C-184-16


Sentencia C-184/16

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA Y LEY APROBATORIA-Resulta constitucional, excepto cláusula que desconocía competencias constitucionales de la Junta Directiva del Banco de la República, respecto de la cual se ordena declaración interpretativa

 

CONTROL CONSTITUCIONAL DE ACUERDO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Reglas y subreglas jurisprudenciales

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Trámite legislativo

 

REPRESENTACION DEL ESTADO EN NEGOCIACION, CELEBRACION Y FIRMA DE TRATADO INTERNACIONAL-Parámetros de verificación

 

Existe una representación válida del Estado colombiano cuando: (i) La persona delegada presenta plenos poderes. (ii) De la práctica del Estado o de otras circunstancias, se presume que existe la intención de considerar a la persona que participa en la negociación como la representante del Estado para esos efectos, por lo que se prescinde de la presentación de plenos poderes (iii) Se presume, a partir de las funciones que cumple la persona delegada, que no tiene que presentar plenos poderes. En este evento, por razón de sus funciones, representan a su Estado para los efectos de negociar y adoptar el texto de un tratado: (a) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores, (b) el jefe de la misión diplomática ante el Estado con el cual se va a celebrar y (c) el representante acreditado por el Estado ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de los órganos de ésta.

 

CONSULTA PREVIA-Jurisprudencia constitucional/CONSULTA PREVIA-Necesidad y realización como expresión del derecho fundamental a la participación de los grupos étnicos

 

CONSULTA PREVIA A LAS COMUNIDADES ETNICAS-Criterios jurisprudenciales para determinar su obligatoriedad

 

DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA DE LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Jurisprudencia constitucional

 

CONSULTA PREVIA FRENTE A TRATADOS INTERNACIONALES-Reglas jurisprudenciales

PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Solicitud trámite de urgencia/MENSAJE DE URGENCIA-Jurisprudencia constitucional/MENSAJE DE URGENCIA-Deliberación conjunta de Senado y Cámara 

 

COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA-Tratamiento constitucional de competencia/COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES-Competencias

 

REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento

 

ANUNCIO PREVIO DE VOTACION DE PROYECTOS DE LEY-Subreglas jurisprudenciales

 

Las subreglas jurisprudenciales para analizar el cumplimiento del anuncio previo como requisito son: (i) No exige el uso de fórmulas sacramentales: No requiere expresiones lingüísticas determinadas, lo importante es que tengan la entidad suficiente para transmitir inequívocamente la intención de someter a votación un determinado proyecto. La Corte ha aceptado el uso de expresiones como “anunciar”, “discutirán” y “aprobarán”. (ii) Exige la determinación de la sesión futura en que tendrá lugar la votación del proyecto, pues, de lo contrario, el anuncio será indeterminado o indeterminable, lo que no cumple con el requerimiento constitucional: si bien la exigencia de la norma superior parte de que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, no es necesario indicar la fecha exacta en que habrá de realizarse la votación siempre que sea determinable. Esta Corporación ha avalado expresiones como: “próximo martes”, “próxima sesión”, “próxima semana”, “siguiente sesión” y “día de mañana”. (iii) Continuación de la cadena de anuncios por aplazamiento de la votación. Sin embargo ante su ruptura, no existe vicio de procedimiento cuando el proyecto hubiere sido anunciado para debate en sesión anterior a la aprobación: frente al aplazamiento indefinido de la votación debe continuarse la sucesión de anuncios a fin de evitar el rompimiento de la secuencia temporal del aviso. Sin embargo, no se desconoce la exigencia constitucional cuando a pesar de presentarse dicha ruptura, existió claridad de que se realizaría el debate en la sesión en que efectivamente se debatió y aprobó el proyecto de ley. (iv) Se cumple con el requisito de anuncio previo del debate cuando a pesar de no efectuarse la votación en la fecha prevista, finalmente ésta se realiza en la primera ocasión en que vuelve a sesionarse, lo cual puede corroborarse atendiendo el orden sucesivo de las actas de comisión o plenaria de cada corporación legislativa.

 

CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Subreglas jurisprudenciales

Las subreglas que la Corte ha asumido en reiterada jurisprudencia sobre el derecho a la consulta previa en general, y sobre su aplicación en los tratados internacionales en particular, pueden ser resumidas de la siguiente forma: (i) la diversidad de identidades étnicas y culturales es materia de especial protección y reconocimiento constitucional; (ii) estas cláusulas protegen tanto a comunidades indígenas como afrodescendientes; (iii) una de las formas de materializar dicha protección se da con el derecho a la participación que le asiste a los pueblos interesados, cuando se va a tomar una medida legislativa o administrativa que los pueda afectar de forma directa, incluidas las leyes aprobatorias de tratados internacionales; (iv) algunos criterios generales para determinar la afectación directa pueden encontrarse en las materias concernientes a la confirmación de la entidad de dichas comunidades, por ejemplo: la definición o alteración de su territorio, la explotación de recursos naturales y los temas relacionados con las entidades locales de las unidades territoriales de dichos pueblos; (v) en el caso de tratados internacionales en los que sea obligatorio adelantar la consulta previa, la ley aprobatoria debe someterse al proceso antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República; (vi) prima facie no es necesario someter un instrumento internacional de creación de zonas de libre comercio al procedimiento de consulta previa, sin embargo, es obligatorio adelantar la consulta cuando las medidas que se tomen en desarrollo del tratado afecten de forma directa a una comunidad étnica; (vii) cuando se trate de medidas legislativas o administrativas que se adopten como consecuencia de la aprobación de un tratado internacional, la pertinencia de la consulta previa deberá analizarse en cada ocasión y, si reúne las características que la hagan obligatoria, deberá llevarse a cabo antes de la aprobación de la medida legislativa o administrativa.

 

REQUISITOS DE INICIACION DE TRAMITE EN SENADO, TERMINOS ENTRE DEBATES, PUBLICACIONES, QUORUM Y ANUNCIOS DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento

 

DEBATES EN TRAMITE LEGISLATIVO-Jurisprudencia constitucional/DEBATE EN EL MARCO DE PROCESO LEGISLATIVO-Alcance/DEBATE EN TRAMITE LEGISLATIVO-Concepto/DEBATE EN TRAMITE LEGISLATIVO-Concreción del principio democrático/DEBATE EN TRAMITE LEGISLATIVO-Importancia

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO CON LA REPUBLICADE COREA-Debate político durante el trámite legislativo

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO CON LA REPUBLICA DE COREA-Impedimentos en trámite legislativo

 

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES POR CONFLICTO DE INTERESES DE CONGRESISTA EN TRAMITE LEGISLATIVO-Jurisprudencia constitucional/IMPEDIMENTO POR CONFLICTO DE INTERESES DE CONGRESISTA-Jurisprudencia de la Corte Constitucional/IMPEDIMENTO POR CONFLICTO DE INTERESES DE CONGRESISTA-Competencia para decidir/IMPEDIMENTO DE CONGRESISTA-Inexistencia de norma constitucional o legal que ordene su envío a la Comisión de Etica 

 

TRATADO INTERNACIONAL-Reserva/LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Legislador no puede alterar el contenido de éstos, introduciendo nuevas cláusulas/TRATADO MULTILATERAL-Reservas y declaraciones interpretativas

 

Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado. Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.

 

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO-Jurisprudencia constitucional/ACUERDO DE LIBRE COMERCIO-Importancia

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA Y LEY APROBATORIA-Trato nacional y acceso de mercancías al mercado

 

CLAUSULA DE TRATO NACIONAL-Jurisprudencia constitucional/PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL-Concepto

 

CLAUSULA DE LA NACION MAS FAVORECIDA-Jurisprudencia constitucional/CLAUSULA DE LA NACION MAS FAVORECIDA-Concepto 

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Cláusula de Nación Más Favorecida en programas de reducción arancelaria y medidas de salvaguardia

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Reglas de origen y procedimientos de origen/REGLAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN EN ACUERDOS COMERCIALES-Jurisprudencia constitucional

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Administración aduanera y facilitación del comercio 

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Medidas sanitarias y fitosanitarias

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Obstáculos técnicos al comercio

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Defensa comercial

 

PRINCIPIO DE TRATO A INVERSIONISTAS-Jurisprudencia constitucional

 

EXPROPIACION Y NACIONALIZACION DE INVERSIONES EN TRATADOS DE LIBRE COMERCIO-Jurisprudencia constitucional/TRATADO DE LIBRE COMERCIO-Excepciones a la prohibición de expropiación y nacionalización de inversiones/EXPROPIACION INDIRECTA EN TRATADO DE LIBRE COMERCIO-Jurisprudencia constitucional

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Solución de controversias Inversionista-Estado/ARBITRAJE INTERNACIONAL-Fundamento constitucional

 

ARBITRAJE INTERNACIONAL EN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Reglas jurisprudenciales

 

Teniendo en cuenta el marco antecedente, en el examen de constitucionalidad de las disposiciones sobre arbitraje internacional contenidas en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre la República de Corea y Colombia se seguirán las reglas jurisprudenciales fijadas para determinar si las cláusulas que se revisan respetan las garantías mínimas procesales que se deben otorgar, volviendo sobre: i) la etapa prearbitral, ii) el procedimiento del juicio arbitral y iii) la ejecutividad del laudo extranjero.

 

CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS-Contenido y alcance

 

ARBITRAJE INTERNACIONAL EN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Medidas de salvaguardia respecto de pagos y movimientos de capital

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Exequibilidad condicionada respecto al límite temporal a medidas de salvaguardia en materia de transferencias/ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Declaración interpretativa

 

BANCO DE LA REPUBLICA-Atribuciones/BANCO DE LA REPUBLICA-Restricción temporal de atribuciones/JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA-Funciones

 

CLAUSULA SOBRE TRANSFERENCIAS EN CONVENIO-Jurisprudencia constitucional  

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Comercio transfronterizo de servicios/COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS-Jurisprudencia constitucional

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Entrada temporal de personas de negocios

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Ambito de cobertura que incluye medidas sobre acceso y proveedores de redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones/ESPECTRO ELECTROMAGNETICO-Naturaleza jurídica/ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Regulación de telecomunicaciones que establece garantías mínimas para el acceso no discriminatorio a las redes

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Comercio electrónico

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Política de competencia y protección al consumidor/PROTECCION AL CONSUMIDOR-Criterios jurisprudenciales

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Contratación pública

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Principios básicos al derecho de propiedad intelectual/DERECHO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL-Medidas relativas a su protección

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Comercio y desarrollo sostenible/ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Disposiciones relativas a conceptos laborales

 

SOBERANIA DEL ESTADO Y DEBER CONSTITUCIONAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE-Jurisprudencia constitucional

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Cooperación bilateral entre Estados/COOPERACION ENTRE ESTADOS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA-Jurisprudencia constitucional

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Reglas de transparencia para su implementación en la legislación de cada una de las partes/PRINCIPIO DE TRANSPERENCIA EN CELEBRACION DE ACUERDOS COMERCIALES-Jurisprudencia constitucional

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Creación de comisión conjunta para seguimiento y cumplimiento/COMISION DE SEGUIMIENTO DE ACUERDO DE INTERCAMBIO COMERCIAL-Jurisprudencia constitucional

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Reglas para resolver controversias/MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS EN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO-Reglas jurisprudenciales

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Disposición sobre prohibición de información en materia de seguridad o impedimento que se tomen medidas para el mantenimiento de la paz

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA-Excepciones le permite a los Estados preservar su competencia para adoptar medidas que consideren de interés nacional

 

 

Referencia: expediente LAT-438

 

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1747 de 2014 “Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea", firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”.

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

                                    

Bogotá, D. C., catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016) 

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

 

SENTENCIA

 

Dentro del proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley 1747 de 2014 “Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea", firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fundamento en el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución Política, el 13 de enero de 2015, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Secretaría General de esta Corporación el oficio número OFI15-00000268/JMSC 110200 del 5 de enero de 2015 y una fotocopia autenticada de la Ley 1747 del 26 de diciembre de 2014, para su revisión constitucional.

 

Mediante auto del 4 de febrero de 2015, la Corte Constitucional avocó conocimiento de la ley de la referencia y ordenó la práctica de pruebas.

 

Vencido el periodo probatorio y constatada la recepción completa de la documentación requerida, la Magistrada Sustanciadora, con auto del 2 de marzo de 2015, ordenó: (i) correr traslado al Procurador General de la Nación; (ii) fijar en lista el proceso de la referencia para lo de su competencia; (iii) comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente el Congreso, a los Ministros de Justicia y del Derecho, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Agricultura y de Desarrollo Rural, de Comercio, Industria y Turismo y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al Defensor del Pueblo y al Gerente General de Banco de la República, para que intervinieran si lo consideraban procedente; (iv) invitar a la Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX), Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias (ACOPI), Consejo Gremial Nacional, a la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), a la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (ANDEMOS) y al Centro de Investigación Económica y Social (FEDESARROLLO), a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacional de Colombia, de los Andes (Departamento de Justicia Global), de Antioquia y Externado de Colombia; al igual que al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, al Colectivo de abogados José Alvear Restrepo y a la Comisión Colombiana de Juristas, para que intervinieran si lo consideraban oportuno; (v) invitar a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (ACOLFA), al grupo PROINDUSTRIA, a la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a la Confederación General de Trabajo (CGT) para los mismos efectos.

 

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a realizar el estudio de constitucionalidad del instrumento internacional y de su ley aprobatoria.

 

II. TEXTO DE LA NORMA BAJO EXAMEN

 

La ley aprobatoria del Tratado cuya revisión de constitucionalidad se realiza, fue publicada en el Diario Oficial número 49.376 del 26 de diciembre de 2014 y por su extensión, no se incorpora a esta providencia. El texto completo puede consultarse en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destinada para los acuerdos comerciales y de inversión[1], así como en la página web de la Organización de los Estados Americanos.[2]

 

III.INTERVENCIONES[3] 

 

INTERVENCIONES DE ENTIDADES ESTATALES

 

1.- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

 

El Ministerio hizo dos intervenciones, la primera a través de apoderado especial y, la segunda, provino directamente de la titular de la cartera. En los dos escritos solicitó la declaratoria de EXEQUIBILIDAD del tratado y de la ley aprobatoria que son objeto de revisión constitucional.

 

El apoderado especial del Ministerio indicó las razones de conveniencia del tratado, la exposición de motivos, y resaltó que las disposiciones del mismo no contravienen la Carta Política, pues se armonizan con los principios de derecho internacional, que señaló de manera somera.

 

Por su parte, la Ministra afirmó que el acuerdo es el resultado de un esfuerzo del Gobierno Nacional dirigido a la integración económica, social y política con las demás naciones y que constituye una herramienta para el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.

 

Adicionalmente, manifestó que el trámite legislativo de aprobación fue respetuoso de las disposiciones constitucionales. Afirmó que el proyecto se había estudiado con mensaje de urgencia, enviado por parte de la Presidencia de la República, para la deliberación conjunta de comisiones de Senado y Cámara, trámite autorizado por las mesas directivas correspondientes, por medio de las Resoluciones del 26 y 27 de noviembre de 2014, respectivamente.

 

Asimismo, la Ministra indicó que el Congreso efectuó la publicación previa del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 157 de la Constitución Política; dió la publicidad debida a las ponencias, tanto a la previa, como a las conjuntas para primer y segundo debate; cumplió con el requisito del anuncio previo a la votación; observó los términos que deben mediar para los debates en una y otra cámara -considerando la alteración de los mismos, en atención al mensaje de urgencia- aprobó el proyecto por mayoría simple en las comisiones y en la plenarias del Senado y la Cámara y, finalmente, la Ley fue sancionada por el Presidente de la República.

 

En relación con el examen material de constitucionalidad, afirmó que el convenio responde a los mandatos constitucionales de promoción de la internacionalización de las relaciones políticas y económicas. Se trata de una manifestación de la soberanía nacional, que se concreta en la adquisición de compromisos internacionales regidos por los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

 

Respecto del contenido del tratado, adujo que el preámbulo evidencia los propósitos perseguidos por los países contratantes, en concordancia con los fines esenciales del Estado Colombiano, tales como el fomento de la prosperidad general, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, salvaguardándose los derechos de los consumidores, quienes podrán acceder a un mayor número de bienes y servicios de mejor calidad y a menor precio, protegidos, además, con medidas sanitarias y fitosanitarias, que garantizan la preservación de su salud.

 

Resaltó la intervención de la sociedad civil en el proceso de negociación, que se materializó en reuniones previas y posteriores a cada ronda de negociación, habilitación del “cuarto de al lado”, informes al Congreso de la República, publicaciones en la página web, reuniones con grupos sindicales y étnicos, precisando, en torno a este grupo poblacional, que el acuerdo celebrado no modifica ni desconoce sus derechos.

 

Tras esas observaciones generales, la Ministra adelantó un análisis específico de los capítulos del pacto, para concluir que todo el tratado y su ley aprobatoria son constitucionales. En el estudio puntual dijo:

 

Sobre el preámbulo, el escrito resalta que concuerda con los artículos 9º, 53, 61, 64, 67, 79, 226 y 227 de la Constitución Política.

 

Aseveró que en el capítulo I se brindan elementos para determinar el alcance jurídico del Acuerdo y su relación con otros acuerdos internacionales, así como definiciones claras que ayudan a la interpretación de los compromisos.

 

Acerca del capítulo II, relativo al trato nacional y acceso de mercancías, el Ministerio señaló que contiene normas exequibles por las siguientes razones: (i) se trata de acuerdos relativos a los aranceles regidos por el principio de la nación más favorecida; (ii) proscribe medidas de restricción de importaciones o exportaciones de la otra parte; (iii) adopta mecanismos de salvaguardia agrícola, (iv) crea el Comité de Comercio de Mercancías, al que se le asignan funciones de promoción del comercio y solución de obstáculos técnicos. En cuanto a la conveniencia de las disposiciones, particularmente de la eliminación de los derechos de aduana, precisó que el proceso de desgravación está diferido en el tiempo, a través de un cronograma que se desarrollará en un plazo de 19 años y que, con el mismo, se crean oportunidades para el fortalecimiento de sectores agropecuarios y agroindustriales colombianos.

 

Destacó el principio del trato nacional como una manifestación del derecho a la igualdad, encaminado a garantizar el ingreso de mercancías y a proscribir tratos discriminatorios. También se refirió a la constitucionalidad de la desgravación arancelaria como medida de promoción de la libre competencia y de desarrollo de sectores productivos colombianos.

 

Asimismo, indicó que las reglas y los procedimientos de origen, previstos en el Capítulo III del acuerdo, tienen como finalidad establecer unos criterios claros de calificación de las mercancías beneficiadas con el tratamiento arancelario preferencial, lo cual se encuentra acorde con la Carta Política. Además, el tratado diseñó un sistema de consultas entre las partes, tendiente a determinar si cumple con los propósitos establecidos. Según lo señalado por la Ministra, este sistema es importante en la medida en que facilita el desarrollo del convenio y el proceso de integración económica con las demás naciones, respetando el derecho de igualdad y los términos pactados, pues evita el uso indebido de las preferencias arancelarias por parte de terceros y la obtención de ventajas ilegítimas.

 

Del mismo modo, afirmó que el Capítulo IV del tratado se ocupa del diseño de procedimientos aduaneros más expeditos, lo cual constituye una medida deseable toda vez que fortalece a la autoridad aduanera, ajusta los procesos con el objetivo de alcanzar estándares internacionales en las operaciones de comercio exterior y reduce los costos para los importadores y exportadores. Señaló que dichos objetivos armonizan con los fines esenciales del Estado, previstos en el artículo 2º de la Constitución Política, específicamente “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” así como con los principios rectores de la función administrativa.

 

Además, la Ministra señaló que la confidencialidad de la información aduanera y la imposición de las sanciones, respetan la soberanía nacional, debido a que cada una de las partes, de forma autónoma, calificará la información que estimará confidencial y dicha decisión debe ser respetada por la otra parte para brindar las garantías y el trato que exige la recolección y manejo de la información involucrada. Manifestó que prevalece la legislación de cada una de las partes en la aplicación de las sanciones, la cual se rige por los principios rectores, entre ellos, el debido proceso que, por ende, queda a salvo, como se ha exigido en análisis de constitucionalidad precedentes relacionados con estos temas.

 

Resaltó que las medidas sanitarias y fitosanitarias previstas en el Capítulo V del tratado son necesarias, debido a que protegen la vida, la salud humana y animal y la sanidad vegetal en el territorio de las partes, para ello se diseñaron procedimientos para su establecimiento y aplicación igualitaria. Dichas disposiciones corresponden a fines constitucionales como la protección del derecho a la vida, al medio ambiente, a la salud de las personas y de los animales, y responden a una preocupación por la seguridad alimentaria, la producción agrícola y los derechos de los consumidores.

 

Respecto del Capítulo VI, que hace referencia a los procedimientos y criterios para la determinación de obstáculos al comercio y la superación de los mismos, la Ministra resaltó la necesidad de implementar medidas que garanticen la superación de obstáculos innecesarios en la reglamentación técnica -que contrarían los propósitos del tratado- y que contribuyan a su aplicación armónica mediante la promoción de la utilización de normas internacionales como base de las reglamentaciones técnicas. Manifestó que la constitucionalidad de esas disposiciones se fundamenta en la búsqueda de legítimos intereses constitucionales, entre ellos la seguridad y calidad de los bienes, la supresión de barreras de carácter técnico injustificadas y la integración de los sectores económico, científico y tecnológico.

 

En cuanto a la constitucionalidad de las medidas de defensa comercial, tanto de salvaguardia bilateral como global, de las que se ocupa en el Capítulo VII, la Ministra indicó que son exequibles, toda vez que preservan los intereses de los productores nacionales y desarrollan el mandato constitucional de integración, sin dejar de lado a los productores internos en los eventos de amenaza o riesgo para su subsistencia. Además, se ajustan a  los principios del derecho a la competencia.

 

Indicó que el Capítulo VIII del tratado, contiene un marco jurídico tendiente a promocionar e incentivar la inversión, mediante la generación de unas condiciones de protección recíproca de los inversionistas, estabilidad, previsibilidad y seguridad mutua, régimen que ha sido incorporado en otros acuerdos comerciales y se ha considerado compatible con las disposiciones constitucionales.

 

La Ministra señaló que dicho marco jurídico cuenta con tres secciones. La primera -Sección A- se ocupa del ámbito de aplicación y de los principios que guían el trato a la inversión, entre los que se encuentra: i) el trato nacional, que establece la obligación de que se otorgue el mismo trato a los inversiones de extranjeros y nacionales; ii) el trato de la nación más favorecida, inspirado en el principio de igualdad y que tiene por objeto impedir discriminaciones de inversionistas de la otra parte frente a los de terceros estados, y iii) el nivel mínimo de trato en el que se establece un tratamiento acorde con el derecho internacional consuetudinario, lo que incluye un trato justo y equitativo.

 

Posteriormente, se prevén algunas medidas que son una aplicación concreta de los principios referidos, entre éstas: la no discriminación en las compensaciones por pérdidas causadas por conflictos armados o contiendas civiles, la proscripción de la expropiación ilegal, las prohibiciones en torno a condicionamientos y a requisitos de desempeño, los límites indebidos a las transferencias, entre otras previsiones para impedir acciones que afecten el adecuado manejo de las inversiones por parte de los inversionistas del otro Estado.

 

Por su parte, la sección B se ocupa de la solución de controversias, con la regulación general de los aspectos más importantes sobre el tema, y la Sección C establece las definiciones de los términos relevantes para el capítulo.

 

En lo relacionado con los anexos, la Ministra manifestó que el anexo “A”, aclara el concepto de derecho internacional consuetudinario, el “B” establece un examen sobre lo que un Tribunal debe analizar para determinar si se trata de una expropiación indirecta, en el anexo “C” Colombia reafirma su facultad para preservar medidas destinadas a preservar la estabilidad de la moneda y, finalmente, el anexo “D” establece los nombres de las entidades y direcciones donde se pueden presentar las notificaciones en caso de activación del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado.

 

Como respaldo de la anunciada constitucionalidad del capítulo anteriormente señalado, la intervención hizo referencia a algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, con respecto a disposiciones similares previstas, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos. En esa ocasión se subrayó la necesidad de esas previsiones, dado que resultan indispensables para la debida aplicación del instrumento internacional. En el estudio concreto de esas disposiciones, se hizo referencia al principio de reciprocidad que se desarrolla en el acuerdo, como una expresión del principio de igualdad, aplicable a los inversionistas de la otra parte y a las inversiones cubiertas y, en lo que atañe a las disposiciones de desempeño y protección del ambiente, la aplicación procede respecto de todas las inversiones en el territorio de las partes.

 

Respecto de los principios de “trato nacional” y el “trato de la nación más favorecida”, el Ministerio indicó que proporcionan un parámetro objetivo de manejo de las inversiones de la otra parte, a través de la garantías de otorgamiento de unas condiciones no menos favorables que las brindadas a los inversionistas nacionales o a nacionales de un tercer Estado, acuerdos cuya constitucionalidad ya ha sido objeto de análisis, estableciéndose su conveniencia y la concreción del derecho a la igualdad.

 

Indicó que el nivel mínimo de trato contenido en el artículo 8.5 del Tratado, en el que las partes se comprometieron a conceder a las inversiones cubiertas, un trato “acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo y la protección y seguridad plenas”, no es una expresión indeterminada, pues este tipo de previsiones concuerdan con la práctica general de los Estados y con las obligaciones propias del Derecho Internacional que se han estimado proporcionales y ajustadas a la Constitución Política.

 

La interviniente señaló que las medidas de pérdidas y de compensación buscan que se otorgue a los inversionistas de la otra parte el mismo trato, en lo relacionado con compensaciones por las lesiones provocadas por conflictos armados o contiendas civiles. Estas medidas se han estimado consecuentes con los postulados constitucionales. Una consideración similar resulta aplicable a las alusiones a la expropiación, figura limitada por el “propósito público” que corresponde a la “utilidad pública” e interés social previstos por el constituyente colombiano.

 

La intervención respondió a las críticas sobre la expropiación indirecta, consistentes en que la indeterminación del concepto puede redundar en indemnizaciones por la adopción de medidas administrativas ordinarias. El Ministerio señaló que el artículo 58 de la Carta Política garantiza el derecho de propiedad, pero otorga al Estado la opción de afectarlo, previo cumplimiento de la obligación indemnizatoria, sin que especifique si esa afectación proviene de una expropiación “directa” o “indirecta”. De tal manera no se incide en el sustento constitucional de la figura, es decir, la posibilidad de afectar el derecho de dominio, bien a través de una “transferencia formal del título de derecho de dominio” mediante otra serie de actos.

 

Asimismo, señaló que las medidas sobre transferencias son recíprocas y buscan la promoción de la inversión extranjera, la cual también se logra mediante las normas previstas en el artículo 8.9 del acuerdo, que regulan los requisitos de desempeño. La Ministra afirmó que estas disposiciones pretenden superar condicionamientos que ahuyentan la inversión. Además concuerdan con la libertad de empresa, que incluye la posibilidad de escoger las inversiones, no condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos de producción nacional o exportación a determinados destinos. Indicó que, bajo estas circunstancias, existen algunos límites que contribuyen al desarrollo nacional y mantienen “de manera equitativa, razonable y proporcionada una esfera en la que la acción de las políticas públicas nacionales permite un amplio margen de acción en beneficio de los nacionales”.[4]

 

La proscripción de medidas sobre la elección de nacionales para ocupar altos cargos directivos en una inversión cubierta –es decir realizada por un inversionista de otra Parte que exista a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo o sea establecida, adquirida, o expandida posteriormente- encaja con la libertad, la no discriminación y el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Sin embargo, cuando se trate de juntas directivas o comités, la parte puede exigir determinada nacionalidad o lugar de residencia, siempre que con ello no se menoscabe significativamente la capacidad del inversionista para ejercer el control sobre su inversión. El tratado precisó la posibilidad de dejar a salvo las potestades del Estado en materia de seguridad y orden público.

 

El Ministerio destacó la facultad de mantener o renovar medidas que, a pesar de ir en contra de algunos principios generales del acuerdo, resultan deseables por conveniencia nacional de cada parte, lo que refuerza la constitucionalidad del Tratado

 

De igual modo, resaltó la subrogación de la justicia nacional por tribunales arbitrales internacionales respecto de la solución de controversias Inversionistas-Estado, como mecanismo alternativo de solución de conflictos ajustado a la Constitución Política. Como ya lo había estudiado la jurisprudencia, esta sustitución es transitoria, dado que el mecanismo se activa en el marco de un conflicto, por naturaleza, temporal y sin que ello implique la pérdida de las facultades jurisdiccionales, radicadas en cabeza de las autoridades colombianas para resolver los asuntos relativos a la protección de los derechos constitucionales.

 

Respecto del Capítulo IX, que hace referencia al comercio transfronterizo de servicios, señaló que amplía el mercado y las oportunidades de inversión para los nacionales, garantiza la libre competencia, favorece las relaciones internacionales, la integración económica y la inserción a una estructura de mercado internacional más globalizada.

 

La Ministra indicó que el Capítulo X refleja la intención de las partes de facilitar la entrada temporal de personas de negocios, sin que ello implique el descuido de las fronteras o la desprotección de la fuerza de trabajo nacional, y tampoco contraviene la soberanía. En efecto, la autorización de ingreso de un extranjero al país, sigue en cabeza del Estado, a través de la concesión de las visas correspondientes, de manera que esas disposiciones concuerdan con la política migratoria y con la regulación sobre el ingreso, permanencia y salida de extranjeros del territorio colombiano. De tal forma se asegura un flujo ordenado de un grupo específico de personas, en aras de lograr los objetivos perseguidos por el tratado de libre comercio.

 

Sobre las disposiciones relativas a las telecomunicaciones previstas en el Capítulo XI, el Ministerio adujo que constituyen un marco acorde con las regulaciones internacionales, que promueven la competencia entre los proveedores de los servicios públicos de ese ramo en condiciones de transparencia, garantizando el acceso y uso de redes de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones a las empresas del Estado parte bajo condiciones y requisitos técnicos no discriminatorios, así como condiciones de transparencia en los procedimientos de negociación de acuerdos de interconexión. Reiteró el reconocimiento que, en sede constitucional, se le ha otorgado a los avances en esta materia y que han redundado en beneficios para todos los usuarios. De tal suerte, el propósito de proveer una plataforma tecnológica para la comercialización de los servicios, liberalizando el sector y promoviendo la competitividad, es una medida consonante con la promoción de la internacionalización de las relaciones económicas, objetivo previsto en el artículo 226 de la Carta Política y que propugna por los derechos de los usuarios.

 

Adicionalmente, la Ministra señaló que en materia de comercio electrónico regulado en el Capítulo XII, el tratado garantiza que los productos digitales entregados electrónicamente estén exentos de derechos aduaneros, tasas o cargos y faculta a las partes para que tomen medidas de protección de datos de los usuarios, fortaleciendo e incentivando el desarrollo de este tipo de comercio. Sobre las medidas de este aspecto que se han previsto en oportunidades anteriores, se ha exaltado la necesidad de procurar la seguridad de los consumidores, sin que sobre la actividad comercial como tal o sobre su regulación se hayan planteado reparos de inconstitucionalidad.

 

Asimismo, manifestó que el Capítulo XIII del Tratado se refiere a las políticas de competencia y protección del consumidor, previendo los instrumentos normativos sobre la materia, las autoridades competentes para su aplicación, las disposiciones sobre consultas y notificación en aras de garantizar la transparencia en lo relacionado con la competencia, la confidencialidad de la información sensible, la cooperación y protección del consumidor, así como las previsiones especiales de conservación y mantenimiento de los monopolios con los que cuenta cada parte en su territorio. Estas normas concuerdan con la libertad económica, prevista en el artículo 333 de la Carta Política, así como con las limitaciones que la misma disposición señala, que atienden al bien común y el papel del Estado en supervisión y control de esa actividad.

 

En relación con el Capítulo XIV, indicó que se garantiza la participación de todos los proveedores colombianos y coreanos en los procesos de contratación pública, y elimina cualquier tipo de discriminación, lo que  supera el examen de constitucionalidad, en tanto que constituyen manifestaciones claras del principio de igualdad, así como del derecho del debido proceso, además de promover el comercio y la integración económica sobre los pilares de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. En cuanto a la reciprocidad, destacó su manifestación en el plano económico, como consecuencia de la apertura de nuevos mercados para las partes y en el escenario legal, como fruto de las concesiones otorgadas mutuamente sin que éstas confronten los valores democráticos ni los fundamentos del Estado de Derecho, de suerte que “las actividades que se compromete a desarrollar Colombia son las mismas que se compromete la República de Corea en materias tales como plazos, publicaciones, avisos, mecanismos de impugnación, especificaciones técnicas, entre otros”[5]. Se adujo que esas medidas no solo no contravienen preceptos de raigambre fundamental, sino que además se armonizan, en general, con las leyes de contratación pública prexistentes, en las que se garantiza la participación de proveedores extranjeros, bajo criterios de transparencia y trato nacional.

 

Adicionalmente, la Ministra afirmó que el Capítulo XV del Tratado prevé disposiciones que tienen por objeto la protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual. Las normas procuran por un balance entre los derechos de los titulares y el interés público, establecen compromisos tendientes a la promoción de la creación e innovación, reafirman los compromisos adquiridos en los acuerdos sobre los ADPIC y los tratados en vigor entre las partes en el marco de la OMPI. Como consecuencia, reconocen la legitimidad para actuar en un proceso a los titulares, las personas autorizadas a utilizar estos derechos, los organismos de gestión colectiva y los profesionales de defensa.

 

El estudio constitucional del Capítulo por parte del Ministerio, partió del análisis del principio del trato nacional en materia de propiedad industrial que estimó consistente con los artículos 9º y 13 Superiores, y exaltó la relevancia de aquellas disposiciones que buscan prevenir el abuso de los derechos de propiedad industrial y las prácticas que limiten el comercio o restrinjan la transferencia de tecnología.

 

Además, resaltó la importancia de adelantar una protección efectiva de las marcas y derechos de autor y conexos en el territorio de los Estados contratantes, política que concuerda con la potestad regulatoria radicada en cabeza del Estado Colombiano, de acuerdo con lo señalado en el artículo 61 de la Constitución Política.

 

Finalmente aludió a la cooperación para el desarrollo en materias como la ciencia y la tecnología, aspecto que guarda coherencia con las obligaciones generales del Estado, particularmente las previstas en los artículos 61 y 71 CP.

 

En el mismo sentido, la intervención indicó que el Capítulo XVI adopta medidas con el fin de asegurar que las políticas comerciales, ambientales y laborales sean coherentes y contribuyan con el desarrollo sostenible para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Asimismo, resaltó que las medidas pactadas sobre el medio ambiente, son una expresión del deber constitucional de preservación y, por esa orientación, resultan deseables y coherentes con los postulados constitucionales.

 

Adicionalmente, indicó que en materia laboral el tratado evidencia compromisos mutuos para garantizar la efectiva inclusión de los derechos laborales reconocidos en el ámbito interno e internacional, así como la reafirmación de las obligaciones adquiridas como miembros de la Organización Internacional del Trabajo, concluyendo que “las obligaciones en materia laboral no limitan de manera alguna los derechos de los trabajadores, por el contrario, reafirman el pleno respeto de cada parte  por su legislación laboral interna, buscando la protección de los derechos laborales consagrados en ella, y en los convenios internacionales que, como lo señala el artículo 53 de la Constitución Política, hacen parte de la legislación interna”[6]

 

Además, la Ministra afirmó que se efectuaron acuerdos precisos para promover la cooperación entre las partes, los cuales están previstos en el Capítulo XVII  y buscan aunar esfuerzos para el desarrollo de las economías, la fluidez del comercio y el desarrollo de la integración prevista en el artículo 9º de la Constitución Política, la amistad, solidaridad y cooperación entre los pueblos.

 

Indicó que se había destinado un segmento particular del acuerdo, el Capítulo XVIII, para la inclusión del principio de transparencia, en aras de asegurar la previsibilidad en las actuaciones de las partes a través de la publicidad de las actuaciones administrativas, legislativas y judiciales que se relacionen con asuntos contemplados en el acuerdo, de donde no aflora contravención a las disposiciones constitucionales.

 

También resaltó, la funcionalidad de las disposiciones institucionales previstas en el Capítulo XIX, a través de las que se crea una Comisión Conjunta para supervisar la implementación del acuerdo; fortalecer las relaciones entre las partes; procurar la solución de controversias y evaluar los resultados de la aplicación de las medidas. El Anexo del acápite enlista cada una de las comisiones, comités, grupos de trabajo y consejos establecidos para la aplicación de los capítulos que sean de su competencia.

 

La intervención del Ministerio indicó que las normas establecidas en el Capítulo XX prevén métodos para la pronta y efectiva resolución de las controversias surgidas, relativas a la aplicación o interpretación del tratado, lo que genera mayor seguridad para los inversionistas y desarrolla los artículos 29 y 116 de la Constitución Política (principios de debido proceso, el derecho de defensa, el acceso a la administración de justicia y la resolución pacífica de controversias). El estudio de esos mecanismos, señaló que las medidas de suspensión de los beneficios como consecuencia del incumplimiento de una de las partes, busca garantizar efectividad del pacto y el respeto del principio pacta sunt servanda.

 

En lo que atañe a las excepciones, la intervención recordó el análisis que sobre ese mismo punto realizó esta Corporación en el control de constitucionalidad del Acuerdo entre la República de Colombia y el Triángulo Norte, oportunidad en la que señaló que

 

las excepciones que plantea este capítulo son expresión de la soberanía nacional y del deber del Estado de asegurar la integridad territorial, la salud y vida de las personas, la convivencia pacífica de los habitantes y los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de los fines constitucionales del Estado (art. 2 y 9 C.P.)De esta forma es completamente compatible con la carta que el Acuerdo establezca excepciones a las cláusulas contractuales del TLC con fundamento en tales necesidades”[7].

 

Para concluir, la Ministra de Comercio, Industria y Turismo adujo que el Capítulo final del tratado estaba conformado por disposiciones de distinta naturaleza que sirven para la debida aplicación, interpretación e implementación de las obligaciones contraídas en el marco del convenio que, como expuso, estima compatible con la Carta Política. 

 

2. Ministerio de Relaciones Exteriores

 

La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Corte declarar la CONSTITUCIONALIDAD de la Ley 1747 de 2014.

 

Esa petición se fundamentó en dos razones principales: (i) la conveniencia del tratado comercial celebrado con la República de Corea, por cuanto facilita la apertura de mercados comerciales para las exportaciones colombianas, objetivo que persigue el país desde hace más de 20 años y, (ii) la compatibilidad entre dicho instrumento y la Constitución Política.

 

Como sustento a su afirmación, aludió a los contenidos del acuerdo, agrupados en 19 capítulos, entre los que destacó los concernientes al trato nacional; las medidas de facilitación del comercio; las disposiciones previstas para el resguardo de la salud humana, animal y vegetal en el territorio; las medidas de protección de los productores nacionales en los eventos de aumentos excesivos de las importaciones que provoquen una afectación sustancial; las facilidades migratorias para la entrada temporal de personas de negocios sin dejar de lado, el resguardo de las fronteras y la seguridad; la proscripción de prácticas anticompetitivas; las reglas de transparencia y no discriminación en los procesos de contratación de las entidades públicas; el compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

 

En el aspecto formal, hizo énfasis en los plenos poderes otorgados al Ministro de Comercio, Industria y Turismo para la suscripción del acuerdo y la confirmación de ese acto por parte del Presidente de la República, así como la presentación del proyecto de ley correspondiente y su aprobación subsecuente, surtidos los debates correspondientes ante el Senado y la Cámara de Representantes, de acuerdo con las disposiciones constitucionales.

 

En la parte final de su intervención, el Ministerio destacó la naturaleza y los presupuestos de las reservas y de las declaraciones interpretativas en el marco de acuerdos bilaterales, y explicó que, en el evento de una declaración como las señaladas, se requeriría la aceptación de la República de Corea para que la misma se erija en una interpretación auténtica del tratado, al tiempo que la modificación exigiría una nueva negociación del acuerdo.

 

3. Banco de la República

 

El Secretario de la Junta Directiva del Banco de la República solicitó a la Corte declarar la CONSTITUCIONALIDAD del texto del tratado. En lo que respecta al anexo 8-C numeral 2 literal a, consideró que debe declararse la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA en el entendido:

 

“que si la autoridad monetaria cambiaria y crediticia toma medidas en relación con los pagos y movimientos de capital en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales con plazos superiores a los allí previstos, estas medidas no comprometen la responsabilidad patrimonial de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República o del Banco de la República en la medida que se ejercen en cumplimiento de un deber legal de conformidad con los artículos 371-373 de la Constitución y el artículo 16 de la Ley 31 de 1992 en su calidad de autoridad monetaria, cambiaria y crediticia”.[8]

 

Después de recordar la estructura y competencias del Banco de la República, de acuerdo con las previsiones de la Carta Política, la intervención destacó la autonomía con la que cuenta en el ejercicio de sus potestades, entre las que resaltó la regulación de cambios internacionales y la fijación de sistemas de cambio. El interviniente señaló -con sustento en pronunciamientos efectuados por esta Corporación- que los compromisos que se asuman en virtud de acuerdos de comercio internacional no pueden limitar las competencias atribuidas por la Constitución y la ley, ni “implicar la reducción de las potestades atribuidas al Banco de la República y su Junta Directiva[9].

 

Asimismo, señaló que el tratado de libre comercio bajo examen, cuenta con capítulos destinados a la regulación, en su integridad, de los temas de inversión y comercio transfronterizo de servicios. En particular resaltó las medidas específicas contenidas en el anexo 8-C, con las que se faculta a las partes para que adopten o mantengan medidas temporales de salvaguardia, de acuerdo con las leyes vigentes del país, respecto a pagos y movimientos de capital, las cuales deben ser transitorias, no discriminatorias ni confiscatorias, y estar acordes con el Convenio del Fondo Monetario Internacional.

 

El interviniente destacó que el anexo 8-C reconoce la potestad de imponer restricciones sobre pagos y movimiento de capitales en caso de dificultades o amenaza de crisis de balanza o desequilibrios macroeconómicos que obstaculicen la operación de las políticas monetarias y cambiarias, y no restringe las medidas que puede adoptar en el marco de sus competencias. Sin embargo, estima necesario que se anuncie expresamente la ausencia de responsabilidad del Banco cuando las medidas que adopte para los efectos señalados superen los plazos previstos en el 8-C numeral 2 literal a.

 

4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

 

A través de apoderado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público intervino en este trámite “con el fin de defender la constitucionalidad de la Ley 1747 de 2014, por medio de la cual se aprobó el ‘Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea’ firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013”.[10]

 

El interviniente se refirió a los asuntos que, en su opinión, revisten especial importancia para la cartera, empezando por el tema de inversión previsto en el capítulo VIII, en el que destacó la definición de inversión, de la que se excluyeron las operaciones de deuda pública, lo que descarta la posibilidad de que cualquiera de las partes sea demandada ante tribunales de arbitramento por el no pago o incumplimiento derivado de ese tipo de operaciones.  

 

A pesar de esa excepción resaltó que, en virtud de la nota 17 del referido capítulo, los principios de trato nacional y de nación más favorecida pueden ser aplicables a las operaciones de crédito público, de manera que los Estados podrían verse sometidos a tribunales de arbitramento por la transgresión de esos principios.

 

Finalmente, aludió a las exclusiones previstas en materia tributaria resaltando que existe un acuerdo vigente para evitar la doble imposición en materia de gravámenes sobre la renta, suscrito con la República de Corea, el cual tendrá prevalencia con respecto al Tratado de Libre Comercio, sin que ello excluyera la eventual aplicación, para casos más específicos, de los referidos principios en materia de comercio transfronterizo de servicios e inversión.

 

INTERVENCIONES DE OTRAS ORGANIZACIONES

 

5. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Similares de Colombia

 

El presidente de la organización sindical solicitó que se declare INEXEQUIBLE la Ley 1747 de 2014.

 

La organización interviniente sustentó su pretensión en la importancia que tiene la industria automotriz para la economía y el desarrollo del país, refiriendo brevemente sus inicios y destacando, particularmente, la generación de empleos. El ciudadano afirma que éstos han disminuido como consecuencia de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, de suerte que el acuerdo que se estudia representa una amenaza adicional para los trabajadores de ese sector y de los relacionados.

 

En este punto fundamenta la inconstitucionalidad del tratado, pues la baja en el empleo afecta la prosperidad general, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el derecho al trabajo.

 

6. Central Unitaria de Trabajadores y Confederación de Trabajadores de Colombia

 

Los presidentes y secretarios de la Central Unitaria de Trabajadores y de la Confederación de Trabajadores de Colombia solicitaron la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de la Ley 1747 de 2014.

 

Iniciaron su intervención con un debate sobre la inaplicabilidad de los precedentes jurisprudenciales sobre tratados de libre comercio en el estudio del acuerdo celebrado con la República de Corea, por cuanto el escenario actual difiere del que existía cuando se suscribieron los pactos anteriores. En ese entonces había una expectativa frente a la conveniencia y los beneficios que ese tipo de acuerdos traerían para la industria colombiana. Sin embargo, esta idea fue controvertida a medida que pasó el tiempo. Adicionalmente, en el contexto actual no hay una reducción de las asimetrías productivas, de las barreras proteccionistas de los países con los que se suscribieron esos acuerdos ni han aumentado los bienes de consumo industriales con valor agregado.

 

Ya que se han visto los efectos económicos negativos de los tratados de libre comercio para la industria y para el empleo en el país, los intervinientes piden a este Tribunal modificar la tendencia aprobatoria de ese tipo de pactos. En concreto, resaltan las estrictas medidas fitosanitarias de Corea y su fortaleza industrial, aspectos que, de aprobarse el tratado, no traerían beneficios para Colombia.

 

Asimismo, los ciudadanos consideran que el derecho al trabajo, la función social de la propiedad y la libertad de empresa como pilares del Estado Social de Derecho, resultan seriamente amenazados con el acuerdo comercial referido. Respecto a la empresa y la promoción del desarrollo nacional anticiparon efectos adversos derivados del desequilibrio entre la industria colombiana y la coreana, no sólo por la capacidad financiera de esta última sino por las ventajas, en materia de ciencia y tecnología, generadas por el apoyo gubernamental. Estas diferencias ubican a Corea en el puesto 9 en infraestructura, de acuerdo con el reporte de competitividad global 2010-2011, emitido por el Foro Económico Mundial, en contraste con el puesto 93 ocupado por Colombia.

 

En relación con el empleo, la intervención afirmó que habrá supresión de puestos de trabajo y disminución de trabajo calificado, además, la fórmula de exportación de materias primas y minerales, afecta el medio ambiente. Como consecuencia, el tipo de vacantes disponibles para los colombianos, reducirá los oficios calificados que ofrece la industria y que tienen un impacto positivo en la economía y acarreará todos los riesgos que representa el desarrollo de un modelo económico de extracción. 

 

En ese mismo sentido, la intervención resaltó la inexistente igualdad declarada en el convenio, pues por las características de las industrias que se enfrentan, tornará a los productos colombianos en marginales, en tanto que la producción nacional no se corresponde con la logística y volúmenes de la economía coreana, la que, además, se resguardó con salvaguardias y barreras para los productos agrícolas que Colombia podría exportar.

 

En lo que atañe a los periodos de desgravación, los ciudadanos hacen una fuerte crítica a los tiempos disimiles pactados, que postergan por más de una década la entrada, real y libre de los productores agrícolas colombianos que, además tendrán que competir con las exportaciones de países en los que el Estado subsidia la producción y garantiza infraestructura.

 

También señalaron los intervinientes la inclusión de 100 subpartidas de productos que no provienen directamente de Corea, ya que su producción se adelanta en otros países, lo que impide determinar la real procedencia de las mercancías y los alcances del acuerdo comercial.

 

La intervención enfatizó en la inclusión de cláusulas de derecho comercial consuetudinario, como las que se refieren al trato nacional y al principio de la nación más favorecida, ya que las mismas generan inseguridad y pueden provocar efectos desfavorables para el país.

 

Finalmente, indicaron que la previsión de mecanismos expeditos para la resolución de conflictos entre los inversionistas coreanos y el Estado Colombiano, es discriminatoria respecto de los trabajadores y productores nacionales que deben soportar las condiciones de congestión judicial para la resolución de sus asuntos.

 

7. Grupo Proindustria

 

El director del Grupo Proindustria, intervino para solicitar que se declare la INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley 1747 de 2014.

 

El interviniente argumentó que, si bien esta Corporación declaró la constitucionalidad de tratados de libre comercio celebrados con países como México y Canadá, lo cierto es que esas decisiones se erigieron, en lo material, sobre una duda legitima frente a su conveniencia, expectativa que se superó con la regencia de los mismos, pues los hechos han mostrado que estos tratados han provocado la reducción de la industria nacional. Esta situación ha sido reconocida por el Gobierno Nacional y motivó la adopción de medidas como las previstas en el Decreto 2593 de 2014[11].

 

El ciudadano señaló que los términos en los que se suscribió el acuerdo no atienden los principios de reciprocidad y equidad, dado que favorecen excesivamente a la República de Corea, al tiempo que afectan la industria de nuestro país que, considera, no cuenta con las condiciones de competitividad necesarias para enfrentar las consecuencias de un convenio como el suscrito.

 

Por último, se refirió a la ausencia de la aplicación del mandato de integración y cooperación latinoamericana, en tanto que el acuerdo suscrito afecta a países vecinos y a los productos que exportan a nuestro país.

                                                                       

8. Red por la Justicia Tributaria en Colombia

 

José Roberto Acosta Ramos intervino como ciudadano y en su calidad de vocero de la organización ciudadana Red por la Justicia Tributaria en Colombia para solicitar a esta Corporación que declare la INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley 1747 de 2014.

 

Señaló que la ley aprobatoria del Tratado de Libre Comercio celebrado con Corea vulnera el artículo 334 de la Carta Política, por cuanto ignora la sostenibilidad fiscal que debe guiar la economía, y con la que se procuran alcanzar, de manera progresiva, los objetivos del Estado Social de Derecho.

 

Como fundamento de esa aseveración y apoyado en estadísticas, resaltó los efectos adversos que, a su juicio, son consecuencia de las políticas de liberalización económica, tomando como referencia las medidas de apertura adoptadas en el pasado y las repercusiones que han traído para la economía del país.

 

El interviniente adujo que esos efectos impactan la base de la sostenibilidad fiscal del país, constituida por el mercado interno, la demanda interna y la dinámica de consumo de los hogares, que resultan disminuidos debido a las mayores cargas tributarias, compensatorias de la reducción o eliminación de los gravámenes a las importaciones de bienes y servicios del exterior. Justamente por ese fenómeno -el aumento de gravámenes al consumo interno como compensación por la eliminación de las cargas tributarias a las importaciones- es que resulta falaz el supuesto beneficio para los consumidores que se esgrime como justificación de los acuerdos de libre comercio, pues la reducción del precio de los productos y servicios por vía de la exención de los impuestos de entrada, resulta menguada con la aplicación de impuestos internos al consumo, por ejemplo el impuesto al valor agregado, IVA.

 

Aunado a lo anterior, y con base en las experiencias de los acuerdos de liberación económica vigentes argumentó que

 

“las exportaciones han tenido menos éxito que las importaciones en Colombia, abriendo un insostenible déficit comercial difícil de financiar con deuda pública externa como consecuencia de la Regla Fiscal y limitando el margen de maniobra del Gobierno a aumentar las tarifas y cargas tributarias al consumidor local, mermando la demanda agregada de la economía y comprometiendo la base gravable por cuenta de menor crecimiento económico y comprometiendo la sostenibilidad fiscal a base de ingresos corrientes de la Nación”[12]

 

9. Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI)

 

El Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas intervino solicitando la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de la Ley 1676 de 2014.

 

Tras referir la labor que le corresponde a la Corte Constitucional en el marco del control de constitucionalidad que se adelanta sobre los tratados internacionales, el ciudadano pasó a exponer las razones por las que considera que el Tratado de Libre Comercio suscrito que se revisa “profundiza los desequilibrios y asimetrías entre Colombia y Corea”[13]

 

La intervención destaca que Corea desgrava el 98% de los aranceles de forma inmediata permitiendo el libre acceso de los productos colombianos y el 2% restante en un periodo máximo de 5 años, al paso que Colombia ofrece un programa de desgravación para productos fundamentales para la industria nacional más extendido. No obstante, con esa sola divergencia en los plazos no se logra superar la desigualdad que existe entre las industrias y economías de las partes, máxime si se considera que esa apertura inmediata se refiere a productos que Colombia no produce.

 

Resaltó la que considera una deficiente labor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como coordinador de la política macroeconómica, pues estima que en la negociación del tratado sólo se tomaron en cuenta aspectos relativos a la demanda pero no se consideró la variable oferta. En efecto, se destacaron las ventajas que para el consumidor colombiano acarrea el acceso a productos coreanos, pero no se consideraron la situación y condiciones de producción en Colombia. De acuerdo con la medición del producto interno bruto en el periodo 2000-2012, la oferta es inferior a la demanda en un 1.1%. Este dato devela una mayor oferta extranjera de productos, que no se corresponde con los niveles de exportaciones, si se tiene en cuenta que en ese mismo periodo la tasa de crecimiento de importaciones fue de 9.7% en contraste con la de exportaciones de 5%.

 

El escrito señaló los factores que, desde la teoría económica, determinan el aumento de la producción y de la “función oferta”, los cuales no se han considerado en la suscripción de los acuerdos comerciales. Enumeró algunas de las dificultades que entraña la exportación de productos colombianos, cuyo costo de producción no los torna competitivos en comparación con los precios de otros países. La intervención destacó las divergencias entre importaciones y exportaciones que marcan un desequilibrio macroeconómico, así; “[e]n 2014 Colombia exportó US$54.795 millones e importó US$61.087 millones. Como resultado, hay un déficit comercial por US$6.293 el más alto en la historia del país[14].

 

Las diferencias entre la producción de Corea y la de Colombia, las políticas públicas destinadas al fortalecimiento del sector minero energético, la apatía frente al sector productivo, la baja competitividad de los productos agrícolas y las secuelas en materia de empleo como consecuencia de los tratados que ya se han suscrito, son razones consideradas suficientes por el interviniente para la declaratoria de inconstitucionalidad del acuerdo, pues afecta negativamente el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho.

 

Por otra parte, considera el interviniente que, en vista de que ningún reglón de la producción colombiana representa una amenaza para la industria coreana, el principio de reciprocidad aludido en el acuerdo carece de aplicación material, situación que devela también una infracción del derecho a la igualdad entre los productores, pues mientras los nacionales requieren de la adopción de medidas por parte del Gobierno Nacional para disminuir las diferencias estructurales, los productores coreanos, en condiciones superiores, cuentan con el convenio como una herramienta adicional para el crecimiento de sus empresas.

 

El interviniente consideró que el principio “in dubio pro legislatoris”, que lleva a presumir la constitucionalidad del tratado no es aplicable, pues, a diferencia de otros acuerdos internacionales analizados por la Corte previamente, en el caso bajo examen, no se haría un análisis a priori carente de evidencia sobre las consecuencias del instrumento, se cuenta con pruebas suficientes sobre la inconveniencia de los tratados de libre comercio, de suerte que “[e]l derecho al trabajo (art.25 C.P), a la igualdad (art.13 C.P.), a la propiedad (art.58 C.P.), no pueden ser puestos en riesgo cuando existen evidencias ciertas y probadas de su afectación negativa por la consolidación de una relación comercial y de inversión en situación de desequilibrio e inequidad”[15]

 

Los mecanismos de resolución de conflictos surgidos entre el Estado y los inversionistas coreanos violan el derecho a la igualdad, dado que los productores colombianos no cuentan con instrumentos de la misma estirpe para la solución de los conflictos surgidos con el Estado Colombiano, lo que contraría, además, el principio de trato nacional y los artículos 1, 13, 29, 58, 116, 228, 230 y 366 de la Carta Política, sumado a los riesgos que el arbitramento puede tener para los intereses públicos, reconocidos por el gobierno en la Directiva Presidencial 004 de 2014[16]. En consecuencia, el ciudadano pide la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 8.16 a 8.27 del Tratado de Libre Comercio que se analiza.

 

Finalmente, la intervención aborda los vicios del trámite legislativo, entre ellos el inexistente debate sobre el texto del articulado por las comisiones segundas de la Cámara de Representantes y Senado en la sesión celebrada el 3 de diciembre del 2014, oportunidad en la que la discusión se basó en la exposición de motivos presentada por el Gobierno y el informe de ponencia, circunstancia “que vicia de inconstitucionalidad el acuerdo de libre comercio, pues su texto no fue debatido y por lo tanto no ha sido objeto del control político que compete al Congreso de la República en los términos de la Constitución Política[17].

 

Sobre esa cuestión, resaltó que “[d]ada la trascendencia que se reconoce a la suscripción de este tipo de acuerdos internacionales, no es aceptable eludir el debate detallado de su contenido, puesto que es en cada uno de los artículos en los que se concretan los términos favorables y constitucionales o desfavorables e inconstitucionales de dicho instrumento[18] resaltando que el mensaje de urgencia con el que se estudió el proyecto, si bien agiliza el trámite no releva el debate correspondiente.

 

Finalmente, extrañó las actas de debate de las plenarias, pues de acuerdo con lo señalado en comunicación remitida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, éstas se encuentran en “estado de elaboración”, así como la imperiosa consulta previa a las comunidades indígenas atendiendo el interés de Corea en la minería colombiana.

 

Esas fueron las razones expuestas para exigir la inconstitucionalidad de la normas que se examinan y en caso de no acogerse esa pretensión el interviniente solicitó que se profiera “una sentencia que condicione la constitucionalidad y la difiera, en un plazo adecuado y razonable, al momento en el cual el estado colombiano cuente con una política pública que garantice las medidas adecuadas para preservar la industria colombiana así como los puestos de trabajo que ella genera[19].

 

INTERVENCIONES CIUDADANAS

 

10. César Augusto Luque Fandiño

 

El ciudadano César Augusto Luque Fandiño intervino en este trámite para que se declare la INCONSTITUCIONALIDAD de las disposiciones que se revisan.

 

Como sustento de esa petición aludió cuestiones que, en su sentir, viciaron el trámite, particularmente el ligero estudio de los impedimentos presentados por algunos integrantes de las comisiones II del Senado y de la Cámara de Representantes, y la pretermisión de un escenario adecuado para el debate y exposición de los argumentos por parte de los interesados, cercenándose la valiosa participación ciudadana, en atención al mensaje de urgencia que acompañaba el proyecto.

 

11. Mario Alejandro Valencia Barrera

 

El ciudadano Mario Alejandro Valencia Barrera intervino en este trámite para solicitar que se declare la INEXEQUIBILIDAD de las disposiciones que se revisan.

 

La petición de interviniente se fundamenta en las divergencias entre la industria nacional y la coreana, particularmente en materia tecnológica, el respaldo financiero que ostenta la industria coreana, el volumen de producción y los costos en los procesos productivos, aspectos que tornan menos competitivos los productos colombianos, lo que genera graves riesgos para la pervivencia de la industria local y, por supuesto, de las plazas laborales que la misma provee.

 

Adicionalmente, afirmó que las medidas que requiere la industria nacional para ser competitiva  frente a la coreana, no pueden implementarse en los plazos previstos por el acuerdo para la desgravación de los productos de dicho país y que las diferencias en la estructura económica de los estados contratantes generan profundas desventajas para los nacionales, dado que sus rivales comerciales cuentan con tasas de interés más bajas, mayor cantidad de recursos para sus operaciones y menores costos de producción, representados, entre otros, por mejores condiciones de infraestructura que garantiza el Estado.

 

IV.CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

 

El Procurador General de la Nación, en concepto número 5902 del 20 de abril de 2015, solicitó a la Corte declarar la EXEQUIBILIDAD del “Acuerdo de Libre Comercio entre la República  de Colombia y la República de Corea”, suscrito en Seúl el 21 de febrero de 2013, aprobado en la Ley 1747 del 26 de diciembre de 2014.

 

El jefe del Ministerio Público consideró que la ley aprobatoria del señalado acuerdo honró los parámetros constitucionales de tipo formal y que su contenido no contraviene los preceptos de la Carta Política. En cuanto al trámite, adelantó un análisis de la fase pre-legislativa, en la que corroboró, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, las facultades o poderes del suscriptor del instrumento internacional. Luego analizó el trámite adelantado, ante el Senado de la República y ante la Cámara de Representantes, instancias en las que la mentada ley obtuvo la aprobación correspondiente en el término y con las formalidades previstas en la Carta Política.

 

La Vista Fiscal advirtió, en lo que concierne al análisis material, que el tratado es compatible con los principios constitucionales que rigen la política internacional y responde a la política comercial del país. En efecto, el acuerdo persigue fines legítimos como “generar empleos y mejorar la productividad y competitividad de la economía colombiana[20] a través del aumento de las exportaciones y la ampliación de los mercados.

 

Después de referirse a los temas previstos en el tratado, el Procurador exaltó los espacios de participación otorgados a la sociedad civil en el marco de la negociaciones y, extrañó, en concordancia con las opiniones de algunos congresistas, una mayor socialización de los contenidos del acuerdo con los sectores que podrían resultar afectados, precisando, en todo caso, que tales circunstancias escapan del control constitucional que se adelanta en esta sede.

 

Finalmente, el jefe del Ministerio Público exaltó la compatibilidad con la Carta Política de los principios rectores, de las disposiciones del tratado sobre contratación estatal, medidas fitosanitarias, mecanismos de solución de controversias y defensa comercial, haciendo especial énfasis, en la necesidad de que se desarrollen políticas internas de desarrollo empresarial que acompañen medidas de apertura comercial como la estudiada.

 

V.CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

1.- Conforme a lo establecido en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, corresponde a la Corte Constitucional la revisión de constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias.

 

Esta Corporación ha manifestado que el mencionado control se caracteriza por ser: i) previo al perfeccionamiento del tratado pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción Presidencial; ii) automático, pues debe ser enviado a la Corte Constitucional por el Presidente de la República, dentro de los 6 días siguientes a la sanción gubernamental; iii) integral, puesto que el análisis de constitucionalidad se realiza tanto a los aspectos formales como a los materiales de la ley y el tratado; iv) tiene fuerza de cosa juzgada absoluta; v) es un requisito sine qua non para la ratificación del Acuerdo; y vi) tiene una función preventiva, en tanto que, su finalidad es garantizar la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano[21].

 

Reglas y subreglas jurisprudenciales para el ejercicio de la revisión formal de constitucionalidad del Acuerdo internacional y su ley aprobatoria

 

2.- La revisión del aspecto formal del tratado internacional y su ley aprobatoria comprende dos dimensiones: i) el análisis de la representación válida del Estado colombiano en las fases de negociación, celebración y firma del acuerdo internacional; y ii) la plena observancia del trámite legislativo dispuesto para su ley aprobatoria.

 

3.- En efecto, las leyes aprobatorias de tratados internacionales no disponen de un procedimiento legislativo especial, por lo que el trámite que debe seguirse es el de las leyes ordinarias, salvo por dos requisitos especiales: i) el debate debe iniciarse en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (art. 154 CP); y ii) una vez ha sido sancionada la ley por el Presidente, deberá remitirla a la Corte Constitucional dentro de los 6 días siguientes, para efectos de la revisión de constitucionalidad (Art. 241–10 CP)[22].

 

4.- En ese orden de ideas, los requisitos que establecen las reglas y subreglas jurisprudenciales que guían la labor de esta Sala en el ejercicio de la revisión formal de la constitucionalidad del tratado internacional y su ley aprobatoria, son:

 

Fase previa gubernamental

 

A.- Representación válida del Estado colombiano en las fases de negociación, celebración y firma del tratado internacional[23]. Parámetros de verificación

 

5.- Esta Corporación ha señalado[24], que la revisión constitucional de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias, incluye el examen de las facultades del representante del Estado colombiano en las fases de negociación, celebración y firma del respectivo instrumento internacional.

 

Tal verificación ha sido realizada por la Corte con base en los artículos 7º a 10º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, incorporada al ordenamiento interno por la Ley 32 de 1985, por remisión que hace el artículo 9º de la Carta en el sentido de que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios aceptados por Colombia.

 

Como consecuencia de lo anterior, existe una representación válida del Estado colombiano cuando:

 

(i)                La persona delegada presenta plenos poderes (7.1-a).

(ii)             De la práctica del Estado o de otras circunstancias, se presume que existe la intención de considerar a la persona que participa en la negociación como la representante del Estado para esos efectos, por lo que se prescinde de la presentación de plenos poderes (7.1-b).

(iii)           Se presume, a partir de las funciones que cumple la persona delegada, que no tiene que presentar plenos poderes (7.2). En este evento, por razón de sus funciones, representan a su Estado para los efectos de negociar y adoptar el texto de un tratado: (a) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores (7.2-a); (b) el jefe de la misión diplomática ante el Estado con el cual se va a celebrar (7.2-b) y (c) el representante acreditado por el Estado ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de los órganos de ésta (7.2-c)[25].

 

B. Necesidad y realización de consulta previa como expresión del derecho fundamental a la participación de los grupos étnicos

 

6.- El artículo 1º de la Constitución Política define al Estado Colombiano como democrático, participativo, y pluralista. Por su parte, los artículos 7 y 70 de la misma normativa, consagran la protección de la diversidad étnica y cultural como uno de los principios fundamentales del Estado[26].

 

Este Tribunal ha considerado que el pluralismo debe ser objeto de especial protección y reconocimiento constitucional, toda vez que en Colombia existe una diversidad de identidades étnicas y culturales que deben ser tratadas con el mismo respeto que la colectividad mayoritaria, con los mismos derechos de reproducirse y perpetuarse en el territorio nacional durante el paso del tiempo[27].

 

7.- En el desarrollo de su jurisprudencia, en particular en la sentencia C-169 de 2001[28], reiterada por la sentencia SU-383 de 2003[29] entre otras[30], esta Corporación ha indicado que una de las formas de materializar dicha protección constitucional, se da a través del ejercicio del derecho que tienen los grupos étnicos a participar en las decisiones que los afectan. De acuerdo con lo señalado en las providencias anteriormente referidas, esta forma de participación tiene una doble connotación, por una parte, como derecho fundamental cuyo ejercicio debe ser garantizado y facilitado por las autoridades correspondientes, y por la otra, como mecanismo indispensable para la efectividad de otros derechos constitucionales.

 

De acuerdo con lo establecido en la sentencia C-187 de 2011[31], el derecho de participación de los grupos étnicos, se deriva del (i) artículo 40 de la Constitución Política, que dispone el derecho que tiene todo ciudadano a la participación democrática; (ii) artículo 70 de la Carta que establece la cultura y sus diferentes manifestaciones como fundamento de la nacionalidad; (iii) y los artículos 329 y 330 de la misma normativa, que regulan la participación previa de las comunidades en la conformación de las entidades territoriales indígenas y la explotación de los recursos naturales en su territorio. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha reconocido que la consulta previa ostenta el grado de derecho fundamental.

 

Asimismo, la Ley 21 de 1991, mediante la cual se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico el Convenio 169 de la OIT, resalta la importancia del derecho de participación que tienen las comunidades étnicas en las decisiones que los afectan directamente. En efecto, el artículo 6º del Convenio establece la obligación que tienen los gobiernos de consultar a los pueblos interesados, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevea una medida legislativa o administrativa que pueda afectarlos directamente. Igualmente, determina el carácter imperativo de tomar las medidas necesarias para que dichos pueblos puedan participar de la misma forma que otros sectores de la población.

 

8.- Ahora bien, esta Sala considera necesario resaltar que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, en particular la Ley 70 de 1993[32], la expresión grupos étnicos incluye a las comunidades indígenas y a las afrodescendientes. Lo anterior ha sido reconocido por este Tribunal, en especial en la sentencia C-461 de 2008[33], que reiteró que las comunidades afrodescendientes también son consideradas grupos étnicos, titulares de derechos constitucionales fundamentales a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales, a la conservación, al uso, a la administración de los recursos naturales y a la realización de la consulta previa, en los casos en que se tomen medidas que los afecten de forma directa y específica.

 

9.- En esta oportunidad, la Corte reitera las reglas jurisprudenciales, en las que se establece que (i) la diversidad de identidades étnicas y culturales debe ser objeto de especial protección y reconocimiento constitucional; (ii) una de las formas de materializar dicha protección se da con el derecho a la participación que le asiste a los pueblos interesados, cuando se va a tomar una medida legislativa o administrativa que los pueda afectar de forma directa; y (iii) las comunidades afrodescendientes también son consideradas grupos étnicos.

 

La obligación del Estado de realizar consulta previa a las comunidades étnicas con respecto a las medidas legislativas que las pueden afectar directamente.

 

10.- La sentencia C-030 de 2008[34], que examinó una demanda contra la Ley 1021 de 2006[35], estableció que, de acuerdo con las disposiciones constitucionales e internacionales que regulan el derecho a la consulta previa, es obligación de los Estados realizar dicho procedimiento a las comunidades étnicas, cuando la Ley contenga disposiciones susceptibles de afectar directamente a los destinatarios, independientemente de que el efecto se considere positivo o negativo.

 

Dicha providencia fue reiterada por la sentencia C-702 de 2010[36], que analizó si una reforma constitucional debía someterse a consulta previa. Dicho fallo indicó que toda medida legislativa que afectara de forma directa a una comunidad étnica, debía pasar por dicho procedimiento cubriendo no solamente leyes en sentido estricto, también los decretos y actos legislativos que afecten de manera directa a los destinatarios de la medida.

 

En el mismo sentido, la sentencia C-366 de 2011[37], indicó que existen varias reglas de la jurisprudencia constitucional para identificar las medidas legislativas y administrativas que se deben someter al proceso de consulta previa.

 

La primera regla hace referencia a toda medida que afecte directamente a las comunidades étnicas, lo que excluye de dicho procedimiento a las políticas que se dirigen a toda la población de forma general. A pesar de que la Corte ha indicado que el grado de afectación se debe analizar en cada caso concreto, existe un patrón común que se refiere a la incidencia de la medida en la confirmación de la identidad de la comunidad. Con fundamento en lo anterior, el fallo indicó que temas relacionados con el territorio y la explotación de los recursos naturales, en las zonas donde se encuentran asentados los pueblos étnicos, deben ser sometidas al proceso de consulta previa. Lo anterior, bajo el entendido de que la comunidad tiene una relación con la materia objeto de consulta.

 

Asimismo, la providencia anteriormente citada estableció que todo lo referido a la delimitación, conformación y cualquier relación con las demás entidades locales de las unidades territoriales de los pueblos étnicos, y los asuntos del gobierno de los territorios donde habitan debe someterse al proceso de consulta previa. En efecto, la Constitución Política[38] prevé la protección de la integridad cultural, social y económica de los pueblos étnicos en el Estado colombiano, lo que implica que las decisiones gubernamentales deben contar con la participación de los representantes de las respectivas comunidades.

 

11.- En esta ocasión, la Corte reitera las reglas jurisprudenciales establecidas en los fallos anteriormente referidos, en las que establece que (i) toda medida legislativa o administrativa que afecte de forma directa a las comunidades étnicas que se encuentran en el territorio nacional, debe someterse al proceso de consulta previa y, (ii) las materias concernientes a la confirmación de la entidad de dichas comunidades, tales como su territorio, la explotación de recursos naturales y los temas relacionados con las entidades locales de las unidades territoriales de dichos pueblos, también deben someterse a dicho proceso.

 

El derecho fundamental a la consulta previa de las leyes aprobatorias de tratados internacionales

 

12.- Este Tribunal se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre el ejercicio del derecho a la consulta previa de leyes aprobatorias de tratados internacionales ratificados por el Estado Colombiano.

 

La sentencia C-750 de 2008[39], que examinó la constitucionalidad de la Ley Aprobatoria del “Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América´, sus ´cartas adjuntas´ y sus ´entendimientos´”[40], señaló que toda medida legislativa o administrativa que afectara de forma directa a una población étnica, debe someterse a la consulta previa, como consecuencia del derecho que le asiste a dicha comunidad a decidir sobre sus prioridades en su desarrollo y preservación cultural.

 

En esa oportunidad, la Corte consideró que, prima facie, el acuerdo no afectaba de forma directa los derechos de los pueblos indígenas y por consiguiente no era necesario adelantar el proceso de consulta previa. No obstante, indicó que si las medidas de orden legislativo y administrativo que se expidieran en desarrollo del tratado afectaban de forma directa a alguna comunidad étnica, debía realizase dicho procedimiento.

 

Posteriormente, la sentencia C-615 de 2009[41], que estudió la Ley 1214 de 2008 mediante la cual se aprobó el “Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela”, afirmó que cuando el instrumento internacional afecta de forma directa a las comunidades étnicas, se debía llevar a cabo el procedimiento de consulta previa, antes de que el Presidente de la República someta el tratado ante el Congreso de la República para su aprobación. Lo anterior, debido a que ni la Constitución Política ni la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados o el Convenio 169 de la OIT, establecen un momento específico para estos casos.

 

Con fundamento en lo anterior, en esa ocasión esta Corporación afirmó que la eficacia de la consulta a las comunidades, depende de si el proceso se realiza antes de que el Presidente de la República presente el tratado para la aprobación del órgano Legislativo durante las negociaciones del instrumento internacional a través de mesas de trabajo, o cuando las partes hayan aprobado y firmado el texto final, lo que podría llevar a su renegociación. En esa oportunidad, se consideró que el tratado objeto de estudio generaba un impacto importante a los pueblos teniendo en cuenta que disponía la realización de planes conjuntos entre las comunidades Wayúu colombianas y venezolanas. En consecuencia, se declaró la inexequibilidad de la norma, debido a que se había omitido realizar el proceso de consulta previa a las comunidades Wayúu antes de la presentación de la Ley al Congreso de la República.

 

Posteriormente la sentencia C-915 de 2010[42], que adelantó el control previo de constitucionalidad de la Ley 1360 de 2009, mediante la cual se aprobó el Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la Republica de Colombia, el “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009 por medio del cual se corrigieron los errores técnicos y materiales del Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la República de Colombia”, manifestó que de la revisión del tratado, se evidenciaba que el texto estaba dirigido a la generalidad de los colombianos, toda vez que su objeto no era expedir una regulación especial dirigida a las comunidades étnicas como si pasaba en el “Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela”.

 

En el mismo sentido, esta Corporación indicó que en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, los Estados reconocieron y adquirieron obligaciones reciprocas para la protección ambiental y el desarrollo sostenible, no solo en los territorios de las comunidades étnicas, sino en la totalidad del territorio nacional. En consecuencia, concluyó que la Ley objeto de estudio no constituía una medida legislativa que afectara de forma directa a las comunidades étnicas y por consiguiente no era necesario realizar el proceso de consulta previa.

 

13.- Dentro de su jurisprudencia, este Tribunal se ha pronunciado sobre la afectación directa de las comunidades étnicas frente a tratados internacionales de creación de zonas de libre comercio. En efecto, la sentencia C-941 de 2010[43], que examinó la constitucionalidad de la Ley No. 1372 de 2010, mediante la cual se aprobaron los Acuerdos de libre comercio (acuerdo principal y acuerdos complementarios) entre la República de Colombia y los Estados AELC (Asociación Europea de Libre Comercio)[44], manifestó que no es necesario realizar el proceso de consulta previa respecto de este tipo de tratados debido a que sus disposiciones no afectan de forma directa el territorio de las comunidades étnicas ni ocasionan algún deterioro a la integridad cultural, económica o social de dichos grupos.

 

Adicionalmente, señaló que las disposiciones del tratado objeto de estudio en esa oportunidad, partían de un marco general y abstracto que involucraba a la totalidad de la población colombiana, sin que se incluyeran normas que afectaran de forma directa a los grupos étnicos con imposición de restricciones, gravámenes, o beneficios. En consecuencia la Corte no consideró que fuera necesario realizar la consulta previa para la aprobación de dichos acuerdos. No obstante, se resaltó que esto no significaba que las medias legislativas y administrativas que se expidieran en desarrollo y aplicación de los instrumentos internacionales, estuvieran exentas de someterse a dicho procedimiento cuando afecten de manera directa a una comunidad étnica.

 

Posteriormente, la sentencia C-196 de 2012[45], que estudió la constitucionalidad del “Convenio Internacional de Maderas Tropicales”, aprobado por la Ley 1458 de 2011, señaló que dicho tratado era la respuesta de la comunidad internacional a la tala ilegal de árboles y a la deforestación y que estas actividades sí constituían un riesgo para las comunidades étnicas y su cultura, sin embargo dicho acuerdo no les imponía un modelo extractivo de desarrollo, sino un control a dicha actividad sobre la base de consideraciones de sostenibilidad ambiental.

 

Con fundamento en lo anterior, este Tribunal concluyó que el tratado en sí mismo, no consagraba ninguna medida que afectara de forma directa a los grupos étnicos, pero bajo un criterio contextual y sistemático de interpretación acorde con la Constitución Política, esta Corporación consideró que en el desarrollo de las actividades de la organización internacional creada con dicho tratado, se implementarían medidas que podrían llegar a afectar a indígenas y afrodescendientes, y por tanto tendrían que someterse al procedimiento de consulta previa.

 

14.- La Sala reitera las reglas jurisprudenciales sobre el ejercicio del derecho a la consulta previa frente a tratados internacionales, que establecen que (i) las leyes aprobatorias de tratados deben ser objeto de consulta previa cuando el texto afecte de forma directa a las comunidades étnicas; (ii) las medidas legislativas o administrativas que se adopten en el desarrollo del tratado que involucren directamente a una población étnica, deben someterse al proceso de consulta antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República; y (iii) prima facie no es necesario someter el instrumento internacional a dicho procedimiento, si éste se refiere a creación de zonas de libre comercio, sin embargo se debe hacer consulta cuando las medidas que se tomen en desarrollo del tratado afecten de forma directa a una comunidad étnica.

 

C.- Aprobación presidencial y orden de someterlo a consideración del Congreso de la República (art. 189 No. 2 C.P.).

 

Fase legislativa

 

D.- Presentación del proyecto de ley aprobatoria ante el Senado de la República por parte del Gobierno (art. 154 C.P.).

 

E.- Publicación oficial del proyecto de ley aprobatoria (art. 156 Ley 5ª de 1992)

 

F.- Inicio del trámite legislativo en la comisión correspondiente del Senado de la República (art. 154 C.P.) y alteraciones por la existencia de un mensaje de urgencia

 

15.- La sentencia C-225 de 2014 retoma la jurisprudencia sobre la materia y hace un listado de los efectos de la presentación del mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional frente a un proyecto de ley:

 

a.- la cámara en la cual se encuentre la iniciativa deberá decidir sobre la misma dentro de un plazo de 30 días[46].

b.- si el Presidente de la República o sus ministros insistieren en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, sea o no de naturaleza legislativa, hasta tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él[47].

c.- si el proyecto se encuentra al estudio de una comisión permanente, a solicitud del Gobierno Nacional, ésta podrá deliberar conjuntamente con la correspondiente comisión de la otra cámara, con el propósito de darle primer debate a la iniciativa[48].

 

16.- Adicionalmente y por vía de interpretación, esta Corte ha señalado varias reglas que tienen aplicación al momento de examinar la validez constitucional del uso de la figura del mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional:

 

“Aun cuando la Constitución Política exige que los proyectos de ley sobre relaciones internacionales inicien su trámite en el Senado de la República (CP art. 154), entre ellos, los concernientes a las leyes aprobatorias de tratados o convenios que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional, no se desconoce este principio de prevalencia de una de las cámaras, cuando como resultado del debate conjunto de las comisiones de Senado y Cámara en primer debate, con ocasión de un mensaje de urgencia, con posterioridad se aprueba la iniciativa en primer lugar en la plenaria de la Cámara de Representantes y luego en la plenaria del Senado de la República, o cuando dicha aprobación en segundo debate ocurre de forma simultánea en ambas plenarias.  

 

Para la Corte, la solicitud de trámite de urgencia y de la deliberación conjunta de las comisiones en primer debate, altera el rito ordinario de aprobación de las leyes (…) este Tribunal ha entendido que la citada exigencia se cumple, “si el proyecto se presenta en esa cámara”[49], ya que al final de cuentas el diseño bicameral del Congreso de la República, no le otorga prevalencia funcional a ninguna de las cámaras sobre la otra[50].  

 

Adicionalmente, la exigencia constitucional que determina la prevalencia de una de las cámaras sobre la otra, circunscribe su alcance al concepto de iniciación del trámite, y no a que éste sea integralmente terminado. (…) De ahí que, es claro que la Constitución únicamente ordena que el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados o convenios internacionales debe iniciar por el Senado, lo que no excluye que a partir de la existencia de un mensaje de urgencia, el proyecto sea debatido y aprobado de forma simultánea en ambas plenarias, o de forma anticipada en la Cámara de Representantes.”

 

17.- Como consecuencia de la deliberación conjunta en comisiones constitucionales permanentes, los cuatro debates que tradicionalmente deben celebrarse quedan reducidos a tres. Por esta razón, no es imperativo que medien los 15 días que se exigen entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, como lo dispone el inciso 1° del artículo 160 del Texto Superior (C-562 de 1997)

 

18.- Por otra parte, la declaratoria de urgencia produce como uno de sus efectos, el llamado a que la respectiva cámara decida sobre la iniciativa dentro de un plazo de 30 días. Con todo, de forma reiterada esta Corporación ha entendido que el incumplimiento de dicho término no constituye un vicio que tenga la virtualidad de afectar la validez de la norma sometida a control[51]

 

19.- Una vez presentada la declaratoria de urgencia por parte del Gobierno Nacional, es obligación de las Mesas Directivas de ambas cámaras, disponer la celebración de las sesiones conjuntas de las comisiones constitucionales permanentes que resulten competentes[52], a través de la expedición de una resolución (artículo 41.5 de la Ley 5ª de 1992).

 

G.- Publicación de la ponencia para debate en comisión y plenaria (art. 157 y 185 Ley 5ª de 1992)

 

H.- Anuncio previo de votación (art. 160 C.P. adicionado por el art. 8 Acto Legislativo 03 de 2003)

 

20.- Sobre este requisito, la Corte ha definido el objetivo del anuncio previo de los proyectos de ley, a partir de la estrecha relación con la eficacia del principio democrático. En ese sentido, lo que se pretende con esta exigencia constitucional es que los congresistas conozcan con la suficiente antelación el momento en que las iniciativas se someterían a consideración de las cámaras, sin que sean sorprendidos por votaciones inesperadas. Es una condición de racionalidad mínima del trabajo legislativo y de trasparencia en el proceso de creación legal[53].

 

21.- Las subreglas jurisprudenciales[54] para analizar el cumplimiento del anuncio previo como requisito son:

 

(i)                No exige el uso de fórmulas sacramentales: No requiere expresiones lingüísticas determinadas, lo importante es que tengan la entidad suficiente para transmitir inequívocamente la intención de someter a votación un determinado proyecto. La Corte ha aceptado el uso de expresiones como “anunciar”, “discutirán” y “aprobarán”.

(ii)             Exige la determinación de la sesión futura en que tendrá lugar la votación del proyecto, pues, de lo contrario, el anuncio será indeterminado o indeterminable, lo que no cumple con el requerimiento constitucional: si bien la exigencia de la norma superior parte de que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, no es necesario indicar la fecha exacta en que habrá de realizarse la votación siempre que sea determinable. Esta Corporación ha avalado expresiones como: “próximo martes”, “próxima sesión”, “próxima semana”, “siguiente sesión” y “día de mañana”.

(iii)           Continuación de la cadena de anuncios por aplazamiento de la votación. Sin embargo ante su ruptura, no existe vicio de procedimiento cuando el proyecto hubiere sido anunciado para debate en sesión anterior a la aprobación: frente al aplazamiento indefinido de la votación debe continuarse la sucesión de anuncios a fin de evitar el rompimiento de la secuencia temporal del aviso. Sin embargo, no se desconoce la exigencia constitucional cuando a pesar de presentarse dicha ruptura, existió claridad de que se realizaría el debate en la sesión en que efectivamente se debatió y aprobó el proyecto de ley.

(iv)            Se cumple con el requisito de anuncio previo del debate cuando a pesar de no efectuarse la votación en la fecha prevista, finalmente ésta se realiza en la primera ocasión en que vuelve a sesionarse, lo cual puede corroborarse atendiendo el orden sucesivo de las actas de comisión o plenaria de cada corporación legislativa[55].

 

I.- Votación. Exigencias de quorum y mayorías (art. 145 y 146 C.P.)

 

22.- El quórum deliberatorio será de una cuarta parte de los miembros del Congreso en pleno, Cámara o Comisión. El quórum decisorio exige la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva Corporación. En relación con la toma de decisión, se requerirá la mayoría de votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial.

 

J.- Requisito temporal

 

23.- Sólo hay un requerimiento de ese tipo en el caso de sesiones conjuntas generadas por un mensaje de urgencia del Gobierno: que entre el primer y segundo debate, medie un lapso no inferior a ocho días (art. 160 C.P.) Además, el trámite del proyecto de ley aprobatoria no podrá exceder de 2 legislaturas (art. 162 C.P.)

 

Fase posterior a la legislativa

 

K.- Sanción Presidencial y remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los 6 días siguientes (art. 241–10 CP).

 

Aplicación de las reglas jurisprudenciales para la revisión material de constitucionalidad del Acuerdo internacional y de su ley aprobatoria, en el caso concreto

 

24.- La revisión material se realiza con la confrontación de las disposiciones del texto del acuerdo internacional y el de su ley aprobatoria, con las disposiciones constitucionales, para determinar si se ajustan o no al Ordenamiento Superior.

 

Establecido el marco de análisis, esta Corporación asume la revisión integral de la Ley 1747 de 2014 “Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea", firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”.

 

Revisión formal de constitucionalidad de la Ley 1747 del 26 de diciembre de 2014

 

Fase previa gubernamental

 

25.- El "Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea", fue suscrito en Seúl el 21 de febrero de 2013 y la representación del Estado colombiano fue ejercida por el entonces Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados Guida, a quien el Gobierno Nacional otorgó plenos poderes[56].

 

Lo anterior permite concluir a esta Corporación que la representación del Estado fue válida, de conformidad con el literal a), numeral 1º, del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

 

No era obligatorio adelantar consulta previa en el trámite de la Ley 1747 de 2014 “Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea", firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”

 

Como fue visto previamente, las subreglas que la Corte ha asumido en reiterada jurisprudencia sobre el derecho a la consulta previa en general, y sobre su aplicación en los tratados internacionales en particular, pueden ser resumidas de la siguiente forma:

 

(i)                la diversidad de identidades étnicas y culturales es materia de especial protección y reconocimiento constitucional;

(ii)             estas cláusulas protegen tanto a comunidades indígenas como afrodescendientes;

(iii)           una de las formas de materializar dicha protección se da con el derecho a la participación que le asiste a los pueblos interesados, cuando se va a tomar una medida legislativa o administrativa que los pueda afectar de forma directa, incluidas las leyes aprobatorias de tratados internacionales;

(iv)           algunos criterios generales para determinar la afectación directa pueden encontrarse en las materias concernientes a la confirmación de la entidad de dichas comunidades, por ejemplo: la definición o alteración de su territorio, la explotación de recursos naturales y los temas relacionados con las entidades locales de las unidades territoriales de dichos pueblos;

(v)             en el caso de tratados internacionales en los que sea obligatorio adelantar la consulta previa, la ley aprobatoria debe someterse al proceso antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República;

(vi)           prima facie no es necesario someter un instrumento internacional de creación de zonas de libre comercio al procedimiento de consulta previa, sin embargo, es obligatorio adelantar la consulta cuando las medidas que se tomen en desarrollo del tratado afecten de forma directa a una comunidad étnica;

(vii)        cuando se trate de medidas legislativas o administrativas que se adopten como consecuencia de la aprobación de un tratado internacional, la pertinencia de la consulta previa deberá analizarse en cada ocasión y, si reúne las características que la hagan obligatoria, deberá llevarse a cabo antes de la aprobación de la medida legislativa o administrativa.

 

La Corte encuentra que, en este caso, no era obligatorio adelantar el proceso de consulta previa por las siguientes razones. En primer lugar, se trata de una ley aprobatoria de un tratado de libre comercio, por lo tanto, en principio, no es necesario adelantar ese procedimiento. En segundo lugar, visto el contenido material del tratado, es claro que no se refiere de manera directa y expresa a aquellos elementos que, prima facie, deben ser protegidos a través de la consulta. En efecto, el tratado no pretende redefinir o alterar el territorio de comunidades indígenas o afrodescendientes, no se refiere a la explotación de recursos naturales en territorios determinados donde habiten estas comunidades y tampoco se refiere a temas relacionados con las entidades locales de las unidades territoriales de dichos pueblos.

 

Con todo, la Sala reitera, que este análisis no se extiende a las medidas legislativas o administrativas que se adopten para implementar el "Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea", en esos casos deberá estudiarse la pertinencia de la consulta previa en cada ocasión en que se expida un cuerpo normativo y, si las materias reguladas reúnen las características que hacen obligatoria la consulta, ésta deberá llevarse a cabo antes de la aprobación de la medida legislativa o administrativa, de lo contrario quedaría viciada de inconstitucionalidad.

 

Aprobación Presidencial y orden de someter el tratado a consideración del Congreso de la República

 

26.- El 1º de septiembre de 2014, el Presidente de la República aprobó el "Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea" y ordenó someterlo a consideración del Congreso de la República[57], por lo que se cumplió con la obligación contenida en el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, que establece como una de sus funciones la celebración de tratados internacionales y el deber de someterlos a la aprobación del Congreso.

 

Fase legislativa

 

Presentación y publicación del proyecto de ley aprobatoria ante el Senado de la República por parte del Gobierno, e iniciación del trámite en la comisión correspondiente

 

27.- Las Viceministra de Relaciones Exteriores -encargada de las funciones del despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores- y la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, doctoras Patti Londoño Jaramillo y Cecilia Álvarez-Correa Glen, respectivamente, presentaron el 11 de septiembre de 2014, en la Secretaría General del Senado de la República, el proyecto de ley “Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea", firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”, que fue radicado bajo el número 87/2014[58]. La publicación del proyecto de ley aprobatoria junto con su exposición de motivos, se realizó en la Gaceta del Congreso número 505 del 17 de septiembre de 2014[59].

 

De esta manera se cumplieron los requisitos de: i) iniciación del trámite en el Senado de la República por tratarse de relaciones internacionales; y ii) publicación del proyecto previa a la iniciación del trámite legislativo en la Comisión Segunda de esa Corporación, que como se verá a continuación, fue anunciado para primer debate el 2 de diciembre de 2014[60].

 

Inicio del trámite legislativo en la comisión constitucional competente y presentación del mensaje de urgencia

 

28.- El 26 de noviembre de 2014, se radicó mensaje de urgencia al proyecto de ley[61], el cual fue debidamente autorizado según Resolución número 123 del 27 de noviembre de 2014 en el Senado de la Republica[62], y Resolución número 3104 del 26 de noviembre de 2014, en la Cámara de Representantes.[63] El proyecto recibió el número de radicación 182 de 2014 en la Honorable Cámara de Representantes.

 

29.- En el presente asunto, además de invocar el mensaje de urgencia, el Gobierno Nacional requirió la deliberación conjunta de las comisiones permanentes de ambas cámaras en primer debate[64]. Dicha circunstancia, como ya se expuso, no implica una afectación del principio de prevalencia en el trámite del proyecto de ley de la referencia (CP art. 154), en el entendido que el mismo se presentó inicialmente en el Senado de la República, el día 11 de septiembre de 2014[65], más allá de que, como se verá más adelante, la aprobación en las plenarias de ambas cámaras tuvo lugar el mismo día, esto es, el 3 de diciembre del año en cita.

 

No existe ningún impedimento constitucional para que, como consecuencia de un mensaje de urgencia y de la solicitud del Gobierno Nacional, un proyecto de ley dirigido a aprobar un tratado internacional, pueda ser debatido en sesión conjunta de las comisiones permanentes de las cámaras. En efecto, el artículo 163 de la Constitución Política autoriza el mensaje de urgencia “para cualquier proyecto de ley”, lo cual incluye –entre otros– a los proyectos aprobatorios de tratados y convenios internacionales.

 

En este caso, no se verificará el término previsto para el tránsito de un proyecto de ley entre corporaciones, por lo que restringirá el control al lapso de ocho días que debe mediar entre el primero y el segundo debate en cada cámara (CP art. 160.1).

 

30.- En el asunto sub-judice, el proyecto de la referencia se envió para su trámite a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, el día 11 de septiembre de 2014, teniendo en cuenta las reglas de competencias previstas en el artículo 3 de la Ley 3ª de 1992[66]. Una vez el Gobierno Nacional solicitó al Congreso darle el trámite de urgencia, se autorizó la celebración de sesiones conjuntas según Resoluciones número 123 del 27 de noviembre de 2014 en el Senado de la Republica[67], y 3104 del 26 de noviembre de 2014, en la Cámara de Representantes.[68]

 

De este modo, en criterio de la Sala Plena de esta Corporación, se dio estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 163 del Texto Superior y 41.5, 169.2 y 191 de la Ley 5ª de 1992. En consecuencia, no existe reparo alguno de constitucionalidad a la realización de sesiones conjuntas, conforme a lo expuesto anteriormente.

 

Publicación de la ponencia para debate en comisión

 

31.- La publicación de la ponencia favorable para primer debate en sesión conjunta se realizó en la Gaceta del Congreso número 779 del 1º de diciembre de 2014[69], en cumplimiento del artículo 157 de la Ley 5ª de 1992.[70]

Anuncios previos a la votación

 

32.- La cadena de anuncios previos del proyecto de ley para su aprobación en primer debate en sesión conjunta ante las Comisiones Segundas del Senado y la Cámara de Representantes, se desarrolló de la siguiente manera:

 

Gaceta

Acta

Anuncio previo

Fecha de sesión del anuncio

Forma del anuncio

Próxima sesión

50, del 19 de febrero de 2015

18

02 de diciembre de 2014

Pg 3 SENADO El señor Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, por instrucciones del señor Presidente de la Comisión y con ocasión del mensaje de urgencia radicado por el Gobierno Nacional y la decisión del señor Presidente de convocar para las Sesiones Conjuntas Segundas del Senado y la Cámara, me permito anunciar los proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión: (…)

2.Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013. (…)

Le informo señor Presidente que han sido anunciados los dos proyectos de ley para discusión y votación en las sesiones conjuntas de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara.

Miércoles 3 de diciembre de 2014.

134, del 24 de marzo de 2015

19

2 de diciembre de 2014

CÁMARA

Hace uso de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:

Anuncio de proyectos de ley en sesión de comisión del día 2 de diciembre de 2014 para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto legislativo 01 de 2003, para ser discutidos y votados en sesión de Comisiones Conjuntas, el día miércoles 3 de diciembre de 2014.

Primero, Proyecto de ley número 182 de 2014 Cámara, 087 de 2014 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl el 21 de febrero de 2013, publicación de la Ponencia para primer debate Gaceta 780 de 2014.

Miércoles 3 de diciembre de 2014.

 

33.- Considera la Sala que el requisito del anuncio previo del debate del proyecto de ley, según lo exige el artículo 160 de la Constitución Política, fue cumplido en esta primera etapa. En efecto, para anunciar con la debida antelación el debate del proyecto de ley se usó la expresión “Próxima sesión”, en el caso de la Comisión del Senado y se dio una fecha cierta en el caso de la Cámara. No fueron hechos más anuncios, pues la ponencia se aprobó al día 3 de diciembre de 2014.

 

Votación

 

34.- La aprobación del proyecto de Ley en primer debate conjunto se realizó el día en que fue anunciada la discusión y la aprobación. Inicialmente, hubo quórum deliberatorio en la Comisión del Senado y decisorio en la de la Cámara[71].

 

“Le informo, señor Presidente, han contestado a lista cinco (5) honorables Senadores en la Comisión Segunda del Senado. En consecuencia, se registra quórum para deliberar.

El Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara, doctor Benjamín Niño Flórez:

Le informo al señor Presidente que en la Comisión Segunda de la Cámara han contestado a lista nueve (9) honorables Representantes; por lo tanto, tenemos quórum decisorio en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

El Presidente de la Sesión Conjunta, Senador Jimmy Chamorro Cruz, informa:

Hay quórum deliberatorio en la Comisión Segunda del Senado y quórum decisorio en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Señor Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día:

(…)

Durante el transcurso de la sesión se hacen presentes los honorables Senadores

Jaime Enrique Durán Barrera

Ana Mercedes Gómez Martínez

Paola Holguín Moreno

Óscar Mauricio Lizcano Arango

José David Name Cardozo

Nidia Marcela Osorio Salgado

Thania Vega de Plazas, y

Luis Fernando Velasco Chávez.

Durante el transcurso de la Sesión se hacen presentes los honorables Representantes

Ana Paola Agudelo García

Federico Eduardo Hoyos Salazar

Aída Merlano Rebolledo

José Luis Pérez Oyuela

Efraín Antonio Torres Monsalvo

Alirio Uribe Muñoz, y

Luis Fernando Urrego Carvajal.

(…)”[72]

 

La forma de votación fue ordinaria nominal y pública[73], regla general para la adopción de decisiones en el Congreso de la República[74]. El articulado fue votado así: 12 senadores por el sí y 1 por el no, 13 representantes sí y 1 por el no. Sobre la aprobación del título y la moción de dar segundo debate al proyecto de ley, 12 senadores votaron por el sí y 1 por el no, mientras que 13 representantes votaron por el sí. De esta manera se surtió la aprobación en comisiones conjuntas, tal como puede verse a continuación, en la Gaceta del Congreso 51 de 2015:

 

 “El Presidente de la Sesión Conjunta, Senador Jimmy Chamorro Cruz, informa:

Entonces someto a consideración el articulado del proyecto leído por el señor Secretario, junto con el articulado del Acuerdo el cual es anexo al Acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea. Señor Secretario, sírvase llamar a lista, el señor coordinador de ponentes solicita que se vote SÍ.

El Secretario de la Comisión Segunda del Senado, doctor Diego Alejandro González González, procede para el articulado, honorables Senadores de la Comisión Segunda:

Avirama Avirama Marco Aníbal.     Sí

Cepeda Castro Iván.      No

Chamorro Cruz William Jimmy.      

Durán Barrera Jaime Enrique.         Sí

Galán Pachón Carlos Fernando.     Sí

García Romero Teresita.         Sí

Gómez Martínez Ana Mercedes.       Sí

Holguín Moreno Paola Andrea.       Sí

Lizcano Arango Óscar Mauricio.     Sí

Name Cardozo José David.     Sí

Osorio Salgado Nidia Marcela.      

Vega de Plazas Thania. Sí

Velasco Chávez Luis Fernando.       Sí

Le informo señor Presidente, han votado por el SÍ doce (12) honorables Senadores, por el NO un (1) honorable Senador, en consecuencia ha sido aprobado el articulado del proyecto de ley.

El señor Presidente de la Comisión, Senador Jimmy Chamorro Cruz, señor Secretario de la Cámara, sírvase llamar a lista para votación del articulado.

El Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, doctor Benjamín Niño Flórez, procedo con el llamado a lista para la votación articulado del proyecto de ley en Cámara de Representantes.

Agudelo García Ana Paola

Barreto Castillo Miguel Ángel Sí

Cabello Flores Tatiana

Deluque Zuleta Alfredo Rafael         Sí

Durán Carrillo Antenor   Sí

Hoyos Sa lazar Federico Eduardo   Sí

Merlano Rebolledo Aída  Sí

Mesa Betancur José Ignacio

Mizger Pacheco José Carlos   Sí

Orjuela Gómez Pedro Jesús    Sí

Pérez Oyuela José Luis    Sí

Suárez Melo Leopoldo     Sí

Torres Monsalvo Efraín Antonio      Sí

Triana Vargas María Eugenia         Sí

Uribe Muñoz Alirio          No

Urrego Carvajal Luis Fernando       Sí

Yépez Martínez Jaime Armando       Sí

Señor Presidente le informo que en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, votaron 14 honorables Representantes, trece (13) por el SÍ, uno (1) por el NO, en consecuencia ha sido aprobado el articulado como viene en la ponencia.

El señor Presidente de la Sesión Conjunta, Senador Jimmy Chamorro Cruz, queda constancia que fue votado afirmativamente el articulado tanto en Senado, como en la Cámara de las Comisiones Segundas. Lectura del título del proyecto señor Secretario, hay una proposición sustitutiva que ha sido presentada por los coordinadores ponentes tanto de Senado como de Cámara, sírvase dar lectura señor Secretario.

El Secretario de la Comisión Segunda del Senado, doctor Diego Alejandro González, informa:

Así es señor Presidente, una proposición con el propósito de que se acoja el título como fue inicialmente publicado en el proyecto y como consta en la Gaceta del Congreso número 505 del 17 de septiembre de 2014. La proposición para el título del proyecto dice así: se solicita a las honorables Comisiones Segundas de la Cámara y el Senado, acoger el título del Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara, el título es el siguiente: por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013.

Está leída la proposición, señor Presidente.

El Presidente de la Sesión Conjunta de las Comisiones Segundas, Senador Jimmy Chamorro Cruz, informa:

Está leída la proposición, es una proposición sustitutiva, vamos a poner en consideración el título del proyecto, en el entendido de que el título que se va a votar, es el que fue leído en este momento por el señor Secretario del Senado; vamos a preguntar si las Comisiones quieren que este proyecto de ley tenga segundo debate. Son dos preguntas, el título del proyecto y si quiere la Comisión respectiva, que este proyecto tenga segundo debate, señor secretario sírvase llamar a lista, los coordinadores de ponentes solicitan que se vote SÍ.

El señor Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, procede con el llamado a lista a los honorables Senadores de la Comisión Segunda, para la votación del título y la pregunta si las Comisiones quieren que este proyecto de ley tenga segundo debate:

Avirama Avirama Marco Aníbal.     Sí

Cepeda Castro Iván.        No

Chamorro Cruz William Jimmy.      

Durán Barrera Jaime Enrique.         Sí

Galán Pachón Carlos Fernando.     Sí

García Romero Teresita.  Sí

Gómez Martínez Ana Mercedes.       Sí

Holguín Moreno Paola Andrea.       Sí

Lizcano Arango Óscar Mauricio.     Sí

Name Cardozo José David.     Sí

Osorio Salgado Nidia Marcela.      

Vega de Plazas Thania.   Sí

Velasco Chávez Luis Fernando.       Sí

Le informo señor Presidente, han votado por el SÍ doce (12) honorables Senadores, por el NO un (1) honorable Senador, en consecuencia ha sido aprobado por parte de la Comisión Segunda del Senado, el título del proyecto y el querer de los honorables Senadores que este proyecto tenga segundo debate.

El señor Presidente de la Comisión Conjunta, Senador Jimmy Chamorro Cruz, informa:

Señor Secretario de la Cámara, sírvase llamar a lista para votar el título del proyecto como fue leído por el Secretario del Senado, al igual que preguntarle a la Comisión Segunda de la Cámara, si quiere que este proyecto de ley tenga segundo debate.

El Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, doctor Benjamín Niño Flórez:

Sí señor Presidente, llamado a lista para la votación del título y la pregunta por parte de la Cámara de Representantes, si quieren que este proyecto de ley tenga segundo debate.

Agudelo García Ana Paola

Barreto Castillo Miguel Ángel Sí

Cabello Flores Tatiana

Deluque Zuleta Alfredo Rafael.        Sí

Durán Carrillo Antenor Sí

Hoyos Salazar Federico Eduardo.   Sí

Merlano Rebolledo Aída         Sí

Mesa Betancur José Ignacio

Mizger Pacheco José Carlos   Sí

Orjuela Gómez Pedro Jesús    Sí

Pérez Oyuela José Luis  Sí

Suárez Melo Leopoldo   Sí

Torres Monsalvo Efraín Sí

Triana Vargas María Eugenia         Sí

Uribe Muñoz Alirio

Urrego Carvajal Luis Fernando       Sí

Yépez Martínez Jaime Armando       Sí

Señor Presidente, le informo que la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, ha votado trece (13) por el SÍ, por lo tanto ha sido aprobado el título y la pregunta si quiere que este proyecto de ley pase a segundo debate por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.” [75]

 

Trámite en la plenaria del Senado de la República

 

35.- La publicación del texto de ponencia favorable para segundo debate en Plenaria de Senado, se realizó en la Gaceta del Congreso número 831 de 10 de diciembre de 2014[76], en cumplimiento de los artículos 185 y 157 de la Ley 5ª de 1992.

 

36.- La cadena de anuncios previos del proyecto de ley para su aprobación en segundo debate en Plenaria de Senado, se desarrolló de la siguiente manera:

 

Gaceta

Acta

Anuncio previo

Fecha de sesión del anuncio

Forma del anuncio

Próxima sesión

372 del 4 de junio de 2015

35

10 de diciembre de 2014

Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión:

Sí señor Presidente, anuncio de proyectos para ser discutidos y votados en la siguiente sesión Plenaria a la del día miércoles 10 de diciembre de 2014 Senado de la República. (…)

Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl el 21 de febrero de 2013, publicado en la Gaceta del Congreso número 831 de 2014.

Están hechos los anuncios señor Presidente.

11 de diciembre de 2014

474 del 14 de julio de 2015

36

11 de diciembre de 2014

Anuncio de proyectos

Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

Anuncios de proyectos de Ley y de Acto Legislativo para ser discutidos y votados en la sesión plenaria siguiente la del día jueves 11 de diciembre de 2014.

Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara, por medio de la cual se aprueba el `Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea’, firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013.

Han sido leídos los anuncios pendientes de trámite, señor Presidente.

15 de diciembre de 2014

149 del 27 de marzo de 2015

37

15 de diciembre de 2014

Anuncio de proyectos

Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea’, firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013.

Anuncio de Proyectos

Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

Sí, señor Presidente. Anuncios de proyecto de ley y actos legislativos para ser considerados, discutidos y votados en la sesión Plenaria del Senado de la República siguiente a la del día 15 de diciembre de 2014. (…)

Con ponencia para segundo debate: (…)

Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea’, firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013.

16 de diciembre de 2014.

 

37.- Conforme a lo expuesto, la Sala considera que se ha cumplido con el requisito de anuncio previo del proyecto de ley, al verificarse una cadena ininterrumpida de anuncios, y el uso de expresiones “siguiente sesión” o similares, es completamente determinable y verificable con el consecutivo de actas de sesión Plenaria de Senado, hasta la sesión del 15 de diciembre de 2014, previa a la sesión del 16 de diciembre del mismo año, en la que se aprobó el proyecto de ley.

 

38.- La aprobación del proyecto de ley en la Plenaria del Senado, como se indicó previamente, se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2014. Es evidente que se realizó en un término superior a 8 días, en relación con la fecha de aprobación del texto en primer debate efectuado en Comisiones conjuntas, que tuvo lugar el 3 de diciembre de 2014, en aplicación de lo establecido en el artículo 160 de la Constitución Política.

 

39.- En materia de quórum deliberatorio y decisorio, se cumplió esta exigencia, toda vez que el debate y aprobación se efectuaron con la presencia de entre 67 y 77 senadores. La votación del proyecto se realizó de forma nominal y pública: (i) sobre la proposición positiva con que terminó el informe, hubo 58 votos a favor y 9 en contra, (ii) con respecto a la omisión de lectura del articulado y a la votación en bloque del mismo, 63 senadores votaron por el sí y 14 por el no, finalmente, sobre las modificaciones al título y a la voluntad de que el proyecto de convirtiera en Ley de la República hubo 60 votos positivos y 10 negativos. De esta forma se dio cumplimiento al requisito de votación nominal y pública contenido en los artículos 133 de la Constitución Política y 129 de la Ley 5ª de 1992. El detalle de la votación puede verse en el Acta de Plenaria 38 del 16 de diciembre de 2014 del Senado de la República, publicada en la Gaceta del Congreso 150 de 2015:

 

 “La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina la ponencia.

Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el Informe de ponencia.

La Presidencia somete a consideración de la Plenaria la proposición positiva con que termina el Informe de ponencia del Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara y, cerrada su discusión abre la votación, e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:

Por el Sí:    58

Por el No:   09

TOTAL:     67 Votos

Votación nominal a la proposición positiva con que termina el Informe de Ponencia del Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara

por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea’, firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013.

Honorables Senadores

Por el Sí

Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio

Amín Escaf Miguel

Amín Hernández Jaime Alejandro

Andrade Serrano Hernán Francisco

Araújo Rumié Fernando Nicolás

Ashton Giraldo Álvaro Antonio

Besaile Fayad Musa

Blel Scaff Nadya Georgette

Cabrales Castillo Daniel Alberto

Celis Carrillo Bernabé

Chamorro Cruz William Jimmy

Char Chaljub Arturo

Correa Borrero Susana

Cristo Bustos Andrés

Delgado Martínez Javier Mauricio

Delgado Ruiz Édinson

Duque Márquez Iván

Durán Barrera Jaime Enrique

Elías Vidal Bernardo Miguel

Enríquez Maya Carlos Eduardo

Enríquez Rosero Manuel

Fernández Alcocer Mario Alberto

Galán Pachón Carlos Fernando

García Burgos Nora María

García Romero Teresita

García Turbay Lidio Arturo

Gaviria Correa Sofía Alejandra

Gerlein Echeverría Roberto Víctor

Gómez Martínez Ana Mercedes

Guerra de la Espriella Antonio del Cristo

Henríquez Pinedo Honorio Miguel

Holguín Moreno Paola Andrea

Hoyos Giraldo Germán Darío

Lizcano Arango Oscar Mauricio

Martínez Aristizábal Maritza

Merheg Marún Juan Samy

Mora Jaramillo Manuel Guillermo

Morales Hoyos Viviane Aleyda

Name Cardozo José David

Osorio Salgado Nidia Marcela

Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando

Ramos Maya Alfredo

Rangel Suárez Alfredo

Restrepo Escobar Juan Carlos

Rodríguez Rengifo Roosvelt

Rodríguez Sarmiento Milton Arlex

Serpa Uribe Horacio

Soto Jaramillo Carlos Enrique

Suárez Mira Olga Lucía

Tamayo Tamayo Fernando Eustacio

Tovar Rey Nohora Stella

Uribe Vélez Álvaro

Valencia Laserna Paloma Susana

Varón Cotrino Germán

Vega de Plazas Ruby Thania

Velasco Chaves Luis Fernando

Villadiego Villadiego Sandra Elena

Villalba Mosquera Rodrigo

Votación nominal a la proposición positiva con que termina el Informe de Ponencia del Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara

por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y  la República de Corea¿, firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013.

Honorables Senadores

Por el No

Andrade Casamá Luis Évelis

Bustamante García Everth

López Maya Alexánder

Name Vásquez Iván Leonidas

Navarro Wolff Antonio José

Niño Avendaño Senén

Ospina Gómez Jorge Iván

Prieto Riveros Jorge Eliéser

Robledo Castillo Jorge Enrique

En consecuencia, ha sido aprobada la proposición positiva con que termina el Informe de ponencia del Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara.

Se abre segundo debate

..

La Presidencia somete a consideración de la Plenaria la omisión de la lectura del articulado, y cierra su discusión.

La Presidencia somete a consideración de la Plenaria el articulado, el bloque del articulado, del Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la Plenaria el articulado propuesto?

La Presidencia abre la votación de la omisión de la lectura del articulado y el articulado en bloque, del Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara, e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:

Por el Sí:    63

Por el No:   14

TOTAL:     77 Votos

Votación nominal a la omisión de la lectura del articulado, bloque del articulado del Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara

por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea’, firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013.

Honorables Senadores

Por el Sí

Acuña Díaz Laureano Augusto

Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio

Amín Escaf Miguel

Amín Hernández Jaime Alejandro

Andrade Serrano Hernán Francisco

Araújo Rumié Fernando Nicolás

Ashton Giraldo Álvaro Antonio

Besaile Fayad Musa

Blel Scaff Nadya Georgette

Cabrera Báez Ángel Custodio

Casado de López Arleth Patricia

Castañeda Serrano Orlando

Celis Carrillo Bernabé

Cepeda Sarabia Efraín José

Chamorro Cruz William Jimmy

Char Chaljub Arturo

Correa Borrero Susana

Correa Jiménez Antonio José

Delgado Martínez Javier Mauricio

Delgado Ruiz Édinson

Duque García Luis Fernando

Durán Barrera Jaime Enrique

Elías Vidal Bernardo Miguel

Enríquez Maya Carlos Eduardo

Enríquez Rosero Manuel

Fernández Alcocer Mario Alberto

Galán Pachón Carlos Fernando

García Burgos Nora María

García Romero Teresita

García Zuccardi Andrés Felipe

Gerléin Echeverría Roberto Víctor

Gómez Martínez Ana Mercedes

Guerra de la Espriella Antonio del Cristo

Guerra de la Espriella María del Rosario

Guerra Sotto Julio Miguel

Henríquez Pinedo Honorio Miguel

Holguín Moreno Paola Andrea

Lizcano Arango Óscar Mauricio

Macías Tovar Ernesto

Martínez Aristizábal Maritza

Merheg Marún Juan Samy

Mora Jaramillo Manuel Guillermo

Name Cardozo José David

Osorio Salgado Nidia Marcela

Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando

Prieto Soto Eugenio Enrique

Ramos Maya Alfredo

Rangel Suárez Alfredo

Restrepo Escobar Juan Carlos

Rodríguez Rengifo Roosvelt

Rodríguez Sarmiento Milton Arlex

Serpa Uribe Horacio

Soto Jaramillo Carlos Enrique

Suárez Mira Olga Lucía

Tamayo Fernando Eustacio

Tovar Rey Nohora Stella

Uribe Vélez Álvaro

Valencia Laserna Paloma Susana

Varón Cotrino Germán

Vega de Plazas Ruby Thania

Velasco Chaves Luis Fernando

Villadiego Sandra Elena

Villalba Mosquera Rodrigo

Votación nominal a la omisión de la lectura del articulado, bloque del articulado del Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara

por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013.

Honorables Senadores

Por el No

Andrade Casamá Luís Évelis

Benedetti Villaneda Armando

Castilla Salazar Jesús Alberto

Cepeda Castro Iván

Hoyos Giraldo Germán Darío

López Hernández Claudia Nayibe

López Maya Alexánder

Martínez Rosales Rosmery

Morales Hoyos Viviane Aleyda

Name Vásquez Iván Leonidas

Navarro Wolff Antonio José

Niño Avendaño Senén

Ospina Gómez Jorge Iván

Prieto Riveros Jorge Eliéser

16. XII. 2014

En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado y el articulado en bloque, del Proyecto de ley 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la modificación al título del proyecto.

Por Secretaría se da lectura al título con la modificación propuesta por el honorable Senador Jaime Durán Barrera, al Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara,

por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo del Libre Comercio entre la República de Colombia y La República de Corea¿, firmado en Seúl República de Corea, el 21 de febrero de 2013.

Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la Plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título con la modificación leída?

Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea Ley de la República?

La Presidencia abre la votación del título con la modificación propuesta y que sea ley de la República, el proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara, e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:

Por el Sí:    60

Por el No:   10

TOTAL:     70 Votos

Votación nominal al título con la modificación presentada por el honorable Senador Jaime Enrique Durán Barrera y que sea Ley de la República el Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara

por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013.

Honorables Senadores

Por el Sí

Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio

Amín Escaf Miguel

Amín Hernández Jaime Alejandro

Andrade Serrano Hernán Francisco

Ashton Giraldo Álvaro Antonio

Besaile Fayad Musa

Blel Scaff Nadya Georgette

Cabrera Báez Ángel Custodio

Casado de López Arleth Patricia

Castañeda Serrano Orlando

Celis Carrillo Bernabé

Cepeda Sarabia Efraín José

Chamorro Cruz William Jimmy

Char Chaljub Arturo

Correa Borrero Susana

Correa Jiménez Antonio José

Cristo Bustos Andrés

Delgado Martínez Javier Mauricio

Duque García Luis Fernando

Duque Márquez Iván

Durán Barrera Jaime Enrique

Elías Vidal Bernardo Miguel

Enríquez Maya Carlos Eduardo

Enríquez Rosero Manuel

Fernández Alcocer Mario Alberto

Galán Pachón Carlos Fernando

García Burgos Nora María

García Romero Teresita

García Zuccardi Andrés Felipe

Gerléin Echeverría Roberto Víctor

Gómez Martínez Ana Mercedes

Guerra de la Espriella Antonio del Cristo

Henríquez Pinedo Honorio Miguel

Holguín Moreno Paola Andrea

Lizcano Arango Óscar Mauricio

Macías Tovar Ernesto

Martínez Aristizábal Maritza

Merheg Marún Juan Samy

Mora Jaramillo Manuel Guillermo

Name Cardozo José David

Osorio Salgado Nidia Marcela

Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando

Prieto Soto Eugenio Enrique

Ramos Maya Alfredo

Rangel Suárez Alfredo

Restrepo Escobar Juan Carlos

Rodríguez Rengifo Roosvelt

Rodríguez Sarmiento Milton Arlex

Serpa Uribe Horacio

Soto Jaramillo Carlos Enrique

Suárez Mira Olga Lucía

Tamayo Fernando Eustacio

Tovar Rey Nohora Stella

Uribe Vélez Álvaro

Valencia Laserna Paloma Susana

Varón Cotrino Germán

Vega de Plazas Ruby Thania

Velasco Chaves Luis Fernando

Villadiego Villadiego Sandra Elena

Villalba Mosquera Rodrigo

Votación nominal al título con la modificación presentada por el honorable Senador Jaime Enrique Durán Barrera y que sea Ley de la República, del Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara

por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013.< /p>

Honorables Senadores

Por el No

Castilla Salazar Jesús Alberto

Cepeda Castro Iván

López Maya Alexánder

Martínez Rosales Rosmery

Morales Hoyos Viviane Aleyda

Navarro Wolff Antonio José

Niño Avendaño Senén

Ospina Gómez Jorge Iván

Prieto Riveros Jorge Eliéser

Robledo Castillo Jorge Enrique

En consecuencia ha sido aprobado el título modificado y que se convierta en Ley de la República, el Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara.”

 

Trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes

 

40.- La ponencia favorable para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta del Congreso número 835 del 10 de diciembre de 2014[77].

 

41.- El proyecto de ley para su aprobación en segundo debate surtió la siguiente cadena de anuncios previos:

 

Gaceta

Acta

Anuncio previo

Fecha de sesión del anuncio

Forma del anuncio

Próxima sesión

323

044

15 de diciembre de 2014

3. Proyecto de ley número 182 de 2014 Cámara/087 de 2014 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea’, firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013.

Se anuncian los siguientes proyectos para la Sesión Plenaria del día 16 de diciembre o para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan Proyectos de Ley. (…)

Proyecto de ley número 182 de 2014 Cámara, 087 de 2014 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea’, firmado en Seúl el 21 de febrero de 2013.

Han sido anunciados los proyectos, señor Presidente, para el día de mañana.

Dirección de la Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:

Muchas gracias, señora Subsecretaria. Aprovechar la Plenaria para agradecerles a los funcionarios de la Corporación por el acompañamiento durante estos últimos días. Siendo las 11:30 de la noche y luego de 11 horas y 55 minutos de sesión, se levanta la Plenaria y se convoca para mañana, martes 16 de diciembre, a las 10:00 de la mañana. Buenas noches a todos.

16 de diciembre

 

42.- En el trámite para segundo debate en Plenaria de la Cámara del proyecto de ley, sólo hubo un anuncio previo a la aprobación, así lo evidencia la gaceta transcrita y la certificación emitida por el Secretario General de la Cámara de Representantes en la que señaló “[q]ue el Proyecto de Ley en comento fue anunciado previamente a la votación en la sesión plenaria del día 15 de diciembre de 2015 según consta en el acta No. 044, para la sesión plenaria del dìa 16 de diciembre de 2014 o cumpliendo de esta manera con lo establecido en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política.”

 

De manera que en lo que respecta al anuncio previo no existe un vicio de constitucionalidad en el procedimiento legislativo, toda vez que, la aprobación del proyecto de ley, llevada a cabo el 16 de diciembre de 2014 (acta 045 de la misma fecha), se realizó previo anuncio del mismo, según el acta número 044 de la sesión del 15 de diciembre de 2014. Esta situación resulta acorde con la exigencia constitucional del artículo 160 de la Constitución Política, dado que  se garantizó el principio de publicidad en la formación de la voluntad democrática de la Plenaria de la Cámara de Representantes, al haberse informado del debate con la debida antelación a los parlamentarios en sesión anterior y diferente a aquella en que se efectuó la aprobación del proyecto, realizada el 16 de diciembre de 2014.

 

43.- En la aprobación del proyecto en Plenaria de la Cámara de representantes, ocurrida el 16 de diciembre de 2014, medió un término superior a 8 días respecto al trámite de aprobación del proyecto de ley realizado en las Comisiones conjuntas, llevado a cabo el 3 de diciembre de 2014.

 

44.- La votación fue nominal y pública y contó con el quórum reglamentario. El secretario general de la Cámara de Representantes certificó el proceso de la siguiente forma: (i) informe con el que terminó la ponencia: 80 votos a favor y 17 en contra; (ii) el articulado contó con 92 votos positivos y 13 negativos; finalmente, (iii) el título y la pregunta sobre la voluntad de que el proyecto fuera ley de la República tuvo 98 votos favorables y 13 desfavorables.[78] El proceso de votación también puede verse en el acta 45 del 16 de diciembre de 2014, publicada en la Gaceta del Congreso 152 de 2015.  

 

“Señor secretario, se ordena abrir el registro para que la Cámara decida sobre la proposición con la que terminó el informe de la ponencia.

Subsecretaria General, doctora Yolanda Duque Naranjo:

Señores de cabina favor abrir el registro.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:

Anuncio que se va a cerrar la votación.

Subsecretaria General, doctora Yolanda Duque Naranjo:

Por favor señores de cabina el Representante.

Neftalí Santos       Vota Sí

Jefe Sección Relatoría, doctor Raúl Enrique Ávila Hernández:

Pedro Orjuela      vota Sí.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:

Anuncio que se va a cerrar la votación, honorables Representantes.

Señor secretario, se ordena cerrar el registro y anuncie por favor el resultado de la votación

Subsecretaria General, doctora Yolanda Duque Naranjo:

Por favor señores de cabina cerrar el registro y la votación es la siguiente:

Por el Sí: 78 votos electrónicos y 2 manuales para un total de 80

Por el No: 17

Ha sido aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia señor Presidente

Publicación de los registros de votación:

 (…)

Resultados de grupo:

(…) 

Resultados individuales:

Si

 

 

 

Iván Darío Agudelo Zapata

Partido Liber

 

Fabio Raúl Amín Saleme

Partido Liber

 

Jaime Enrique Serrano Pérez

Partido Liber

 

Lina María Barrera Rueda

Partido Cons

 

Diela Liliana Benavides Solarte

Partido Cons

 

Bayardo Betancourt Pérez

Partido Opci

 

Carlos Julio Bonilla Soto

Partido Liber

 

Óscar Fernando Bravo Realpe

Partido Cons

 

Jaime Buenahora Febres

Partido de la

 

Dídier Burgos Ramírez

Partido de la

 

José Edilberto Caicedo Sastoque

Partido de la

 

John Jairo Cárdenas Morán

Partido de la

 

Orlando Alfonso Clavijo Clavijo

Partido Cons

 

Eduardo Alfonso Crissien Borrero

Partido de la

 

Carlos Alberto Cuenca Chaux

Partido Cam

 

Fernando de la Peña Márquez

Partido Opci

 

Alfredo Rafael Deluque Zuleta

Partido de la

 

Atilano Alonso Giraldo Arboleda

Partido Cam

 

Jack Housni Jaller

Partido Liber

 

Carlos Abraham Jiménez López

Partido Cam

 

José Ignacio Mesa Betancour

Partido Cam

 

Alfredo Guillermo Molina Triana

Partido de la

 

Carlos Edward Osorio Aguiar

Partido de la

 

Diego Patiño Amariles

Partido Liber

 

Telésforo Pedraza Ortega

Partido Cons

 

Pedrito Tomás Pereira Caballero

Partido Cons

 

Jhon Eduardo Molina Figueredo

Partido 100

 

Crisanto Pizo Mazabuel

Partido Liber

 

León Darío Ramírez Valencia

Partido de la

 

Ciro Antonio Rodríguez Pinzón

Partido Cons

 

Jorge Enrique Rozo Rodríguez

Partido Cam

 

Heriberto Sanabria Astudillo

Partido Cons

 

Efraín Antonio Torres Monsalvo

Partido de la

 

Jaime Armando Yépez Martínez

Partido de la

 

Armando Antonio Zabaraín D’Arce

Partido Cons

 

Fabio Alonso Arroyave Botero

Partido Liber

 

Miguel Ángel Barreto Castillo

Partido Cons

 

Julián Bedoya Pulgarín

Partido Liber

 

Eduard Luis Benjumea Moreno

Partido Liber

 

María Fernanda Cabal Molina

Partido Cent

 

Carlos Alberto Cuero Valencia

Partido Cent

 

Karen Violette Cure Corcione

Partido Cam

 

Marta Cecilia Curi Osorio

Partido de la

 

Élbert Díaz Lozano

Partido de la

 

Antenor Durán Carrillo

Partido Movi

 

Nicolás A. Echeverry Alvarán

Partido Cons

 

Ricardo Flórez Rueda

Partido Opci

 

Ángel María Gaitán Pulido

Partido Liber

 

Luis Horacio Gallón Arango

Partido Cons

 

Édgar Alfonso Gómez Román

Partido Liber

 

Luciano Grisales Londoño

Partido Liber

 

José Élver Hernández Casas

Partido Cons

 

Samuel Alejandro Hoyos Mejía

Partido Cent

 

Federico E. Hoyos Salazar

Partido Cent

 

Óscar de Jesús Hurtado Pérez

Partido Liber

 

Inés Cecilia López Flórez

Partido Cons

 

Álvaro López Gil

Partido Cons

 

Franklin Lozano de la Ossa

Partido Opci

 

Luz Adriana Moreno Marmolejo

Partido de la

 

Nery Oros Ortiz

Partido de la

 

Flora Perdomo Andrade

Partido Por U

 

José Luis Pérez Oyuela

Partido Cam

 

Óscar Darío Pérez Pineda

Partido Cent

 

Sara Elena Piedrahíta Lyons

Partido de la

 

Álvaro Hernán Prada Artunduaga

Partido Cent

 

Eloy Chichi Quintero Romero

Partido Cam

 

Margarita María Restrepo Arango

Partido Cent

 

Ana María Rincón Herrera

Partido de la

 

Juan Carlos Rivera Peña

Partido Cons

 

Marco Sergio Rodríguez Merchán

Partido Liber

 

Clara Leticia Rojas González

Partido Liber

 

Mauricio Salazar Peláez

Partido Cons

 

Leopoldo Suárez Melo

Partido Liber

 

Jorge Eliécer Tamayo Marulanda

Partido de la

 

Luis Fernando Urrego Carvajal

Partido Cons

 

Santiago Valencia González

Partido Cent

 

Martha Patricia Villalba Hodwalker

Partido de la

 

Arturo Yepes Alzate

Partido Cons

No

 

 

 

Carlos Germán Navas Talero

Partido Polo

 

Ángela María Robledo Gómez

Partido Verd

 

Ana Paola Agudelo García

Partido MIR

 

Inti Raúl Asprilla Reyes

Partido Verd

 

Guillermina Bravo Montaño

Partido MIR

 

Germán B. Carlosama López

Partido Movi

 

Édgar A. Cipriano Moreno

Partido Alian

 

Víctor Javier Correa Vélez

Partido Polo

 

Carlos Eduardo Guevara Villabón

Partido MIR

 

Juan Carlos Lozada Vargas

Partido Liber

 

Angélica Lisbeth Lozano Correa

Partido Verd

 

Sandra Liliana Ortiz Nova

Partido Verd

 

Óscar Ospina Quintero

Partido Verd

 

Ana Cristina Paz Cardona

Partido Verd

 

María Eugenia Triana Vargas

Partido Opci

 

Alirio Uribe Muñoz

Partido Polo

 

Olga Lucía Velásquez Nieto

Partido Liber

No votado

 

 

 

Kelyn Johana González Duarte

Partido Liber

(…)

Registro Manual para Votaciones

Proyecto de ley número 182 de 2014

Tema a Votar: informe con el que termina la ponencia.

Sesión Plenaria: martes 16 de diciembre de 2014.

 

Nombre

Circunscripción

Partido

Votó

No

Pedro Jesús Orjuela Gómez

Arauca

Partido Liberal

X

 

Neftalí Santos Ramírez

Norte de Santander

Partido Liberal

X

 

 (…)

 

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:

Muchas gracias Representante. Anuncio que se cierra la discusión, señor Secretario abrir registro, votando Sí, se aprueba el bloque de tres artículos como vienen en la ponencia y como fueron leídos por la Secretaría, votando No, se negarían los mismos. Secretario ordene abrir el registro.

Relator Raúl Ávila Hernández:

Señores de cabina por favor abrir el registro

Pedro Orjuela vota Sí

(…)

Jefe Sección Relatoría, doctor Raúl Enrique Ávila Hernández:

Jaime Buenahora

Vota Sí

Jaime Serrano

Vota Sí

Didier Burgos

Vota Sí

José Neftalí Santos

Vota Sí

 Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:

Anuncio que se va cerrar la votación señor Secretario, cierre la votación y anuncie el resultado de la misma.

Jefe Sección Relatoría, doctor Raúl Enrique Ávila Hernández:

Se cierra el registro

Por el Sí: 88 votos electrónicos y 4 manuales para un total de 92.

Por el No: 13 votos electrónicos, 0 manuales

Señor Presidente ha sido aprobado el articulado

Publicación de los Registros de Votación:

(…)

Resultados de grupo

(…) 

Resultados individuales

Si

 

 

 

Carlos Arturo Correa Mojica

Partido de la

 

José Carlos Mizger Pacheco

Partido 100

 

Iván Darío Agudelo Zapata

Partido Liber

 

Fabio Raúl Amín Saleme

Partido Liber

 

Jair Arango Torres

Partido Cam

 

Lina María Barrera Rueda

Partido Cons

 

Diela Liliana Benavides Solarte

Partido Cons

 

Bayardo Betancourt Pérez

Partido Opci

 

Germán Alcides Blanco Álvarez

Partido Cons

 

Carlos Julio Bonilla Soto

Partido Liber

 

Óscar Fernando Bravo Realpe

Partido Cons

 

José Edilberto Caicedo Sastoque

Partido de la

 

John Jairo Cárdenas Morán

Partido de la

 

Orlando Alfonso Clavijo

Partido Cons

 

Carlos Alberto Cuenca Chaux

Partido Cam

 

Fernando de la Peña Márquez

Partido Opci

 

Alfredo Rafael Deluque Zuleta

Partido de la

 

José Bernardo Flórez Asprilla

Partido de la

 

Julio Eugenio Gallardo Archbold

Partido Movi

 

Atilano Alonso Giraldo Arboleda

Partido Cam

 

Jack Housni Jaller               

Partido Liber

 

Juan Felipe Lemos Uribe

Partido de la

 

Raymundo Elías Méndez Bechara

Partido de la

 

José Ignacio Mesa Betancour

Partido Cam

 

Alfredo Guillermo Molina Triana

Partido de la

 

Carlos Edward Osorio Aguiar

Partido de la

 

Diego Patiño Amariles

Partido Liber

 

Telésforo Pedraza Ortega

Partido Cons

 

Pedrito Tomás Pereira Caballero

Partido Cons

 

Jhon Eduardo Molina Figueredo

Partido 100

 

Crisanto Pizo Mazabuel

Partido Liber

 

León Darío Ramírez Valencia

Partido de la

 

Ciro Antonio Rodríguez Pinzón

Partido Cons

 

Jhon Jairo Roldan Avendaño

Partido Liber

 

Heriberto Sanabria Astudillo

Partido Cons

 

Efraín Antonio Torres Monsalvo

Partido de la

 

Nicolás Daniel Guerrero Montaño

Partido de la

 

Jaime Armando Yépez Martínez

Partido de la

 

Armando Antonio Zabaraín D¿ Arce

Partido Cons

 

Jorge Camilo Abril Tarache

Partido Liber

 

Miguel Ángel Barreto Castillo

Partido Cons

 

Julián Bedoya Pulgarín

Partido Liber

 

Eduard Luis Benjumea Moreno

Partido Liber

 

María Fernanda Cabal Molina

Partido Cent

 

Edgar A. Cipriano Moreno

Partido Alian

 

Nilton Córdoba Manyoma

Partido Liber

 

Wilson Córdoba Mena

Partido Cent

 

Neftalí Correa Díaz

Partido Liber

 

Carlos Alberto Cuero Valencia

Partido Cent

 

Karen Violette Cure Corcione

Partido Cam

 

Marta Cecilia Curi Osorio

Partido de la

 

Elbert Díaz Lozano

Partido de la

 

Nicolás A. Echeverry Alvarán

Partido Cons

 

Ricardo Flórez Rueda

Partido Opci

 

Ángel María Gaitán Pulido

Partido Liber

 

Luis Horacio Gallón Arango

Partido Cons

 

Pierre Eugenio García Jacquier

Partido Cent

 

Édgar Alfonso Gómez Román

Partido Liber

 

Kelyn Johana González Duarte

Partido Liber

 

Harry Giovanny González García

Partido Liber

 

Luciano Grisales Londoño

Partido Liber

 

Orlando A. Guerra de la Rosa

Partido Cons

 

Samuel Alejandro Hoyos Mejía

Partido Cent

 

Óscar de Jesús Hurtado Pérez

Partido Liber

 

Inés Cecilia López Flórez

Partido Cons

 

Álvaro López Gil

Partido Cons

 

Aida Merlano Rebolledo

Partido Cons

 

Luz Adriana Moreno Marmolejo

Partido de la

 

Nery Oros Ortiz

Partido de la

 

Flora Perdomo Andrade

Partido por u

 

José Luis Pérez Oyuela

Partido Cam

 

Óscar Darío Pérez Pineda

Partido Cent

 

Sara Elena Piedrahíta Lyons

Partido de la

 

Álvaro Hernán Prada Artunduaga

Partido Cent

 

Eloy Chichi Quintero Romero

Partido Cam

 

Margarita María Restrepo Arango

Partido Cent

 

Ana María Rincón Herrera

Partido de la

 

Juan Carlos Rivera Peña

Partido Cons

|

Mauricio Salazar Peláez

Partido Cons

 

Óscar Hernán Sánchez León

Partido Liber

 

Fernando Sierra Ramos

Partido Cent

 

Leopoldo Suárez Melo

Partido Liber

 

Jorge Eliécer Tamayo Marulanda

Partido de la

 

Luis Fernando Urrego Carvajal

Partido Cons

 

Santiago Valencia González

Partido Cent

 

Argenis Velásquez Ramírez

Partido Liber

 

Martha Patricia Villalba Hodwalker

Partido de la

 

Arturo Yepes Alzate

Partido Cons

No

 

 

 

Alejandro Carlos Chacón Camargo

Partido Liber

 

Carlos Germán Navas Talero

Partido Polo

 

Ángela María Robledo Gómez

Partido Verd

 

Ana Paola Agudelo García

Partido MIR

 

Guillermina Bravo Montaño

Partido MIR

 

Mario Alberto Castaño Pérez

Partido Liber

 

Víctor Javier Correa Vélez

Partido Polo

 

Carlos Eduardo Guevara Villabón

Partido MIR

 

Angélica Lisbeth Lozano Correa

Partido Verd

 

Óscar Ospina Quintero

Partido Verd

 

Cristóbal Rodríguez Hernández

Partido de la

 

Alirio Uribe Muñoz

Partido Polo

 

Alga Lucía Velásquez Nieto

Partido Liber

(…)

 

Registro Manual para Votaciones

Proyecto de ley número 182 de 2014

Tema a Votar: Articulado

Sesión Plenaria: martes 16 de diciembre de 2014

Nombre

Circunscripción

Partido

Votó

No

Pedro Jesús Orjuela Gómez

Arauca

Partido Liberal

X

 

Neftalí Santos Ramírez

Norte de Santander

Partido Liberal

X

 

Jaime Serrano Pérez

Magdalena

Partido Liberal

X

 

Jaime Buenahora Febres

C.E. Exterio

Partido de la U

X

 

 Nota Aclaratoria de Votación

Acta de Plenaria número 45 de la sesión plenaria del 16 de diciembre de 2014.

Proyecto de Acto Legislativo número 182 de 2014 articulado

Revisada la votación el resultado es: por el No 13, por el Sí 93, con el voto positivo del honorable Representante Didier Burgos Ramírez, que por error involuntario no fue inscrito en el registro manual de votación

(…)

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:

Gracias señor Secretario. Aprobado el articulado nos corresponde darle lectura al título que tiene una proposición de modificación, se necesita una mayoría para poder aprobar el título, les agradezco mantenerse en sus curules. Anuncie también la pregunta señor Secretario.

Jefe Sección Relatoría, doctor Raúl Enrique Ávila Hernández:

Sí señor Presidente. Entonces vamos a votar la proposición que modifica el título que dice así:

Proposición: Se solicita a la honorable Cámara de Representantes acoger el título del Proyecto de ley número 182 de 2014 Cámara 187 de 2014 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea’, firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013.

Está leído el título señor Presidente como aparece en la proposición, y también se considera la pregunta si la Plenaria desea que este proyecto de ley sea Ley de la República.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:

Gracias señor Secretario. En consideración el título modificado según la proposición que acaba de ser leída, y la pregunta si es el deseo de esta Plenaria que el proyecto se convierta en Ley de la República. Anuncio que se abre la discusión, continuamos en discusión del título y la pregunta, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada la discusión.

Se ordena abrir el registro, votando Sí, se aprueba el título y la pregunta, votando No, se negarían las mismas.

Jefe Sección Relatoría, doctor Raúl Enrique Ávila Hernández:

Se abre el registro para votar el título y la pregunta

Pedro Orjuela

Vota Sí

Edgar Gómez

Vota Sí

Carlos Correa

Vota Sí

José Caicedo

Vota Sí

Jaime Serrano

Vota Sí.

 

Secretario General doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:

Ángela María Robledo

Vota No

Angélica Lozano

Vota No

 

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:

Representantes les agradezco hacer uso del sistema biométrico, último llamado para votar.

Secretario General doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:

Didier Burgos

Vota Sí

Argenis Velásquez

Vota Sí

 

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:

Señor Secretario, se ordena cerrar el registro y anuncia el resultado de la votación.

Secretario General doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:

Se cierra el registro y la votación es de la siguiente manera:

Por el Sí: 91 votos electrónicos y 7 votos manuales, para un total de 98 votos.

Por el No: 11 votos electrónicos, 2 manuales, para un total de 13 votos por el No.

Señor Presidente ha sido aprobado el título y la pregunta.

Jefe Sección Relatoría, doctor Raúl Enrique Ávila Hernández:

Ha sido aprobado el título como fue presentado en la proposición.”

 

De la misma manera, el trámite legislativo en su conjunto, surtido ante el Congreso de la República, se efectuó en menos de 2 legislaturas, con lo que se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 162 de la Constitución Política.

 

Aspectos del trámite legislativo cuestionados por algunos intervinientes

 

45.- Varias intervenciones alegaron la configuración de vicios en el trámite legislativo de la Ley 1747 de 2014 “Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea", firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”. En particular, el representante de ACOPI consideró que es violatorio de la Constitución que las diversas células del Congreso hubieran eludido el debate a fondo del Tratado y que hubieran votado en bloque el texto del mismo sin detenerse a reflexionar sobre los contenidos y alcances del instrumento aprobado. Por otra parte, una intervención ciudadana llamó la atención sobre el trámite de los impedimentos que presentaron varios congresistas, pues alegó que él los había recusado en el trámite de la Ley –iniciado en una legislatura previa en la que no fue aprobado el proyecto de Ley- y que por eso deberían haber sido remitidos a la Comisión de Ética. Con base en estos argumentos la Corte adelantará el análisis de la inconstitucionalidad alegada. 

 

Los debates en el trámite legislativo

 

46.- El artículo 157 CP previó el agotamiento de los debates como elemento esencial del proceso de elaboración de las leyes, por tanto, no es posible que un proyecto se torne ley en ausencia de éstos. El estudio de constitucionalidad de las leyes que le compete a la Corte, debe verificar ese presupuesto, razón por la que, desde los primeros análisis de ese tipo, esta Corporación se ha ocupado de dilucidar los rasgos del debate, para así establecer cuando se tiene por cumplido o pretermitido en el trámite correspondiente.

 

47.- Teniendo en cuenta que la Constitución de 1886 también establecía que los debates eran parte del trámite legislativo, en la sentencia C-013 de 1993[79] en la que se estudió la demanda de constitucionalidad presentada en contra de  “Ley 01 de 1991 y contra los Decretos Leyes 35, 36 y 37 de 1992, dictados en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas en el artículo 37 de la Ley 01 de 1991”, la Corte se cuestionó sobre si: “¿la exigencia de dar debate a los proyectos de ley sólo se agota con su discusión activa y controversial?”.

 

Para responder ese interrogante se acudió a la definición de “debate” prevista en el Diccionario de la Real Academia Española, que corresponde, entonces[80], a “controversia sobre una cosa entre dos o más personas. Contienda, lucha o combate, y a la señalada en el Reglamento del Senado vigente para el momento de la expedición de la norma estudiada[81] que lo definía, en su artículo 159, como "[e]l sometimiento a discusión de cualquier proposición o proyecto sobre cuya adopción deba resolver el Senado. El debate empieza a abrirlo el Presidente y termina con la votación general”.

 

Con base en esas definiciones que, como se advierte de su cotejo, no eran equivalentes y, en aras de determinar el alcance del debate en el marco del proceso legislativo, dicha sentencia señaló que:

 

las palabras de la ley se entienden en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas, como principio general. La excepción a esta regla la constituyen las definiciones que el legislador haya adoptado expresamente para ciertas materias, caso en el cual, los términos se interpretarán de acuerdo con su definición legal, conforme a la preceptiva del artículo 28 del Código Civil.

Por lo anterior, en lo que respecta al trámite legislativo, la interpretación correcta de los términos "discusión y debate" es la que se ajusta a las definiciones legales establecidas por el Reglamento del Congreso y no la del sentido natural y obvio de dichas expresiones según su uso general.”

 

48.- Posteriormente, la sentencia C-222 de 1997[82], atendiendo la importancia del presupuesto referido como manifestación del principio democrático y apartándose de la determinación primigenia advirtió, con base en la acepción natural de “debate”, que:

 

“(…) a menos que todos los miembros de una comisión o cámara estén de acuerdo en todo lo relativo a determinado tema -situación bastante difícil y de remota ocurrencia tratándose de cuerpos representativos, plurales deliberantes y heterogéneos, como lo es el Congreso de la República-, es inherente al debate la exposición de ideas, criterios y conceptos diversos y hasta contrarios y la confrontación seria y respetuosa entre ellos; el examen de las distintas posibilidades y la consideración colectiva, razonada y fundada, acerca de las repercusiones que habrá de tener la decisión puesta en tela de juicio.” (Subrayado original)

 

El concepto de debate tiene unas características sustanciales como la exposición de ideas, la controversia, la discusión y, en general, la concertación entre los miembros del Congreso, fruto de un ejercicio dialéctico, en torno a la conveniencia e implicaciones del proyecto bajo consideración, noción que se aparta de la inicial que se circunscribió a la posibilidad de que el debate se diera, en consonancia con los preceptos correspondientes del Reglamento del Congreso. Luego, bajo este nuevo concepto, la sentencia previamente referida, excluyó:

 

la votación en bloque de todo un proyecto de ley o de Acto Legislativo compuesto por varios artículos, y por supuesto la votación fundada exclusivamente sobre la base de acuerdos políticos externos a la sesión misma, celebrados por grupos, partidos o coaliciones, con la pretensión de imponer una mayoría sin previo debate, atropellando los derechos de las minorías o impidiendo el uso de la palabra o la discusión a los congresistas no participantes en tales formas de concierto previo”.

 

49.- No obstante esa consideración, se retomó la tesis primigenia, pues exigencias materiales como las señaladas, que conminan al cuerpo legislativo a un determinado tipo de controversia, exposición y confrontación de argumentos resultan una invasión injustificada en la actividad del Legislador, máxime cuando el Constituyente no previó, de manera detallada, la forma en la que los debates deben surtirse. En adelante e invariablemente, la Corte ha considerado que la existencia de éstos:

 

“no significa como es obvio, que respecto de cada norma se exija intervención en pro o en contra de su contenido, ni tampoco que se exija la participación de un número grande de congresistas en la discusión formalmente abierta, pues en eso no radica la existencia del debate. Lo que si no puede eludirse en ningún caso y, con mayor razón, tratándose de una reforma constitucional, es que la Presidencia, de manera formal, abra la discusión para que, quienes a bien lo tengan, se pronuncien en el sentido que les parezca. Lo que resulta inadmisible es que se pase de manera directa de la proposición a la votación, sin que medie ni siquiera la oportunidad para discutir.”[83]

 

La noción de debate en el trámite legislativo, entendida como la posibilidad de discusión descarta una evaluación cualitativa que vuelva sobre el nivel, tiempo de discusión, número de los intervinientes, las previsiones o proyecciones respecto a la conveniencia de un proyecto de ley. Por consiguiente, la verificación que le corresponde a la Corte se centra en la determinación de que efectivamente se haya brindado la posibilidad de que éste ocurriera, siendo una potestad del cuerpo legislativo la confrontación efectiva en torno a los temas de los que se ocupa.

 

50.- En ese mismo sentido la sentencia C-1040 de 2005[84], en la que se acusó el trámite del Acto Legislativo No. 02 de 2004, entre otros, porque, para el demandante, el informe de conciliación no se debatió en plenaria del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, precisó que:

 

el debate se materializa en la garantía reconocida a los miembros del parlamento de la posibilidad de discernir, de hacer pública su opinión, de manifestar sus ideas o de expresar su desacuerdo con lo debatido. Sólo cuando esto no es posible, es decir, cuando no se brindan las condiciones para que el debate tenga lugar, la decisión que se adopte en el seno de las Cámaras no tiene validez. En lo que toca con el debate parlamentario, la legitimidad de las decisiones que tome el órgano legislativo, depende, entre otros factores, de que sus integrantes tengan la oportunidad de deliberar o debatir.”

 

Y, en concordancia con lo expuesto preliminarmente, se reiteraron las razones por las que son inviables condicionamientos sustanciales a ese presupuesto:

 

“la regulación del debate busca garantizar la oportunidad reconocida a los congresistas para intervenir en las discusiones, sin que ello incluya determinaciones acerca de su calidad ni suficiencia; es decir, sin que tales preceptivas exijan la intervención material, más o menos extensa, más o menos pertinente, de todos y cada uno de los parlamentarios, pues tal propósito, antes que desarrollar el principio democrático lo haría nugatorio, ya que convertiría el derecho a participar libremente, en un deber de debatir forzosamente, el cual no puede ser impuesto a ningún parlamentario”[85]

 

Siguiendo esa línea, la sentencia C-076 de 2012[86] insistió en que:

 

“la exigencia de debate no implica que necesariamente deban participar en la discusión las fuerzas políticas que tienen asiento en el Congreso de la República; esto más que una garantía, sería una imposición que limitaría sin justificación los derechos políticos de los miembros del Congreso. Lo que se garantiza con el debate es que los representantes de la sociedad tengan la oportunidad de participar en la construcción de las decisiones que se toman en las corporaciones legislativas. De manera que la realización del debate conlleva la obligación de que el Presidente de cada corporación, en su calidad de director de la sesión, disponga un tiempo durante el que se brinde la oportunidad a los participantes de expresar sus opiniones respecto del tema en discusión”. (Resaltado original)

 

51.- La Corte ha sido coherente con esa postura, pues a pesar de que en algunas ocasiones ha advertido la que podría considerarse insuficiencia de los debates de cara a la cuestión de la que se ocupó el Legislador, no ha tomado esa circunstancia como una elusión del requisito y por ende un vicio del trámite, respetando de ese modo la libertad parlamentaria en torno a los alcances de la discusión efectiva de los proyectos de ley. Un ejemplo de lo señalado lo constituye la sentencia C-473 de 2005[87], que analizó el trámite al proyecto de ley estatutaria número 065 de 2003 Senado, 197 de 2003 Cámara, “Por medio de la cual se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente y se dictan otras disposiciones”, en el que los congresistas decidieron pasar a votación sin discusión, oportunidad en la que se consideró:

 

“(…) que si bien en la aprobación del informe de conciliación por ambas Cámaras Legislativas no se presentó el debate que sería ideal, el trámite surtido en ellas no vulneró las reglas propias del procedimiento parlamentario. En las dos Plenarias los congresistas aceptaron pasar a la votación sin solicitar que se diera un debate sobre el proyecto. La Presidencia no conminó a nadie a votar, sino que avanzó rápidamente, según el deseo de los integrantes de cada Cámara. En ello influyó muy probablemente que el articulado ya había sido considerado a profundidad en los anteriores debates y que los congresistas compartían las propuestas contenidas en el informe de mediación.”

 

De lo expuesto se concluye que la exigencia de un debate suficiente se tiene cumplida con la apertura del escenario correspondiente para la discusión y el estudio colectivo en el seno del Congreso. En concordancia con esa consideración  “[l]a Corte no encuentra que el hecho de que una disposición haya sido sometida a debate dentro de una comisión o cámara legislativa, y ésta lo haya aprobado sin discusión, origine un vicio de inconstitucionalidad por elusión del debate parlamentario”[88].

 

El debate político del Tratado de Libre Comercio celebrado con la República de Corea durante el trámite legislativo

 

52.- Durante el trámite legislativo de la ley aprobatoria del Tratado de Libre Comercio celebrado con la República de Corea se adelantaron múltiples debates sobre la conveniencia del Tratado.

 

En la discusión que se llevó a cabo en la sesión conjunta de las comisiones constitucionales permanentes de Senado y Cámara se presentaron las diferentes posturas de los partidos políticos frente al acuerdo comercial, tal y como da cuenta la Gaceta del Congreso 51 de 2015.

 

En efecto, el representante Miguel Ángel Barreto Castillo señaló en esa oportunidad:

 

“[E]l Partido Conservador avala esta propuesta del TLC con Corea, porque entendemos que el país no se puede quedar atrasado ni aislar de la economía mundial, de la apertura económica que hoy vive el mundo. El sector agropecuario, nosotros los Representantes a la Cámara que defendemos las regiones, vemos una hoja importante para el sector agropecuario, ya que Corea es una de las grandes poblaciones del mundo y tiene un PIB importante en el cual para el sector agropecuario es muy importante; nos complace mucho que Fedegan esté impulsando y motivado, ya que utiliza una franja importante del sector agropecuario en el país. No podemos permitir que hoy nos lleguen los productos a través de México cuando lo podemos hacer directamente nosotros desde Colombia y que seamos los colombianos los que tengamos el Tratado de Libre Comercio con Corea”[89]

 

Así mismo, el Representante José Luis Pérez Oyuela adujo:

 

“Como vocero de Cambio Radical acompañamos esta iniciativa, que además enmarcamos que ese Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea nace desde diciembre del 2009, avanzó hasta junio del 2012. Hoy, al 2014, es innegable que el tema se ha venido abordando de manera importante. Somos conscientes que Corea está entre los mayores importadores  netos de alimentos del mundo; dada la importancia de esa caracterización con Corea, desde luego hago un llamado importante a los integrantes del Senado y la Cámara, que esa es una oportunidad excepcional que le abre puertas a Colombia y de manera especial al sector agrícola.”

 

También hubo intervenciones críticas frente al tratado, por ejemplo, el Senador Jorge Robledo manifestó:

 

“Lo primero es señalar esto, la posición del Polo, no es una posición que se oponga a los negocios internacionales, y a los acuerdos comerciales internacionales, sobre eso hay una mentira. El Polo se opone es a los malos negocios, no a los negocios, en eso es brillante la frase síntesis del señor Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, cuando dice, es mejor no tener tratado que tener malos tratados, este es el caso que tenemos otra vez.

 

Segundo, digamos esto, este es un debate de 25 años ya, va a cumplir el año entrante 25 años, César Gaviria Trujillo y Virgilio Barco, la apertura económica, después para poner un ejemplo, el TLC con México, que negoció el hoy Presidente Juan Manuel Santos; el TLC con Estados Unidos, y llevamos 25 años, uno de nosotros diciendo, eso no sirve, no funciona, está mal negociado, es contrario al interés nacional, llevamos 25 años oyendo decir que eso es maravilloso, y que ahora sí va a salir adelante, ahí están los resultados señores Congresistas. La apertura de César Gaviria fue un desastre, nadie lo puede negar, ahí está la destrucción del aparato agrario y del aparato industrial, están las cifras de sobra; si me diera tiempo se las daría una por una, pero no tenemos tiempo; pero el resumen es clarísimo.

 

Después nos dijo el doctor Santos, como Ministro, no, el TLC con México va a ser maravilloso; saben cuánto es la balanza comercial negativa para Colombia sobre México, porque aquí oí a alguien poner como ejemplo a México, 5.000 millones de dólares; nos han barrido el aparato industrial y nos van a golpear el agro ahora con la Alianza del Pacífico, esa es una realidad. Cuántos años duramos discutiendo el TLC con Estados Unidos, nosotros diciendo que eso era malísimo para Colombia, y quienes hoy respaldan este, diciendo que era muy bueno, ya salieron las cifras, congresistas, y nos está yendo como a los perros en misa, en el TLC con Estados Unidos, estos son los hechos. Ahora, llevo 25 años y acabo de volver a oír aquí la misma retórica de un falso optimismo, que es que ahora sí, que es que nos vamos a preparar, que a mí me dijeron, pero no nos dan una cifra.

 

Muéstreme, señor Ministro de Agricultura, qué carajos vamos a exportar de productos agrícolas a Corea, pero uno con nombre propio, no el cuento que es de pronto aguacate Hass o no sé qué, cuando estamos invadidos de aguacates extranjeros. Explíqueme por qué sí vamos a poder vender aguacates colombianos en el mercado coreano, cuando no somos capaces de vencer a esos mismos competidores en el mercado nacional. Estas son las realidades que tenemos, 25 años de retórica y me van a excusar, barata, sin cifras, sin datos, sin números, echando cuentos. Lo único que hay parecido a un estudio sobre este TLC con Corea, es un documento de Fedesarrollo, que dice, que de pronto en azúcar, tampoco les creo, porque la situación del azúcar es tremendamente complicada en el mercado nacional y en el mercado internacional; lo único que aparece en un estudio con alguna posibilidad.

 

Entonces no nos echen más cuentos sobre esto, pero además si en este momento Congresistas, no sé si ustedes no se han dado cuenta, pero la economía colombiana está entrando en una crisis profunda del fracaso del modelo económico de estos 25 años, vamos para otro 1999. Ya quedó demostrado hasta la saciedad, que si la economía creció en estos años, no fue por el desarrollo agrícola o industrial, sino que creció por las exportaciones y los precios del petróleo y de otras materias primas mineras; exportaciones que no necesitan de un TLC para hacerse. En lo único que ha crecido la exportación colombiana, es en productos mineros y agrícolas que no necesitan de TLC, en todo lo demás nos ha ido como a los perros en misa.

 

Entonces nos siguen echando el cuento de que aquí no pasa nada, no aquí sí pasa, vamos para otro 1999, si ustedes siguen insistiendo en hacer lo mismo que ha fracasado hasta la saciedad, porque es un rotundo fracaso lo que lleva Colombia en estos 25 años. Solo exportamos minería, repito, no se necesita de un TLC para eso, en esto han estafado a Colombia, si no hubiera habido el petróleo que ha habido en estos años, no habría habido las vacas gordas de que hemos disfrutado, pero esas vacas gordas se acabaron y vienen las vacas flacas; no solo uno puede argüir contra este tratado, que no sirve, sino que es el sumo de la irresponsabilidad. Cuando tenemos una balanza cambiaria deficitaria en 4.1% puntos del Producto Interno Bruto, van a agravar ese desbalance de la balanza.

 

Entonces nos viene el TLC con Corea, nadie se atreve a decir que nos va a ir bien en la industria, claro que no, queda en un ridículo, pero tedioso, el ridículo no resistiría nada si alguien se atreve a decir cómo nos va ir en industria, obvio que nos van a barrer en industria. Corea es una potencia industrial, con tecnologías parecidas a las gringas y las europeas, pero con mano de obra tres veces más barata, viene una masacre del aparato industrial colombiano; entonces nos sacaron la baratija de que sí, pero que eso lo vamos a reemplazar con exportaciones de productos agrícolas.

 

Miremos eso brevemente, me parece el colmo oír a dirigentes agrarios de Colombia, aplaudir que se acabe la industria de este país, porque resulta que es que el empleo industrial es mercado clave de las ventas del sector agropecuario, parte de la crisis agraria tiene que ver con que en Colombia la gente es tan pobre, que no puede comprar ni una panela, ni un vaso de leche, y le van a agregar más pobrezas con el cuento de que eso le sirve al sector agropecuario. No es verdad que Corea no proteja su agro, sí lo protege, pero este es el argumento principal, lo protege además con medidas sanitarias, no se hagan ilusiones de que van a poder vender productos colombianos, con orígenes sanitarios negativos en el mercado coreano, eso no va a pasar, no le echen cuentos a la gente.

 

Pero además hago una pregunta, señor Ministro, el mercado coreano es de importación de alimentos, lo tienen tomado los gringos, canadienses, europeos, chinos, los malayos, australianos, neozelandeses, díganme a quién vamos a sacar, a quién; o sea, el chimbo de carne que se pueda vender en Corea, que no creo que se vaya a vender, a quien se lo vamos a quitar del mercado, a los australianos, a los neozelandeses o a los gringos, o a quién. Se habló de exportar vegetales, el 98% del mercado de vegetales de Corea lo cubre China, vamos a derrotar a los chinos allá. Por favor no le echen cuentos a la gente, no le pinten pajaritos de oro a la gente, en esto hay que ser francos, la crisis agraria es demasiado grave y no se va a resolver con el cuento de exportar por allá.

 

Termino diciendo esto, señor Presidente, cuál es realmente el secreto de esto, de seguir contra la evidencia durante 25 años, seguir haciendo lo mismo, o sea levantando la misma piedra para dejarla caer sobre la misma cabeza; esto tiene un solo secreto y la Ministra lo debe saber hasta la saciedad, es que en estos negocios hay colombianos que ganan, unos muy poquitos ganan, el señor Mattos, fuerte financista de las campañas presidenciales del doctor Santos, gana con la destrucción de la industria nacional. Ese es todo el cuento, aquí hay una serie de intermediarios de intereses extranjeros, que se gana toda la plata del mundo con la destrucción de este país, esa es la realidad que tenemos en Colombia.

 

Digo esto por último, señor Presidente, la peor tragedia de Colombia, desde hace mucho rato, pero particularmente los últimos 25 años, es que este país terminó en manos de unos colombianos que han logrado separar su suerte personal de la suerte de la Nación; gente a la que le va bien, cuando al país le va mal, gente a la que le va mejor, cuando al resto de Colombia le va peor, y esos están regados por todas partes, intermediando intereses extranjeros, en la clase política, en el sector financiero, en uno u otro sitio. Entonces a Colombia le puede ir de la peor manera, pero aquí en Colombia hay unos cuantos colombianos que ganan con la desgracia del prójimo y con el daño a Colombia.”

 

53.- Posteriormente, en la plenaria del Senado hubo una amplia controversia en torno a las ventajas y desventajas del acuerdo comercial. En esa oportunidad, el senador Óscar Mauricio Lizcano Arango señaló que el Acuerdo había contado con un amplio debate en diversos escenarios y que era beneficioso para Colombia:

 

“Lo primero que hay que decir es que, en este TLC, en el proceso de TLC hemos tenido la oportunidad de escuchar a todos los sectores, estuvimos Senador  Samy, en este TLC tuvimos la oportunidad de hacer varios foros. Uno en la ciudad de Bogotá, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a todos los sectores de la economía; en este TLC tuvimos la oportunidad de visitar las empresas, estuvimos tanto en Manizales como en la ciudad de Medellín hablando directamente con los implicados, con las personas y con las empresas que se ven beneficiadas o que son sensibles al tratado. Tuvimos la oportunidad de escuchar a más de 25 gremios de la producción tanto del sector agrícola como del sector industrial y podernos formar verdaderamente una opinión. Yo les puedo decir a ciencia y conciencia que si hay un proyecto de ley que yo he estudiado, que hemos estudiado realmente con rigor, que hemos revisado en detalle cuáles son las implicaciones para Colombia, si tiene buenos beneficios,  si tiene amenazas  si tiene oportunidades, es este TLC. Yo comparto algo que decía y que ha dicho siempre el Senador Robledo, los TLC no son ni buenos ni malos per se; depende de cada TLC y como se firme  y como se negocie. Y este TLC queridos compañeros es un TLC bueno para Colombia y lo voy a entrar a analizar en detalle, para que cada uno de ustedes lo conozca y podamos ver el tema.”[90]

 

Por su parte, senadora Paola Andrea Holguín Moreno del partido Centro Democrático Mano Firme, Corazón Grande se refirió a algunas cuestiones que se debían considerar con mayor profundidad:

 

“Nosotros creemos en la necesidad de la apertura de mercados para la generación de inversión y de empleo con calidad en Colombia, pero cuando se hacen los tratados también se debe tener presente qué se negocia, cómo se negocia, el contexto y el cumplimiento de los parámetros que se establezcan en el mismo.

 

Este Tratado de Libre Comercio tiene una particularidad que señalaba el Senador Mauricio Lizcano y es que cuenta con el apoyo de varios gremios del sector agropecuario: La Federación de Cafeteros, la SAC, los azucareros, Fedegán, pero también cuenta con el análisis crítico, por ejemplo, del tema de Dignidad Agropecuaria frente al acceso que tendrían los productos agropecuarios a Corea.

 

Simplemente es importante que hagamos una reflexión y es sobre cómo tendrían acceso café, banano. ¿Qué le preocupa a uno? Que siendo Corea un país que no produce banano se demore 5 años para la apertura, o el tema de carne congelada que va a ser escalonado y a 17 años la desgravación, siendo Corea un país que tiene que importar el 50% de la carne, entonces, estos son unos elementos que tienen que llamar a la reflexión. Además, porque como lo señalaba ahora el Senador Benedetti, para que se aprobara el protocolo sanitario para poder exportar de Chile carne a Corea se demoraron 10 años. En esa medida esos son elementos que van a exigir agilidad por parte del Gobierno colombiano.

 

Otra cosa muy importante para tener presente es que si bien este tratado puede ser una oportunidad para el sector agropecuario, hoy Corea importa el 93% de los productos agrícolas de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia y China. Tenemos que medir la capacidad de competencia que tiene nuestro país frente a esos que han sido los proveedores naturales de este país.[91]

 

Tras enunciar las preocupaciones sobre la conveniencia del tratado y referir  las experiencias de otros países en la celebración de acuerdos de libre comercio con Corea, el Senador Iván Duque Márquez como vocero del partido Centro Democrático Mano Firme hizo una propuesta en torno a la política de liberalización del comercio:

 

“(…) [e]s indispensable que en este Senado se le diga al unísono al gobierno, decretar una moratoria de la firma y negociación de nuevos tratados a partir de esta aprobación. Creo que ya tenemos un bloque importante de tratados que merecen que el Ministerio pase de ser de Comercio, Turismo e Industria a ser de Industria, Turismo y Comercio. Necesitamos un Ministerio que desarrolle hoy una política de acceso a mercados y no seguir la proliferación de tratados sin tener los mecanismos de protección necesarios. Muchas gracias, Presidente.[92]

 

A su turno, el Senador Rodrigo Villalba Mosquera del partido Liberal señaló:

 

Estamos tramitando en el Congreso la aprobación del tratado suscrito con Corea del Sur, lo que considero una oportunidad para la agricultura y un desquite de los anteriores acuerdos, siendo este el primero y la puerta de entrada al Asia, representando un amplio potencial para las exportaciones agropecuarias nuestras, las tradicionales. Ya que ese país ha mejorado sustancialmente su poder adquisitivo con un ingreso per cápita superior a 23 mil dólares y sus habitantes han ido cambiando la dieta alimenticia consumiendo mucho de lo que nosotros producimos, es hoy un importador neto de bienes agrícolas y alimentos.

 

Con este acuerdo privilegiamos nuestras exportaciones tradicionales como café, flores, banano; y azúcar blanco que ya entró a ese mercado de manera competitiva pagando arancel, su expansión se aseguraría sin este. Estimularíamos la producción y exportación de frutas, hortalizas y cárnicos, donde la carne de cerdo tendría una oportunidad de oro, frente a su importante crecimiento en la producción colombiana.

 

También potenciaríamos la Alianza del Pacífico, que no le sacaríamos ningún provecho si no lo complementamos con cada país asiático como lo hicieron Perú, México y Chile. Geográficamente Colombia estaría más cerca que esos países desde Buenaventura con el continente asiático.

 

La pelea es entre ganadores y perdedores en cualquier acuerdo comercial, lo importante es que la balanza se inclina en este caso por un sector golpeado como el agropecuario, que con esta apertura genera más empleos que los cinco mil que se ponen en riesgo en la industria blanca y los autopartistas en las plantas ensambladoras que son escasas, además, son sectores industriales fuertes que con los diez años de plazo de desgravación pueden aplicar la conversión sin mayores dificultades y con el apoyo del Gobierno o prepararse competitivamente para afrontar el reto. Por el sector agropecuario apoyamos el TLC con Corea”[93]

 

54.- En el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes también se presentaron posturas divergentes frente a la conveniencia del tratado de libre comercio que se revisa, tal como quedó consignado en la Gaceta del Congreso 152 de 2015.

 

En su intervención, el Representante Alirio Uribe Muñoz del Polo Democrático señaló:

 

“[E]ste Tratado de Libre Comercio es totalmente incompatible señor Ministro, con un país que está promoviendo la paz y la justicia social, trae consigo consecuencias funestas para la economía nacional, para el empleo, el Gobierno debe más bien promover la producción nacional, luchar contra el contrabando, mejorar el mercado interno que permita realmente mejorar la situación del país.”[94]

 

Por su parte, Ángela María Robledo Gómez adujo: “[e]n la Alianza Verde decimos, las predicciones son inciertas, los riesgos son reales y ciertos. Es por eso entonces que nos preocupa que vayamos un poco en este albur de prometer perspectivas futuras que pocas veces se cumplen, el efecto diferencial que podría tener este TLC con Corea.”[95]

 

A su turno, el representante Rodrigo Lara Restrepo de Cambio Radical indicó:

 

“[E]ste tratado de alguna manera, sí es equilibrado, obviamente hay que ajustar algunos temas, pero podría ayudar al crecimiento tanto de la economía colombiana como de la economía coreana. Pero nosotros aquí tenemos que ubicarnos en nuestra realidad, Colombia no es un país industrializado, Colombia no es un país tecnológico, Colombia debe dedicarse a lo que de alguna manera sabe hacer y ha hecho a través de los años y es producir alimento, Colombia debe dedicarse al campo, Colombia debe hacer una verdadera revolución del agro, y para eso antes que la Ministra de Comercio Exterior, se necesita del concurso del Ministro de Agricultura, en buena hora el presupuesto para el Ministerio de Agricultura se amplió en un gran porcentaje, pero necesitamos que para los años sucesivos se amplíe de una manera mayor, aquí la cenicienta siempre ha sido el campo, y creo y tengo fe en el doctor Iragorry, que va a hacer una buena gestión y va ayudar a que la inversión vuelva al campo, va a ayudar a que venga inversión colombiana, pero de igual manera que venga inversión extranjera, a que esa inversión, parte de las utilidades de la inversión extranjera se quede obviamente acá en Colombia.”[96]

 

Y la Representante María Eugenia Triana Vargas del partido Opción Ciudadana se refirió a las ventajas del tratado:

 

“[C]on este Tratado de Libre Comercio tenemos una ventaja muy importante para un sector muy importante de nuestro país como es el sector agropecuario, yo creo que en este sector este Tratado de Libre Comercio tiene todas las bondades del mundo, tenemos unas grandes fortalezas en nuestro país, grandes extensiones de tierra, una variedad de climas que nos permite una gran producción, calidad de sus tierras y tenemos algo muy importante, y es ese deber que tenemos con el sector agropecuario.”[97]

 

55.- De las intervenciones anteriormente expuestas, se evidencia que en el trámite legislativo en el Congreso de la República se debatió de forma extensa la conveniencia de la aprobación del Tratado,  y se decidió votar a su favor con fundamento en los argumentos expuestos en las diferentes sesiones celebradas en el transcurso del trámite. En efecto, los términos en los que se adelantó la discusión y la multiplicidad de factores referidos y ponderados por los congresistas revelan que un análisis sobre las consecuencias que para Colombia comporta el acuerdo comercial que se estudia, el cual tuvo lugar y se efectuó en el escenario pertinente, el parlamentario, de acuerdo con las competencias previstas en la Carta Política.

 

En este caso no hubo elusión de debate

 

56.- En este caso, aunque en la adopción de un acuerdo de libre comercio podría esperarse, razonablemente, una discusión sobre su conveniencia e implicaciones superiores a la evidenciada en el trámite legislativo que se estudia, lo cierto es que no hubo elusión de debate. Sin duda hubo debate en los términos atrás referidos, sin que resulte plausible una calificación en torno a la extensión y profundidad de la discusión, sobre todo si se considera que sobre el proyecto aprobatorio del Tratado de Libre Comercio celebrado con la República de Corea se adelantaron foros académicos a fin de escuchar a los diferentes sectores económicos afectados, lo cuales se denominaron el “cuarto de al lado[98].

 

57.- Durante el trámite en las comisiones hubo un nivel admisible de debate. El Acta 19 del 2 de diciembre de 2014 (Gaceta 134 del 24 de marzo de 2015) muestra el debate en la Cámara de Representantes. Algunos intervinientes consideraron que era necesario aplazar el debate pues la convocatoria para el día siguiente era para votación (palabras de la honorable Representante María Eugenia Triana Vargas y Antenor Durán), otros tuvieron una posición contraria. La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, doctora, Cecilia Álvarez Correa-Glen, también se dirigió a la Comisión para explicar los alcances del tratado y resaltó el beneplácito del sector agropecuario.

 

El Acta conjunta 01 del 3 de diciembre de 2014, contenida en la Gaceta 51 de 2015, también ilustra el debate en esta fase legislativa. De hecho, la dinámica del debate fue establecida por el Presidente de la Sesión Conjunta de esta manera:

 

“Entremos al primer proyecto de ley ya que estamos en el segundo punto del Orden del Día, hay dos proyectos de ley, vamos a abordar el Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado. Frente a estos dos proyectos de ley, no solamente este, sino el Proyecto de ley número 86, vamos a tener la siguiente mecánica: oiremos a las bancadas que tengan presencia en las Comisiones Segundas, tanto de Cámara como de Senado, tendrán el uso de la palabra una vez nos aborden la ponencia con la cual termina el informe y se presente el informe respectivo del coordinador de ponentes, o uno de los ponentes que ha presentado ese informe.

 

Las bancadas vamos a tener un tratamiento similar al que opera en las Plenarias, específicamente del Senado, muy seguramente esto también opera en la Plenaria de la Cámara de Representantes, es que cada bancada podrá, si así lo quiere, porque puede declinarse también, tener el uso de la palabra durante un lapso de tiempo de 10 minutos cada una de las bancadas. De manera que quiero pedirles que los partidos se pongan de acuerdo para que conjuntamente si así lo desean y quieren optar por tomar el uso de la palabra, lo haga cada bancada durante 10 minutos; posteriormente estarán dirigiéndose dentro del marco del debate los Senadores y Representantes a la Cámara que así lo quieran, durante un lapso de tiempo de 5 minutos para cada proyecto.

 

Posteriormente estaremos oyendo al Gobierno, finalmente el ponente estará destinado para este debate, hay varios, tanto de Senado como de Cámara, ayudándonos a coordinar el debate para lo que de ahí se derive para una votación. Ese sería el trámite y procedimiento que tendremos para los dos debates, el primero de ellos es el Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 2014 Cámara, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea’, firmado en Seúl, el 21 de febrero de 2013. Para eso tenemos algunos ponentes aquí en el Senado, como también en la Cámara, que están presentes algunos.”

 

Adicionalmente, hubo una solicitud de escuchar en sesión informal a algunos gremios, presentada por el Representante Alirio Uribe Muñoz, y él también presentó una solicitud de archivo, a la que se adhirió el Senador Iván Cepeda, basada en los siguientes argumentos:

 

1.     Existe un total desconocimiento del contenido y de los potenciales efectos de este Tratado Comercial en la economía nacional.

2.     El ideal de crecimiento y desarrollo vinculado al Libre Comercio está refutado en la evidencia.

3.     El Libre Comercio es completamente incompatible con el ideal de una nación que busca consolidar un escenario de paz con justicia social.

 

Por otra parte, el Coordinador Ponente, Senador Óscar Mauricio Lizcano Arango recordó que

 

“este es un Tratado que creo que como ningún otro ha sido bastante debatido en el Congreso de la República, hay que recordar que en el pasado ya fue discutido en la legislatura pasada tanto en Cámara como en el Senado, fue aprobado por el Senado de la República y por la Cámara de Representantes, excepto en la Plenaria, donde en último momento y a finales de la legislatura pasada se hundió por trámite.”

 

Y resaltó que tiene voces a favor y en contra antes de explicar las ventajas del tratado para Colombia.

 

El debate incluso llegó a cuestionar el mensaje de urgencia y su fundamento (Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz) considerando la necesidad de tiempo para reflexionar en torno a las grandes diferencias en el desarrollo de los dos países.

 

58.- En la Plenaria del Senado, el Acta 38 del 16 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta 150 del 2015, muestra una amplia discusión sobre el proyecto de ley aprobatoria del tratado que trató aspectos muy detallados del instrumento desde diferentes puntos de vista. Uno de los puntos recurrentes fue el llamado a la labor del Gobierno para evitar efectos nocivos en la economía nacional. Además de las intervenciones de los voceros de cada bancada, hubo intervenciones personales y constancias sobre los votos en contra de la ley aprobatoria. 

 

59.- La Plenaria de la Cámara también abrió un debate importante, el Acta 45 del 16 de diciembre de 2014, publicada en la Gaceta 152 de 2015, incluyó una propuesta de archivo del proyecto de ley, el cuestionamiento sobre los beneficios del tratado, catalogados por algunos sectores como limitados a un empresario en particular, y los argumentos sobre los beneficios del instrumento.

 

60.- En conclusión, los debates adelantados en el Congreso de la República, permitieron la discusión de posiciones distintas –en ocasiones opuestas- consideró los diferentes argumentos, permitió la expresión de sus integrantes y la votación informada del texto aprobado. Aunque no hubo lectura del texto previa a cada votación, a juicio de esta Corte, tal situación no estructuró un vicio, pues consta la publicación del proyecto de ley aprobatoria previa a cada debate. Por otra parte, no es irrazonable omitir la lectura del documento, pues éste se encuentra en más de 870 folios, siendo así, la lectura dentro de la sesión antes de cada votación habría impedido el curso normal del trámite legislativo.

 

Finalmente, esta Corte debe llamar la atención sobre un argumento que surgió en los debates y que no es admisible. Uno de los congresistas afirmó que en un trámite previo, en el que se discutió este tratado pero que no culminó, ya se había dado un gran debate y por eso no podría esperarse más. Esta situación no podría considerarse relevante en el debate legislativo actual, pues se trata de dos momentos distintos, no sólo en materia temporal sino conceptual. De tal suerte, mal podría argumentarse que, si un proyecto de ley que finalmente no prosperó fue debatido en una legislatura pasada, puede omitirse su debate en una legislatura posterior. Tal consideración iría en contra del principio democrático, pues el Congreso no es estático e inmutable, y desconocería la finalidad sustantiva de la consagración de las diferentes etapas y trámites en el seno del Congreso de la República.

 

Trámite de impedimentos: inexistencia de norma constitucional o legal que obligue su envío a la Comisión de Ética

 

61.- El capítulo 6º del título 6º de la Carta Política se ocupa de “los Congresistas”, previendo, entre otras, las actividades que resultan incompatibles con la función que ejercen, la que también los conmina a “poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones”(artículo 182).

 

La Ley 5ª de 1992 estableció el trámite para la manifestación de los impedimentos que concurren en los miembros del Congreso y para la formulación de recusaciones en contra de los congresistas que, enfrentados a un conflicto de intereses, no manifiesten esa circunstancia. Particularmente, el artículo 291 del Reglamento del Congreso dispuso que: “[t]odo Senador o Representante solicitará ser declarado impedido para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental, al observar un conflicto de interés”. En cuanto a la forma de manifestarlo, el precepto siguiente señaló que se comunicará al presidente de la respectiva comisión o corporación legislativa.

 

En el mismo cuerpo normativo se estableció que cuando se acepta el impedimento declarado por un congresista designado ponente de un proyecto, la presidencia correspondiente asignará uno nuevo y cuando la afectación a la imparcialidad verse sobre el debate y la decisión, se excusará al parlamentario de participar en la votación. Preceptos en los que no se establece la remisión de la cuestión a la Comisión de Ética, pues tal envío se previó en el artículo 294 ib. únicamente cuando se trata de recusaciones, las cuales resultan procedentes en los eventos en los que la personas sobre la que se cierne el impedimento se abstenga de manifestarlo.

 

62.- La Corte Constitucional se pronunció sobre la improcedencia de esa remisión en las sentencias C-337 de 2006[99] y C-1040 de 2005. En esta última adelantó un análisis integral del régimen de conflicto de intereses de los congresistas y precisó sobre el trámite de los impedimentos que:

 

“(…) le corresponde al parlamentario poner en conocimiento del Presidente de la Comisión o Plenaria respectiva, las razones o motivos que fundamentan su declaratoria de impedimento, conforme lo establecen los artículos 182 Superior y 268-6, 286, 291 y 292 de la Ley 5ª de 1992. Una vez recibida dicha comunicación, que puede tener lugar en el momento mismo en el que se adelanta la discusión de una materia en cualesquiera de las Cámaras Legislativas; el Presidente debe someter su definición a la Comisión o Plenaria respectiva, con la finalidad de excusar al congresista de participar en el debate y votación del asunto puesto a consideración, en caso de que el impedimento sea aceptado. La decisión y el trámite de la misma se deja exclusivamente al conocimiento de la Cámara donde se formalizó la manifestación de impedimento, sin que se prevea ningún tipo de participación de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista.”

 

En aquella oportunidad se recordó que, cuando se ignora esa obligación por un parlamentario que vea comprometida su imparcialidad, otro congresista o cualquier ciudadano podrá formular la recusación del caso en la que denuncie el conflicto de intereses “la cual debe ser surtida ante la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, quien resuelve sobre la misma a través de una decisión de obligatorio cumplimiento (Ley 5ª de 1992, artículos 58, 59, 294 y 295)”[100].

 

De la práctica parlamentaria y de los pronunciamientos judiciales sobre el tema se ha concluido que son las comisiones o plenarias respectivas las que tienen competencia para resolver los impedimentos presentados por cuanto ni la Constitución, ni tampoco la Ley 5 de 1992, disponen que dichos impedimentos sean enviados y resueltos por la Comisión de Ética del Congreso”[101], conclusión a la que se arribó con base en:  

 

“una lectura armónica de los artículos 59, 268-6, 291, 292, 293, 294 y 295 de la Ley 5ª de 1992, a la luz de lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Política, y teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley 144 de 1994, indica que los impedimentos han de ser declarados en primera instancia ante la Comisión o la Plenaria correspondiente, que será dicha Comisión o Plenaria la que tomará la decisión a la que haya lugar, y que se dará traslado -inmediato- del asunto a la Comisión de Ética cuando el congresista sea recusado; (b) la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa relevante, si bien no ha dado una respuesta específica a este punto, sí ha avalado en varias oportunidades que la competencia para decidir sobre los impedimentos corresponde a las comisiones o cámaras pertinentes; y (c) la práctica del Congreso ha sido constante en el sentido de que los impedimentos se resuelven ante la comisión o plenaria correspondiente, a veces después de oír el concepto de una comisión accidental, y que sólo se corre traslado inmediato a la Comisión de Ética cuando se interpone una recusación.”

 

63.- De acuerdo con lo anterior, en este caso no se ha presentado un vicio por el trámite de los impedimentos. En efecto, todos ellos fueron presentados por los congresistas tanto en comisiones como en plenaria, y allí fueron resueltos. El argumento del ciudadano que pretende cuestionar el manejo dado a los impedimentos, parte de una confusión entre dos trámites legislativos distintos, uno en el que no prosperó el proyecto de ley bajo examen, y el actual, que sí culminó su curso. Aunque el interviniente alegó que en la primera ocasión sí recusó a varios congresistas, el trámite de la recusación hecha durante un trámite legislativo previo no puede extenderse a uno nuevo, especialmente porque en el actual los congresistas decidieron declararse impedidos, con lo cual la decisión era de competencia de las comisiones o la plenaria respectivas.