Sentencia T-066/14

 

 

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Caso en que se reconoció pensión de sobrevivientes mientras se surtía el trámite de revisión

 

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-No impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y futuras violaciones

 

ACCION DE TUTELA Y REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD-Flexibilidad en caso de sujetos de especial protección constitucional 

 

La Corte ha sostenido que la subsidiariedad debe ser examinada de forma flexible cuando se trata de personas que por su edad no pueden esperar la resolución de su controversia por la vía ordinaria, y si a ello se aúna la precariedad que se presume caracteriza la satisfacción de sus necesidades diarias por carecer de un ingreso fijo mensual, se reitera, la acción de tutela es el mecanismo que permite adoptar una medida de protección pronta

 

 

Referencia: expediente T-4110338

 

Acción de tutela presentada Blanca Ligia Arango de Muñeton contra Fabricato S.A. y Colpensiones.

 

Magistrada Ponente:

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

 

 

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil catorce (2014)

 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

 

SENTENCIA

 

En el proceso de revisión de las sentencias proferidas, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y de Conocimiento de Bello, el 15 de julio de 2013, y en segunda instancia, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello, el 20 de agosto de 2013, en el proceso de tutela de Blanca Ligia Arango de Muñeton contra Fabricato S.A. y Colpensiones.

 

El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Diez, mediante auto proferido el 31 de octubre de 2013.  

 

I. ANTECEDENTES

 

La señora Blanca Ligia Arango de Muñeton presentó acción de tutela contra Fabricato S.A. y Colpensiones, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social en salud. Relató que las entidades accionadas le negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de su difunto esposo, el señor José Pablo Muñeton Lopera, debido a la negativa de Fabricato S.A. de reconocerle la sustitución pensional de su esposo porque según dijo, al causante se le reconocía una pensión convencional desde 1997 y hasta que alcanzara los requisitos para acceder a la pensión legal, y estos requisitos los reunió antes de morir, razón por la cual corresponde a Colpensiones reconocer a la tutelante su derecho a la sustitución pensional. Sin embargo Colpensiones afirmó que el causante no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de la muerte, requisito indispensable para acceder a la prestación solicitada de conformidad con la Ley 100 de 1993. Los hechos que fundamentan la acción, son los siguientes:   

 

1. Hechos

 

1.1. El señor José Pablo Muñeton Lopera gozaba de una pensión convencional por vejez que le reconoció la empresa Fabricato S.A. en 1997 y que se pagaría hasta el momento en que el causante reuniera los requisitos para acceder a la pensión legal por vejez contemplada en la Ley 100 de 1993. El señor Muñetón Lopera murió el 28 de febrero de 2012.

 

1.2. La accionante, Blanca Ligia Arango de Muñeton, esposa del fallecido, solicitó a Frabricato S.A. el reconocimiento de la sustitución de la pensión convencional de vejez que disfrutaba su esposo. Relata que la empresa le contestó que debía dirigirse a Colpensiones, porque el causante, al momento de la muerte, ya había reunido los requisitos para acceder a la pensión legal por vejez.

 

1.3. Acto seguido, la peticionaria presentó solicitud ante Colpensiones. Mediante la Resolución GNR00558 del 29 de enero de 2013, notificada el 22 de mayo de 2013, la entidad negó el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes con fundamento en que el señor José Pablo Lopera Muñeton no cotizó 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la muerte, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Contra tal decisión la señora Lopera presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación el 28 de mayo de 2013, sin que al momento de presentarse la tutela, 3 de julio de 2013, el mismo fuera resuelto.  

 

1.4. Ante la negativa de Colpensiones, el 28 de mayo de 2013 la señora Blanca Ligia presentó nueva solicitud a Fabricato S.A. En comunicación del 24 de junio de 2013 la empresa reiteró que correspondía a Colpensiones asumir el pago de la pensión señalada:

 

“(…) le informamos que la pensión reconocida al señor José Pablo Muñeton es una pensión de jubilación de carácter compartido, dada su fecha de ingreso a la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S.A. el día 27 de mayo de 1957, por lo anterior dicha pensión se concedió única y exclusivamente por parte de la empresa hasta el momento en que el señor Muñeton Lopera cumpliera los requisitos para acceder a la pensión de vejez que otorga el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones.

 

Ahora los requisitos sobre la densidad de cotizaciones necesarias para acceder a la prestación económica. Estos ya fueron satisfechos lo cual se evidencia en la historia laboral expedida por el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, entidad que recibió el 11 de mayo de 2011 la correspondiente solicitud por parte de Fabricato S.A. para que se revisara y corrigiera la historia laboral del asegurado Muñeton Lopera corrección con la que se superaba la densidad de cotizaciones mínimas exigidas por esa entidad para acceder a la pensión de vejez, siendo este número de cotizaciones el requisito establecido por el Instituto de Seguros Sociales a favor del pensionado para otorgarle pensión de vejez, exigencias que estableció mediante Resolución No. 011383 de 2011

 

En consecuencia usted debe reclamar ante Colpensiones el derecho adquirido mediante la citada resolución y en caso de existir mayor entre la pensión que paga la empresa y la que queda a cargo Colpensiones usted deberá presentarse a la compañía para solicitar el pago del complemento a que hubiere lugar.”     

 

1.5. La accionante relató que desde la muerte de su esposo quedó desafiliada al Sistema de Seguridad en Salud y sin una suma fija para su sustento económico. Considera entonces que las entidades accionadas deben concurrir en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, de forma que se garantice el goce efectivo de sus derechos fundamentales, especialmente su derecho al mínimo vital. En consecuencia, solicita al juez de tutela que ordena a la entidad a quien corresponda el reconocimiento y pago de dicha prestación.

 

2. Respuesta de las entidades accionadas

 

2.1. Fabricato S.A.

 

A través del jefe de seguridad social, la empresa accionada pidió que se declare que Colpensiones es la entidad encargada de reconocer la prestación solicitada. Reiteró que el señor José Pablo Muñeton recibía una pensión de jubilación compartida, que sería pagada hasta el momento en que reuniera los requisitos para acceder a la pensión legal a cargo del Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones. Que si bien el causante no adelantó ante tal entidad los trámites para el reconocimiento de la prestación, de su historia laboral se puede acreditar el cumplimiento de las semanas mínimas requeridas para acceder a ella, y con ello, también, los requisitos para que a la señora Blanca Ligia Arango se le reconozca la pensión de que gozaba su esposo. Entonces, concluyó que la accionante deberá reclamar ante Colpensiones el derecho adquirido y en caso de existir un mayor valor entre la pensión que le cancelaba Fabricato y la que debe reconocer Colpensiones, podrá solicitar a la empresa el pago de la suma a que hubiere lugar.   

 

2.2. Colpensiones

 

Colpensiones no contestó la acción de tutela. 

 

3. Decisiones que se revisan  

 

3.1. En primera instancia el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y de Conocimiento de Bello, en fallo del 15 de julio de 2013, declaró la improcedencia de la acción. Estimó que no es posible acceder a la protección de los derechos fundamentales de la actora en tanto Colpensiones no ha decidido el recurso de reposición elevado por ella en mayo de 2013. Que en caso de que la entidad accionada niegue el derecho, podrá interponer las acciones correspondientes ante la justicia ordinaria y no a través de la tutela, que es una acción subsidiaria que procede cuando se quiere evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en el caso concreto no demostrado.

 

3.2. La accionante impugnó la decisión. Reiteró la solicitud de reconocimiento de la pensión que gozaba su esposo, toda vez que esa es la única fuente de ingresos para su sustento diario, y además le permitirá afiliarse nuevamente al Sistema de Seguridad Social en Salud. También, señaló que la acción de tutela es procedente para que se le reconozca su derecho pensional porque es una persona de edad avanzada que sufre diferentes afecciones de salud, a quien no se le puede exigir acudir a la vía ordinaria para proteger el derecho adquirido con la muerte de su esposo.

 

3.3. En segunda instancia, mediante providencia del 20 de agosto de 2013, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello, confirmó en fallo recurrido.

 

II. COMPETENCIA

                                                                         

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

 

1. Teniendo en cuenta que en el caso objeto de estudio se presenta la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado porque mientras se surtía el trámite de revisión Colpensiones reconoció a la señora Blanca Ligia Arango la pensión de sobrevivientes, la Sala Primera de Revisión motivara brevemente la presente sentencia.   

 

2. La accionante presentó la acción de tutela porque consideraba que Fabricato S.A y Colpensiones vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social al negarle el reconocimiento a la pensión de sobreviviente a que considera tiene derecho por causa de la muerte de su esposo, el señor José Pablo Muñeton Lopera, de quien ella dependía económicamente.

 

Fabricato S.A. en el trámite correspondiente sostuvo que el derecho a la pensión de sobrevivientes debía garantizarlo Colpensiones, en tanto si bien el causante gozaba de una pensión convencional de jubilación, al momento de su muerte había reunido los requisitos para acceder a la pensión legal por vejez. Con esta información la peticionaria solicitó a Colpensiones que le reconociera la pensión correspondiente. Sin embargo, mediante resolución del 29 de enero de 2013, la entidad negó la solicitud aduciendo que el causante no cotizó al Sistema de Pensiones 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de la muerte, tal como dispone el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. El 28 de mayo de 2013 la accionante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación reiterando que en la historia laboral de su esposo se puede establecer que sí cotizó 50 semanas en los tres años anteriores al momento de la muerte, dado que del pago mensual de la pensión convencional Fabricato S.A. le descontaba los aportes requeridos para el futuro reconocimiento de la pensión legal de jubilación.

 

3. El problema jurídico que la Sala debía plantearse era si: ¿vulnera una entidad encargada de reconocer y pagar pensiones de sobrevivientes (Colpensiones), los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de un beneficiario por negarle el acceso a dicha prestación, tras señalar que el causante no cotizó 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento a pesar de que de su  historia laboral se puede establecer que para esa fecha el causante había efectuado aportes al Sistema de forma ininterrumpida por más de 19 años?

 

4. En este caso se presenta un objeto superado, porque a la actora al momento de proferirse el fallo, ya se le reconoció su derecho pensional. Sin embargo,  de conformidad con reiterada jurisprudencia constitucional, de presentarse la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado en el trámite de una acción de tutela, la Sala de Revisión conserva la competencia para pronunciarse sobre la situación que presuntamente vulnera los derechos fundamentales del interesado. En ese orden de ideas, el juez constitucional resuelve de fondo el asunto puesto a su consideración, y sólo en la parte resolutiva de la sentencia declara que el objeto de la controversia dejó de existir, porque se superaron las circunstancias que lo originaron o por consumarse el daño sobre el cual se pedía protección. En la sentencia SU-225 de 2013[1] la Sala Plena de la Corporación reiteró que la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la tutela no surtiría ningún efecto, como consecuencia de dos circunstancias: el hecho superado o el daño consumado.

 

El primero se presenta cuando al momento del fallo la pretensión que originó la interposición de la acción ha sido satisfecha. El segundo se presenta, como ya se dijo, cuando ocurre el daño sobre el cual el interesado pedía amparo. En ambos casos el juez de tutela en sede de revisión puede pronunciarse de fondo a prevención para que la parte accionada se abstenga de repetir las actuaciones que en un primero momento dieron origen a la presentación de la tutela.

 

También, cuando hay daño consumado, la Corte ha considerado que la forma de garantizar los derechos constitucionales de las personas que se puedan ver afectadas por las omisiones o actuaciones negligentes de la parte demandada, consiste en poner en conocimiento de los órganos de control las actuaciones que afectaron el goce efectivo de un derecho fundamental. Así lo hizo la Corte en la sentencia T-520 de 2012[2] al poner en conocimiento de la Superintendencia de Salud el caso de 4 usuarios del Sistema Público de Salud cuyas muertes se originaron en la falta de atención médica oportuna de sus EPS.   

 

5. En el caso concreto el asunto de fondo versa sobre el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes a la señora Blanca Ligia Arango, por causa de la muerte de su esposo: si bien Colpensiones negó la solicitud mediante la resolución del 29 de enero de 2013, al resolver el recurso de reposición presentado contra el acto, el 28 de mayo de 2013, mediante la Resolución GNR306753 del 19 de noviembre de 2013 la entidad sostuvo que en la primera decisión no tuvo en cuenta todas las semanas cotizadas por el causante en los 3 años anteriores al fallecimiento, razón por la cual revocó la resolución recurrida y reconoció y ordenó pagar a la actora la pensión de sobrevivientes. De esta decisión tuvo conocimiento la Sala mediante comunicación enviada por la señora Blanca Ligia Arango el 21 de enero de 2014.[3]

 

5.1. Como lo reconoce Colpensiones, en la primera decisión en la cual resolvió desfavorablemente la solicitud de reconocimiento de la pensión hubo un error en el conteo de las semanas mínimas requeridas. De hecho, al comparar las dos resoluciones sucede que la entidad no tuvo en cuenta en un primer momento las cotizaciones efectuadas entre el 31 de diciembre de 2008 al 28 de febrero de 2012, fecha del fallecimiento del señor José Pablo Muñeton. Y tal situación, evidentemente fue el fundamento para que la entidad declarara que el causante no tenía 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de la muerte. Pese a que Colpensiones reconoció su error, es pertinente llamar la atención de la necesaria precisión y cuidado que debe tenerse al momento de decidir una solicitud tan importante para la vida en dignidad de las personas, porque en muchas ocasiones una pequeña pensión es su única fuente de ingresos. En el caso concreto además, se trataba de una persona de la tercera edad (76 años)[4] que dependía económicamente de los ingresos que recibía su difunto esposo, razón por la cual cualquier dilación en el reconocimiento de la pensión puede ocasionar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

 

5.2. Finalmente, cabe resaltar que en las decisiones de instancia los jueces de la causa declararon la improcedencia de la acción por cuanto el recurso de reposición contra la primera decisión estaba en trámite. Esta Sala no comparte tales decisiones. Agotar la vía gubernativa no es un requisito de procedencia de la acción de tutela, más aún sí se trata de una persona que como la actora (i) es de la tercera edad y (ii) no tienen un sustento económico diferente al que reclama, para llevar una vida en dignidad. En el caso concreto se está frente a una situación de vulnerabilidad en la cual es urgente la pronta resolución de la controversia en torno al derecho a la pensión de sobrevivientes, y la acción de tutela se convierte en la vía idónea de defensa de los derechos de la peticionaria.

 

La Sala tampoco comparte la postura de los jueces de instancia que señalaron que en caso de que la entidad resolviera el recurso de reposición de forma desfavorable, la tutelante debía agotar la vía ordinaria. Las personas de la tercera edad tienen derecho a acceder a la administración de justicia en condiciones menos gravosas. En concreto la Corte ha sostenido que la subsidiariedad debe ser examinada de forma flexible cuando se trata de personas que por su edad no pueden esperar la resolución de su controversia por la vía ordinaria, y si a ello se aúna la precariedad que se presume caracteriza la satisfacción de sus necesidades diarias por carecer de un ingreso fijo mensual, se reitera, la acción de tutela es el mecanismo que permite adoptar una medida de protección pronta.[5]

 

6. Dadas las anteriores consideraciones, la Sala Primera de Revisión revocará la sentencia proferida en segunda instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello el 20 de agosto de 2013, que a su vez confirmó la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y de Conocimiento de Bello del 15 de julio de 2013, en la cual se declaró la improcedencia de la acción, y en su lugar proteger los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad de la señora Blanca Ligia Arango, pero declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto a la pretensión de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a cargo de Colpensiones.     

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

 

Primero.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello, el 20 de agosto de 2013, que a su vez confirmó el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y de Conocimiento de Bello, el 15 de julio de 2013, en la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela de Blanca Ligia Arango de Muñeton contra Fabricato S.A. y Colpensiones. Y en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales de la accionante al mínimo vital y a la seguridad social.  

 

Segundo.- Declarar la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO en relación con la pretensión de reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la señora Blanca Ligia Arango de Muñeton.

 

Tercero.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

 

 

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

Magistrado

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General