Sentencia T-802/14

 

 

DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL-Reiteración de jurisprudencia sobre protección por tutela

La acción de tutela, como medio constitucional de protección de los derechos fundamentales, ampara la salud garantizándoles a todas las personas el acceso a los servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal o su dignidad.

DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL AUTONOMO-Reiteración de jurisprudencia 

La Corte Constitucional reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo del cual emanan dos clases de obligaciones: (i) las de cumplimiento inmediato al tratarse de una acción simple del Estado que no requiere mayores recursos o requiriéndolos la gravedad y urgencia del asunto demandan una acción estatal inmediata, o (ii) de cumplimiento progresivo por la complejidad de las acciones y recursos que se requieren para garantizar de manera efectiva el goce del derecho.

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS DEL POS-Requisitos

(i) Que el servicio haya sido ordenado por el médico tratante, quien deberá presentar la solicitud ante el Comité Técnico Científico. (ii) Que la falta del servicio, tratamiento o medicamento, vulnere o amenace los derechos a la salud, a la vida y a la integridad personal. (iii) Que el servicio no pueda ser sustituido por otro que sí se encuentre incluido o que pudiendo estarlo, el sustituto no tenga el mismo grado de efectividad que el excluido del plan. (iv) Que el actor o su familia no tengan capacidad económica para costearlo.

 

DERECHO A LA SALUD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Acceso a terapias alternativas no POS bajo la metodología A.B.A.

En desarrollo del derecho fundamental a la salud de menores en circunstancia de discapacidad y el principio de integralidad, este tribunal ha estudiado el tema de tratamientos alternativos tipo ABA y de neurodesarrollo (no POS) con el objeto de que este grupo poblacional goce de un estado completo de bienestar físico, mental, emocional y social. Este tribunal, con el objeto de mejorar la calidad de vida e integración social de los menores con discapacidad, ha concedido tratamientos especiales excluidos del plan obligatorio, cuando la institución adscrita a la red de la entidad prestadora del servicio de salud no cumpla con los estándares de calidad e idoneidad, o no cuente con personal especializado en la prestación del servicio requerido. No obstante, al evidenciarse que dicho tratamiento ha sido cuestionado por su grado de eficacia por parte de las entidades prestadoras, este Tribunal además de verificar los requisitos jurisprudenciales para ordenar tratamientos no POS, ha considerado que en algunos casos para el suministro del mencionado tratamiento es necesario que los pacientes sean o hayan sido valorados previamente por el personal médico de la salud de la E.P.S. a la que se encuentran afiliados. El concepto debe estar fundamentado en criterios médico-científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo.

 

DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE MENOR CON DISCAPACIDAD-Orden a EPS evaluar y calificar a menor por un equipo multidisciplinario a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido, concepto que deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos

EXONERACION DE CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS-Reglas jurisprudenciales

ACCION DE TUTELA CONTRA EPS-Improcedencia para exoneración de cuotas moderadoras, por cuanto no se cumple requisitos 

 

 

Referencia:  expedientes acumulados:

 

T-4406707 (Mahdy Pinilla Mantilla).

T-4405825 (Keiner Alejandro Sánchez de la Cruz).

T-4421628 (Ángel Felipe Villa Alford).

T-4432792 (Omar David Gómez Redondo).

T-4418915 (Sheyla Julio Coronel).

T-4421629 (Valery Kligman Troncoso).

T-4406658 (Ismenia María Palacios Gulloso).

T-4406693 (Melany Isabel Blanco Guzmán).

T-4406690 (Oswaldo Uparela Vergara).

T-4421624 (Yalexi Parra Ramos).

 

Magistrado Ponente:

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

 

 

Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil catorce (2014)

 

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:

 

SENTENCIA

 

Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela dictados en los asuntos de la referencia.

 

I. ANTECEDENTES.

 

Los distintos actores, diez (10) en total, presentan acción de tutela en contra diferentes E.P.S. del departamento del Atlántico por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, al tratamiento integral, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y a la protección especial del menor, al no autorizar la práctica de terapias alternativas tipo ABA y de neurodesarrollo no POS en una IPS específica prescritas por médicos no adscritos a las demandadas.

 

Como cada caso presenta sus propias particularidades, pese a la conexidad anotada, la Corte reseña a continuación los supuestos fácticos, elementos probatorios relevantes y decisiones de instancia de cada uno.

 

Número Expediente	T-4406707
Accionante	Gisselle Johari Pinilla Mantilla, quien actúa en representación de su hijo Mahdy Pinilla Mantilla, de 4 años de edad.
Demandado(s)	Saludcoop E.P.S. de Barranquilla
Situación Particular	Expone que el menor fue diagnosticado con autismo y que asiste a control con el psiquiatra infantil Haroldo Martínez Pedraza, quien en sus controles ha manifestado que “es pertinente que el menor ingrese a un centro especializado recibiendo terapias integrales para su desarrollo personal y social, ya que a través de consultas externas es muy poco el trabajo que se puede abordar en el menor y los resultados serían poco significativos”[1].   Agrega que su hijo asistió donde el neuropediatra Jesús Ruiz Aguirre, quien recomendó las terapias ABA para su rehabilitación.   Informa que de manera particular sufragó la evaluación y el comienzo del tratamiento en la IPS Avanza (de Barranquilla) con la galena Luz Aminta Barba, quien pertenece a la red de la accionada.   Afirma que la E.P.S. Saludcoop le negó dicho procedimiento sobre la base de que se encuentra fuera del POS, afectando con ello la salud de su hijo.   Manifiesta que no cuenta con los recursos suficientes para mantener este tratamiento, que además de ser costoso debe ser continuo.   Solicita que se le ordene a la E.P.S. continuidad en las terapias, así como el tratamiento integral que requiera su hijo.
Pruebas	Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Gisselle Johari Pinilla Mantilla[2].   Copia del registro civil del menor Mahdy Pinilla Mantilla[3].   Copia de la historia clínica expedida por el médico Haroldo Martínez Pedraza, el 27 de junio de 2012, quien le diagnosticó autismo infantil a la menor[4].   Copia del informe académico del 20 de septiembre de 2012, expedido por la doctora Margarita Bustillo Guzmán, quien le recomendó seguir con los apoyos externos[5].   Copia de la evolución de la historia clínica del 10 de septiembre de 2012 y el 4 de julio de 2013, expedida por el galeno Martínez, quien informó su mejoría y lo remitió a psiquiatría, terapias ocupacionales, fonoaudiología y a neurología pediátrica[6]   Copia de las recomendaciones dadas por la médica Mirla Eliza Vásquez Bermúdez, el 28 de agosto de 2013, quien señaló que la menor debía ingresar a un centro especializado recibiendo terapias integrales para su desarrollo personal y social, ya que a través de consultas externas es muy poco el trabajo que se puede abordar[7].   Copia del informe de evaluación integral de la IPS Avanza, del 30 de septiembre de 2013, donde señala que la menor requiere iniciar intervención desde el programa de habilitación cognitiva-comportamental, con el fin de realizar actividades que le permitan el desarrollo integral en cuanto a alimentación, vestido, relaciones con las personas, desenvolvimiento en el medio, uso correcto de recursos del entorno. Asimismo, desarrollar hábitos de comportamiento social[8].   Copia del informe de fonoaudiología del 28 de octubre de 2013, expedido por la doctora Silvia Margarita Guzmán Bustillo, dentro del cual afirmó que se trata de una paciente que posee un vocabulario amplio y significativo, su articulación es clara, algunas veces su prosodia es incorrecta, en cuanto a su atención es dispersa. Por ello recomendó que continuara trabajando su lenguaje[9].   Copia del informe de evolución de terapia ocupacional del 29 de octubre de 2013, expedido por la terapeuta ocupacional, Marta Luz Guzmán, donde sugirió terapia psicológica para manejo de control de impulso y pautas de crianza[10].   Copia de la historia clínica expedida por el médico Haroldo Martínez Pedraza, el 20 de noviembre de 2013, quien indicó el avance del menor y recomendó terapias físicas, ocupacionales, de lenguaje, psiquiatría y pediatría[11].   Copia de la evaluación de la IPS Avanza, expedida por el doctor Jesús Ruiz Aguirre, el 9 de diciembre de 2013, quien prescribió las terapias ABA[12].   Copia del examen auditivo[13].   Copia de la naturaleza, actividades y funciones de la IPS Avanza[14].   Copia de los certificados de estudios de la galena Luz Aminta Barba Palacio[15].
Respuesta de la entidad demandada	El Director Médico de la E.P.S. Saludcoop, Martín Solano Ripoll, solicitó negar la acción impetrada puesto que la entidad ha cumplido con todas las disposiciones tanto legales como de orden constitucional para la prestación del servicio del menor[16].   Informó que según concepto de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil -ASCONI-, las terapias ABA no ofrecen ninguna efectividad en el tratamiento integral de pacientes con autismo y parálisis cerebral[17].   Asimismo, consideró que la E.P.S. no puede autorizar el citado tratamiento, no solo por ser experimentales no convencionales, sino porque además no están incluidas en el POS y fue ordenado por un médico no adscrito a la red.   Finalmente, solicitó que se remitiera al menor Mahdy Pinilla Mantilla a valoración por un grupo médico multidisciplinario de la Red de Prestadores de Servicios de la E.P.S., con el fin de establecer la pertinencia de los servicios reclamados.
Sentencia objeto de revisión	El 5 de febrero de 2014 el Juzgado Segundo Civil Municipal de Barranquilla concedió la acción de tutela por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que procediera a suministrar a la paciente lo reclamado y en el evento de que dicho tratamiento estuviera excluido del POS recobrara ante el FOYSGA el valor del mismo.   Lo expuesto obedece al estado de discapacidad de la menor, quien requiere de las terapias para procurar su desarrollo social, físico e intelectual y de esta manera llevar una vida en condiciones dignas.   Finalmente, indicó que la E.P.S. no desvirtuó con criterios científicos la efectividad de las citadas terapias, ni le brindó al paciente un plan de rehabilitación para el manejo de su patología[18].

 

Número Expediente	T-4405825
Accionante	Lisbeth de la Cruz Palmera, quien actúa en representación de su hijo Keiner Alejandro Sánchez de la Cruz, de 2 años de edad.
Accionado(s)	Saludcoop E.P.S. de Barranquilla
Situación Particular	Expone que el menor fue diagnosticado con hipotonía y trastorno psicomotor; que no ha recibido por parte de la demandada el respectivo procedimiento integral, ya que solo le ha suministrado terapias de tipo físicas, ocupacionales y fonoaudiológicas.   Sostiene que la médica fisiatra de la IPS Sonrisa de Esperanza (de Barranquilla), Olga Lucía Surmay, valoró al pequeño y le prescribió un tratamiento integral de terapias de neurodesarrollo.   Señala que asumió en forma particular los costos del método en mención desde el mes de mayo de 2013, logrando para su hijo pequeños avances. Sin embargo, debido a sus recursos limitados suspendió dichas terapias.   Finalmente, expone que la accionada se negó a brindarle el citado tratamiento afectando el progreso y mejora de la calidad de vida del menor.   Pide que se le ordene a la E.P.S. que autorice las terapias y la exoneración de copagos y cuotas moderadas en los servicios requeridos.
Entidad vinculada	IPS Sonrisa de Esperanza de Barranquilla
Pruebas	Copia del registro civil del menor Keiner Alejandro Sánchez de la Cruz[19].   Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Lisbeth de la Cruz Palmera[20].   Copia del informe de evaluación de neurodesarrollo del Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza, del 24 de agosto de 2013, dentro del cual se recomendó que el menor asistiera a un programa de tratamiento integral con un enfoque de neurodesarrollo para mejorar su control postural y de movimientos, incrementar su capacidad de adaptación e interacción con su entorno[21].   Copia de la orden médica del 4 de septiembre de 2013, para el tratamiento de las terapias de neurodesarrollo, expedida por la doctora Olga Lucía Surmay Angulo de la IPS ajena de la accionada[22].   Copia del reporte de evolución del 4 de septiembre de 2013, expedido por la citada médica, quien señaló que se trata de un paciente con incapacidad motora de origen central, hipotonía axial y retardo del desarrollo psicomotriz, por lo que ordenó un plan de habilitación infantil personalizado, intensivo e interdisciplinario, con énfasis en apoyo con terapias de neurodesarrollo[23].
Respuestas de las entidades demandadas	(i) El Director Médico de la E.P.S. Saludcoop, Martín Solano Ripoll, solicitó negar la acción de tutela, toda vez que la entidad ha cumplido con sus obligaciones legales tendientes a asegurar el derecho a la salud y a la vida del paciente.   Sostuvo que el pequeño se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de esta E.P.S., en calidad de beneficiario, y presenta un diagnóstico de hipotonía y trastorno psicomotor.   Dijo que mediante este amparo se buscaba la autorización de terapias experimentales y no convencionales, las cuales no pueden ser autorizadas por la E.P.S. debido a que fueron ordenadas por un médico ajeno a la entidad, además de estar excluidas del POS.   Consideró que este tipo de procedimientos podían realizarlos terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas o terapeutas físicas, e incluso padres de familia con entrenamiento en este método.   Adicionó que no existe evidencia médica que determine la efectividad del método pretendido, ya que los resultados de este tratamiento dependen en gran medida de los pacientes.   Por lo expuesto, solicitó que se ordenara la valoración del menor por un grupo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. También, que en el evento de ser concedida la presente acción, se ordenará al FOSYGA pagarle el 100% del costo de las prestaciones que estén fuera del POS[24].   (ii) La IPS Sonrisa de Esperanza no se pronunció.
Sentencia Objeto de revisión	El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico), el 8 de octubre de 2013, concedió la acción de tutela por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que procediera a suministrar al paciente lo solicitado en la IPS reclamada; y exoneró a la petente de copagos. Autorizó a la E.P.S., en el evento de que dicho tratamiento estuviera excluido del POS, para que recobrara ante el FOYSGA el valor del mismo. Finalmente, exhortó a la demandada a ceñirse a los principios constitucionales de eficiencia administrativa en el desarrollo de los trámites.   Lo expuesto obedece a que el mencionado tratamiento busca brindar una mejor calidad de vida al menor, quien goza de protección constitucional. Igualmente, porque la accionada no desvirtuó científicamente el servicio solicitado.   La anterior decisión fue impugnada por Saludcoop E.P.S.[25]. Sin embargo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico) inadmitió el recurso de alzada de la acción al no existir certeza respecto de la representación legal de la E.P.S., toda vez que el señor Martín Solano Ripoll no había aportado el respectivo certificado que lo acreditaba como representante legal de la misma.

 

Número Expediente	T-4421628
Accionante	Ercila Mercedes Alford Castillo, quien actúa en representación de su hijo Ángel Felipe Villa Alford, de 9 años de edad.
Accionado(s)	Saludcoop E.P.S. de Barranquilla
Situación particular	Indica que su hijo padece de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, otitis, hipoacusia bilateral, problemas gástricos e hipotiroidismo.   Afirma que en razón a que la demandada no ha iniciado un tratamiento de rehabilitación integral para su hijo, el 8 de febrero de 2011 acudió a la Fundación Hospital Universitario Metropolitano, siendo valorado por los doctores Yurani Puccini Colina y Jhon Echeverría Armelia, quienes recomendaron iniciar terapias ABA.   Manifiesta que el paciente fue examinado por el Psiquiatra Haroldo Martínez Pedraza, adscrito a la accionada, quien determinó dicha enfermedad.   Sostiene que como la citada fundación ordenó el método ABA, solicitó ante la E.P.S. la autorización de la misma. Sin embargo, su petición fue resuelta negativamente sobre la base de que las terapias no hacían parte del POS.   Reclama que se le ordene a la accionada la autorización del mencionado procedimiento y la exoneración de copagos y cuotas moderadoras.
Entidades vinculadas	Fundación Prosperar del Caribe IPS de Soledad (Atlántico)
Pruebas	Copia de la evaluación neuropsicológica realizada el 8 de febrero de 2011 por la Fundación Hospital Universitario Metropolitano, que recomendó terapias ABA, estimulación cognitiva, neuropediatría, terapia ocupacional, fonoaudiología y control de neuropsicológico[26].   Copia de la historia clínica del 11 de febrero de 2011, dentro de la cual se registra que se hizo junta médica para aclarar el diagnóstico. En ella se concluyó que el menor tenía un síndrome producido por un trastorno de integración sensorial y un coeficiente de inteligencia normal bajo[27].   Copia del acta de la junta médica del 30 de septiembre de 2011, que señala que el paciente debe asistir a valoración por fisiatría, optometría, control de psiquiatría y de neuropediatría[28].   Copia de la historia clínica del 30 de agosto de 2012, donde se recomendó calificar al pequeño por conocimientos laborales, mantener un programa de ejercicios físicos, reiniciar terapias ocupacionales, de lenguaje y realizar prueba cognitiva[29].   Copia del informe de valoración al paciente  realizado por la Fundación Prosperar del Caribe IPS, el 17 de octubre de 2013, que señaló que necesita tratamiento intensivo y permanente de las mencionadas terapias[30].   Copia de valoración del 10 de diciembre de 2013 realizada al menor Ángel Villa Alford por el doctor David Dancur, quien recomendó iniciar plan de rehabilitación con terapia ABA y de neurodesarrollo[31].   Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Ercilia Alford Castillo[32].   Copia del registro civil de nacimiento y tarjeta de identidad del menor Ángel Villa Alford[33].
Respuestas de las entidades demandadas	(i) El Director Médico de la E.P.S. Saludcoop, Martín Solano Ripoll, solicitó negar la acción de tutela toda vez que la entidad ha cumplido con sus obligaciones legales tendientes a asegurar el derecho a la salud y a la vida del paciente.   Sostuvo que el pequeño se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de esta E.P.S., en calidad de beneficiario, y presenta un diagnóstico de hipotonía y trastorno psicomotor.   Dijo que mediante este amparo se busca la autorización de terapias experimentales y no convencionales, las cuales no pueden ser autorizadas por la E.P.S. debido a que fueron ordenadas por un médico ajeno a la entidad, además de estar excluidas del POS.   Consideró que este tipo de procedimientos podían realizarlos terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas o terapeutas físicas e incluso padres de familia con entrenamiento en este método.   Adicionó que no existe evidencia médica que determine la efectividad del método pretendido, ya que los resultados de este tratamiento dependen en gran medida de los pacientes.   Por lo expuesto, solicitó que se ordenara la valoración del menor por un grupo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. También, que en el evento de ser concedida la presente acción, se ordenará al FOSYGA pagarle el 100% del costo de las prestaciones que estén fuera del POS[34].   (ii) La Coordinadora Terapéutica de la IPS Fundación Prosperar del Caribe, Jenny Martínez Barrera, manifestó que el menor es uno de los pacientes, que recibe terapias de método ABA, como lo prescribió el médico David Dancur. Adicionó que esta IPS está atendiendo tres pacientes con autorización de servicio de la entidad Saludcoop E.P.S..
Sentencia Objeto de revisión	El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) el 18 de febrero de 2014, concedió la acción de tutela por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que procediera a suministrar al paciente lo solicitado y en la IPS reclamada. En el evento de que dicho tratamiento estuviera excluido del POS, recobrara ante el FOYSGA el valor del mismo.   La anterior decisión fue impugnada por Saludcoop E.P.S.[35]. Sin embargo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico), inadmitió el recurso de alzada de la acción al no existir certeza respecto de la representación legal de la E.P.S., toda vez que el señor Martín Solano Ripoll no había aportado el respectivo certificado que lo acreditaba como representante legal de la misma.

 

Número Expediente	T-4432792
Accionante	Olinda Esther Acuña Arrieta, quien actúa como agente oficioso de su nieto, Omar David Gómez Redondo, de 9 años de edad.
Accionado(s)	Saludcoop E.P.S. de Barranquilla
Situación Particular	Dice que su núcleo familiar está conformado por  su hija y su nieto, quien se encuentra afiliado a la accionada a través de su madre que es la cotizante.   Asevera que el menor padece de trastorno del aprendizaje e hiperactividad y la demandada no ha iniciado tratamiento de rehabilitación. Solo le brinda tratamientos paliativos.   Señala que el 19 de noviembre de 2013 solicitó ante la E.P.S. las terapias ABA, sin obtener respuesta alguna. Por esto, averiguó en la IPS Cencaes con el fin de que su nieto mejorara su calidad de vida.   Agrega que la citada institución, después de realizarle una serie de exámenes al menor, a través del neurólogo David Dancur, le recomendó iniciar tratamiento intensivo de terapias como equinoterapia, hidroterapia, musicoterapia, apoyadas con terapias de psicología, fisioterapia y fonoaudiología.   Solicita que se le ordene a la E.P.S. que autorice el tratamiento en mención y la exoneración de copagos y cuotas moderadas en los servicios requeridos.
Entidad vinculada	IPS Cencaes de Barranquilla
Pruebas	Escrito por parte de la docente de apoyo Rosiris de la Asunción Gil, dirigido a la Fundación Seres Creativos, del 3 de septiembre de 2013, solicitando que el menor sea atendido en esa entidad por psicología, terapia ocupacional y fonoaudiología[36].   Copia del informe del Comité Técnico Científico de la IPS Cencaes, del 10 de octubre de 2013, que recomendó iniciar terapia ABA para mejorar habilidades deficientes en el paciente.[37].   Copia de una solicitud de electroencefalograma[38].   Copia del registro civil de nacimiento y tarjeta de identidad del pequeño Omar Gómez Redondo[39].   Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Olinda Esther Acuña Arrieta[40].   Copia de la cédula de ciudadanía de la madre del paciente, Mislin Redondo Acuña[41].
Respuestas de las entidades demandadas	(i) El Director Médico de la E.P.S. Saludcoop, Martín Solano Ripoll, solicitó negar la acción de tutela toda vez que la entidad ha cumplido con sus obligaciones legales tendientes a asegurar el derecho a la salud y a la vida del paciente.   Sostuvo que el menor se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de esta E.P.S., en calidad de beneficiario, y presenta un diagnóstico de hipotonía y trastorno psicomotor.   Dijo que mediante este amparo se buscaba la autorización de terapias experimentales y no convencionales, las cuales no pueden ser autorizadas por la E.P.S. debido a que fueron ordenadas por un médico ajeno a la entidad, además de estar excluidas del POS.   Consideró que este tipo de procedimientos podían realizarlos terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, terapeutas físicas e incluso padres de familia con entrenamiento en este método.   Expuso que no existe evidencia médica que determine la efectividad del método pretendido, ya que los resultados de este tratamiento dependen en gran medida de los pacientes.   Adicionó que la actora cuenta con una capacidad económica suficiente para sufragar el costo del tratamiento del pequeño.   Solicitó que se ordenara la valoración del menor por un grupo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. También, que en el evento de ser concedida la presente acción, se ordenará al FOSYGA pagarle el 100% del costo de las prestaciones que estén fuera del POS[42].   (ii) La Coordinadora del Centro de Capacitación Especial Cencaes manifestó que el menor hace parte de sus pacientes y está recibiendo terapias ABA como lo ordenó el CTC de la fundación. Además, esa institución cuenta con personal profesional especializado y la respectiva habilitación de la Secretaría de Salud del Distrito de Barranquilla.
Sentencia Objeto de revisión	El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico), el 5 de marzo de 2014,  concedió la acción de tutela por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que procediera a suministrar al paciente lo solicitado y en la IPS reclamada. En el evento de que dicho tratamiento estuviera excluido del POS, recobrara ante el FOYSGA el valor del mismo. Asimismo, accedió a la exoneración de copagos y cuotas moderadoras en el expediente.   Lo expuesto, por cuanto a pesar de que la orden no fue prescrita por un médico adscrito a la red de la E.P.S., el diagnóstico y la prescripción médica que verificó el médico tratante respecto del menor son vinculantes, además que no fueron controvertidos científicamente por la accionada.   La anterior decisión fue impugnada por Saludcoop E.P.S.[43]. Sin embargo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico) inadmitió el recurso de alzada de la acción al no existir certeza respecto de la representación legal de la E.P.S., toda vez que el señor Martín Solano Ripoll no había aportado el respectivo certificado que lo acreditaba como representante legal de la misma.

 

Número Expediente	T-4418915
Accionante	Susan Coronell Padilla, quien actúa en representación de su hija Sheyla Julio Coronel, de 4 años de edad.
Accionado(s)	Coomeva E.P.S. de Barranquilla
Situación particular	Manifiesta que promovió acción de tutela al considerar que tanto la falta de autorización de la mencionada terapia como los suplementos Ensure y Enfagrow vulneran los derechos a la salud, a la vida digna, a la integridad física y a la seguridad social de la menor.   Señala que al momento de nacer su hija presentó una malformación congénita llamada hidrocefalia con doble corteza cerebral, la cual fue diagnosticada por los médicos adscritos a la E.P.S., por lo que requiere de cuidados especiales.   Sostiene que las terapias ABA y de neurodesarrollo fueron ordenadas por el médico particular Jesús Ruiz Aguirre y la doctora Luz Marina López Torres, quien es médica adscrita a la red de prestadores de la demandada.   Afirma que reclamó dicho tratamiento ante la E.P.S., solicitud que le fue negada sobre la base de que no hacía parte del POS.   Asevera que la menor venía recibiendo las terapias para su desarrollo integral en el Centro de   Estimulación y Aprendizaje Sonrisas de Esperanza, el cual estaba adscrito a la E.P.S.. Sin embargo, fue trasladada al Centro SION, donde no existen las condiciones adecuadas para la atención que requiere este tipo de pacientes.   Añade que la menor ha mejorado con el tratamiento ordenado. Además, cualquier tipo de cambio en su entorno terapéutico podría ocasionarle daños irreversibles en su psiquis, por lo que se hace imperioso que su tratamiento continúe en la Institución Sonrisa.   Solicita que se le ordene a la accionada la continuidad de las terapias con acompañante y transporte durante el traslado, así como los insumos de Ensure y Enfagrow.
Entidades vinculadas	Secretaría de Educación Distrital y Departamental de Barranquilla.
Pruebas	Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Susan Coronell Padilla[44].   Copia de la historia clínica del Centro de Salud de la Costa, del 29 de octubre de 2007, dentro de la cual se evidenció que la paciente ingresó por cuadro clínico de convulsiones, diagnosticándole epilepsia focal sintomática y heterotopia cortical (doble corteza)[45].   Copia de la historia clínica de la E.P.S. Coomeva, desde el 17 de febrero de 2010 a 23 de mayo de 2012, en la que consta que la menor padece de hidrocéfalo congénito[46].   Copia de la epicrísis del Centro Hospitalario la Costa, del 12 de diciembre de 2012, dentro de la cual se evidenció que se trata de una paciente con epilepsia, retardo psicomotor y síndrome de Dandy Walker, a quien se recomienda control con neuropediatría[47].   Copia de la historia clínica de la menor expedida por la Fundación Centro Médico del Norte, del 24 de enero de 2013, mediante la cual se indicó que la pequeña ingresó con cuadro de crisis tónico clónica generalizada presenciada con desviación de la mirada hacia la derecha y con sialorrea abundante[48].   Copia de la epicrísis de hospitalización de la Clínica de la Costa, del 8 de abril de 2013, dentro de la cual  señaló que ingresó con convulsiones[49].   Copia de las órdenes de terapias de neurodesarrollo  y paños desechables del 14 de julio de 2011, el 24 de julio de 2012 y el 19 de junio y 10 de julio de 2013, expedidas por el neuropediatra Jesús Ruiz Aguirre[50].   Copia de las órdenes médicas de terapias ABA y de neurodesarrollo, del 10 de octubre de 2013, expedidas por la neuropediatra, Luz Marina López Torres[51].   Copia de la petición presentada por la accionante ante la E.P.S. Coomeva, donde solicitó la continuación del tratamiento de su hija en la IPS Sonrisa de  Esperanza[52].   Copia de los informes evolutivos del Centro de Rehabilitación Sonrisas de Esperanza, que  concluyen que la paciente requiere asistir a un programa de tratamiento integral con un enfoque de neurodesarrollo, con el fin de mejorar su control postural y de movimientos con actividades que le permitan fortalecer fibras musculares, estabilizar y organizar su postura de manera funcional en las diferentes posiciones[53].
Respuestas de las entidades demandadas	(i) La apoderada judicial de Coomeva E.P.S. solicitó negar esta acción ya que no se le ha vulnerado a la paciente derecho fundamental alguno, puesto que la entidad ha garantizado de manera oportuna y permanente los servicios de salud que requiere la menor y no existe prueba que demuestre lo contrario.   Indicó que el concepto emitido por la Presidencia de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil -ASCONI-, respecto de las terapias ABA, señala que:   “- En ninguna guía clínica para atención y/o tratamiento de pacientes con Parálisis Cerebral se encontró que se mencionen o recomienden las Terapias ABA. - Que hay ausencia de evidencia de buena calidad sobre la efectividad y seguridad de las Terapias ABA en pacientes con Autismo para este último término aplica la expresión Trastorno del Espectro Autista. - Las Terapias ABA no ofrecen ningún beneficio en el tratamiento integral de pacientes con Autismo (Trastorno del Espectro Autista)”[54].   Por esto, pidió que se le permitiera valorar al usuario por un neuropediatra adscrito a la red, para determinar el tratamiento de la pequeña, toda vez que la entidad desconocía el mencionado procedimiento.   Advirtió que la accionante incurrió en temeridad al interponer una tutela por los mismos hechos y pretensiones que la interpuesta en el año 2012, en la que solicitaba de igual manera las terapias de neurodesarrollo, pañales, suplementos nutricionales, integralidad, etc.. Dicha tutela fue tramitada en el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barranquilla.   Señaló que en marzo de 2013 la actora solicitó nuevamente el amparo constitucional ante el Juzgado Tercero Penal, para que las terapias reclamadas fueran entregadas a la IPS Sonrisa de Esperanza, institución que no se encuentra adscrita a la red, siendo amparado el derecho de la menor.   Acerca de las terapias ABA expuso que no existe evidencia científica de tener resultados positivos terapéuticos y no se encuentran en el POS por lo que deben pasar por proceso de validación ante el Comité Técnico Científico, quienes evalúan cada caso particular buscando las mejores opciones de terapias.   (ii) El Jefe de la Oficina Jurídica del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Alfredo del Toro Núñez, manifestó que esa dependencia no está legitimada para asumir dichas terapias sino las E.P.S., quienes tienen la obligación de practicar los citados tratamientos, ya que deben ser ejecutados por personal médico experto y capacitado.
Sentencia objeto de revisión	Primera instancia. El 10 de enero de 2014 el Juzgado Catorce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla concedió la acción de tutela por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que procediera a suministrar a la paciente lo solicitado con la potestad de repetir en contra del FOSYGA.   Respecto a las terapias de neurodesarrollo, dijo que conforme a las pruebas aportadas en el expediente se evidenció que las mismas están siendo prestadas de manera continua por la E.P.S. Coomeva.   No obstante, en cuanto a la terapia tipo ABA, señaló que fueron ordenadas por la doctora López Torres, médica tratante de la menor, quien conoce la patología y por ende es la indicada en prescribir los tratamientos. Además la accionante informó que la galena en mención se encuentra adscrita a la red de la entidad y que la demandada no controvirtió dicha afirmación.   Impugnación. El Analista Jurídico Regional de Coomeva E.P.S., Jhosmar Illidge Cardona, expuso que esa entidad cuenta con instituciones que prestan el servicio de terapia ABA y la accionante no puede alegar por simple capricho que la paciente sea atendida por un prestador particular bajo el argumento de que el servicio es ineficaz.   Agregó que el Ministro de Salud, en audiencia pública convocada por la Comisión Séptima de la Cámara, denunció defraudación con terapias ABA. Solicitó remitir esta acción a la Superintendencia Nacional de Salud y revocar el fallo del a quo, ya que se trata de un servicio educativo y la IPS es ajena a la E.P.S..   Segunda instancia. El Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, mediante providencia del 14 de marzo de 2014, confirmó la sentencia de primera instancia argumentando que conforme a las pruebas aportadas al expediente la institución adscrita a la accionada no cumple con las condiciones de calidad, por lo que no garantiza integralmente la prestación del servicio médico. Sin embargo, modificó el numeral segundo, en el sentido que el mencionado tratamiento tenía que ser adelantado en una IPS adscrita a la demandada.

 

Número Expediente	T-4421629
Accionante	Genexy Troncoso, quien actúa en representación de su hija, Valery Kligman Troncoso, de 5 años de edad.
Accionado(s)	Coomeva E.P.S. de Barranquilla
Situación particular	Afirma que la menor padece de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que si bien ha recibido tratamientos médicos generales, los mismos no se enfatizan en el problema que tiene.   Indica que ha sido atendida por la neuropediatra de la E.P.S., doctora Irma Caro Castellar, quien implementó un plan de psicología y terapia ocupacional.   Añade que acudió al Centro de Terapias Integrales Progresar S.A.S., para que su hija fuera valorada, diagnosticándole trastorno por déficit de atención con hiperactividad, recomendándole terapias ABA prescritas por el psiquiatra Sergio Olivares Ruiz.   Sostiene que desde el mes de julio de 2013 la pequeña inició el mencionado tratamiento. No obstante, no han sido proporcionadas con la intensidad requerida por la falta de recursos económicos.   Por esto, solicitó ante la E.P.S. la autorización del tratamiento médico. Reclamación que le fue negada sobre la base de que el psiquiatra es ajeno a la entidad prestadora del servicio, las terapias no hacen parte del POS y los tratamientos educativos le corresponden al Ministerio de Educación.   Finalmente, pide que se le ordene a la accionada la autorización de las terapias y la exoneración de copagos y cuotas moderadas.
Entidades vinculadas	IPS Centro de Terapias Integrales Progresar S.A.S.
Pruebas	Copia del registro civil de nacimiento de Valery Kligman Troncoso [55].   Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Genexy Troncoso Castro[56].   Copia de la evaluación realizada el 21 de junio de 2013, expedida por la IPS Progresar S.A.S., que advirtió alteraciones en las áreas de lenguaje y comunicación, psico afectiva, cognoscitiva, física y ocupacional, que inciden en el desarrollo integral y el aprendizaje, y recomendó el método ABA[57].   Copia de la evaluación de audiología, realizada el 13 de agosto de 2013[58].   Copia del informe de evolución de Valery Kligman, de julio, agosto y septiembre de 2013, en la que se decidió continuar con el mencionado tratamiento[59].   Copia de la historia clínica expedida por la Doctora Irma Caro Castellar del 24 de septiembre de 2013, quien ordenó psicología, terapia ocupacional, meltifenidato y control[60].   Copia del informe de psiquiatría expedido por el galeno Sergio Olivares Ruiz, el 2 de octubre de 2013, quien prescribió las mencionadas terapias[61].   Copia de petición elevada por la accionante a la E.P.S. Coomeva, el 9 de octubre de 2013, mediante la cual solicitó la continuación del tratamiento a su hija en la IPS Progresar S.A.S.[62].   Copia del certificado expedido por el representante legal de la mencionada IPS, quien indicó que la pequeña recibe las terapias ABA[63].   Copia de la respuesta de la E.P.S. a la actora, en la que informó que no procede dicha pretensión en razón a que el médico que la ordenó no se encuentra adscrito a la red de servicios. Además, la prestación de las terapias ABA le corresponde al Ministerio de Educación a través de las direcciones territoriales[64].
Respuestas de las entidades demandadas	(i) La E.P.S. no se pronunció.   (ii) La Representante Legal de la IPS Progresar S.A.S. indicó que la menor Valery Kligman fue valorada de manera particular por su grupo interdisciplinario, con un diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Por esto, se le recomendó la realización de terapias ABA.
Sentencia objeto de revisión	Primera instancia. El 18 de diciembre de 2013 el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) concedió la acción de tutela por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que procediera a suministrar al paciente lo solicitado con la potestad de repetir en contra el FOSYGA.   Lo expuesto, obedece a que se le debe proteger los derechos de la paciente, garantizándole la efectividad de ese servicio y la continuidad del mismo, no solo por ser menor de edad sino también por su condición de indefensión. Así que las razones expuestas por la demandada no muestran amparo o garantía del derecho a la salud a menores de edad que por su condición de discapacidad no reciben una cobertura efectiva e integral en materia de salud.   Impugnación. El Analista Jurídico Regional de Coomeva E.P.S., Jhosmar Illidge Cardona, expuso que esa entidad cuenta con instituciones que prestan el servicio de terapia ABA y la accionante no puede alegar por simple capricho que la paciente sea atendida por un prestador particular bajo el argumento de que el servicio es ineficaz.   Agregó que el Ministro de Salud, en audiencia pública convocada por la Comisión Séptima de la Cámara denunció defraudación con terapias ABA.   Adicionó que la patología de la menor no amerita este tipo de terapias, ya que lo ordenado obedece a una prescripción médica incorrecta que debe ser estudiada por los médicos especialistas adscritos a esa entidad, puesto que fue prescrita por un psicólogo y no por un neuropediatra, quien es el médico indicado para determinar si un paciente necesita las terapias ABA y si su aplicación ayudaría a mejorar la patología de la niña.   Además el tratamiento de la hiperactividad está enfocado en tres aspectos: farmacológico (el pequeño se encuentra en tratamiento con risperidona y fluoxetina, medicamentos indicados para esta patología), psicológico y educativo.   Señaló que esa entidad no ha negado ningún servicio prescritos por los médicos adscritos a su red, como terapias de neurodesarrollo las cuales, conforme con la literatura médica, son las adecuadas para el tipo de patología que padece la menor[65].   Manifestó que estas terapias están siendo disfrazadas por muchas IPS que se están lucrando con un servicio que realmente no es prestado y así lo ha hecho saber el Ministro de la Protección, Alejandro Gaviria en el V Foro sobre la reforma a la Salud[66].   Agregó que la accionante sí cuenta con el ingreso para costear el tratamiento puesto que estas instituciones no son sin ánimo de lucro, ya que el servicio que prestan tiene tarifas absurdas. Además,  no cuentan con las instalaciones debidas ni el personal idóneo para la realización de las mismas.   Finalmente, dijo que el médico Sergio Olivares no hace parte de la red de prestadores de su entidad.   Por esto, solicitó remitir esta acción a la Superintendencia Nacional de Salud y revocar el fallo del a quo, ya que se trata de un servicio educativo y la IPS es ajena a la E.P.S..   Segunda instancia. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico), mediante providencia del 4 de abril de 2014, confirmó la sentencia de primera instancia argumentando que conforme con las pruebas aportadas al expediente se evidenció que la menor presenta una patología que evita su normal desarrollo e interacción con el medio en el que se desenvuelve, puesto que se trata de una persona en situación de debilidad manifiesta y el Estado debe brindar lo necesario para su asistencia y recuperación.   Aunado a esto, sostuvo que no es admisible que la demandada niegue el servicio sobre la base de que el galeno tratante no se encuentra adscrito a la red.

 

Número Expediente	T-4406658
Accionante	La señora Draisy Guilloso Galvis, quien actúa en representación de su hija Ismenia María Palacios Gulloso, de 10 años de edad.
Accionado(s)	Salud Total S.A. E.P.S. de Barranquilla
Situación particular	Expone que el 12 de julio de 2008, su hija fue valorada por la neuropediatra (adscrita a la accionada), Irma Caro Castelar, quien le diagnosticó retraso psicomotor, probable síndrome genético. Luego, el 6 de agosto del mismo año, la doctora Lucy Tache Herrera expidió certificado de concepto de discapacidad integral, en el que determinaron retraso psicomotor-síndrome de Down.   Indica que el 24 de octubre de 2009, la menor fue valorada nuevamente por el doctor Ernesto Barceló Martínez, médico adscrito a la E.P.S., diagnosticándole potencial evocado auditivos compatibles con hipoacusia neurosensorial leve bilateral.   Por ello, señala que solicitó a los médicos adscritos a la E.P.S. que iniciaran tratamientos alternos para mejorar la calidad de vida de la paciente. No obstante, le informaron que solo se ordenaban terapias contenidas en el POS.   En virtud de esto, acudió ante la IPS Prosperar del Caribe, donde establecieron un esquema de trabajo conformado con terapias comportamentales ABA y de neurodesarrollo (como hidroterapia y musicoterapia) con sesiones de terapéutica, fisioterapia y psicología.   Señala que no cuenta con los recursos económicos para continuar con los costos del tratamiento.   Finalmente, pide que se le ordene a la accionada suministrar a la menor tratamiento especial y, garantizar la entrega de los medicamentos y ayudas técnicas, así como los exámenes ordenados por el galeno David Dancur. Asimismo, que se le exonere de pago de cuotas moderadoras o copagos.
Entidad vinculada	IPS Fundación Prosperar del Caribe de Soledad (Atlántico)
Pruebas	Copia del certificado de concepto de discapacidad del 6 de agosto de 2006, donde se le diagnosticó retraso psicomotor y síndrome de Down[67].   Copia de la historia clínica del 12 de julio de 2008 expedida por la doctora Irma Caro Castellar que diagnosticó que la menor padece de síndrome de Down y ordenó terapias física, fonoaudiología, ocupacional y psicología[68].   Copia del examen de cariotipo en sangre periférica o fetal del 6 de octubre de 2009 que determinó trisomía libre del cromosoma 21 en todas las mitosis analizadas[69].   Copia del examen de potencial evocado auditivo del 24 de octubre de 2009, mediante el cual le hallaron ondas con morfología, latencias absolutas e interpico y reproducción de onda V hasta 40dB bilateral[70].   Copia del informe de valoración por parte del Comité Técnico Científico de Prosperar IPS, del 29 de agosto de 2013 que recomendó terapias ABA y de neurodesarrollo[71].   Copia del informe de valoración neurológica del 26 de septiembre de 2013 realizada por el doctor David Dancur Baldovino, quie prescribió terapias ABA y de neurodesarrollo[72].    Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Draisy Gulloso Galvis[73].   Copia del registro civil de nacimiento y la tarjeta de identidad de la menor Ismenia Palacios Gulloso[74].
Respuestas de las entidades demandadas	(i) La Administradora de la E.P.S. Salud Total S.A., María Bernarda Osorio Chica solicitó declarar la improcedencia del amparo por tratarse de una acción temeraria e infundada, toda vez que las terapias de rehabilitación (como ocupacionales, físicas y de lenguaje) no han sido negadas. Además, las terapias comportamentales son procedimientos de tipo educativo que no le corresponde asumir a la E.P.S..   Indicó que se trata de una paciente de síndrome de Down a quien se le ha garantizado la prestación asistencial requerida como neuropediatría, fisiatría, otorrinolaringólogo, cardiólogo, endocrino, psiquiatras infantil y fisioterapias, entre otras. Sin embargo, dicho tratamiento fue suspendido debido a que la paciente no volvió a las respectivas valoraciones[75].   Por último, aclaró que el doctor David Dancur no hace parte de la red de prestadores de servicios de esa E.P.S. y no cuenta con especialidades pediátricas.   (ii) La Coordinadora Terapéutica de la IPS Fundación Prosperar del Caribe, Jenny Martínez Barrera señaló que la menor es paciente de esa institución, y que recibe terapias de rehabilitación integral como ABA y de neurodesarrollo, como lo prescribió el médico David Dancur.   Adicionó que la paciente ha presentado avances en su padecimiento. Además, aclaró que es la única paciente que proviene de la entidad accionada.
Sentencia objeto de revisión	El 17 de febrero de 2014 el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) en ambos caso concedió la acción de tutela por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que procediera a suministrar al paciente lo solicitado y no accedió a la exoneración del pago de las cuotas moderadoras.   Lo expuesto, obedece a que con estos procedimientos médicos lo que se busca es darle una mejor calidad de vida a la menor, ya que dicha enfermedad no tiene cura, más que mejorar su condición de persona en situación de discapacidad, desarrollarle ciertos comportamientos y ayudarlos a hacerle la vida más fácil.   La anterior decisión fue impugnada por Salud Total E.P.S.[76]. No obstante, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico), inadmitió el recurso de alzada de la acción, al no existir certeza respecto de la representación legal de la E.P.S., toda vez que la señora María Osorio Chica no había aportado el respectivo certificado que lo acreditaba como representante legal de la misma.

 

Número Expediente	T-4406693
Accionante	La señora Ana Isabel Blanco Guzmán, quien actúa en representación de su hija Melany Isabel Blanco Guzmán, de 8 años de edad.
Accionado(s)	Salud Vida E.P.S. de Barranquilla
Situación particular	Informa que su hija fue diagnosticada con síndrome de Down – trastorno déficit atención hiperactiva (TDAH).   Adiciona que ha solicitado a los médicos tratantes de la E.P.S. que recomienden tratamientos alternativos con el fin de mejorar la calidad de vida de su hija. Sin embargo, le informaron que solo pueden ordenar terapias contenidas en el POS.   Señala que la E.P.S. ha venido negando estas terapias alegando que son educativas, no POS y que fueron ordenadas por un galeno ajeno a la demandada.   Sostiene que sometió a su hija a evaluación en la Fundación Prosperar del Caribe IPS con el objeto de que recibiera dicho tratamiento y así mejorar su calidad de vida.   Por último, asevera que no cuenta con los recursos económicos para costear de manera independiente las terapias.   Por esto, pide que se le ordene a la E.P.S. la autorización del citado procedimiento y que garantice la entrega de medicamentos e insumos, así como los exámenes ordenados por el galeno. También, que se le exonere de pago de cuotas moderadoras o copagos.
Entidad vinculada	IPS Fundación Prosperar del Caribe de Soledad (Atlántico)
Pruebas	Copia del informe de valoración del 8 de octubre de 2013 por parte del Comité Técnico Científico de Prosperar IPS, del 29 de agosto de 2013 que ordenó terapias ABA y de neurodesarrollo[77].   Copia del informe de valoración neurológico del 10 de diciembre de 2013, expedido por el doctor David Dancur Baldovino que recomendó las terapias ABA y de neurodesarrollo[78].    Copia de la cédula de la ciudadanía de la señora Ana Isabel Blanco Guzmán[79].   Copia del registro civil de nacimiento y tarjeta de identidad de la menor Melany Blanco Guzmán[80].   Copia de solicitud de exámenes paraclínicos expedido por el doctor David Dancur[81].
Respuestas de las entidades demandadas	(i) El Gerente de Salud Vida S.A. E.P.S.S., Rodrigo Bula Álvarez pidió que se declarara la improcedencia por carencia de objeto, toda vez que no se ha negado ningún servicio médico.   Manifestó que la accionante no aportó prueba alguna que demostrara la negación de servicios de salud requeridos, ya que la misma acudió a la tutela para que a través de ese medio se le suministrara a su hija dicho tratamiento.   Indicó que la paciente tiene que acercarse a las instalaciones para entregarle las autorizaciones pertinentes y ser atendida por un grupo interdisciplinario de médicos especialistas en la IPS Cambiando Vidas, con el fin de que la valoren y tracen el tratamiento a seguir para mejorar su calidad de vida.   Finalmente, dijo que la IPS Fundación Prosperar del  Caribe y el doctor David Dancur no se encuentran adscritos en la red de prestadores de esa entidad   (ii) La Coordinadora Terapéutica de la IPS Prosperar del Caribe, Jenny Martínez Barrera manifestó que la pequeña es paciente de esa institución y que recibe terapias de rehabilitación tanto ABA como de neurodesarrollo, prescritas por el médico David Dancur.   Añadió que esta IPS se encuentra en proceso de contratación con la entidad Salud Vida S.A. E.P.S. y en la actualidad está atendiendo tres pacientes que hacen parte de la accionada.
Sentencia objeto de revisión	El 18 de febrero de 2014 el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) en ambos caso concedió la acción de tutela por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que procediera a suministrar al paciente lo solicitado y no accedió a la exoneración del pago de las cuotas moderadoras.   Lo expuesto obedece a que con estos procedimientos médicos lo que se busca es darle una mejor calidad de vida a la menor, ya que dicha enfermedad no tiene cura, más que mejorar su condición de persona en situación de discapacidad, desarrollarle ciertos comportamientos y ayudarlos a hacerle la vida más fácil.   La anterior decisión fue impugnada por Salud Vida E.P.S. [82]. No obstante, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico), inadmitió el recurso de alzada de la acción, al no existir certeza respecto de la representación legal de la E.P.S., toda vez que el señor Rodrigo Bula Álvarez no había aportado el respectivo certificado que lo acreditaba como representante legal de la misma.

 

Número Expediente	T-4406690
Accionante	La señora Nievelcy Vergara Ortiz, quien actúa como agente oficiosa de su hijo Oswaldo Uparela Vergara, de 29 años de edad.
Accionado(s)	Famisanar E.P.S. de Barranquilla
Situación particular	Sostiene que su hijo fue diagnosticado con Cráneosisnostosis Sagital.   Manifiesta que la doctora psiquiatra Dubrazka Duque le ordenó al paciente la práctica de terapias ABA con el objeto de mejorarle la calidad de vida.   Afirma que la E.P.S. negó dicho procedimiento argumentando que el tratamiento ordenado constituye una educación especial y se encuentra excluido del POS.   Por esto, solicita que se le ordene a la demandada que autorice el tratamiento ordenado por el médico tratante.
Pruebas	Copia del diagnóstico de la enfermedad craneosinostosis de la sutura sagital, de fecha del 16 de enero de 1986[83].   Copia de la prescripción médica de las terapias ABA  expedida por la psiquiatra Dubrazca Duque del 26 de noviembre de 2013[84].   Copia de la cédula de ciudadanía de Oswaldo Uparela Vergara[85].   Copia de la respuesta de la E.P.S. Famisanar, mediante el cual le informó a la actora que dicho procedimiento se encuentra excluido del POS[86].   Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Nievelcy Vergara Ortiz[87].
Respuesta de la entidad demandada	La Representante Legal de la E.P.S. Famisanar, Licelore Ruiz De Campo pidió que se declarara la improcedencia de la acción, ya que no ha desconocido o puesto en peligro los derechos fundamentales del usuario.   Expuso que el paciente se encuentra afiliado a esa entidad en calidad de cotizante pensionado. Agregó que conforme con la normatividad vigente, el tratamiento ABA fue analizado por el Comité Técnico Científico, siendo negado con base en que no se evidenció riesgo inminente para la vida del usuario.
Sentencia objeto de revisión	El 20 de febrero de 2014 el Juzgado Segundo Civil  Municipal de Barranquilla concedió el amparo por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que procediera a la realización de las terapias tipo ABA.   Esto por cuanto se trata de una persona en estado de discapacidad, que necesita el mencionado tratamiento para procurar su desarrollo social físico e intelectual y de esta manera brindarle la posibilidad de llevar una vida en condiciones dignas.

 

Número Expediente	T-4421624
Accionante	La señora Patricia Del Rosario Ramos Stevenson, quien actúa como agente oficiosa de su hija Yalexi Parra Ramos, de 20 años de edad.
Accionado (s)	Suramericana E.P.S. y Medicina Prepagada de Barranquilla
Situación particular	Manifiesta que la joven fue diagnosticada con retraso psicomotor y, la entidad accionada no ha querido proporcionarle tratamientos alternativos pese a las constantes solicitudes.   Dice que la entidad le negó las terapias ABA y de neurodesarrollo argumentando que son educativas, están excluidas del POS y no fueron ordenadas por el médico tratante de la E.P.S..   Asevera que consultó al médico de la Fundación Prosperar del Caribe IPS, quien le prescribió a su hija terapia comportamental ABA y de neurodesarrollo.   Alega que es una persona de escasos recursos, por lo que solicita que se le ordene a la accionada la continuidad de las terapias en la citada institución.
Entidades vinculadas	Fundación Prosperar del Caribe IPS de Barranquilla, Secretaría de Salud Local, Secretaría de Educación Municipal de Malambo y al Ministerio de Educación y de Salud.
Pruebas	Copia del informe del Comité Técnico Científico que realizó a la paciente por la Fundación Prosperar del Caribe IPS, el 30 de agosto de 2013, que recomendó las mencionadas terapias[88].   Copia de valoración del 26 de septiembre de 2013 realizada a la joven Yalexi Parra Ramos expedida por el doctor David Dancur, quien indicó que se trata de una paciente con retraso psicomotor y autismo. Asimismo, recomendó iniciar terapia ABA e integrales y de neurodesarrollo[89].   Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Patricia del Rosario Ramos Stevenson[90].   Copia de la cédula de ciudadanía de la joven Yalexi Parra Ramos[91].   Copia de exámenes de rayos X de la joven expedidos por el médico David Dancur[92].
Respuestas de las entidades demandadas	(i) La Representante Legal de la E.P.S. y medicina prepagada de Suramericana S.A., María del Pilar Vallejo Barrera solicitó la improcedencia de la acción por cuanto la E.P.S. no ha vulnerado derecho fundamental alguno.   Aclaró que la paciente no es una menor de edad, sino una joven de 19 años. Que la accionante nunca ha utilizado los servicios de esa entidad desde la afiliación de su hija de 2011 y, la E.P.S. ha autorizado atención médica con especialistas para el manejo de los problemas de salud como neurología y psiquiatría.   Señaló que el Centro de Rehabilitación Integral Prosperar del Caribe no forma parte de la red de prestadores de la E.P.S.. Además, dicha institución no cuenta con un registro de habilitación para prestar las terapias ABA ni de neurodesarrollo, por lo que solicitó que se revisara la documentación de funcionamiento del mencionado centro[93].   Afirmó que el galeno tratante, David Dancur es un profesional de salud particular, especialista en neurocirugía de adultos, quien valoró a la joven y ordenó las terapias después de haber visto a la persona en una sola oportunidad. Además, no es la persona idónea para tratar a la joven, toda vez que este requiere un médico entrenado en manejo de problemas comportamentales y para tratar a la paciente, la entidad ha dispuesto a especialistas en psiquiatría y neurología.   Expuso que las terapias ABA desbordan las coberturas del sistema, máxime cuando dicho tratamiento tiene cuestionada su efectividad. Al respecto el Instituto de Evaluación de Tecnologías (IETS) sostuvo:   “En el uso de las terapias ABA para el tratamiento de parálisis cerebral no se encontró evidencia a nivel mundial que apoye dicha práctica para esta indicación, por su parte el uso de animal -terapia para el tratamiento de parálisis cerebral reportó muy poca evidencia y de muy baja calidad respecto al efecto positivo especialmente usando caballos (hipoterapia) sobre desenlaces no relevantes para la salud del paciente; en el caso del pájaro y canino-terapia no se reportó evidencia que apoye dicha práctica a nivel global”[94].   En igual sentido se ha pronunciado el Presidente de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, en relación con dichas terapias para pacientes con autismo, patología para la cual solo se encontraba demostrado el beneficio de estos procedimientos[95].   Además, el Ministro de Salud, en audiencia pública convocada en Barranquilla, denunció defraudación con terapias ABA.   (ii) El Jefe Administrativo de la Fundación Prosperar del Caribe, Heimán Ordoñez Sarmiento indicó que Yalexis Parra Ramos es paciente que actualmente está recibiendo las terapias de rehabilitación prescritas por el médico David Dancur. Finalmente, sostuvo que dicha fundación está atendiendo pacientes pertenecientes a la entidad accionada.   (iii) El Secretario de Educación Municipal de Malambo Daniel Escorcia Castro indicó, que no tiene competencia respecto a la solicitud elevada por la actora.   Aseveró que la competencia de las secretarías de educación de los municipios, está dada por lo consagrado en el artículo 7º de la Ley 715 de 2001. Asimismo, la financiación del sector educativo se hace con recursos del Sistema General de Participaciones, el cual los limita en su ejecución, en el sentido que debe atenderse la educación regular de niños y niñas mayores de 5 años, atendiendo el precepto del artículo 67 Superior.   (iv) El Alcalde Municipal de Malambo (Atlántico), solicitó que se desvinculara a las secretarías de salud y de educación municipal y, consecuentemente al ente territorial, así como que se declarara la improcedencia de la acción.   Indicó que la Secretaría de Salud Municipal no tiene facultades para conminar a la E.P.S. a brindar un tratamiento médico determinado en favor de la paciente.
Sentencia objeto de revisión	Primera instancia. El 3 de febrero de 2014 el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) concedió la acción de tutela por encontrar amenazados los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social. En consecuencia, ordenó a la E.P.S. que procediera a suministrar a la paciente lo solicitado.   Lo anterior, por cuanto se trata de una joven de 19 años cuyas dificultades de crecimiento y desarrollo se han visto afectadas como consecuencia de su patología, y la E.P.S. está en la obligación de ofrecerle toda la atención médica necesaria a fin de obtener su máxima rehabilitación posible.   Impugnación. Suramericana E.P.S señaló los mismos argumentos expuestos en la contestación del presente amparo.   Segunda instancia. El Juzgado Segundo Civil del Circuito en Oralidad de Soledad (Atlántico), mediante providencia del 25 de marzo de 2014, confirmó la sentencia de primera instancia argumentando que conforme con las pruebas aportadas al expediente se evidenció que la joven presenta una patología que evita su normal desarrollo e interacción con el medio en el que se desenvuelve, puesto que se trata de una persona que se encuentra en estado de debilidad manifiesta y el Estado debe brindar lo necesario para su asistencia y recuperación.   Aunado a esto, sostuvo que no es admisible que la demandada niegue el servicio sobre la base de que el galeno tratante no se encuentra adscrito a la red.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

 

1. Competencia.

 

Esta Sala es competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

2. Problemas jurídicos.

 

Sobre la base de los antecedentes reseñados, corresponde a esta Sala de Revisión verificar si una E.P.S. vulnera los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, al tratamiento integral, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y a la protección especial del menor, cuando niega a una persona en situación de discapacidad la práctica de procedimientos alternativos tipo ABA y de neurodesarrollo, con el argumento de que fueron prescritos por médicos ajenos a la E.P.S..

 

Para ello esta Sala reiterará su jurisprudencia en relación con: (i) la salud como derecho fundamental; (ii) el suministro de medicamentos, elementos, tratamientos y procedimientos que no se encuentran incluidos en el POS; (iii) las terapias alternativas ABA y de neurodesarrollo. Con base en dicho análisis, (iv) resolverá el caso concreto.

 

3. La salud como derecho fundamental susceptible de protección por vía de tutela. Reiteración de jurisprudencia^[96].

 

La Carta Política, en su artículo 48, señala que la seguridad social es un servicio público obligatorio sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Asimismo, en su artículo 49, dispone que “la atención en salud y saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.

 

La jurisprudencia constitucional^[97] ha precisado que la salud es un derecho fundamental autónomo, que comprende todo un conjunto de bienes y servicios con miras a lograr el nivel más alto de protección razonable^[98]. Al respecto la sentencia C-252 de 2010 expuso:

 

“La Corte en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 241 de la Constitución, vías control abstracto y concreto, ha protegido el derecho a la salud como un derecho fundamental bajo tres aspectos. Una inicial, en su carácter social por el factor de conexidad con derechos fundamentales como la vida, la integridad y la dignidad humana. Otra cuando el accionante tiene la calidad de sujeto de especial protección constitucional. Y finalmente, se ha reconocido el carácter de derecho fundamental autónomo”.

 

La Observación General 14 de 2000 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas indicó que “la salud es un derecho humano fundamental indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Al respecto, el Comité insiste en la indivisibilidad e interdependencia del derecho a la salud en tanto está ‘estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos’, refiriéndose de forma específica al ‘derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación’. Para el Comité, ‘esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud’”.

 

Por lo anterior, la Corte Constitucional reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo del cual emanan dos clases de obligaciones: “(i) las de cumplimiento inmediato al tratarse de una acción simple del Estado que no requiere mayores recursos o requiriéndolos la gravedad y urgencia del asunto demandan una acción estatal inmediata, o (ii) de cumplimiento progresivo por la complejidad de las acciones y recursos que se requieren para garantizar de manera efectiva el goce del derecho”^[99].

 

Es así como esta Corporación ha protegido el derecho a la salud cuando: “(i) esté amenazada la dignidad humana del peticionario; (ii) el actor sea un sujeto de especial protección constitucional y/o (iii) el solicitante quede en estado de indefensión ante su falla de capacidad económica para hacer valer su derecho”^[100].

 

De lo anterior se concluye que la acción de tutela, como medio constitucional de protección de los derechos fundamentales, ampara la salud garantizándoles a todas las personas el acceso a los “servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal o su dignidad”^[101].

 

4. Suministro de medicamentos, elementos, tratamientos y procedimientos que no se encuentran incluidos en el POS^[102].

 

En repetidas oportunidades este tribunal ha establecido que las normas que reglamentan los contenidos del POS no pueden desconocer derechos fundamentales. Tal situación ocurre cuando una E.P.S. excluye la práctica de procedimientos, tratamientos o el suministro de insumos directamente relacionados con la vida o la dignidad de los pacientes, argumentando que no se encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.

 

De ahí que este tribunal ha inaplicado la normatividad que excluye dichos servicios médicos para impedir que un precepto legal o una decisión administrativa dificulten el goce efectivo de garantías fundamentales como la vida, la integridad y la salud. Al efecto, para que resulte procedente la aplicación de esta disposición, la Corte ha establecido la obligación de comprobar los siguientes requisitos:

 

(i) Que el servicio haya sido ordenado por el médico tratante, quien deberá presentar la solicitud ante el Comité Técnico Científico.

 

(ii) Que la falta del servicio, tratamiento o medicamento, vulnere o amenace los derechos a la salud, a la vida y a la integridad personal.

 

(iii) Que el servicio no pueda ser sustituido por otro que sí se encuentre incluido o que pudiendo estarlo, el sustituto no tenga el mismo grado de efectividad que el excluido del plan.

 

(iv) Que el actor o su familia no tengan capacidad económica para costearlo.

 

De lo expuesto se tiene que no todas las prestaciones médicas prescritas por un galeno podrán ser objeto de protección por vía de la acción de tutela, toda vez que, al menos en principio, la autorización de servicios se encuentra restringida al plan obligatorio. Por ello, para que resulte procedente la orden de suministrar un tratamiento, insumo y medicamentos excluidos del Plan Obligatorio de Salud, será preciso comprobar si se cumplen los lineamientos jurisprudenciales ya mencionados.

 

5. Terapias alternativas tipo ABA y de neurodesarrollo.

 

En desarrollo del derecho fundamental a la salud de menores en circunstancia de discapacidad y el principio de integralidad, este tribunal ha estudiado el tema de tratamientos alternativos tipo ABA y de neurodesarrollo (no POS) con el objeto de que este grupo poblacional goce de un estado completo de bienestar físico, mental, emocional y social^[103].

 

Sin embargo, como han sido cuestionados dichos tratamientos en cuanto a su grado de efectividad, la Corte ha ido ajustando su línea jurisprudencial para autorizar los mismos. Así lo ha señalado en sus distintos pronunciamientos:

 

5.1. En la sentencia T-1222 de 2008, al analizar la situación de dos menores de edad (que padecían autismo), quienes a través de la acción de tutela buscaban que las E.P.S. les autorizara terapia comportamental tipo ABA en instituciones específicas, en su momento, la Corte sostuvo:

 

“El derecho a la salud de los menores es autónomamente fundamental, y es deber de la familia, la sociedad y el Estado garantizar su desarrollo armónico e integral. Adicionalmente cuando ellos padezcan de una discapacidad, son merecedores de una protección reforzada por parte del ordenamiento jurídico, lo cual implica que se les debe garantizar un tratamiento integral que permita lograr su rehabilitación”.

 

En el citado fallo se tuteló el derecho a la salud. Se ordenó en ambos casos que los médicos tratantes de los menores establecieran cuál era la institución más idónea y especializada para el tratamiento de autismo con el fin de lograr la rehabilitación integral de los mismos. Además advirtió que el referido método debía ser prestado en principio por una IPS adscrita a las accionadas, siempre y cuando cumpliera con parámetros de calidad, especialidad e idoneidad.

 

5.2. En igual sentido, la sentencia T-650 de 2009, al estudiar el caso de dos niños que sufrían de autismo y déficit cognitivo, quienes requerían terapias integrales para mejorar su salud. En esa oportunidad, la Corte reprobó la decisión emitida por el a quo, debido a que: “se [había limitado] a apelar a un argumento de naturaleza formal para negar el amparo solicitado, pasando por alto que los demandantes son personas discapacitadas que requieren (…) las terapias solicitadas, lo cual exige como quedó visto en las consideraciones de esta providencia especial cuidado y atención por parte de todas las autoridades”.

 

Esta Corporación, una vez que constató los requisitos jurisprudenciales para ordenar un tratamiento excluido del POS, tuteló los derechos a la vida y a la salud; y ordenó a las E.P.S. practicar el tratamiento reclamado^[104], pero con previa valoración por parte de médicos adscritos a la entidad con el fin de determinar la periodicidad, cantidad y tipo de procedimiento concreto que debía realizarse.

 

La Corte sostuvo que las terapias debían practicarse preferiblemente en la IPS específica. Sin embargo, indicó que en el evento de no existir contrato con ese organismo podría ser suministrada en otra institución, siempre y cuando no implicara un obstáculo para el acceso a la prestación del servicio de salud^[105].

 

Es así como este tribunal, con el objeto de mejorar la calidad de vida e integración social de los menores con discapacidad, ha concedido tratamientos especiales excluidos del plan obligatorio^[106], cuando la institución adscrita a la red de la entidad prestadora del servicio de salud no cumpla con los estándares de calidad e idoneidad, o no cuente con personal especializado en la prestación del servicio requerido.

 

No obstante, al evidenciarse que dicho tratamiento ha sido cuestionado por su grado de eficacia por parte de las entidades prestadoras, este Tribunal además de verificar los requisitos jurisprudenciales para ordenar tratamientos no POS, ha considerado que en algunos casos para el suministro del mencionado tratamiento es necesario que los pacientes sean o hayan sido valorados previamente por el personal médico de la salud de la E.P.S. a la que se encuentran afiliados. El concepto debe estar fundamentado en criterios médico-científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo.

 

Además, advirtió a las E.P.S. que en el evento de que dicha evaluación demuestre la necesidad del tratamiento (en cuanto a una mejoría o progreso en su salud del paciente), esta tenía la obligación de autorizar las mismas.

 

Del mismo modo, ha aclarado que las entidades prestadoras del servicio de salud no están obligadas a prestar el procedimiento a través de IPS específicas, solo por simple capricho de los pacientes. Así se expuso en las siguientes providencias:

 

5.3. En sentencia T-371 de 2010, al analizar el asunto de unos menores de edad que solicitaban terapias integrales y que estas se realizaran específicamente en el sitio requerido por los accionantes, la Corte precisó:

 

“Ahora bien, en aras de la protección del derecho fundamental a la salud de los menores discapacitados, la carga mínima que correspondía a las EPS y ante la evidencia que la receta médica había sido emitida por un médico particular- que no está probado haga parte del sistema general de seguridad social en salud - era confirmarla, descartarla o modificarla, con base en consideraciones de carácter técnico, adoptadas en el contexto del caso concreto. Tales consideraciones podían ser las que se derivaran del concepto de un médico adscrito a la EPS o de la valoración que hiciere el Comité Técnico Científico, según lo haya determinado la EPS. Como resultado de lo anterior, las EPS hubieren podido establecer el tratamiento médico a seguir para la protección del derecho fundamental a la salud de los menores mencionados.

 

Así las cosas, se revocarán las sentencias de instancia única y se ordenará a las EPS confirmar, descartar o modificar, el dictamen dado por el médico particular en los presentes casos, con base en consideraciones de carácter técnico emitidas por un médico adscrito a esa EPS o efectuadas por el Comité Técnico si así lo determina la EPS.

 

En el evento que el médico adscrito establezca la necesidad de algún tratamiento al menor, las EPS no están obligadas a prestar el servicio a través de la institución prestadora de salud privada solicitadas por las tutelantes – Funtierra Rehabilitación IPS- más aún cuando de los expedientes se desprende que la Institución IPS Funtierra Rehabilitación no es idónea ni especializada para llevar a cabo el tratamiento de terapias, no brinda las condiciones requeridas y no posee las instalaciones indispensables para realizarlas; no cumpliendo con los principios de idoneidad, oportunidad y calidad exigidos”.

 

Concluye el citado fallo que “en este caso específico, esta Sala de Revisión no ordenará el cumplimiento de los tratamientos ordenados por el médico particular, por cuanto procedimientos como la animalterapia, equinoterapia, musicoterapia, hidroterapia, hipoterapia, entre otros, han sido ampliamente discutidos por las entidades prestadoras del servicio de salud respecto de su eficacia, nivel de experimentación y validez para el tratamiento de las discapacidades. Por tal razón dicha valoración, estima la Sala, corresponde a los médicos adscritos a las EPS”.

 

5.4. En providencia T-855 de 2010 esta corporación sostuvo que la E.P.S. estaba en la obligación de proporcionar el servicio integral terapéutico en hidroterapia, animalterapia, equinoterapia y musicoterapia, siempre y cuando fuere factible para el paciente obtener una mejoría o progreso en su salud a través de las mismas, logrando con ello mejor calidad de vida para el menor^[107].

 

5.5. En sentencia T-890 de 2010^[108], la Corte al analizar el caso de una menor que sufría “parálisis cerebral espástica, síndrome west y retardo psicomotor”, a quien su médico tratante le había ordenado terapias físicas, de lenguaje y ocupacionales (programas de neurodesarrollo, acuaterapia, músicoterapia, dactilopintura y terapias ABA), expuso:

 

“Todos los menores de edad que padezcan algún tipo de discapacidad, tienen derecho a (i) recibir el más adecuado tratamiento posible, (ii) que propenda por su desarrollo armónico e integral (iii) así sus componentes no estén incluidos en el POS pero estos sean necesarios para conservar su dignidad y su calidad de vida (incluidas las ayudas técnicas, la asistencia de enfermeras y el suministro de pañales) (iv) a recibirlos así hayan sido prescritos por un profesional no adscrito a la entidad demandada cuando la entidad encargada de prestarlos teniendo noticia de dicha opinión médica no la descarta con base en criterios médico - científicos, (v) a que el tratamiento sea prestado por personal especializado aun si la entidad especializada en prestarlos no tiene convenio con la EPS a la cual se encuentre afiliado el menor, (vi) sin importar si tienen carácter educativo y no médico asistencial y (vii) así sus acudientes no cuenten con dinero para cubrir dichos gastos pero, se requiera de un tratamiento o procedimiento médico para proteger su desarrollo armónico e integral y su derecho a la vida en condiciones de dignidad”.

 

Concluyó que la accionada había vulnerado los derechos a la salud, a la dignidad y al desarrollo armónico e integral de la niña, ya que si bien había prestado los tratamientos incluidos en el POS, omitió valorar otras prescripciones, entre estas el concepto del médico fisiatra externo, que recomendaba las terapias integrales.

 

En consecuencia, este tribunal ordenó a la E.P.S. que valorara a la paciente con el fin de establecer cuál era el tratamiento que se le debía prestar. Asimismo, ordenó someter a consideración del Comité Técnico Científico el concepto del médico, que había recomendado la práctica de un tratamiento integral. Agregó que si la accionada no contaba con una institución que pudiera ofrecer los servicios especializados, debía contratarlos para atender a la paciente^[109].

 

5.6. En sentencia T-872 de 2011 al estudiar el caso de una menor de edad que sufría síndrome de Down, la jurisprudencia constitucional señaló que si bien es cierto que los derechos de los niños tienen una protección prevalente, máxime cuando estos sujetos están en circunstancia de vulnerabilidad como ocurre con personas con discapacidad, también lo es que quien interpone la acción de tutela “debe demostrar los supuestos fácticos en que basa su solicitud de protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados para evidenciar la violación o amenaza de los mismos y, de esta forma, habilitar al juez constitucional para que pueda salvaguardarlos y ampararlos”^[110].

 

En ese asunto, al evidenciarse que la accionante no había requerido a la E.P.S. para que realizara la práctica de las terapias prescritas de fisioterapia y terapia ocupacional (que incluían hidroterapia, animalterapia, musicoterapia y equinoterapia); que el tratamiento no había sido prescrito por un médico especialista adscrito a la E.P.S.; y que la capacidad económica de la petente no era suficiente para costear dicho tratamiento, este tribunal ordenó a la accionada, que a través del Comité Técnico Científico, evaluara si la paciente requería de aquellas terapias, si existía un tratamiento análogo incluido en el POS que pudiera suministrársele y que evaluara la capacidad económica de la accionante para efectos de suministrar el procedimiento reclamado.

 

La Corte reiteró que para ordenar los tratamientos integrales (como hidroterapia, animalterapia, musicoterapia y equinoterapia) no es suficiente con la simple prescripción médica, sino que es necesario que se justifique con base en criterios médico-científicos que el paciente va obtener una mejoría o progreso en su salud; en el evento de que la prescripción provenga de un médico particular, la E.P.S. está en la obligación de valorar dicho concepto sobre la base de criterios médico-científicos y en ningún caso con argumentos de tipo administrativo; y una vez demostrado el grado de eficacia, la entidad prestadora del servicio de salud debe brindar las terapias en una institución adscrita a su red, que cuente tanto con profesionales especializados como con las debidas instalaciones para realizar el respectivo tratamiento.

 

5.7. La sentencia T-731 de 2012 examinó el caso de un menor, que sufría parálisis cerebral espástica, quien a través de su representante solicitaba que se le realizara terapias integrales. Esta corporación no avaló la pretensión de la accionante^[111], al considerar:

 

“Por lo anterior, la Sala encuentra que no es posible avalar la solicitud de la accionante, así que procederá a confirmar el fallo proferido por el Juez de segunda instancia por considerarlo acertado y proporcional ya que i) no se evidencia una situación de amenaza del derecho constitucional a la salud del niño, puesto que ya fue protegido mediante un fallo de tutela anterior, ii) la EPS Salud Total ha cumplido a cabalidad las órdenes emanadas de dicho fallo brindándole el tratamiento integral, suministro de los medicamentos, actividades, procedimientos, intervenciones o elementos, aunque no estén dentro del plan obligatorio de salud, así como el no cobro de las cuotas moderadoras y copagos y iii) no es el juez constitucional la autoridad competente para ordenar a una entidad promotora de salud la autorización de un tratamiento en una institución, con la cual no se tiene convenio, menos, cuando no hay orden del médico tratante que lo prescriba y no existe prueba de que las terapias y los servicios por ésta ofrecidos no son los idóneos”.

 

5.8. En fallo T-1076 de 2012 dos madres solicitaban el amparo de sus hijos menores de edad, quienes padecían de hipoacusia neurosensorial y síndrome de Down, y un médico ajeno a la E.P.S. les había prescrito las terapias ABA. Este tribunal, al no evidenciar que la parte accionada hubiere incurrido en una acción u omisión con la cual se hubiere conculcado los derechos objeto de protección constitucional, declaró la improcedencia de la acción.

 

No obstante, por tratarse de sujetos de protección especial constitucional (niños en situación de discapacidad), ordenó que los pequeños fueran evaluados y calificados por el personal médico de la E.P.S., agregando que “[e]l concepto de AMBUQ EPS-S deb[ía] estar fundamentado en criterios médico-científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo”. Asimismo, recordó que en caso de que tales servicios debieran adelantarse en un lugar diferente al domicilio del paciente, las entidades tenían que cubrir los gastos de transporte a que hubiere lugar conforme con el artículo 43 del Acuerdo 029 de 2011^[112].

 

5.9. En igual sentido, la sentencia T-118 de 2014 señaló que a pesar de que se cumplían algunos criterios establecidos para acceder a servicios médicos no POS, no se evidenciaba dentro del expediente que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, fuera “catalogad[o] como una discapacidad cognitiva y, que las terapias contempladas en el [POS] no surtan el mismo efecto que las ordenadas”.

 

Así que el fallo en mención ordenó a la E.P.S. realizar un diagnóstico médico, que determinará si el paciente sufría una discapacidad cognitiva y si requería o no el tratamiento señalado por la IPS particular, con base en justificaciones médicas. Advirtió que en caso de controversia entre el diagnóstico médico brindado por la E.P.S. y el concepto médico de la institución específica, se debe explorar otras opiniones que permitan descartar o aprobar el procedimiento solicitado, con el fin de garantizar la mayor objetividad en el análisis clínico del asunto concreto.

 

De lo expuesto se concluye que:

 

(i) La salud de los niños constituye un derecho fundamental, cuya protección se refuerza cuando son personas con discapacidad. Debido a ello, las E.P.S. tienen la obligación de brindar un tratamiento integral encaminado a alcanzar el bienestar tanto físico como mental y emocional del menor^[113].

 

(ii) Para ordenar las terapias alternativas tipo ABA y de neruodesarrollo no POS, no basta con la simple prescripción médica (independientemente de si el profesional de salud pertenece o no a la red de la E.P.S.), sino que es necesario que se justifique con base en criterios médico-científicos que el paciente va obtener una mejoría o progreso en su salud. Asimismo, que dicho método no puede ser sustituido o reemplazado por uno de los servicios incluidos en el POS^[114].

 

(iii) Si la orden emana del personal médico de salud de la E.P.S. y cumple con los criterios jurisprudenciales de esta Corte, tales como (a) que la falta del tratamiento, transgreda la vida, la salud y la integridad personal de un individuo; (b) que se trate de un elemento que no puede ser sustituido por otro; y (c) que el interesado no pueda costear los gastos. La entidad prestadora de salud tiene la obligación de autorizar los mencionados métodos.

 

(iv) En el evento de que la prescripción provenga de un galeno ajeno a la E.P.S., los accionantes deben solicitar el referido tratamiento ante las entidades prestadoras del servicio de salud con el fin de que estas valoren dicho concepto sobre la base de criterios médico-científicos y en ningún caso con argumentos de tipo administrativo^[115].

 

(v) En todo caso los accionantes tienen la obligación de demostrar que no cuentan con los recursos suficientes para sufragar las terapias ABA y de neurodesarrollo^[116].

 

(vi) Una vez verificada la eficacia del tratamiento alterno (sobre estudios médico-científicos), la E.P.S. está obligada a proporcionar los procedimientos integrales en una IPS que forme parte de su red de prestadores y que brinde tanto profesionales especializados como instalaciones para llevar a cabo los tratamientos requeridos^[117].

 

(vii) Las E.P.S. no están obligadas a prestar el servicio a través de una institución particular por el solo capricho del paciente o su familia, menos aún cuando la IPS elegida por aquellos no cumple con los estándares para llevar a cabo los tratamientos^[118].

 

(viii) En caso de que las entidades prestadoras de servicio de salud no suministren tratamiento tipo ABA y de neurodesarrollo o no tengan convenio con una IPS, o que sus IPS no cuente con las condiciones de idoneidad requeridas, se encuentran obligadas a contratar la práctica de las mismas con una institución particular y debidamente autorizada por el Estado^[119].

 

(ix) Sin los soportes correspondientes ningún juez constitucional es la autoridad competente para ordenar a una entidad promotora de salud la autorización de un tratamiento alternativo tipo ABA y de neurodesarrollo no POS, ni la competente para ordenar a la misma la realización del tratamiento en una institución con la cual no se tiene convenio^[120].

 

6. Casos concretos.

 

6.1. Los distintos actores, diez (10) en total, presentan acción de tutela en contra diferentes E.P.S. del departamento del Atlántico por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, al tratamiento integral, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y a la protección especial del menor, al no autorizar la práctica de terapias alternativas tipo ABA y de neurodesarrollo no POS en una IPS específica, prescritas por médicos no adscritos a las demandadas.

 

Procede entonces la Sala a evaluar las situaciones concretas objeto de revisión:

 

6.2. Expediente T-4406707.

 

6.2.1. La madre del niño Mahdy Pinilla Mantilla (de 4 años de edad), quien sufre de autismo, presentó solicitud de amparo contra Saludcoop E.P.S. por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, al habérsele negado la continuidad de las terapias ABA en la IPS Avanza.

 

En la contestación de la tutela la E.P.S. manifestó que al niño se le ha brindado la atención requerida. Igualmente, que según concepto de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, el citado método no ofrece ninguna efectividad en el tratamiento integral de pacientes con autismo y parálisis cerebral. Por esto, señala que la entidad no puede autorizar dicho procedimiento, además de haber sido prescrito por un médico no vinculado a su red de prestadores y de estar excluido del POS.

 

El Juzgado Segundo Civil Municipal de Barranquilla concedió la protección con fundamento en que dicho tratamiento le brindaba al menor la posibilidad de llevar una vida en condiciones dignas. Asimismo, porque la accionada no desvirtuó con criterios científicos la idoneidad de lo reclamado ni le brindó un plan de rehabilitación para el manejo de su patología.

 

6.2.2. Con base en los criterios jurisprudenciales expuestos, la Sala evidencia que Saludcoop E.P.S. no transgredió los derechos fundamentales invocados por negarse a autorizar las terapias tipo ABA en la IPS Avanza.

 

En este caso no existe prueba que demuestre que la señora Gisselle Johari Pinilla Mantilla haya elevado alguna petición del referido tratamiento ante la accionada con el fin de que esta pudiera dar trámite a su solicitud, sobre todo cuando lo que se pretende a través de este medio es la autorización de un tratamiento no POS, prescrito por un médico ajeno de la E.P.S.. Por lo anterior, era obligatorio que la accionante agotara el respectivo procedimiento.

 

En virtud de esto, la petente no puede pretender que mediante la acción de tutela se ordene la protección de un derecho fundamental cuando la E.P.S. no ha tenido la oportunidad de incurrir en ninguna acción u omisión que ponga en peligro las prerrogativas del niño^[121].

 

6.2.3. Con base en lo expuesto, se revocará el fallo objeto de revisión y en su lugar se denegará el amparo invocado. Sin embargo, como el acceso efectivo a los servicios de salud presupone en primera medida la existencia de un parte médico oportuno -diagnóstico- sobre la condición del paciente, con el objeto de prescribir el tratamiento adecuado para sus dolencias^[122] y teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad en estado de discapacidad^[123], la Corte ordenará que sea valorado y diagnosticado por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

6.3. Expediente T-4405825.

 

6.3.1. La señora Lisbeth de la Cruz Palmera presentó acción de tutela contra Saludcoop E.P.S. por considerar vulnerados los derechos a la salud, al tratamiento integral y a la vida dignidad de su hijo Keiner Alejandro Sánchez de la Cruz (de 2 años de edad), al negarle la autorización y práctica de las terapias tipo ABA, las cuales fueron prescritas por un médico no adscrito a la demandada. Asimismo, pidió ser eximida de copagos.

 

En la contestación de la tutela, la E.P.S. negó dicho método por cuanto, según afirma, no existe evidencia médica que determine la efectividad del tratamiento, fue ordenado por un médico ajeno a la entidad y no está incluido en el POS. Solicitó que se ordenara valorar al menor por un grupo multidisciplinario de la entidad a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido.

 

La IPS Sonrisa de Esperanza no se pronunció en el trámite.

 

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) concedió el amparo argumentando que el mencionado tratamiento busca brindar una mejor calidad de vida al menor, quien goza de protección constitucional. Igualmente, opina que la accionada no desvirtuó científicamente el servicio solicitado.

 

6.3.2. En este asunto, no obra prueba que demuestre que la accionante haya solicitado las mencionadas terapias ante la accionada para que esta estudiara la posible autorización de las mismas, por lo que no se puede afirmar que la E.P.S. ha vulnerado algún derecho fundamental.

 

6.3.3. Por lo anterior, se revocará el fallo objeto de revisión y en su lugar se denegará el amparo invocado. Sin embargo, como el acceso efectivo a los servicios de salud presupone en primera medida la existencia de un parte médico oportuno -diagnóstico- sobre la condición del paciente, con el objeto de prescribir el tratamiento adecuado para sus dolencias y teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad en estado de discapacidad, la Corte ordenará que sea valorado y diagnosticado por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

6.3.4. En cuanto a los copagos, este tribunal ha señalado que a pesar de que se trata de una exigencia consagrada en la regulación que rige las E.P.S., para una mejor racionalización de sus recursos, ha resaltado dos eventos en los cuales se puede obviar dicha figura. Esto es, cuando el usuario necesita la prestación del servicio de salud y de este dependa su integridad y dignidad, y no cuente con la capacidad económica para sufragar dichos costos^[124].

 

En cuanto a la condición económica de la petente, se observa que está vinculada al régimen contributivo a través de SALUDCOOP E.P.S., en calidad de cotizante. En el escrito de tutela manifestó que asumió el pago de la valoración y el costo del tratamiento, pero por los múltiples compromisos no podía continuar asumiendo los costos.

 

Ante la ausencia de pruebas acerca de la situación financiera de la actora, la Sala estima que no cumple con los criterios para que se le exonere de los copagos.

 

6.4. Expediente T-4421628.

 

6.4.1. La señora Ercila Mercedes Alford Castillo presentó acción de tutela contra la E.P.S. Saludcoop por considerar vulnerados los derechos a la vida digna, a la salud y al tratamiento integral de su hijo Ángel Felipe Villa Alford (de 9 años de edad), al negarle la autorización de las terapias ABA prescrita por un médico ajeno a dicha entidad. Igualmente, solicitó ser eximida de copago.

 

En la contestación de la tutela, la E.P.S. adujo que no existe evidencia médica que determine la efectividad del tratamiento, que este había sido ordenado por un médico ajeno a la entidad, que el POS excluía este procedimiento y, además, que de todas maneras el tratamiento podía ser suministrado por médicos adscritos a la E.P.S.. Por ello, solicitó que se ordenara valorar al menor por un grupo multidisciplinario de entidad a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido.

 

La IPS Fundación Prosperar del Caribe manifestó que el menor es uno de las pacientes, que recibe terapias de método ABA prescritas por el médico David Dancur.

 

El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) concedió el amparo argumentando que la E.P.S. no le brindaba al menor los procedimientos médicos que requería para tener una mejor calidad de vida, máxime cuando dicho padecimiento no tenía cura.

 

6.4.2. En este caso tampoco se evidencia que Saludcoop E.P.S. haya vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, al negar la autorización de las terapias tipo ABA en la mencionada IPS.

 

No se advierte vulneración por parte de la demandada, toda vez que no obra prueba alguna en el expediente, que demuestre que la petente haya solicitado el método en mención ante la E.P.S. con el fin de que esta pudiera dar trámite a su petición.

 

6.4.3. Por lo anterior, se revocará el fallo objeto de revisión y en su lugar se denegará el amparo invocado. Sin embargo, como el acceso efectivo a los servicios de salud presupone en primera medida la existencia de un parte médico oportuno -diagnóstico- sobre la condición del paciente, con el objeto de prescribir el tratamiento adecuado para sus dolencias y teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad en estado de discapacidad, la Corte ordenará que sea valorado y diagnosticado por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

6.4.4. Ante la ausencia de certeza en relación con la falta de capacidad económica (puesto que se encuentra en el régimen contributivo y nada dijo respecto de su situación pecuniaria), la Sala no exonerará a la accionante de los copagos.

 

6.5. Expediente T-4432792.

 

6.5.1. La señora Olinda Ersther Acuña presentó acción de tutela contra la E.P.S. Saludcoop por considerar vulnerados los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la integridad física de su nieto Omar David Gómez Redondo, al negarle la autorización de las terapias ABA, recomendadas por un médico no adscrito a la E.P.S..

 

En la contestación de la tutela la E.P.S. negó el citado tratamiento por cuanto, según afirma, no existe evidencia médica que determine la efectividad del tratamiento, fue ordenado por un galeno ajeno a la entidad y no está incluido en el POS. Adicionó que la actora cuenta con capacidad económica suficiente para sufragar el costo del tratamiento del paciente. Solicitó que se ordenara valorar al niño por un grupo multidisciplinario de la entidad a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido.

 

La IPS Cencaes manifestó que el menor es paciente de la institución y está recibiendo terapias tipo ABA como lo ordena el CTC de la fundación.

 

El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) concedió la protección bajo el argumento de que si bien era cierto que la prescripción del citado tratamiento fue recomendado por un galeno ajeno a la E.P.S., también lo era, que la demandada tenía la obligación de controvertir con criterios médico-científicos dicha orden.

 

6.5.2. En este caso, tampoco se evidencia que la accionada ha vulnerado los derechos fundamentales invocados, puesto que no existe prueba que demuestre que la petente haya presentado petición alguna de las mencionadas terapias ante la E.P.S. con el fin de que esta pudiera dar trámite a su solicitud, más aún cuando lo que se busca mediante esta acción es la autorización de un procedimiento no POS, prescrito por un galeno ajeno a la accionada. Por esto, era necesario que la actora agotara el respectivo trámite.

 

6.5.3. Entonces, se revocará el fallo objeto de revisión y en su lugar se denegará el amparo invocado. Sin embargo, como el acceso efectivo a los servicios de salud presupone en primera medida la existencia de un parte médico oportuno -diagnóstico- sobre la condición del paciente, con el objeto de prescribir el tratamiento adecuado para sus dolencias y teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad en estado de discapacidad, la Corte ordenará que sea valorado y diagnosticado por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

6.5.4. Respecto de la exoneración de copagos, se tiene que la señora Olinda Esther Acuña Arrieta se encuentra en el régimen contributivo y manifestó que no cuenta con la capacidad económica para sufragar el costo de las terapias. 

 

En virtud de lo expuesto, la Sala no tiene certeza respecto de la capacidad económica de la petente y la de su núcleo familiar, por lo que no se le exonerará de los copagos.

 

6.6. Expediente T-4418915.

 

6.6.1. La madre de la menor Sheyla Julio Coronel, de 4 años de edad, quien padece de hidrocefalia con doble corteza cerebral, solicitó ante Coomeva E.P.S. la autorización de las terapias tipo ABA y de neurodesarrollo, y el suministro de suplementos alimenticios prescritos.

 

La E.P.S. negó dicho método por cuanto se están garantizado de manera oportuna y permanente los servicios de salud que requiere la menor; falta de efectividad y seguridad de las terapias ABA, y no se encuentran contempladas en el POS.

 

Tanto el Juez Catorce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, como el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, concedieron la acción de tutela respecto de las terapias ABA por cuanto fueron ordenadas por la médica tratante, quien conocía la patología y era la persona indicada para prescribir los tratamientos.

 

6.6.2. La Sala evidencia que la presente acción no se torna temeraria en razón a que si bien es cierto la accionante en los años 2012^[125] y 2013^[126] solicitó el tratamiento de neurodesarrollo, pañales, suplementos nutricionales, integralidad y demás con el fin de que se le protegieran los derechos fundamentales a la salud y a la vida de su hija, también lo es, que se trata de una pretensión distinta a la presente tutela.

 

6.6.3. Sin embargo, el paciente no cumple con los criterios establecidos por esta Corte para que le sean suministrado el procedimiento ABA, a pesar de no estar contempladas en el POS. Esto por las siguientes razones:

 

(a) Existen órdenes expedidas por un médico ajeno a la E.P.S.. No obstante, este no fundamentó su orden con criterios médicos o técnicos respecto de la necesidad de aplicar dicho método, que ante la falta del mismo afectaría la salud o la integridad del paciente.

 

Además, la E.P.S. indicó que conforme con el concepto emitido por la Presidencia de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil -ASCONI- no se tiene certeza científica respecto de la efectividad y seguridad del mencionado procedimiento ^[127].

 

La Corte ha señalado que, en principio, la regla general es que los tratamiento e insumos deben estar ordenados por un médico adscrito a la E.P.S. por presumirse que la prescripción emana del seguimiento de la condición de salud del paciente. Sin embargo, en ciertas ocasiones estas entidades no logran satisfacer de manera eficiente las necesidades de sus afiliados, razón por la cual los usuarios se ven obligados a acudir a especialistas que no se encuentran adscritos a su E.P.S. para obtener una oportuna atención médica^[128].

 

Así que cuando existe una orden médica prescrita por un galeno ajeno a la E.P.S., esta última tiene el deber de desvirtuar el dictamen con criterios científicos o técnicos. Requisito que no se evidencia en este caso^[129].

 

(b) Se trata de un menor que padece hidrocefalia con doble corteza cerebral por lo que su condición pone en evidencia que se encuentra en estado delicado de salud y necesita de ciertos servicios, ya que la ausencia de los mismos afectaría su calidad de vida en condiciones dignas. Sin embargo, la demandada ha proporcionado tratamientos e insumos que requiere la paciente conforme a su enfermedad^[130].

 

Las circunstancias descritas ponen en duda la necesidad de las terapias ABA para que la menor logre su adaptación al entorno, para facilitar su desenvolvimiento social y personal; tampoco hay evidencia de que la falta del mismo podría afectar su calidad de vida en condiciones dignas.

 

(c) En cuanto a las terapias ABA, la Corte no es la entidad para determinar la idoneidad de ese método, ni para establecer si ese procedimiento puede ser sustituido por uno de los servicios incluidos en el POS.

 

(d) La madre de la paciente, quien se encuentra en el régimen contributivo, no dijo nada respecto de su situación económica en el escrito de tutela. Aunado a esto, la E.P.S. afirmó que la accionante a pesar de señalar que carece de medios económicos para costear el tratamiento, no aportó prueba alguna que soportara tal afirmación^[131].

 

Por esto, la Sala no tiene certeza respecto a la imposibilidad de la petente y la de su núcleo familiar para sufragar los gastos que conllevan las terapias ABA que requiere su hija.

 

6.6.4. Concluye esta Sala que existe incertidumbre respecto de la prescripción de dichas terapias, ya que (i) las pruebas aportadas no logran satisfacer el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta Corte para suministrar un procedimiento excluido en el POS; (ii) la prescripción médica no justificó la efectividad del tratamiento requerido para tratar la patología de la menor, de manera médico-científica; (iii) la demandada no logró desvirtuar de manera técnica y científica, el concepto dado por el galeno particular; y (iv) no fue posible establecer la situación económica de la accionante.

 

Así que a pesar de mediar orden médica expedida por un galeno ajeno a la E.P.S., que como ya se explicó no constituye en principio impedimento para reconocer la prestación requerida, lo cierto es que en el presente asunto, no hay certeza respecto de la efectividad del referido método. Por esto, se tiene que el a quo erró tanto en la apreciación de las pruebas como en la interpretación jurisprudencial de esta corporación respecto de la inaplicación del POS.

 

6.6.5. No obstante, se evidencia que la accionante acudió a un médico ajeno de la E.P.S. para obtener una oportuna atención médica, por cuanto la accionada no logró satisfacer de manera eficiente las necesidades de su hijo. Por ello, la Sala protegerá el derecho que tiene el paciente de que un galeno adscrito la entidad prestadora del servicio de salud prescriba el procedimiento o tratamiento que se considere pertinente para tratar su patología^[132].

 

En ese sentido, se confirmará parcialmente el fallo objeto de revisión en cuanto tuteló el derecho fundamental a la vida digna y a la salud y revocará el numeral segundo de la citada sentencia, en cuanto ordenó a Coomeva E.P.S. que procediera a autorizar las terapias conductuales ABA en la cantidad y en periocidad ordenadas por el médico tratante, en una IPS adscrita en la E.P.S.. En su lugar ordenará que la menor sea examinada y evaluada por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

6.7. Expediente T-4421629.

 

6.7.1. El médico tratante de la menor Valery Kligman Troncoso, de 5 años de edad, quien padece de trastorno por déficit de atención, le recomendó las terapias ABA.

 

La E.P.S. negó dicho método por cuanto se está garantizado de manera oportuna y permanente los servicios de salud que requiere la menor. Además, la ausencia de efectividad y seguridad de las terapias ABA. Además, la patología de la menor no amerita este tipo de terapias, que fueron prescritas por una psicóloga y no por un médico especialista en determinar la necesidad de dicho método.

 

Tanto el Juez Primero Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) como el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (del mismo departamento), concedieron la acción de tutela por cuanto la E.P.S. está en la obligación de brindar lo necesario para la recuperación de la menor.

 

6.7.2. La Sala evidencia que Coomeva E.P.S. no transgredió los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y al tratamiento integral de la menor. Esto por cuanto la paciente no cumple con los lineamientos jurisprudenciales expuestos para que le sean autorizadas las terapias ABA. Lo anterior, por las siguientes razones:

 

(a) De acuerdo con los hechos expuestos, después de una valoración realizada por la IPS Progresar S.A.S., el doctor Sergio Olivares Ruiz (psiquiatra particular) se limitó a ordenar el tratamiento ABA, sin exponer razones técnico-científicos.

 

La demandada indicó que conforme con la patología de la menor, este tipo de procedimiento no es el indicado para su enfermedad, ya que el tratamiento de la hiperactividad debe estar enfocado en tres aspectos: farmacológico con medicamentos indicados para esta patología, psicológico y educativo, tratamientos que se le están brindando a la menor^[133].

 

Asimismo, el citado método fue prescrito por un psiquiatra y no por un neuropediatra, quien es el médico indicado para determinar si un menor necesita las terapias ABA y si su aplicación ayudaría a mejorar la patología del niño. Además, hace mención nuevamente del concepto emitido por la Presidencia de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil -ASCONI- respecto de las terapias ABA.

 

(b) Si bien es una menor que padece trastorno por déficit de atención, la accionada le está brindado los servicios y tratamientos tipo neurodesarrollo que requiere para su enfermedad, por lo que desde este punto de vista, se puede afirmar que la ausencia del referido procedimiento no está transgrediendo los derechos a la vida o a la integridad personal de la paciente.

 

(c) La Sala desconoce que este servicio ABA no pueda ser sustituido por otro que sí este incluido o que pudiendo estarlo, el sustituto no tenga el mismo grado de efectividad que el excluido del POS.

 

(d) La representante de la menor, a pesar de estar en el régimen contributivo, manifestó en el escrito de tutela que las terapias en mención son costosas y que su familia no cuenta con recursos económico. Por esto, recurrió a la ayuda de familiares y amigos para sufragar las mismas.

 

Por otro lado, la E.P.S. informó que la actora sí tiene capacidad para pagar el tratamiento, puesto que estas instituciones no son sin ánimo de lucro.

 

En ese sentido, la sala tiene duda en relación con la imposibilidad de la accionante cubrir los gastos que conllevan el procedimiento ABA.

 

6.7.3. Se concluye que no hay certeza en relación con la necesidad de las terapias tipo ABA, ya que (i) las pruebas aportadas no logran satisfacer el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta Corte para suministrar un procedimiento excluido en el POS; (ii) el médico particular no demostró la efectividad médico-científica de las citadas terapias; y (iii) la imposibilidad de establecer la situación económica de la accionante.

 

6.7.4. No obstante, se evidencia que la accionante acudió a un médico ajeno de la E.P.S. para obtener una oportuna atención médica, por cuanto la accionada no logró satisfacer de manera eficiente las necesidades de su hija. Por ello, la Sala protegerá el derecho que tiene el paciente de que un galeno adscrito a la entidad prestadora del servicio de salud prescriba el procedimiento o tratamiento que se considere pertinente para tratar su patología^[134].

 

En ese sentido, se confirmará parcialmente, el fallo objeto de revisión en cuanto tuteló el derecho fundamental a la salud y a la vida digna y revocará el numeral segundo de la citada sentencia, en cuanto ordenó a Coomeva E.P.S. procediera a autorizar las 180 terapias conductuales ABA en la IPS Centro Terapias Integrales Progresar S.AS. y, en su lugar ordenará que la menor sea examinada y evaluada por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

6.7.5. En cuanto a los copagos, este Tribunal ha señalado que a pesar de que se trataba de una exigencia consagrada en la regulación que rige las E.P.S., para una mejor racionalización de sus recursos, ha resaltado dos eventos en los cuales se puede obviar dicha figura. Esto es, cuando el usuario necesita la prestación del servicio de salud y de este dependa su integridad y dignidad, y no cuente con la capacidad económica para sufragar dichos costos.

 

Al no tener certeza respecto de la capacidad económica de la accionante, la Sala no exonerará a la accionante de los copagos.

 

6.8. Expediente T-4406658.

 

6.8.1. En el presente caso la señora Draisy Guilloso Galvis presentó el amparo constitucional contra la E.P.S. Salud Total S.A. por considerar vulnerados los derechos a la salud, a la vida y a la seguridad social de su hija Ismenia María Palacios Guilloso, al negarle la autorización de las terapias ABA y de neurodesarrollo.

 

En la contestación de la demanda, la E.P.S. sostuvo que la paciente ha recibido la prestación asistencial requerida como neuropediatría, fisiatría, otorrinolaringólogo, cardiólogo, endocrino, psiquiatra infantil y fisioterapias, entre otras. Sin embargo, la menor no ha asistido a los respectivos tratamientos^[135].

 

El Juez Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) concedió la acción de tutela ya que a través del referido tratamiento se busca brindarle una mejor calidad de vida a la menor, toda vez que si bien la enfermedad no tiene cura si mejoraría el estado de la persona en situación de discapacidad.

 

6.8.2. En el presente asunto Salud Total E.P.S. no violó los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad social, puesto que en el expediente no se evidencia que la actora haya elevado escrito de petición solicitando las referidas terapias ante la accionada, existiendo duda acerca de si realmente la solicitud fue radicada. Por lo que no se puede afirmar que la entidad prestadora del servicio de salud ha vulnerado derecho fundamental alguno.

 

6.8.3. Entonces, se revocará el fallo objeto de revisión y en su lugar se denegará el amparo invocado. Sin embargo, como el acceso efectivo a los servicios de salud presupone en primera medida la existencia de un parte médico oportuno -diagnóstico- sobre la condición del paciente, con el objeto de prescribir el tratamiento adecuado para sus dolencias y teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad en estado de discapacidad, la Corte ordenará que sea valorado y diagnosticado por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

6.8.4. En cuanto a los copagos, este Tribunal ha señalado que a pesar de que se trataba de una exigencia consagrada en la regulación que rige las E.P.S. para una mejor racionalización de sus recursos, existen dos eventos en los cuales se puede obviar dicha figura. Esto es, cuando el usuario necesita la prestación del servicio de salud y de esta dependa su integridad y dignidad, y no cuente con la capacidad económica para sufragar dichos costos.

 

Como ya se dijo, la Sala no tiene certeza en relación con la situación financiera de la actora. Por esto, no exonerará a la accionante de los copagos.

 

6.9. Expediente T-4406693.

 

6.9.1. La madre de la menor Melany Isabel Blanco Guzmán, de 8 años de edad, quien padece de síndrome de Down, promovió el amparo constitucional, al considerar que la no autorización del tratamiento prescrito por un médico particular por parte de la E.P.S. consistente en terapias ABA y de neurodesarrollo vulnera los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la seguridad social.

 

En la contestación de la demanda, la E.P.S. Salud Vida manifestó que la accionante no aportó prueba alguna que demostrara la negación de servicios de salud requeridos, ya que la misma acudió directamente a la tutela para que se le suministrara a su hija dicho tratamiento.

 

El Juez Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) concedió la acción de tutela toda vez que a través del referido tratamiento se busca brindarle una mejor calidad de vida a la menor, ya que si bien la enfermedad no tiene cura si mejora la calidad de vida de la persona en circunstancia de discapacidad.

 

6.9.2. En este asunto, la Sala no se puede aseverar que la accionada haya incurrido en una acción u omisión con la cual se conculcaron los derechos objeto de protección constitucional, puesto que si bien es cierto, que se trata de un sujeto de especial protección, también lo es que no se puede exonerar a la actora de demostrar en el presente amparo que realizó el respectivo trámite ante la accionada, y dentro del material probatorio no obra evidencia alguna que haya acudido a la E.P.S..

 

6.9.3. Por lo expuesto, se revocará el fallo objeto de revisión y en su lugar se denegará el amparo invocado. Sin embargo, como el acceso efectivo a los servicios de salud presupone en primera medida la existencia de un parte médico oportuno -diagnóstico- sobre la condición del paciente, con el objeto de prescribir el tratamiento adecuado para sus dolencias y teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad en estado de discapacidad, la Corte ordenará que sea valorado y diagnosticado por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

6.9.4. En cuanto a los copagos, este Tribunal ha señalado que a pesar de que se trataba de una exigencia consagrada en la regulación que rige las E.P.S., para una mejor racionalización de sus recursos, existe dos eventos en los cuales se puede obviar dicha figura. Esto es, cuando el usuario necesita la prestación del servicio de salud y de este dependa su integridad y dignidad, y no cuente con la capacidad económica para sufragar dichos costos.

 

La Sala no tiene certeza en relación con la situación financiera de la actora. Por esto, no exonerará a la accionante de los copagos.

 

6.10. Expediente T-4406690.

 

6.10.1. En este asunto la madre de Oswaldo Uparela Vergara, de 29 años de edad, quien padece de cráneosisnostosis sagital, presentó el amparo constitucional contra la E.P.S. Famisanar por considerar vulnerado los derechos a la salud y a la vida, al negarle la autorización de las terapias ABA.

 

La E.P.S. sostuvo que al paciente se le ha prestado el servicio de salud requerido. Sin embargo, dicho tratamiento fue analizado por el Comité Técnico Científico, quien lo negó en razón a que no se evidenció riesgo inminente para la vida del usuario ni cumplía los requisitos para las exclusiones del POS.

 

El Juez Segundo Civil Municipal de Barranquilla concedió la acción de tutela sobre la base de que era una persona en condiciones de discapacidad, quien necesitaba el mencionado procedimiento para procurar su desarrollo social, físico e intelectual y de esta manera brindarle una vida en condiciones dignas.

 

6.10.2. En este asunto, el juez constitucional erró en las valoración de las pruebas para ordenar un tratamiento alternativo tipo ABA no POS. Esto por cuanto:

 

(a) Dentro del material probatorio, se observa la prescripción de las terapias ABA por el psiquiatra Dubrazka Duque (médico particular), sin una previa valoración y sin demostrar la efectividad del mismo mediante criterios técnicos o científicos.

 

(b) Si bien es cierto que la persona fue diagnosticado con cráneosisnostosis sagital, la demandada le está brindado los tratamientos que requiere su enfermedad.

 

Aunado a lo anterior y ante la ausencia de pruebas que demuestren la necesidad de lo acá reclamado, se puede afirmar que la falta de la realización de las terapias en mención no está transgrediendo los derechos a la vida o a la integridad personal del paciente.

 

(c) Como ya se expuso, esta Sala desconoce que este servicio no pueda ser sustituido por otro que sí esté incluido en el POS.

 

(d) En cuanto la situación económica de la petente, manifestó en el escrito de tutela que no podía asumir el costo del servicio, sin embargo el señor Uparela Vergara se encuentra afiliado a la demanda en calidad de cotizante pensionado. Es decir, que está recibiendo una prestación mensual, por lo que le asiste duda a esta Sala sobre este punto.

 

6.10.3. Se concluye que no hay certeza en relación con la necesidad de las terapias tipo ABA, ya que (i) las pruebas aportadas no logran satisfacer el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta Corte para suministrar un procedimiento excluido en el POS; (ii) el médico particular no demostró la efectividad médico-científica de las citadas terapias; y (iii) la imposibilidad de establecer la situación económica de la accionante.

 

6.10.4. No obstante, se evidencia que el accionante acudió a un médico ajeno de la E.P.S. para obtener una oportuna atención médica, por cuanto la accionada no logró satisfacer de manera eficiente las necesidades de su hijo. Por ello, la Sala protegerá el derecho que tiene el paciente de que un galeno adscrito la entidad prestadora del servicio de salud prescriba el procedimiento o tratamiento que se considere pertinente para tratar su patología.

 

6.10.5. En ese sentido, se confirmará parcialmente, el fallo objeto de revisión en cuanto tuteló el derecho fundamental a la vida digna y a la salud y revocará el numeral segundo de la citada sentencia, en cuanto ordenó a la E.P.S. Famisanar que procediera a realizar la autorización de las terapias tipo ABA al joven conforme fueron prescritas por su médico tratante y, en su lugar ordenará que el paciente sea examinado y evaluado por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

6.11. Expediente T-4421624.

 

6.11.1. La madre de la joven Yalexi Parra Ramos, de 20 años de edad, quien sufre de retraso psicomotor, interpuso la acción de tutela contra la E.P.S. Suramericana por considerar vulnerado los derechos a la salud, a la vida digna, a la igualdad, a la integridad física y a la seguridad social, al no autorizarle las terapias ABA y de neurodesarrollo.

 

En la contestación de la demanda, la E.P.S. sostuvo que la joven ha recibido la respectiva atención médica para el manejo de su enfermedad como neurología y psiquiatría.

 

Los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) y Segundo Civil del Circuito en Oralidad de Soledad (del mismo departamento) concedieron la acción de tutela argumentando que se trata de una joven cuya condición de vivir dignamente se ha visto afectada como consecuencia de su patología y la E.P.S. está en la obligación de ofrecerle toda la atención médica necesaria a fin de obtener su máxima rehabilitación.

 

6.11.2. En este caso tampoco se evidencia que la actora haya presentado alguna solicitud respecto del tratamiento pretendido ante la demanda, existiendo duda acerca de si realmente la misma fue radicada y que la entidad haya realizado alguna acción u omisión que hubiere puesto en peligro algún derecho fundamental de la paciente.

 

6.11.3. Entonces, se revocará el fallo objeto de revisión y en su lugar se denegará el amparo invocado. Sin embargo, como el acceso efectivo a los servicios de salud presupone en primera medida la existencia de un parte médico oportuno -diagnóstico- sobre la condición de la paciente, con el objeto de prescribir el tratamiento adecuado para sus dolencias y teniendo en cuenta que se trata de una joven en estado de discapacidad, la Corte ordenará que sea valorada y diagnosticada por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

6.12. Otras decisiones.

 

Finalmente, se advierte al Juzgado Segundo Civil Municipal, al Juzgado Catorce Penal Municipal, al Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, al Juzgado Primero y Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico), al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico) y al Juzgado Segundo Civil del Circuito en Oralidad de Soledad (Atlántico), que al momento de analizar procedimientos, insumos o medicamentos no POS y preferiblemente tratamientos tipo ABA y de neurodesarrollo deben ceñirse a lo establecido en la línea jurisprudencial de esta Corte sobre la materia.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

 

RESUELVE:

 

Primero. En el expediente T-4406707, REVOCAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Barranquilla, de fecha cinco (5) de febrero de 2014. En su lugar, NEGAR la acción impetrada por la señora Gisselle Johari Pinilla Mantilla en representación de su hijo Mahdy Pinilla Mantilla.

 

Segundo. No obstante lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, ORDENAR a la E.P.S. Saludcoop de Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, evalúe y califique al menor Mahdy Pinilla Mantilla por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

Tercero. En el expediente T-4405825, REVOCAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico), de fecha ocho (8) de octubre de 2013. En su lugar, NEGAR la acción presentada por la señora Lisbeth de la Cruz Palmera en representación de su hijo Keiner Alejandro Sánchez de la Cruz.

 

Cuarto. No obstante lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, ORDENAR la E.P.S. Saludcoop de Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, evalúe y califique al menor Keiner Alejandro Sánchez de la Cruz por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

Quinto. NO EXONERAR de cancelación de copagos y cuotas moderadoras al menor Keiner Alejandro Sánchez de la Cruz.

 

Sexto. En el expediente T-4421628, REVOCAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico), de fecha dieciocho (18) de febrero de 2014. En su lugar, NEGAR la acción interpuesta por la señora Ercila Mercedes Alford Castillo en representación de su hijo Ángel Felipe Villa Alford.

 

Séptimo. No obstante lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, ORDENAR a la E.P.S. Saludcoop de Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, evalúe y califique al menor Ángel Felipe Villa Alford por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

Octavo. NO EXONERAR de cancelación de copagos y cuotas moderadoras al menor Ángel Felipe Villa Alford.

 

Noveno. En el expediente T-4432792, REVOCAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico), de fecha cinco (5) de marzo de 2014. En su lugar, NEGAR la acción elevada por la señora Olinda Esther Acuña Arrieta como agente oficioso de su nieto Omar David Gómez Redondo.

 

Décimo. No obstante lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, ORDENAR a la E.P.S. Saludcoop de Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, evalúe y califique al menor Omar David Gómez Redondo por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

Undécimo. NO EXONERAR de cancelación de copagos y cuotas moderadoras al menor Omar David Gómez Redondo.

 

Duodécimo. En el expediente T-4418915, CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, de fecha catorce (14) de marzo de 2014, que a su vez confirmó la decisión del diez (10) de enero del mismo año proferida por el Juzgado Catorce con Función de Control de Garantías de la misma ciudad. En esa medida, CONCEDER la protección de los derechos a la salud, a la vida digna y a la integridad física y a la seguridad social de la menor Sheyla Julio Coronell.

 

Décimo tercero. REVOCAR el numeral segundo del fallo proferido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, de fecha catorce (14) de marzo de 2014, que a su vez confirmó la decisión del diez (10) de enero del mismo año proferida por el Juzgado Catorce con Función de Control de Garantías de la misma ciudad, en cuanto ordenó a Coomeva E.P.S. que procediera a autorizar las terapias conductuales ABA en la cantidad y en periocidad prescritas por el médico tratante.

 

Décimo cuarto. ORDENAR a Coomeva E.P.S. de Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, evalúe y califique la menor Sheyla Julio Coronell por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

Décimo quinto. En el expediente T-4421629, CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico), de fecha cuatro (4) de abril de 2014, que a su vez confirmó la decisión del dieciocho (18) de diciembre de 2013 proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo del mismo departamento. En esa medida, CONCEDER la protección de los derechos a la vida digna, salud, a la integridad física y a la seguridad social de la menor Valery Kligman Troncoso.

 

Décimo sexto. REVOCAR el numeral segundo del fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico), de fecha cuatro (4) de abril de 2014, que a su vez confirmó la decisión del dieciocho (18) de diciembre de 2013 proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo del mismo departamento, en cuanto ordenó a Coomeva E.P.S. procediera a autorizar las 180 terapias conductuales ABA en la IPS Centro Terapias Integrales Progresar S.A.S..

 

Décimo séptimo. ORDENAR a Coomeva E.P.S. de Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, evalúe y califique la menor Valery Kligman Troncoso por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

Décimo octavo. NO EXONERAR de cancelación de copagos y cuotas moderadoras a la menor Valery Kligman Troncoso.

 

Décimo noveno. En el expediente T-4406658, REVOCAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico), de fecha diecisiete (17) de febrero de 2014. En su lugar, NEGAR la acción elevada por la señora Draisy Guilloso Galvis en representación de su hija Ismenia María Palacios Gulloso.

 

Vigésimo. No obstante lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, ORDENAR a la E.P.S. Salud Total de Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, evalúe y califique a la menor Ismenia María Palacios Gulloso por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

Vigésimo primero. NO EXONERAR de cancelación de copagos y cuotas moderadoras a la menor Ismenia María Palacios Gulloso.

 

Vigésimo segundo. En el expediente T-4406693, REVOCAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico), de fecha dieciocho (18) de febrero de 2014. En su lugar, NEGAR la acción elevada por la señora Ana Isabel Blanco Guzmán en representación de su hija Melany Isabel Blanco Guzmán.

 

Vigésimo tercero. No obstante lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, ORDENAR a la E.P.S. Salud Vida de Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, evalúe y califique a la menor Melany Isabel Blanco Guzmán por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

Vigésimo cuarto. NO EXONERAR de cancelación de copagos y cuotas moderadoras a la menor Melany Isabel Blanco Guzmán.

 

Vigésimo quinto. En el expediente T-440690, CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Barranquilla, de fecha veinte (20) de febrero de 2014. En esa medida, CONCEDER la protección de los derechos a la vida digna, a la salud, a la integridad física y a la seguridad social de Oswaldo Uparela Vergara.

 

Vigésimo sexto. REVOCAR el numeral segundo el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Barranquilla, de fecha veinte (20) de febrero de 2014, en cuanto ordenó a la E.P.S. Famisanar que procediera a realizar la autorización de las terapias tipo ABA al joven conforme fueron prescritas por su médico tratante.

 

Vigésimo séptimo. ORDENAR a Famisanar E.P.S. de Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, evalúe y califique a Oswaldo Uparela Vergara por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

Vigésimo octavo. En el expediente T-44021624, REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito en Oralidad de Soledad (Atlántico), de fecha veinticinco (25) de marzo de 2014, que a su vez confirmó la decisión del tres (3) de febrero del mismo año proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo del mismo departamento. En su lugar, NEGAR la acción impetrada por la señora Patricia del Rosario Ramos Stevenson como agente oficiosa de su hija Yalexi Parra Ramos.

 

Vigésimo noveno. No obstante lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, ORDENAR a la E.P.S. Suramericana de Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, evalúe y califique a la Yalexi Parra Ramos por un equipo multidisciplinario de la E.P.S., a fin de determinar la pertinencia del servicio requerido. Dicho concepto deberá estar fundamentado en criterios técnicos o científicos y en ningún caso en argumentos de tipo administrativo. En el evento de que el concepto no cumpla con estos parámetros el tratamiento reclamado deberá ser autorizado.

 

Trigésimo. ADVERTIR al Juzgado Segundo Civil Municipal, al Juzgado Catorce Penal Municipal, al Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, al Juzgado Primero y Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico), al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad (Atlántico) y al Juzgado Segundo Civil del Circuito en Oralidad de Soledad (Atlántico), que al momento de analizar tratamientos, procedimientos, insumos o medicamentos no POS y preferiblemente tratamientos tipo ABA y de neurodesarrollo deben ceñirse a lo establecido en la línea jurisprudencial de esta Corte sobre la materia.

 

Trigésimo primero. LÍBRESE por la Secretaría General de esta Corporación las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado Ponente

 

 

 

GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

 

 

 

ANDRÉS MUTIS VANEGAS

Secretario General (E)