lo dispuesto en el referido instrumento, que establece los diferentes medios de solución de controversias, los Estados no pueden “utilizar la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad y soberanía del Estado”. Así, el Pacto no desconoce la soberanía de Colombia, y por el contrario, “reafirma el respeto de los principios de derecho internacional”, y ello se ajusta plenamente al artículo 9 de la Constitución Política. 

 

6.2.3. El Pacto de Bogotá, al reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, no desconoce el artículo 101 de la Constitución: (i) su intervención y sus decisiones son consecuencia del tratado; (ii) la referencia que el artículo 101 hace a laudos arbitrales permite una asimilación con las sentencias, dado que en uno y otro caso se trata de jueces que dictan fallo para resolver conflictos entre las partes; (iii) el artículo 101 debe interpretarse conjuntamente con el artículo 9 de la Carta y, en esa medida, las decisiones de la Corte Internacional de Justicia,  al constituir un mecanismo para la solución pacífica de conflictos, deben seguirse con fundamento en el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas; (iv) si la sentencia es consecuencia del tratado, como ocurre cuando existen diferentes interpretaciones acerca de su alcance, se puede considerar asimilable a dicho tratado, como en la “sentencia de la Corte Internacional de Justicia de fecha 19 de noviembre de 2012 que fue consecuencia de la aplicación del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 dado que la Corte interpretó que el meridiano 82 no contenía la delimitación de los espacios marinos que el derecho internacional les concede a los Estados con costa”. Así pues, siguiendo una “interpretación extensiva, sistemática y finalista hay que poner de presente que con Nicaragua, los límites se fijaron mediante el tratado de 24 de marzo de 1928. Hay que advertir que la sentencia de la Corte Internacional de justicia de 19 de noviembre de 2012 dejó válido y vigente el Tratado Esguerra – Bárcenas de 1928 y al interpretar este tratado encontró que no contenía límites marítimos y para resolver la demanda de Nicaragua hizo la delimitación marítima que consideró adecuada. Por tanto, la sentencia antes citada deriva de un tratado vigente por lo cual se viola el artículo 101 de la Constitución. No hubo modificación de límites marítimos porque estos no estaban fijadas, y en cuanto a los límites terrestres se reconoció la soberanía colombiana.

 

6.2.4. La denuncia formulada respecto del Pacto de Bogotá no afecta la validez de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, dado que dicho procedimiento para la terminación de tratados internacionales no produce efectos retroactivos.

 

6.2.5. No fueron formulados cargos específicos en contra de los capítulos 4 y 5 del Pacto de Bogotá. En todo caso, de la regulación allí contenida no se sigue ningún problema constitucional.     

 

6.3. Ricardo Abello Galvis.

 

6.3.1. El Tratado no era la única base de competencia en el litigio que enfrentó a Colombia con Nicaragua. La “declaración de aceptación de la Corte” también fue invocada por ese Estado como base de competencia.

 

6.3.2. Para el derecho internacional es claro que hay una prevalencia de este sobre el derecho interno. Se trata de un principio fundamental del derecho internacional, a la par con el de buena fe y pacta sunt servanda. La “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” codificó los principios generales relativos al pacta sunt servanda y la buena fe, y además estableció, en su artículo 46, que solamente se podrá invocar el derecho interno para no cumplir una obligación internacional cuando se trate de “la competencia para celebrar tratados” y que esto afecte una “norma de importancia fundamental”. Este no es el caso del Tratado, en la medida que sí había competencia para celebrarlo.

 

6.3.3. Distinto es que en 1991 -de considerarse contrario a la Constitución- no se haya denunciado. El derecho de los tratados tiene mecanismos para evitar que un Estado se encuentre vinculado por normas que no le gustan, que son contrarias a su ordenamiento jurídico o, simplemente, son inconvenientes, a saber: reservas o denuncia. Ello permite limitar la aplicabilidad de un tratado o retirarse del mismo. En ese sentido, es importante señalar que no es asimilable el caso del “Concordato” (Sentencia C-027 de 1993) con el Tratado, en la medida en que el primero no tenía cláusula de denuncia, lo que hacía muy difícil una renegociación del mismo con la Santa Sede o que Colombia se retirara unilateralmente del mismo, mientras que la denuncia siempre fue una opción jurídicamente válida en el Pacto de Bogotá.

 

6.3.4. Aceptar la hipótesis de una inconstitucionalidad sobreviniente del Tratado llevaría al incumplimiento de obligaciones internacionales e, ipso facto, a responsabilidad internacional del Estado, teniendo en cuenta que Colombia, de forma voluntaria, ha aceptado que las obligaciones internacionales priman sobre el derecho interno. De suponer que hubiere una inexequibilidad sobreviniente, esta no puede ser aplicada retroactivamente, en la medida en que no conllevaría ningún efecto real.

 

6.3.5. La Corte Internacional de Justicia no modificó los límites de Colombia, en tanto definió un límite controvertido. En ese sentido, el artículo 9 de la Constitución es el que debe ser aplicado y no el 101. El artículo 9 al aplicar “los principios del derecho internacional aceptados por Colombia” está permitiendo la aplicación de diferentes mecanismos de solución pacífica de controversias, establecidos en la “Carta de las Naciones Unidas”. En cuanto a que se deba celebrar un tratado para poder “modificar” la frontera, la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” recoge el reconocimiento universal al libre consentimiento: en ese sentido, un Estado no puede forzar a otro a celebrar un tratado como consecuencia de una prohibición de su derecho interno.

 

6.4. Antonio Aljure Salame.

 

6.4.1. La Corte debe declarar la exequibilidad, de los artículos XXXI y L del Pacto de Bogotá, en tanto se encuentran en concordancia con los artículos 3, 9 y 101 constitucionales.

 

6.4.2. El artículo 101 superior exige la existencia de un tratado internacional previo para la modificación de los límites del país. Esta necesidad se satisface de dos formas: (i) mediante tratado que se designe a una corte internacional o tribunal arbitral para que emita una sentencia que contenga la modificación; (ii) a través de un tratado en el cual expresamente se establezcan los puntos limítrofes. En el primero de los supuestos contemplados, las decisiones judiciales proferidas hacen parte inescindible del tratado, por lo que la eventual modificación de los límites se origina propiamente en un tratado. Y tanto tratado, como laudo o sentencia judicial, hacen una unidad jurídica, en tanto la intención de las partes fue “la de obtener del tribunal una conclusión con efecto jurídico internacional permanente o definitivo”. Es necesario remitir al principio de hermenéutica jurídica según el cual donde la ley no distingue el intérprete no debe distinguir: así, el inciso 2º del artículo 101 establece de manera genérica que la modificación debe realizarse a través de tratado y no distingue ningún tipo de instrumento internacional en específico. Por lo anterior, debe concluirse que el tratado puede ser uno que designe a un tribunal o corte para la modificación de los límites o uno que directamente señale las nuevas fronteras.

 

6.4.3. Colombia ha modificado sus límites mediante laudos e incluido nuevos espacios dentro de su territorio, sin necesidad de celebrar nuevos tratados: (i) el Tratado Arosema-Guzmán del 14 de septiembre de 1881, produjo un laudo arbitral el 16 de marzo de 1891, bajo la vigencia de la Constitución de 1886 que para los efectos bajo estudio, contemplaba una disposición normativa similar al actual artículo 101 constitucional; (ii) en casos relacionados con las fronteras con la República de Venezuela a través de los laudos arbitrales de la Corona Española y del Consejo Federal Suizo.  Y en el derecho internacional no se encuentra ningún sustento que permita señalar que, ante una providencia de un tribunal judicial internacional, se requiera posteriormente la celebración de un nuevo tratado para poder ejecutar la decisión: esta interpretación raya en lo absurdo, en tanto la parte que se considere perdedora o afectada por la decisión judicial jamás celebrará un tratado en tal sentido.

 

6.4.4. Se concluye que el Pacto de Bogotá es exequible en tanto satisface la exigencia del artículo 101 constitucional al ser un tratado solemne apto para solucionar una eventual controversia sobre fronteras, de conformidad con el procedimiento que en él se estableció. Si no se acepta la anterior argumentación, debe advertirse que no resulta necesario un tratado cuando una sentencia judicial desarrolla uno existente, en un caso en que los límites no existían. En relación con la sentencia del 19 de noviembre de 2012 de la Corte Internacional de Justicia, en la disputa entre Nicaragua y Colombia, en ella se fijó el límite en tanto en el “Tratado Esguerra Bárcenas” de 1928 no se establece delimitación marina alguna, toda vez que la inclusión del meridiano 82 sólo se realizó mediante el canje de instrumentos de ratificación.

 

6.4.5. La inexequibilidad del Pacto de Bogotá implicaría una señal por parte de Colombia de desaprobación del sistema jurídico de solución de controversias por vía pacífica, lo cual constituye una norma de ius cogens. Así como un mensaje de que el país no acata ninguna decisión que le resulta adversa.

 

6.5. Carlos E. Salgar Vargas.

 

6.5.1. La Corte ha reconocido su competencia para adelantar el examen de constitucionalidad de los tratados de límites y de derechos humanos, según se sigue de lo indicado en el auto de rechazo de la demanda que correspondía al  expediente D-5862 y resumido por la Corte Constitucional en la sentencia C-321 de 2006.

 

6.5.2. La eventual declaratoria de inconstitucionalidad del Pacto de Bogotá no tendría efectos en tanto es improcedente “desconocer las obligaciones prexistentes y que se encuentran vigentes ante el Derecho Internacional (...)”. Esta conclusión se fundamenta en el artículo 27 de la Convención de Viena relativa al derecho de los tratados.

 

6.5.3. Se afirma que las decisiones adoptadas por la referida Corte Internacional implicaron una modificación de los límites de Colombia. En ese contexto cabe hacer las siguientes consideraciones: (i) el derecho internacional diferencia tratados de límites de aquellos de asignación de soberanías o de líneas de asignación; estos últimos tratados se caracterizan por el hecho de que “reconocen formalmente la posesión de otro Estado sobre una determinada zona, pero sin entrar a definir los límites”, mientras los primeros tienen por objeto “trazar con toda claridad el recorrido de la, o las líneas, que dividen dos entidades territoriales, de manera análoga al proceso de alinderamiento de predios en el derecho privado3; en Colombia, históricamente han sido definidos límites se caracterizan al menos por lo siguiente: se trazan líneas perfectamente definidas y, adicionalmente, se utilizan de manera indistinta las expresiones frontera, límite, línea fronteriza, delimitación, demarcación y, en esa medida, “no dejan duda sobre la intencionalidad de dicho instrumento”. El “Tratado Esguerra Bárcenas” no emplea expresión alguna que indique que en él se trazó un límite marítimo, y así fue así reconocido en la decisión de fecha 16 de diciembre de 2007 sobre excepciones preliminares de la Corte Internacional de Justicia. Así, la decisión de fecha 19 de noviembre de 2012 de la Corte Internacional de Justicia no supuso la modificación de una nueva frontera sino, en otra dirección, la creación de una que no existía y, por ello, la asignación de un derecho inexistente previamente.

 

6.5.4. El Pacto de Bogotá -consecuencia de la Carta por la cual fue creada la Organización de las Naciones Unidas ratificada en Colombia por la Ley 13 de 1945, artículos 33, 36 y 94- obliga a Colombia a (i) buscar la solución pacífica de sus controversias y a (ii) cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. La obligación de Colombia de cumplir la sentencia de la Corte Internacional de Justicia no se desprende de que ésta hubiere asumido competencia. Así las cosas, si lo pretendido por Colombia consiste en abstenerse de cumplir las decisiones adoptadas por la Corte Internacional de Justicia, se encontrará en la obligación, no de denunciar el Pacto de Bogotá, sino de proceder así respecto de la ley 13 de 1945 “lo cual, obviamente, sería un despropósito”. Sobre las fuentes de la competencia de la CIJ se ha advertido que podría fundarse o bien en la Declaración de Aceptación de la Corte del año 1937 o bien en el artículo XXXI del Pacto de Bogotá.  

 

6.5.5. La posición de Colombia sobre que el “Tratado Esguerra Bárcenas” había definido ya un límite marítimo y que, en consecuencia, el asunto planteado escapaba a la competencia de dicho Tribunal, suscitaba riesgos que fueron en su momento expuestos (se deduce del dictamen emitido en 1996, hecho público el 19 de junio de 2013, por el jurista francés Prosper Weil). En 1999, cuando el Presidente de Nicaragua anunció que no existían posibilidades de un acuerdo directo con Colombia y que, en consecuencia, acudiría a la Corte Internacional de Justicia, se conocía el riesgo existente.

 

6.5.6. La decisión de la Corte Internacional de Justicia en la controversia suscitada entre Colombia y Nicaragua no modificó un límite, puesto que lo creó en una zona antes inexistente, y no se requiere el trámite de una reforma constitucional para incorporarlo siendo necesario, ello sí, el trámite de una ley ordinaria. Adicionalmente, resultando obligatoria la decisión adoptada por la Corte Internacional de Justicia y considerando lo dispuesto en el artículo 101 de la Carta, “le corresponde al Presidente de la República como rector de las relaciones exteriores, iniciar diálogos y negociaciones con Nicaragua para determinar la estructura de un instrumento que recoja las directrices de la sentencia y sean convertidas en un tratado.

 

6.6. Julio Londoño Paredes.

 

El escrito advierte que no emite una opinión sobre las disposiciones que son materia de impugnación. No obstante, presenta algunas consideraciones generales cuya síntesis es la siguiente:

 

6.6.1. Colombia entregó a Nicaragua -4 de junio de 1969- nota diplomática relativa a unas concesiones petroleras otorgadas por este país. Allí se indica que ellas “traspasan hacia el oriente el meridiano 82 de Greenwich, señalado en la misma negociación de fecha 24 de marzo de 1928, por disposición del Congreso de la República de Nicaragua en decreto de Ratificación del Tratado, con fecha 6 de marzo de 1930, como el límite occidental del archipiélago de San Andrés y Providencia”. El decreto de fecha 6 de marzo al que aludía la nota citada advertía que el Tratado se aprobaba “en (…) la inteligencia de que (…) el Archipiélago de San Andrés que se menciona en la cláusula primera del Tratado no se extiende al Occidente del meridiano 82 de Greenwich de la carta publicada en octubre de 1.885 por la Oficina Hidrográfica de Washington bajo la autoridad del Secretario de la marina de los Estados Unidos de América”.

 

6.6.2. El 12 de junio de 1969, Nicaragua dio respuesta a la nota de Colombia indicando que la disposición relativa al meridiano “por ninguna razón valedera puede interpretarse como limitativa de los derechos nicaragüenses ni creadora de frontera entre ambos países”. Allí se decía entonces: “…De la simple lectura de los textos transcritos, es evidente que el objeto de esa disposición es fijar de modo claro y específico y en forma restrictiva, la extensión del Archipiélago de San Andrés, y por ninguna razón valedera puede interpretarse como limitativa de los derechos nicaragüenses ni creadora de frontera entre ambos países. Por el contrario reconoce y confirma la soberanía y pleno dominio de Nicaragua sobre el territorio nacional en esa zona…”

 

6.6.3. En la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del año 2012 dicho Tribunal sostuvo que, previo al intercambio de notas producido en 1969, “no existía indicación sobre la existencia de una disputa entre las partes”.

 

6.6.4. En el curso de la fase de Excepciones Preliminares, surtida ante la Corte Internacional de Justicia, el Estado Colombiano señaló que dicho Tribunal carecía de competencia dado que el meridiano 82º constituía la frontera marítima. Sobre el particular, la sentencia de la Corte sostuvo que “…contrariamente a lo que pretende Colombia, los términos del Acta de Canje de los instrumentos de Ratificación, en su sentido natural y ordinario, no pueden ser interpretados como si establecieran una delimitación de la frontera marítima entre Colombia entre Colombia y Nicaragua. Sus términos son más consistentes con que la disposición enunciada en el Acta de Canje de los Instrumentos de Ratificación buscaba fijar el límite occidental del archipiélago de San Andrés en el meridiano 82. (…) En opinión de la Corte, un cuidadoso examen de las negociaciones previas a la ratificación del Tratado de 1928 y de las discusiones entre las partes confirma que ninguna de ellas asumió que el Tratado y el Acta estaban diseñados para efectuar una delimitación general de los espacios marítimos entre Colombia y Nicaragua (…)”. Así las cosas, la Corte rechazó por unanimidad la excepción a su jurisdicción en la medida en que se refiere a la delimitación marítima entre las partes.

 

6.7. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.

 

6.7.1. La Corte Constitucional debe declarar inexequibles los artículos XXXI y L del Pacto de Bogotá.

 

6.7.2. La Corte Constitucional tiene competencia para conocer la demanda sub examine en virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numerales 4 y 10, de la Constitución Política. Lo anterior, en concordancia, con lo señalado en la Sentencia C-400/98. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo L del tratado -aun denunciándolo-, continúa produciendo efectos jurídicos, toda vez que los litigios iniciados antes de la denuncia se siguen tramitando ante la Corte Internacional de Justicia.

 

6.7.3. Los artículos XXXI y L del Tratado son contrarios al artículo 101 de la Constitución, en la medida en que permiten la modificación de límites del Estado colombiano, sin la celebración de tratados, ipso facto. El artículo 101 diferencia dos eventos en relación con los tratados de límites: (i) aquellos que tienen por objeto fijar límites o fronteras que aún son inciertas -que no están definidas- y (ii) aquellos que tienen por objeto modificar los límites que ya habían sido establecidos en tratados o laudos arbitrales. De conformidad con la Sentencia C-1022 de 1999, el primer evento requiere del trámite de una ley aprobatoria -ordinaria-, a diferencia del segundo evento que, por tratarse de la modificación de límites ya consolidados e incorporados al bloque de constitucionalidad, necesita tramitarse mediante el procedimiento de reforma constitucional.

 

6.7.4. En el caso objeto de estudio, la Asamblea Nacional Constituyente dispuso en el artículo 101 que: “forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen (…) el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales”. En desarrollo de lo anterior, se celebró el “Tratado Esguerra Bárcenas” y su “Canje de Notas”, que señala el meridiano ochenta y dos al oeste Greenwich como límite marítimo entre los dos Estados. Esos instrumentos internacionales, al estar perfeccionados con anterioridad a la Constitución de 1991, hacen parte del bloque de constitucionalidad.

 

6.7.5. Por lo anterior, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que defina o modifique los límites territoriales y marítimos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -en tanto estaban constitucionalizados en un tratado de límites (suscrito con Nicaragua y vigente antes de la expedición de la Constitución de 1991)-, no puede ser incorporada al ordenamiento jurídico colombiano sin que se surta el procedimiento de reforma constitucional previsto en el título XIII de la Constitución, previa celebración del tratado.

 

6.7.6. Adicionalmente, los artículos XXXI y L infringen los artículos 2 y 53 de la Constitución Política y el artículo 5 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, toda vez que debe adelantarse el procedimiento de consulta previa cuando haya cesión de territorio con poblaciones culturalmente vinculadas a aquel.

 

6.7.7. Así pues, las normas acusadas adolecen de inconstitucionalidad sobreviniente desde la adopción de la Constitución de 1991.

 

6.8. Manuel José Cepeda Espinosa.

 

Considerando que ha asesorado a la Presidencia de la República en relación con los asuntos objeto de examen, advierte que comparte integralmente los argumentos expuestos en la demanda presentada por el Presidente de la República.                      

7. Intervenciones ciudadanas.

 

7.1. Clara Eugenia López Obregón.

 

7.1.1. Las normas demandadas deben ser declaradas inexequibles. Adicionalmente, la Corte debe establecer si la ley 37 de 1961 cumplió con la totalidad de los requisitos que se consagran en la ley 7 de 1944 en relación con su vigencia en Colombia.  

 

7.1.2. Conforme a la tradición constitucional de Colombia, la modificación de los límites territoriales debe llevarse a cabo mediante la aprobación legislativa de un tratado. Así se sigue de los artículos 3 y 76 de la Constitución de 1886, del artículo único del Acto Legislativo 3 de 1909, del artículo 1 del Acto Legislativo 3 de 1910, del artículo 1 del Acto legislativo 1 de 1936, del artículo 1 del acto del Acto legislativo 1 de 1968 y, finalmente, del actual artículo 101 de la Constitución aprobada en 1991.

 

Esta tradición es además la que se sigue de la costumbre internacional conforme a la cual “la soberanía marítima y territorial de los Estados es definida (…) por los respectivos órganos legislativos de cada país”. En atención a ello no sería posible que una modificación de límites se derivara de una sentencia adoptada por “un tribunal extranjero como la Corte Internacional de Justicia”. Esta conclusión se fundamenta, adicionalmente, en lo que prevén los numerales 1 y 2  del artículo 46 de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” al regular la competencia para su celebración.

 

7.1.3. El Pacto de Bogotá no constituye el único desarrollo posible compatible con el artículo 23 de la “Carta de la Organización de los Estados Americanos” en el que se prevé que en un tratado especial se establecerán los medios adecuados para resolver pacíficamente las controversias que puedan suscitarse. Dicha disposición requiere considerar también los artículos 21 y 22 de la citada Carta y los artículos 33 y 52 –numeral 1- de la “Carta de la Organización de las Naciones Unidas”.

 

No resulta posible que una de las partes en una controversia imponga a la otra el mecanismo para la solución del conflicto que se suscite, en tanto ello podría implicar, de acuerdo con el artículo 46 de la misma Convención de Viena, la configuración de un vicio del consentimiento por la violación manifiesta de una norma de importancia fundamental de acuerdo con el derecho interno. Es ello lo que ocurre en las disposiciones acusadas en tanto se desconoce la Constitución de 1991 en lo relativo a la modificación de los límites territoriales. Adicionalmente, desconoce (i) la facultad reconocida a los Estados por el artículo 22 de la “Carta de la Organización de los Estados Americanos” al establecer la libertad de acordar el mecanismo para la resolución de controversias y (ii) el artículo 9 de la Constitución.  

 

Además de ello y teniendo en cuenta que el numeral 1 del artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas prescribe que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es el consistente en tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas para la paz, no puede considerarse que una medida a la que subyace un vicio del consentimiento pueda ser calificada como eficaz. En síntesis “una medida que obligue a Colombia a violar derechos humanos, a violar el ius cogens, a desconocer compromisos adquiridos con terceros países, en virtud de lo dispuesto en un mecanismo no contemplado en la Constitución, no es un mecanismo eficaz ni ajustado a derecho. Es así como no son eficaces medidas que desconozcan el tratado celebrado entre Colombia y Nicaragua el 24 de marzo de 1928, o el tratado aprobado mediante la ley 52 de 1973, “por la cual se aprueba el tratado entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la situación de Quitasueño, Roncador y Serrana”, pues afectan directamente mandatos expresos constitucionales y compromisos internacionales suscritos por Colombia.”        

 

7.1.4. Las reglas de interpretación de las normas de derecho internacional –apoyadas en el documento de la Comisión de Derecho Internacional denominado “Fragmentación del Derecho Internacional: dificultades derivadas de la diversificación y expansión del derecho internacional”-  hace posible concluir que la única interpretación  admisible del pacto de Bogotá será aquella que asegure (i) el respeto por el ius cogens, (ii) el respeto por los derechos humanos consagrado en la Constitución de 1991 y en diversos tratados sobre la materia, (iii) el respeto por otros compromisos internacionales sobre protección de indígenas y raizales, y protección del medio ambiente, (iv) el respeto por otros tratados internacionales suscritos por Colombia como los aprobados mediante la ley 1 de 1951, la ley 52 de 1973 y la lay 251 de 1995, (v) el respeto por las competencias de las autoridades colombianas, (vi) el respeto por el debido proceso, por ejemplo, en relación con las condiciones para que un tribunal internacional pueda tomar decisiones ex aequo bono, tal como lo dispone el artículo 38 numeral 2º de los Estatutos de la Corte Internacional de Justicia.

 

7.1.5. La consulta previa de las comunidades titulares de este derecho se encuentra exigida en los casos en los que se pretenda la modificación de los límites territoriales o marítimos. Esta conclusión encuentra apoyo en lo que disponen los artículos 2, 310 y 329 de la Constitución y en lo prescrito en los artículos 6 y 12 de la “Convención 169 de la OIT”. Así las cosas, las normas que se acusan violan la Constitución “al otorgarle competencia a la Corte Internacional de Justicia para decidir entre otros, sobre asuntos limítrofes sin el consentimiento ni la consulta previa de las comunidades que tienen una especial protección, como los raizales (…)”. Una sentencia que se encuentre en esa dirección “sería inaplicable en nuestro ordenamiento jurídico nacional.”    

 

7.2. Sergio Estrada Vélez (Director de la Clínica Jurídica en Teoría General del Derecho de la Universidad de Medellín).

 

7.2.1. La Corte Constitucional debe: (i) declarar el escaso cumplimiento de los requisitos de suficiencia y pertinencia de la demanda presentada por el Presidente de la República; (ii) declarar su competencia para adelantar el control de constitucionalidad de la sentencia adoptada por la Corte Internacional de Justicia en la controversia suscitada entre Colombia y Nicaragua; (iii) integrar la proposición jurídica completa compuesta, en este caso, por la ley aprobatoria del Pacto de Bogotá y la referida sentencia; (iv) declarar inconstitucional la expresión “obligatoria ipso facto” del artículo XXXI del Pacto de Bogotá; y (v) declarar la inconstitucionalidad de la decisión de la Corte Internacional de Justicia por la infracción de normas del ius cogens.    

 

7.2.2. El planteamiento del Presidente puede considerarse fundado en dos tipos de argumentos: políticos y jurídicos.

 

Los primeros, que se edifican a partir de la posible vulneración de la autodeterminación de los pueblos, de la soberanía o de la democracia participativa no pueden constituir el fundamento de un juicio de constitucionalidad en tanto están “necesariamente relacionados con razones de conveniencia o interés general, cuya protección está por fuera de las competencias de la Corte Constitucional”.

 

El segundo tipo de argumentos se fundamenta en lecturas literales e históricas de la Constitución que permiten afirmar su debilidad. Así, de acuerdo con el Presidente de la República los límites terrestres o marítimos únicamente pueden ser modificados mediante otros tratados y, en consecuencia, las disposiciones acusadas desconocen el artículo 101 de la Carta, en tanto estas permiten que sean modificados mediante una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Esa interpretación literal de la expresión “solo” del artículo 101 (i) incurre en una contradicción lógica dado que el mismo artículo establece que ello puede ocurrir mediante laudos y (ii) desconoce la interpretación teleológica en tanto no puede omitirse considerar que de la Constitución “se puede inferir con claridad la aspiración del constituyente de instituir una Constitución Política que promoviera la integración de la nación en el orden internacional”. La interpretación de la palabra “solo” como “únicamente” implica dejar de lado los propósitos de integración, el principio pacta sunt servanda y la tesis afirmada en la jurisprudencia constitucional según la cual la Carta promueve una integración dinámica del derecho interno y el derecho internacional. Así entonces, el vocablo “solo” “desea ratificar la necesidad de que en temas tan sensibles como la fijación de los límites fronterizos participen todos los órganos del poder público, pero no un desconocimiento de la jurisdicción internacional”.

 

Ahora bien, también la lectura histórica del artículo 101, según la cual la referencia a sentencias internacionales fue eliminada del proyecto de artículo 101, conduce a objeciones similares a las anteriores y termina afirmando la supremacía del derecho interno sobre el derecho internacional.

 

Así las cosas el cargo no satisface la exigencia de pertinencia.

 

7.2.3. La argumentación del demandante no satisface la exigencia de suficiencia, dado que no se lleva a efecto “la exposición de todos los elementos necesarios para un juicio de inconstitucionalidad”. Esta conclusión se impone por las siguientes razones:

 

La demanda tiene como propósito que concluyan los efectos del Pacto de Bogotá dado que, no obstante que fue objeto de denuncia el 27 de noviembre de 2012, “sigue produciendo efectos por el hecho de haber un fallo en un proceso contra Colombia que modificó los límites marítimos en las Aguas del Archipiélago y afectó la unidad del Archipiélago”. Siendo ese el planteamiento, debe concluirse que resultaba necesario accionar no solo el Pacto de Bogotá sino también la determinación proferida por la Corte Internacional de Justicia en desarrollo de la competencia otorgada.

 

En efecto, adelantar un examen aislado del Pacto de Bogotá conduciría a consecuencias absurdas en tanto la sentencia, que es accesoria al instrumento, podría producir efectos a pesar de la inexequibilidad de las normas del primero. Con fundamento en ello resulta necesario proceder a la integración de la proposición jurídica completa.       

 

7.2.4. La necesidad de llevar a cabo la integración al objeto de examen en el presente proceso (i) de la Ley 37 de 1961 y (ii) de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de fecha 19 de noviembre de 2012, es indispensable a efectos de asegurar la adecuada armonización del derecho internacional con el derecho interno. Así las cosas, se impone un examen conjunto de las normas acusadas y de la sentencia adoptada por la mencionada Corte Internacional.

 

7.2.5. Resulta posible afirmar la competencia de la Corte Constitucional para adelantar el examen constitucional de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia a efectos de permitir “su integración armónica en el orden interno”. Para fundamentar tal conclusión, es necesario sostener que además de las competencias expresamente señaladas en el artículo 241 de la Constitución, pueden existir otras cuyo reconocimiento es indispensable para asegurar la supremacía de la Constitución.

 

El asunto examinado supone la existencia de una laguna para cuya superación es necesario establecer: (i) si existe identidad de razón y (ii) similitud de casos que permitan reconocer la competencia de la Corte para pronunciarse sobre las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. La primera condición se cumple plenamente en tanto el reconocimiento de tal competencia es coincidente con la finalidad adscrita a la asignación de la función para ocuparse del control de las leyes aprobatorias de tratado: consiste en la necesidad de asegurar coherencia entre el orden interno y el orden internacional. La segunda condición, esto es la similitud de casos, es clara en tanto el tratado y la sentencia internacional dan lugar a “obligaciones en el ámbito internacional y deben ser coherentes con el orden interno”.

 

Así pues “se puede afirmar que tanto la ley aprobatoria de tratados como una sentencia internacional, en la medida que son normas de derecho internacional, deben ser controladas por la Corte Constitucional sin desconocer las obvias diferencias referidas a la forma en que se otorga el consentimiento”. Las diferencias existentes no implican, que no deban ser incorporados unos y otras mediante los procedimientos previstos en el derecho interno sin que ello pueda traducirse en el desconocimiento del principio Pacta Sunt Servanda.

 

La introducción ipso facto de la decisión internacional supone, no la exclusión de un procedimiento que asegure la adecuación de dicha decisión al ordenamiento jurídico de manera que exista coherencia material, sino la exclusión de autoridades que funden el juzgamiento en argumentos de conveniencia “que impidan la adopción al orden interno”.

 

Conforme a lo anterior, aunque respecto de las sentencias internacionales no se requiere de tratados internacionales para su introducción al ordenamiento jurídico interno, la Corte Constitucional es competente para juzgar su validez constitucional. Esta conclusión se apoya en el precedente que se sigue de la sentencia C-400 de 1998 y respeta el principio Pacta Sunt Servanda así como la obligación del Estado Colombiano de actuar de buena fe.     

 

7.2.6. El Pacta Sunt Servanda no es un principio absoluto, tal y como ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional. En efecto, en algunos casos el incumplimiento de tratados no compromete la responsabilidad del Estado tal y como podría ser en los casos de “un estado de necesidad o la presencia de una vía de hecho en la sentencia internacional en la medida que desconoce circunstancias pertinentes referidas a la presencia de comunidades raizales que deben ser protegidas tanto por el derecho interno como el derecho internacional, así como el desconocimiento de normas de ius cogens como el Convenio 169 de 1989 de la OIT (…).”  

 

La infracción del artículo 101 no se funda en el hecho de que la Constitución establezca únicamente como mecanismos de fijación de límites los tratados y los laudos “sino en la incorporación automática de las decisiones de la CIJ cuando no existe una norma constitucional que permita la intervención de todos, o por los menos, algunos de los poderes públicos encargados de verificar la coherencia de la norma de derecho internacional con el orden constitucional interno y con otros compromisos adquiridos por la nación dentro del ámbito internacional,

 

7.2.7. La supremacía de la Constitución y el respeto del derecho internacional no puede implicar ni desconocer una decisión judicial de carácter internacional ni aceptar su incorporación al ordenamiento jurídico a pesar de desconocer los derechos fundamentales. Tomando como punto de partida lo señalado, ha de concluirse que la decisión de la Corte Internacional de Justicia que resolvió la controversia suscitada entre Colombia y Nicaragua incurrió en una vía de hecho. Ello se produjo por el desconocimiento de normas del ius cogens y por omitir considerar circunstancias relevantes.

 

En efecto, la sentencia mencionada desconoció las obligaciones derivadas del “Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo” dado que durante el procedimiento correspondiente la Corte Internacional “debió no solo escuchar a la población raizal sino tener en cuenta sus derechos y, como organismo internacional, procurar su protección.” Esta conclusión se apoya en lo dispuesto por los artículos 4, 5, 6, 13, 14 y 32 del citado Convenio. En conexión con ello “[l]a expedición de una decisión por parte de la jurisdicción internacional en materia de fijación de límites fronterizos no puede soportarse solamente en decisiones anteriores, ni en casos similares, ni en criterios aritméticos o de equidad. Debe tener en cuenta la normativa internacional que hace parte del ius cogens, esto es, debe procurar que sus decisiones no se limiten a una división geográfica o física de los límites fronterizos sino en las repercusiones culturales para la población que es sujeto de especial protección de la normativa internacional.” Adicionalmente, la sentencia adoptada desconoce el artículo 21 de la “Convención Americana de derechos humanos” a raíz de cuya interpretación la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que debía tenerse en cuenta el “Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo” que incorporaba varias disposiciones relativas a la propiedad comunal de las comunidades indígenas.

 

En estrecha conexión con lo anterior, puede advertirse que la decisión de la Corte Internacional de Justicia desconoció hechos relevantes. Ellos se referían a la existencia de comunidades raizales que, de haberse tenido en cuenta, hubieren podido modificar la decisión adoptada. 

 

7.3. Jorge Kenneth Burbano Villamarin y Manuel Alejandro Correal Tovar (Universidad Libre (Bogotá - Facultad de Derecho).

 

7.3.1. La Corte Constitucional debe declararse inhibida para fallar las demandas.

 

7.3.2. La competencia de la Corte Constitucional, para conocer de leyes aprobatorias de tratados de forma posterior a su entrada en vigencia y por vía de acción ciudadana, es diáfana después de la Sentencia C-400 de 1998. En la citada providencia quedó clara la facultad de la que disponen los ciudadanos de demandar las leyes que resulten incompatibles con la Constitución Política, aún si se refieren a asuntos internacionales.

 

7.3.3. Las normas acusadas no vulneran la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales como quiera que su objetivo consiste en poner bajo conocimiento del órgano jurisdiccional de la Organización de Naciones Unidas los litigios que puedan surgir con otros Estados, en aras de garantizar la paz y la seguridad internacionales, y no reconocer, declarar, constituir o modificar los derechos de las comunidades étnicas, indígenas o tribales. En consecuencia, el cargo carece de fundamento legal y constitucional.

 

7.3.4. El Constituyente permitió que las decisiones jurisdiccionales de tribunales internacionales alteren la estructura territorial del Estado al referir expresamente los laudos arbitrales. Si la voluntad del Constituyente, plasmada en los artículos 9° y 224, es que las relaciones exteriores se fundamenten en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia, se entiende que el pilar constitucional es el respeto por el derecho internacional y las decisiones jurisdiccionales que se emitan con base en los compromisos internacionales adquiridos por Colombia.

 

7.3.5. El Tratado tampoco desconoce normas de ius cogens ni instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como quiera que una de las vías para aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia es la inclusión de una “cláusula jurisdiccional” en un tratado, por lo que si hubiere violación de normas de ius cogens, adolecerían de nulidad todos los tratados que consagran “cláusula jurisdiccional”.

 

7.3.6. Por último, es de señalar que el artículo 27 de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” prevé que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

 

7.4. Eudoro Echeverri Quintana y Emerson Edilberto Jaimes (Observatorio de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira).

 

7.4.1. La Corte debe declarar la exequibilidad de las disposiciones demandadas.

 

7.4.2. Es indudable que los tratados constituyen una de las expresiones más importantes del entendimiento entre los países. En atención a esa consideración, la Corte debe declarar “la supremacía del principio fundamental y rector del “pacta sunt servanda” librando “al país del ostracismo internacional que nos conducirá esta clase de demandas.” Ese principio ha sido reconocido por el derecho colombiano al incorporar al ordenamiento jurídico la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” de 1969.

 

Del examen del contenido del tratado se sigue que ninguna de sus disposiciones se opone a la Carta Política y, en particular, que no desconoce los artículos 3, 9 y 101 de la Carta. Por el contrario, se trata de una manifestación absolutamente genuina de la soberanía nacional compatible con las exigencias de la democracia representativa y participativa.

 

7.4.3. Las disposiciones incorporadas al Pacto de Bogotá cuyo propósito es establecer medios de solución pacífica de conflictos, constituyen una manifestación del ius cogens. La importancia de establecer tal tipo de medios encuentra un apoyo directo en las disposiciones de la “Carta de las Naciones Unidas” de 1948 que establece, entre otras cosas, que “los miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia”.     

 

7.4.4. Es cierto que la Corte ha reconocido su competencia para pronunciarse respecto de la constitucionalidad de tratados. Sin embargo, las disposiciones acusadas no se oponen a la Constitución. Adicionalmente, el desconocimiento de los acuerdos internacionales previamente suscritos y las normas incorporadas al Pacto de Bogotá, ponen en riesgo a la democracia, al derecho internacional y al ius cogens.

 

7.5. Hernán Alejandro Olano García.

 

7.5.1. La Corte debe inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo, a menos que modifique la jurisprudencia establecida a partir de 1993. 

 

7.5.2. La Corte Constitucional carece de competencia no solo para pronunciarse respecto de las demandas formuladas en contra de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, según lo indicó en el Auto 053 de 2013, sino también para pronunciarse respecto de los tratados ya perfeccionados, según lo definió la sentencia C-276 de 1993. Así las cosas, no se satisfacen las condiciones para hacer posible un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional.

 

7.6. Laura Daniela Hernández Hernández, Yona Schuster López, Luis Martelo Ortiz, María Teresa Ospina Pérez, Andrés Castillo Montoya, Joan Sebastian Romero Cárdenas, Laura Alejandra Castro Salcedo, Isabella Posso Tamayo y Claudia Dangond Gibsone (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana).

 

7.6.1. La Corte debe declarar la inexequibilidad de las disposiciones demandadas.

 

7.6.2. Las normas demandadas suponen la infracción del artículo 2 que impone la obligación del Estado de mantener la integridad territorial, del artículo 4 que establece que la Constitución es norma de normas y del artículo 101 de la Carta que establece que los límites de Colombia solo pueden modificarse mediante tratados

 

7.6.3. La definición de la competencia de la Corte Internacional de Justicia establecida en el artículo XXXI del Pacto de Bogotá puede comprender materias relacionadas con tratados en los que los Estados hubieran definido sus asuntos limítrofes. Ello es así dado que una controversia respecto de un tratado que fija límites puede encontrarse cobijada por la referencia a la interpretación de un tratado o a cualquier controversia de derecho internacional.

 

Por lo anterior y considerando que las decisiones adoptadas por la Corte Internacional de Justicia resultan de cumplimiento obligatorio –ipso facto-, se desconoce el artículo 101 de la Constitución que exige la modificación de los límites mediante un nuevo tratado que requerirá la aprobación del Congreso y la ratificación por parte del Presidente de la República.

 

7.6.4. Se contraría el mantenimiento de la integridad territorial como fin del Estado al permitir que sea un órgano supranacional el que modifique los límites y no el Presidente de la República como Jefe de Estado y como responsable de la dirección de las relaciones internacionales.

 

7.7. Diego Romero Cruz.

 

7.7.1. La Corte Constitucional debe declarar la exequibilidad de las normas acusadas.

 

7.7.2. Los artículos XXXI y L del Tratado habilitan a la Corte Internacional de Justicia para dirimir cualquier controversia de derecho internacional, incluyendo disputas sobre límites terrestres y marítimos entre Colombia y cualquier otro Estado Parte americano  y obligan a cumplir las decisiones de la misma Corte so pena de enfrentar “las consecuencias que decidan los Ministros de Relaciones Exteriores”.

 

7.7.3. El artículo 101 de la Constitución Política establece: (i) los mecanismos para fijar los límites de Colombia y (ii) los mecanismos para modificar los límites previamente establecidos. En consecuencia, el Constituyente de 1991 confirió rango constitucional a los tratados aprobados por el Congreso de la República, que habían fijado de manera incontrovertible los límites de Colombia. Igual determinación hizo respecto de los laudos arbitrales. Por su parte, se ‘contempló’ la forma de alterar los límites fijados, a saber: “mediante tratados aprobados por el Congreso, ratificados debidamente por el Presidente de la República”. Adicionalmente, la Sentencia C-1022 de 1999 indicó que el tratado modificatorio que implicara la cesión de territorio debía ser aprobado por el Congreso de la República, a través de reforma constitucional, toda vez que dicho acto alteraba la “imagen maestra” que tenía el Constituyente de 1991 del territorio colombiano.

 

El artículo 101 de la Constitución Política no contempló a las sentencias de la Corte Internacional de Justicia como una de las formas en que es procedente modificar los límites del territorio nacional. Sin embargo, las normas acusadas no desconocen lo dispuesto en la Constitución Política. Lo anterior, en la medida en que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia no producen efectos en el ordenamiento jurídico colombiano de manera automática e inmediata, ni ordenan a las Partes omitir los mecanismos de derecho interno tendientes a incorporar las determinaciones de la precitada Corte.

 

En Colombia las decisiones judiciales internacionales, al igual que los demás instrumentos de derecho internacional, no son aplicables de manera automática, en la medida en que exigen ratificación para su incorporación al derecho interno. El silencio de la Constitución Política respecto de la forma de incorporar sentencias internacionales no puede interpretarse como una autorización tácita para su aplicación ipso facto. Colombia debe, por tanto, “poner en marcha sus instrumentos de derecho interno para incorporar las sentencias de la Corte Internacional de Justicia”, toda vez que el Tratado consagra una obligación  internacional.

 

7.7.4. Adicionalmente, los límites fijados por las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua no requieren de reforma constitucional para su incorporación al ordenamiento jurídico interno. La jurisprudencia constitucional ha distinguido entre tratados de clarificación de límites inciertos y tratados de límites que impliquen cesión de territorio. Los primeros requieren surtir el trámite de una ley aprobatoria,  mientras los segundos precisan de reforma constitucional.  Los diferendos sobre límites entre Estados son asuntos del resorte exclusivo del derecho internacional público. En consecuencia, la definición de si un límite es cierto e incontrovertible no puede realizarse unilateralmente, toda vez que Nicaragua ha sostenido de manera constante y uniforme -antes de la expedición de la Constitución Política de 1991- una posición diametralmente opuesta a la de Colombia, respecto de la interpretación y alcance del Tratado. Por tanto, el límite no era susceptible de ser “constitucionalizado” y sólo requiere tramitarse mediante ley aprobatoria.

 

7.7.5. La Corte Constitucional debe declarar la exequibilidad de las normas acusadas, toda vez que aquellas no permiten que la Corte Internacional de Justicia modifique los límites de Colombia “por fuera de las vías de la Constitución”, en tanto ordena que el Estado colombiano “ponga en marcha sus instrumentos de derecho interno para adecuarse a las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, sin incorporarlos automáticamente”.

 

7.8. Ernesto Palacios.

 

7.8.1. La Corte Internacional de Justicia adoptó, sin tener competencia para ello en tanto no se encuentra habilitada “para cercenar territorios de otras naciones”, un fallo adverso a Colombia dado que esta “pierde su soberanía sobre 75.000 a 100.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, cambiando las fronteras marítimas entre Nicaragua y Colombia y desconociendo el Tratado Esguerra – Bárcenas que delimitó las fronteras entre estos dos Estados soberanos en el siglo pasado.

 

La pertenencia a Colombia de dichos espacios marítimos se encuentra acreditada por las “cédulas reales de la monarquía española en las cuales ceden los territorios del archipiélago de Sana Andrés y Providencia y sus mares y plataformas continentales a la Nueva Granada hoy República de Colombia.”

 

7.8.2. La totalidad de componentes del archipiélago de San Andrés y Providencia se ha encontrado bajo la soberanía de Colombia durante más de dos siglos. Ello ha comprendido el mar territorial y la plataforma continental “con derechos a Explotaciones Ictiológicas y de otros Órdenes y preservando grandes áreas de estos mares de la sobrepesca de compañías extranjeras y explotación petrolífera en dichas áreas.”

 

7.8.3. Es el meridiano 82 el que se erige en límite con Nicaragua. Colombia “no tiene por qué (sic) ceder ni un centímetro de sus mares a ningún país que lo pretenda (…) bajo artimañas de una Corte de Ultramar como es la Corte de Internacional de la Haya (…)”. Este tipo de decisiones favorece a otros Estados así como a las transnacionales que pretenden la explotación de los diferentes recursos y reservas que, en todo caso, resultan “muy importantes para proteger especies marinas y Corales en este ecosistema tan frágil.”

 

7.8.4. Así entonces el Tribunal Constitucional “debe salir en defensa de los intereses de la Nación Colombiana y sus territorios (…) incluyendo sus áreas insulares en los océanos tanto pacífico como atlántico”. Cabe advertir que los gobiernos “sino es mediante una constituyente aprobada por el pueblo que es el constituyente primario no podrán pertenecer a Tribunales de Ultramar para dirimir nuestros conflictos y fronteras con terceros países.”

 

7.9. Zulma Liliana Torres Mendivelso.

 

Presenta diferentes consideraciones relacionadas con “el Tratado Esguerra Bárcenas” y el “tratado Vásquez Saccio.” Solicita la declaración de exequibilidad del Pacto de Bogotá”, prefiriendo de esa forma la salida pacífica frente a los conflictos de manera concordante con la democracia.

 

8. Concepto del Procurador General de la Nación.

 

8.1. Como petición principal se solicita a la Corte declararse inhibida por falta de competencia. La demanda debió rechazarse toda vez que (i) no pueden presentarse acciones de inconstitucionalidad contra tratados  y sus respectivas leyes aprobatorias, (ii) la Corte Constitucional no tiene competencia para analizar tratados ya perfeccionados y (iii) las demandas carecen de objeto toda vez que el Pacto de Bogotá fue denunciado por el Gobierno Nacional por lo que éste, a más tardar el 27 de noviembre de 2013, ya no resulta vinculante para el Estado colombiano. 

 

Sin embargo, en caso en que el Tribunal Constitucional tome una decisión de fondo frente a las normas demandadas, deberá (i) – de todas maneras - declarar la inhibición en relación con los artículos II, V, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXXVII, L y todos aquellos establecidos en el capítulo 5º del Pacto de Bogotá en tanto no existen cargos que cumplan las condiciones exigidas para el efecto y (ii) declarar la exequibilidad condicionada de los artículos XXXI y XXXIII del Tratado en cuestión.

 

8.2. El juzgamiento constitucional en relación con tratados se limita única y exclusivamente a aquellos no perfeccionados en tanto el control por parte de la Corte – de conformidad con el artículo 241 superior - es previo, razón por la cual se carece de competencia, más aún si se tiene en cuenta que el Pacto de Bogotá entró en vigencia con anterioridad a la Constitución de 1991. Admitir demandas de inconstitucionalidad contra estos actos llevaría a situaciones absurdas como que el Tribunal Constitucional deba, de manera oficiosa, pronunciarse sobre la totalidad del tratado más allá de los cargos formulados por el demandante, o en su defecto, que sólo analice el cargo demandado y que a pesar de ello no quepan nuevas demandas debido a la naturaleza definitiva que caracteriza a este tipo de control.

 

La propia jurisprudencia constitucional ha reconocido que no resulta jurídicamente admisible que la Corte lleve a cabo la revisión de un tratado ya ratificado y perfeccionado. Es así como la sentencia C-276 de 1993, expresamente señaló que “el examen constitucional no se puede ejercer respecto de instrumentos públicos internacionales ya perfeccionados. (…) No considera esta Corte que proceda la revisión de un acto jurídicamente superfluo, puesto que la materia sobre la cual recae, los tratados ya perfeccionados, no puede ser afectada por decisión alguna”. En igual sentido, existen pronunciamientos realizados al interior de la Asamblea Nacional Constituyente.

 

Aceptar la revisión de un tratado ya perfeccionado atenta contra los principios constitucionales de supremacía de la Constitución, legalidad y el respeto por los principios del derecho internacional, en tanto se estaría concediendo a la Corte una competencia ilimitada. Lo anterior ocasionaría un ambiente de inseguridad jurídica toda vez que al admitir una demanda contra un acto internacional ya ratificado, se debería aceptar una multiplicidad de veces en el futuro y por lo tanto, nunca habría una decisión definitiva sobre los instrumentos internacionales.

 

8.3. Las leyes aprobatorias de tratados sólo se extinguen o cesan sus efectos de conformidad con las reglas que la propia ley u otras normas de derecho internacional, hayan establecido. Los tratados no pueden ser derogados por las modificaciones que alguno de los Estados parte haga en su ordenamiento interno. Así pues, debido a la denuncia del Pacto de Bogotá hecha por el Gobierno Nacional, el eventual pronunciamiento de la Corte no podrá tener ningún efecto ya que para entonces este tratado no será vinculante para Colombia.

 

8.4. En relación con los efectos de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, estas constituyen una fuente jurídica distinta al Pacto de Bogotá, por lo que deben ser consideradas como sentencias judiciales adoptadas con base en una competencia que estaba vigente. Los efectos de tales decisiones implican situaciones jurídicas consolidadas, las cuales se adoptan como consecuencia de la vigencia y fuerza vinculante del tratado que ya había sido ratificado por Colombia.

 

En caso de que la Corte Constitucional tome una decisión de fondo -además de que esta sería ineficaz en los términos del derecho internacional ya que no sería vinculante para otros estados u organismos internacionales y el Gobierno colombiano no podría formular reservas-, se debe advertir que, durante el análisis, debe abstenerse de pronunciamientos en relación con la conveniencia del pacto internacional o realizar referencias a cualquier caso específico.

 

8.5. Debe igualmente declararse inhibida en relación con los artículos II, V, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXXVII, L y todos aquellos establecidos en el capítulo 5º del Pacto de Bogotá. Por su parte, sobre los artículos XXXI y XXXIII se debería declarar la exequibilidad condicionada de los mismos.

 

8.5.1. A través de los artículos II, V, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXXVII, L del Pacto de Bogotá, los Estados partes (i) se comprometen a hacer uso de los procedimientos establecidos en ese tratado, (ii) autorizan a la CIJ para decidir, a solicitud de cualquier país y como una cuestión previa, si determinada controversia es o no un asunto de jurisdicción interna o si, por el contrario, es una auténtica diferencia o disputa de naturaleza internacional, (iii) reconocen la obligatoriedad ipso facto de la jurisdicción de la CIJ sobre determinadas materias, y de conformidad con las normas de procedimiento judicial que allí se establecen, (iv) señalan que, sin perjuicio de la competencia de la mencionada Corte, las partes también podrán dirimir sus controversias, por común acuerdo, a través de un procedimiento de arbitraje de conformidad con las reglas procesales allí establecidas.

 

Por su parte, los artículos 2, 3, 6, 79, 189, 330 y 59 transitorio de la Constitución Política, el artículo 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 2º del Convenio de la OIT No. 169, los cuales fueron -algunos- los parámetros constitucionales invocados como vulnerados por los artículos del Pacto de Bogotá, (i) señalan los fines del Estado, (ii) reconocen la soberanía nacional, (iii) precisan el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, (iv) reconocen el derecho al ambiente sano y la protección a la diversidad integral, (v) señalan las funciones del Presidente de la República, (vi) precisan la forma de gobierno de los territorios indígenas y (vii) prohíben el control jurisdiccional de los actos de la Asamblea Nacional Constituyente.

 

Teniendo en cuenta el alcance de las disposiciones señaladas, resulta imposible realizar un contraste directo de dichas normas constitucionales y del bloque de constitucionalidad con las disposiciones demandadas, toda vez que hacen referencia y regulan situaciones que no responden al contenido material de los mismos. No resulta posible asegurar que los citados postulados constitucionales prohíban al Estado colombiano (i) reconocer la jurisdicción de una Corte Internacional para la solución de conflictos, (ii) reconocer que las sentencias de esa corporación judicial resulten obligatorias o vinculantes, y en consecuencia, (iii) establecer medios para buscar la ejecución de tales decisiones judiciales.

 

De manera específica, el principio de autodeterminación de los pueblos de las poblaciones indígenas y tribales no limita la competencia de los gobiernos nacionales para suscribir instrumentos internacionales en los cuales se reconozca la jurisdicción de una Corte Internacional o la constitución de tribunales de arbitramento. No encuentra lógica jurídica afirmar que el mencionado derecho se vulnera cuando se reconoce una jurisdicción internacional o cuando las decisiones de estas no cuentan con la aprobación de los ciudadanos de cada Estado Parte.

 

Por lo anterior, la Corte debe declararse inhibida para pronunciarse sobre los cargos formulados contra los artículos II, V, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXXVII y L del Pacto de Bogotá, en razón de la falta de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia de los cargos.

 

8.5.2. Los artículos XXXI y XXXIII del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” deben ser declarados exequibles de manera condicionada en el entendido que (i) la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia para establecer ni modificar los límites de Colombia; y (ii) que sus decisiones deberán sustentarse, de manera exclusiva, en principios de derecho internacional que el Estado colombiano haya aceptado con anterioridad.

 

Existe una contradicción entre el artículo 101 constitucional y el XXXI del Pacto de Bogotá. Mientras la disposición superior restringe la posibilidad para el establecimiento de límites a tratados y a laudos arbitrales, la norma internacional concede a la Corte Internacional de Justicia competencia para resolver cualquier tipo de conflicto, entre los cuales estarían aquellas disputas limítrofes. Por su parte, si bien el constituyente decidió que la propiedad sobre “el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita gestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa”, se regiría de conformidad con el derecho internacional, entre los cuales se incluyen las decisiones judiciales de tribunales internacionales, esta prescripción únicamente cobija la regulación en relación con dichos elementos mas no sobre las fronteras colombianas.

 

La norma superior no exige – como erróneamente lo establecen algunas demandas – una reforma constitucional para establecer o modificar los límites del país,  pero sí señala de manera expresa que la única forma de establecerlos es mediante un tratado o un laudo arbitral. Por su parte, en relación con la posibilidad de modificaciones limítrofes el postulado constitucional lo restringe únicamente a la celebración de nuevos tratados. Lo anterior implica que la Corte Constitucional debería condicionar cualquier ley aprobatoria de tratado en la cual Colombia reconozca competencia a una corte internacional para resolver controversias limítrofes, en tanto una decisión judicial internacional no podría establecer o modificar los límites del Estado.

 

Así entonces, se debe declarar que el reconocimiento de la competencia a la Corte Internacional de Justicia para resolver controversias internacionales no contraría la Carta Política de 1991, “siempre y cuando se entienda que, en todo caso esa Corte no puede entrar a establecer los límites del Estado colombiano o modificar los límites de Colombia que ya hayan sido acordados con otras naciones a través de tratados, o que ya hayan sido establecidos en laudos arbitrales en que haya sido parte el Estado colombiano”.

 

8.6. Finalmente, existe una contradicción entre el artículo 9 constitucional y las fuentes del derecho que definen la competencia de la Corte Internacional de Justicia en los términos establecidos en los artículos XXXIII, XXXI del Pacto de Bogotá y 38 del Estatuto del mencionado tribunal. De conformidad con el citado artículo 38, la Corte podría acudir como fuente de derecho a todos los principios de derecho internacional, incluso aquellos que no hayan sido reconocidos por el Estado colombiano, contrariando lo establecido en el artículo 9º superior en el cual sólo se reconoce valor vinculante a aquellos principios que hayan sido aceptados por Colombia. Por tal motivo, las señaladas normas demandadas deben ser declaradas exequibles bajo la condición de “que se entienda que los principios de derecho internacional a los que puede acudir la Corte Internacional de Justicia para resolver los conflictos o controversias jurídicas en los que sea parte el Estado colombiano, como lo exige el artículo 9º superior, son exclusivamente los principios de derecho internacional aceptados por Colombia.

 

II. CONSIDERACIONES.

 

1. Competencia.

 

1.1. La cuestión de competencia.

 

1.1.1. La primera cuestión que se plantea la Corte Constitucional es, si resulta competente para decidir sobre demandadas de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria -Ley 37 de 1961- de un instrumento internacional -Pacto de Bogotá- que fuera ratificado por el Estado Colombiano en fecha previa a la promulgación de la Constitución de 1991 y denunciado por el Gobierno de Colombia antes de dictarse la presente sentencia.

 

1.1.2. El 14 de octubre de 1968 fue ratificado el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas -Pacto de Bogotá-, aprobado por Ley 37 de 1961. Tratase de una ley aprobatoria de un instrumento internacional, expedida en vigencia de la Constitución de 1886 reformada; y de un tratado cuya ratificación ocurrió también en aquel tiempo, el 14 de octubre de 1968.

 

1.1.3. Adicionalmente, el Pacto de Bogotá fue objeto de denuncia por parte del Estado Colombiano, el día 27 de noviembre de 2012.

 

1.2. Competencia para conocer de tratados internacionales y sus leyes aprobatorias -Constitución, artículo 241.10-.

 

1.2.1. La Constitución Política consagra la regla general en materia de control constitucional de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias, antes del perfeccionamiento de aquellos: dispone la competencia de la Corte Constitucional para decidir sobre su exequibilidad, en guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (Constitución, artículo 241.10).

 

1.2.2. El control jurisdiccional de los tratados aprobados por el Congreso de la República, mas no ratificados, se caracteriza por ser: (i) previo al perfeccionamiento del vínculo internacional, y por ello, preventivo, (ii) automático, (iii) integral, (iv) definitivo y (v) participativo[12]. Tales rasgos revelan propósitos constituyentes: asegurar la efectividad de la prevalencia de la Constitución, evitando que el Estado adquiera compromisos internacionales contrarios a ella; y garantizar la estabilidad y seguridad de las relaciones internacionales. Consisten tales características en lo siguiente:

 

1.2.2.1. Es control previo, por operar antes de la ratificación del tratado, esto es, de la manifestación definitiva de consentimiento que hace el Gobierno Nacional para obligarse con sus disposiciones, estando ya aprobada la ley por el Congreso y sancionada por el Presidente de la República. Y es preventivo, porque surtiéndose antes del perfeccionamiento del vínculo internacional, asegura la compatibilidad formal de la ley con la Constitución, como también la adecuación material de ella y del tratado a los mandatos constitucionales. Como corolario del carácter preventivo de este control, la Carta prevé el deber presidencial de formular las reservas correspondientes al momento de manifestar el consentimiento, en el evento de constatarse la inconstitucionalidad de algunas disposiciones (Constitución, artículo 241.10).  

 

1.2.2.2. Es un control integral, en tanto juzga la validez de la totalidad de normas que componen la ley aprobatoria así como las que integran el tratado, frente a la totalidad de las disposiciones constitucionales que conforman el parámetro de control. Así, la Corte debe evaluar: (i) la regularidad del procedimiento de negociación y suscripción o adopción del tratado por las autoridades nacionales; (ii) la corrección del trámite legislativo; y (iii) la validez material de las disposiciones de la ley y del tratado. Esta exigencia de exhaustividad en el ejercicio del control -propio también, por ejemplo, respecto de proyectos de ley estatutaria- se justifica en consideración a la seguridad y estabilidad jurídicas que deben acompañar el cumplimiento de los compromisos internacionales. La característica enunciada supone que el juicio de la Corte también recae sobre las declaraciones interpretativas o reservas que durante el trámite en el Congreso hubieren sido introducidas. Sobre ello sostuvo la sentencia C-176 de 1994:

 

“Sin embargo, la Corte precisa que el Congreso puede ejercer esa facultad siempre y cuando esas declaraciones no equivalgan a una verdadera modificación del texto del tratado, puesto que en tal evento el Legislativo estaría invadiendo la órbita de acción del Ejecutivo. En efecto, si el Congreso, al aprobar un tratado, efectúa una declaración que en vez de precisar el sentido de una cláusula o restringir su alcance, por el contrario, lo amplía o lo desborda, en realidad estaría modificando los términos del tratado. No se tratarían entonces de declaraciones sino de enmiendas al texto del tratado que con razón están prohibidas por el Reglamento del Congreso (art 217 Ley 5 de 1992). En tal evento el Congreso estaría violando la Constitución, puesto que es al Gobierno a quien compete dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados y convenios que se someterán a la aprobación del Congreso (CP art 189 ord 2 CP).”[13]

 

1.2.2.3. Se trata de un control definitivo. Una vez efectuado, la decisión de la Corte Constitucional hace tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta, que impide un nuevo juicio constitucional a la Corte y cierra cualquier posibilidad de adelantar un nuevo examen. Si la inconstitucionalidad es consecuencia de la existencia de un vicio material, estará prohibida la reproducción del contenido normativo declarado inexequible (Constitución, art. 243); si declara inexequible la ley aprobatoria por vicios de procedimiento, no se impide su nueva tramitación y posterior examen.

 

1.2.2.4. Es un control automático, pues para su iniciación no se requiere la presentación de una demanda de inconstitucionalidad. Siguiendo una regla análoga de los decretos legislativos, una vez sancionada debe ser remitida por el Presidente de la Republica a la Corte Constitucional, en los seis días siguientes -C.P, artículo 241.10-. De no realizarse la remisión, debe este Tribunal aprehenderla de oficio, para adelantar este control judicial necesario e ineludible.

 

1.2.2.5. Se trata de un control participativo. Más que una diferencia específica, es rasgo común a los procesos de constitucionalidad, y se realiza en la posibilidad de que los ciudadanos participen en el juicio para apoyar o cuestionar la constitucionalidad de los instrumentos correspondientes.

 

1.2.3. El control de constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, a cargo de la Corte Constitucional, es una de las etapas del acto complejo que conduce al  perfeccionamiento del vínculo internacional del Estado Colombiano, en el que también intervienen el Congreso de la República -en tanto representante del Pueblo-, y el Presidente de la República -como Jefe de Estado y responsable de la dirección de las relaciones internacionales-, configurando así la concurrencia de las tres ramas del Poder Público.

 

1.3. Examen de constitucionalidad  de demandas contra leyes aprobatorias de tratados internacionales perfeccionados antes de la vigencia de la Constitución de 1991.

 

1.3.1. En el Auto admisorio de las demandas de inconstitucionalidad aquí consideradas, el magistrado sustanciador preanunció la competencia, prima facie, de la Corte Constitucional, para adelantar el examen de la ley demandada y del tratado internacional en ella aprobado. Entonces, se mencionó el Auto del 6 de abril de 1992, a través del cual se tramitó demanda contra disposiciones de la Ley 20 de 1974 aprobatoria del Concordato celebrado entre Colombia y la Santa Sede, como precedente de admisión. Pero más allá, la sentencia que decidió el caso  -la C 027 de 1993- la Corte declaró la exequibilidad de algunas disposiciones del Concordato y la inexequibilidad de otras, inaugurando el control de tratados internacionales perfeccionados, demandados por su incompatibilidad parcial con la Constitución al configurarse un vicio de competencia manifiesto.

 

1.3.2. La competencia de la Corte Constitucional y la razón de la misma para decidir sobre los  cargos de inconstitucionalidad de leyes aprobatorias de tratados perfeccionados con anterioridad a la promulgación de la Constitución de 1991, se apoya en el precedente vigente de la jurisprudencia constitucional en la materia: la sentencia C-400 de 1998, que reconoció la potestad de este Tribunal para decidir tales casos. En la citada providencia, la Corte revisó el precedente establecido en decisiones antecedentes[14]: de una parte, admitió la competencia de la Corte Constitucional para adelantar el control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados perfeccionados en vigencia de las normas constitucionales anteriores; de otra parte, no limitó el alcance de su control a los denominados vicios de competencia manifiestos.

 

1.3.3. Esta nueva orientación jurisprudencial sobre la competencia para el ejercicio del control constitucional, hasta ahora inalterada, estuvo acompañada de un esfuerzo de la Corte por definir las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. Ocurrió al examinar si los artículos 26 y 27 de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados[15], que establecían, respectivamente, la obligación de cumplir de buena fe los tratados y la prohibición de invocar normas del derecho interno para justificar un incumplimiento de los mismos, eran compatibles con la Carta Política. Tras reconocer las tensiones entre la exigencia de supremacía de la Constitución y el principio del pacta sunt servanda, la Corte concluyó que las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno no pueden definirse rígidamente a través de monismos jurídicos  concluyentes de la prevalencia absoluta de la Constitución o de los tratados; tampoco, acudiendo a las teorías alusivas a una suerte de paralelismo entre los sistemas jurídicos.

 

1.3.4. Con el propósito de armonizar tales ordenamientos la Corte estableció las siguientes reglas: (i) la Constitución impone un deber de inaplicación de los tratados en el plano interno, por las autoridades nacionales, en aquellos supuestos de contradicción de sus disposiciones con normas constitucionales, con fundamento en el artículo 4 superior: (ii) existe un deber de ajuste del ordenamiento jurídico para superar la situación de incumplimiento del derecho internacional y evitar el surgimiento de responsabilidad internacional, a cargo de las autoridades políticas, mediante la modificación de los tratados o la reforma de la Constitución; (iii) es obligación de las autoridades competentes asegurar la armonización de las obligaciones internacionales contraídas por Colombia con el ordenamiento jurídico interno, en la mayor medida posible, al momento de aplicar disposiciones no constitucionales. Las tres reglas harían posible, a juicio de la Corte, articular adecuadamente la regla de supremacía de la Constitución -que en el plano interno no exista norma que no deba sometimiento a la Carta Política-[16], con el principio de la obligatoriedad de los compromisos internacionales asumidos por el Estado -reconocido en el artículo 9 de la Constitución[17]-. Tal postura reconocía, adicionalmente, que la decisión de un órgano judicial en el orden interno carece de vocación y capacidad de modificar un compromiso internacional; sin perjuicio, de la obligación nacional de adelantar acciones para asegurar el cumplimiento de la Constitución y disminuir los efectos negativos que de la inaplicación de un tratado pueden derivarse para el Estado colombiano en materia de responsabilidad internacional.    

 

1.3.5. Esta argumentación obligaba a la Corte, según dijo, a examinar el precedente establecido en la sentencia C-276 de 1993 que afirmaba la incompetencia para adelantar el control constitucional de leyes aprobatorias de tratados ya perfeccionados. Así, sostuvo que: (i) no resulta constitucionalmente correcto derivar del numeral 10 del artículo 241 de la Carta una prohibición para el ejercicio del control constitucional de tratados ya perfeccionados, ya que tal disposición se limita a regular el trámite ordinario de los ratificados; (ii) las deliberaciones en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, no permiten una conclusión inequívoca sobre el particular, pero tienden a coincidir en la guarda de la supremacía de la Constitución; (iii) el ejercicio de tal control no constituye una interferencia en las competencias de los órganos internacionales, en tanto una decisión de inconstitucionalidad no implica invalidación alguna de normas internacionales sino, en otra dirección, la activación de una obligación de las autoridades colombianas para adoptar las medidas que aseguren la protección de la Constitución y eviten los riesgos de responsabilidad internacional; (iv) el numeral 4 del artículo, 241 al referirse a la competencia para examinar las leyes, es fundamento para reconocer una competencia que complementa el numeral 10 de esa misma disposición; (v) ante una duda sobre una competencia que arriesgue la supremacía de la Constitución, debe privilegiarse aquella interpretación que más favorezca dicha supremacía.

 

1.3.6. Con fundamento en lo anterior, la Corte concluyó que la disposición examinada -artículo 27 de la Convención- se ajustaba a la Constitución[18]. Pero que el Gobierno, al perfeccionar el vínculo, debía formular una declaración interpretativa conforme a la cual “Colombia precisa que acepta que un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno  como justificación del incumplimiento del tratado, en el entendido de que esta norma no excluye el control judicial de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados”.      

 

1.3.7. En suma, la Corte Constitucional se ha ocupado de definir el alcance de su competencia en materia de control constitucional de tratados perfeccionados en vigencia de la Constitución anterior: la sentencia C-027 de 1993 señaló que la posibilidad de declarar inconstitucional un tratado ya perfeccionado sólo era procedente de configurarse un vicio de competencia manifiesto; la sentencia    C-276 de 1993 negó enfáticamente las posibilidades de adelantar el control; finalmente, la sentencia C-400 de 1998 -precedente vigente-, sentó la obligación de declarar la inexequibilidad de los compromisos internacionales en todos aquellos casos en que se desconociera la Constitución de Colombia. Esta regla jurisprudencial de competencia para decidir sobre la constitucionalidad de una ley aprobatoria de un tratado perfeccionado, se apoya en el reconocimiento de la supremacía e integridad de la Constitución: supremacía que, en el plano interno, impide la asunción de compromisos internacionales opuestos a las decisiones constituyentes, por el Estado Colombiano.

 

1.3.8. A partir de tales premisas, este Tribunal ha examinado tratados que, no obstante discordar de la hipótesis normativa descrita en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta, pueden ser juzgados constitucionalmente: (i) con fundamento en el numeral 4 del artículo 241 constitucional, que atribuye a la Corte el control de las leyes -incluidas las aprobatorias de tratados internacionales-; (ii) y con base en los mandatos constitucionales, de los artículos 4 y 241 superior, que exigen asegurar la integridad y supremacía de la Constitución.

 

1.3.9. Finalmente, la Corte ha precisado que la activación de su jurisdicción frente a tratados internacionales perfeccionados al amparo del orden constitucional pretérito, procede únicamente por demanda ciudadana de inconstitucionalidad. Así lo indicó en la sentencia C-400 de 1998 al señalar:

 

“(…) En  tercer  término,  la  Corte  no  se  extralimita en sus competencias por cuanto ella se pronuncia sobre la ley aprobatoria de un tratado, y el ordinal  4º le confiere explícitamente esa competencia, puesto que estatuye que es función de este tribunal decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra todas las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. La interpretación del artículo 241 que mejor armoniza con las funciones de la Corte como guardián de la supremacía y la integridad de la Constitución es entonces que, en materia de leyes aprobatorias de tratados, las competencias previstas por los ordinales 4º y 10 son complementarias, por lo cual debe concluirse que, salvo que exista ya cosa juzgada, esta Corporación es competente para conocer de fondo de las demandas ciudadanas contra leyes aprobatorias de tratados, incluso si éstos se encuentran perfeccionados.”

 

1.4. Examen de leyes aprobatorias de tratados internacionales denunciados por Colombia.

 

1.4.1. Debe establecer esta Corporación si puede examinar la constitucionalidad de un tratado, a pesar de la cesación del vínculo internacional para Colombia por razón de su denuncia.

 

1.4.2. La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de establecer si puede ocuparse de examinar normas derogadas del ordenamiento interno,  en sede de control abstracto. Decisiones reiteradas de esta Corporación indican que no es posible su juzgamiento, a menos que la norma derogada continúe produciendo efectos o pueda llegar a producirlos. En tal dirección ha indicado:

 

“No obstante, la Corporación  ha determinado que en ciertas circunstancias, es posible efectuar el examen  de constitucionalidad de normas derogadas, cuando se estime que las mismas, pese a la derogatoria, están produciendo o pueden llegar a producir efectos jurídicos. Así ha sostenido que “...en función de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, ella [la Corte Constitucional] debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas, siempre y cuando tales normas continúen produciendo efectos jurídicos.  En cambio, si la norma demandada excluida del ordenamiento jurídico no sigue surtiendo efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto...” (…).”[19](Subrayas no hacen parte del texto original)

 

1.4.3. La regla general, entonces, consiste en excluir del control constitucional las disposiciones que han sido objeto de derogación: cuando una norma ha dejado de pertenecer al ordenamiento jurídico, desaparece la posibilidad de infracción de la Carta Política; entonces, tanto el objeto como el fin del control constitucional desparece y, en consecuencia, la intervención de la Corte Constitucional carece de justificación. Pero cuando pese a la desaparición de las disposiciones, éstas continúan produciendo efectos y regulando situaciones jurídicas actuales, el fundamento para adelantar el control constitucional se conserva: en la medida en que el poder normativo de los enunciados derogados se extiende en el tiempo o puede llegar a hacerlo, el tribunal constitucional tiene la obligación de examinar su constitucionalidad, en prevención de la generación de efectos contrarios a la Carta. Nuevamente, la obligación de proteger la integridad y supremacía de la Constitución justifica otro caso de juzgamiento atípico de constitucionalidad.

 

1.4.4. A juicio de la Corte, las razones que han justificado el examen constitucional de normas derogadas del sistema jurídico nacional que continúan produciendo efectos, se extienden a las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales -aprobados por el Congreso-, cuya denuncia haya dado lugar a la terminación del vínculo internacional, pese a lo cual podrían producir algún efecto para el Estado colombiano. Así, aunque pueden existir diferencias entre los supuestos antes señalados, relativas a la fuente del derecho -legislación interna o tratado internacional- o al mecanismo de pérdida de su vigencia -la derogación legislativa o la denuncia-, los dos casos guardan evidente analogía: (i) son ambas normas jurídicas; (ii) la competencia de juzgamiento de los dos tipos normativos se encuentra radicada en la Corte Constitucional; (iii) en los dos casos, aunque cada una se proyecte en planos diferentes, pueden producirse efectos contrarios al orden constitucional.

 

1.4.5. De este modo, es constitucionalmente admisible el ejercicio del control judicial para decidir la exequibilidad de normas jurídicas incorporadas en tratados internacionales aprobados por el Congreso de la República, perfeccionados por el Estado Colombiano y denunciados por él mismo, en tanto estén produciendo o puedan producir efectos jurídicos para el Estado colombiano incompatibles con la Constitución, tras la terminación del correspondiente vínculo internacional a consecuencia de la denuncia.    

 

1.5. Examen de la competencia de la Corte para decidir demandas de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley 37 de 1961, aprobatoria del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas -Pacto de Bogotá-.

 

1.5.1. La Corte Constitucional afirma su competencia para conocer de las demandas presentadas sobre la inconstitucionalidad de la Ley 37 de 1961 por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá que fuera objeto de ratificación el 14 de octubre de 1968. (infra II, 3).

 

1.5.1.1. Los fundamentos de su decisión son, como se expresó atrás (supra II, 1.2 y 1.3): (i) la cláusula general de competencia para el control constitucional de leyes, no excluyente de las aprobatorias de tratados, consagrado en el artículo 241.4 constitucional; (ii) el precedente constitucional vigente, sentado en la sentencia C-440 de 1998 de esta Corte, ratificatorio de la competencia para examinar tratados perfeccionados por el Gobierno de Colombia, en guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. 

 

1.5.1.2. La activación de la competencia de la Corte, en estos eventos, procede del ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 24.4 de la Carta.

 

1.5.2. La Corte Constitucional también afirma su competencia para definir la exequibilidad o inexequibilidad de las disposiciones acusadas de la Ley 37 de 1961, no obstante haber sido denunciado el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas previamente aprobado por el Congreso de la República, el 27 de noviembre de 2012, con base en lo ya dicho (Ver supra II, 1.3).

 

1.5.2.1. El artículo LVI del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)” dispone lo relativo a su terminación, mediante aviso de denuncia dirigido a la otrora Unión Panamericana -hoy su organización internacional sucesora, la Organización de Estados Americanos-, el término en el que la misma opera, y los procedimientos expresamente excluidos del efecto del citado aviso. Señala dicha disposición:

 

“El presente Tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás signatarios. La denuncia será dirigida a la Unión Panamericana, que la transmitirá a las otras Partes Contratantes.

 

La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo.”

 

El Tratado en cuestión, fue denunciado por la República de Colombia mediante Nota Diplomática N° GACIJ 79357 de fecha 27 de noviembre de 2012, suscrita por la Ministra de Relaciones Exteriores y cursada al Secretario General de la Organización de Estados Americanos -en calidad de Depositario del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)”- en la misma fecha. La nota diplomática tiene el siguiente texto:

 

         “(…)

Excelencia:

 

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, de conformidad con el artículo LVI del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, con ocasión de dar aviso a la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos, a su digno cargo, como sucesora de la Unión Panamericana, que la República de Colombia denuncia a partir de la fecha el “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas”, suscrito el 30 de abril de 1948 y cuyo instrumento de ratificación fue depositado por Colombia el 6 de noviembre de 1968.  

 

La denuncia del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas rige a partir del día de hoy respecto de los procedimientos que se inicien después del presente aviso, de conformidad con el párrafo segundo del artículo LVI el cual señala que “La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo.

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a su Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

 

MARIA ANGELA HOLGUÍN CUÉLLAR

Ministra de Relaciones Exteriores  

(…)”

 

Conforme obra en el Portal Electrónico del Depositario[20] -Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos-, la denuncia fue registrada el mismo día. Con posterioridad, fue puesta en conocimiento de los Estados Partes y de las misiones permanentes acreditadas ante la organización internacional, el día 28 de noviembre de 2012, por la misma dependencia de la organización internacional en mención. En atención a lo expuesto, el “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá) deja de vincular al Estado colombiano frente a los Estados Partes del mismo, en los términos de su artículo LVI.

 

1.5.2.2. El “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)” puede, eventualmente, producir o llegar a producir efectos para el Estado Colombiano por virtud de decisiones surgidas de procedimientos regulados en el citado tratado -como el “procedimiento judicial”-, aún tras la cesación del vínculo internacional para el Estado Colombiano, en los términos del artículo LVI, por obra de la denuncia aludida. En esa dirección, la demanda formulada por el Presidente de la República en esta oportunidad señala, luego de indicar que los fallos de la Corte Internacional de Justicia son inapelables que “el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia permite dos demandas vinculadas a ese proceso.” Así “[f]rente a un fallo de dicha Corte proceden la demanda de interpretación y la demanda de revisión según los artículos 60 y 61 del Estatuto de la Corte.” La primera de ellas “busca aclarar el alcance y sentido del fallo y no tiene límite de tiempo” al paso que la de revisión “exige el descubrimiento de una nueva prueba, no conocida por Colombia antes del fallo, que “pueda ser un factor decisivo”.”.

 

De otra parte, el Jefe de Estado indica en su demanda que “algún Estado, en especial Nicaragua, podría sostener la tesis de que Colombia continúa sometida a la jurisdicción obligatoria del Pacto hasta el 27 de noviembre de 2013. Nicaragua, por ejemplo, podría proceder a radicar ante la Corte Internacional de Justicia la aplicación que ha anunciado pidiendo que se le reconozca una plataforma continental extendida de 350 millas náuticas y que la Corte fije un nuevo límite con Colombia cercano a la costa continental colombiana en el mar Caribe. Colombia se opondría a la jurisdicción de la Corte y a esta pretensión, pero será la propia Corte Internacional de Justicia, la que decida si tiene jurisdicción y competencia sobre esta nueva controversia.” 

 

En consecuencia, considerando lo expuesto y la obligación de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, es procedente el juzgamiento constitucional de las disposiciones demandadas (ver infra II, 2.1). 

 

1.6. Declaración de competencia.

 

La Corte Constitucional es competente para decidir las demandas presentadas por Juan Manuel Santos Calderón -Presidente de la República-, Juan Carlos Moncada Zapata y otros, y Oscar Fernando Vanegas Ávila, sobre la inconstitucionalidad de la Ley 37 de 1961 por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá que fuera objeto de ratificación el 14 de octubre de 1968 y materia de denuncia el 27de noviembre de 2012.

 

2. Problemas jurídicos constitucionales.

 

2.1. Normas demandadas objeto de control de constitucionalidad.

 

2.1.1. Norma de reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ y otras normas relacionadas o complementarias -artículo XXXI y varios-.

 

2.1.1.1. Las tres demandas centran su ataque en la norma jurídica consignada en la Ley 37 de 1961, específicamente en el artículo XXXI del TASP[21] -Pacto de Bogotá-. Consideran que esta cláusula de declaración del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, para resolver controversias de derecho internacional entre países americanos partes, desconoce normas constitucionales: las que prohíben la modificación de los límites de Colombia mediante sentencias judiciales, a nombre de la soberanía, del principio democrático, de la integridad del territorio, del rango constitucional de las delimitaciones del mismo o de los derechos de participación de la población, y aún de principios del derecho internacional, principalmente.

 

2.1.1.2. Como se indicó (supra I, 1.4.), el “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)” puede producir o llegar a producir efectos, merced a decisiones de la CIJ emanadas del procedimiento judicial allí previsto, aún tras la cesación del vínculo internacional para el Estado Colombiano por obra de la denuncia formal del TASP. Cabe advertir que en la demanda presentada por el Presidente de la República se indica, luego de aludir a la denuncia que del Tratado formuló el Estado Colombiano, que “si bien éste no puede ser invocado por un Estado para interponer una nueva demanda contra Colombia, las obligaciones adquiridas por procesos anteriores siguen vigentes”; de acuerdo con ello, continúa, “el Pacto de Bogotá a la fecha de presentación de esta demanda y para el día en que la Corte Constitucional se pronuncie, seguirá surtiendo efectos en Colombia”; y más adelante señala, luego de aludir al alcance del artículo LVI, que “cualquiera sea la interpretación adoptada, es claro que la denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos que se hubieren iniciado antes de transmitido el aviso respectivo. Estos procedimientos pueden haber concluido o pueden estar en curso”. Dicho esto, la Corte considera procedente examinar, por las razones anotadas, el artículo XXXI del Pacto de Bogotá aprobado por la Ley 37 de 1961.

 

2.1.1.3. Los aquí accionantes, cuestionan el mencionado artículo XXXI del Pacto de Bogotá, ya parcialmente[22], ya en su integridad[23] o como parte del Capítulo IV demandado en su totalidad[24]. Al demandarse solo el enunciado “(…) la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre: a) La interpretación de un Tratado; b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional (…)”, la declaración de reconocimiento de las altas partes contratantes americanas pierde su objeto -la jurisdicción de la CIJ[25]- y con ello el artículo señalado queda desprovisto de sentido. Por tal razón, se examinará el artículo XXXI en su integridad, tal como se propone en los casos D-9907 y D-9852; y las pretensiones formuladas en el expediente D-9886, se subsumirán en las planteadas por los otros demandantes. Las restantes normas demandadas del Capítulo IV sobre “Procedimiento Judicial” -artículos XXXII a XXXVII-, aparecen referidas: (i) al derecho de las partes en controversia de recurrir ante la Corte Internacional de Justicia, a falta de solución conciliatoria y en ausencia de convenio arbitral; (ii) a la facultad de la CIJ para decidir acerca de su competencia sobre el litigio; (iii) a la terminación de la controversia por declaración de incompetencia de la CIJ fundada en los artículos V, VI y VII del Tratado; (iv) a la obligación de las partes de someterse a arbitraje ante la declaración de incompetencia de la CIJ por motivo diferente -arbitraje obligatorio-; (v) y a otras reglas de decisión y procedimiento de ella. Dado que estas disposiciones, relativas al acceso a la jurisdicción de dicha Corte y a su competencia, presuponen la existencia de la cláusula de reconocimiento de su jurisdicción por los estados partes del Pacto de Bogotá contenida en el artículo XXXI, la decisión sobre la inconstitucionalidad de los artículos XXXII a XXXVII estará supeditada a lo que haya de resolverse respecto de aquel; de igual manera se procederá respecto de la obligación de hacer uso de los procedimientos establecidos en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, y específicamente del procedimiento judicial ya visto -artículo II del Pacto-, y de la competencia de la Corte Internacional de Justicia para definir si la controversia ante ella planteada versa sobre un asunto de jurisdicción interna de los estados -artículo V del Pacto-. Como también del procedimiento de arbitraje de los artículos XXXVIII al XLIX del Capítulo V, que regula un mecanismo adicional de solución pacífica de controversias entre estados americanos: el arbitraje facultativo, basado en el acuerdo de los estados partes para someter a un Tribunal de esa naturaleza cualquier tipo de diferencias entre estados americanos, jurídicas o de no; el procedimiento en cuestión, como la constitución del tribunal, la celebración del compromiso por las partes, la actuación de ellas; el laudo y su interpretación y revisión; y la remuneración o compensación pecuniaria de los árbitros.  

 

2.1.1.4. Por lo anterior, el juicio de constitucionalidad de las normas demandadas relativas al procedimiento judicial y arbitral para la solución pacífica de controversias -artículos II, V, XXXI, XXXII a XXXVII y XXXVIII al XLIX- se centrará en la proposición prescriptiva cifrada en el artículo XXXI de la Ley aprobatoria del Pacto de Bogotá, y de la conclusión sobre la exequibilidad o inexequibilidad de éste dependerá la suerte jurídica de aquellos.

 

2.1.2. Normas de ejecución de decisiones judiciales -artículo L del Pacto de Bogotá-.

 

Los efectos actuales virtualmente originados en el artículo XXXI del Pacto durante el lapso en que tuvo vigor para Colombia, y que fundamentan el presente examen de constitucionalidad, también son predicables del artículo L del mismo Tratado, referido, para el caso, a la ejecución de sentencias de la CIJ dictadas en procesos judiciales de los que haya sido parte el Estado Colombiano -no así de procesos arbitrales-. Tal precepto prevé una instancia regional preferente que debe ser agotada por la parte interesada en el cumplimiento de un fallo, antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así, en virtud de los posibles efectos que pueda estar produciendo en el ordenamiento nacional, el artículo L de la Ley 31 de 1967 -aprobatoria del Pacto de Bogotá- será revisado por esta Corte.

 

2.1.3. Normas objeto de control constitucional en esta sentencia.

 

En suma, la Corte Constitucional adelantará la revisión de constitucionalidad de las disposiciones contenidas en los artículos XXXI y L del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas -Pacto de Bogotá-, aprobado mediante Ley 37 de 1961. Los artículos II, V, XXXII a XXXVII, XXXVIII a XLIX referidos, serán materia de una declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad por consecuencia.

 

2.2. Problemas jurídicos constitucionales a resolver.

 

Agrupados según las normas constitucionales que los demandantes consideran vulneradas, los artículos XXXI y L del Pacto de Bogotá, en los que se cifran las disposiciones cuestionadas, admiten juicios de inconstitucionalidad expresados en los siguientes problemas jurídico-constitucionales a resolver.

 

2.2.1. Problema jurídico 1º: vulneración del artículo 101 de la Constitución Política.

 

(i) ¿El artículo XXXI del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas -Pacto de Bogotá- aprobado por Ley 37 de 1961, por el cual los Estados americanos Partes reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para decidir controversias de derecho internacional -incluida la decisión de controversias limítrofes-, vulnera el artículo 101 de la Constitución Política, que solo admite la modificación de los límites de Colombia en virtud de tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el Presidente de la República -previa revisión de la Corte Constitucional-?

 

(ii) ¿El artículo L -“cumplimiento de decisiones”- del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas -Pacto de Bogotá-, que establece en favor de la parte interesada en el cumplimiento de sentencias de la Corte Internacional de Justicia, mecanismos de ejecución de los fallos -incluidos los que hayan decidido en materia de límites-, vulnera el artículo 101 de la Constitución Política, que solo admite la modificación de los límites de Colombia en virtud de tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el Presidente de la República -previa revisión de la Corte Constitucional-?[26]

 

2.2.2. Problema jurídico 2º: vulneración del artículo 59 transitorio de la Constitución Política.

 

¿Las disposiciones del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas -Pacto de Bogotá- aprobado por Ley 37 de 1961, que vinculan a los Estados americanos Partes al reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para decidir controversias de derecho internacional, incluida la decisión de controversias limítrofes -artículo XXXI-, y establecen mecanismos de ejecución de sus fallos, incluidos los que hayan decidido asuntos de límites -Artículo L, no en todos los cargo, como se verá-, vulneran:

 

(i) Vulneran el artículo 59 de la Constitución, que establece una prohibición de someter a control jurisdiccional la Constitución y los demás actos promulgados por la Asamblea Constituyente de 1991, al hacer posible el juzgamiento de decisiones de dicha Asamblea por la Corte Internacional de Justicia?

 

(ii) Transgreden los artículos 2, 3, 79, 329 y 330 de la Constitución, consagratorios de los derechos de participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan y, en particular, al derecho de las comunidades indígenas y étnicas a decidir sobre su cosmovisión y autogobierno, al permitir que la CIJ adopte decisiones definitivas relacionadas con los límites de Colombia sin permitir la intervención de los ciudadanos ni la consulta de las comunidades étnicas?

 

(iii) Desconocen los artículos 9 y 189 de la Constitución, que imponen a las autoridades la obligación de proteger la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos en las relaciones internacionales -artículo 9-, y la obligación del Presidente de la Republica de defender la independencia e inviolabilidad del territorio -artículo 189.6-, en virtud del reconocimiento de jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia y de la obligación de cumplir las decisiones que ella adopte, aun cuando resulten afectando los límites del territorio?

 

(iv) Violan el artículo 226 de la Constitución que establece el deber de promover sobre bases de conveniencia nacional la internacionalización de las relaciones del Estado -artículo 226- en virtud del reconocimiento de jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia y de la obligación de cumplir las decisiones que ella adopte, aun cuando resulten afectando los límites del territorio?

 

2.2.3. Ineptitud del cargo  por violación del ius cogens y de tratados del bloque de constitucionalidad.

 

El cargo de la demanda según el cual varias de las disposiciones del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas se oponen a tratados integrados al bloque de constitucionalidad y al ius cogens -expediente D 9852-, no cumple al menos dos de las condiciones mínimas requeridas: (i) carece de certeza, dado que presupone, sin ser ello posible, que de las disposiciones acusadas se deriva una autorización para desconocer el medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, el derecho a la subsistencia, el derecho a la vivienda, entre otros derechos reconocidos en diferentes instrumentos internacionales, fundándose en un supuesto extraño al contenido de las disposiciones demandadas; (ii) en estrecha relación con ello, carece de la especificidad requerida, en tanto se limita a señalar los posibles resultados de una decisión de la Corte Internacional de Justicia, sin conseguir demostrar, más allá de afirmaciones generales, la forma en que las disposiciones acusadas podrían desconocer tales derechos y, en esa medida, los tratados en los que ellos son reconocidos. En consecuencia, la Corte se inhibirá de decidirlos.   

 

3. El alcance del control constitucional de tratados internacionales y sus leyes aprobatorias en la jurisprudencia constitucional.

 

3.1. El control constitucional de tratados y leyes aprobatorias entre 1910 y 1991 -Corte Suprema de Justicia-. 

 

3.1.1. Desde la vigencia del Acto legislativo 3 de 1910, que asignó a la Corte Suprema de Justicia la competencia para “decidir definitivamente sobre la exequibilidad de las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales”, dicho Tribunal se ocupó de si tenía o no competencia para adelantar el control de leyes aprobatorias de tratados. Sus debates jurisprudenciales pueden sintetizarse en lo siguiente: (i) negación de la posibilidad de adelantar el control judicial de constitucionalidad -inexistencia de control-; (ii) afirmación de la existencia de una habilitación extendida de la Corte para pronunciarse en cualquier tiempo por todo vicio constitucional -control pleno-; (iii) afirmación de potestad para examinar vicios de forma de la ley aprobatoria en cualquier tiempo -control formal intemporal-; (iv) ejercicio del control por vicios de fondo en determinado momento -competencia material temporal-. Estas tesis intermedias finalmente prevalecieron, como se apreciará.

 

3.1.2. En sentencia del 6 de julio de 1914, la Corte Suprema de Justicia[27] se abstuvo de decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley 14 de 1914, aprobatoria del “Tratado entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, para el arreglo de sus diferencias provenientes de los acontecimientos realizados en el Istmo de Panamá en noviembre de 1903”. La Corte señaló las razones para justificar su decisión: (i) la naturaleza especial de la ley aprobatoria, a diferencia de las leyes ordinarias, como “elemento de un acto jurídico complejo” en tanto se trataba de “la manera como una de las altas partes contratantes manifiesta su consentimiento a las estipulaciones de un pacto sinalagmático internacional”; (ii) inexistencia de una competencia para la aprobación de tratados públicos, tras advertir que el texto constitucional no preveía la participación del poder judicial en el proceso de formación de tratados,  destacando que “si a la luz de elementales principios no puede admitirse que la validez y eficacia de los pactos internacionales queden sujetas, y sobre todo sujetas de modo indefinido, a la decisión de una sola de las altas partes contratantes, es forzoso deducir que la Corte no puede acceder a la demanda promovida (…) por carecer de facultades para ello”; (iii) imposibilidad de sustraerse de las obligaciones internacionales asumidas “[m]enos aún podría la Corte declarar la inconstitucionalidad del tratado, después del canje de las ratificaciones; porque siendo un acuerdo de voluntades entre los dos Estados, no sería dable que uno solo de ellos, aún por medio de su más alto Tribunal, desatase el vínculo contraído, que a tanto equivaldría declarar inconstitucional y por lo mismo sin fuerza obligatoria la ley que lo aprobó”.

 

Concluyendo con su argumentación, indicó que aceptar su competencia para el control de constitucionalidad de leyes aprobatorias de tratados implicaba consecuencias absurdas que no se encontraban “en la mente de los que expidieron ese acto constitucional.” Los resultados absurdos que se derivarían de la declaratoria de inexequibilidad de una ley aprobatoria de un tratado cuando este hubiese sido ratificado, fueron así explicados:

 

“(…) El Gobierno y el pueblo de la Nación se hallarían en un conflicto irresoluble: de un lado, en la obligación de cumplir lealmente las estipulaciones de un pacto internacional perfecto, en la cual estaría solemnemente empeñada la fe pública; y de otro, en el deber de acatar la decisión del más alto Cuerpo judicial del país, que al declarar inconstitucional el tratado, implícitamente dispondría que no obedeciese (…)”          

 

En oposición a la tesis de la mayoría de la Corte Suprema algunos de los magistrados[28] salvaron el voto advirtiendo, entre otras cosas, que no era posible exigir el cumplimiento de un tratado que se oponía a la Constitución dado que, según un principio de derecho internacional “los tratados que violan manifiestamente la Constitución de uno de los Estados contratantes, pueden no ser cumplidos por él, exceptuándose los tratados de paz, por ser una imposición del vencedor a que no puede resistir el vencido”. Advirtieron que “desde que la Corte declarara inexequible una ley que apruebe un tratado, el Gobierno ya no estaría obligado a cumplir éste, sino a expresar al soberano del otro Estado contratante que no le sería posible cumplirlo, porque la Corte Suprema en virtud de disposición constitucional, había decidido que no era ejecutable por ser contrario a la Constitución”.  Finalmente, abordando el problema sustantivo planteado por la demanda, señalaron que la segregación de una parte del territorio no puede llevarse a cabo mediante la celebración de un tratado en tanto lo que se requería era la reforma de la Constitución. 

 

3.1.3. Posteriormente, en sentencia de fecha 6 de diciembre de 1930 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia[29] se abstuvo de decidir respecto de la exequibilidad  de la Ley 55 de 1925 mediante la cual había sido aprobado el tratado de límites con el Perú. El demandante indicaba que la norma acusada desconocía el artículo 1 del acto legislativo 3 de 1910, dado que a pesar de que tal disposición establecía en su última parte “que “las líneas divisorias de la República con las naciones limítrofes sólo podrán variarse en virtud de tratados públicos debidamente aprobados por ambas Cámaras Legislativas” esa variación no es “para entregar o regalar centenares de kilómetros cuadrados a la nación colindante”. Para concluir en la imposibilidad de adoptar una decisión, la Corte se apoyó en los argumentos que habían sido expuestos por este Tribunal en la sentencia de fecha 6 de julio de 1914 y destacó que una intervención de ese Tribunal, mediante un pronunciamiento de fondo, desconocería el principio de separación y limitación de poderes, en tanto la Constitución había radicado competencias en el trámite de celebración, aprobación y perfeccionamiento de los tratados únicamente en el Presidente y en el Congreso.  

 

3.1.4. En 1958 la Corte reorientó su posición respecto del control de constitucionalidad de tratados. En efecto, en sentencia de fecha 30 de enero de 1958[30] en lugar de abstenerse de adoptar una decisión -tal y como había ocurrido en las oportunidades precedentes- declaró exequible la Ley 56 de 1921 que, a su vez, había modificado la Ley 14 de 1914. Advirtió ese Tribunal que “[l]as leyes colombianas que aprueban tratados públicos deben, como cualesquiera otras leyes, estar bien avenidas con los cánones de la Constitución (…)”. La Corte sostuvo, en todo caso, la inexistencia de oposición alguna entre la ley examinada y la Constitución Política y afirmó que lo dispuesto en ella había sido objeto de ratificación indirecta por la reforma constitucional de 1936 “que puso al día los límites de la república”.

 

3.1.5. A pesar del giro que parecía haber dado la Corte en la sentencia de 1958, en sentencia de fecha 26 de julio de 1971[31], ese Tribunal retomó la regla de decisión que había sido fijada a partir de la sentencia de 1914. En el nuevo pronunciamiento, que exigía ocuparse de la demanda formulada en contra del Decreto 1245 de 1969 en cuyo artículo 1º  el Presidente de la República aprobó el “Acuerdo de Integración Subregional (Pacto Andino)”, la Corte se abstuvo de adoptar una decisión respecto de su constitucionalidad. A pesar de concluir que el Decreto examinado desconocía la Constitución, dado que la aprobación de tal Acuerdo le correspondía al Congreso de la República[32], señaló que no procedía un pronunciamiento. La razón de tal decisión pareció encontrarse fundada, entre otras consideraciones, en el hecho de que el Estado ya se había obligado frente a la sociedad internacional y no podría la Corte pronunciarse sobre un “acto internacional”. Advirtió en esa oportunidad:

 

“Debe reiterarse que la Corte es Juez de la constitucionalidad de los actos de derecho público interno que enumera el artículo 214 de la carta Política, y no de actos internacionales, para cuyo juzgamiento, aunque contenga elementos jurídicos de índole interna, carece de jurisdicción.

 

Desprovista de poder para juzgar sobre la exequibilidad de actos aprobatorios de tratados, esta Corporación ha de abstenerse de decidir sobre la demanda propuesta por el ciudadano James W. F. Raisbeck contra el Decreto 1245 de 1969, en cuanto imparte una aprobación de esa especie por medio de su artículo primero.”

 

La decisión adoptada -y la fundamentación contenida en la citada providencia- no fue acogida por varios integrantes de la Corte. Así, un primer grupo de jueces[33] salvó el voto, argumentando que la Corte era competente para adoptar un pronunciamiento respecto de la exequibilidad del Decreto acusado en tanto se trataba de un decreto especial cuyo juzgamiento le correspondía a la Corte. Dicho eso, afirmaron que el acuerdo objeto de aprobación consistía en “una medida conducente para el desarrollo del Tratado de Montevideo, no de un nuevo tratado, que exija el requisito exigido por el artículo 86-18 de la Constitución Nacional(…)”.

 

Además de lo anterior, suscribieron un documento titulado “comentarios adicionales” en el que exponían las razones que hacían posible afirmar la competencia de la Corte. Conforme a ello sostuvieron diversos argumentos. (i) El cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado solo resulta posible mediante una distribución adecuada de funciones entre los diferentes órganos; una distribución organizada requiere del cumplimiento de las atribuciones relativas al control jurisdiccional de las actuaciones de tales órganos; siendo ello así, a la Corte le corresponde adelantar el control, en virtud de acción ciudadana, de las leyes y los decretos con fuerza de ley lo que incluye, desde luego, las normas que aprueban tratados. (ii) El cumplimiento de los requisitos requeridos para el perfeccionamiento de un tratado demanda la intervención del Presidente y del Congreso y, en el caso de violación de tales requisitos, se impone la declaración de inexequibilidad de la norma correspondiente. (iii) La posibilidad de control constitucional ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia no solo en la sentencia de fecha 30 de enero de 1958 sino también al adelantar el examen constitucional de normas que se limitan a reflejar el contenido de un tratado. (iv) Negar la posibilidad de adelantar el control constitucional de los tratados “significaría que las facultades del Presidente de la República no solo serían supraconstitucionales, sino aún podría tolerarse la actividad anticonstitucional del Ejecutivo con la aquiescencia del guardián de la Constitución.” (v) Debe considerarse que una norma internacional solo hace parte del derecho interno cuando existe una disposición que la integra; en esa dirección “[s]i un acuerdo internacional viola la Constitución es inaplicable, aunque genere responsabilidad internacional para el Estado; o se requiere ajustar la Constitución a las normaciones del Convenio”; incluso debe considerarse que al tener los tratados la fuerza de leyes internas según lo prescrito por la Ley 7 de 1944, “cualquier funcionario puede abstenerse de aplicarlos, por la excepción de inconstitucionalidad concedida a los ciudadanos.” (vi) Prever la existencia del control de constitucionalidad permite conferirle firmeza y estabilidad a los acuerdos que se suscriban. Así pues “la violación de la Carta de un Estado por medio de un tratado público, lo hace inestable, con detrimento de la seguridad internacional.”  

 

Otro grupo de magistrados[34] señaló que la Corte sí tenía competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto demandado en atención a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 214 de la Carta. En esa dirección advirtieron que a pesar de que era cierto que a la Corte no le correspondía el examen de acciones formuladas en contra de tratados públicos “sí conoce de los actos aprobatorios de los tratados, pues éstos deben ser autorizados por leyes según lo previsto en la Constitución Política y a la Corte corresponde decidir sobre la exequibilidad de “todas las leyes”.” A partir de ello destacaron que “[l]a ley aprobatoria de un acto de esta naturaleza por no hacer parte de éste, puede ser examinada por la Corte para decir si fue expedida correctamente o si por no haberlo sido, violó la Constitución Política.” En todo caso, careciendo la Corte de jurisdicción internacional su decisión no podría tener impacto exterior a pesar de lo cual si podría surtir “los efectos internos relativos únicamente a si ha debido o no ratificarse el tratado.” Destacaron también que la competencia de la Corte para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto demandado tenía apoyo en el hecho de que no podía confundirse el decreto aprobatorio -o la ley aprobatoria- con el tratado mismo, tesis en la cual, a su juicio, “está el error que ha llevado a la declaración inconstitucional de inhibición. Finalmente y ante la preocupación relativa a los efectos que en las relaciones internacionales podría tener la tesis de la competencia, en el salvamento se decía:

 

“Tampoco es valedero el temor de que la decisión de la Corte perturbe la firmeza y confianza en los actos jurídicos de los Estados, pues ni la Corte tiene jurisdicción internacional, ni el acto juzgado hace parte del tratado, ni los efectos del mismo fallo que solo son internos, pueden afectar en manera alguna el convenio debidamente ratificado.”

     

Conforme a lo indicado sostuvieron que la Corte ha debido declarar inexequible el Decreto –en lugar de inhibirse- en tanto con su expedición había sido desconocida la competencia del Congreso de la República para aprobar o improbar los tratados.

 

También en esta oportunidad, uno de los Magistrados[35] aclaró su voto argumentando que aunque estaba de acuerdo con la tesis de la “falta de competencia de la Corte para conocer de lo que no sean vicios de forma en los tratados”, consideraba que la adopción del Acuerdo mediante decreto no desconocía la Constitución en tanto aquel “no es sino un desenvolvimiento” del “Tratado de Montevideo” y, en esa medida, no requería de una aprobación legislativa.

 

3.1.6. En sentencia de fecha septiembre 10 de 1971[36], al ocuparse de una demanda formulada en contra de varias disposiciones de la Ley 35 de 1888 por medio de la cual el Congreso aprobó el tratado celebrado entre la Santa Sede y el Gobierno Nacional, la Corte se declaró incompetente. Advirtió que no era posible el examen constitucional de un tratado internacional que ya vinculaba al Estado colombiano:

 

“Ahora debe agregar que, en tratándose de convenios o tratados internacionales, si, como se deja demostrado, ellos se entienden celebrados por el Estado Colombiano y con fuerza para comprometer todas sus instituciones, resulta contrario a los principios contractuales más obvios, al sostener que una de las partes, unilateralmente, mantenga libertad para separarse de las obligaciones contraídas. Porque a ello equivaldría unja declaratoria de inexequibilidad en este campo. En el momento en que la Corte declarara que un convenio internacional es inexequible en todo o en parte, su voz seria voz del Estado colombiano, es decir, la misma que se tuvo por bastante para obligar al país, y con idéntico poder, pero expresada por organismo diferente. Dicho en otras palabras, el Estado rompería unilateralmente sus compromisos válidamente contraídos.”

 

Sostuvo que no correspondiéndole la dirección de las relaciones internacionales, carecía de facultades para tomar una decisión que no podría eludir el Presidente de la República. Dijo que si la inconstitucionalidad fuere sobreviniente por  la introducción de enmiendas a la Carta Política, será el órgano encargado de dirigir las relaciones internacionales el que debe adoptar “las medidas conducentes al necesario reajuste de las cláusulas”. Igualmente precisó que la admisión de un control que incidiera en el carácter obligatorio de los acuerdos previamente establecidos afectaría las buenas relaciones entre los Gobiernos así como la seguridad jurídica. Una interpretación en esa dirección, desconocería que la Constitución “en tan delicado aspecto, es un instrumento de paz.” Sostuvo también ese Tribunal “que no toda presunta violación de la Carta, cae bajo su competencia” y, en esa medida, le corresponde al Presidente y al Congreso adoptar las medidas requeridas para evitar su infracción.

 

Se opusieron a la referida decisión varios magistrados de la Corte. Uno de los salvamentos[37] señaló la imposibilidad de aceptar tratados que se opusieran a la Constitución precisando, sin embargo, que cuando ello ocurriera  no podría la Corte adoptar una decisión de inexequibilidad de la ley puesto que al encontrarse estrechamente vinculados el tratado y la ley, el Estado procedería unilateralmente a pesar de ser un acto bilateral. En esos casos la Corte debería “limitar el ejercicio de la jurisdicción al examen de las mismas, llevando al conocimiento del Presidente de la República, las conclusiones pertinentes, para que este funcionario, en armonía con lo previsto en el ordinal del artículo 120 de la Carta, tome la iniciativa o las medidas del caso.” El otro salvamento de voto[38] reiteró las principales razones que justificaban la competencia amplia de la Corte, sostuvo que el único caso en que podría inhibirse o abstenerse de decidir era el relativo a la pérdida de vigencia de la norma objeto de control y aludió a casos de Cortes extranjeras que habían admitido el examen de constitucionalidad.        

 

3.1.7. En sentencia de fecha 1 de septiembre de 1983 la Corte Suprema de Justicia[39] presentó nuevamente las razones que impedían el juicio constitucional de las leyes aprobatorias de tratados y que la obligaban a abstenerse de decidir sobre la constitucionalidad de la ley 27 de 1980 “por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”.

 

Sostuvo (i) que la Constitución no le había asignado la competencia para pronunciarse sobre un tratado internacional dada “la naturaleza y rango supraestatales que tienen los tratados públicos” y el hecho de que la competencia del Presidente de la República en la dirección de las relaciones internacionales únicamente se encontraba limitada por la intervención del Congreso, (ii) que la tesis que acepta la presentación de  demandas de inconstitucionalidad en esta materia entraña la posibilidad de romper unilateralmente compromisos contraídos por el Estado, (iii) que las leyes aprobatorias de tratados no constituyen “actos de puro derecho interno” diferenciándose entonces de las leyes ordinarias, (iv) que en tanto los tratados “son fruto de una negociación internacional y no de la decisión unilateral del órgano legislativo del Estado colombiano” se encuentran “excluidas del control de tribunales nacionales”, (v) que las leyes aprobatorias de tratados, al hacer parte de un procedimiento más complejo, únicamente producen sus efectos cuando ha ocurrido el canje de notas y la promulgación prevista en la ley 7 de 1944 y solo a partir de ese momento son asimilables a las leyes ordinarias, (vi) que las leyes aprobatorias de tratados internacionales no pueden ser derogadas mediante la adopción de una ley en tanto se trata de un acto internacional, lo que implica que no son susceptibles de examen constitucional puesto que su decisión podría tener el mismo efecto, (vii) que el trámite de aprobación por parte del Congreso de la República implica “un control previo, político, específico, de constitucionalidad” lo que supone que “no hay lugar a control jurisdiccional de constitucionalidad.” Adicionalmente (viii) la sentencia excluyó la posibilidad de adelantar el control incluso antes de la ratificación del correspondiente instrumento, en tanto el tratado ya lo es desde el momento de su aprobación y la intervención de la jurisdicción afectaría la competencia del Presidente de la República[40].

 

Tal y como había ocurrido en decisiones anteriores no existió total acuerdo sobre los fundamentos de la providencia y sobre la decisión que en ella se adoptó dando lugar, respectivamente, a la presentación de aclaraciones y salvamentos de voto. Un primer grupo de jueces de la Corte[41] sostuvo que el control de constitucionalidad podría llevarse a cabo bajo la condición de que el tratado no hubiere sido perfeccionado en el derecho internacional. En ese período, el acto solo produce efectos en el orden jurídico interno y, en consecuencia, se trata de una disposición que puede ser examinada por la Corte. En el caso de ser declarada inexequible, el Presidente no podría adelantar las actividades encaminadas a comprometer definitivamente al Estado colombiano. Concluyendo con el fundamento de esta posición indicó:

 

“Entendida de tal manera la capacidad constitucional de la Corte para ocuparse de acciones de inconstitucionalidad que se promuevan sobre leyes aprobatorias de tratados internacionales, habrá de llegarse al ideal democrático de que no existan actos legislativos que escapan a ese control, como ha venido ocurriendo con respecto a tales leyes, sin que la Carta las haya excluido de la jurisdicción que genera a través de su artículo 214.”  

 

Otro magistrado[42] acompañó la misma orientación de la aclaración pero se ocupó de profundizar en las razones que justificaban la aceptación de la tesis de la competencia temporal. En un extendido análisis respecto de las relaciones entre el derecho constitucional y el derecho internacional advirtió, entre otras cosas (i) que en la actualidad se imponía un modelo “monista con preminencia del derecho internacional y del comunitario” y (ii) que en los supuestos de conflicto entre las constituciones y los tratados la solución ha dejado de estar radicada en tribunales estatales. En estrecha relación con lo anterior y advirtiendo la imposibilidad de que la Corte asumiera el juzgamiento de normas internacionales sostuvo:        

 

“En estas circunstancias, lo menos que puede hacer la Corte por contribuir a preservar no solo nuestra Constitución, sino el sistema jurídico de garantía mínima de igualdad de los Estados, y lo que al mismo tiempo más puede hacer para ayudar a fortalecerlo, es abstenerse de juzgar un tratado-ley frente a las normas nacionales que constituyen nuestra organización institucional, y que por lo demás se identifican en su dogma doctrinario universal (que no orgánico, ni institucional), con el Derecho Internacional.”  

 

En atención a la tesis expuesta señaló la posibilidad de adelantar el control constitucional antes del perfeccionamiento del tratado dado que lo que ocurriera previo a dicho perfeccionamiento “se regiría conforme al fuero y al ordenamiento internos”. Así entonces “[m]ientras aquél no haya trascendido del ámbito nacional al internacional su naturaleza jurídica es únicamente de carácter interno y no puede ser interferida ni calificada por jurisdicciones o regulaciones externas.” Al concluir su aclaración indicó:

 

“Pero la competencia nacional de juzgamiento se pierde después de perfeccionado el Tratado-ley: a partir de ese momento el acto se sale del mero ámbito del derecho interno, se “desnacionaliza”, se convierte en sello jurídico complejo y completo del compromiso estatal frente a los demás estados o a instituciones internacionales, trasciende el derecho internacional y se torna indesatable por la jurisdicción estatal, así ésta sea de constitucionalidad.”  

 

Otro grupo de magistrados salvo su voto[43]. Aunque reconocieron que la aclaración de voto referida, al aceptar la competencia temporal de la Corte, constituía un avance importante respecto de la jurisprudencia vigente, destacaron que era necesario aceptar la competencia para juzgar la validez constitucional de todas las leyes aprobatorias de tratados. El salvamento precisó (i) que el control asignado a la Corte por la Constitución es respecto de todas las leyes y las aprobatorias de tratados también lo son, (ii) que la Corte había venido avanzando en la eliminación de excepciones al control tal y como había ocurrido respecto de los actos legislativos, (iii) que resultaba insostenible, por no encontrar apoyo en la Carta, afirmar la existencia de un control político de constitucionalidad a cargo del Congreso y (iv) que la eventual declaratoria de inexequibilidad no implica una afectación del vínculo internacional en tanto ese es un fenómeno disciplinado por el derecho internacional y sometido, por ejemplo, al trámite de denuncia de los tratados[44].  

 

En uno de sus apartes más importantes advierten los magistrados:

 

“El día por lo tanto en que se acepte la competencia en casos como el que ahora se estudia, podrá decirse, que se habrá cerrado el ciclo de reafirmación de la Corte de la competencia que sin limitación alguna le otorga la Constitución, momento en el cual podrá afirmarse por último, que existirá en el país un auténtico Estado de Derecho, y una auténtica supremacía de la Constitución.”

 

Finalmente, una aclaración de voto[45] sostuvo que no era posible reconocer la existencia de una competencia de control político de constitucionalidad a cargo del Congreso y que la Corte carecía de competencia para examinar la ley demandada en tanto ese Tribunal no podría intervenir, deshaciendo, lo que otras ramas del poder habían perfeccionado en el derecho interno y, mucho menos, “si el perfeccionamiento se hizo de conformidad con el derecho internacional.”

 

La discusión suscitada en la anterior sentencia fue nuevamente planteada en la decisión de fecha 3 de noviembre de 1983. En tal oportunidad, se abstuvo de decidir respecto de una nueva demanda en contra de la ley 27 de 1980, aprobatoria del Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos. En general, las posturas  planteadas en la decisión anterior fueron reproducidas ahora aunque, en todo caso, el texto de la sentencia no incluyó la referencia al llamado control político de constitucionalidad que ejercería el Congreso de la República.

 

3.1.8. En la sentencia de fecha 6 de junio de 1985 la Corte Suprema de Justicia anuncia la revisión de su precedente relativo a la incompetencia para juzgar la constitucionalidad de las leyes que aprueban tratados. Afirmó la posibilidad de adelantar el control de leyes aprobatorias de tratados en aquellos casos en los que el vínculo internacional aún no se encontrara perfeccionado. Para eso (i) afirmó que no obstante las características de la ley aprobatorias, ellas no dejan de serlo en los términos establecidos en el artículo 214 de la Constitución puesto que aunque no establecen mandatos, prohibiciones o castigos “sí permite su perfeccionamiento, su vigencia, su ejecución”, (ii) advirtió que el examen de la ley supone la valoración del tratado mismo en tanto una y otro son inseparables y (iii) precisó que el compromiso internacional únicamente nace cuando se produce el canje de notas o el depósito de los instrumentos de ratificación y, antes de que ello ocurra, se trata de actos jurídicos imperfectos que únicamente ostentan la condición de actos de derecho público interno equivalentes a las demás leyes que adopta el Congreso. De acuerdo con esas consideraciones, entre otras, la Corte concluyó:

 

“Cuando estas –se refería la Corte a las leyes- aprueban tratados y los incluyen en si mismas con ese objeto, unas y otros, mientras no agoten el proceso de perfeccionamiento de esos pactos internacionales, permanecen en el ámbito derecho público interno, y sólo después de haber experimentado las demás secuencias constitucionales y legales que pertenecen a él, incluido el control determinado por el artículo 214 de la carta, llegarán a hacerse perfectas y lo trascenderán para producir las consecuencias previstas por el derecho que rige las relaciones interestatales”

 

Y a continuación sintetizó el alcance de la posición ahora reconocida:

 

“De tal manera en caso de que la Corte llegare a decidir la inexequibilidad de una ley aprobatoria de tratado, éste, sin que aún produzca efectos internacionales, no podrá ejecutarse lo que equivale a decir que es inexequible, en la misma medida de la ley que lo contiene, y ello no significará rompimiento unilateral a consecuencia del fallo porque el pacto en ese momento no ha culminado el curso de su formación, no constituye aún acto bilateral o multilateral perfecto, sino que apenas es expresión unilateral de un consentimiento así mismo modificable unilateralmente, de manera directa o indirecta, o por consecuencias como en el caso del fallo judicial.” 

 

En atención a que la norma demandada en esa oportunidad era la Ley 20 de 1974 que aprobaba el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos y que había entrado en vigor desde el día 4 de marzo de 1982, fecha del canje de ratificaciones, la Corte se inhibió de adoptar una decisión de mérito.

 

Las consideraciones de la Corte así como su decisión no fueron aceptadas por todos sus integrantes. En una de las aclaraciones de voto[46], que defendía la tesis de la competencia temporal pero destacaba deficiencias en su fundamentación y utilidad en el caso que se examinaba en aquel entonces, advirtió que “la sola demanda oportuna impide el sellamiento del compromiso internacional; no es que lo rompa, sino que lo enerva, bien para aplazarlo o bien para no dejarlo nacer.

 

3.1.9. El 12 de diciembre de 1986[47] la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la ley 27 de 1980 aprobatoria del Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos. Consideró que el Ministro Delegatario carecía de la competencia para sancionar una ley aprobatoria de un tratado en tanto era ella una competencia exclusiva e indelegable del Presidente de la República en su condición de Jefe de Estado y, en particular, “como Jefe o Director de las relaciones diplomáticas o comerciales con los demás Estados”.

 

Sostuvo que resultaba posible obtener un pronunciamiento de la Corte respecto de acusaciones por vicios formales planteadas en cualquier tiempo en contra de leyes aprobatorias de tratados. A partir de la consideración según la cual la ley es separable del tratado que aprueba si no se ajusta a la Constitución, planteó así la nueva tesis:

 

“El divorcio o separación que se predica de la ley con respecto al tratado para efectos de su impugnación por vicios formales, a diferencia del ataque que se haga sustancialmente, no tiene límite en el tiempo, ni subsiste hasta que el tratado sea canjeado; por el contrario, el vicio constitucional que afecta a la ley es verificable por la Corte en cualquier momento, y de él no se purga o redime por el hecho de entrar en vigencia, pues esta vigencia es precaria por la irregularidad de que adolece.”

 

Y más adelante sostuvo:

 

“Para que la ley, pueda ser tenida como parte integradora del tratado e inseparable de éste, es menester que se ajuste o adecue a los requisitos constitucionales necesarios para su existencia pues un acto que solo aparentemente ostente la calidad de ley por haberse expedido sin el cumplimiento íntegro de esos requisitos o formalidades, no es apto para cooperar en la formación del Acto Complejo y, por ende, su impugnación o juzgamiento constitucional no afecta ni se proyecta en el Ente Contractual Internacional que por el mismo motivo, no nace aún a la vida del derecho ni trasciende al ordenamiento interno.”

 

De esta forma, la Corte advirtió que la doctrina de su competencia intemporal por vicios de procedimiento respecto de tratados perfeccionados no tenía efecto sobre el contenido del tratado mismo y, en esa medida, no se oponía al precedente que había defendido hasta entonces. Y, consciente de la importancia de definir los efectos que una declaratoria de inexequibilidad en este tipo de casos supondría, concluyó:

 

“Cosa diferente sucede cuando la ley, no se ciñe a los requisitos sustanciales para su existencia, pues entonces si su texto no se integra al Acuerdo y éste, por consiguiente carece de vigencia. Es obligada inferencia de lo planteado, que ese conato de ley, estaría subordinado a la jurisdicción constitucional de la Corte y que su impugnación y eventual inexequibilidad dejarían incólume la atribución presidencial del artículo 120-20, por no haberse agotado el proceso de perfeccionamiento del Tratado, por no ser aún perfecto el concierto de voluntades entre las dos partes que los estipularon. Ello no implica un rompimiento unilateral de un Acto, cuyo consentimiento en lo que concierne a una de las partes, no se ha completado aún con el acto legal que exige su ratificación.”   

 

3.1.10. Una nueva demanda fue formulada en contra de la Ley 20 de 1974 por medio de la cual se aprobaba el Concordato y el Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede. La acusación advertía la existencia de vicios de forma en el proceso de aprobación de la ley así como defectos materiales en algunos de los artículos demandados. La Corte se pronunció el día 12 de noviembre de 1987.

 

Luego de aludir a las diferentes tesis que respecto de la competencia de este Tribunal para el control de leyes aprobatorias de tratados, la Corte estableció la vigencia (i) de su competencia intemporal por vicios de formación y (ii) su competencia temporal por vicios materiales. Respecto de esta última tesis y ante la crítica de que tal competencia dependía de la actuación del Gobierno y de su mayor o menor agilidad para llevar a efecto el canje de ratificaciones advirtió que “si la impugnación se presenta oportunamente, la Corte retiene la competencia para conocer y decidir la demanda.”

 

Al enunciar la razón de su decisión, consistente en declarar la constitucionalidad de la ley 20 de 1974 por no adolecer de vicios de forma e inhibirse para decidir de fondo, afirmó:

 

“La Corte reitera ahora las jurisprudencias del 6 de junio de 1985 y del 12 de diciembre de 1986, a las que se ha referido en las motivaciones anteriores, y concluye en el sentido de declarar la constitucionalidad de la ley 20 de 1974 en cuanto no adolece de vicios en su formación, y declarar, así mismo, que por haberse perfeccionado en debida forma el trámite del Tratado, carece de competencia para decidir sobre el fondo de la presente demanda.”    

 

Varios magistrados de la Corte salvaron su voto[48] señalando que ese Tribunal ha debido adoptar la tesis de la competencia total e intemporal. Advertían, entre otras cosas, (i) que la ley no perdía su naturaleza de tal al aprobar un tratado y, por ello, su juzgamiento constitucional era posible, (ii) que de la misma forma en que la no aprobación de un tratado no lo aniquila o concluye “menos podría extinguirlo la sentencia de la Corte que declare inconstitucional la ley que lo aprueba” y (iii) que la Constitución tenía fuerza normativa superior al derecho internacional. Sobre esto último el salvamento destacó:

 

“Si un tratado internacional contraviene el derecho fundamental interno, no se puede aplicar en el ámbito nacional ya que la Constitución es la ley suprema y los tratados están en un grado inferior de obligatoriedad con respecto a esta; de no ser así se abriría la puerta al Ejecutivo y al propio legislador para toda clase de suplantaciones constitucionales, con flagrante quebranto del artículo 120-9 que le impone al Presidente proveer a la seguridad exterior de la República “defendiendo la independencia” de la Nación.”

 

Adicionalmente y defendiendo la posición que respecto de la inhibición en este tipo de casos había sostenido la Corte desde 1914, algunos magistrados aclararon el voto[49]. Advertían, entre otras cosas, (i) que en el derecho internacional se encontraban ya previstos mecanismos para solucionar los conflictos entre el derecho internacional y el derecho interno y (ii) que la tesis relativa a la competencia de la Corte se fundaba en una posición inaceptable que presuponía “una actitud del Presidente de la República ajena por completo a los intereses superiores de la Nación y una convalidación del Congreso también marginada de los cánones fundamentales, dejando a la Corte Suprema, como la única defensora de esos grandes propósitos de salvaguardia de las normas constitucionales, con la inevitable injerencia en las cuestiones internacionales asignadas al Jefe del Estado.”                

 

3.1.11. El último de los pronunciamientos de la Corte Suprema antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 se produjo en la sentencia de fecha 9 de abril de 1991 en la que se resolvió la acusación formulada en contra de la ley 20 de 1974 y el intercambio de notas, de julio 2 de 1985, “por la cual se aprueba el Concordato y el protocolo final entre la República de Colombia y la Santa Sede”.

 

La Corte estableció la regla según la cual carecía de competencia para adoptar un pronunciamiento sobre el canje de notas acusado, dado que no estaba comprendido por los actos que le fueron asignados en el artículo 214 de la Constitución. Adicionalmente, advirtió que se trataba de un acto administrativo “encuadrado dentro de las atribuciones constitucionales que tiene el Presidente de la República de dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con los demás Estados y entidades de derecho internacional (arts.120-20).” En esa medida se trataba de una norma cuyo examen le correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa.

 

En esta sentencia, la Corte presentó las tesis que hasta el momento habían sido objeto de discusión en la jurisprudencia nacional. A ellas las denominó tesis “de la inhibitoria”, “de la competencia plena”, “de la competencia por vicios de forma” y “de la competencia temporal o intermedia”. Destacó la aceptación de la tesis de la competencia intemporal por vicios de forma concluyendo, sin embargo, que no era procedente adelantar un examen de tal naturaleza en tanto el demandante no había explicado en qué consistían. Luego advirtió que resultaba aplicable la tesis de la competencia temporal conforme a la cual podría asumir competencia para adelantar el juicio de la ley aprobatoria de un tratado si y solo si, el vínculo internacional aún no se ha perfeccionado. Así las cosas, dispuso inhibirse para decidir de fondo en tanto el Tratado cuya constitucionalidad se cuestionaba era ya un vínculo obligatorio para Colombia[50].

 

Varios magistrados salvaron el voto con el propósito de defender la competencia plena de la Corte Suprema[51]. En esa dirección señalaron (i) que era necesario distinguir entre la proyección internacional del tratado y su proyección interna, (ii) que no era posible calificar la ley aprobatoria de un tratado como una ley especial con el propósito de excluirla de la posibilidad de ser controlada, (iii)  que la declaratoria de inexequibilidad de un tratado no implica, como parece suponerlo la tesis de la competencia temporal, un rompimiento del vínculo internacional y (iv) que era imposible negar la competencia de la Corte pues ello desconocería su función de control y, en particular, el hecho de tratarse de la “voz personal y directa de la Constitución y expresión máxima de su imperio”. Afirmaron también (v) que la decisión de la Corte no implicaría invalidar el tratado aunque ella “si trascendería al ámbito del derecho internacional pero no en violación de este sino, al contrario, en su cumplimiento” dado que “si el tratado u otras normas de derecho internacional le acuerdan la capacidad para dar por terminado el respectivo instrumento, es claro que aquella actúa en el campo internacional pero en aplicación y no infracción de dicho orden” y (vi) que a pesar de que una decisión de inexequibilidad podría suscitar dificultades para la actuación del Estado en el orden internacional, suscitando incluso su responsabilidad internacional, sería esa la forma de que la Constitución quedara indemne. En la parte final del salvamento advertían:

 

“El Estado, como antes se dijo, está sometido al derecho internacional y es responsable de acuerdo con las reglas de éste, pero el mismo Estado está, más que obligado, instituido y conformado por su propia carta Política, de manera que en caso de conflicto no hay una regla superior a ambas que determine su primacía u orden de preferencia; por ese motivo y con base en el presente momento histórico, una Corte nacional como lo es esta y un Presidente Nacional como el colombiano tiene que dar prelación a su propio derecho interno, que por ahora es el único que podría indicar una solución inversa, como ocurre, por ejemplo, en algunos países europeos pero que no acontece ni por imaginación en nuestro sistema. La Constitución Política de Colombia, que es la única que en estos momentos podría hacerlo, no lo autoriza en parte ninguna hay otra en que esa jerarquía pueda invertirse.”   

 

3.2. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y el control constitucional de tratados internacionales.

 

En el diseño de las relaciones de Colombia con el sistema internacional, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 -en adelante Asamblea-, buscó establecer una regulación que garantizara la supremacía de la Constitución, la seguridad jurídica de los vínculos internacionales, la colaboración entre las diferentes ramas del poder público y la eficacia en el proceso de aprobación y perfeccionamiento de los tratados.      

 

3.2.1. Proyectos sobre el control de los tratados internacionales en la ANC.

 

Las iniciativas relacionadas con el control constitucional de los instrumentos internacionales, al discutir el modelo de juzgamiento, se ocuparon de (i) las condiciones para activar el control judicial, (ii) el alcance del examen y (iii) el momento en que debería desarrollarse. 

 

3.2.1.1. El proyecto No. 2 -Gobierno Nacional-, establecía que correspondería a la Corte Constitucional adoptar decisiones definitivas sobre la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados públicos -cuya aplicación provisional haya sido decidida por el Presidente de la República con anterioridad a la aprobación del Senado-, de las leyes aprobatorias de tratados cuando así lo soliciten 10 senadores, cuando se versen sobre los derechos humanos en todo caso, y del acto mediante el cual fuera incorporado al derecho interno un tratado internacional no sujeto a la aprobación del Senado. Igualmente, señalaba que la acción pública en contra de leyes aprobatorias de tratados solo resultaría posible antes del perfeccionamiento de estos[52].

 

3.2.1.2. El proyecto No. 6 -delegatario Diego Uribe Vargas-, asignaba a la Corte Constitucional la función de juzgar la exequibilidad de los proyectos de ley aprobatorios de tratados cuando así lo solicitara la Cámara de Representantes y,  exclusivamente, cuando dichos tratados desconocieran el Título III de la Constitución. Adicionalmente, planteaba que los tratados públicos debidamente aprobados por el Congreso y vigentes según el derecho internacional público,  tendrían jerarquía superior a las leyes y no podrían ser objeto de acción de inexequibilidad[53].

 

3.2.1.3. El proyecto No. 7 -delegatarios Antonio Navarro Wolff  y otros-, indicaba que le correspondería a la Corte Suprema de Justicia el control de las leyes aprobatorias de tratados, previo a la realización del canje de notas de ratificación[54]. A su vez, el Proyecto No. 8 -de Juan Gómez Martínez y Hernando Londoño- establecía que la Corte Constitucional decidiría sobre la constitucionalidad de los tratados o convenios, antes de ser presentados al Congreso, para su ratificación. Adicionalmente se proponía permitir que en virtud de la acción pública de inconstitucionalidad y únicamente por vicios de procedimiento, la Corte se pronunciara sobre la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados antes de producirse el canje de los instrumentos para su ratificación[55].

 

3.2.1.4. La delegataria María Teresa Garcés -proyecto No. 27- proponía asignar a la Corte Constitucional la competencia para decidir directamente sobre la exequibilidad de los tratados y de sus leyes aprobatorias, previendo la obligación del Gobierno de remitir esos instrumentos a la Corte dentro de los seis días siguientes a su sanción. Además de ello prohibía su ratificación en caso de ser declarados inconstitucionales[56]. El constituyente Alfredo Vásquez Carrizosa sugería -proyecto No. 29- institucionalizar una instancia de revisión de constitucionalidad de los tratados, convenios o acuerdos internacionales en los cuales la Nación fuera parte contratante. Dicha instancia podría ser promovida ante la Corte Constitucional por el Presidente de la República, los miembros del Congreso Nacional o cualquier ciudadano, una vez firmado el instrumento internacional, pero antes de la ratificación del mismo. Una vez ratificado, disponía el proyecto, sería improcedente tal instancia[57].

 

3.2.1.5. La Corte Suprema de Justicia -proyecto No. 56- establecía que tal Corporación tendría a su cargo el examen de los actos del Congreso aprobatorios de tratados públicos, para decidir si unos y otros se ajustaban a la Constitución. Para ello el Gobierno estaría obligado a pasar a la Corte, el día siguiente a la sanción del acto aprobatorio del tratado, el texto oficial correspondiente y, en defecto de tal remisión, podía ser aprehendido de oficio[58]. El Consejo de Estado proponía -proyecto No. 58- que estaría a cargo de la Corte el control constitucional directo de los tratados y de las leyes que los aprueban, antes del canje de notas o del depósito de ratificación[59].

 

3.2.1.6. El delegatario y expresidente de la República Misael Pastrana Borrero -proyecto 67-  preveía como atribución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  la de resolver definitivamente sobre la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados públicos o convenios internacionales aprobados por el Senado y antes de ser sancionados por el Presidente de la República; disponía, además, que el Presidente de la República remitiría, una vez votadas, las leyes aprobatorias de los tratados o convenios a la señalada Corporación, pudiendo la Corte, en defecto de tal envío, aprehenderlas de oficio[60]. El delegatario constituyente Guillermo Plazas Alcid -proyecto 57- sugería como atribución de la Corte Constitucional la decisión definitiva sobre la constitucionalidad de tratados públicos, antes de que se produjese su ratificación, de acuerdo con el derecho internacional.

 

3.2.1.7. El proyecto No. 113 presentado por los delegatarios Alfredo Vásquez Carrizosa y Aída Abella, indicaba que le correspondía a la Corte Suprema decidir sobre la constitucionalidad de leyes aprobatorias de tratados antes de que ocurriera su canje de notas de ratificación[61]. En el proyecto No. 108 de Ignacio Molina y otros, se indicaba la Corte Constitucional decidiría definitivamente sobre la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados o convenios, luego de sancionados por el Presidente, pero antes del canje de notas o del depósito de los instrumentos. Se señalaba que con ese propósito, el Gobierno debía enviar las leyes aprobatorias al día siguiente de su sanción y, en caso de incumplirse tal obligación, podría la Corte aprehenderlos de oficio[62].

 

3.2.1.8. En el proyecto No. 124 del delegatario Hernando Herrera Vergara, se asignaba a la Corte Constitucional la competencia de decidir sobre la constitucionalidad de los tratados públicos que hayan sido concluidos por el Gobierno, antes de su aprobación por el Congreso[63]. Finalmente, en el proyecto No. 126, el delegatario Antonio Galán Sarmiento proponía como atribuciones de la Corte Constitucional decidir sobre la inconstitucionalidad de los tratados o convenios antes de ser sometidos a consideración del Congreso[64]

 

3.2.1.9. El examen del contenido de los proyectos pone de presente el planteamiento de diferentes opciones regulatorias. Así, en relación con las condiciones de activación del control, las propuestas se movían entre: (i) la necesidad del ejercicio la acción pública, (ii) la existencia de una legitimación especial para activar la competencia de la Corte radicada únicamente en algunos órganos y (iii) la procedencia de un control automático de constitucionalidad. En lo relativo a la oportunidad del control constitucional las propuestas se alternaban entre un control (i) anterior a la presentación del tratado para su aprobación en el Congreso, (ii) posterior a la aprobación por parte del Congreso pero previo a la sanción de la ley por el Presidente, y (iii) posterior a la referida sanción presidencial pero antes del correspondiente canje de notas o del depósito de los instrumentos. Finalmente, al ocuparse del objeto de control, los proyectos se orientaban a: (i) establecer que el control debía recaer en la ley aprobatoria, (ii) a definir que el control comprendía también el tratado, o (ii) a disponer que ambos instrumentos habrían de examinarse. Fue en el marco de la discusión de los modelos de control y del debate acerca del órgano titular de las funciones de revisión constitucional, donde tuvieron lugar las discusiones constituyentes acerca de la regulación constitucional de esta materia que, como se vio, había sido objeto de examen por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.   

 

3.2.2. Propuestas normativas en la ANC de 1991.

 

3.2.2.1. En  la Ponencia relativa al “Control de constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado” -delegatarios María Teresa Garcés Lloreda y José María Velasco Guerrero- se hizo una síntesis de las propuestas de los diferentes proyectos de reforma. El informe destacaba la existencia de criterios encontrados en relación con el momento en que debía efectuarse el control, y proponía que se ocupara no solo del contenido del tratado sino también de su ley aprobatoria, después de haber sido ella sancionada. Este esquema permitiría el control definitivo tanto de la forma como del contenido garantizando, en consecuencia, la seguridad jurídica; y en el evento de declarar la inconstitucionalidad  no sería posible la ratificación o el canje de notas[65]. El informe proponía asignar a la Corte Constitucional el control de tratados en los siguientes términos:

 

“Decidir directamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben; con tal finalidad el gobierno los remitirá a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes al de la sanción de la ley. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados.”[66]

 

3.2.2.2. Es importante advertir que el delegatario José María Velasco[67] propuso una redacción diferente de esta atribución. El texto fue el siguiente:

 

“Examinar los actos del Congreso aprobatorios de Tratados Públicos para decidir definitivamente si tanto estos como aquellos se ajustan a la Constitución. (…)”

 

De acuerdo a la propuesta con la que concluía el citado informe, el control de la Corte no requería para su activación del ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, comprendía la ley aprobatoria así como el tratado y se erigía en una condición para el perfeccionamiento del vínculo internacional. Se empezaban entonces a delimitar tres rasgos del juicio que, para este tipo de casos,  habría de consagrar la Constitución: se trataba de un control (i) automático; (ii) integral en tanto abarcaba, sin restringir el tipo de vicios objeto de examen, el tratado y su ley aprobatoria; y (iii) determinante del perfeccionamiento del vínculo internacional.

 

3.2.2.3. En la sesión de fecha 29 de abril de la Comisión Cuarta, a pesar de existir un relativo acuerdo en relación con la necesidad de someter los tratados a un control político y a un control jurídico, se discutió la oportunidad de cada uno de los controles y las condiciones bajo las cuales el examen judicial contribuiría de mejor forma a la “economía procesal”. Como se derivaba ya de los proyectos presentados, un sector sostenía que el control de constitucionalidad debía desplegarse antes de la aprobación del Congreso, al paso que otro defendía la idea de que ese control se produjera únicamente sancionada la ley. Uno de los apartes de la discusión quedó registrado en el Acta No. 21[68] de la citada Comisión, así:

 

“Se procede a dar lectura al numeral 6 del artículo 2 contenido en la ponencia comentada, luego de lo cual hace uso de la palabra el Dr. Armando Holguín para afirmar su tesis en virtud de la cual los tratados internacionales deben contar con dos tipos de controles, uno de índole política, ejercido por el Congreso, y otro de naturaleza jurídica, en cabeza de la Corte. Prohijando la postura del H. Constituyente Hernando Londoño, afirma que primero debe darse el control jurídico, previo. Tal punto es reiterado por el Dr. Londoño quien toma la palabra, aduciendo además a que la Corte pueda aprobar una parte del tratado pero no todo el tratado, por sujeción al orden constitucional.

 

“Intervino entonces la Dra. María Teresa Garcés, sosteniendo que estos tópicos estaban siendo tratados en la Comisión Primera. Afirmó además que se convertía el texto propuesto en mayor garantía para el país, toda vez que aquel implicaba una colaboración y un compromiso entre las tres ramas del poder público, al momento de definir el marco de las relaciones internacionales de la Nación. En su concepto vale la pena insistir en el control previo a la ratificación del tratado, sosteniendo que es cuestión de economía procesal el determinar si el control debe ejercerse antes o después. Si el tratado va primero a la Corte, al salir aprobada la ley por parte del Congreso, aquella podrá ser objeto de nueva acusación de inconstitucionalidad, por ejemplo por vicios de procedimiento en su formación; con ello se le restaría seguridad jurídica al sistema. El esquema propuesto en la Ponencia es más expedito y apropiado, conforme a una participación más armónica y conexa de las ramas del poder.”

 

Y más adelante, señala el Acta lo siguiente:

 

“(…) Toma la palabra el Dr. Hernando Londoño para afirmar que el riesgo al cual alude la Dra. María Teresa Garcés, en frente de los vicios de la ley aprobatoria, es apenas una hipótesis, por ejemplo frente a vicios de procedimiento. Brinda una mayor celeridad el control previo, pues la Corte está llamada a abrir el camino del tratado en el Congreso de la República. Es entonces mejor esta fórmula, primero el ejercicio de un control jurídico y luego el desarrollo del llamado control político, bajo la actuación del Congreso. (…)”

 

Las discusiones así desarrolladas sugirieron dos tesis respecto de la oportunidad para adelantar el control, pero también destacaron asuntos, puestos de presente en el Informe Ponencia, relativos a la importancia de la participación de las tres ramas del poder en el proceso de aprobación y perfeccionamiento del vínculo internacional, como al alcance del control de la Corte, siendo posible una decisión de inexequibilidad total o parcial. Sometido a votación de la Comisión fue aprobado el siguiente texto:

 

“Decidir directamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben; con tal finalidad el gobierno los remitirá a la Corte dentro de los seis (6) días siguientes al de la sanción de la ley. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados.”  

 

3.2.2.4. En el Informe ponencia para la Sesión Plenaria[69], le era atribuida a la Corte la competencia para decidir directamente sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprobaren antes del correspondiente canje de notas. Según la ponencia “se trata de dar una mayor seguridad jurídica a la comunidad con relación a la conformidad de los tratados con las normas de la Carta[70]. Y, a continuación señalaba:

 

“(…) Con este procedimiento se garantiza el control político por parte del Congreso y el control jurisdiccional por la Corte Constitucional, con anterioridad a la adquisición de compromisos internacionales por el Gobierno Nacional.

 

Aunque algunos proyectos han propuesto que ese control se ejerza con anterioridad al trámite de la ley por el Congreso, se consideró por parte de la Comisión la conveniencia de que se efectúe en forma automática, una vez aprobada la Ley, para que el mismo pueda versar tanto sobre el contenido del Tratado como sobre los aspectos formales de su ley aprobatoria. (…)”[71]

 

3.2.2.5. En la Sesión de fecha 24 de mayo de 1991, en la que se formularon propuestas sustitutivas de diferente alcance, tuvo lugar un importante debate que dio lugar a que se destacara, entre otras cosas, la importancia del control automático como forma de garantizar la supremacía de la Constitución y de promover la estabilidad de los vínculos internacionales. Uno de los intervinientes señaló:

 

“(…) Pienso que es preciso por lo siguiente, Señor Presidente, en el texto que se nos trae a consideración solamente habría un control de constitucionalidad sobre el contenido de los tratados, control que yo encuentro absolutamente necesario, independientemente de que este se desarrolle de manera automática o por acción ciudadana a través del ejercicio de la acción ciudadana; yo pienso que de todas maneras este control es necesario para que los tratados constitucionales que firma el presidente se atengan en su contenido a la constitución, (…) Pienso que hay que revisar el contenido de los tratados pero también hay que revisar la forma de los decretos que dan lugar a esos tratados, y quiero recordar que por un vicio de forma y no de contenido la Corte Constitucional hace poco tumbó a llevó al piso hace algún tiempo el tratado de extradición con los Estados Unidos, fue por un vicio de forma no de contenido. (…) Pienso que debemos curarnos en salud… después de aprobado por el Congreso, el respectivo tratado, éste pasaría a cumplir con el control de constitucionalidad que implicaría el control de su contenido y el control de su forma, de manera que luego con todos los requerimientos el Presidente de la República puede entrar, ahí sí, a firmar el tratado. (…) Creo entonces, Señor Presidente, muy atinada la fórmula de la Comisión Cuarta, anuncio que voy a mantener y a votar a favor de esta fórmula, creo que es la que más le convienen a esta Constitución que estamos tratando de aprobar, con un control de Constitucionalidad muy exacto, muy fuerte y que pueda realmente cubrir con esta Constitución todos los actos del gobierno y del órgano Legislativo. (…)”[72] (Subrayas no hacen parte del texto)

 

En esa misma sesión otro de los delegatarios indicó:

 

“(…) Señor Presidente, quisiera de manera muy puntual referirme a algunos artículos (…) quisiera comenzar por el que hace referencia al control de constitucionalidad de los tratados. Aquí lo que está implícito es el tema del monismo o dualismo del derecho internacional, es decir, si nosotros como se propone por el Doctor Augusto Ramírez Ocampo, consagramos que las disposiciones de los tratados internacionales vigentes prevalecen sobre todas las normas jurídicas internas, o si optamos por lo contrario, (…) que la norma suprema es la Constitución y que como dijera alguna vez el ex presidente Alfonso López Michelsen, es imposible reformar la Constitución mediante tratados. Este tema de cierta manera es anticuado, porque ya ha sido resuelto por la Convención de Viena sobre los tratados, cuando habla de las relaciones entre los tratados internacionales y el derecho interno, pero me parece que una norma que consagrara, como lo acabó de insinuar el Doctor Juan Carlos Esguerra, el control automático de constitucionalidad, que iría inmediatamente después de que la ley ha sido sancionada por el Presidente de la República y antes de que se haga el cambio de notas sería la solución exacta para este punto. (…)”[73](Subrayas no hacen parte del texto)

 

3.2.2.6. Otra de las intervenciones defendía el establecimiento de un control automático precisando que, después de materializado, impediría el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Sobre el particular señaló:

 

“(…) Es que no sería una acción de inconstitucionalidad, una acción ciudadana, sería un control automático y desde luego después de que lo apruebe el Congreso y que lo firme inclusive el Presidente de la República, y es ley, pero todavía no viene el canje de notas, entonces se somete al control de constitucionalidad, se evita que la Corte sea colegisladora, entonces dice la Corte sencillamente sobre el contenido del tratado y sobre su formación jurídica, si se adhiere a la Constitución. Entonces ya tranquilamente se puede hacer el canje de notas sin peligro ninguno de que pasado mañana alguien promueva la acción ciudadana y obtenga exactamente la inconstitucionalidad del que eso si es perjudicial. De manera que a mi si me parece que primero debe ir al control político del Senado y posteriormente a la Corte antes del canje de notas, correcto, a ese control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de justicia. En eso sí yo entiendo bien su planteamiento, hay un punto único en el cual discrepo y es que yo no sería partidario de que después pudiera interponerse la acción de inconstitucionalidad contra la respectiva ley, si ya hubo el control automático de constitucionalidad, yo creo que eso debería quedar de ese tamaño (…)[74]. (Subrayas no hacen parte del texto)

 

3.2.2.7. Luego de destacar algunas de las variaciones que tuvo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en relación con el control de tratados, uno de los intervinientes indicó:

 

“(…) Pero definida como la definimos nosotros, la supremacía de la Constitución, como ley fundamental y primera del Estado, cuando dijimos que la Constitución es norma de normas, pues debía de salir inmediatamente un artículo que hiciera que los tratados públicos tuvieran que someterse en su contenido y en su forma final o en la forma de ley aprobatoria, al control de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional (…)”

 

En otra intervención, uno de los delegatarios  destacó la importancia de la regla de control automático que había sido definida:

 

“Del mismo modo nos parece que la solución que ha venido aflorando en torno al tema del control jurisdiccional materia de tratados públicos, es una buena solución, el tema del control automático en materia de tratados resuelve la mayor parte de las inquietudes que se habían venido suscitando en la doctrina nacional, en torno a este tema particular, y la adición anunciada hoy por la constituyente María Teresa Garcés, nos parece que es una síntesis, admirable, que permite darle un tratamiento particularmente práctico, flexible, adecuado a este problema.(…)”[75]           

 

3.2.2.8. Una intervención adicional destacaba las virtudes de un control automático que comprendiera, no solo el tratado, sino también su ley aprobatoria:

 

“En la Comisión Cuarta se aprobó como atribución de la Corte Constitucional el control jurisdiccional automático en forma directa por la Corte Constitucional de todos los tratados internacionales, el planteamiento que se hizo para determinar esta disposición fue que todos los compromisos internacionales del país deben tener un doble control, control político por el congreso, el cual se traduce en la expedición de una ley y el Presidente una vez que sancione esta ley debe enviar a la Corte Constitucional dentro del término de seis días la ley, para que la corte en una forma muy rápida dictamine sobre la constitucionalidad tanto del contenido del tratado como del procedimiento de la ley, o sea; de lo que se trataría con este control automático es de que absolutamente todos los compromisos internacionales del país gocen de absoluta seguridad jurídica, tanto para los nacionales colombianos como en la relaciones exteriores del país con relación a los demás países. Entonces el único procedimiento que encontramos para que quedara esta absoluta seguridad jurídica era no dejar al vaivén de posibles demandas posteriormente la ley, o sea si se había respetado el procedimiento indicado en la constitución para dictar la ley y si el contenido del tratado se adaptaba a la Constitución; de manera que cualquier tratado internacional que se expida, pues si se cumplen en forma automática estos controles, tendría las participaciones de las tres ramas del poder público; cuando se expide la decisión de constitucionalidad por la Corte Constitucional inmediatamente el presidente de la república procedería a realizar el canje de notas, o sea que ya habría un compromiso de la totalidad de las ramas del poder público con ese tratado; (…)”[76]  

 

3.2.2.9. Finalmente, el texto aprobado en Primer Debate –el 28 de mayo de 1991- según se publicó en la Gaceta Constitucional No. 109, fue del siguiente tenor:

 

         “Son funciones de la Corte Constitucional (Corte Suprema de Justicia):

Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis (6) días siguientes al de la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados.

 

Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la corte Constitucional (Corte Suprema de Justicia), el presidente de la República solo podrá manifestar el consentimiento en obligarse formulando la correspondiente reserva”

 

3.2.3. Ponencia votada en segundo debate de la ANC.

 

3.2.3.1. La ponencia en materia de Administración de Justicia para segundo debate presentada por la constituyente María Teresa Garcés, además de insistir en la creación de la Corte Constitucional, destacaba varias modificaciones respecto de la Constitución prexistente, en materia de control constitucional. En esa dirección “el proyecto añade a las actuales las de juzgar la Constitucionalidad de las reformas constitucionales por vicios de forma, de los referendos y asambleas constituyentes, también por vicios de procedimiento en su formación y de las consultas populares del orden nacional. Además, la de pronunciarse sobre las excusas de quienes no concurran a las citaciones de las Comisiones Legislativas y la de control de los tratados y las leyes aprobatorias de los mismos.”[77] 

 

3.2.3.2. A su vez, la codificación del articulado  de la Constitución para segundo debate presentado por la Comisión Codificadora[78], establecía en el artículo 250 y entre las funciones de la Corte Constitucional, la consistente en decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Según el numeral 10, con dicho propósito “el Gobierno los remitirá a la Corte dentro de los seis días siguientes al de la sanción de Ley”. Se establecía también la posibilidad de que cualquier ciudadano interviniera para defender o impugnar la constitucionalidad, disponiendo que la declaración de constitucionalidad era una condición para que el Gobierno procediese con la ratificación. Adicionalmente, en el evento en el que una o varias de las disposiciones de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles, el Presidente solo podría manifestar el consentimiento de obligarse formulando la correspondiente reserva. 

 

3.3. El control constitucional de leyes aprobatorias de tratados internacionales a partir de 1991 -Corte Constitucional-.

 

La Constitución de 1991 atribuyó a la Corte Constitucional, mediante la fijación de una regla general (supra II, 1.1.1), la competencia para adelantar el control de leyes aprobatorias de tratados y del tratado en ella incorporado, con fundamento en el deber confiado a esta Corporación de asegurar la integridad y supremacía de la Carta (C.P, artículos 4 y 241) y para lograr la adecuada inserción de Colombia en el escenario internacional (C.P, artículo 9). La posición jurisprudencial de la Corte ha tomado nota de la evolución que precedió la vigencia de la Constitución de 1991 y de las novedades incluidas en su texto, siendo diferentes los supuestos sobre los cuales la Corte ha consolidado su competencia, como se expresa a continuación.

 

3.3.1. Control de tratados aprobados por una sola cámara legislativa al promulgarse la Constitución del 91 -artículo 58 transitorio constitucional-.

 

3.3.1.1. El artículo 58 transitorio de la Constitución autorizó al Gobierno Nacional para ratificar los tratados que hubieren sido tan solo aprobados por una de las Cámaras del Congreso de la República. Al respecto, la Corte se ocupó de establecer si lo dispuesto en el referido artículo implicaba, además de la incompetencia del Congreso para adelantar el control político completo, (i) la improcedencia del control constitucional jurisdiccional sobre ellos, y, (ii) la procedencia de una ley aprobatoria de tales tratados después de la vigencia de la Constitución de 1991.

 

3.3.1.2. Al abordar la primera de tales cuestiones, la Corte concluyó que la disposición transitoria, al limitar parcialmente el control político de los tratados aludidos en el artículo 58 transitorio de la Constitución, no eliminó su control judicial. Respecto de su competencia para ejercer tal control, señaló en la sentencia C-477 de 1992[79]:

 

“La expedición de la Carta Política de 1991 modificó sustancialmente los elementos normativos sobre los cuales habían sido elaboradas las expuestas concepciones en torno al  juzgamiento de las leyes aprobatorias de tratados internacionales y, más aún, el de estos considerados en sí mismos, pues se pasó de un texto en el que, si bien se facultaba el control de manera genérica sobre todas las leyes, no se mencionaban expresamente esta clase de actos, a una norma -la del actual artículo 241, numeral 10- que contempla precisamente la función jurisdiccional de "decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben".”(Negrillas son del texto original)

 

Y más adelante sostuvo:

 

“Así, pues, al interpretar los artículos 241, numeral 10 y Transitorio 58 de la Constitución Política, tanto el criterio sistemático como el literal y el contextual, el teleológico y el subjetivo inducen a concluir, como lo hace la Corte Constitucional, que los tratados o convenios internacionales que no alcanzaron a completar la integridad del trámite en el Congreso, por haber cesado éste en sus funciones al principiar la vigencia de la Constitución de 1991, fueron relevados de la culminación de ese trámite, pero no lo fueron del procedimiento de control de constitucionalidad, a cargo de esta Corporación, sin surtirse el cual no está permitido al Presidente de la República efectuar el canje de notas o ratificaciones.

 

En virtud de lo dicho, la Corte Constitucional, apartándose del criterio esbozado por el Procurador General de la Nación, considera que tiene competencia para resolver sobre la constitucionalidad del Convenio al que se refiere este proceso y estima que le corresponde hacerlo de manera integral, es decir que debe pronunciarse tanto sobre los aspectos formales como en relación con el contenido material del tratado para verificar si se ajusta a las prescripciones constitucionales.”

 

Esa regla de decisión, que fue reiterada en las sentencias C-504[80], C-562[81], C-563[82], C-564[83], C-574[84] y C-589[85], todas ellas de 1992, implicó el ejercicio de una competencia atípica, en tanto no se encontraba expresamente contemplada en el artículo 241 de la Carta que asignaba a la Corte el examen de los tratados que contaran con leyes aprobatorias. En todo caso, la Corte destacó que existían razones históricas, teleológicas y sistemáticas que permitían fundamentar su competencia para adelantar el control constitucional: (i) la Asamblea Nacional Constituyente había discutido y aprobado un sistema de control previo, automático e integral de todos los tratados; (ii) tal control se articulaba adecuadamente con el propósito que en materia de internacionalización se derivaba de la Carta; y (iii) permitía salvaguardar el principio Pacta Sunt Servanda, reconocido en la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” y en la costumbre internacional[86]. El fundamento de su competencia, aún en ausencia de ley aprobatoria, fue sintetizado por este Tribunal en la sentencia C-563 de 1992, al indicar:

 

“Exonera el artículo transitorio la intervención del poder legislativo en la celebración de esos tratados, parcialmente, al permitir, de manera expresa, que estos sean ratificados cuando hubiesen sido aprobados al menos por una de las dos Cámaras del Congreso. No asiste la razón al Procurador General al sostener que el Constituyente exoneró del control de constitucionalidad a los acuerdos a que se refiere el artículo 58 transitorio, no sólo en razón de que al querer exceptuarlos de ese requisito ordinario ha debido manifestarlo expresamente, cosa que no hizo, sino, que una tal excepción tácita, como lo pretende el Agente del Ministerio Público, sería contraria a la concepción consagrada en la nueva Constitución (artículos 4o., 9o. y 241 numeral 10) según la cual, los tratados que se vayan a celebrar, en adelante, deben ser declarados exequibles por esta Corporación. Sin embargo no puede entenderse este criterio en el sentido de que los tratados debidamente concluidos, puedan ser desconocidos de manera automática, cuando resulten contrarios a la Constitución. Este último criterio encuentra fundamento constitucional en el propio numeral 10 del artículo 241, que al señalar la oportunidad para revisar la constitucionalidad de los tratados, la dispuso para el momento inmediatamente anterior a la ratificación de los mismos; de lo que debe colegirse que no puede adelantarse después de este paso que, es la manifestación última del Estado en el plano internacional, sobre su voluntad de comprometerse con el convenio; lo cual es acorde con el artículo 9o. de la C.N. cuando dispone que las relaciones exteriores se fundamentaran en el "reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia" (Subrayas no hacen parte del texto original).

 

3.3.1.3. La segunda cuestión, relativa a la posibilidad de que el Congreso elegido en vigencia de la Constitución de 1991 expidiera leyes aprobatorias de los tratados contemplados en el supuesto del artículo 58 transitorio, condujo a este Tribunal a preguntarse si lo allí dispuesto implicaba una prohibición de aprobación legislativa o, únicamente, una permisión para no hacerlo.

 

En la sentencia C-084 de 1993, al ocuparse del examen de la ley 8 de 1992 por medio de la cual se aprobaba el “Acuerdo sobre Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo suscrito en Belgrado el 13 de abril de 1988”, que ya había sido aprobada por una de las cámaras antes de la promulgación de la Constitución del 91, la Corte dijo:

 

“El artículo 58 transitorio de la CP autorizó al Gobierno Nacional para ratificar los tratados o convenios celebrados que hubiesen sido aprobados, al menos, por una de las cámaras del Congreso de la República. Mediante esta norma excepcional, el Constituyente expresamente introdujo una dispensa del trámite legislativo ulterior en relación con los referidos tratados. Respecto a estos tratados, sólo cabe la fase siguiente de su ratificación por el Gobierno Nacional. La prosecución del trámite legislativo y la previa no improbación decidida por la Comisión Legislativa Especial, no solo resultan innecesarias sino que carecen de fundamento constitucional, pues la eventual decisión negativa no habría impedido su posterior ratificación y la afirmativa recaería sobre un tramo del íter formativo del tratado internacional suprimido excepcionalmente por el Constituyente.

 

4. La función de ratificar los tratados aprobados por el Congreso, luego de efectuada la revisión constitucional de rigor, corresponde en todo tiempo al Presidente de la República. El Constituyente, en la norma transitoria, se limita exclusivamente a poner término a la fase legislativa, siempre que se hubiese aprobado el tratado por una de las dos cámaras. De ahí que si esta condición se ha cumplido, como acontece en el presente caso, se ingrese en la órbita de competencias permanentes del Ejecutivo (CP arts 189-2 y 241-10). En este momento cualquier actuación del Congreso - aprobando o improbando un tratado o convenio - desborda el marco de sus competencias constitucionales y se inmiscuye en las privativas del Presidente.”

 

Con fundamento en tales consideraciones, concluyó que la ley aprobada se oponía a la Constitución y dispuso declararla inexequible. Esta declaración no comprendió al tratado aprobado en tanto ya lo había declarado conforme a la Constitución, al ejercer la competencia a la que se aludió previamente. Este planteamiento fue seguido por la Corte Constitucional en las sentencias C-085[87], C-086[88], C-087[89] y C-088[90], todas ellas adoptadas en el año 1993. En esta última presentó una síntesis de su posición en los siguientes términos:

 

“A juicio de esta Corte, tanto el Congreso como el Presidente de la República desbordaron sus competencias constitucionales al pretender expedir -el primero- y sancionar -el segundo- leyes sobre materias que, sustraídas expresamente de los procedimientos ordinarios de actuación de tales poderes, el Constituyente sometió a un especialísimo proceso de gestación, tal como el previsto en el artículo 58 transitorio respecto de los tratados y convenios internacionales que, al momento de entrar a regir la nueva Carta Política ya hubiesen sido aprobados por una de las dos Cámaras.

 

En esas condiciones, mal podían el Senado y el Presidente de la República hacer caso omiso del mandato constitucional citado, y proseguir con el trámite de aprobación y de expedición de la referida ley. Dicho proceder comporta ostensible transgresión a la disposición transitoria No. 58 de la Carta, razón que siendo de por sí suficiente para declarar la inexequibilidad de la ley, hace inútil que la Corte Constitucional se ocupe de cualquier consideración adicional.”

 

3.3.1.4. Según lo expuesto, las reglas adoptadas por la Corte en estas decisiones fueron las siguientes:

 

(i) El artículo 58 transitorio permite que el Presidente proceda a perfeccionar el vínculo internacional de los tratados aprobados por una de las Cámaras del Congreso de la República.

 

(ii) Esa permisión supone, al mismo tiempo, una prohibición de aprobación legislativa del tratado internacional correspondiente. Sin embargo, se ordena adelantar el control judicial correspondiente, antes de la ratificación, con base en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución y en la obligación se asegurar su integridad y supremacía.

 

(iii) Dada la incompetencia del Congreso de la República para aprobar los tratados internacionales a los que alude el artículo 58 transitorio de la Constitución, las leyes que tengan ese objeto se oponen a la Constitución sin perjuicio del examen que, en cada caso, se hubiere hecho del tratado internacional correspondiente.  

 

3.3.1.5.  El control automático ejercido por este Tribunal, en el caso de los tratados que de acuerdo con el artículo 58 transitorio no requerían de una ley aprobatoria, confirma que, bajo ninguna circunstancia, los tratados no perfeccionados puedan entrar en vigor internacional sin el examen de su compatibilidad con la Constitución. Asumir esta competencia, incluso sin que dicho evento encuadre expresamente en el numeral 10 del artículo 241 -al no existir ley aprobatoria-, se erige en una manifestación de la importancia que al control de tratados le asignó el Constituyente.     

 

3.3.2. Control de leyes aprobatorias de tratados expedidas en vigencia de la Constitución de 1886 y sus reformas, no ratificados.

 

3.3.2.1. En la sentencia C-664 de 2013, este Tribunal se ocupó de examinar la constitucionalidad del “Protocolo Relativo a la prohibición de empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos” suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, el 17 de junio de 1925 y de la Ley 10 de 1980 que lo había aprobado. Consistía en un tratado no perfeccionado internacionalmente por Colombia, cuya ley aprobatoria había sido adoptada en vigencia de las normas constitucionales que precedieron a la actual.

 

3.3.2.2. La Corte concluyó que se encontraba habilitada para pronunciarse, con fundamento en el numeral 10 del artículo 241. Señaló: (i) que no era posible integrar al ordenamiento un instrumento internacional opuesto a las disposiciones constitucionales, ya fuera por la existencia de vicios de fondo o por la configuración de defectos procedimentales en la formación de la ley aprobatoria; (ii) que en virtud del deber de cumplir los compromisos internacionales resultaba imprescindible adelantar el examen de constitucionalidad, en tanto el respeto de la Carta es una condición necesaria para que el Estado pueda acatar el contenido de tales instrumentos; (iii) que no es posible derivar de la Constitución una regla que establezca una excepción al control constitucional de disposiciones legales, mucho menos cuando el objeto de ellas es la aprobación de un tratado; y (iv) que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado procedente adelantar el juicio de constitucionalidad, aun en aquellos casos en los cuales se produce una remisión tardía por parte del Gobierno Nacional 

 

3.3.2.3. Afirmada su competencia en virtud de la remisión que del tratado y de la ley aprobatoria hizo el Gobierno, la Corte destacó que el control a su cargo comprendía no solo los eventuales vicios de fondo sino también los vicios de forma, no siendo posible la aplicación analógica de la regla de caducidad por  vicios de procedimiento prevista en el numeral 3 del artículo 242. Adicionalmente señaló que el parámetro de control para adelantar el juicio de validez formal se encontraba constituido por las normas de la Constitución de 1886 vigentes al momento de expedición de la ley, al paso que el examen material debía hacerse teniendo en cuenta las normas de la Constitución de 1991.

 

3.3.2.4. Precisado así el fundamento de su competencia, la Corte adelantó el examen y declaró la constitucionalidad del tratado remitido, así como su ley aprobatoria. La regla de decisión establecida garantizaba, una vez más, que todos los tratados no perfeccionados fueran examinados de manera integral y definitiva,  antes de que el Estado asumiera cualquier compromiso internacional. De esta forma, aunque se trataba de una ley anterior a la Constitución de 1991, no podía escapar al juicio enunciado en el numeral 10 del artículo 241. 

 

3.3.3. Control leyes aprobatorias de tratados posteriores a 1991, no remitidos a la Corte Constitucional.

 

3.3.3.1. Conforme a la regla general de control de tratados -numeral 10 del artículo 241-, el Presidente de la Republica tiene la obligación, luego de sancionada la ley, de remitirla en el término de los seis días siguientes a fin de que la Corte adelante el examen de constitucionalidad correspondiente.

 

3.3.3.2. En el caso de una remisión tardía, este Tribunal ha señalado que ello no afecta la constitucionalidad de la ley aunque puede generar responsabilidad por el incumplimiento de una obligación constitucional, tal y como lo dejó dicho en la sentencia C-489 de 1993:

 

“No obstante, la regularidad del aspecto formal de la ley, se observa que el Gobierno incurrió en una injustificada tardanza en el envío del mencionado Tratado y su ley aprobatoria a la Corte Constitucional para los efectos del respectivo control de constitucionalidad.

 

Efectivamente, el acto gubernamental de sanción de la ley 26 de 1992, tuvo lugar el día 21 de diciembre de 1992, y ésta, junto con el texto del tratado, se enviaron a la Corte Constitucional, veintidós días después, esto es, el día 10 de marzo de 1993, desconociéndose el contenido del numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Nacional, mediante el cual se dispone que las leyes aprobatorias de tratados internacionales deberán ser remitidas por el Gobierno a la Corte Constitucional, dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción.

 

La Corte, como en otras oportunidades lo ha dicho, considera que, la omisión anotada, no configura propiamente un vicio de forma o de procedimiento en la formación del Tratado y de su ley aprobatoria, pues se trata de una irregularidad externa, que más bien compromete la responsabilidad del Gobierno al incumplir un deber constitucional. Por lo tanto, en la parte resolutiva de ésta sentencia, se advertirá al Gobierno acerca del cumplimiento oportuno del deber constitucional a que alude la norma del numeral 10 del artículo 241.”

 

3.3.3.3. De no haberse remitido la ley aprobatoria con el tratado mismo, podrán aprehenderse de oficio los instrumentos correspondientes y adelantar el examen en los términos previstos en el numeral 10 del artículo 241 constitucional. Adicionalmente, en el evento en que la Corte no asuma de oficio el control, cualquier ciudadano, con fundamento en el numeral 4 de la citada disposición, podrá formular demanda de inconstitucionalidad, activando así una competencia plena de la Corte para adelantar el juicio, no solo respecto de los cuestionamientos que lleguen a formularse sino de todos aquellos que resulten relevantes desde la perspectiva del control integral. Sobre esta competencia la sentencia C-059 de 1994 señaló:

 

“Por las razones anotadas, cuando el Gobierno Nacional no haya enviado las citadas disposiciones dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción, según lo dispone el numeral 10o. del artículo 241 constitucional, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio el estudio de constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes aprobatorias de los mismos. No obstante lo anterior, como puede escapar al conocimiento de esta Corte la celebración del tratado y la expedición de la correspondiente ley aprobatoria -justamente por no haber sido oportunamente enterada de uno y otro evento- será procedente la admisión de la demanda de cualquier ciudadano en los términos que se explican a continuación.

 

En efecto, la ley aprobatoria de un tratado internacional, es, desde un punto de vista material y formal, una ley, aunque en este caso ella está sometida a una condición, cual es la de ser revisada por la Corte Constitucional una vez haya sido remitida por el Gobierno dentro del lapso anteriormente señalado. (…) En consecuencia, una vez vencido el término aludido, cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción pública de constitucionalidad,  podrá, con  base en el numeral 4o. del artículo 241 superior, demandar tanto el contenido como los posibles vicios de procedimiento de la mencionada disposición. En este último evento, y en concordancia con lo expresado anteriormente, la demanda que presente cualquier ciudadano contra una ley aprobatoria de un tratado internacional cuando ésta no ha sido enviada por el Gobierno Nacional a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción, permite a esta Corporación realizar el examen correspondiente, no sólo con base en los argumentos expuestos por el actor y respecto de las normas acusadas por él, sino que aprehenderá de oficio el análisis de constitucionalidad de la totalidad de la ley y del tratado sobre el cual versa, de acuerdo con la facultad superior que le asiste de revisar en forma previa y automática los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias.”[91]

 

3.3.3.4. Esta regla de decisión tiene como propósito asegurar la oportunidad y eficacia del control a cargo de la Corte, evitando la posibilidad de que entren en vigencia instrumentos internacionales que puedan oponerse a ella. En todo caso, cuando no se ha surtido el procedimiento de control referido existe una prohibición constitucional, derivada del numeral 10 del artículo 241, de perfeccionar el vínculo internacional. 

 

3.3.4. Control constitucional de instrumentos internacionales que carecen,  formalmente, de las condiciones previstas en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.

 

3.3.4.1. Actas y Acuerdos de procedimiento simplificado.

 

3.3.4.1.1. La jurisprudencia de esta Corporación se ha ocupado de examinar si es o no procedente, de conformidad con las competencias asignadas en el artículo 241 de la Carta, adelantar el examen constitucional de instrumentos internacionales que, aunque formalmente no revisten la forma de los tratados solemnes -a los que alude el numeral 10 de dicha disposición-, si tienen tal naturaleza jurídica, en tanto su contenido  implica, o bien (i) la asunción de nuevas obligaciones para el Estado colombiano o bien (ii) el desbordamiento de las facultades atribuidas a la órbita exclusiva del Presidente de la República. Dentro de los instrumentos internacionales que carecen formalmente de las condiciones previstas en el numeral 10 del artículo 241, pero que en eventos específicos, materialmente pueden tener la naturaleza jurídica de tratados solemnes se encuentran, por ejemplo: (i) determinadas “actas” y (ii) “acuerdos de procedimiento simplificado”.

 

3.3.4.1.2. Las “actas”, en estricto sentido, son una subcategoría de los documentos comúnmente denominados “memorandos de intención o de entendimiento”. Se caracterizan porque su contenido se limita a consagrar exhortaciones y declaraciones de orden programático y político de sus signatarios, y no contienen términos imperativos o jurídicamente exigibles. Surten efectos con su suscripción[92]. En relación con los efectos legales de los memorandos de entendimiento, el doctrinante Anthony Aust, en su obra titulada “Modern Treaty Law and Practice”, afirma que los mismos sólo pueden surtir efectos en el ámbito de la política o la moral: “Si un Estado no honra sus compromisos, consignados en un memorando de entendimiento la sanción es política, por lo que otro Estado no puede llevar el asunto a una corte o tribunal internacional ni imponer contramedidas sobre las que podría estar facultado en el evento de un incumplimiento o violación de un tratado. En consecuencia, por no ser instrumentos internacionales gobernados por el derecho internacional público ni consagrar obligaciones para los signatarios, no son objeto de control constitucional. No obstante lo anterior y como se señalará más adelante, algunas “actas”, suscritas por entidades del Estado colombiano y conocidas por esta Corporación con ocasión de demandas de constitucionalidad, habrían llegado a consagrar  obligaciones a cargo del Estado colombiano, sólo susceptibles de preverse en un tratado solemne.

 

3.3.4.1.3. En relación con los acuerdos de procedimiento simplificado, es preciso señalar que los instrumentos internacionales a los que se atribuye tal condición, se caracterizan porque la adopción, autenticación del texto y manifestación del consentimiento en obligarse, se consuman con la suscripción del instrumento internacional, en un solo acto, sin necesidad de surtir los requisitos constitucionales previstos para los tratados solemnes. Esta definición comprende aquellos acuerdos derivados de tratados solemnes, perfeccionados según el procedimiento constitucional referido y los acuerdos que versan sobre materias de órbita exclusiva del Presidente de la República -como director de las relaciones internacionales-. La celebración de acuerdos de procedimiento simplificado derivados o complementarios tiene como propósito ejecutar o desarrollar de forma concreta las cláusulas sustantivas consignadas en el tratado del cual se deriva, sin exceder o desbordar lo allí estipulado, es decir, que no dan origen a obligaciones nuevas ni puede exceder las ya contraídas. Es de señalar que el tratado solemne del que se derivan los acuerdos de procedimiento simplificado complementarios debe haber surtido todos los trámites constitucionales.

 

De otra parte, los acuerdos de procedimiento simplificado celebrados en desarrollo de funciones de órbita exclusiva del Presidente de la República, encuentran sustento en aquellas facultades constitucionalmente asignadas al Jefe de Estado, en su condición de director de las relaciones internacionales, que excluyen la competencia rationae materiae de las demás ramas del Poder Público. A pesar de ello, algunos “acuerdos de procedimiento simplificado”, conocidos por esta Corporación, a raíz de demandas de constitucionalidad, consagraron -según lo estableció este Tribunal- nuevas obligaciones a cargo del Estado colombiano, sólo susceptibles de preverse mediante la celebración de un tratado solemne.

 

3.3.4.1.4. La fijación de una regla de decisión en esta materia fue el resultado del siguiente proceso: (i) una etapa inicial de negación de la facultad de juzgar instrumentos internacionales que carecen formalmente de las condiciones previstas en el numeral 10 del artículo 241, pero que materialmente ostentan la naturaleza jurídica de tratados solemne, advirtiendo, sin embargo, la irregularidad existente al no observar el trámite previsto en la Constitución Política; (ii) un momento de delimitación conceptual de los instrumentos internacionales que demandaban seguir el curso del tratado solemne y, por ello, se encontraban sometidos al control constitucional; y (iii) una etapa final en la que se produjo el reconocimiento de una competencia atípica para juzgar si la aplicación de un acuerdo internacional, instrumentado mediante formas diferentes a las del tratado solemne, resultaba compatible con la Constitución.    

 

3.3.4.2. Primera etapa: la negación de competencia para juzgar instrumentos internacionales que carecen formalmente de las condiciones previstas en el numeral 10 del artículo 241.

 

3.3.4.2.1. En un primer grupo de decisiones, la Corte Constitucional dispuso el rechazo de demandas formuladas en contra de instrumentos internacionales que carecían formalmente de las condiciones previstas en el numeral 10 del artículo 241, cuando no hubieren surtido el trámite de aprobación legislativa por parte del Congreso de la República. En esa dirección se pronunció el Magistrado Sustanciador del caso, al rechazar en el auto 008 de 1994, la demanda formulada en contra del “Acta de Consulta suscrita entre las autoridades Aeronáuticas de las Repúblicas de Chile y Colombia el 16 de julio de 1993”. Esta conclusión se fundó en dos razones. En primer lugar, no ostentaban la condición de tratados solemnes sometidos al control de este Tribunal “las actas en las que se plasman meras directrices, intenciones o propósitos, así en ellas intervengan funcionarios del Estado colombiano y de otros estados o entidades de derecho internacional”. En segundo lugar, aun admitiendo que el instrumento demandado constituyera un tratado solemne, la competencia de la Corte estaba claramente limitada por el artículo 241 al exigir como condición para su activación, la aprobación del Congreso y la remisión por parte del Gobierno. Sobre ello indicó esta Corporación:

 

“En otras palabras, a la Corte Constitucional no se le atribuyó una competencia indiscriminada para revisar los tratados internacionales aún antes de ser aprobados por el Congreso de la República, sino que la Constitución consagró el control constitucional como un paso posterior al acto aprobatorio proferido por la Rama legislativa y en todo caso anterior a la ratificación del tratado por el Gobierno.”

 

3.3.4.2.2. En contra de la decisión adoptada fue interpuesto recurso de súplica y esta Corporación, al resolverlo, dispuso confirmar la decisión de rechazo. Sin embargo, advirtió al Gobierno Nacional que se oponía a la Constitución la puesta en vigencia de “relaciones de derecho internacional mediante ‘simples actas’ y sin el cumplimiento de los trámites establecidos en la Constitución para su aprobación interna o para su aplicación provisional”. En todo caso indicó que a pesar de que algunas de las disposiciones del instrumento demandado pudieran constituir obligaciones propias de un tratado solemne, no podía ella asumir competencia en atención a las reglas que en esta materia se encontraban en el artículo 241 de la Carta. Sobre el particular señaló:

 

“Al examinar el Acta demandada, encuentra la Corte que sus disposiciones podrían ser eventualmente materia de un Tratado Internacional. Empero, la Corporación no puede por las razones indicadas entrar a analizar su contenido material para establecer si dicha Acta se ajusta o no a los preceptos constitucionales por no haberse cumplido en este caso con las etapas previas y propias para formalización del Tratado, de que trata la disposición constitucional mencionada (sic).

 

Ante la circunstancia de que el Acta demandada está produciendo efectos según la certificación emanada de la Aeronáutica Civil, se dispondrá oficiar al Presidente de la República para que adopte las medidas a que haya lugar bajo la advertencia de que constituye una situación irregular y preocupante, que atenta contra el orden interno y la seguridad jurídica, el hecho de que las relaciones internacionales entre Colombia y Repúblicas Extranjeras se pongan en vigencia mediante simples Actas y sin el cumplimiento cabal de los trámites constitucionales relacionados con la negociación de los Tratados por parte del Presidente de la República (artículo 189, numeral 2o. CP.), su aprobación por el Congreso (artículo 150 numera 16 de la C.P) y la revisión constitucional previa por parte de la Corte Constitucional (artículo 241, numeral 10) o mediante el sistema de la aplicación provisional de los Tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan (artículo 224 de la C.P).”[93]

 

Advirtió este Tribunal que la única hipótesis excepcional que permitiría adelantar un examen fuera de los supuestos previstos en el numeral 10 del artículo 241, era el caso en que el Presidente de la República no remitiera a la Corte la ley aprobatoria de un tratado. En este caso sería admisible que los ciudadanos acudieran ante la Corte apoyándose en la acción pública de inconstitucionalidad.   

 

3.3.4.3. Segunda etapa: La determinación de los acuerdos internacionales que no exigen su sometimiento al trámite de control constitucional

 

3.3.4.3.1. En la sentencia C-170 de 1995, la Corte se ocupó de examinar una disposición del Código de Procedimiento Penal que establecía, entre otras cosas, que “las relaciones de las autoridades colombianas con las extranjeras, para todo lo relacionado con la aplicación de la ley penal, con la práctica de las pruebas o de medios de pruebas, se regirán por lo que dispongan los tratados públicos, las convenciones internacionales y los acuerdos entre gobiernos”.

 

3.3.4.3.2. Debía la Corte establecer si la referencia a “los acuerdos entre gobiernos” se oponía las normas constitucionales que establecían la necesidad de aprobación legislativa y el control constitucional previo a su ratificación. A juicio de este Tribunal, si se trataba de acuerdos orientados “a dar cumplimiento real a las obligaciones contenidas en tratados internacionales que ya han sido incorporados al ordenamiento jurídico colombiano”, no deberían someterse a esos trámites. Destacó que en el derecho internacional se había establecido, con este propósito, una distinción entre los acuerdos de concertación compuesta y los acuerdos de procedimiento simplificado fundada en el trámite conducente al perfeccionamiento de su vínculo internacional. Caracterizando entonces los acuerdos que no requerían del trámite propio de los tratados solemnes explicó esta Corporación:

 

“No obstante, en algunas ocasiones, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en un tratado internacional se encuentran supeditadas a posteriores negociaciones que deban celebrarse entre los Estados signatarios, pues es sabido que dichos instrumentos la mayoría de las veces contienen disposiciones redactadas en forma genérica, frente a lo cual es necesario llegar a posteriores acuerdos para poder establecer los pormenores necesarios para acatar y, por ende, hacer efectiva la realización de tales compromisos. Estos acuerdos, sin embargo, parten de una serie de supuestos necesarios: en primer lugar, se encuentran previstos en el propio tratado internacional, a través de cláusulas en las que se dispone su celebración o se aboga por la colaboración mutua o la prestación de asistencia entre las partes; en segundo lugar, responden a la autonomía que tiene el jefe de Estado como supremo director de las relaciones internacionales, de responder por los deberes asumidos por el Estado colombiano; en tercer lugar, se trata de la realización de actuaciones que ya han sido aprobadas por los órganos competentes, es decir, que tanto el Congreso de la República como la Corte Constitucional han aceptado esa posibilidad, dentro del marco del tratado internacional que ha recibido el visto bueno para surtir efectos dentro del ordenamiento jurídico interno; y, en cuarto lugar, dichas negociaciones o acuerdos no son constitutivos de obligaciones jurídicas sustanciales a nivel internacional, sino que se trata de instrumentos a través de los cuales se ejecutan unas obligaciones que, se reitera, ya han sido definidas en el correspondiente tratado internacional.”

 

3.3.4.3.3. Con fundamento en ello, concluyó que “los acuerdos entre gobiernos” a los que se refería la norma acusada constituían mecanismos para la ejecución de compromisos internacionales previamente establecidos y, en esa medida, la expresión demandada no se oponía a la Carta Política. A pesar de lo anterior, algunos Magistrados salvaron el voto en esa oportunidad señalando que la norma acusada era inconstitucional, dado que: (i) los acuerdos de procedimiento simplificado eran tratados en tanto tenían la vocación de producir efectos jurídicos: (ii) todos los tratados debían hacer curso en el Congreso de la República y surtir el trámite de control constitucional, según se deduce de los debates en la Asamblea Nacional Constituyente y del texto mismo de la Constitución; y (iii) la Corte así lo había sostenido en autos previos a la decisión de la que ahora se apartaban.

 

3.3.4.4. Tercera etapa: la competencia de la Corte para pronunciarse sobre la exequibilidad de instrumentos internacionales que, requiriendo trámite de un tratado, se incorporan al ordenamiento interno como acuerdos de procedimiento simplificado.

 

3.3.4.4.1. En la sentencia C-710 de 1998, la Corte anuncia una modificación al precedente relacionado con el régimen aplicable a los denominados acuerdos de procedimiento simplificado, advirtiendo que se encuentran sometidos a las reglas de aprobación de tratados prevista en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta. En esa medida, según la Corte, respecto de tales instrumentos este Tribunal debía adelantar el control constitucional. A su juicio, el cambio de precedente en esta materia tenía fundamento en lo que había previsto la sentencia C-400 de 1998 al adelantar el control constitucional de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”: la Corte había advertido que todos los tratados debían ser sometidos al trámite de aprobación legislativa y al control constitucional correspondiente. Indicó sobre el particular:

 

“Anteriormente esta Corporación no admitía su competencia para conocer acerca de la constitucionalidad de los denominados "Acuerdos Simplificados", al considerar que estos regían con la sola firma o el canje de los respectivos instrumentos, razón por la cual no se encontraban sometidos a control constitucional. A partir de lo expresado en la sentencia C-400 de 1998 (MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero), dichos Acuerdos están sometidos a la exigencia según la cual, para que el consentimiento pueda ser prestado por el representante colombiano, debe haberse aprobado el tratado por el Congreso y verificada su constitucionalidad por la Corte Constitucional.”

 

Y más adelante, en la misma providencia, fijó así la razón de su decisión:

 

“Ahora bien, en esta oportunidad es preciso señalar que aun cuando en el texto de la Constitución Política (artículos 150-16 y 241-10) no se mencione sino a los tratados para efectos de su aprobación o improbación, y del control constitucional, ello no significa que los demás acuerdos internacionales, como los simplificados, no requieran aprobación del Congreso mediante ley, sanción ejecutiva y revisión constitucional, formal y material por la Corte Constitucional, pues, como ya se anotó, se trata de verdaderos tratados internacionales. En tal virtud, deben cumplir los requisitos exigidos constitucionalmente (artículos 150, 189 y 241): negociación, adopción y autenticación; aprobación interna por parte de los Estados, lo cual incluye, la intervención del Congreso, del Ejecutivo y de la Corte Constitucional; y la manifestación internacional de los sujetos del consentimiento de obligarse por medio del tratado. En este aspecto, se modifica por lo tanto, en esta providencia, la jurisprudencia de la Corporación.”

 

3.3.4.4.2. Con fundamento en estas consideraciones, señaló que el Convenio examinado en esa oportunidad y que tenía por objeto la creación de un nuevo sujeto de derecho internacional[94], se encontraba sometido al juicio constitucional. Este precedente fue reiterado en otras oportunidades en algunas de las cuales la Corte advirtió que resultaba irrelevante el nombre o denominación que se le diera al acuerdo, en tanto lo pertinente para su calificación como tratado radicaba en la incorporación de un compromiso internacional[95].

 

Bajo esta perspectiva, este Tribunal se ocupó de precisar en la sentencia C-363 de 2000[96] el alcance de la regla relativa al trámite de los acuerdos de procedimiento simplificado, señalando que no estaba sometido al procedimiento de aprobación y control de tratados previsto en la Constitución aquel instrumento “que no genera nuevas obligaciones para Colombia, por ser desarrollo directo de un tratado negociado, suscrito, aprobado y revisado en la forma prevista en la Constitución Política”. De la misma forma, no resultaban aplicables las reglas internas de aprobación de tratados en aquellos casos en los cuales los instrumentos constituyeran “declaraciones de enunciados políticos, de actos unilaterales del Estado colombiano o de acuerdos verbales”. La Corte advirtió que esta indicación no constituía, en modo alguno, una separación del precedente establecido en relación con el curso que debían seguir los tratados según el ordenamiento jurídico interno. En esa medida advirtió lo siguiente:

 

“(…) en la medida en que el acuerdo simplificado forme parte, como necesario instrumento de ejecución, de un tratado que haya sido sometido al trámite completo y propio de los tratados y no contenga obligaciones nuevas que excedan el marco de los compromisos expresamente enunciados en el tratado sujeto a aprobación legislativa y control de constitucionalidad, no se ve razón  constitucional  que imponga la sumisión a los trámites completos y al control de la Corte. En ese supuesto se estaría confrontando el acuerdo no tanto con las normas constitucionales como con el texto del Tratado a cuyo desarrollo y ejecución propende, lo cual excede de manera evidente la precisa competencia de esta Corporación en la materia.”

 

En desarrollo de esta regla, la sentencia C-1258 de 2000 sostuvo que no todos los acuerdos de procedimiento simplificado se encontraban excluidos del trámite interno de aprobación y control. En tal sentido señaló:

 

“Sin embargo, en este punto hay que precisar, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación (…), que existen una serie de instrumentos que se agrupan en la categoría de los denominados procedimientos simplificados que no entran en esa modalidad, pues a pesar de que son desarrollo de otro tratado, no se restringen a su mera ejecución sino que implican para los Estados partes la asunción de compromisos adicionales a los estipulados en el tratado principal, razón por la cual de conformidad con la Constitución, deben ser sometidos a la aprobación del Congreso y al control automático de constitucionalidad y demás reglas del derecho internacional en materia de tratados.”

 

3.3.4.4.3. Con el propósito de impedir que el trámite de “aprobación simplificada” fuera empleado para instrumentar acuerdos internacionales que implicaran la existencia de nuevas obligaciones o la modificación de tratados precedentes se encuentran varias providencias. Así por ejemplo, la sentencia C-303 de 2001 señaló que los denominados acuerdos complementarios a los que se aludía en el Convenio[97] objeto de control en esa oportunidad, eran constitucionales siempre y cuando (i) no incluyeran nuevas obligaciones, (ii) se enmarcaran en los propósitos y objetivos del Convenio y (iii) no lo modificaran.

 

3.3.4.4.4. Finalmente, en el Auto 288 de 2010 la Corte sintetizó su jurisprudencia en esta materia indicando la existencia de una regla conforme a la cual “no es posible exceder, ampliar o superar el alcance de las obligaciones adquiridas previamente mediante un tratado celebrado de manera solemne”. En el caso en que el instrumento internacional tenga ese resultado o efecto debe someterse al trámite regular de aprobación legislativa y control constitucional previsto entonces en el artículo 241 de la Carta. Adicionalmente, advirtió que en el evento en que un acuerdo se refiera a materias que no corresponden a la “órbita exclusiva del Presidente de la República, directamente o por delegación, como director de las relaciones internacionales”, tampoco se tratará de un acuerdo de procedimiento simplificado. Con fundamento en esa premisa, la Corte consideró que era competente para conocer las demandas interpuestas contra instrumentos internacionales que a pesar de requerir el trámite de los tratados solemnes debido a su contenido, no habían surtido dicho procedimiento. Esta conclusión encontró apoyó en varias razones. Así (i) aunque el control de constitucionalidad de los tratados internacionales recae, en principio, sobre las leyes que los aprueban y sobre los tratados mismos, razones fundadas en la necesidad de un control material justifican que la Corte adelante el examen constitucional correspondiente. Igualmente (ii) a pesar de que el artículo 241 advierte que las competencias asignadas a la Corte se ejercerán en los precisos términos que allí se señalan, no se opone a ello y por el contrario se sigue de su mejor interpretación, que con fundamento en el numeral 4, se admitan acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de los instrumentos que materialmente tienen fuerza de tratado. En tercer lugar (iii) admitiendo incluso que existieran dudas acerca de la habilitación de la Corte Constitucional, esa duda debería resolverse a favor de aquella interpretación que, de mejor manera, asegure la supremacía de la Constitución. Finalmente, en cuarto lugar, (iv) la Corte consideró que de no asumir la competencia en esos casos habría entonces de admitirse, de manera contraria a la Constitución, la existencia de actos carentes de control.

 

3.3.4.4.5. Es importante señalar que la regla de decisión adoptada por la Corte implicaba que, mediante la acción pública, procedía adelantar el examen de los acuerdos, no con el propósito de adelantar un juicio de validez material sino, en otra dirección: con el propósito de establecer si se vulneraba la Constitución por haberse pretermitido el trámite de aprobación de los tratados internacionales. En el caso de ser aquello lo que ocurría, procedía ordenar que se le impartiera al acuerdo el procedimiento previsto para los tratados solemnes incluyendo, en su momento, el control constitucional a cargo de esta Corte establecido en el artículo 241 de la Constitución.  

 

3.3.4.5. Síntesis.

 

3.3.4.5.1. De conformidad con lo expuesto, puede concluirse que la jurisprudencia constitucional sostiene, en la actualidad, una regla de control judicial de instrumentos internacionales que, aun cuando formalmente pudieran denominarse acuerdos de procedimiento simplificado o carecer formalmente de las condiciones previstas en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución,  son materialmente tratados solemnes.

 

3.3.4.5.2. Esta regla amplía de control constitucional ha estado precedida de un debate profundo sobre la competencia de la Corte en esta materia: (i) en una primera etapa la Corte se limitó a negar su competencia, al paso que en otras, a pesar de haber procedido de la misma manera, exhortó al Presidente de la República para hacer frente a la situación; (ii) posteriormente, , la Corte se ocupó de determinar en qué casos un acuerdo entre Estados debía someterse al examen constitucional, estableciendo que ello ocurriría cuando el acuerdo incluyera nuevas obligaciones del Estado o implicara una modificación de un tratado prexistente; (iii) en un tercer momento, a partir de lo anterior, fijó la regla de control actualmente establecida, según la cual la Corte puede emprender el control en virtud de una demanda de inconstitucionalidad, cuando el instrumento internacional fuera materialmente un tratado solemne.

 

3.3.4.5.3. Pese a imprecisiones en el lenguaje que en ocasiones parece sugerir que los acuerdos de procedimiento simplificado no son verdaderos tratados -a pesar de que evidentemente lo son de conformidad con lo dispuesto en la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”-, es claro que la ratio de los pronunciamientos más recientes de este Tribunal ha consistido en prescribir que sólo aquellos tratados que establezcan nuevos compromisos internacionales, modifiquen los prexistentes o no versen sobre materias de órbita exclusiva del Presidente de la República, se encuentran sometidos a las reglas de aprobación legislativa y control previo de constitucionalidad. En los casos en que se han celebrado tratados que por su contenido han debido ajustarse a la regla anterior, el control no implicará un examen material sobre la validez constitucional sino, en realidad, un juicio de la corrección del procedimiento impartido al acuerdo para ponerlo en vigencia. La Corte ha señalado, en el último tiempo, que el control que en estas condiciones ejerce, se integra a las denominadas competencias atípicas[98] que ejerce respecto de normas que formalmente no son leyes pero tienen una fuerza equivalente a las mismas.    

 

3.3.5. Control de leyes aprobatorias de tratados expedidas objeto de aplicación provisional.

 

3.3.5.1. Control constitucional  de cláusulas de aplicación provisional de tratados.

 

La Corte Constitucional, en sentencia C-132 de 2014, presentó una síntesis de la evolución jurisprudencial en materia de control constitucional de las denominadas cláusulas de aplicación provisional de los tratados. Destacó que se trataba de una posibilidad excepcional prevista en el artículo 224 de la Carta, toda vez que la regla general consiste en que la aplicación de un tratado solo resulta posible cuando hubiere sido aprobado en el Congreso, concluido el control previo de constitucionalidad y surtido su perfeccionamiento internacional. Sobre ello señaló en la citada providencia:

 

“La Constitución Política contempla que para que tengan validez los tratados internacionales requieren ser aprobados por el Congreso de la República (CP., art. 224), y que previa su entrada en vigor, deben ser examinados por la Corte Constitucional con el fin de establecer su conformidad con la Carta Política (CP., art. 241.10), garantizando de esta forma, el principio democrático en la incorporación de disposiciones internacionales al ordenamiento jurídico interno mediante una ley aprobatoria,  y salvaguardando la supremacía Constitucional”.

 

En este orden de ideas, la facultad excepcional consagrada en el artículo 224 constitucional, según el cual el Presidente de la República puede dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial que hayan sido acordados en el ámbito de organismos internacionales, cuando así lo dispongan, debe ser examinada en forma estricta por esta Corporación, en la medida que dicha autorización no puede en ningún caso significar el desconocimiento de la voluntad democrática con la incorporación de una norma sin la aprobación del Congreso o una elusión del control constitucional al incorporar normas que puedan ser contrarias a la Carta Política.

 

En suma, la regla general es que todo tratado para su validez requiere: ser aprobado por el Congreso de la Republica y revisada su constitucionalidad por la Corte Constitucional; y el cumplimiento de las condiciones establecidas para que pueda configurarse la excepción consagrada en el artículo 224 constitucional, debe ser examinada de manera estricta por esta Corporación, en garantía del principio democrático y de la supremacía de la Constitución”.

 

3.3.5.2. Conforme a lo señalado, las cláusulas de aplicación provisional se encuentran sometidas a un juicio estricto que demanda un examen riguroso de las condiciones previstas en el artículo 224 de la Constitución. En esa medida esta Corporación debe verificar varios requisitos. 

 

En  primer lugar, que se trate de tratados de naturaleza comercial y económica, es decir, de acuerdos bilaterales o multilaterales entre Estados, y entre Estados y organizaciones internacionales, en los que se comprometan a concederse determinados beneficios de forma mutua y acatar condiciones específicas en el intercambio comercial de bienes o servicios.

 

En segundo lugar  que el tratado haya sido acordado en el ámbito de un organismo internacional. Esto implica, fundamentalmente, que el proceso de negociación y/o adopción debe (i) haber sido administrado por el organismo internacional o como consecuencia del ejercicio de una facultad, actividad o atribución asignada al mismo y desarrollada por aquel o por uno de sus órganos comisionado para tal efecto o (ii) desarrollado en virtud de un mandato expreso de aquel para negociar tal proyecto de tratado en su nombre o a sus instancias. En esa medida un tratado concertado entre dos sujetos de derecho internacional, de manera bilateral, en el que no mediare negociación, adopción y suscripción en nombre y representación del organismo internacional, sino, exclusivamente, motu propio, no puede considerarse en el ámbito de aquel, considerando que el propio organismo internacional no intervino, ni emitió un mandato para el efecto y, en consecuencia, tampoco consintió su conclusión.

 

Ahora bien, en el contexto del artículo 224, un organismo internacional (iii) alude a los sujetos de derecho internacional creados por un tratado; con personería jurídica internacional, entre cuyos miembros pueden estar Estados y otras organizaciones; que se rigen por el derecho internacional; y que disponen de estructura orgánica propia y definida, con funciones y competencias delimitadas en su instrumento constitutivo.

 

Finalmente, en tercer lugar el tratado debe disponer específicamente que será objeto de aplicación provisional.

 

3.3.6. Control constitucional de leyes expedidas antes de 1991, aprobatorias de tratados ratificados -Corte Constitucional-.

 

En estrecha conexión con la discusión sobre la posibilidad de adelantar el control de constitucionalidad de leyes aprobatorias de tratados aprobados y ratificados (supra II, 1.2), en vigencia de la Constitución anterior, a partir de 1993 la Corte se ocupó de establecer si la Constitución le confería tal competencia. De los pronunciamientos de la Corte es posible inferir dos tesis generales al respecto: la primera, afirma la imposibilidad de adelantar tal tipo de control, al paso que la segunda, reconoce que la Corte Constitucional se encuentra habilitada para hacerlo. Ésta última, a su vez, admite dos variantes que se diferencian por las razones que permitirían juzgar el instrumento aprobado mediante una ley. A continuación se presentan tales tesis en el orden en que fueron acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal.   

 

3.3.7. Casos en los que se configura un vicio de competencia manifiesto, según las reglas del derecho internacional -sentencia C-027 de 1993-.

 

3.3.7.1. El fundamento y alcance de esta competencia fue establecido por primera vez en la sentencia C-027 de 1993, que afirmó la habilitación de este Tribunal para pronunciarse, en virtud de acción ciudadana, sobre la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados adoptadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, limitándola a determinados tipos de vicios. Le correspondió a la Corte establecer si algunas disposiciones del tratado entre Colombia y el Estado Vaticano, denominado “El Concordato”, aprobado por el Congreso mediante la Ley 20 de 1974, podrían ser objeto de examen constitucional por parte de esta Corporación. Este Tribunal apoyó su posición en el documento denominado “El control de constitucionalidad de los Tratados Públicos y de sus Leyes Aprobatorias en las Constituciones de 1886 y 1991”.

 

3.3.7.2. La tesis que formuló la Corte puede sintetizarse así: (i) ninguna de las disposiciones de la Carta permite afirmar la supremacía de los tratados respecto de la Constitución y, en consecuencia, “la Carta no autoriza a su guardiana a abstenerse de pronunciar la inexequibilidad de un tratado que aún perfeccionado viola los postulados fundamentales que estructuran la organización jurídico-política e ideológica del Estado colombiano”. (ii) la conformación de Colombia como un Estado de derecho y el consecuente deber de respeto de la Carta “impone mantener la plena vigencia de sus postulados, sometiendo a control los tratados públicos perfeccionados que vulneren sus principios estructurales”; (iii) es necesario tomar en consideración las relaciones que pueden suscitarse entre el derecho internacional y el derecho interno, cuando un acuerdo adoptado al amparo de aquel tiene la aptitud de desconocer la Constitución.

 

3.3.7.3. Para la Corte, el derecho de los tratados prevé algunos supuestos en los cuales el desconocimiento del derecho interno puede tener efecto en normas de derecho internacional, tal y como se sigue de lo dispuesto por los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena al prever: (i) como regla general, la imposibilidad de invocar una disposición de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado; (ii) sin embargo, resulta posible alegar como vicio del consentimiento de un Estado, la violación de una disposición de su derecho interno “concerniente a la competencia para celebrar tratados cuando la infracción sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental en su derecho interno”.  Dicho eso, destacó que aunque el ejercicio de funciones por fuera de las reglas que definen su alcance podría traducirse en el derecho interno en sanciones como la nulidad absoluta, la afectación de los acuerdos internacionales solo alcanza a producirse en casos extremos, enunciados por el artículo 46 de la Convención de Viena y que así delimitó la Corte:

 

“El principio del derecho internacional de no injerencia en los asuntos internos de los Estados produce una consecuencia: el que las limitaciones constitucionales a la competencia para concertar tratados no puedan tener en todos los casos alcance jurídico internacional. De ahí que el artículo 46 de la Convención de Viena establezca que sólo la violación manifiesta es la que puede ser alegada como vicio del consentimiento. Y que es violación manifiesta aquella que "resulta evidente para cualquier estado que procede en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe."

 

Sólo puede el derecho internacional considerar relevantes las limitaciones constitucionales notorias o manifiestas, o sea las que menguan notoria y directamente la competencia del Jefe de Estado o de su representante, ya que no puede exigirse a ningún Estado el conocimiento de la constituciones extranjeras tanto teóricas como efectivas, puesto que el estado indagado, podría ver en la averiguación de las atribuciones y competencias que en relación con sus órganos que lo representan en el ámbito internacional, hace la otra parte, una intervención en sus asuntos internos.

 

Por tanto sólo la transgresión de las normas constitucionales prohibitivas que trascienden la órbita local, y que por ende son conocibles en el ámbito internacional pueden ser tenidas en consideración por el Derecho Internacional.”

 

3.3.7.4. Planteado el argumento en esos términos advirtió que, en todo caso, la supremacía de la Constitución exigía declarar inexequibles aquellos tratados que se le opusieran. Afirmada entonces esta competencia, en caso de que la Corte adoptara una decisión en ese sentido, surgiría una obligación del representante del Estado en el concierto internacional, consistente en adelantar los trámites que se requieran para solucionar el conflicto acudiendo a los procedimientos jurídico-internacionales. Sobre ello señaló:

 

“Ahora bien, en lo que atañe al procedimiento obsérvese que el control constitucional no pretende injerir en una órbita del resorte exclusivo del ejecutivo.  Si bien esta Corte reconoce que a este órgano la Constitución Política le reserva la conducción y manejo de las relaciones internacionales, considera que un aspecto bien distinto es que,  si en un caso dado llegare a prosperar el control y a proferirse una decisión de inexequibilidad, en virtud del respeto y observancia a la norma Pacta Sunt Servanda, el órgano ejecutivo del Estado Colombiano, estaría conminado a acudir a los conductos regulares, para, según un procedimiento de orden jurídico-internacional, desatar  en ese ámbito el vínculo, procediendo a denunciar el tratado.”

 

3.3.7.5. Establecido por la Corte el alcance de su competencia destacó que las normas internacionales con carácter de ius cogens constituían un referente necesario para evaluar la validez de otras disposiciones internacionales. Sobre el particular estableció en su pronunciamiento:

 

“Se asimila el jus cogens al orden público internacional, significándose con ello que, a semejanza de las disposiciones de orden público interno de un Estado que están por encima de la voluntad de los miembros del mismo, las del jus cogens se imponen por encima de la voluntad de los Estados.

 

Surge de esta manera una verdadera  integración jurídica entre el derecho interno de los países, en cuya cúpula se halla la Constitución Política, y el derecho internacional cuando está de presente su jus cogens, dado que éste por representar valores superiores, inalienables e inenajenables del individuo como son los derechos humanos,  se coloca por encima de la misma normación internacional que pudiera desconocerlos y al mismo jus cogens habrá de acomodarse la legislación interna de los países (art. 93 C.N.)  Dentro de esta concepción es que esta Corte habrá de juzgar el Concordato, el cual por ello ofrece características de tratado sui géneris.”

 

3.3.7.6. Al fijar la regla de decisión relativa a la competencia de la Corte para ocuparse del examen de la Ley 20 de 1974 así como del Tratado aprobado por ella, sostuvo:

 

“Nótese que la acción se dirige contra "las leyes", sustantivo este último que se emplea en términos generales, esto es, que comprende a cualquier clase de ellas (ordinarias, estatutarias, orgánicas, etc.) sin que quepa hacer distinción alguna como para decir que se excluyen las aprobatorias de tratados, por ser especiales, pues la Carta no la hace.  Además es el ciudadano como titular de tal derecho político, a quien se le confía el ejercicio de tal acción; esto reviste especial importancia porque él como miembro que es de la comunidad colombiana, está autorizado para velar porque en el universo jurídico del país no existan preceptos contrarios a la normatividad constitucional (241-4).

 

Del mismo modo, así como el ordenamiento legal interno ha de estar sometido a la Constitución, con la misma lógica se sujeta a ella el ordenamiento exterior, esto es, el integrado por los tratados y convenios internacionales y sus leyes aprobatorias.  Por tal razón se instituyó el control constitucional previo y automático de unos y otras, consistente en que el Gobierno, dentro los seis días siguientes a la sanción de la ley los enviará a la Corte Constitucional para que efectúe el condigno examen de constitucionalidad.  Solo si la Corte los declara exequibles el Gobierno podrá proceder al canje de notas y si es el caso contrario no podrá haber ratificación (art. 241-10).

 

Este último  control, tal como está concebido, comprende a los tratados y sus leyes aprobatorias en los cuales la sanción de estas últimas suceda con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Constitución.  Habrá entonces de preguntarse, qué sucede con la Ley 20 de 1974 aprobatoria del Concordato  y su Protocolo Final.  ¿Por no estar contemplados éstos en el supuesto de la norma, se quedarían sin control?  No lo cree así esta Corporación y antes por el contrario afirma la existencia de dicho control.  He aquí las razones: En primer lugar ha de resaltarse  que es intención del Constituyente, inequívoca, que no existan tratados internacionales inconstitucionales ni obviamente sus leyes aprobatorias y de ahí la reglamentación expresa que dispensó al efecto.  Del mismo modo, como antes se advirtió, todo el sistema jurídico de leyes (y también los Decretos Leyes y Decretos Legislativos) está condicionado a control constitucional.

 

En el evento sublite, si bien es cierto que la Ley 20 de 1974 y sus Tratado y Protocolo Final estaban perfeccionados al entrar a regir la nueva Constitución, ellos según se han explicado ampliamente en párrafos anteriores ofrecen la especial connotación de referirse al jus cogens de derecho internacional que ampara los derechos humanos y los coloca en la cima de la jerarquía normativa internacional.  Por esta razón y teniendo en cuenta la integración que debe existir entre el ordenamiento interno de las naciones y el exterior de los Estados (art. 93 C.N.), los actos acusados han de ser examinados a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos con el fin de verificar si se ajustan o no a ellos.”

 

3.3.7.7. La línea argumentativa de la Corte tuvo como dirección: (i) fundar su competencia en la supremacía de la Constitución y en las reglas de protección del Estado de Derecho, al punto que la expresión “leyes” del numeral 4 del artículo 241, no es un obstáculo para adelantar el examen de las disposiciones de un tratado incorporado a una ley; (ii) fundamentar su habilitación, a partir de una articulación con las disposiciones del derecho internacional que prevén las razones para la invalidación de las normas controladas; (iii) determinar el grado de amplitud, así como las restricciones, que deben imponerse al ejercicio o a los efectos del control de constitucionalidad; y (iv) establecer los referentes jurídicos pertinentes para emprender el control de constitucionalidad respectivo que incluirían, incluso, las normas de derecho internacional consideradas parte del ius cogens.

 

Así las cosas, la Corte procedió al examen de constitucionalidad correspondiente de las normas integradas al Concordato, aprobado mediante la Ley 20 de 1974,  concluyendo que varias de ellas se oponían a la Constitución por desconocer mandatos sustantivos contenidos en el nuevo régimen superior, y declarando las correspondientes “inexequibilidades” en la parte resolutiva de la sentencia.  

 

3.3.8. Improcedencia absoluta del control constitucional de leyes aprobatorias de tratados internacionales perfeccionados en vigencia de la Constitución de 1886 -sentencia C-276 de 1993-. 

 

3.3.8.1. Esta tesis tuvo varias manifestaciones en la jurisprudencia temprana de la Corte Constitucional. La primera, en el salvamento de voto formulado contra la sentencia C-027 de 1993 antes examinada, negando la posibilidad de que la Corte adelantara el control, así: (i) la competencia para el examen judicial fue establecida únicamente respecto de los tratados no ratificados por Colombia y, en esa medida, un ejercicio diferente desconocería lo prescrito por el artículo 241 de la Constitución; (ii) la improcedencia del control en esos casos se ajusta de mejor forma al artículo 9 de la Constitución que implica el deber de cumplimiento del principio Pacta Sunt Servanda; (iii) la Asamblea Nacional Constituyente acogió la denominada tesis intermedia adoptada por la Corte Suprema de Justicia; (iv) la invocación de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” para determinar los eventos que harían posible el control constitucional del tratado desconoce que lo regulado en el artículo 46 es una causal de nulidad que debe ser declarada en instancias internacionales; (v) la argumentación en la que se fundó la decisión de la Corte desconoce las diferencias que existen entre la denuncia, la suspensión y el incumplimiento de un tratado en tanto equipara la denuncia a la ruptura unilateral del Pacto por "no querer cumplirlo". A juicio del magistrado “según la sentencia, no hay Derecho Internacional. Ningún Tratado obliga. La cláusula "Pacta sunt servanda" no tiene razón de ser.”(…)”

 

3.3.8.2. Dicha postura sería acogida por la mayoría de la Corte en la sentencia C-276 de 1993. Le correspondía a la Corte establecer la constitucionalidad  de la Ley 33 de 1992 por medio de la cual se había aprobado el "Tratado de Derecho Civil Internacional y el Tratado de Derecho Comercial Internacional", firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1889.” Al determinar su competencia, la Corte señaló que podía ocuparse de juzgar la referida ley, pero que carecía de competencia para pronunciarse sobre el tratado que allí se aprobaba, dado que el mismo se encontraba perfeccionado para el derecho internacional. Para la Corte la improcedencia del control se edificaba a partir de varias razones:

 

3.3.8.2.1. En primer lugar, (i) el carácter previo del control de constitucionalidad de los tratados internacionales, según lo establecido en el numeral 10 del artículo 241, se articula adecuadamente con el sistema de división de poderes en tanto su propósito consiste en definir las posibilidades de actuación, en el plano internacional, del Presidente de la República. Sin embargo, admitir un control posterior al perfeccionamiento del vínculo internacional implicaría una intromisión en las competencias del Presidente de la República. Sobre el particular señaló la Corte:

 

“La razón por la cual el control debe ser previo, radica en la oportunidad de adecuar el contenido y forma del tratado y de la ley que lo aprueba, al espíritu de la norma fundamental. Que el control fuera posterior, en cambio,  implicaría entrar en prerrogativas no debidas,  por cuanto podría equipararse  a una intromisión en lo que le corresponde por naturaleza jurídica  a la rama Ejecutiva del poder público.”

 

3.3.8.2.2. En segundo lugar, (ii) el carácter obligatorio de los tratados se deriva de diferentes instrumentos de derecho internacional en los que se ha previsto el principio Pacta Sunt Servanda. A su vez, en el derecho internacional se contemplan diferentes figuras que hacen posible o permiten concluir los vínculos que contraen los Estados tal y como ocurre, por ejemplo, con la denuncia o la renegociación de los mismos. En esa medida no le puede corresponder a la Corte Constitucional, ni aún desde la perspectiva del derecho interno, ocuparse de examinar la validez constitucional de un tratado internacional. Ello se encuentra comprendido en las competencias asignadas al Presidente de la República que, en cada caso, deberá determinar la forma en que el Estado actuará a fin de proteger el ordenamiento jurídico interno. En esa dirección sostuvo la Corte:

 

“El carácter obligatorio  de los tratados ya perfeccionados y puestos en vigencia, para los Estados que son parte de ellos, es, pues, incuestionable a la luz de los principios del Derecho Internacional.  Cabe preguntarse qué sucedería en el caso en que un tratado perfeccionado con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991 resultara en contradicción con alguno o algunos de los preceptos de ésta.  En tal caso es al Gobierno nacional, concretamente al Presidente de la República y su Ministro de Relaciones Exteriores, a quienes corresponderá en primera instancia la solución al problema.  Para ello disponen de mecanismos idóneos consagrados en la misma Constitución y en el Derecho Internacional, cuales son por ejemplo, la renegociación del tratado, o su reforma, o según el caso -si se trata de tratados multilaterales, su denuncia.

 

No es, en todo caso, a la Corte Constitucional  a la que compete la solución del problema, lo cual sólo podría hacer por  la vía de la demanda ciudadana, que está excluida del ordenamiento constitucional vigente, o del control oficioso sobre el tratado, que tampoco está  previsto sino bajo la modalidad de un control previo, al tenor del artículo 241, numeral 10., control que sólo opera, en consecuencia, para los tratados que sean perfeccionados con posterioridad a la promulgación de la Constitución de 1991.  En todo caso, tratándose de una Corporación, cuya competencia recae tan sólo dentro del ámbito nacional, no puede ella entrar a tomar decisiones sobre compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el ámbito internacional.” (Subrayas no hacen parte del texto original)

 

En ese marco la Corte destaca que la posibilidad de adquirir compromisos internacionales y la obligación de respetarlos, constituyen verdaderos actos de soberanía que se orientan por la “recta razón”. El ejercicio de tal soberanía implica en el plano de las relaciones internacionales y tal como lo establece el artículo 9 de la Carta el respeto de los principios generales del derecho internacional reconocidos por Colombia, uno de los cuales es el Pacta Sunt Servanda. Desde una perspectiva teórica el respeto de los compromisos adquiridos encuentra fundamento en diferentes y variadas escuelas de pensamiento. Así entonces:

 

“La racionalidad del derecho es la que exige pues que el orden interno no vulnere el orden internacional, pues sería el precedente para que la unilateralidad se proclamara con argumentos que podrían ser de fuerza y no de razón, es decir, de "capricho" y no de consenso. Por eso es que existen deberes y derechos eminentemente racionales -y en su extensión,  universales, por lo que las diversas sociedades civiles, organizadas bajo la forma de Estado cada una de ellas, se hallan unidas entre sí por pactos que las vinculan en un ideal común objetivo. La base de todo el orden internacional, el fundamento de su construcción y progreso, no es otro distinto al respeto por el consenso, es decir el principio pacta sunt servanda, manifestación de la recta razón.”

 

3.3.8.2.3. En tercer lugar (iii) de conformidad con los antecedentes de los debates en la Asamblea Nacional Constituyente y con el texto definitivo del numeral 10 del artículo 241 de la Carta, puede concluirse que siempre se consideró que el control de constitucionalidad de tratados debía ser previo a la ratificación y, en esa medida, admitir su examen después de que ello ha ocurrido, desconocería tal finalidad. De acuerdo con lo anterior, es al Presidente de la República al que le corresponde actuar en ese tipo de eventos:

 

“Además de los antecedentes mencionados y consecuente con ellos, resulta claro que lo determinado en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Fundamental, se refiere a la competencia de la Corte Constitucional para decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los Tratados Internacionales y de las leyes que los aprueben, como un control previo de constitucionalidad a la ratificación de los mismos. Es de suponer entonces, que si se trata de Tratados perfeccionados o ratificados con anterioridad a la vigencia de la Carta, no procede la mencionada revisión, pues es claro que si la finalidad perseguida por el Constituyente fue el control previo a la ratificación del Tratado, esta instancia no es procedente cuando ya se ha producido la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse.

 

Además de lo anterior, cabe indicar que la terminación, reforma y denuncia de los Tratados es, como ya se ha dicho, competencia del Presidente de la República en su condición de director de las relaciones internacionales, como lo establece el artículo 189, numeral 2o. de la Constitución Nacional, de manera que para poder cumplir con los compromisos adquiridos con otros Estados, para los fines mencionados, deben utilizarse los mecanismos previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales vigentes.”

 

Concluía la Corte advirtiendo que con este pronunciamiento se modificaba el precedente establecido en la sentencia C-027 de 1993. En atención a ello declaró exequible la ley aprobatoria y se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo[99] respecto del tratado[100].

 

3.3.9. Competencia plena para el control de constitucionalidad de leyes aprobatorias de tratados perfeccionados en vigencia de la Constitución de 1886 -sentencia C-400 de 1998-.

 

3.3.9.1. En la sentencia C-400 de 1998, la Corte plantea una revisión del precedente establecido en la sentencia C-276 de 1993 y modifica la regla de decisión  formalmente fijada en la sentencia C-027 de 1993. En efecto, de una parte admite la competencia de la Corte Constitucional para adelantar el control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados perfeccionados en vigencia de las normas constitucionales anteriores y, de otra, no limita el alcance de su control a los denominados vicios de competencia manifiestos.

 

La fijación de esta nueva orientación en materia de competencia para el control constitucional, que hasta ahora se ha mantenido inalterada, se encontró precedida de un esfuerzo de la Corte por establecer las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. Ello ocurrió al determinar si los artículos 26 y 27 de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” que establecían, respectivamente, la obligación de cumplir de buena fe los tratados y la prohibición de invocar normas del derecho interno a efectos de justificar un incumplimiento de los mismos, eran compatibles con la Carta Política.

 

3.3.9.2. Luego de reconocer las tensiones que se suscitan entre la exigencia de supremacía de la Constitución y el principio del pacta sunt servanda, la Corte concluyó que las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno no pueden comprenderse ni a partir de una suerte de paralelismo de sistemas ni tampoco con apoyo en monismos rígidos que privilegien absolutamente la Constitución o los tratados internacionales. Con el propósito de armonizar tales ordenamientos la Corte estableció las siguientes reglas:

 

(i) De la Constitución se desprende un deber de inaplicación de los tratados en el plano interno, por parte de las autoridades colombianas y con fundamento en el artículo 4º, en aquellos supuestos en los cuales sus disposiciones se opongan a normas constitucionales.

 

(ii) Existe un deber de las autoridades políticas competentes de ajustar el ordenamiento jurídico, mediante la modificación de los tratados o la reforma de la Constitución, para superar la situación de incumplimiento del derecho internacional y evitar el surgimiento de responsabilidad internacional.

 

(iii) Al momento de aplicar disposiciones no constitucionales pertenecientes al ordenamiento jurídico, es obligación de las autoridades competentes asegurar, en la mayor medida posible, su armonización con las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia.

 

Estas tres reglas hacían posible articular adecuadamente, a juicio de la Corte, la regla de supremacía de la Constitución, conforme a la cual en el plano interno no existe ninguna norma que no deba someterse a la Carta Política, de una parte, y el principio de obligatoriedad de los compromisos internacionales constitucionalmente reconocidos a partir del artículo 9 de la Constitución, de otra. Tal postura se fundó, adicionalmente, en el hecho de que la Corte reconoció que la decisión de un órgano judicial en el plano interno, no tiene la vocación ni la capacidad de modificar un compromiso internacional, sin perjuicio, naturalmente, de la obligación de las autoridades de adelantar las acciones que puedan llegar a requerirse con el propósito de asegurar el cumplimiento de la Constitución y disminuir los efectos negativos que de la inaplicación de un tratado pueden derivarse para el Estado colombiano en materia de responsabilidad internacional.    

 

3.3.9.3. Esta fundamentación obligaba a la Corte, según se dijo, a examinar el precedente establecido en la sentencia C-276 de 1993 que afirmaba la incompetencia para adelantar el control constitucional de leyes aprobatorias de tratados ya perfeccionados. Para ello sostuvo que: (i) no resultaba constitucionalmente correcto derivar del numeral 10 del artículo 241 de la Carta una prohibición de ejercer el control constitucional de tratados ya perfeccionados,  en tanto dicha disposición se limitaba a establecer qué ocurría con aquellos que no lo habían sido; (ii) el examen de las deliberaciones sobre el particular, en la Asamblea Nacional Constituyente, no conducían a una conclusión unívoca, pero que, en todo caso, mostraban el interés en guardar siempre la supremacía de la Constitución; (iii) el ejercicio de tal control no constituye una interferencia en las competencias de los órganos internacionales, en tanto una decisión de inconstitucionalidad no implica invalidación alguna de normas internacionales sino, en otra dirección, la activación de una obligación de las autoridades colombianas para adoptar las medidas que aseguren la protección de la Constitución y eviten los riesgos de responsabilidad internacional; (iv) el examen constitucional no desconoce el principio de separación de poderes ni las competencias del Presidente de la Republica, si se tiene en cuenta que este se encuentra obligado a cumplir las decisiones de este Tribunal en tanto se haya sometido a la Constitución; (v) el numeral 4 del artículo, 241 al referirse a la competencia para examinar las leyes, es el fundamento para reconocer una competencia que complementa el numeral 10 de esa misma disposición; (vi) la existencia de una duda sobre la vigencia de una competencia que asegura la supremacía de la Constitución, debe conducir a privilegiar aquella interpretación que más favorezca dicha supremacía.

 

3.3.9.4. Con fundamento en estas consideraciones la Corte concluyó que el artículo 27 de la Convención se ajustaba a la Constitución[101] pero, que el Gobierno al momento de perfeccionar el vínculo debía formular una declaración interpretativa conforme a la cual “Colombia precisa que acepta que un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno  como justificación del incumplimiento del tratado, en el entendido de que esta norma no excluye el control judicial de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados”.[102]    

 

3.4. Síntesis.

 

3.4.1. Antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, la Corte Suprema de Justicia construyó gradualmente una línea jurisprudencial de ampliación de la competencia para el juzgamiento de leyes aprobatorias de tratados: desde interpretaciones restrictivas -reconocidas y aplicadas a partir de 1914- denegatorias de cualquier posibilidad de control, hasta posturas hermenéuticas dirigidas a fijar una competencia temporalmente indefinida para examinar formalmente la ley o limitada en el tiempo para adelantar juicios relativos a vicios materiales. Los criterios empleados en la articulación del derecho internacional y el derecho interno, fueron: (i) la distribución de funciones de los poderes implicados en el proceso de perfeccionamiento del vínculo internacional y la interpretación del sistema de división de los poderes -perspectiva orgánica-; (ii) el vínculo existente entre la ley aprobatoria y el tratado internacional -perspectiva de la naturaleza jurídica de la ley-; (iii) los efectos internos e internacionales de una decisión de inexequibilidad, en particular, de la eventual responsabilidad del Estado -perspectiva del compromiso internacional-; (iv) la garantía de la naturaleza normativa de la Constitución -perspectiva de la supremacía constitucional-. Fue esta última razón la que explicó, en buena medida, que la Corte hubiera acogido la doctrina de la competencia intemporal por vicios de forma y la tesis de la competencia temporal por vicios de fondo.  

 

3.4.2. El proceso constituyente de 1991 arrojó un texto finalmente aprobado que pretendió enfrentar problemas de diferente tipo: (i) cristalizar la garantía de la supremacía de la Constitución en pretendida armonía con la salvaguarda de la seguridad jurídica interna e internacional;  (ii) lograr eficiencia en el trámite de perfeccionamiento de un vínculo internacional; y (iii) concitar la colaboración de las tres ramas del poder. De la fórmula adoptada, de los textos propuestos y de las discusiones suscitadas, es posible identificar algunas características importantes de la voluntad constituyente sobre la regulación del control de los tratados internacionales:

 

3.4.2.1. En primer lugar, la obligación de proteger los mandatos constitucionales y de asegurar la supremacía en el ordenamiento jurídico, tuvo como efecto la decisión constituyente de someter los tratados internacionales a dos tipos de controles: (i) un control político a cargo del Congreso de la República, manifestado en la posibilidad de aprobar o improbar los tratados sometidos a su consideración por el Gobierno Nacional; (ii) un control judicial, a cargo de la Corte Constitucional. A pesar de los desacuerdos acerca del orden de sucesión, es posible identificar una opinión dominante en el sentido de afirmar que, en todo caso, habrían de surtirse los dos. En desarrollo de este último control, la Corte Constitucional se encontraría obligada a juzgar el tratado así como la ley aprobatoria, tanto por vicios de procedimiento en su formación como por vicios de fondo[103]. Estas particularidades destacan el carácter integral del juicio adelantado ante la Corte: el que el pronunciamiento de la Corte se produjera después de la sanción de la ley, aseguraría que ninguna de las actuaciones del trámite de formación de la ley quedara exenta del examen constitucional automático establecido. A pesar de que en algunos de los proyectos originalmente presentados no se delimitaba con precisión el alcance del control, en los debates surtidos en la sesión de fecha 24 de mayo de 1991, la revisión completa de la ley y del tratado fue puesto de presente en varias de las intervenciones, sin que se presentara una oposición clara a tal conclusión.     

 

3.4.2.2. Como forma de optimizar la supremacía de la Carta y la eficiencia en el trámite de perfeccionamiento del vínculo internacional, resultaba indispensable prever un control que no demandara el ejercicio de la acción pública y, en esa medida, la competencia de la Corte se activaría por ministerio de la Constitución con la remisión de la ley sancionada por el Presidente de la República, en un término breve. El contenido de la regulación, así como la posibilidad de participación de los ciudadanos en el proceso correspondiente, daba cuenta del carácter automático pero participativo del control constitucional en este tipo de casos. En atención a tal carácter automático, puede entenderse la exclusión de propuestas de reforma que permitían el ejercicio de la acción pública en contra de tratados, bajo la condición de que ello ocurriera hasta antes del perfeccionamiento del vínculo internacional. Estas propuestas, que acogían la denominada tesis de la competencia temporal examinada por la jurisprudencia de la Corte Suprema en vigencia de las normas constitucionales anteriores, no podían ser adoptadas si lo pretendido era asegurar la supremacía de la Carta, en tanto la activación del control dependía de la decisión de los ciudadanos y, en esa dirección, podría asumirse un vínculo internacional contrario a la Constitución y posteriormente incuestionable.   

 

3.4.2.3. Con el objetivo de preservar la estabilidad del vínculo jurídico, se dispuso que la competencia de la Corte consistiera en decidir definitivamente. Este rasgo, que combinado con los anteriores, implica que la decisión de la Corte hace tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta y deriva en la imposibilidad de intentar una acción pública de inconstitucionalidad en contra de un tratado o de la ley que lo aprueba cuando se ha surtido el control previsto. En esa medida, el Presidente de la República quedaba habilitado para perfeccionar el vínculo internacional acudiendo a los medios previstos para el efecto.  Cabe advertir que no es posible inferir del proceso constituyente, una intención de proscribir el control constitucional de tratados perfeccionados y no juzgados constitucionalmente, como tampoco la voluntad de autorizar de manera absoluta dicho control.  

 

3.4.2.4. Finalmente, la regla adoptada en la Constitución implicó otra decisión fundamental: el perfeccionamiento de tratados, por parte del Presidente de la República, depende no solo de la decisión del Congreso de la República sino de las determinaciones que adopte la Corte Constitucional. La decisión de este Tribunal constituye una condición necesaria para que sea posible el perfeccionamiento del vínculo internacional, reiterando el carácter preventivo de la intervención de la Corte Constitucional.

 

3.4.3. La Corte Constitucional ha definido el alcance de su competencia en materia de control constitucional de tratados perfeccionados en vigencia de la Constitución anterior. Una tesis negó enfáticamente las posibilidades de adelantar el control, al paso que  otra afirmó su procedencia aunque determinó de manera diferente su alcance. La sentencia C-027 de 1993 señaló que la posibilidad de declarar inconstitucional un tratado ya perfeccionado solo era procedente al configurarse un vicio de competencia manifiesto. La sentencia C-400 de 1998, que formuló el precedente en la actualidad vigente, sentó la obligación de declarar la inexequibilidad de los compromisos internacionales, en todos aquellos casos en los que se desconociera la Constitución de Colombia.

 

3.4.4. La regla de decisión vigente, según la cual la Corte es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley aprobatoria de un tratado perfeccionado, se funda en el reconocimiento de la supremacía e integridad de la Constitución. Dicha supremacía  impide, en el plano interno, que el Estado Colombiano asuma compromisos que se opongan a las decisiones constituyentes.

 

4. Las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional.

 

4.1. Regulación internacional en la Constitución.

 

La Constitución contiene múltiples normas que se ocupan de las relaciones exteriores del Estado y plantean complejas relaciones entre los ordenamientos interno e internacional.

 

4.1.1. Un primer grupo normativo se encuentra conformado por aquellas que definen los objetivos y criterios que orientan y regulan las relaciones internacionales del Estado.

 

4.1.1.1. En esa dirección el artículo 9º prescribe los principios en los que se fundan las relaciones internacionales y dispone que la política exterior de la República de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. En sentido similar, el artículo 226 prevé que el Estado promoverá la internacionalización de sus relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas a partir de bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

 

4.1.1.2. El artículo 227 dispone que el Estado Colombiano promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe, mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. Adicionalmente, el artículo 150, numeral 16, prevé, sin aludir específicamente al ámbito de integración regional del área Latinoamericana y del Caribe que, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia, podrá el Estado Colombiano celebrar tratados que tengan por finalidad transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales con el propósito de promover o consolidar la integración económica con otros Estados.

 

4.1.2. Un segundo grupo de disposiciones establecen reglas relativas a las competencias en materia de dirección de las relaciones internacionales y a los procedimientos correspondientes al control político y judicial de los tratados celebrados por la República de Colombia. Se destaca en ese contexto, la regulación aplicable al Presidente de la República, al Congreso y a la Corte Constitucional.

 

4.1.2.1. El artículo 189, numeral 2°, le atribuye al Presidente de la República la competencia para dirigir las relaciones internacionales y, en desarrollo de tal atribución, nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y sujetos de derecho internacional –entidades- tratados -convenios-. Ese mismo artículo le asigna al Presidente de la República la competencia de proveer la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación, y la inviolabilidad de su territorio, (ii) declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera y (iii) convenir y ratificar los tratados de paz (num. 6).

 

4.1.2.2. Por su parte y también delimitando las competencias del Presidente de la República, el artículo 224 lo autoriza para dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial que hubieren sido acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En esos eventos debe enviarse el tratado al Congreso para su aprobación y, de improbarse,  la aplicación provisional se suspenderá.

 

4.1.2.3. El artículo 58 transitorio autorizó excepcionalmente al Gobierno Nacional para ratificar los tratados ya suscritos que hubiesen sido aprobados, al menos, por una de las Cámaras del Congreso de la República. Finalmente, el artículo 225 dispone la existencia de una Comisión de Relaciones Exteriores que deberá actuar como cuerpo consultivo del Gobierno.

 

4.1.2.4. El artículo 150 (numeral 16) le asigna al Congreso la competencia para aprobar o improbar los tratados que la República de Colombia haya celebrado con otros Estados o con otros sujetos –entidades- de derecho internacional. El artículo 154 determina que la iniciativa de proyectos de ley relativos a las relaciones internacionales debe iniciar su trámite en el Senado de la República, sometiéndose -en su aprobación- a las reglas generales de la ley ordinaria. Prevé el artículo 164 que el Congreso se encuentra obligado a dar prioridad al trámite de los proyectos de ley aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su consideración por parte del Gobierno. Al regular los casos en los cuales no es posible el referendo, el artículo 170 contempla a las leyes aprobatorias de tratados. 

 

4.1.2.5. El artículo 241 establece a cargo de la Corte el control constitucional previo a la ratificación, de las leyes aprobatorias de tratados así como de los tratados mismos, prescribiendo que solo en las condiciones establecidas por la Corte el presidente podrá perfeccionar el vínculo internacional. Esta atribución de la Corte comprende, según lo ha definido la jurisprudencia, el control de los tratados a los que alude el artículo 58 transitorio de la Constitución. Adicionalmente y conforme se sintetizó en el fundamento jurídico XXXX, al describir las competencias de esta Corporación, el numeral 4 del artículo 241 le confiere la atribución para adelantar el examen de las leyes aprobatorias de tratados ratificados antes de 1991.

 

4.1.3. Finalmente un tercer grupo establece normas relacionadas con la integración de las normas del derecho internacional en el sistema de fuentes previendo, con mayor o menor claridad, la posición de las mismas.

 

4.1.3.1. Puede constatarse en ese sentido la referencia a los instrumentos internacionales para identificar e interpretar los derechos de una parte así como para determinar la conformación de las fuentes del derecho de algunas áreas del ordenamiento. Cabe destacar, en esa dirección (i) el artículo 44 al remitir a los tratados para identificar aquellos derechos cuya titularidad, en adición a los que se mencionan expresamente, se encuentra radicada en los niños, (ii) el artículo 53 al disponer que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados harán parte de la  legislación interna, (iii) el artículo 93 al prescribir (a) la prevalencia en el orden interno de los tratados y convenios internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el Presidente que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción y (b) la obligación de interpretar los derechos y deberes constitucionales de acuerdo con los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Colombiano, (iv) el artículo 94 que reitera la regla según la cual los derechos pueden ser objeto de reconocimiento en los tratados o que, en todo caso, no supone negar la existencia de otros inherentes al ser humano y (v) el artículo 214 conforme al cual, aun en los estados de excepción, siempre se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario -y que es obligatoria la expedición de una ley estatutaria que establezca los controles y garantías para proteger los derechos de acuerdo con lo dispuesto en los tratados-. Finalmente y en estrecha relación con el propósito de garantizar la protección de los derechos humanos, (vi) el Acto Legislativo 2 de 2001 dispuso adicionar el artículo 93 previendo una autorización para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y para ratificar el denominado “Estatuto de Roma”. Igualmente admitió que dicho tratado contemplara tratamientos diferenciados respecto de garantías reconocidas por la Carta.

 

4.1.3.2. También se prevén reglas que acuden al derecho internacional para determinar los límites del territorio y para identificar qué elementos hacen parte de él. Con esa orientación el artículo 101consagra (i) que la fijación de limites puede llevarse a efecto mediante tratados aprobados por el Congreso y ratificados por el Presidente o mediante laudos en que sea parte la Nación; (ii) que su modificación solo es admisible con apoyo en tratados que cumplan las condiciones de aprobación y ratificación antes señaladas; y (iii) que hacen parte de la República de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el derecho internacional.

 

4.1.3.3. Cumpliendo también la función de determinar el papel de las fuentes del derecho internacional para delimitar el ejercicio de una competencia (i) el articulo 35 remite a los tratados como uno de los instrumentos en los que se puede fundamentar la extradición; (ii) el artículo 96 dispone que serán nacionales por adopción los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos; y (iii) el artículo 235 dispone que le corresponderá a la Corte Suprema, en los casos en que así lo disponga el derecho internacional, los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación.

 

4.2. Relaciones generales entre los ordenamientos jurídicos de derecho internacional y derecho interno.

 

4.2.1. Instrumentos internacionales y Constitución.

 

Los vínculos que surgen entre el derecho interno y el derecho internacional han sido analizados en la jurisprudencia constitucional en múltiples oportunidades. A partir de las disposiciones constitucionales así como de los diferentes pronunciamientos de este Tribunal, es posible identificar un conjunto de reglas y principios que definen las relaciones entre tales manifestaciones del derecho contemporáneo.

 

Las cuestiones que han dado lugar a la definición de tales reglas y principios son de diferente naturaleza. Así, la Corte ha debido enfrentar preguntas relativas (i) al carácter vinculante, en el derecho interno, de instrumentos internacionales; (ii) a la forma en que la Constitución reconoce tales instrumentos; y (iii) a su ubicación en el sistema de fuentes colombiano. En relación con este último problema, la Corte, adicionalmente (iv) ha debido precisar las relaciones que existen entre los diferentes instrumentos internacionales y la Constitución, a fin de establecer si se integran a esta en algún sentido y, en caso de ser así, qué significa tal integración.

 

4.2.2. Remisiones al Derecho Internacional.

 

Las remisiones al derecho internacional en la Constitución son entonces de diferente tipo y cumplen diferentes funciones. En esta oportunidad la Corte juzga importante, sin perjuicio de las consideraciones que se formulen al adelantar el examen especifico de cada una de las disposiciones demandadas, presentar una síntesis de las principales relaciones que pueden identificarse entre el derecho internacional y el derecho interno y, en particular, los supuestos constitucionales que deben orientar dicha interacción. Esta síntesis permitirá, entre otras cosas: (i) precisar que no todas las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno fueron objeto de tipificación constitucional; (ii) que el bloque de constitucionalidad ha constituido uno de los ejes para comprender tales relaciones, aunque no todas ellas se agotan y explican a partir de tal categoría; y (iii) que es necesario afirmar un conjunto de relaciones particulares entre el derecho internacional y el derecho interno que se gobiernan, en todo caso, por la regla de supremacía constitucional establecida en el artículo  4º de la Constitución. 

  

4.2.3. El carácter diferenciado de las relaciones del derecho interno y el derecho internacional.

 

4.2.3.1. El examen cuidadoso de la experiencia constitucional colombiana a partir de 1991, permite identificar algunos rasgos particulares de la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Tales rasgos demandan una aproximación, no a partir de tesis extremas que superpongan una u otra área a las demás sino, por el contrario, una perspectiva que considere que las relaciones entre ellas no se manifiestan -en todos los casos- de manera uniforme.

 

4.2.3.2. Ese punto de partida se apoya en el hecho de que la Constitución, al paso que prevé diferentes vínculos entre el ordenamiento jurídico doméstico y las fuentes del derecho internacional -materializando así el propósito constituyente de internacionalizar las relaciones políticas, económicas, sociales y ambientales-, también es inequívoca al determinar que la soberanía radica en el pueblo; y, al ser ello así, su expresión primigenia en la Carta Política impone un deber irrenunciable de proteger su supremacía. Así pues, este Tribunal considera que la interacción del derecho interno y el derecho internacional debe interpretarse considerando que las relaciones entre derecho internacional y derecho interno son de diversa naturaleza y alcance.

 

4.2.3.3. Entre las diferentes fuentes del derecho interno y el derecho internacional existen relaciones de jerarquía que deben ser tenidas en cuenta por el intérprete de la Carta. En esa dirección, la regla de supremacía constitucional, en tanto constituye el parámetro para reconocer las normas que pertenecen al sistema jurídico colombiano, demanda que la totalidad de normas respeten los límites establecidos en ella y, al mismo tiempo, optimicen los mandatos que contiene. De esa consideración se siguen las reglas, reconocidas por la Corte Constitucional desde la sentencia C-400 de 1998, conforme a las cuales (a) en caso de incompatibilidad entre una norma internacional y una norma constitucional deben preferirse las constitucionales activándose en esos casos, (b) un deber de emprender las actividades que se requieran para superar la contradicción entre ambos ordenamientos. 

 

No obstante lo anterior, es posible que algunas de las fuentes del derecho internacional gocen de un predominio respecto de fuentes exclusivamente nacionales. Conforme a ello, (i) las disposiciones del ius cogens en tanto normas imperativas del derecho internacional tienen una jerarquía especial y, en esa medida, la Constitución se encuentra a ellas sometida. La Corte también ha reconocido: (ii) la especial posición, en la jerarquía de fuentes, de los tratados de derechos humanos y los tratados de límites, al punto que pueden condicionar la validez de otras normas jurídicas; (ii) la posibilidad de que normas dictadas por órganos comunitarios de organizaciones internacionales con vocación subregional, en desarrollo de la cesión parcial de algunas competencias por parte del Estado, prevalezcan y produzcan efectos inmediatos en el ordenamiento jurídico; y (iii) la necesidad de otorgarle un valor especial a las leyes aprobatorias de tratados en consideración, no solo al trámite especial que las gobierna -se someten a un control automático de constitucionalidad-, sino al hecho consistente en que a través de ellas se incorporan en el orden interno obligaciones internacionales.    

 

4.2.3.4. Las relaciones del derecho interno y el derecho internacional también se manifiestan en procesos de armonización o integración. De esta manera (i) algunos tratados, cobijados por el concepto del bloque de constitucionalidad, permiten reconocer derechos no establecidos directamente en la Carta o hacen posible dinamizar y corregir la interpretación de normas que, como las de derechos humanos, se encuentran afectadas por el más alto grado de indeterminación; (ii) las interpretaciones autorizadas de cortes internacionales de derechos humanos ofrecen alternativas hermenéuticas de la Carta de derechos; (iii) diferentes normas del derecho internacional permiten no solo orientar las relaciones exteriores -tal y como lo prevé el artículo 9- sino que, al mismo tiempo, ofrecen criterios para juzgar la constitucionalidad de disposiciones de derecho interno; o (vi) las normas del derecho interno pueden contribuir a reforzar determinados instrumentos internacionales que, en atención a su naturaleza no obligatoria, dependen de su transposición o incorporación en el ordenamiento interno.

 

4.2.3.5. Finalmente, la relación entre el derecho interno y el internacional también supone que los propósitos de uno y otro, en ocasiones coinciden pero en otras difieren. Por ello es importante que las autoridades competentes participen de una interpretación de la Constitución que, sin renunciar a la filosofía libertaria, social y democrática que la inspira, haga posible su coordinación, según el rumbo que la sociedad internacional a partir de verdaderos consensos políticos e interculturales, vaya trazando. En esa dirección se encuentra, por ejemplo, el artículo 214 de la Constitución al incorporar, automáticamente, las normas -incluso consuetudinarias- del derecho internacional humanitario o el Acto Legislativo que permitió el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

 

4.2.4. Desarrollos jurisprudenciales.

 

A continuación, la Corte presenta una síntesis general del estado actual de la jurisprudencia a partir de la que se edifican las conclusiones anteriores.  Así las cosas  la Corte se ocupará de la relación entre el derecho interno y el derecho internacional en las siguientes materias: normas de ius cogens; derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario; artículo 9 de la Constitución y principios del derecho internacional aceptados por Colombia; derecho internacional del trabajo y, en particular, convenciones internacionales del trabajo; derecho comunitario; tratados en materia económica y comercial, adoptados en el ámbito de organismos internacionales y derecho de los tratados. En atención a su relevancia específica para resolver algunos de los problemas planteados en esta oportunidad, las relaciones del régimen constitucional en materia de límites y de integración del territorio y el derecho internacional, serán objeto de tratamiento específico.

 

4.3. Las normas imperativas de derecho internacional o de ius cogens y el derecho interno.

 

4.3.1. La noción de norma imperativa de derecho internacional o de ius cogens aun cuando pudiere remontarse –en sus antecedentes teóricos y conceptuales– a orígenes remotos, fue acordada, en su definición, en la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados”, llevada a efecto en la ciudad de Viena, República de Austria, del año 1968 al año 1969 y codificada en el artículo 53 de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”, adoptada en la aludida Conferencia. La precitada cláusula dispone:

 

Tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (jus cogens)

 

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

 

4.3.2. La Corte Internacional de Justicia ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la categoría de normas imperativas de derecho internacional o de ius cogens. En ese sentido, conviene referir la decisión del Caso “Armed activities in the territory of the Congo” del año 2006, en la que el tribunal internacional en afirmó que la prohibición del genocidio era, con plena seguridad, norma imperativa de derecho internacional. Adicionalmente, otras sentencias de la Corte Internacional de Justicia, aun cuando no han empleado –de manera expresa– los vocablos “normas de ius cogens”, han sido entendidas como definitorias de normas de tal categoría, inter alia, la proferida en la decisión del Caso “Military and paramilitary activities in and against Nicaragua”, entre la República de Nicaragua y los Estados Unidos de América, respecto de ciertas reglas básicas sobre el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados[104].

 

4.3.3. Por su parte, la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas, señaló que los ejemplos más citados de normas imperativas de derecho internacional o de ius cogens son: la prohibición de la agresión; de la esclavitud y el comercio de esclavos; del genocidio; del apartheid de discriminación racial; de la tortura; y ciertas reglas básicas sobre el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados[105].

 

4.3.4. De conformidad con la definición prevista en el referido artículo 53 de la  “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”, las normas imperativas de derecho internacional, al ser “aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como normas que no admiten acuerdo en contrario y que sólo pueden ser modificadas por norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”, no son susceptibles de ser desconocidas por la Constitución Política. Como consecuencia de lo expuesto, prevalecen sobre la Carta.

 

4.3.5. Aunque el ordenamiento constitucional interno pueda integrar directamente al texto constitucional algunas disposiciones del ius cogens, tal y como ocurre, al menos en principio, con el artículo 214 al aludir a las normas del derecho internacional humanitario, es indudable que tal tipo de disposiciones, en atención a su naturaleza, tienen una posición jerárquica que condiciona la validez material no solo de las demás normas internacionales sino también de disposiciones constitucionales o superiores del derecho interno. 

 

4.4. La relación entre el derecho interno, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

 

4.4.1. La Constitución contiene referencias expresas a las normas internacionales  relacionadas con los derechos humanos. De manera específica, el artículo 93 de la Constitución establece dos remisiones a los tratados en esta materia. La remisión contenida en el primer inciso cumple una función integradora en tanto hace posible reconocer como derechos exigibles en Colombia aquellos que, aunque no se encuentren contenidos en la Carta, son derechos reconocidos en tratados y convenios aprobados por el Congreso, que no admiten su limitación durante los estados de excepción. A su vez, la remisión del segundo inciso tiene como efecto integrar al ordenamiento jurídico nacional, como criterios de interpretación de los derechos y deberes reconocidos en la Constitución, a todos los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Colombiano. Es claro que los tratados a los que alude el artículo citado son aquellos en los que se ha perfeccionado ya el vínculo internacional y que, en esa medida, han cumplido las exigencias impuestas por la Constitución para tal efecto.

 

4.4.2. La Constitución, en el marco de la regulación de los estados de excepción, dispuso en el numeral 2 del artículo 214 que siempre se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Eso implica una remisión directa a las normas que componen el referido ordenamiento y que, incluso, indica que su validez en el sistema jurídico colombiano resulta independiente de la existencia de un convenio internacional en vigor para la República de Colombia. Ahora bien, al margen de lo anterior, es claro que existe un reenvío expreso y preciso que  permite identificar una decisión constituyente, análoga a la contenida en el artículo 93, dirigida a otorgarle un alto valor constitucional a las normas que componen el derecho internacional humanitario.

 

4.4.3. La jurisprudencia de esta Corporación se ha esforzado por establecer la posición que ocupan estas normas de derecho internacional respecto de la Constitución y de las otras normas del ordenamiento interno. Para ello, aunque no fue así siempre, sostiene que este grupo de disposiciones se integran al denominado bloque de constitucionalidad. Una breve revisión de algunas de las decisiones de la Corte hacen posible identificar la incorporación de este concepto para explicar el papel de estas disposiciones en el ordenamiento vigente, lo que evidencia la íntima relación entre el derecho interno y el internacional en materia de protección de los derechos humanos.

 

4.4.3.1. Desde sus primeras providencias la Corte estableció el valor o efecto de las normas internacionales sobre derechos humanos. Así, en la sentencia T-002 de 1992, la Corte advirtió que uno de los criterios auxiliares para definir la fundamentalidad de un derecho en atención a lo dispuesto por el artículo 93 de la Carta, era su reconocimiento en los tratados de derechos humanos. Con fundamento en esa consideración, entre otras, concluyó que la educación era un derecho fundamental. Para ello citó como fuentes el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y el contenido de la “Declaración Universal de Derechos Humanos”. Con una orientación similar, la sentencia T-426 de 1992 afirmó que el derecho de los ciudadanos a que se satisfagan sus necesidades mínimas se encontraba reconocido como derecho fundamental en las normas contenidas en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de manera tal que, y, por consiguiente, era necesario reconocer “el carácter fundamental del derecho a la seguridad social para aquellas personas con necesidades básicas insatisfechas y que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental.” La Corte anunciaba de manera genérica el significado y valor interpretativo de los tratados de derechos humanos, como el referido Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

 

4.4.3.2. Al adelantar el control abstracto de constitucionalidad la Corte también empezó a identificar y caracterizar las relaciones entre la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. La sentencia C-574 de 1992 reconoció que el “Protocolo Adicional a la Convención de Ginebra” hacía parte integral de las normas de ius cogens, razón que justificaba que el Constituyente acogiera en el artículo 214 una “fórmula de la incorporación automática del derecho internacional humanitario al ordenamiento interno nacional”. Así mismo, estableció que “las reglas del derecho internacional humanitario son hoy, -por voluntad expresa del Constituyente-, normas obligatorias per se  sin ratificación alguna previa o sin expedición de norma reglamentaria”. Finalmente, señaló que la Constitución colombiana limita expresamente la competencia de las instancias creadoras y aplicadoras del derecho, en beneficio de la obligatoriedad plena de los principios del derecho internacional humanitario”[106].

 

Meses después, al adelantar el examen constitucional de algunas disposiciones del “Concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede”, la sentencia C-027 de 1993, caracterizó como ius cogens las normas a las que hacían referencia los artículos 93 y 214 de la Carta. Dicho eso explicó así sus relaciones con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico nacional:

 

“Surge de esta manera una verdadera  integración jurídica entre el derecho interno de los países, en cuya cúpula se halla la Constitución Política, y el derecho internacional cuando está de presente su jus cogens, dado que éste por representar valores superiores, inalienables e inenajenables del individuo como son los derechos humanos, se coloca por encima de la misma normación internacional que pudiera desconocerlos y al mismo jus cogens habrá de acomodarse la legislación interna de los países (art. 93 C.N.)  Dentro de esta concepción es que esta Corte habrá de juzgar el Concordato, el cual por ello ofrece características de tratado sui géneris.”

 

De estas decisiones se infieren dos reglas. La primera indica que el valor del derecho internacional humanitario en el ordenamiento jurídico proviene no solo de su condición de ius cogens sino de la referencia expresa que hace el artículo 214 de la Carta, de manera tal que su obligatoriedad no depende de la celebración de tratado alguno[107]. Esto implica que las normas que integran tal área del derecho tienen fuerza constitucional directa. La segunda regla prescribe que los derechos humanos –en general- se encuentran en la cúpula con la Constitución. A ellos no solo se somete el derecho interno sino también el restante derecho internacional[108].  

  

Una consideración importante que tuvo por objeto precisar la relación de estas normas con la Constitución fue planteada por este Tribunal en la sentencia       C-295 de 1993. Según la Corte la prevalencia de los tratados de derechos humanos prevista en el artículo 93 se encuentra condicionada a que “no contraríen o vulneren los preceptos consagrados en nuestra Carta Política, pues en el caso de que tal cosa ocurriera las cláusulas transgresoras serían inaplicables.” Ello implica que los tratados de derechos humanos referidos en la citada disposición se encuentran en todo caso sometidos a la Carta Política y, por ello, su prevalencia no es absoluta. 

 

En concordancia con esta perspectiva, posturas más recientes de este Tribunal han advertido la necesidad de interpretar el contenido de los tratados de derechos humanos integrados al bloque de constitucionalidad en armonía con la Constitución. Así por ejemplo, la sentencia C-028 de 2006 sostuvo “que la pertenencia de una determinada norma internacional al llamado bloque de constitucionalidad, de manera alguna puede ser interpretada en términos de que esta última prevalezca sobre el Texto Fundamental” y, por ello, es imprescindible “adelantar interpretaciones armónicas y sistemáticas entre disposiciones jurídicas de diverso origen.[109]

 

4.4.3.3. La aparición del concepto del bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia constitucional permitiría avanzar en la determinación de las relaciones entre la Constitución y el derecho internacional humanitario. Ello ocurrió en la sentencia C-225 de 1995.[110] En esa oportunidad, señaló que el derecho internacional humanitario se encuentra comprendido por el contenido normativo del primer inciso del artículo 93 de la Carta en tanto esta norma alude a los derechos cuya limitación no es posible durante los estados de excepción.

 

Considerando lo que había ya había advertido en el pasado acerca del sometimiento a la Carta de los tratados referidos en el artículo 93, la Corte se preguntó cuál debía ser, atendiendo la supremacía constitucional, el alcance de la regla de prevalencia del inciso primero del referido artículo:

 

“La Corte considera que la noción de "bloque de constitucionalidad", proveniente del derecho francés pero que ha hecho carrera en el derecho constitucional comparado (…), permite armonizar los principios y mandatos aparentemente en contradicción de los artículos 4º y 93 de nuestra Carta.

 

(…)

 

Como vemos, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos  principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu.

 

En tales circunstancias, la Corte Constitucional coincide con la Vista Fiscal en que el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario (CP arts 93 y 214 numeral 2º) es que éstos forman con el resto del texto constitucional un "bloque de constitucionalidad", cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera se armoniza plenamente el principio de supremacía de la Constitución, como norma de normas (CP art. 4º), con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción (CP art. 93).

 

Como es obvio, la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario, con el fin de potenciar la realización material de tales valores.”

 

Esta sentencia estableció reglas de interpretación que serían atendidas, en general, por la jurisprudencia constitucional. En primer lugar, (i) el bloque de constitucionalidad es una categoría que explica la relación entre el mandato de prevalencia del inciso primero del artículo 93 y el deber de asegurar la supremacía constitucional. En segundo lugar, (ii) las normas que integran el bloque de constitucionalidad no están incorporadas formalmente a la Constitución y, en esa medida, no demandan para su modificación el trámite aplicable a las reformas constitucionales. Su incorporación se produce como consecuencia de la remisión que a tales normas hace el texto de la Carta. En tercer lugar (iii) el bloque de constitucionalidad no es nunca parámetro para el juzgamiento de la Constitución de 1991 y sí lo es para el control constitucional de las leyes. En cuarto lugar, (iv) a partir de las normas del bloque de constitucionalidad se activan deberes de modificar o ajustar el ordenamiento jurídico infra-constitucional en aquello que resulte incompatible con tales normas. 

 

4.4.3.4. Perfilado el concepto de bloque de constitucionalidad, la Corte pronto avanzaría en la diferenciación de dos sentidos del mismo y asignaría al derecho internacional humanitario la máxima posición. En la sentencia C-358 de 1997 esta Corporación sostuvo:

 

“Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corporación, el bloque de constitucionalidad (…) está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes. Ello bien sea porque se trata de verdaderos  principios y reglas de valor constitucional, esto es, porque "son normas situadas en el nivel constitucional", como sucede con los convenios de derecho internacional humanitario (…), o bien  porque son disposiciones que no tienen rango constitucional pero que la propia Carta ordena que sus mandatos sean respetados por las leyes ordinarias, tal y como sucede con las leyes orgánicas y estatutarias en determinados campos (…).”

 

Ello permitía diferenciar dos grupos de normas: aquellas integradas al bloque y, al mismo tiempo, ubicadas en una posición equivalente a la Constitución, y las  normas que no se encuentran en una posición equivalente a las de la Carta Política pero que, igual que las primeras, se erigen en parámetro de control de otras leyes. Esta perspectiva aseguraba la incorporación de diferentes tipos de normas al bloque de constitucionalidad allanando el camino, adicionalmente, para establecer relaciones jerárquicas diferenciadas. Con fundamento en esa distinción, la sentencia C-191 de 1998, señaló:

 

“Efectivamente, resulta posible distinguir dos sentidos del concepto de bloque de constitucionalidad. En un primer sentido de la noción, que podría denominarse bloque de constitucionalidad stricto sensu, se ha considerado que se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional, los que se reducen al texto de la Constitución propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagren derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción (C.P., artículo 93).

(…)

 

Más recientemente, la Corte ha adoptado una noción lato sensu del bloque de constitucionalidad, según la cual aquel estaría compuesto por todas aquellas normas, de diversa jerarquía, que sirven como parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. Conforme a esta acepción, el bloque de constitucionalidad estaría conformado no sólo por el articulado de la Constitución sino, entre otros, por los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes estatutarias.

(…)

 

En suma, es posible afirmar que aquellas normas que pertenezcan al denominado bloque de constitucionalidad lato sensu, se caracterizan por: (1) ser parámetro para efectuar el control de constitucionalidad del derecho interno; (2) tener un rango normativo superior a las leyes ordinarias (en algunos casos son normas constitucionales propiamente dichas y, en otros casos, ostentan una jerarquía intermedia entre la Constitución y la ley ordinaria); y, (3) formar parte del bloque de constitucionalidad gracias a una remisión expresa efectuada por alguna disposición constitucional”.

 

Resultaba entonces claro que el bloque de constitucionalidad, en sentido estricto, únicamente comprendería la Constitución misma y los tratados de derechos humanos enunciados en la primera parte del artículo 93 de la Carta, incluyendo, desde luego, las normas correspondientes al derecho internacional humanitario. Las restantes normas, erigidas en referente de control constitucional, quedaban comprendidas por el sentido lato del bloque. Adicionalmente por lo expresamente establecido en el artículo 44 de la Carta los tratados internacionales que reconozcan derechos a los niños hacen parte del bloque de constitucionalidad[111].

 

4.4.3.5. En la sentencia C-400 de 1998, la Corte se ocupó de analizar las relaciones y tensiones entre el derecho interno y el derecho internacional. En esa oportunidad señaló (i) la regla general según la cual la Constitución prevalecía sobre todos los tratados y (ii) una regla exceptiva -a la que no resultaría aplicable esa prevalencia- que comprendía los tratados de derechos humanos que prohíben su limitación en los estados de excepción y los tratados de límites. En consideración a ello “con excepción de los tratados de fronteras y ciertos convenios de derechos humanos, en virtud del artículo 4º superior, son inaplicables en nuestro país todas aquellas normas previstas por instrumentos internacionales que desconozcan preceptos constitucionales.”

 

En el mismo nivel de los tratados de derechos humanos referidos en el inciso primero del artículo 93 de la Constitución quedaban integrados los tratados de límites en virtud de lo  establecido en el artículo 101. Como se explicará adelante, la Corte daría un paso adicional en la precisión de la ordenación de las normas integradas al bloque de constitucionalidad, en sentido estricto, al indicar que este último tipo de tratados -ya perfeccionados al entrar en vigencia la Constitución de 1991- no podían cuestionarse judicialmente y su modificación requeriría de la celebración de un tratado aprobado mediante el trámite propio de una reforma constitucional. Esto supuso la constitucionalización -en el sentido más fuerte- de tales tratados de límites.  

 

Esta distinción demostraba que entre las normas integradas al bloque era posible establecer diferencias en atención a su ubicación jerárquica. Esta idea quedaría planteada en la sentencia C-582 de 1999 en la que este Tribunal sostuvo que “las normas que integran el bloque de constitucionalidad son parámetros de legitimidad constitucional, pero no por ello gozan de idéntica jerarquía normativa.”. En consideración a ello  “no todos los contenidos normativos que son parámetros de constitucionalidad, deban ser modificados de acuerdo con el procedimiento previsto para la reforma constitucional, pues el proceso de cambio normativo varía según la naturaleza de cada disposición.

 

4.4.3.6. El Acto Legislativo 2 de 2001 -que adicionó el artículo 93 de la Constitución- tuvo como efecto, con el propósito de avanzar en la protección internacional de los derechos humanos, la incorporación del denominado “Estatuto de Roma” al bloque de constitucionalidad, en tanto dicho acto legislativo efectúa una remisión directa al mismo. En esa medida y aunque las disposiciones que hacen parte de tal tratado tienen un ámbito restringido de aplicación, ellas se erigen en parámetro de control constitucional. Incluso, algunas de las consideraciones vertidas en la sentencia C-578 de 2002 advierten que el precitado “Estatuto de Roma” debe interpretarse en el caso de juzgamiento de colombianos de conformidad con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, de manera tal que las normas que integran tales ordenamientos deberán ser tenidas en cuenta “siempre y cuando éstos no sean incompatibles con dicho Estatuto ni restrinjan el alcance de sus disposiciones.” Si ello es así, es claro que las disposiciones de tal Estatuto hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. 

 

4.4.3.7. La jurisprudencia de la Corte se ha ocupado de diferenciar el alcance de los dos primeros incisos del artículo 93. Ha señalado que se trata de supuestos diversos de influencia de los tratados de derechos humanos y que se corresponden, respectivamente, con una función integradora y con otra interpretativa. En la sentencia T-1319 de 2001 este Tribunal explicó esta cuestión precisando (i) que el primer enunciado incorpora al bloque las normas de derechos humanos que no permiten su limitación en los estados de excepción –derechos intangibles-[112] y (ii) que el segundo inciso “completa y dinamiza el contenido protegido de un derecho que ya está consagrado en la Carta (…)”. A partir de esta distinción, la Corte señaló que en tanto la influencia de los tratados de derechos humanos en virtud del segundo inciso del artículo 93 es interpretativa lo que procede en esos casos es  “(…) fundir ambas normas (la nacional y la internacional) y (iii) acoger la interpretación que las autoridades competentes hacen de las normas internacionales e integrar dicha interpretación al ejercicio hermenéutico de la Corte.”

 

Refiriéndose a esta doble la función y su utilidad para establecer límites al margen de configuración del legislador en materia penal, sostuvo en otra oportunidad: 

 

“Las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad cumplen diversas funciones dentro del ordenamiento jurídico colombiano; en relación con el establecimiento de límites al margen de configuración del Legislador en materia penal, el bloque de constitucionalidad cumple dos funciones distintas: una función interpretativa –sirve de parámetro guía en la interpretación del contenido de las cláusulas constitucionales y en la identificación de las limitaciones admisibles a los derechos fundamentales-, y una función integradora -provisión de parámetros específicos de constitucionalidad en ausencia de disposiciones constitucionales expresas, por remisión directa de los artículos 93, 94, 44 y 53 Superiores-. Ambas funciones han sido aplicadas por la Corte Constitucional en su jurisprudencia sobre los límites del margen de configuración del legislador en materia penal, sea para identificar un desconocimiento de la Constitución con la ayuda interpretativa de las normas incluidas en el bloque, o para aplicar directamente los parámetros establecidos por tales normas en ausencia de una cláusula constitucional específica.”

 

Esa función interpretativa[113] ha permitido integrar al bloque de constitucionalidad, derechos humanos cuya limitación no se encuentra prohibida durante los estados de excepción[114]. Sobre ello la sentencia C-067 de 2003 explicó: 

 

“También hacen parte integrante y principal del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales que consagran derechos humanos intangibles, es decir, cuya conculcación está prohibida durante los Estados de Excepción; así como también integran el bloquede conformidad con el artículo 214 de la Constitución Política, los convenios sobre derecho internacional humanitario, como es el caso de los Convenios de Ginebra (…).

 

Por vía de una aplicación extensiva del inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política, la Corte ha admitido que incluso aquellos tratados internacionales que establecen derechos humanos que pueden ser limitados durante los estados de excepción –tal es el caso del derecho a la libertad de movimiento– forman parte del bloque de constitucionalidad, aunque sólo lo hagan como instrumentos de interpretación de los derechos en ellos consagrados.”

 

4.4.3.8. La función interpretativa de los tratados de derechos humanos que se anuda al artículo 93 ha conducido a la Corte a considerar como criterio relevante para la fijación del alcance de los derechos reconocidos en la Carta, por ejemplo, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa dirección se halla la sentencia C-228 de 2002, en la que se estudió la constitucionalidad de una norma relativa a la indemnización de la parte civil en un proceso penal. Allí se acudió, de manera reiterada, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso a declaraciones adoptadas en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, para determinar el contenido mínimo de los derechos de las víctimas de delitos. En igual sentido, la sentencia C-370 de 2006 en la que se analizó una demanda de inconstitucionalidad contra la denominada ley de justicia y paz, expresamente determinó que “por su relevancia como fuente de Derecho Internacional vinculante para Colombia, por tratarse de decisiones que expresan la interpretación auténtica de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte transcribirá algunos de los apartes más relevantes de algunas de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a estándares sobre justicia, no repetición, verdad y reparación de las víctimas de los graves atentados contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”. Más recientemente, esta Corporación a través de la sentencia C-442 de 2011 reafirmó que “la jurisprudencia de la Corte IDH contiene la interpretación auténtica de los derechos contenidos en la CADH, instrumento internacional que integra el parámetro de control de constitucionalidad”, otorgándole así, una especial relevancia al momento de estudiar casos realizados con derechos humanos[115].

 

4.4.3.9. Los tratados de derechos humanos integrados al bloque de constitucionalidad han sido enunciados como referentes relevantes para determinar los ejes definitorios de la Constitución en aquellos casos en los que se acusa una reforma constitucional por haber configurado un vicio competencial. Así la sentencia C-1040 de 2005 indico queLos tratados internacionales sobre derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad orientan al juez constitucional en la identificación de los elementos esenciales que definen la fisonomía insustituible de la Constitución de 1991, pero no son tales tratados un referente autónomo y supraconstitucional para juzgar el contenido material de una reforma de la Carta”.

 

Este planteamiento, que se ha reconocido en diversas providencias[116], reitera que si bien los tratados de derechos humanos tienen una prevalencia en el orden interno por disposición del artículo 93 superior, dicha prevalencia no implica la subordinación de la Constitución al contenido de aquellas.

 

4.5. La relación entre el derecho interno y los Convenios Internacionales del Trabajo. 

 

4.5.1. El artículo 53 de la Constitución Política dispone, entre otras cosas, que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. En atención a lo allí prescrito, la jurisprudencia de esta Corporación se ha ocupado de precisar la manera en que se materializan las relaciones entre el derecho internacional del trabajo y el derecho interno. Esa precisión ha tenido como punto de partida la membresía del Estado Colombiano en la Organización Internacional del Trabajo[117] y, en consecuencia, las obligaciones que pueden devenir de su participación. Son varios los asuntos constitucionales, todos estrechamente relacionados, que ha debido examinar esta Corporación. A continuación se presenta una síntesis de aquellos de mayor relevancia para caracterizar los vínculos que existen entre algunas de las fuentes del derecho internacional del trabajo y el derecho interno.

 

4.5.2. La incorporación de los convenios internacionales del trabajo al orden jurídico interno sigue la regla general aplicable a los tratados, en tanto la Constitución dispuso expresamente que serán parte de la legislación interna aquellos que se encuentren debidamente ratificados. Aunque esta Corporación, desde sus primeras decisiones, destacó las diferencias existentes entre los convenios internacionales del trabajo y el resto de tratados refiriendo, en particular, que a los primeros no les son aplicables todas las reglas contenidas en  la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” de 1969, sostuvo que su reconocimiento como legislación interna requería no solo la aprobación del Congreso sino también el trámite correspondiente al control de constitucionalidad a cargo de este Tribunal.

 

La sentencia C-562 de 1992 se ocupó del asunto. Sostuvo en esa oportunidad, al adelantar la revisión constitucional del "Texto del Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo” que “los convenios internacionales del trabajo presentan una serie de particularidades que los caracterizan y distinguen de los tratados internacionales comunes u ordinarios”. Entre tales características, se destacaba (i) su “carácter institucional por ser adoptados en el marco de una organización internacional”, (ii) su adopción por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo “conformada por representantes de los Gobiernos, de las organizaciones de empleadores y de las de trabajadores, teniendo cada delegado un voto”, (iii) la inexistencia de una regla de unanimidad para su adopción siendo suficiente una mayoría de las dos terceras partes de quienes actúan como delegados en la conferencia, (iv) la activación de una obligación, después de su aprobación, consistente en someterlo a las autoridades nacionales  fin de adoptar las medidas de derecho interno para su aprobación y (v) la ausencia del requerimiento de depositar un Instrumento de Ratificación, con el propósito de perfeccionar el vínculo internacional, en la medida en que basta “la información a su Director General sobre la aprobación del mismo por parte de la autoridad legislativa interna[118].

 

A pesar de sus particularidades es necesario que se surtan los trámites constitucionalmente exigidos para que un convenio de esta naturaleza haga parte del orden jurídico. En efecto, según lo ha destacado la Corte de manera reciente “[s]i bien el examen de constitucionalidad no comprende en este caso las facultades del representante del Estado colombiano para la negociación y celebración de este instrumento internacional, sí debe contar con la aprobación ejecutiva, la sujeción a la aprobación del Congreso y la revisión por parte de la Corte Constitucional.[119] Solo cumplidas esas condiciones podrá entenderse, en el sentido indicado por el artículo 53 de la Constitución, que el Convenio hace parte de la legislación interna y, en esa medida, fuente del derecho directamente exigible.      

 

En atención a lo anterior y considerando que “[l]os convenios internacionales del trabajo se han definido como instrumentos destinados a crear obligaciones internacionales para los Estados que los ratifican” esta Corporación ha sostenido que respecto de la incorporación a la legislación interna de tales convenios “el constituyente determino ‘su aplicabilidad inmediata una vez ratificado sin necesidad de medidas complementarias’[120]. Ello hace posible entonces que lo dispuesto en tales convenios sea exigible en el orden jurídico interno una vez se haya producido la ratificación correspondiente.

  

4.5.3. La jurisprudencia de esta Corporación estableció, en sus primeras decisiones, que la incorporación al ordenamiento jurídico de las recomendaciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo no debía producirse mediante la adopción de leyes aprobatorias de tratados en tanto dichos instrumentos no tenían esta última condición y, por el contrario, no establecían obligaciones sino que se orientaban a definir guías que orienten la acción de los gobiernos respecto a sus relaciones laborales.[121]. Sobre ello, la sentencia C-049 de 1994 indicó que las recomendaciones “[c]arecen para efectos de su ejecución, de la fuerza imperativa de que están dotados los Convenios de la O.I.T. En todo caso también sostuvo, tiempo después, que la “coercibilidad de las mismas (…) dependerá de la forma, términos y obligatoriedad que le den las normas del derecho interno, de acuerdo a la competencia del correspondiente Estado, y en la medida en que ella no desconozca o vulnere ningún precepto de orden constitucional (…)”[122]. Posteriormente aclaro que “[l]a obligación internacional que adquieren los Estados en relación con estas recomendaciones es entonces la de someter esas propuestas a consideración de sus autoridades internas, a fin de eventualmente desarrollarlas por medio de otras normas jurídicas.

 

No obstante esa consideración la Corte sostuvo que la incorporación de una recomendación podría seguir el trámite de una ley aprobatoria en aquellos casos en los que guardara una conexión estrecha con el convenio objeto de aprobación. Así, en la sentencia antes citada C-049 de 1994, la Corte sostuvo que dado que la “Ley No. 52 de junio 9 de 1993 aprueba, como un todo inescindible, tanto el Convenio No 167, como la Recomendación No 175, el pronunciamiento que habrá de hacer esta Corte, comprende el examen de constitucionalidad de la ley y de los mencionados instrumentos[123]. En idéntico sentido procedió en la sentencia C-280 de 1997 al revisar la constitucionalidad de la ley 320 de 1996 en la que se aprobaba el "Convenio 174 sobre la prevención de accidentes industriales mayores" y la "Recomendación 181 sobre la prevención de accidentes industriales mayores, adoptados en la 80a. Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993[124].

 

Aunque citó el precedente fijado en las sentencias referidas, la sentencia       C-468 de 1997 se abstuvo de adelantar el control constitucional de las recomendaciones que habían sido aprobadas por el Congreso[125]. Para ello insistió en las diferencias entre los convenios y las recomendaciones indicando que estas últimas “no son, en estricto sentido, verdaderas normas jurídicas sino exhortaciones políticas a los Estados.” En esta misma providencia la Corte estableció que no era constitucionalmente posible aprobar instrumentos que no eran tratados mediante una ley aprobatoria de tratado. Para ello caracterizó tal tipo de leyes:

 

“Así, estas leyes son normas jurídicas generales, objetivas y obligatorias que, además de encontrarse sometidas a un requisito particular, cual es el examen previo de constitucionalidad por parte de esta Corporación, tiene un sentido normativo particular. En efecto, estas leyes pretenden exclusivamente permitir que el país se relacione jurídicamente con otros Estados, toda vez que la aprobación por medio de una ley de un tratado es una etapa indispensable para el perfeccionamiento del acto jurídico que obliga al Estado internacionalmente.  Por consiguiente, a través de este tipo de leyes se perfeccionan situaciones jurídicas con una consecuencia jurídica clara: la posibilidad de que el Ejecutivo ratifique el tratado y se generen para el país derechos y obligaciones en el campo supranacional. Así mismo, las leyes aprobatorias de tratados son normas especiales que regulan materias específicas, pues sus objetivos están señalados expresamente en la Constitución, toda vez que se dirigen a promover o consolidar la integración económica, social y política con otros Estados (C.P. art. 150-16 y 227), o a modificar los límites de la República y reconocer derechos de nacionalidad a los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos (C.P. art. 96-c y 101), o aprueban el reconocimiento de derechos humanos y prohiben su limitación en estados de excepción (C.P. art. 44 y 93), o regulan relaciones de trabajo en el derecho interno (C.P. art. 53). 

 

En consecuencia, frente a este tipo de leyes, el Legislador goza de una libertad menor que en relación con las leyes ordinarias, en la medida en que no puede modificar su contenido sustancial introduciendo nuevas cláusulas, pues sólo puede improbar la totalidad del tratado o de ciertas reglas. Pero, más importante aún, y por las anteriores razones, estas leyes ocupan un lugar particular en el ordenamiento, ya que no pueden ser derogadas por una ley posterior, ni pueden ser sometidas a un referendo derogatorio (C.P. art. 170), pues es necesario asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por parte del Estado colombiano (CP art. 9º).” (Subrayas no hacen parte del texto original)

 

Luego de ello concluyó este Tribunal:

 

“Por todo lo anterior, la Corte concluye que una ley aprobatoria de tratado debe siempre contener un instrumento internacional susceptible de ser ratificado y de producir efectos internacionales para el país. En otras palabras, no sólo los tratados deben ser aprobados mediante una ley aprobatoria de tratados sino que, además, tales leyes, sólo pueden contener tratados, y no instrumentos jurídicos de otra naturaleza, salvo en los casos en que se trate de normas que se encuentran inescindiblemente ligadas a un tratado aprobado por la ley bajo revisión. Esto significa que el Congreso no puede utilizar la forma jurídica especial de la ley aprobatoria de tratados para regular otros temas, pues el Legislador no es totalmente libre de escoger el tipo de leyes para configurar el derecho interno, por cuanto la Constitución predetermina el contenido de ciertas formas jurídicas.”

 

De conformidad con lo expuesto, atendiendo su naturaleza jurídica, no es posible considerar comprendidas por el sentido del artículo 53 de la Constitución, las recomendaciones aprobadas por la Conferencia Internacional del Trabajo. Ello, naturalmente, no se opone a que el Estado se encuentre llamado a considerarlas y a avanzar en su implementación.

 

Ahora bien, debe la Corte destacar que en relación con el carácter vinculante de las recomendaciones adoptadas a instancias de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo y, en particular, del Comité de Libertad Sindical, la jurisprudencia constitucional no ha sido uniforme tal y como lo dejó señalado desde hace algún tiempo la sentencia C-930 de 2009. En esa providencia se sostuvo:

 

En lo relacionado con el posible carácter vinculante de ciertas recomendaciones de los órganos de control de la OIT, concretamente las proferidas por el Comité de Libertad Sindical de dicho organismo, la jurisprudencia de esta Corporación, vertida toda en sede de tutela por parte de diferentes Salas de Revisión, no ha sido uniforme.  Y hasta ahora, la Sala plena de la Corte no ha fijado en una sentencia de constitucionalidad o de unificación una doctrina según la cual dichas recomendaciones tengan un valor obligatorio para Colombia, y menos que las mismas integren el bloque de constitucionalidad en sentido amplio o estricto, por lo cual deban ser utilizadas como normas, principios o parámetros de referencia para el examen de constitucionalidad.”   

                                 

4.5.4. Los convenios internacionales del trabajo hacen parte integral de la legislación interna. La interpretación de este enunciado, contenido en el artículo 53 de la Constitución, ha conducido a la Corte a sostener  que a pesar de ser normas jurídicas obligatorias todos los convenios referidos en el artículo 53 de la Carta, su posición en el ordenamiento jurídico no es la misma[126].

 

Para este Tribunal solo los convenios internacionales del trabajo que, al mismo tiempo, se ocupen de reconocer o regular derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad. En estos casos, el valor de tales instrumentos está determinado no solo por el mandato de integración del artículo 53 de la Carta sino, adicionalmente, por lo prescrito en el artículo 93 de la Constitución. Ahora bien, este Tribunal ha señalado que la consideración de un convenio como integrante del bloque de constitucionalidad no se puede hacer de manera general. Ello implica que “es necesario que la Corte proceda a  decidirlo de manera específica, caso por caso (…)”[127]

 

La integración de algunos convenios al bloque de constitucionalidad implica, al mismo tiempo, el deber de establecer si hacen parte del bloque en sentido estricto o en sentido amplio. Por ello, la Corte ha indicado que es indispensable diferenciar entre los convenios que “(…) prohíben la limitación de un derecho humano bajo los estados de excepción y en consecuencia hacen parte del parámetro de control constitucional de las normas legales que regulan la materia” y los instrumentos que “(…)“sirven como referente para interpretar los derechos de los trabajadores y darle plena efectividad al principio fundamental de la protección del trabajador (C.P., art. 1) y al derecho al trabajo (C.P. arts. 25 y 53)” (…)”.

 

De acuerdo con lo expuesto se han considerado parte del bloque de constitucionalidad el “Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales[128], el “Convenio número 87 sobre libertad sindical”[129], el “Convenio número 98 sobre derecho de sindicación y de negociación colectiva[130], el “Convenio número 138 sobre la edad mínima de admisión de empleo”[131] y el “Convenio número 182 sobre prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación[132]

4.6. La  relación entre el derecho interno y el derecho comunitario.

 

4.6.1. La República de Colombia es miembro fundador[133] de la Comunidad Andina, la única organización internacional de integración con vocación subregional[134] en la que participa el Estado colombiano y en la que ha operado un traslado voluntario de competencias de legislación a un órgano supranacional, sobre materias determinadas.

 

4.6.2. Esta Corte, en la Sentencia C-228 de 1995 debía examinar si resultaban compatibles con la Constitución dos disposiciones de la ley 44 de 1993. Según el demandante, se habían desconocido las atribuciones que en materia de regulación de la propiedad industrial le habían sido transferidas a órganos supranacionales y, en particular, a la Comunidad Andina. La Corte concluyó que no existía violación de la Constitución, en tanto no se presentaba interferencia alguna entre la regulación adoptada por el legislador colombiano y aquella adoptada por los órganos de la citada organización subregional. En todo caso, previamente a la fundamentación de tal conclusión la Corte destacó la compatibilidad constitucional de la transferencia de competencias a un organismo supranacional dado que (i) desarrolla el preámbulo de la Carta, en el sentido de reflejar el compromiso del pueblo colombiano con la “integración de la comunidad latinoamericana” y, a su turno, (ii) se ajusta a los artículos 9 (inciso 2°), 150 (numeral 16) y 227 de la Constitución.

 

Recientemente la Corte ha tenido oportunidad de reiterar la compatibilidad de la transferencia de competencias antes indicada y el texto Constitucional. Así,  la Sentencia T-477 de 2012 señaló:

 

“(…)

El pacto regional andino suscrito en sus inicios por Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Venezuela (sic) tiene como objetivo promover e instaurar la integración económica en el sector mediante la adquisición compromisos genéricos. Dicho convenio estableció mecanismos en virtud de los cuales los signatarios están sujetos a las normas dictadas por los órganos constitutivos de la institución creada de manera directa sin necesidad de someterse a procedimientos previos de admisión en cada Estado, a no ser que así se establezca en el convenio o la naturaleza de las materias lo exija.

 

Bajo las anteriores premisas se consideró que el artículo constitucional al permitir la creación de instituciones de carácter supranacional, avaló la creación del referido pacto subregional andino y los poderes de regulación de los órganos comunitarios, los cuales se derivan del traslado de competencias que las partes contratantes voluntariamente hacen de perder su potestad legislativa, que ejercían con exclusividad en el derecho interno, sobre determinadas materias y otorgarlas al referido órgano, al ser un elemento esencial en los tratados de integración económica.

 

Esta Corporación (…), partiendo de la Constitución de 1991, avaló asimismo la constitucionalidad de la Comunidad Andina, por cuanto su configuración desarrolla el querer mismo de esta norma superior expuesto en el preámbulo al definir que el pueblo de Colombia está “comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”. Asimismo desarrolla las siguientes normas constitucionales previstas para cumplir este objetivo: a)“la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe” (inciso 2 artículo 9); b) el Congreso tiene competencia para aprobar tratados que impliquen la transferencia parcial de determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (numeral 16 artículo 150) y c) el Estado tiene el deber de promover la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina  y del Caribe mediante tratados basados en equidad, igualdad y reciprocidad y la creación de organismos supranacionales, inclusive, para conformar una comunidad latinoamericana de naciones (artículo 227). (…)”.

 

4.6.3. El derecho comunitario andino, como lo ha anotado esta Corte en reiterada jurisprudencia[135], está compuesto por el “derecho originario” -que comprende el “Acuerdo de Cartagena” o “Acuerdo de Integración Subregional Andino”, sus Protocolos modificatorios,  el “Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” y sus Protocolos modificatorios[136]- y el “derecho derivado” -que es el emanado de los órganos comunitarios investidos de competencia para expedir normas jurídicamente vinculantes entre las que se encuentran, por ejemplo, las Decisiones-.

 

Los compromisos internacionales del Estado colombiano, derivados de los artículos 2, 3 y 4 del “Protocolo modificatorio del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina-sobre el que esta Corte se pronunció en Sentencia C-227 de 1999-, implican la obligatoriedad y aplicación inmediata (a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena) de las citadas Decisiones, así como la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del derecho comunitario andino, incluyendo el deber de no emplear ni adoptar medida alguna que sea contraria a las mismas o que obstaculice su aplicación.

 

4.6.4. Si bien ha resultado claro para esta Corporación que el derecho comunitario andino hace parte integrante del ordenamiento jurídico interno[137], esta Corte se ha enfrentado, en varias ocasiones, al problema jurídico relativo a si aquel se encuentra al mismo nivel que la Constitución, si hace parte del bloque de constitucionalidad, o si se encuentra un nivel inferior pero prevalente respecto de las demás normas del ordenamiento jurídico nacional. A su turno, ha debido establecer si el derecho comunitario andino es o no parámetro de control constitucional.

 

4.6.4.1. Si bien en la Sentencia C-228 de 1995 –antes citada-  la Corte concluyó que la transferencia o cesión de competencias de legislación a un órgano supranacional para adoptar normas jurídicas obligatorias y preeminentes sobre el derecho interno resultaba conforme con la Constitución (en tanto es un desarrollo de su artículo 227), era necesario preguntarse el significado que ello tenía considerando la regla de supremacía constitucional.

 

La Sentencia C-231 de 1997 al abordar el interrogante teórico extremo de la forma en que debería procederse en el evento en que una norma comunitaria desconozca un “principio jurídico superior”, la Corte señaló que el juez constitucional debería inaplicarla. Dijo en esa oportunidad:

 

“[…] Debe en todo caso plantearse el interrogante teórico sobre el curso de acción que habrá de seguirse si una norma o decisión dictada en desarrollo del acuerdo, viola un principio superior. La independencia y autonomía del derecho comunitario, se ha querido preservar en este trance merced a la obligada intervención que se reserva al Tribunal de Justicia del Acuerdo, el cual a instancia de cualquier país miembro, de un órgano del sistema o de la persona natural o jurídica perjudicada, deberá anular el acto que quebrante el derecho comunitario, incluso por desviación de poder, el que sin duda se presenta cuando quiera se desacatan los principios superiores (Ley 17 de 1980, art. 17-20). La denegación de justicia por parte del Tribunal o la probada ineficacia de sus mecanismos judiciales para enervar las decisiones o actos de la comunidad que violen los derechos humanos u otro principio jurídico superior, podría eventualmente llevar a la Jurisdicción Constitucional, en una situación extrema, a ordenar su inaplicación interna, siempre que previamente se hubiere procurado obtener del Tribunal Andino la interpretación de la norma sobre cuya aplicación se centra la controversia (Ley 17 de 1980 art. 29). En este evento cabe distinguir la validez de la decisión comunitaria que es asunto ajeno al órgano judicial nacional, de la inaplicación interna en un caso particular y por el motivo expresado. Lo anterior, sin embargo, no podría siquiera ser contemplado hipotéticamente si en el seno de la comunidad se llega a imponer en un momento dado una práctica de garantía de los principios aludidos sobre cuyo normal funcionamiento pudiere mantenerse una expectativa razonable. […]”.

 

4.6.4.2. A su turno, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sostenido que el derecho comunitario andino no integra, por regla general, el bloque de constitucionalidad[138]. En efecto, las normas comunitarias andinas no se ocupan, en su mayoría, de los derechos humanos y se encuentran en un estadio distinto, al ser disposiciones obligatorias y comunes a los cuatro Estados miembros, en los que el Estado colombiano ha transferido competencias legislativas a órganos comunitarios en materias diferentes a los derechos humanos. Lo anterior no constituye un obstáculo para que, en situaciones excepcionalísimas, en las que normas comunitarias andinas -de manera explícita y directa- reconozcan y desarrollen derechos humanos, ellas se integren el bloque de constitucionalidad, como sucede en lo relativo a los derechos morales de autor, previstos en la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina, sobre los que esta Corte se pronunció en la Sentencia    C-1490 de 2000. Allí sostuvo:

 

Así las cosas, la Decisión en comento, expedida en desarrollo del Acuerdo de Cartagena, que como se anotó antes es un acuerdo de integración económica, tiene por objeto armonizar instrumentos y mecanismos de regulación en comercio exterior necesarios para impulsar el proceso de integración, específicamente en materia de Derecho de Autor, lo que implica que regule de manera minuciosa tal derecho, el cual presenta dos categorías: los derechos morales y los derechos patrimoniales de autor; en esas circunstancias y atendiendo el carácter de fundamental que la Corte le reconoció a los derechos morales de autor, se produce la incorporación de la citada decisión al bloque de constitucionalidad, dado que su materia, a la luz del artículo 93 de la C.P. así lo impone.

 

4.6.4.3. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los precitados artículos 2, 3 y 4 del “Protocolo modificatorio del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en atención (i) a su carácter obligatorio, (ii) de aplicabilidad directa y (iii) al no admitir medidas en contrario o que dificulten su aplicación, las normas comunitarias andinas si bien no están al mismo nivel que la Constitución ni hacen parte del bloque de constitucionalidad, se encuentran en coexistencia con esas normas del nivel superior. Esta conclusión no implica desconocer que la Constitución no ofrece un referente definitivo para afirmar que las normas comunitarias se encuentren en una posición preferente respecto de otras leyes. Lo que ocurre es que, en virtud de la ratificación de tratados orientados a constituir y regular la Comunidad Andina, el Estado Colombiano le ha reconocido una especial fuerza jurídica a tales disposiciones.

 

Ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución, exige de las autoridades un esfuerzo por armonizar uno y otro ordenamiento. Desde sus primeras sentencias la Corte aclaró esta cuestión al indicar:

 

“Como es sabido, el concepto de supranacionalidad - dentro del que se inscribe el Acuerdo de Cartagena - implica que los países miembros de una organización de esta índole se desprendan de determinadas atribuciones que, a través de un tratado internacional, son asumidas por el organismo supranacional que adquiere la competencia de regular de manera uniforme para todos los países miembros sobre las precisas materias que le han sido transferidas, con miras a lograr procesos de integración económica de carácter subregional. Las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, que no se derivan del común de las normas de derecho internacional. Por una parte, esta legislación tiene un efecto directo sobre los derechos nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente a sus jueces nacionales la aplicación de la norma supranacional cuando ésta regule algún asunto sometido a su conocimiento. En segundo lugar, la legislación expedida por el organismo supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia y, por lo tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza (que no deroga) - dentro del efecto conocido como  preemption - a la norma nacional”[139]

 

En ese sentido, por voluntad expresa del Estado colombiano, disponen de preeminencia en el ordenamiento jurídico interno, en la medida en que no atenten contra un “principio jurídico superior[140], en los términos de la Sentencia C-231 de 1997. Debe anotarse que en virtud de su condición supranacional, las normas comunitarias pueden ser reconocidas como preeminentes frente a las leyes aprobatorias de tratados de naturaleza comercial o libre comercio, lo que puede desprenderse de la consagración en esos términos prevista en textos de múltiples de esos tratados[141], aprobados por el Congreso de la República así como de la Decisión 598 de la Comunidad[142]. Adicionalmente, en atención al deber de cumplir de buena fe las obligaciones internacionales, las autoridades tienen una obligación –prima facie-, fundada en el artículo 9º de la Carta, de interpretar las disposiciones legislativas de derecho interno de manera que sean compatibles con los compromisos internacionales. 

 

Con esa orientación y en atención a lo dispuesto en el precitado “Protocolo modificatorio del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, esta Corporación advirtió que el Tribunal Andino de Justicia es el único órgano jurisdiccional encargado de ejercer control judicial de normas comunitarias, lo que ha sido reconocido en las Sentencias C-231 de 1997 y C-227 de 1999, y señalado, en los siguientes términos, por esta Corte[143] en providencia del año 2007:

 

“[…]

12.- En cuanto al punto del control judicial de las normas comunitarias, en la Sentencia C-231 de 1997 se reitera la autonomía del Tribunal de Justicia del Acuerdo:

 

<<La independencia y autonomía del derecho comunitario, se ha querido preservar en este trance merced a la obligada intervención que se reserva al Tribunal de Justicia del Acuerdo, el cual a instancia de cualquier país miembro, de un órgano del sistema o de la persona natural o jurídica perjudicada, deberá anular el acto que quebrante el derecho comunitario, incluso por desviación de poder, el que sin duda se presenta cuando quiera se desacatan los principios superiores>>.

  

13.- En el mismo sentido, la Sentencia C-227 de 1999 estableció que el Tribunal Andino de Justicia es el órgano jurisdiccional especializado en el derecho comunitario andino para resolver las controversias suscitadas en el seno de la Comunidad, y por tanto, es allí donde debe suscitarse la controversia planteado por el actor. En la providencia se señala:

  

<<Las competencias atribuidas al tribunal Andino de Justicia en modo alguno pugnan con la Constitución Política. Por el contrario, la integración económica se promueve en la medida en que un tribunal especializado en el derecho comunitario, por la vía arbitral, se erige en foro para resolver las controversias que giren en torno a este ordenamiento jurídico, incluidas las que le sometan los particulares.

 

(…)

 

En este mismo sentido, la exclusividad de las competencias del Tribunal en lo tocante al derecho comunitario, confirma su condición de máximo y único órgano judicial supranacional en el seno de la comunidad. Menoscabar la autonomía y sustraer al Tribunal su carácter de órgano límite en el ordenamiento comunitario, en realidad habría significado poner término al proceso de integración, supeditando su validez y obligatoriedad a las decisiones de un cuerpo extraño, pese a la expresa cesión de competencias que éste comporta. 

 

14.-Se concluye entonces que el derecho comunitario al contar con una normatividad, autoridades propias y con una jurisdicción específica, excluye, en principio, la competencia de la Corte en el conocimiento de demandas proferidas contra Decisiones proferidas por los órganos comunitarios, como lo constituyen las Decisiones No. 578, 599 y 600 de 2004 y 635 de 2006 emanadas de la Comisión de la Comunidad Andina.

[…]”.

 

4.7. La relación entre el derecho interno y los tratados de naturaleza económica y comercial y, en especial, de aquellos acordados en el ámbito de organismos internacionales.

 

4.7.1. La Constitución Política, en su artículo 224, efectúa una mención expresa de los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales. Al fijar el lugar que ocupan en el ordenamiento jurídico este tipo de instrumentos internacionales, la Corte ha señalado que “no son parámetros de constitucionalidad de las leyes, pues tal condición únicamente ha sido prevista en la Constitución para los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en estados de excepción (Art. 93 C.P.) y para aquéllos que definen los límites territoriales del Estado (art.101 C.P.) (…).”[144]

 

La aludida disposición -además de regular el trámite de aprobación legislativa de todos los tratados- consagra la facultad de la que es titular el Jefe de Estado para “dar” aplicación provisional a aquellos tratados que dispongan de la naturaleza referida, siempre y cuando, hayan sido acordados en el ámbito de organismos internacionales. Dicha disposición prevé:

 

“Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado.”. (Subrayado fuera de texto).

 

La aplicación provisional de tratados también está permitida por el derecho internacional y se encuentra regulada en el artículo 25 de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados[145] que al efecto dispone:

 

“[…]

5. Aplicación provisional.

 

1.                                                                                                                                                                                                                                                                           Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor:

 

a) si el propio tratado así lo dispone: o

b) si los Estados negociadores han convenido en ello de otro modo.

 

2. La aplicación provisional de un tratado o de una parte de el (sic) respecto de un Estado terminará si éste notifica a los Estados entre los cuales el tratado se aplica provisionalmente su intención de no llegar a ser parte en el mismo, a menos que el tratado disponga o los Estados negociadores hayan convenido otra cosa al respecto.

[…]”.

 

La disposición transcrita permite la aplicación provisional de cualquier tratado –sin importar su naturaleza o materia– con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que el texto del instrumento internacional específico así lo prevea o se haya convenido en ello de otro modo. En consecuencia, la facultad que consagra la disposición transcrita de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” a los Estados Partes, desborda el supuesto previsto en el artículo 224 de la Constitución Política.

 

De acuerdo con la información registrada por la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas –ONU–[146],  en calidad de Depositario de la precitada “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”, la República de Colombia efectuó una reserva sobre el artículo 25 del instrumento internacional en mención –en vigencia de la Constitución Política de 1886 que prohibía la aplicación provisional–, en los siguientes términos:

“[…]

Colombia

 

Reservation:

With regard to article 25, Colombia formulates the reservation that the Political Constitution of Colombia does not recognize the provisional application of treaties; it is the responsibility of the National Congress to approve or disapprove any treaties and conventions which the Government concludes with other States or with international legal entities.

[…]”.

 

4.7.2. La Carta Política, tal y como se desprende de su artículo 224, establece la posibilidad aplicar provisionalmente un tratado suscrito por la República de Colombia, bajo la condición de que concurran los requisitos previstos en tal disposición constitucional, a saber: (i) deben ser tratados de naturaleza económica o comercial; (ii) deben ser acordados en el ámbito de organismos internacionales; y (iii) debe haber consagración expresa –en el texto del tratado suscrito– que así lo permita.

 

En consecuencia, por tratarse de requisitos que deben encontrarse satisfechos simultáneamente, no basta con cumplir uno sólo de ellos para ser titular de la facultad de disponer su aplicación provisional. En ese sentido, si un tratado versa sobre asuntos económicos o comerciales, pero no ha sido acordado en el ámbito de un organismo internacional no sería susceptible de aplicarse provisionalmente. De igual manera, si un tratado multilateral ha sido acordado en el seno de un organismo internacional, pero versa sobre materias distintas a las económicas o comerciales, tampoco sería procedente su aplicación provisional. Adicionalmente, si un tratado ha sido acordado en el ámbito de un organismo internacional y es de naturaleza económica o comercial, pero ninguna de sus cláusulas prevé la posibilidad de aplicarlo provisionalmente, no puede disponerse su aplicación[147].

 

Exigir que hayan sido “acordados en el ámbito de organismos internacionales”, presupone que su proceso de negociación, adopción y/o suscripción haya sido administrado por un organismo internacional, en su  sede o en una conferencia auspiciada por este último para el efecto, o por virtud de un mandato expreso de un órgano de aquel para adelantar la negociación en su nombre y/o a sus instancias. Es de anotar que, por consiguiente, la mera referencia o invocación de disposiciones de tratados multilaterales en un instrumento internacional de naturaleza económica o comercial, no implica su adopción por parte de un organismo internacional, máxime si la negociación ha sido llevada a efecto -o concertada- en nombre y representación de los Estados Partes, y no del organismo internacional determinado.

 

4.7.3. Este supuesto constituye una excepción a las disposiciones constitucionales que impiden la producción de efectos sustantivos para el ordenamiento jurídico nacional, de aquellos tratados celebrados por el Estado colombiano que no han surtido los trámites correspondientes al control político y al control judicial. En todo caso, como lo ha advertido la Corte “la aplicación provisional del tratado, no implica un compromiso definitivo del Estado a nivel internacional, el cual sólo se da cuando el Estado ratifica el respectivo acuerdo[148]. Ahora bien, la posibilidad de aplicación provisional no excluye que el decreto mediante el cual se disponga dicha aplicación, cuyo contenido es materialmente legislativo, sea juzgado por parte de la autoridad judicial con competencia para ello. 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha destacado que, precisamente por su carácter excepcional, la autorización contemplada en el artículo 224 de la Carta debe ser interpretada de manera restrictiva. Así la Sentencia C-400 de 1998 en la que la Corte juzgó la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales” de 1986 y su ley aprobatoria sostuvo:

 

“[…] Por ello esta Corporación había precisado que esta aplicación provisional requiere dos condiciones, a saber que se trate de un convenio de naturaleza  económica y comercial, y la segunda que haya sido acordado en el ámbito de organismos  internacionales que así lo dispongan, “condiciones que tienen además un carácter concurrente, conclusión a que se llega luego de determinar su carácter excepcional y en consecuencia de interpretación restrictiva”. La Corte insiste en que esta posibilidad de aplicación provisional de los tratados, antes de su aprobación por el Congreso y la revisión de la Corte, es una excepción al procedimiento ordinario previsto por la Carta en esta materia, por lo cual es de interpretación rigurosa y estricta, y no admite analogías. Únicamente se puede utilizar esa figura en relación con los convenios económicos y comerciales adoptados en organismos internacionales que así lo dispongan. Además, como lo establece la Carta, tan pronto entre en vigor provisionalmente el convenio respectivo, es deber del Presidente someterlo al Congreso, y si éste no lo aprueba, se suspenderá su aplicación (CP art. 224). Por consiguiente, al momento de ratificar Viena II, el Presidente deberá formularse la correspondiente reserva a ese artículo, tal y como se señala en la parte resolutiva de esta sentencia. […]”. (Destacado fuera de texto)[149].

 

En atención a ello, la Corte Constitucional sostuvo (i) que la aplicación provisional es excepcional requiriéndose del cumplimiento ineludible de los requisitos concurrentes descritos y (ii) que el artículo 224 de la Constitución Política es de interpretación restrictiva, rigurosa y estricta, sin admitir analogías. En consecuencia, con miras al perfeccionamiento del vínculo internacional, se ordenó efectuar la siguiente reserva:

 

“(…)

b) En relación con el artículo 25, Colombia precisa que sólo son susceptibles de aplicación provisional por Colombia, sin previa aprobación por el Congreso y revisión por la Corte Constitucional, los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan.

(…)”.

 

4.7.4. De conformidad con lo señalado por esta Corporación en la Sentencia C-750 de 2008, los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales no disponen de un status especial en el ordenamiento jurídico colombiano. Están sometidos al mismo trámite de aprobación legislativa por parte del Congreso de la República y revisión de exequibilidad por parte de esta Corporación. No obstante el Constituyente consagró la facultad de disponer la ejecución de las obligaciones internacionales con anterioridad a la culminación del trámite interno. En ese sentido y como ha anotado esta Corte, en sendas providencias[150], no prevalecen sobre la Constitución Política ni sobre el derecho comunitario y tampoco integran el bloque de constitucionalidad.

 

4.8. El artículo 9 de la Constitución y las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno.

 

4.8.1. Los principios como mandatos constitucionales.

 

4.8.1.1. El artículo 9° de la Constitución constituye, conjuntamente con los artículos 226 y 227, el referente jurídico del desarrollo de las relaciones internacionales del Estado Colombiano. De los tres enunciados se deriva: (i) un mandato de fundar dichas relaciones en la soberanía nacional, en la autodeterminación y en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por la República de Colombia, (ii) un mandato de promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas sociales y ecológicas a partir de una triple exigencia de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, (iii) un mandato de orientar la política internacional a la integración latinoamericana y del caribe, y (iv) un mandato de promover la integración de los países de américa latina y del caribe en las dimensiones social, económica y política creando, para el efecto, organismos supranacionales o incluso una comunidad latinoamericana de naciones. Adicionalmente, de la Constitución Política emana un mandato de materializar la integración mediante la celebración de tratados que se ajusten a la igualdad, equidad y reciprocidad.

 

Cada uno de tales mandatos vincula no solo a las autoridades responsables de dirigir y desarrollar las relaciones exteriores, sino también a los órganos a cuyo cargo se encuentra el control político y jurídico de las normas mediante las cuales se instrumentan las referidas relaciones. Ahora bien, en el asunto que en esta oportunidad ocupa a la Corte reviste especial importancia el primero de tales mandatos por dos razones: En término inicial, esa disposición establece las normas en que se fundan las relaciones internacionales del Estado Colombiano y, en esa medida, se integran al parámetro de control que debe emplear este Tribunal para adelantar el examen de las normas demandadas; en segundo lugar, porque varias de las intervenciones plantean que del artículo 9° y, en particular, de la obligación de fundar las relaciones internacionales en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, emerge una prohibición definitiva de invocar disposiciones constitucionales para desconocer la obligación de cumplir tratados ratificados por el Estado,  especialmente, aquellas que se adscriben al artículo 101 de la Carta.

 

4.8.1.1.1. La Corte emprenderá el análisis de tal disposición centrando su atención en el mandato de fundar las relaciones internacionales en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. El mandato de fundar las relaciones internacionales en la soberanía nacional, en la autodeterminación y en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por la República de Colombia, reviste un significado especial, en tanto dicho mandato equivale a prescribir que el punto de partida de las relaciones internacionales se encuentra en las tres exigencias allí señaladas -algunas específicamente y otras de forma genérica-.

 

4.8.1.1.2. La exigencia de respeto a la soberanía nacional y a la autodeterminación han sido consideradas como una prohibición de admitir cualquier medida que afecte la independencia política del Estado. En consecuencia, se oponen a ellas -prima facie- las normas que tengan como finalidad o como resultado, por ejemplo, imponer al Estado colombiano un determinado régimen político.

 

4.8.1.2. El principio de soberanía -sobre el que volverá la Corte al adelantar el examen del cargo que por su violación fue formulado- asegura la posibilidad de que el Estado actúe con autonomía y adopte, conforme a sus procedimientos internos, las decisiones que considere convenientes, de manera tal que “(…) puede, autónomamente, aceptar limitaciones al ejercicio de su soberanía, y como lo autorizan los artículos 226 y 227 de la Constitución, llegar incluso hasta a ceder competencias propias que podrán ser ejercidas por organismos supranacionales. (…)”[151]. La cesión de tales competencias, según lo ha destacado esta Corte, a pesar de ser una manifestación de la soberanía, no puede implicar “una cesión total de las competencias nacionales”[152]. Igualmente, ha dispuesto que la autorización para que el Fiscal de la Corte Penal Internacional adelante investigaciones en el territorio de un Estado Parte no se opone, en modo alguno a la soberanía[153].

 

4.8.1.2.1. A su vez, el segundo de tales principios proscribe cualquier medida que suponga la incidencia de un poder externo en el tratamiento de los asuntos internos de la República de Colombia. El pueblo directamente o mediante la intervención de sus representantes puede no solo establecer las finalidades que orientan la actividad del Estado sino también, sujetándose a determinados límites, definir la forma de ordenación y articulación del poder público.  

 

4.8.1.2.2. Ha dicho la Corte sobre la autodeterminación que, con fundamento en ella, “el derecho internacional procura la convivencia pacífica entre las diversas culturas e ideales políticos, de forma tal que cada Estado pueda definir, con absoluta libertad, autonomía e independencia, su propio ordenamiento constitucional y legal.[154] En esa dirección y en alusión al  contenido de la Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de la Organización de Naciones de fecha 21 de diciembre de 1965 “Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía” destacó que el referido principio “condena toda clase de injerencia que atente contra la existencia misma de los otros Estados y que amenace la identidad política económica o cultural de cualquier orden, de sus pueblos.[155]

 

4.8.1.2.3. En la sentencia C-418 de 1995 esta Corporación dejó en evidencia las estrechas relaciones que existían entre la exigencia de no injerencia, la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos[156]. En esa oportunidad, en un planteamiento que ha sido reiterado posteriormente por la jurisprudencia de este Tribunal[157] indicó:

 

“Para la debida aplicación de los propósitos para los cuales se creó la Conferencia de Ministros de Justicia, resulta de especial importancia el “principio de la no injerencia”, contenido en el artículo 4o. del tratado bajo examen. La citada norma prevé que “En ningún caso serán admitidas a consideración materias que, según el criterio del país afectado, supongan ingerencia (sic) en sus asuntos internos”. Con esta disposición, se reconoce la obligación de la comunidad internacional de no intervenir en los asuntos propios de cada Estado, en virtud del derecho indivisible, absoluto, inalienable, indelegable, permanente e incondicional de los pueblos a su soberanía (Art. 3o. C.P.). Se trata, pues, del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos (Art. 9o. C.P.), a través del cual el derecho internacional procura la convivencia pacífica entre las diversas culturas e ideales políticos, de forma tal que cada Estado pueda definir, con absoluta libertad, autonomía e independencia, su propio ordenamiento constitucional y legal.”

 

4.8.1.3. Como se ha señalado, además de los dos principios expresamente identificados, el artículo 9° prevé también el deber de fundamentar las relaciones internacionales a partir del reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por la República de Colombia. Esta cláusula constitucional exige, para definir su alcance, resolver al menos tres cuestiones estrechamente vinculadas: (i) el significado de la obligación de reconocimiento; (ii) el alcance de las locuciones “principios de derecho internacional” y cuándo es posible afirmar que han sido aceptados por el Estado Colombiano; (iii) por  último, es necesario precisar, una vez esclarecido lo anterior, cuáles podrían ser tales principios.

 

4.8.1.3.1. Para la Corte, la respuesta a tales cuestiones debe tener en cuenta las siguientes tres consideraciones. En primer lugar, es necesario precisar dejar sentado que el artículo 9° constituye un enunciado normativo al que se adscriben diferentes tipos de normas que imponen prohibiciones y mandatos de diferente contenido. En esa medida, establecen restricciones a las autoridades encargadas de la dirección de las relaciones internacionales o que participan en la aprobación, aplicación o control de los instrumentos que las regulan. No se trata entonces, únicamente, de un criterio orientador sin relevancia al momento de juzgar las actuaciones de las autoridades del Estado en el concierto internacional. En segundo lugar, es imprescindible considerar el lenguaje empleado por el artículo 9° y, en particular, el hecho de que el constituyente hubiere establecido expresamente dos de los principios que rigen las relaciones internacionales y, al mismo tiempo, hubiere previsto una remisión general a los otros cuando se cumplen determinadas condiciones. En tercer lugar, la comprensión de la disposición en comento no puede conducir, en ningún caso, a desconocer la supremacía de la Constitución.

 

4.8.1.3.2. En atención a lo expuesto, el mandato de reconocimiento de los principios generales del derecho internacional aceptados por Colombia como fundamento de las relaciones exteriores del Estado Colombiano, implica un deber de todas las autoridades, incluso del juez de constitucionalidad, de asegurar el respeto de aquellas normas (i) que puedan ser consideradas como principios el derecho internacional, (ii) que sean aceptados por el Estado Colombiano y (iii) que sean compatibles con la regla de supremacía constitucional.

 

4.8.1.4. En el derecho internacional público, las locuciones “principios generales de derecho internacional” pueden referir, alternativamente  (i) normas de derecho internacional consuetudinario; (ii) principios generales de derecho de las naciones civilizadas -conforme al artículo 38, numeral 1°, literal c), del “Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”-; o (iii) ciertas proposiciones lógicas derivadas del razonamiento judicial sobre la base del derecho internacional vigente[158]. A pesar de que en diversos casos, estos principios pueden devenir de la práctica estatal precedente, al ser principalmente abstracciones aceptadas durante periodos extensos y de manera tan general, pueden ya no estar directamente conectados con dicha práctica estatal[159]. En ese sentido, ciertos principios “fundamentales” de derecho internacional, ostentan, a su turno, una naturaleza jurídica superior, denominada –en ocasiones– “normatividad enaltecida”[160], en atención a su condición de normas perentorias o imperativas de derecho internacional[161].

 

4.8.1.4.1. Las dificultades asociadas a la definición de “principio de derecho internacional” han conducido a problemas relacionados con la identificación de aquellos que se encuentran comprendidos por la categoría descrita.  No obstante lo anterior, la doctrina autorizada coincide en incluir, entre otros, el principio de igualdad soberana entre Estados, al principio de buena fe y al principio “pacta sunt servanda”.

 

No obstante lo anterior, en el derecho constitucional colombiano, la validez de los “principios de derecho internacional” tiene un alcance más acotado, como quiera que el artículo 9° de la Constitución Política, al consagrar la expresión “aceptados por Colombia” a continuación de la frase “el reconocimiento de los principios de derecho internacional”, excluye todos aquellos principios que el Estado colombiano hubiere objetado o no hubiere reconocido, en lo que hace a su condición y/u oponibilidad, en el derecho internacional.

 

4.8.1.4.2. De conformidad con lo anterior, la expresión “aceptados por Colombia”, excluye a las normas de derecho internacional consuetudinario sobre las que el Estado colombiano fuere objetor –persistente o subsecuente-, a los principios generales de derecho de otras naciones civilizadas que no aparezcan consagrados en el ordenamiento jurídico colombiano y a ciertas proposiciones lógicas derivadas del razonamiento judicial sobre la base del derecho internacional vigente, respecto de las cuales no hubiere conclusión absoluta acerca de su aceptación, a partir de la práctica inequívoca del Estado colombiano.

 

Ello es concordante con las discusiones llevadas a efecto en la Asamblea Nacional Constituyente, con ocasión de los proyectos del que sería, finalmente, el artículo 9º de la Constitución Política en las que, a propósito de la consagración de la expresión: “el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia, expresamente se pretendió excluir ciertos principios generales de derecho reconocidos por algunos Estados –se aludía a los africanos- o, en todo caso, no aceptados por Colombia[162].

 

Es pertinente anotar que la aceptación de un principio por el Estado colombiano, no implica –de suyo– predicar su inmutabilidad ni su condición absoluta o perpetua. En ese sentido, los principios de derecho internacional son susceptibles de variar en virtud de un cambio de valores de la sociedad internacional o ser objeto de diversas interpretaciones, algunas de ellas constitucionalmente admisibles y, a su turno, otras contrarias a la Carta.

 

4.8.1.4.3. El reconocimiento de un principio de derecho internacional como integrante del ordenamiento jurídico interno demanda que el mismo resulte plenamente compatible con el estatuto superior. Su admisibilidad como parámetro normativo en virtud de lo establecido en el artículo 9°, debe -en todos los casos- someterse a la previa verificación de su compatibilidad y no oposición –absoluta o parcial– a las exigencias de la Carta y a las normas de derecho internacional que, según lo dicho en los numerales anteriores de este capítulo, pueden prevalecer en el orden interno. Ningún principio del derecho internacional puede integrarse al contenido normativo del artículo 9° y erigirse en parámetro de control, si no supera un examen constitucional que deberá surtirse al momento de ejercer las diferentes competencias en materia de control de constitucionalidad y que, en todo caso, también tendrán la obligación de desarrollar las autoridades encargadas de definir su aplicación.

 

Esta exigencia de verificación de compatibilidad con la Carta se fundamenta en el hecho de que cualquier disposición que pretenda integrarse al ordenamiento jurídico de Colombia, se encuentra sometida a la regla de reconocimiento que se deriva del artículo 4º de la Constitución Política. En ese sentido, en la sentencia C-560 de 1999, citando su jurisprudencia temprana, indicó este Tribunal:

 

“El principio de prevalencia o supremacía de la Constitución se encuentra consagrado en el artículo 4 de ese mismo ordenamiento, en los siguientes términos: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”, y a él se ha referido la Corte en múltiples fallos fijando su sentido y alcance. Veamos:

 

“La posición de supremacía de la Constitución sobre las restantes normas que integran el orden jurídico, estriba en que aquélla determina la estructura básica del Estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las controversias y litigios que se susciten en la sociedad, y al efectuar todo esto, funda el orden jurídico mismo del Estado. La Constitución se erige en el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados. El conjunto de los actos de los órganos constituidos -Congreso, Ejecutivo y jueces- se identifica con referencia a la Constitución y no se reconoce como derecho si desconoce sus criterios de validez. La Constitución como lex superior precisa y regula las formas y métodos de producción de las normas que integran el ordenamiento y es por ello “fuente de fuentes”, norma normarum. Estas características de supremacía y de máxima regla de reconocimiento del orden jurídico propias de la Constitución, se expresan inequívocamente en el texto del artículo 4.”(Subrayas no hacen parte del texto original)

Adicionalmente, la Corte ha señalado de manera precisa que aún los tratados a los que alude el artículo 93 de la Carta deben ajustarse a la Constitución. Ello, según ha destacado este Tribunal, es una condición para otorgarle prevalencia en el orden interno. En la sentencia C-295 de 1993 advirtió esta Corporación:

 

“El artículo 93 de la Constitución Nacional, prescribe:

"Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

 

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."

Esta disposición consagra la preeminencia, superioridad o supremacía de los tratados y convenios internacionales en nuestro orden jurídico interno. Y es así como la norma exige que para que dicha prerrogativa tenga operancia es necesario que los citados acuerdos internacionales hayan sido "ratificados" por el Congreso, término jurídico que a juicio de la Corte es inapropiado, puesto que a quien le compete "ratificar" tales instrumentos internacionales es al Gobierno Nacional mas no al Congreso, ente éste al que se le atribuyó únicamente la facultad de "aprobar" los citados Acuerdos, función que cumple por medio de ley.

Igualmente es condición indispensable para que los tratados o convenios internacionales prevalezcan, que sus normas no contraríen o vulneren los preceptos consagrados en nuestra Carta Política, pues en el caso de que tal cosa ocurriera las cláusulas transgresoras serían inaplicables.”

 

En consecuencia, si incluso los tratados que tienen una posición privilegiada en el orden interno -según lo establecido en el artículo 93 de la Constitución- deben ajustarse plenamente a la Carta, también debe ocurrir con los principios del derecho internacional aceptados por la República de Colombia a los que alude el artículo 9º. De aceptarse una conclusión diferente tendría que admitirse que esta última disposición habría consagrado la posibilidad de introducir modificaciones constitucionales, al margen de los procedimientos fijados en la Carta, en particular, empleando para ello una categoría relativamente abierta e indeterminada. Sobre la forma de resolver la tensión entre la supremacía de la Constitución y un principio de derecho internacional aceptado por Colombia, la Corte volverá más adelante.    

 

4.8.1.5. En consideración a lo expuesto, el intérprete tiene una obligación de adelantar un juicio de integración del principio a la categoría prevista en el artículo 9º. Para ello deberá: (i) determinar que el principio sea un principio de derecho internacional, (ii) establecer si la República de Colombia ha aceptado el principio que se examina y (iii) definir si el principio invocado, tal y como es establecido en el derecho internacional, es compatible con las disposiciones de la Carta.

 

4.8.1.5.1. La interpretación precedente, en aquellos casos en que se defina el parámetro de control que se desprende del artículo 9º para juzgar la constitucionalidad de una norma, tiene las siguientes tres consecuencias. En primer lugar, existe una precedencia de los principios expresamente enunciados por el Constituyente, en particular, los relativos a la soberanía nacional y a la autodeterminación de los pueblos, respecto de los otros principios de derecho internacional; lo anterior en tanto aquellos tienen un reconocimiento directamente constitucional. En segundo lugar y dado el carácter mutable de los principios a los que alude el artículo 9º de la Carta, no pueden constituir parámetro de control si al adelantar el examen de constitucionalidad se constata que lo pretendido con la nueva regulación es, precisamente, el reconocimiento o aceptación de un nuevo principio de derecho internacional; dicho de otra forma, ante la pretensión de acoger un nuevo principio de derecho internacional por parte del Estado colombiano, no podrá invocarse como límite aquel aceptado previamente en tanto la Constitución no prescribió, de manera alguna, su inmutabilidad. En tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, tales principios pueden invocarse como parámetro de control constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 9º siempre y cuando (a) hubieren sido aceptados previamente y no lo hayan dejado de ser, y (b) el control recaiga sobre tratados o normas que no tengan por objeto ni como resultado, la sustitución de un principio de derecho internacional previamente aceptado por Colombia.   

 

4.8.1.5.2. Lo dicho previamente encuentra apoyo en varias razones. En primer lugar, garantiza la integridad y supremacía de la Constitución en tanto impide reconocer como principios de derecho internacional aplicables en Colombia, aquellos que se opongan a su texto. En segundo lugar y considerando la cláusula que invoca los principios generales del derecho aceptados por el Estado Colombiano para juzgar la constitucionalidad de normas objeto de control, puede concluirse que tales principios se erigen en parámetro de control de otras normas bajo la condición de encontrarse ajustados a la Carta y de que persista su aceptación en el derecho internacional por parte del Estado Colombiano; en esa medida, la Corte no ha aceptado la vigencia en el ordenamiento jurídico interno de principios generales del derecho internacional que o bien tengan interpretaciones contrarias a la Carta o que hubieren sido objetados por el Estado Colombiano. En tercer lugar, la exigencia según la cual los principios de derecho internacional deben ser aceptados por el Estado Colombiano implica la vocación esencialmente mutable de tales principios y, en esa medida, es posible que a la luz del artículo 9º sean objeto de modificación o variación; esta circunstancia toma nota de la posibilidad de que el desarrollo del derecho internacional dé lugar al surgimiento de nuevos consensos o costumbres que demanden el ajuste de un principio previamente aceptado por la República de Colombia. En cuarto lugar, esa comprensión del artículo 9º permite conferirle un efecto útil -exigido por el mandato de asegurar la integridad de la Constitución- al lenguaje que en él se emplea.

 

4.8.1.5.3. En efecto, el constituyente dispuso el reconocimiento directo de algunos principios -soberanía y autodeterminación de los pueblos- cuya fuerza constitucional no depende, por esa misma razón, del comportamiento de las autoridades nacionales para que produzcan efectos como parámetro de control. Sin embargo, determinó hacer un llamado general, mediante el empleo de una cláusula abierta, a los principios del derecho internacional bajo la condición de que ellos sean aceptados por el Estado Colombiano. En esa medida, la inmutabilidad de los principios de autodeterminación de los pueblos y de la soberanía nacional –salvo una reforma constitucional-, contrasta con el carácter variable de aquellos otros principios reconocidos por el derecho internacional. El constituyente dispuso un reconocimiento inequívoco de los principios a los que deberían sujetarse las relaciones internacionales y, al mismo tiempo, consideró dejar abierta la identificación de los otros que podrían integrarse al ordenamiento jurídico interno con fundamento en esta disposición constitucional.

 

4.8.1.5.4. Desde una perspectiva histórica cabe señalar que, en la Comisión Primera de la Asamblea Nacional Constituyente, se adelantaron intensos debates acerca del contenido definitivo del actual artículo 9º, que permiten inferir una decisión constituyente que atribuyó una especial posición de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos respecto de otros principios. En efecto, al paso que algunos constituyentes sugerían una referencia genérica a los principios del derecho internacional a fin de evitar, entre otras cosas, la fijación de algún tipo de gradación entre ellos, otros advertían que debían quedar consagrados algunos. En relación con esta última posición uno de los intervinientes indicó en la sesión de fecha 10 de abril de 1991:

 

“(…) yo creo que lo que estamos definiendo aquí es los principios colombianos, nacionales, de nuestra política internacional (…) debe haber unos principios esenciales de nuestra política exterior, que deben ser yo creo, dos o tres, la soberanía (…) una política (…) de respeto a los demás pueblos del mundo, creo que son los dos principios fundamentales, lo demás ya es una aplicación (…) yo creo que debemos identificar los dos o tres principios fundamentales de las relaciones exteriores colombianas, porque no pueden ser las de los demás países, podemos estar en contradicción  muchas veces, con el Imperio Británico, si invade San André, por ejemplo para poner un absurdo. Pero ocurrió y en ese caso nosotros tenemos que tener una política  sobre eso, es una política fundamentalmente de principio nacional (…) son esos dos o tres principios fundamentales para agregarlos o ponerlos en el texto, me parece pues que la soberanía es fundamental, la no intervención también y tal vez haya otros”[163].

 

Las intervenciones que, como la transcrita, dan cuenta del propósito de contemplar una referencia específica a algunos de los principios y el texto finalmente aprobado, hacen posible concluir que el artículo 9° le confiere una posición especial a los principios expresamente identificados en el texto constitucional.          

 

4.8.1.6. La jurisprudencia de este Tribunal ha ido definiendo los principios de derecho internacional que, a la fecha y en consideración a su aceptación por la República de Colombia  –en su calidad de sujeto de derecho internacional–, se encuentran comprendidos por el artículo 9° de la Constitución Política[164].

 

4.8.1.6.1. En ese sentido, es pertinente referir el principio de buena fe[165]; el principio de proscripción de la guerra para la solución de controversias internacionales[166], a la par, con el principio del arreglo pacífico de las mismas[167]; el principio de igualdad soberana de los Estados[168]; el principio de respeto a la soberanía nacional de los mismos sujetos de derecho internacional[169]; el principio de no intervención[170]; el principio de inmunidad soberana de los Estados –extensible a las organizaciones internacionales-[171]; el principio de reciprocidad[172] y ciertos principios del derecho de los tratados[173], en particular, el principio “pacta sunt servanda[174]. Adicionalmente, la Corte ha indicado que “(…) los principios y normas de derecho internacional aceptados por Colombia (artículo 9 CP.), no admiten el otorgamiento de autoamnistías, amnistías en blanco, leyes de punto final o cualquiera otra modalidad que impida a las víctimas el ejercicio de un recurso judicial efectivo (…)”[175].

4.8.1.6.2. Por consiguiente, a la fecha, tratándose de los “principios de derecho internacional aceptados por Colombia”, sólo es procedente referir los expresamente aludidos en el párrafo anterior, considerando que el derecho constitucional colombiano ha reconocido y asentido su carácter y oponibilidad, con determinación de los precisos términos de la aceptación.

 

4.8.1.6.3. No es posible establecer una estructura uniforme de los principios del derecho internacional. En efecto, algunos de ellos tienen una configuración abierta, en tanto otros tienen un mayor grado de precisión. En cualquier caso no solo el derecho internacional sino también la jurisprudencia de esta Corporación, ha reconocido que estos principios no son absolutos y, por lo tanto, admiten excepciones o restricciones en algunos casos.

 

4.8.1.6.4. Conforme a ello, es generalmente admitida la cláusula “rebuc sic stantibus” como excepción al principio “pacta sunt servanda”, por el derecho internacional[176]. Incluso en relación con este principio la Corte advirtió en la sentencia C-400 de 1998 –antes de precisar su sometimiento a la regla de supremacía constitucional- que no era este un principio absoluto. Sobre el particular explicó:

 

“Con todo, la Corte precisa que el principio Pacta sunt servanda, si bien es uno de los fundamentos esenciales del derecho internacional, no debe ser absolutizado pues la propia normatividad, así como la doctrina y la jurisprudencia internacionales reconocen que, en determinados casos, esta norma cede ante otros principios, y por ende un sujeto internacional puede dejar de cumplir las obligaciones derivadas de un tratado sin por ello incurrir en responsabilidad internacional. Así, como se verá posteriormente en esta sentencia, tanto Viena I como Viena II prevén que en determinadas hipótesis y después de ciertos procedimientos, se puede declarar la nulidad, la terminación o la suspensión de un tratado, por lo cual, en tales casos, el Estado o la organización internacional, según el caso, no se encuentran jurídicamente obligados a cumplir las cláusulas del mismo, puesto que éstas han dejado de serles aplicables. En ese mismo orden de ideas, la doctrina y la jurisprudencia también han admitido que en otras hipótesis excepcionales, un tratado puede mantener su vigencia pero un Estado puede incumplirlo sin comprometer su responsabilidad internacional por existir una causa justificatoria que excluye la ilicitud del comportamiento estatal. Tal es el caso, por ejemplo, del estado de necesidad, circunstancia que justifica que un Estado desconozca un compromiso internacional a fin de salvaguardar un interés esencial amenazado por un grave e inminente peligro. Como es obvio, se  debe tratar de una situación especialísima, pues no podría autorizarse a un sujeto internacional a invocar en circunstancias ordinarias esta justificación, ya que se estaría afectando profundamente el principio Pacta sunt servanda. Por ello, la doctrina y la jurisprudencia han establecidos requisitos excepcionales para que el estado de necesidad se pueda invocar de manera legítima. Así, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas ha señalado que un Estado no podrá invocar un estado de necesidad a menos que (i) exista un peligro grave e inminente, (ii) que amenace con dañar un interés esencial del Estado, (iii) que no haya sido provocado por el propio Estado, (iv) que sólo pueda atajarse mediante una conducta contraria a lo establecido por el tratado y (v) que tal conducta no afecte, a su vez, a un interés esencial del Estado víctima (…).”[177]

 

4.8.1.6.5. Igualmente, esta Corporación ha reconocido que el denominado principio de inmunidad soberana de los Estados –extensible a las organizaciones internacionales– es aplicable bajo la condición de que su ámbito de protección se circunscriba a aquellas garantías indispensables para preservar la independencia, igualdad o soberanía del organismo o entidad de que se trate[178].

 

4.8.1.7. En síntesis, es procedente extraer las siguientes conclusiones generales. En primer lugar, la invocación del artículo 9° en lo relativo a los principios del derecho internacional exige: (i) determinar que el principio sea, en efecto, un principio de derecho internacional, (ii) establecer si ha sido aceptado por el Estado colombiano y (iii) definir si el principio invocado o considerado, tal y como es establecido en el derecho internacional, resulta compatible con las disposiciones de la Carta. En segundo lugar, la determinación de aquellos que son principios en el sentido del artículo 9° de la Carta debe hacerse cuidadosamente en cada oportunidad en que pretenda ser invocado, sin que sea posible aceptar una lista definitiva y exhaustiva de tales principios en la medida en que ellos pueden complementarse, restringirse o eliminarse de acuerdo con el consenso de la sociedad internacional y con el hecho de encontrarse o no aceptados por el Estado colombiano. En tercer lugar, los principios del derecho internacional no tienen, en todos los casos, un significado unívoco ni un contenido totalmente preciso. Ese significado puede estar impactado no solo en virtud de disposiciones previstas en el derecho internacional sino también en atención a lo que dispone la propia Constitución.

 

4.8.2. El principio “pacta sunt servanda”.

 

Las consideraciones precedentes son relevantes para resolver dos de los problemas jurídicos que, en esta oportunidad, han sido sometidos al pronunciamiento de la Corte: si las disposiciones del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)” que reconocen jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para decidir controversias de derecho internacional -como los asuntos limítrofes y fronterizos-, vulneran el artículo 101 de la Constitución, que prevé mecanismos particulares para la fijación y la modificación de los límites del territorio del Estado Colombiano; y si la cláusula titulada “cumplimiento de decisiones” -artículo L- del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)”, que prevé recursos para la Parte interesada en el evento de incumplimiento de un fallo de la Corte Internacional de Justicia, viola el artículo 101 de la Constitución Política.

 

4.8.2.1. Es común a tales problemas, la tensión entre el principio “pacta sunt servanda” reconocido por el artículo 9º -que exigiría cumplir las obligaciones adquiridas en virtud de la ratificación del tratado-, de una parte, y el deber de respetar las reglas relativas a los procedimientos de fijación y modificación de límites establecidos en el artículo 101 de la Carta, de otra. Tal circunstancia exige examinar el alcance del principio de derecho internacional anteriormente referido, a la luz de lo dispuesto en la Constitución y, particularmente, de lo prescrito en su artículo 4º.

 

4.8.2.2. El principio del “pacta sunt servanda” señala que todo tratado obliga a las Partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe[179]. Se trata de un principio general de derecho internacional y, en particular, del derecho de los tratados, consignado, por ejemplo, en los dos instrumentos internacionales más relevantes sobre la materia: la aludida “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” del año 1969 y la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales” del año 1986. Si bien este último tratado no ha entrado en vigor internacional, evidencia -al menos prima facie-, opinio juris de la sociedad internacional en la materia. En las dos convenciones aludidas se prescribe -artículo 26- que  “[t]odo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.”

 

Tales convenciones disponen, como regla general, que una de las partes de un tratado no podrá invocar las disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de aquel. La restricción establecida constituye una consecuencia del principio antes referido en tanto impide que proceda se afirme el incumplimiento de un acuerdo internacional, en consecuencia o con arreglo a la observancia de  lo dispuesto en su ordenamiento jurídico nacional. El artículo 27 de las citadas convenciones -con ligeras variaciones- prescribe que [u]na parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. (…)”. 

 

4.8.2.3. Esta Corporación ha tenido oportunidad de pronunciarse en diferentes oportunidades sobre la importancia del principio en mención. En la Sentencia C-400 de 1998, mediante la cual se examinó la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales” del año 1986 y su ley aprobatoria, se pronunció en los siguientes términos:

 

“[…] Este principio de Pacta sunt servanda, según el cual los tratados deben ser cumplidos por las partes que se obligaron, constituye la base esencial del derecho de los tratados y, en general, del funcionamiento armónico y pacífico de la comunidad internacional. Por ello, algunos teóricos han considerado que esta norma representa el principio base, la norma fundamental y más elemental de todo el sistema jurídico del derecho internacional, de la cual depende la validez de las reglas de este derecho. Según su criterio, que esta Corte acoge, resulta imposible pensar el derecho internacional como disciplina autónoma sin presuponer una norma como Pacta sunt servanda, por lo cual ella es sin lugar a dudas unos (sic) de los principios de derecho internacional reconocidos por Colombia (CP art. 9º) […]”.

 

Además del reconocimiento internacional del que dispone el principio que establece el carácter obligatorio de los tratados[180], se prescribe la obligación de cumplirlos de buena fe. El referido principio encuentra fundamento, en el orden interno,  en el artículo 9º de la Carta.

 

4.8.2.4. Considerando la importancia que tiene el mencionado principio, este Tribunal se ha ocupado de definir la respuesta constitucional que debe ofrecerse cuando el “pacta sunt servanda” entra en conflicto con una disposición de la Constitución Política. A continuación, la Corte precisa el precedente vigente en esta materia.

 

4.8.2.4.1. Un primer grupo de decisiones han sido aquellas en las que la Corte se enfrenta al problema relativo a la existencia de tratados en vigor para la República de Colombia, que desconocen algunas disposiciones de la Constitución. En esos eventos, aunque la fundamentación no ha sido uniforme, puede identificarse un precedente dominante –únicamente exceptuado por la regla establecida en la sentencia C-276 de 1993[181]-, conforme al cual existe una prohibición, fundada en el artículo 4º del texto constitucional, de aplicar una norma internacional opuesta a la Carta.

 

4.8.2.4.2. En la sentencia C-027 de 1993, la Corte destacó que la posibilidad de adelantar el examen constitucional del “Concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede”[182], era procedente en tanto permitía coordinar, de manera adecuada, el derecho interno con el derecho internacional. En esa dirección sostuvo que el control constitucional fundado en el respeto de las normas de derechos humanos y de ius cogens servía al doble propósito de proteger el derecho internacional y el derecho interno. Sobre este particular dijo:

 

“Así, pues, un control integral e intemporal respecto de los tratados ya perfeccionados que eventualmente comporten presunto desconocimiento de una norma sobre derechos humanos o derecho internacional humanitario perteneciente al ius cogens, sirve, en lo fundamental y de manera simultánea, los intereses del derecho internacional y del derecho interno, como quiera que este se endereza a dar plena vigencia a los contenidos axiológicos integrantes del ius cogens y en razón a que, según ya se expresó, tanto la Carta de 1991 como el derecho internacional público se identifican en el propósito último de garantizar de manera concreta y efectiva el respeto y la protección a los derechos humanos.”

 

Y a continuación indicó:

 

“Puesto que el control constitucional confiado por la Constitución a esta Corporación apunta a ese fin, mal podría plantear una contradicción con los postulados del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que lo fundamentan y constituyen su razón de ser.

 

Ahora bien, si lo ontológico es lo granítico, necesario es concluir que en esta materia el control constitucional, a más de integral y material debe ser intemporal. Así lo dicta la efectiva protección y garantía de los derechos fundamentales, la cual no puede limitarse a los tratados futuros -aunque, desde luego, no cabe duda que estos se sujetan al mismo-. Ciertamente, un convenio internacional ya perfeccionado es susceptible de comportar transgresión a dichos postulados.

 

Conclúyese de lo anterior que el contenido mismo de la materia sobre la que versa la presunta violación es la que determina la procedencia del control. No el hecho mismo de estar vertida en un tratado ya perfeccionado.

 

Por otra parte, la tesis que se viene sosteniendo satisface el propósito de reconciliación del país con la comunidad internacional, que el Constituyente plasmó en el artículo 9o. de la Carta cuando expresó que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan entre otras, en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.”

 

De esta manera, la Corte entendió que el control de constitucionalidad de tratados, más allá de desconocer el “pacta sunt servanda” reconocido en el ordenamiento constitucional en virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Constitución, constituía una forma adecuada de coordinación. Destacó que ese principio, además de admitir excepciones en el derecho internacional, establecía las reglas pertinentes para concluir el vínculo internacional en caso de que se declarase su inexequibilidad[183]. Con fundamento en tales consideraciones, la Corte examinó la constitucionalidad de las normas del tratado aprobadas por la ley correspondiente procediendo a declarar inexequibles varias de ellas.  

 

4.8.2.4.3. En la sentencia C-087 de 1997, la Corte evaluó una acusación formulada en contra del artículo 17 del Código Penal  -en ese entonces vigente-, en el que se prescribía, de una parte, que la extradición sería solicitada, concedida u ofrecida de acuerdo con los tratados públicos y, de otra, que la extradición de colombianos se encontraba sujeta a lo previsto en los mismos instrumentos internacionales. Tales disposiciones, a juicio del demandante, vulneraban la Constitución en tanto la remisión a los tratados públicos podría tener como efecto el desconocimiento del artículo 35 que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento y la de los extranjeros por delitos políticos o de opinión.

 

Estableció la Corte que la adopción de la Constitución de 1991 no suponía, en modo alguno, la derogatoria directa de los tratados públicos. A pesar de ello, consideró necesario precisar que, a pesar de lo que pudieran disponer los tratados vigentes, no podría admitirse que su aplicación se extendiera a los eventos prohibidos por el artículo 35 de la Carta. En esa medida y al fundamentar el condicionamiento[184] que impondría al artículo 17 indicó este Tribunal:

 

“En este sentido, la Corte Constitucional encuentra que en lo que corresponde a la constitucionalidad de los dos incisos acusados del artículo 17 del Código Penal no existe reparo alguno de constitucionalidad, salvo dos precisiones de orden correctivo relacionadas con los nacionales colombianos sujetos de la extradición de una parte, y de otra, con los extranjeros, en razón de la especial protección constitucional del perseguido político, como quiera que la Carta de 1991, como se vio, prohibió la extradición de nacionales colombianos por nacimiento y la de los extranjeros por delitos políticos y de opinión.

(…)

En este orden de ideas, para la Corte Constitucional es claro que la regulación legal que es objeto de acusación en esta oportunidad y que se refiere al trámite de las extradiciones en nuestro ordenamiento penal, encuentra fundamento constitucional en los casos no prohibidos por la Constitución, como se dejó definido, y que, por ello será declarada su exequibilidad por esta Corporación, claro está, condicionada a que se entienda que a partir de la Carta Política de 1991, ninguna autoridad pública del orden nacional puede proceder a ofrecer, conceder o solicitar la extradición de colombianos por nacimiento ni de los extranjeros en el caso de delitos políticos y de opinión.

 

Empero, aun en estos casos, no se trata de que la Corte considere que se puede producir siquiera remotamente una especie de derogatoria directa y automática de los tratados que prevén y regulan la extradición de los nacionales colombianos por nacimiento por obra de la Constitución Nacional de 1991, como lo plantea el actor, por fuera de las consideraciones mínimas de orden jurídico relacionadas con la armónica concurrencia y unidad de los ordenamientos jurídicos de diverso orden, como es el caso del tema de las relaciones entre la Constitución y los tratados públicos, y la ausencia de jerarquía formal entre ambos ordenamientos jurídicos.

 

En efecto, ni la Carta Política de 1991 pretende la derogatoria de ningún tratado público por su mandato o disposición, ni los tratados públicos pueden sustituir los términos de la Carta Política, ni condicionar su vigencia, eficacia o aplicación internas; en este sentido, una cosa es la eficacia interna de la prohibición a las autoridades nacionales de extraditar nacionales por nacimiento, por ejemplo, que condiciona la interpretación constitucional de una ley como en este caso, y otra es la pretendida y absurda eficacia derogatoria de los tratados públicos internacionales, por una u otra disposición constitucional de orden interno, como resulta del parecer del actor.

 

Lo cierto en este caso es que los dos incisos acusados del artículo 17 hallan fundamento constitucional en los artículos 224, 226, 189 num. 2º. y 150 num. 16, pero las autoridades de la República de Colombia en el orden interno y dentro de sus competencias nacionales, no pueden proceder a conceder, ofrecer ni a solicitar la extradición de colombianos por nacimiento ni la de los extranjeros por delitos políticos o de opinión, por ser ello inexequible como inequívocamente lo determina el artículo 35 de la Carta Política.”

 

El examen de esta decisión permite identificar una regla de decisión conforme a la cual las autoridades colombianas son destinatarias de una prohibición de aplicar un tratado en aquello que sea opuesto al artículo 35 de la Constitución que establece las reglas en materia de extradición[185].

 

4.8.2.4.4. Esta regla de decisión fue enunciada nuevamente por la Corte en la sentencia C-1189 de 2000. En esa ocasión debía establecer si vulneraba la Constitución una disposición del Código Penal en la que se disponía que “la ley penal colombiana se aplicará a toda persona que la infrinja en el territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional.” Este Tribunal consideró que las excepciones previstas por el derecho internacional coincidían con las que asimismo se podían derivar de la Carta y la ley colombianas y, en atención a ello, no cabía reproche constitucional alguno. 

 

Estableció que las obligaciones internacionales del Estado Colombiano “tienen su fuente tanto en los tratados públicos que ha ratificado, como en la costumbre internacional y en los principios generales de derecho aceptados por las naciones civilizada.” Advirtió, en todo caso, que la Constitución prevalecía de manera definitiva respecto de las diferentes fuentes del derecho internacional y, en esa dirección, afirmó:

 

“En otras palabras, las costumbres internacionales y los principios generales de derecho aceptados por las naciones civilizadas gozan de prevalencia normativa en nuestro ordenamiento, en la misma medida de los tratados, siempre y cuando su contenido se ajuste a los dictados de la Carta, y sin perjuicio de que haya ciertas normas consuetudinarias que, por consagrar derechos inherentes al ser humano, se integran al bloque de constitucionalidad.”

 

4.8.2.5. Un segundo grupo de decisiones está conformado por aquellas en las que la Corte, al adelantar el control previo de constitucionalidad de un tratado aprobado por el Congreso de la República, ha identificado una oposición real o eventual a la Carta Política. En estos eventos, la Corte ha fijado como regla de decisión la prohibición de proceder al perfeccionamiento del vínculo internacional, salvo que sean formuladas las declaraciones interpretativas o reservas correspondientes. Adicionalmente, en otros casos, sin ordenar la formulación de una declaración interpretativa o reserva ha dispuesto en la parte motiva el carácter condicionado de la declaratoria de exequibilidad[186]. Es importante precisar que estos casos, a pesar de no presentar una tensión actual entre el “pacta sunt servanda” y la supremacía de la Constitución, en tanto todavía no se ha producido el perfeccionamiento del vínculo internacional con el tratado, se caracterizan por el hecho de que la Corte (i) identifica una oposición, (ii) establece los remedios para corregirla y, en esa medida, (iii) evita que se active esa tensión[187]. Cabe hacer una referencia especial a tres decisiones adoptadas por la Corte.

 

4.8.2.5.1. En la sentencia C-176 de 1994, se revisó la Ley 67 de 23 de agosto de 1993 "por medio de la cual se aprueba la 'Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas', suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988". En esa oportunidad la Corte señaló que el Congreso de la República se encontraba habilitado para plantear la formulación de reservas y declaraciones interpretativas respecto de los contenidos de un tratado sometido a su aprobación y, en esa dirección, la Corte consideró ajustadas a la Carta varias de ellas.

 

En particular, al ocuparse de la que indicaba que “Ninguna parte de la Convención podrá interpretarse en el sentido de obligar a Colombia a adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas, o de otro carácter que vulneren o restrinjan su sistema constitucional y legal o vayan más allá de los tratados en que sea parte contratante el Estado colombiano”, este Tribunal sostuvo:

 

“Esta declaración busca entonces asegurar la primacía del orden constitucional y legal de Colombia, teniendo presente lo estatuido en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política.

 

La posición de supremacía de la Constitución sobre las restantes normas que integran el orden jurídico, estriba en que aquella determina la estructura básica del Estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a  ellas las controversias y litigios que se susciten en la sociedad, y al efectuar todo esto funda en orden jurídico mismo del Estado. La Constitución es el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados (…).”

 

Adicionalmente, al ocuparse de algunas disposiciones que establecían la obligación de adoptar determinadas normas de derecho interno –entre ellas la fijación de nuevos tipos penales- la Corte consideró que ellas resultaban compatibles con la Constitución en tanto establecían que el Estado tenía tal obligación bajo la condición de respetar sus normas constitucionales o principios fundamentales[188]. En la parte resolutiva dispuso la Corte:

“Declarar EXEQUIBLE la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas", suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988", teniendo en cuenta que las obligaciones internacionales derivadas del artículo 3º numeral 1º literal c) y numeral 2º así como del artículo 11º se contraen a de manera condicionada al respeto de los principios constitucionales colombianos, y con base en las reservas 1º, 3º y 4º, así como en las 9 declaraciones formuladas por el Congreso, con las precisiones efectuadas por la Corte, que hacen compatible la Convención con el ordenamiento constitucional colombiano, y que el Gobierno de Colombia formulará al depositar el respectivo instrumento de ratificación de la Convención (…)”.

 

De esta manera la Corte precisó que en todos los casos debía siempre asegurarse el respeto de la primacía incondicional del sistema constitucional, en tanto ello es condición de pertenencia de cualquier disposición al ordenamiento jurídico colombiano.

 

4.8.2.5.2. La decisión más importante en la jurisprudencia de este Tribunal, en relación con la comprensión admisible del principio “pacta sunt servanda”, fue la adoptada en la sentencia C-400 de 1998. Dicha providencia, al abordar las relaciones entre el derecho internacional y el derecho constitucional no solo modificó el precedente en relación con la posibilidad de adelantar el control de constitucionalidad de tratados perfeccionados sino que, adicionalmente, definió la precedencia del ordenamiento constitucional. La argumentación de la Corte sobre este particular se desarrolló, precisamente, al juzgar la norma de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales” del año 1986, en la que se consagraba la prohibición de invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un compromiso internacional. Advirtió que la aceptación por parte del Estado colombiano de ese principio de derecho internacional no era, en manera alguna, absoluta. No podía afectar, bajo ninguna circunstancia la supremacía constitucional:

 

“[…] es jurisprudencia reiterada de esta Corte que, en el plano interno, la Constitución prevalece sobre los tratados, por lo cual un convenio contrario a la Carta es inaplicable. Un interrogante surge entonces: ¿esta prevalencia de la Constitución implica la inexequibilidad del artículo 27 del convenio bajo revisión, según el cual Colombia no podrá invocar el derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado? La Corte considera que no, por las siguientes dos razones. De un lado, como ya se vio, la propia Carta reconoce, en virtud del artículo 9º, que la norma Pacta sunt servanda  hace parte de nuestro ordenamiento, si bien no puede llegar a afectar la supremacía de la propia Constitución. […]”[189]. (Subrayas no hacen parte del texto original)

 

4.8.2.5.3. La Corte reconoció que la Constitución Política, mediante su artículo 9°, permite reconocer como aplicable el principio en mención, bajo el supuesto incontrovertible de que no pueda afectar la supremacía constitucional. En ese sentido, esta Corporación afirmó que “la Carta reconoce que uno de los principios que orientan nuestras relaciones internacionales es la norma Pacta Sunt Servanda (CP art. 9º) pero sin perjuicio de la supremacía de la Constitución en el orden interno (CP art. 4)”. Con fundamento en lo anterior, la Corte estableció tres reglas de coordinación del derecho interno y el derecho internacional conforme a las cuales (i) de la Constitución se desprende un deber de inaplicación de los tratados en el plano interno -con fundamento en el artículo 4º- en aquellos supuestos en los cuales sus disposiciones se opongan a normas constitucionales; (ii) existe una obligación de las autoridades competentes  de armonizar el ordenamiento jurídico interno y la obligación internacional, mediante la modificación o terminación del vínculo internacional, o la reforma de la Constitución, para superar la eventual situación de incumplimiento de la obligación de derecho internacional y evitar  incurrir en responsabilidad internacional y (iii) al momento de aplicar disposiciones no constitucionales pertenecientes al ordenamiento jurídico, es obligación de las autoridades competentes asegurar, en la mayor medida posible, su armonización con las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia[190]. Sobre el particular, la Sentencia en mención dispuso:

 

“[…] De otro lado, como Colombia respeta el principio Pacta sunt servanda, en estos eventos de tratados inconstitucionales, es deber de las autoridades políticas modificar el compromiso internacional de nuestro país a fin de ajustarlo a la Carta, o reformar la Constitución para adecuarla a nuestras obligaciones internacionales. Lo que es inadmisible es el mantenimiento de una incompatibilidad entre un tratado y la Carta, por cuanto, como se señaló, las autoridades quedan sometidas a situaciones insostenibles pues deben aplicar la Constitución, aun cuando ello implique desconocer nuestras obligaciones internacionales y comprometer la responsabilidad internacional de nuestro Estado. […]”.

 

A su turno, la mencionada providencia, apoyándose en la jurisprudencia previa, determinó:

 

“[…] Igualmente, en posterior decisión, esta Corporación precisó que si bien el artículo 9º de la Carta incorpora en nuestro ordenamiento el principio Pacta Sunt Servanda y confiere fuerza jurídica interna a la normatividad internacional, esto en manera alguna puede llegar a afectar “el carácter de norma suprema que tiene la Constitución (CP art. 4º),  pues, como ya se ha reiterado por parte de esta Corporación, para que los tratados o convenios internacionales tengan fuerza jurídica interna es condición indispensable ´que sus normas no contraríen o vulneren los preceptos consagrados en nuestra Carta Política, pues en el caso de que tal cosa ocurriera las cláusulas transgresoras serían inaplicables (Sentencia C-295 de 1993 MP Carlos Gaviria Díaz)´” […]”[191].

 

De acuerdo con lo sostenido por la Corte, cuando se declara la inconstitucionalidad de un tratado ello no produce un efecto directo en el derecho internacional. Allí, el vínculo jurídico permanece inalterado pero se suscita una situación de incompatibilidad que, por virtud de la supremacía de la Constitución, debe resolverse con plena observancia de lo dispuesto en el artículo 4º. Esto supone que se activa (i) una prohibición de aplicar las disposiciones que fueron declaradas inexequibles y (ii) una obligación de las autoridades competentes de adelantar las actuaciones de jure o de facto que se requieran para superar la incompatibilidad entre la norma del ordenamiento constitucional y las disposiciones que consignan la obligación internacional. En esos casos deberán considerarse con seriedad y re