Sentencia SU490/16

 

 

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional

 

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad 

 

CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES 

 

VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES 

 

CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

 

DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia

 

PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD-Elemento esencial del debido proceso y la recta administración de justicia 

 

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia al no configurarse violación directa de la Constitución, por cuanto la Corte Suprema de Justicia no incurrió en falta de imparcialidad

 

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no configurarse defecto fáctico, por cuanto la admisión o no de distintos medios de prueba, y la valoración de las pruebas realizada por la Corte Suprema no aparece arbitraria, irracional o carente de sustento

 

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no incurrirse en defecto sustantivo, por cuanto la decisión proferida por la Corte Suprema no incurrió en error alguno en el encuadramiento de la conducta cometida por los tres procesados en la norma penal sustantiva con base en la cual fueron sancionados

 

 

Referencia: Expediente T-5.414.020

 

Demandante: Diego Palacio Betancourt

 

Demandado: Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

 

Magistrado Ponente:

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

 

Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha pronunciado la siguiente

 

SENTENCIA

 

En la revisión del fallo dictado el 27 de enero de 2016 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el dictado en primera instancia por la Sala de Casación Civil de la misma corporación el 15 de diciembre de 2015, por el cual se negó el amparo solicitado por el señor Diego Palacio Betancourt contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

El presente expediente fue escogido para revisión por la Sala de Selección número Tres, por medio de auto de 31 de marzo de 2016, siendo entonces repartido a la Sala Tercera de Revisión.

 

Posteriormente, durante la sesión del día 8 de junio de 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió asumir el conocimiento de este caso, previo informe presentado por el entonces Magistrado sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 61 de su Reglamento Interno. Por esta razón, por auto de la misma fecha, se ordenó también suspender los términos hasta que se profiriera por aquélla la correspondiente decisión.

 

Finalmente, teniendo en cuenta que la Sala Plena no aprobó el proyecto de sentencia que en su momento presentó el Magistrado Guerrero Pérez, la ponencia fue asignada al Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

 

I.    ANTECEDENTES

 

El señor Diego Palacio Betancourt, obrando en su propio nombre, presentó el 15 de octubre de 2015 acción de tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, invocando la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que según alegó, fue vulnerado por aquélla en varias de sus distintas facetas, entre ellas: i) la relativa a la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio; ii) la de ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial y con arreglo a las normas vigentes al momento de cometerse el acto imputado; iii) la relacionada con el derecho a presentar pruebas y a debatir las que se alleguen en su contra; iv) la que establece el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas; v) la referente a la presunción de inocencia; vi) la que establece la invalidez de pruebas recaudadas con violación del debido proceso; vii) la atinente al derecho a impugnar el fallo condenatorio, y viii) el principio de favorabilidad en la aplicación de la ley penal. Lo anterior, a partir de los hechos que, conforme a su narración, pueden ser resumidos como sigue:

 

1.  El actor Diego Palacio Betancourt fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de única instancia, dictada el 15 de abril de 2015, a la pena principal de 80 meses de prisión, y a las accesorias de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 112 meses, como coautor responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer, en concurso material homogéneo, fallo en el que también fueron condenados los señores Sabas Pretelt de la Vega y Alberto Velásquez Echeverri (quienes en adelante y cuando se aluda conjuntamente a ellos se denominarán simplemente los tres procesados). La razón de la competencia de la Corte Suprema de Justicia en este caso fue el carácter de Ministro de la Protección Social que el actor tenía al momento de la comisión del hecho punible que le fue imputado, y el de Ministro y Director de Departamento Administrativo, respectivamente, que para la misma época, ostentaban los otros dos procesados.

 

2. Como antecedentes del proceso penal que concluyó con esta decisión, refirió los siguientes hechos:

 

2.1. En junio de 2004 la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó por 18 votos favorables contra 16 negativos el proyecto de reforma constitucional, posteriormente identificado como Acto Legislativo 02 de 2004, por el cual se introdujo nuevamente en Colombia la reelección presidencial, que había sido prohibida por la original Constitución de 1991.

 

2.2. Días después, la entonces Representante Yidis Medina Padilla, quien votó en forma positiva este proyecto, fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por el también Representante Germán Navas Talero, por el presunto delito de cohecho, lo que dio inicio a la actuación que terminó con auto inhibitorio en febrero de 2005. A partir de los mismos hechos, la referida congresista afrontó también un proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado y una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, los cuales concluyeron, también con decisiones favorables a Medina Padilla, en noviembre de 2004 y febrero de 2007, respectivamente.

 

2.3. En abril de 2008, y a partir de la aparición de dos artículos periodísticos y un video, la Sala de Casación Penal ordenó reanudar la investigación adelantada contra Medina Padilla, que en febrero de 2005 había sido cerrada mediante auto inhibitorio. En las siguientes semanas, la referida Sala envió a la Fiscalía General de la Nación copia de esta declaración, dado que en ella se involucraba a varios altos funcionarios del Gobierno de entonces. Más adelante, la ex congresista Medina Padilla rindió indagatoria por estos hechos, fue afectada con medida de aseguramiento, y solicitó acogerse a sentencia anticipada.

 

2.4. El 26 de junio de 2008, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia condenatoria anticipada en contra de la ex congresista Yidis Medina Padilla por el delito de cohecho propio, ocurrido en junio de 2004, y le impuso las penas de 47 meses y 26 días de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo término y multa de 48,13 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de la comisión del hecho, a favor del Tesoro Nacional.

 

Esta decisión tuvo como principal fundamento la confesión de la misma Yidis Medina Padilla en su indagatoria, la que en su momento le permitió a la Corte Suprema de Justicia encontrar “demostrado de manera inconcusa e inobjetable que: i) la Congresista acusada apoyó decididamente el proyecto de reforma constitucional (Acto Legislativo No. 02 de 2004); ii) tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre la bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces, deviene ilegítima la actividad constitucional desplegada.”

 

2.5. Posteriormente, el 19 de agosto de 2008, la Fiscalía General de la Nación dispuso la apertura de investigación en contra del entonces Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, por la posible comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer, a partir de las promesas y ofrecimientos que él habría formulado los días 2 y 3 de junio de 2004 a los entonces congresistas Yidis Medina Padilla y Teodolindo Avendaño Castellanos, durante el trámite del proyecto de acto legislativo que posibilitaría la reelección presidencial^[1].

 

3. El 6 de marzo de 2012, el Fiscal Sexto Delegado, en ejercicio de la delegación efectuada por la entonces Fiscal General^[2], calificó el mérito probatorio del sumario profiriendo resolución de acusación en contra de Diego Palacio Betancourt^[3], en calidad de coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer, en concurso material y homogéneo, con las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 9° y 10 del artículo 58 del Condigo Penal, y la de menor punibilidad contemplada en el numeral 1° del artículo 55 de la citada codificación.

 

4. Finalizada la fase de instrucción y de calificación, el proceso se remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para el trámite del juicio, la cual mediante proveído del 28 de agosto de 2012, resolvió unificar el asunto en mención con los procesos que paralelamente se adelantaban contra Alberto Velásquez Echeverri y Sabas Eduardo Pretelt de la Vega^[4], también por el delito de cohecho por dar u ofrecer, con lo cual la etapa de juicio se surtió en un solo trámite.

 

5. Dentro del traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, los sujetos procesales presentaron varias solicitudes de nulidad y de pruebas. Concretamente, Diego Palacio Betancourt pretendió:

 

(i) La nulidad de lo actuado, argumentando: (a) que el Fiscal Sexto Delegado no tenía competencia para adelantar la fase de instrucción y calificación, pues ello desconocía su fuero constitucional que le otorgaba la garantía de ser juzgado por el Fiscal General de la Nación, y (b) que si se aceptaba la delegación, debía permitírsele apelar la resolución de acusación. 

 

(ii) El decreto y práctica de un conjunto de pruebas testimoniales, el desarrollo de una inspección judicial al proceso que para entonces cursaba contra Yidis Medina por el delito de secuestro; y (c) el anexo al proceso de la copia de los registros de las llamadas entrantes y salientes, por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2004, de los teléfonos que en esas fechas utilizaban Yidis Medina Padilla, Jorge Enrique Morelli Santaella y Carlos Correa Mosquera, y de las certificaciones expedidas por el Congreso de la Republica sobre los proyectos de ley entonces en trámite, relacionados con la cartera de la Protección Social para los días 2 y 3 de junio de 2004, así como de las citaciones que, para esos días, se le hicieron en su calidad de Ministro.

 

6. El 29 de noviembre de 2012, la Sala de Casación Penal se pronunció sobre las solicitudes del actor, resolviendo: i) denegar la petición de nulidad, argumentando que no se incurrió en yerro alguno en la fase de instrucción, puesto que: a) el Acto Legislativo 06 de 2011 reguló la aplicación del fuero constitucional de los altos funcionarios del ejecutivo, permitiendo que el Fiscal General pudiera delegar sus funciones de investigación y acusación, y porque b) cuando en desarrollo de esta norma, el Fiscal General delega en un Fiscal Delegado ante la Corte, la función de investigar y acusar a un funcionario con fuero constitucional, el segundo no se convierte en inferior funcional del primero, ni el procedimiento deja de ser única instancia para convertirse en uno de doble instancia; ii) decretar la ampliación del testimonio de Yidis Medina según lo solicitó el actor, y iii) denegar las demás pruebas pedidas, al considerarse que no eran pertinentes, conducentes y útiles para esclarecer la existencia de responsabilidad penal.

 

7. Diego Palacio Betancourt propuso reposición contra esa decisión, tanto en lo referente a la solicitud de nulidad, como en lo relacionado con las pruebas cuya práctica había sido negada, ante lo cual el 19 de abril de 2013 la Sala de Casación Penal decidió: i) no reponer el auto en lo que tiene que ver con la negativa de las nulidades pedidas; ii) reponerlo solo en lo relativo a la recepción del testimonio de Carlos Gaviria Díaz y el anexo al proceso de la copia de los registros de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos que para entonces usaban Yidis Medina Padilla, Jorge Enrique Morelli Santaella y Carlos Morelli^[5], y a la decisión de allegar las certificaciones expedidas por el Congreso de la Republica solicitadas.

 

8. Surtida la audiencia de juicio, el 15 de abril de 2015 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia condenatoria^[6] en contra de los tres procesados,  es decir, Alberto Velásquez Echeverri, Sabas Eduardo Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt por el delito de cohecho por dar y ofrecer, imponiéndole a este último las penas principales de ochenta (80) meses de prisión, multa de ciento sesenta y siete (167) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2004 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ciento doce (112) meses. Asimismo, en el fallo se dispuso que los sentenciados no se hacían acreedores a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni a la prisión domiciliaria. Para adoptar dicha decisión, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia encontró demostrado que:

 

(i) El 2 de junio de 2004, el gobierno del entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez estimó que requería de los votos de Yidis Medina Padilla y Teodolindo Avendaño para lograr la aprobación, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, del proyecto de Acto Legislativo que permitiría la relección presidencial.

 

(ii) Los días 3 y 4 de junio de 2004, los señores Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, Alberto Velásquez Echeverri y Diego Palacio Betancourt, luego de un acuerdo previo, efectuaron ofrecimientos a Yidis Medina Padilla y a Teodolindo Avendaño, para que la primera apoyara con su voto el proyecto de reelección y, el segundo omitiera votar en contra, para lo cual se ausentó del recinto del Congreso.

 

(iii) En el caso de Diego Palacio Betancourt se explicó que le ofreció a Yidis Medina la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja y a Teodolindo Avendaño una notaría en Bogotá, así como contratos de prestación de servicios en favor de su nuera, la señora Vania Constanza Castro Barona.

 

1.2. Sustentación de los defectos alegados

 

Para sustentar su petición de amparo, el actor Palacio Betancourt explicó, en primer término, el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de protección constitucional contra providencias judiciales y, luego, desarrolló los defectos específicos en los que, según afirmó, incurrió la autoridad demandada.

1.2.1. En efecto, para empezar, en relación con la satisfacción de los requisitos generales de procedencia, el accionante indicó que:

 

(i) El asunto es de relevancia constitucional, pues se debate sobre la posible vulneración de sus derechos fundamentales y el desconocimiento de principios superiores dentro del proceso penal adelantado en su contra.

 

(ii) En relación con los yerros que surgieron en la sentencia no procede recurso alguno. De otro lado, señaló que frente a los demás defectos planteados agotó los medios judiciales de defensa judicial que tuvo a su alcance dentro del proceso cuestionado, entre ellos los recursos de reposición y queja y la solicitud de nulidad de diversas actuaciones, alegando, en la medida de lo posible, a través de dichos instrumentos, los reproches que ahora pone de presente en la acción de tutela.

 

(iii) El recurso de amparo se interpone 6 meses después de proferida la última decisión cuestionada, con lo cual se satisface el presupuesto de inmediatez.

 

(iv) Las irregularidades procesales que se alegan tienen trascendencia en la decisión, pues de acogerse conllevarían a declarar la nulidad de lo actuado, puesto que se pone de presente la falta de competencia e imparcialidad de la corporación  accionada para juzgarlo.

 

(v) Se identifican y demuestran con claridad los cinco defectos en los que incurrió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y se adjuntan las pruebas respectivas.

 

(vi) No se controvierte un fallo de tutela.

 

1.2.2. Posteriormente, el actor planteó la existencia de cinco causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber:

 

(i) Defecto orgánico: El demandante afirma que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no tenía competencia para proferir sentencia en su contra, pues el 7 de agosto de 2010 cesó en el ejercicio del cargo de Ministro de Protección Social, y de conformidad con el artículo 235 de la Constitución el conocimiento del asunto por parte de dicha corporación judicial “solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación directa con las funciones desempeñadas”, lo que no ocurre en su caso, ya que “el Acto Legislativo de reelección presidencial no tenía relación con mis funciones, como tampoco el nombramiento de notarios, ni del nombramiento de director de una clínica - que correspondía a su Junta Directiva-, ni de la contratación de una abogada que hizo el Secretario General del Ministerio de la Protección Social”.

 

Asimismo, sostuvo que la instrucción, calificación y acusación de su caso debió ser adelantada por el Fiscal General de la Nación y no por su delegado de conformidad con el artículo 235 original, pues en atención al principio de favorabilidad, no debió aceptarse la aplicación del Acto Legislativo 06 de 2011.

 

(ii) Defecto procedimental^[7]: El actor estimó que en el transcurso del proceso penal adelantado en su contra, las autoridades judiciales intervinientes incurrieron en varios defectos procedimentales, ya que: a) si se estimó que era válida la delegación efectuada por la Fiscal General de la Nación para la etapa de indagación e instrucción, debió otorgársele la posibilidad de apelar la resolución de acusación; (b) el Fiscal Sexto Delegado procedió a la calificación del sumario sin analizar previamente la petición de nulidad presentada el 3 de abril de 2012, en la que se alegaba la violación del derecho de defensa debido a la valoración de pruebas que debieron ser desechadas de plano por falta de fiabilidad; (c) no se le permitió impugnar la sentencia condenatoria, como tenía derecho a hacerlo, según lo establecido por la Corte Constitucional en el fallo C-792 de 2014.

 

(iii) Violación directa de la Constitución: El accionante alegó que las autoridades judiciales que intervinieron en el proceso penal adelantado en su contra no fueron imparciales ni independientes, toda vez que: (a) el Fiscal Delegado que adelantó la instrucción y calificación, actuó luego, en la etapa de juicio, como Magistrado Auxiliar de uno de los togados que adoptó el fallo de condena; (b) existen denuncias penales reciprocas entre la Corte Suprema y los procesados; (c) la conformación del tribunal de juzgamiento por Magistrados y conjueces se produjo en un escenario de “claro y abierto enfrentamiento” entre los integrantes de la jurisdicción ordinaria y el Gobierno Nacional, que les impedía a aquéllos adoptar una decisión que afectara a sus colegas que eran parte de la “contienda” y, con ello, actuar en contravía de la Corte Suprema como institución, lo cual puede evidenciarse en las grabaciones difundidas por los medios de comunicación con posterioridad al fallo condenatorio, en las que Magistrados de la corporación accionada advierten que deben actuar en “legítima defensa” adelantando un juicio y profiriendo un fallo con “motivación política”; (d) Los Magistrados que participaron en su juzgamiento fueron elegidos por aquellos que se pronunciaron de fondo sobre su caso en otras providencias relacionadas con la “Yidispolítica”; (e) El conjuez William Monroy Victoria debió declarase impedido, puesto que es apoderado de Daniel Coronell, quien dirigió la investigación periodística que originó la apertura de su investigación, así como porque en su calidad de litigante tiene varios procesos en el despacho del magistrado sustanciador de la causa.

 

(iv) Defecto fáctico^[8]

 

El accionante argumenta que en el transcurso del proceso se incurrió en varios defectos fácticos, comoquiera que:

 

(a) La investigación adelantada en su contra tuvo su origen en dos notas periodísticas tituladas “Confesiones de una ex congresista. Votar la reelección me mató” y “La Historia no contada”, las cuales no cumplen con los requisitos necesarios para constituirse como una prueba válida y por ello no debieron tenerse como fundamento para iniciar las indagaciones, viciándose así las diligencias adelantadas con posterioridad.

 

(b) La Sala accionada se abstuvo de decretar la mayoría de las pruebas solicitadas en la audiencia preparatoria, las cuales eran necesarias para demostrar su inocencia. Señaló que pidió “14 pruebas testimoniales de las cuales solo 2 fueron decretadas por la Sala Penal. Igualmente solicité 13 pruebas documentales de las cuales solamente 2 fueron decretadas por la Sala Penal”.

 

(c) Las pruebas recaudadas por el Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema son ilícitas por incompetencia del funcionario para adelantar la investigación de su caso.

 

(d) La sentencia condenatoria se sustentó principalmente en el testimonio de Yidis Medina Padilla, cuyas afirmaciones se tuvieron por ciertas por proceder de un proceso anterior en el cual se declaró culpable, sin aceptarse los argumentos presentados para desvirtuar su credibilidad y sus verdaderas intenciones para auto-incriminarse.

 

Sobre el particular, se señala que lo anterior se propició como efecto de “la llamada justicia negociada que desbanca todos los postulados propios de la democracia, entre ellos el debido proceso como aquí ha sucedido; en un verdadero Estado de Derecho se ha debido juzgar a todos los involucrados en el cohecho (por activa y por pasiva) en una misma actuación”. En ese sentido, se advierte que “los procesados ya estaban sentenciados desde que YIDIS MEDINA PADILLA los incriminó (¡por eso no son de extrañar las afirmaciones que en contra de ellos se hacen en la sentencia que la condenó!)”.

 

De igual manera, se sostiene que con base en la confesión se prescindió de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable, lo cual se reflejó en que se denegaran la mayoría de las pruebas pedidas, pervirtiéndose el sistema penal, al variarse la naturaleza del interrogatorio que se convierte en una “relación coactiva entre investigador e investigado”. En efecto, es lo que:

 

“(…) ha sucedido con la utilización por parte de la Señora MEDINA PADILLA del mecanismo de la sentencia anticipada, gracias al cual aceptó la imputación por cohecho propio y, de paso, endilgó cargos a los terceros que –según ella– le dieron las dádivas que aceptó recibir con lo cual incurrieron en un cohecho por dar u ofrecer que luego se les imputó; a cambio, se le concedió una generosa rebaja punitiva y se le benefició con la prisión domiciliaria, la misma que aquí se negó a los tres condenados. Operó, pues, la llamada justicia premial.

 

Como se desprende de lo anterior, la utilización de un dispositivo como la sentencia anticipada supone que en el caso concreto se renunció al ejercicio del derecho de defensa, al debate procesal y, lo que es más importante, al derecho a controvertir las pruebas que se enarbolan en contra del imputado o acusado. El sistema penal, pues, se volvió un escudo contra el adversario a quien, a toda costa, se busca criminalizar; en otras palabras, no interesa que el proceso penal establezca la verdad sino que él se convierta en un arma al servicio de ciertos intereses.”

 

(e) La Sala de Casación Penal fundó la condena en la presunta existencia de una actuación mancomunada entre Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, Alberto Velázquez Echeverri y Diego Palacio Betancourt producto de un acuerdo previo, sin detenerse a examinar si existía una prueba fehaciente que permitiera demostrar la existencia de coautoría en la comisión del delito de cohecho, puesto que para que se configure la misma debió probarse un acuerdo común en el plan criminal y la repartición de tareas para conseguir el fin propuesto.

 

Al respecto, se resalta que si la teoría de la Corte Suprema se basó en el hecho de que el gobierno el 2 de junio de 2004 consideró que necesitaba de los votos de los congresistas Yidis Medina Padilla y Teodolindo Avendaño para aprobar el proyecto de Acto Legislativo que permitió la reelección presidencial, no resulta acertado establecer la coautoría sin demostrar que hubo una reunión o comunicación de los tres coautores entre dicha fecha y el momento en el que se efectuó la votación en el Congreso.

 

(f) El fallo condenatorio preferido en su contra se fundamentó en inferencias e indicios, pues si bien están sumariamente probados momentos en los cuales tuvo comunicaciones o encuentros con los congresistas involucrados en el presunto delito, no está demostrado el contenido de las conversaciones en las que, al parecer, se efectuaron los ofrecimientos de las prebendas.

 

(v) Defecto sustantivo^[9]

 

El peticionario considera que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en dos defectos sustantivos, pues:

 

(a) No analizó adecuadamente la atipicidad y antijuridicidad de la conducta reprochada según lo dispuesto en los artículos 9, 10, 405, 406 y 407 del Código Penal, porque ninguno de los implicados efectuó una negociación de la función pública, toda vez que “votar un proyecto de ley en uno o en otro sentido (así YIDIS MEDINA PADILLA) o abstenerse de hacerlo (así TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS), no es un deber funcional en la medida en que se trata de una mera facultad que –en el seno de una democracia representativa tienen quienes integran el órgano legislativo– se corresponde con el ejercicio de una libertad política. Los congresistas, no se olvide, son inviolables por las opiniones y los votos que emitan en ejercicio del cargo (Artículo 185 de la Constitución)”.

 

(b) No tuvo en cuenta los principios de proporcionalidad y equidad, el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014 y la reiterada jurisprudencia de la propia Sala de Casación Penal, para determinar el monto de la pena y para negarle la prisión domiciliaria.

 

1.3.         Pretensiones

 

Con base en lo anterior, el ciudadano Diego Palacio Betancourt solicitó:

 

1.3.1. Que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

 

1.3.2. Que se declare la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso penal desde la apertura de investigación, se deje sin efectos la sentencia condenatoria proferida en su contra por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 15 de abril de 2015, y se disponga su libertad inmediata e incondicional.

 

1.3.3. Como pretensión subsidiaria, que se sustituya la pena de prisión por prisión domiciliaria, y se le autorice para trabajar en su residencia con el fin de generar los ingresos necesarios para asegurar la subsistencia de sus dos hijos menores de edad.

 

1.4. Pruebas que obran en el expediente

 

Además de seis anexos explicativos, en los que desarrolla con mayor amplitud los defectos aducidos contra la sentencia atacada, se allegaron junto con la demanda de tutela, un total de 56 anexos consistentes en copias simples de varios documentos considerados relevantes frente a los hechos relatados, de los cuales se listan a continuación los más pertinentes^[10]:

 

1. Documentos relacionados con la tutela interpuesta por Diego Palacio Betancourt contra la Sala Penal de la Corte Suprema en julio de 2008, como consecuencia de las referencias que ésta hizo en la sentencia de condena de Yidis Medina, sobre la participación del ministro en los hechos por los cuales aquélla fue condenada.

 

2. Resolución de acusación dictada por el Fiscal 6° Delegado ante la Corte Suprema de Justicia contra los tres procesados, fechada el 6 de marzo de 2012.

 

3. Auto dictado el 28 de agosto de 2012 por el cual se unifica el trámite que para entonces se seguía de manera separada en contra de los tres procesados.

 

4. Solicitud de pruebas formulada por la defensa del actor durante el traslado previsto en el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal.

 

5. Relación de pruebas testimoniales negadas a Diego Palacio Betancourt y tenidas en cuenta por la Sala accionada en su decisión, y pruebas no solicitadas por el actor, pero tenidas en cuenta por la Sala de Casación Penal en la sentencia atacada.

 

6. Actas de diversas reuniones de la Sala de Casación Penal y de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, así como de votaciones adelantadas durante el desarrollo de los procesos adelantados contra los congresistas Medina Padilla y Avendaño Castellanos y contra los tres procesados.

 

7.  Varios impedimentos presentados durante este proceso por algunos de los integrantes de la Sala de Casación Penal y/o por los entonces Fiscal y Vicefiscal General de la Nación, y decisiones de la misma Sala en torno a estos impedimentos.

 

8.  Decisiones varias de la Procuraduría General de la Nación y del Consejo de Estado dictadas dentro de los distintos procesos adelantados contra los referidos congresistas y/o contra los tres procesados.

 

9. Denuncias penales formuladas por Diego Palacio Betancourt contra los integrantes de la Sala de Casación Penal y viceversa.

 

10. Documentos varios que demostrarían la enemistad y animadversión existentes entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia, durante el tiempo en que se inició el proceso penal, cuyo fallo se impugna.

 

11. Sentencia de condena dictada por la Sala accionada contra los tres procesados el 15 de abril de 2015.

 

12. Certificaciones y constancias varias sobre el tiempo de ejercicio de los conjueces que intervinieron en esta sentencia, sobre el pasado desempeño de los entonces Magistrados como Magistrados Auxiliares, y sobre el nombramiento en esta última calidad, del Fiscal Delegado que dictó la acusación en este proceso.

 

1.5.  Actuación procesal

 

Después de diversas actuaciones generadas por los impedimentos manifestados por varios de los integrantes de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 30 de noviembre de 2015 el Magistrado ponente, Luis Armando Tolosa Villabona, admitió a trámite esta acción de tutela y ordenó notificar a la Sala accionada y a todos los sujetos procesales que intervinieron en el proceso penal fallado mediante la sentencia atacada, para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones aducidas y ejercieran su defensa.

 

1.5.1. Respuesta de la Sala de Casación Penal

 

Mediante escrito fechado el 2 de diciembre de 2015, el Magistrado Jorge Luis Barceló Camacho, Presidente de la Sala accionada y ponente de la sentencia atacada, respondió a esta acción de tutela^[11], con la solicitud de que se denegara por improcedente el amparo deprecado, al considerar que el actor pretende reabrir el debate jurídico y probatorio resuelto por el juez de la causa. En efecto, la accionada señaló que el peticionario insiste en los argumentos que planteó dentro del proceso, pues “los temas alusivos a la vulneración al debido proceso y al juez natural fueron objeto de pedimento de nulidad”, y la censura relativa a la labor apreciativa de la prueba es “igualmente la reiteración de los argumentos expuestos a lo largo de la investigación y del juicio, circunstancia que denota que el actor estima lesivo de sus derechos el que no se le haya otorgado la razón en unos planteamientos, que obviamente desde su punto de vista, le deberían resultar favorable”. 

 

Así mismo, la Sala accionada sostuvo que el accionante propone una serie de tesis alternativas sobre el análisis jurídico efectuado por la Sala de Casación Penal, las cuales no fueron alegadas dentro del proceso penal, desconociendo así los fines y alcances de la acción de tutela como mecanismo residual. En ese sentido, la Sala accionada resaltó que el sinnúmero de hipótesis planteadas por el actor, son contradictorias e ignoran el funcionamiento de los despachos judiciales.

 

En concreto, la demandada afirmó, por ejemplo, que envolvía un contrasentido el hecho de que el actor alegara, por una parte, que la Corte Suprema asumió sin competencia el conocimiento de su caso pese a que los delitos imputados no tenían relación funcional con el cargo de Ministro de la Protección Social, y que, por otro lado, sostuviera que en atención a la dignidad que ocupaba, su caso debió ser asumido por el Fiscal General de la Nación y no por su delegado.

 

De igual manera, la accionada indicó que los reproches dirigidos a cuestionar la integración del tribunal de juzgamiento y su imparcialidad “solo pueden entenderse como producto del desconocimiento del actor acerca de temas procedimentales y constitucionales, sino de la forma como operan los despachos al interior de la Sala Penal y obviamente como especulaciones sin sentido ni fundamento, fruto quizá de la frustración de no hallar elementos de crítica diferentes a aquellos que su imaginación le ofrece en momentos de divagación”.

 

Por lo demás, frente a los cuestionamientos en torno a la reapertura de la investigación después del auto inhibitorio dictado en 2005, la Sala de Casación Penal advirtió que dicha decisión obedeció a lo manifestado por Yidis Medina en la diligencia de indagatoria y a otras pruebas practicadas por la Corte, por lo que no corresponde a la realidad señalar que tuvo su origen en recortes de prensa.

 

Igualmente, frente a la negativa de decretar y practicar las pruebas solicitadas, la Sala Penal resaltó que en la audiencia preparatoria se manifestaron las razones para adoptar dicha decisión, algunas de las cuales fueron revaluadas y se accedió a algunas de las suplicas del peticionario al resolverse su recurso de reposición.

 

1.5.2.  Intervención de la Fiscal 6ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia

 

La entonces titular de ese despacho intervino para destacar el carácter excepcional de la tutela contra decisiones judiciales y para señalar que, en su criterio, no se cumplen en este caso tales supuestos. Señaló que la investigación penal contra el señor Palacio Betancourt se adelantó en estricto cumplimiento del procedimiento penal, y que en el mismo no existió vulneración de ningún derecho fundamental.

 

Anotó, además, que los distintos aspectos que llegaren a aducirse en este excepcional escenario deben haber sido oportunamente puestos en conocimiento del juez que en su momento conduce el proceso, lo que no ocurrió en este caso, particularmente en lo relacionado con la supuesta falta de imparcialidad de varios de los integrantes de la Sala accionada. Señaló también que las apreciaciones sobre la supuesta falta de imparcialidad de los Magistrados y conjueces que adoptaron el fallo, no pasan de ser conjeturas o suposiciones, carentes por entero de pruebas.

 

Por estas razones, concluyó solicitando al juez constitucional, negar esta tutela.

 

 

1.5.3. Intervención del apoderado del señor Sabas Pretelt de la Vega

 

Al ser notificado de esta acción de tutela, este representante intervino para prevenir al juez constitucional sobre el hecho de que también su poderdante presentó acción de tutela contra la sentencia condenatoria de abril 15 de 2015, así como para destacar el sustento parcialmente coincidente de esas acciones de amparo, particularmente en lo atinente a la presunta falta de imparcialidad de los Magistrados y conjueces que integraron la Sala. En tal medida, expresó su respaldo a la solicitud de tutela presentada por el señor Palacio Betancourt.

 

Respaldó, además, las críticas planteadas por el actor en lo atinente a la supuesta falta de imparcialidad de la Sala que emitió el fallo de condena, respecto de lo cual aludió a las grabaciones arrimadas al expediente, que pese a su posible ilegalidad, deberían ser valoradas por el juez de tutela a efectos de apreciar esa grave situación, y su incidencia en el sentido de la sentencia cuestionada. Así mismo, se dolió también de las pruebas solicitadas por los tres procesados, con miras a la demostración de su inocencia, que la Sala accionada se abstuvo de decretar. 

 

1.5.4. Intervención del señor Sabas Pretelt de la Vega

 

Este ciudadano, condenado en la misma sentencia contra la cual se solicita el amparo, intervino para expresar su respaldo a la solicitud de tutela presentada por Diego Palacio Betancourt, al encontrarse en similar situación, y compartir plenamente las razones por las que este último solicitó protección constitucional.

 

II.  DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN

 

2.1. Sentencia de primera instancia

 

Después de resolver otras manifestaciones de impedimento, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2015, con ponencia del Magistrado Tolosa Villabona, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia denegó el amparo deprecado, al señalar que del examen del fallo cuestionado “no se observa irregularidad constitutiva de vía de hecho que imponga la intervención” del juez constitucional.

 

En efecto, después de incorporar largas transcripciones de los razonamientos con base en los cuales la Sala accionada sustentó su decisión condenatoria, se indicó que no se hallaba en su proceder ninguna irregularidad manifiesta, constitutiva de “vía de hecho”, en tanto se observó que tal decisión se apoyó en un análisis ponderado del material probatorio recaudado, con el cual no sólo se acreditaron los ofrecimientos efectuados a Yidis Medina, sino también los realizados a Teodolindo Avendaño, en ambos casos para garantizar la aprobación del proyecto de Acto Legislativo que permitiría la reelección presidencial.

 

En ese sentido, el juez de tutela señaló que los criterios desarrollados por la Sala de Casación Penal no fueron arbitrarios o caprichosos y que las meras inconformidades del solicitante con el fallo no permiten reabrir el debate, pues “la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es el más acertado o el más correcto para dar lugar a la intervención del juez constitucional”.

 

De otra parte, en torno a los argumentos relacionados con la imparcialidad de los Magistrados y conjueces que adoptaron la decisión, se destacó que el actor omitió formular la recusación correspondiente, por lo que no se satisfizo el criterio de subsidiariedad, implícito a la acción de amparo. Igualmente, se estimó que los reproches referentes a irregularidades en la etapa de instrucción y en las audiencias preparatorias tampoco eran viables, por no cumplir con el presupuesto de inmediatez de la acción de tutela, pues para la fecha de interposición de la misma ya habían trascurrido más de seis meses desde el momento en el que presuntamente se configuraron dichos yerros.

 

Finalmente, la Sala de Casación Civil advirtió que el hecho de que el demandante acudiera en calidad de aforado al juicio reprochado de conformidad con el artículo 235 de la Carta Política, impedía una doble instancia para su causa, así como la posibilidad de impugnar el fallo condenatorio, lo cual se justifica con la prerrogativa “de ser investigado y juzgado por órganos calificados que están a la cabeza de la jurisdicción, y que tienen un carácter colegiado”.

 

2.2. Impugnación

 

El ciudadano Diego Palacio Betancourt impugnó la decisión de primer grado, y sustentó ante la Sala de Casación Laboral, juez de segunda instancia, las razones de su desacuerdo. Entre ellas, retomó varios de los reproches formulados en la acción de tutela e insistió en la necesidad de valorar las grabaciones publicadas en los medios de comunicación, en las que se escucha a los entonces Magistrados de la Corte Suprema pronunciándose sobre su caso, y de las cuales se advierte que existió prejuzgamiento, así como que no se actuó con imparcialidad. Según afirmó, si estas pruebas se analizan en contexto, resulta claro que “la Sala Penal tomó las decisiones en Sala Plena frente a los temas relacionados con los funcionarios del gobierno Uribe”, actuando en “legítima defensa” y adelantando en su contra un juicio con “motivación política”.

 

De otro lado, insistió además en la necesidad de garantizar el derecho a la doble instancia que, según adujo, resulta aplicable a su caso, dentro del marco de lo dispuesto por la sentencia C-792 de 2014, dictada por este tribunal. Así mismo, llamó la atención sobre la necesidad de analizar la existencia de eventuales impedimentos en los entonces integrantes de la Sala de Casación Laboral, órgano encargado de decidir sobre el recurso entonces interpuesto.

 

De igual manera, el ciudadano Sabas Pretelt de la Vega también cuestionó la decisión de primera instancia y reiteró los argumentos expuestos en su intervención ante el a quo, reclamando además su derecho a ser escuchado dentro de este trámite, en razón a su calidad de también condenado, por la misma sentencia que a través de este amparo constitucional se cuestiona.

 

2.3. Decisión de segunda instancia

 

A través de sentencia del 27 de enero de 2016, de la que fue ponente el Magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo apelado. En sustento de su decisión, después de reiterar el carácter altamente excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, reafirmó que no queda duda que la sentencia de condena tuvo sustento en el abundante acervo probatorio que obraba en el plenario, el cual permitió a la Sala accionada obtener un convencimiento razonable sobre el interés del actor en la prosperidad de la reforma constitucional para entonces en estudio, así como sobre las acciones que realizó para concretar tal fin.

 

Por lo demás, frente a los cuestionamientos relacionados con la imparcialidad de los Magistrados y conjueces que actuaron en ese proceso, el ad quem sostuvo que dichos reproches debieron plantearse en la oportunidad correspondiente, además de lo cual, “no se advierte subjetividad alguna en la decisión cuestionada”.

 

III.  ACTUACIONES CUMPLIDAS EN SEDE DE REVISIÓN

 

El 28 de abril de 2016, el ciudadano Diego Palacio Betancourt intervino reiterando los argumentos alegados en la acción de tutela y solicitando que se revoquen las decisiones de instancia. En concreto, presentó el siguiente cuadro donde resume los principales cuestionamientos frente al fallo condenatorio:

 

ERRORES IN PROCEDENDO
Fiscalía General de la Nación	Sala de Casación Penal de la CSJ
Incompetencia para adelantar la fase de instrucción.	Incompetencia para adelantar la fase de juzgamiento.
Recaudo probatorio irregular por carecer de competencia.	Falta de imparcialidad e independencia de los juzgadores.
Trasgresión de la publicidad del proceso ante la ausencia de notificación del acto de delegación [Resolución No. 023 (07-02-12)], dentro de un proceso que, en principio, era indelegable.	Valoración irregular del acervo probatorio. Imposibilidad de ejercer el derecho de contradicción respecto al trámite probatorio. Violación del principio in dubio pro reo.
Ausencia de trámite de nulidades insubsanables, relacionadas con la garantía al juez natural y violación al derecho de defensa.	Ratificación de las irregularidades acontecidas en la fase de instrucción a pesar de la solicitud realizada dentro del traslado establecido en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000.
Vulneración del derecho constitucional de impugnación contra la resolución de acusación.	Vulneración del derecho constitucional de impugnación de la sentencia condenatoria.

 

El 28 de junio de 2016, el ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega solicitó que (i) se seleccionen para revisión los fallos proferidos dentro del proceso de amparo que él inició para cuestionar las mismas providencias que se controvierten en el presente trámite^[12], y que (ii) se convoque a una audiencia pública dada la trascendencia nacional del caso.

 

Mediante auto del 2 de agosto de 2016, el entonces Magistrado sustanciador denegó lo pedido por Sabas Pretelt de la Vega, al considerar que (i) era extemporánea su solicitud de selección, así como que (ii) de conformidad con los artículos 12 del Decreto 2067 de 1991 y 67 del Acuerdo 02 de 2015, no están dadas las condiciones para realizar una audiencia, pues aun cuando el debate sometido a decisión es un asunto de especial relevancia, en principio, los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión ya reposaban en el expediente.

 

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Competencia

 

A través de su Sala Plena, la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro del proceso de la referencia, con base en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

2. Problemas jurídicos

 

A partir de los planteamientos y pretensiones formuladas en el escrito de tutela del actor Diego Palacio Betancourt, corresponde a esta Sala determinar, si al dictar la sentencia de condena en su contra, fechada el 15 de abril de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en los defectos orgánicos, procedimentales, fácticos, sustantivos y de violación directa de la Constitución que en su propio nombre alega, en sustento del amparo solicitado, a partir del cual, busca que se deje sin efectos la aludida providencia, en lo que a él respecta.

 

Para resolver sobre lo planteado, la Sala comenzará por rememorar los excepcionales eventos en los cuales resulta procedente la acción de tutela frente a providencias judiciales en firme, a partir de lo cual, revisará si tales circunstancias concurren frente al caso concreto, de lo cual dependerá entonces la posible prosperidad del amparo impetrado.

 

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia

 

3.1. Conforme al precepto contenido en el artículo 86 de la Constitución Política, la Corte Constitucional ha desarrollado, desde sus inicios, una amplia doctrina acerca de la procedencia de la acción de tutela contra las providencias expedidas por las autoridades judiciales.

 

En un comienzo, esa atribución encontró fundamento en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. No obstante, aunque dichas disposiciones fueron declaradas inexequibles mediante sentencia C-543 de 1992, al considerar que valores como la seguridad jurídica y la cosa juzgada eran relevantes en nuestro sistema normativo, en tanto justificaban la intangibilidad de las decisiones judiciales, esta Corte advirtió que ciertos actos no gozaban de tales cualidades y que, por tanto, frente a actuaciones de hecho, la acción de tutela sí resultaba procedente para proteger los derechos fundamentales. La Corte afirmó en ese entonces:

 

“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, (...). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia”.

 

3.2. El caso ahora traído a consideración de la Corte plantea un asunto que ha sido abordado profusa y reiteradamente por la jurisprudencia constitucional, en la que ésta ha sido positiva en afirmar que la acción de tutela procede, a pesar de su carácter subsidiario, contra providencias judiciales en las que se vislumbre vulneración a los derechos fundamentales. En esa perspectiva, la Corte ha registrado una importante evolución de su jurisprudencia sobre el particular, que se inicia con la citada sentencia C-543 de 1992, después de lo cual, fallos como el T-079 de 1993 y el T-158 de 1993, precisaron un conjunto de defectos que podrían llegar a justificar el amparo de derechos fundamentales de aquellos ciudadanos que acuden a la administración de justicia para la solución de sus conflictos, como la ausencia de fundamento objetivo de la decisión judicial o que el juez profiriera la providencia arrogándose prerrogativas no previstas en la ley.

 

En la misma dirección, la sentencia T-231 de 1994 trazó pautas orientadas a delimitar el enunciado “vía de hecho” respecto de providencias judiciales, para lo cual señaló los vicios que harían viable la acción de tutela contra aquellas, a saber: (i) defecto sustantivo; (ii) defecto fáctico; (iii) defecto orgánico; o (iv) defecto procedimental. Esta doctrina constitucional fue luego precisada y reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional en los años subsiguientes, entre las cuales se encuentran los fallos SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

 

Esa misma evolución jurisprudencial propició que, años más adelante, la Corte revaluara el concepto de vía de hecho, entendido como el acto absolutamente caprichoso y arbitrario^[13] que interesa al juez constitucional y, en su lugar, prefiriera el enunciado de “causales genéricas de procedibilidad de la acción^[14]. Al respecto, en la sentencia T-949 de 2003, la Sala Séptima de Revisión explicó lo siguiente:

 

“Esta Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts. 1, 2, 13, 86, 228 y 230 C.P.).

 

“En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión ‘vía de hecho’ por la de ‘causales genéricas de procedibilidad’. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita ‘armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado’ ( Sentencia T-462 de 2003 )”.

 

3.3. Cuota importante en esta evolución jurisprudencial aportó la sentencia C–590 de 2005, por la cual se fortalecieron los precedentes jurisprudenciales enunciados hasta esa fecha, por tratarse de un fallo de constitucionalidad con efectos erga omnes, en el cual a propósito de la Ley 906 de 2004 -Código de Procedimiento Penal-, la Corte estableció que una cosa es que el legislador no permita la utilización de recursos contra los fallos que resuelvan el recurso extraordinario de casación en materia penal, en desarrollo de su libertad de configuración y, otra muy distinta, que por esa razón se excluya la procedencia de la acción de tutela prevista en el artículo 86 constitucional para la protección de los derechos fundamentales contra toda acción u omisión de cualquier autoridad pública.

 

En esta sentencia, se advirtió expresamente que la acción de tutela contra fallos judiciales sólo tendría vocación de prosperidad cuando se cumpliera con ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos, distinguió unos de carácter general, que habilitaban la interposición de la tutela y, otros de carácter específico, que tocan la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto. Entre los requisitos generales, la sentencia acopió y definió los siguientes:

 

“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional^[15]. (…)’.

 

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable^[16].

 

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración^[17].

 

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora^[18]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

 

 e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible^[19].

 

f. Que no se trate de sentencias de tutela^[20]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”

 

De la misma forma, ese trascendente fallo enlistó varias causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, entre ellas:

 

“25. Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

 

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

 

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

 

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

 

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales^[21] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

 

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

 

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

  

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado^[22].

 

“i. Violación directa de la Constitución.

 

“Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.” (Resaltado fuera de texto).

 

4. Análisis sobre la concurrencia de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales

 

4.1. Relevancia constitucional. En el proceso objeto de estudio, el peticionario fue condenado a las penas de 80 meses de prisión, multa de 167 salarios mínimos legales mensuales y 112 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, en su calidad de coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer, a partir de los ofrecimientos que, junto con otros altos funcionarios del Gobierno de la época (junio de 2004), habría presentado a dos integrantes de la Cámara de Representantes, para asegurar que una de ellos votara en un determinado sentido y otro se abstuviera de hacerlo, dentro del trámite de un Acto Legislativo sobre reelección presidencial, en el que el Gobierno Nacional tenía evidente interés.

 

Los cargos que el actor formula contra el fallo condenatorio radican en la supuesta ocurrencia de múltiples defectos orgánicos, procedimentales, fácticos, sustantivos y de violación directa de la Constitución, en relación con diversos aspectos relevantes, entre ellos la posible incompetencia del investigador y de la Sala que profirió la sentencia de condena, la existencia de importantes circunstancias que habrían afectado la necesaria imparcialidad del fallador, las características de la valoración probatoria realizada, y la posible existencia de defectos sustantivos en la aplicación de la ley penal, en la fijación de la pena imponible y en la negación de beneficios penales al condenado, que para el caso resultarían procedentes.

 

En este escenario, es claro que en caso de hallarse fundados uno o más de tales cargos, se demostraría que la condena impuesta incidiría, no solo negativamente, sino también de manera injustificada y contraria a la Constitución, en los derechos fundamentales del actor a la libertad personal, al trabajo y al mínimo vital, además de lo cual, se habría atentado contra los principios superiores que orientan el ejercicio del poder punitivo del Estado, como son los ya referidos de presunción de inocencia, imparcialidad del juez y derecho de defensa, componentes esenciales del debido proceso.

 

No menos importantes, desde el punto de vista constitucional, son los asuntos debatidos a través de la acción, entre ellos, la posibilidad de que se hubiera incurrido en un defectuoso manejo probatorio, en perjuicio del inculpado, o que en su juzgamiento no hubiere habido las debidas garantías de imparcialidad.

 

En tal medida, estima la Sala Plena que los asuntos planteados presentan una clara y evidente relevancia constitucional, con lo que este requisito aparece cumplido.

 

4.2. Subsidiariedad. Contra el fallo que en este caso es objeto de controversia constitucional no proceden recursos ordinarios, por cuanto se trata de una decisión de única instancia, emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto los procesados eran servidores públicos amparados por el fuero constitucional previsto en el numeral 4° del artículo 235 superior. En tal medida, se cumple la exigencia del artículo 86 constitucional, en el sentido de que frente a la situación controvertida no exista ningún otro medio de defensa judicial.

 

En todo caso, podría argüirse que contra esa providencia procedería, al menos, la acción de revisión, que en tal supuesto se erigiría en un mecanismo judicial orientado a atacar el fallo ejecutoriado de la Sala de Casación Penal. Sin embargo, debe anotarse que en cuanto recurso extraordinario, la acción de revisión contra decisiones ya en firme, depende para su viabilidad de unas taxativas causales de procedencia, encaminadas a infirmar la supuesta corrección de sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada, principalmente, cuando ocurren hechos o surgen situaciones sobrevinientes que hacen necesario modificar la decisión.

 

Empero, en este caso, ninguno de los cuestionamientos que el actor dirige contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en el sentido de condenarlo por el delito de cohecho por dar u ofrecer, podría subsumirse en las causales de procedencia de la acción de revisión^[23] y, por lo tanto, no sería dable exigirle al peticionario la necesidad de agotar una acción que no está diseñada para soportar la controversia constitucional planteada en esta oportunidad.

 

4.3. Inmediatez. La sentencia que el actor considera violatoria de sus derechos fundamentales fue proferida por la Sala de Casación Penal el 15 de abril de 2015, fecha desde la cual ha de contarse el término de presentación de la acción, pues a partir de ese día el actor conoció el sentido y contenido de tal decisión. Por su parte, la demanda de tutela se radicó ante la Sala de Casación Civil de la misma corporación, el día 15 de octubre de 2015, esto es, solo seis meses después de proferido el fallo atacado. Por esta razón, observa la Sala que, al menos en esta perspectiva global, la acción se interpuso dentro de un término razonable, lo que permite el estudio de fondo por parte del juez constitucional, del amparo impetrado en el presente caso, contra la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal.

 

Con todo, no ocurre lo mismo respecto de los defectos particulares que habrían acaecido durante el desarrollo del proceso judicial, que según alega el actor, afectarían también la validez de la sentencia condenatoria que puso término a aquél, puesto que se trata de situaciones consolidadas de tiempo atrás, de hecho con considerable antelación a la fecha de emisión de esa decisión judicial. Este es el caso, entre otros, de los supuestos defectos orgánicos y/o procedimentales que en sede de tutela se invocaron respecto de la actuación del Fiscal 6º Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, como representante de la entonces Fiscal General de la Nación, frente a las pruebas decretadas por el aludido funcionario, o respecto de la supuesta incompetencia de la Sala de Casación Penal, al haber cesado el señor Palacio Betancourt en su entonces cargo de Ministro de Estado desde el mes de agosto de 2010, o por cuanto la reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial era un tema ajeno a sus funciones ante la cartera de Protección Social. Como es evidente, en vista del tiempo transcurrido entre la ocurrencia de esos alegados defectos y la presentación de la acción de amparo, aparece ausente, frente a todos ellos, el criterio de inmediatez.

 

De manera semejante, devienen también extemporáneas las quejas relacionadas con la no tramitación de nulidades solicitadas durante la fase de investigación, o con la negación del recurso de apelación propuesto contra la resolución de acusación emitida al concluir aquélla, situaciones frente a las cuales no se impetró, en su momento, la acción de amparo constitucional.

 

Así las cosas, al hallarse ausente en esos casos este elemento de procedibilidad de la tutela, la Sala Plena se abstendrá de considerar esas glosas en su decisión.

 

4.4. Que, de ser posible, el peticionario haya sostenido en el trámite ordinario los argumentos sobre los que construye la petición de amparo

 

En el presente caso, este requisito se encuentra parcialmente satisfecho, en cuanto, según se refleja en las decisiones adoptadas durante el transcurso del proceso penal antecedente, la defensa controvirtió, con todos los mecanismos disponibles, las decisiones relacionadas con la negación de pruebas solicitadas por el actor o con el uso de pruebas trasladadas de otros procesos. Así, aun cuando ninguna de estas decisiones fue revertida, en atención a su oportuna discusión durante el proceso, este requisito también se considerará cumplido, en lo atinente a estas glosas.

 

Sin embargo, no ocurre lo mismo frente a otros defectos, entre ellos, todos aquellos que, por encuadrar en causales de impedimento o recusación previstas por la ley, podían, y a juicio de la Sala, debían, ser invocadas durante el desarrollo del proceso, a medida que se advirtieran los hechos que las configuran, lo que, según comprueba la Sala, no ocurrió en este caso. Esta actitud pasiva por parte del actor compromete entonces la procedencia de varias de sus denuncias, las relacionadas con la supuesta falta de imparcialidad de la Sala accionada, resultante de circunstancias tales como: i) la alegada intervención durante la fase de juicio de quien en la etapa investigativa, y conforme a lo previsto en el Acto Legislativo 06 de 2011, fungió como Fiscal a cargo, por delegación de la entonces Fiscal General de la Nación; ii) la formulación de denuncias penales recíprocas entre la Sala de Casación Penal y el otrora Ministro Palacio Betancourt; iii) la existencia de un serio enfrentamiento, asimilable a una grave enemistad, entre, de un lado, los tres procesados y el Gobierno del que ellos hicieron parte, y del otro, la Sala accionada, a la que correspondía su juzgamiento; iv) la participación, como integrantes de la misma Sala, de Magistrados que, en su momento, fueron elegidos con intervención de sus antecesores que participaron en la sentencia anticipada de condena contra Yidis Medina, y en otras decisiones relevantes; v) la participación dentro de esta misma Sala de un conjuez que simultáneamente era apoderado de un periodista investigador especialmente activo durante el desarrollo de este caso.

 

Según puede observarse, aunque estas situaciones, de tiempo atrás eran conocidas por el actor, ninguna de ellas fue planteada ni cuestionada, mediante la formulación de las respectivas recusaciones, a partir del momento en que se advirtió la eventual falta de imparcialidad que podrían generar, ni durante el resto del trámite que antecedió a la decisión. Fue solo después de conocido el fallo, cuando se cuestionaron esas circunstancias relativas a la integración de la Sala que profirió aquel, lo que no resulta de recibo.

 

En vista de esa ausencia de protesta oportuna, y tal como lo hicieron los jueces de instancia, desde ahora anuncia la Sala que ninguno de estos supuestos defectos será analizado, al no concurrir, en debida forma, el cumplimiento de este requisito.

 

4.5. Finalmente, ha de precisarse que las demás condiciones formales de procedibilidad de la acción se satisfacen en este asunto, pues, de una parte, (i) entre los defectos cuyo análisis avocará la Sala no se discuten irregularidades procesales que afecten directamente la sentencia controvertida, y de otra, (ii) el accionante no pretende cuestionar una decisión de tutela.

 

En suma, a partir de lo anterior, concluye la Sala que, con las salvedades antes anotadas en lo relacionado con la ausencia de inmediatez frente a algunos de los defectos aducidos, o con la falta de previa alegación de otros de ellos, se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo. En consecuencia, se pasará a examinar la posible configuración de los restantes defectos aducidos frente al caso concreto.

 

5. Análisis sobre la presencia de causales específicas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales

 

Tomando en cuenta la extensa lista de los defectos alegados en este caso, a partir de los cuales se pretende que se deje sin efectos el fallo cuestionado, en lo relativo al actor Palacio Betancourt, y una vez excluidos todos aquellos que por falta de inmediatez y/o por ausencia de alegación previa no podrán ser analizados, observa la Sala que, conforme a la clasificación propuesta por el actor, ellos encajarían en cuatro de las categorías que, según atrás quedó expuesto, recogen las posibles situaciones que podrían dar lugar a la prosperidad del amparo constitucional contra una sentencia ejecutoriada. Aparecen, en su orden, el defecto procedimental (que en este caso se habría generado en una circunstancia posterior a la sentencia), la violación directa de la Constitución, el defecto fáctico y el defecto sustantivo.

 

Ahora bien, la misma amplitud y diversidad de los posibles vicios alegados contra la sentencia condenatoria confutada lleva a la Sala Plena a advertir que, según se observa, en realidad se pretende cuestionar ésta en su integridad, a la manera de un recurso ordinario, como sería especialmente el de apelación, que por su naturaleza abre paso a una instancia adicional, intentando así convertir la acción de tutela en una nueva e integral oportunidad de revisión del fallo y sus fundamentos, lo que naturalmente excede su intención y propósito, conforme a la Constitución. Ello por cuanto, tal como páginas atrás se reiteró, la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales es altamente excepcional, y solo aparece viable en cuanto las circunstancias alegadas se encuadren claramente en una o más de las causales que al efecto ha desarrollado la jurisprudencia de este tribunal, lo que, a simple vista, no ocurre en este caso, en el que varias de las alegaciones del actor, en realidad, exceden o pretenden desfigurar la esencia de tales causales de procedencia.

 

Pese a ello, la Sala adelantará una breve pero razonable consideración de los distintos problemas planteados, en la perspectiva de las causales en las que el actor ha pretendido clasificarlos, para lo cual procederá primero, en cuanto aparezca necesario, a realizar una breve contextualización adicional sobre los alcances de cada uno de los aludidos defectos, a partir de lo cual podrá verificarse, con la claridad requerida, si en verdad concurre una o más de tales situaciones, único escenario que en este caso podría conducir a la prosperidad del amparo solicitado.

 

5.1. Sobre el defecto procedimental. Reiteración de jurisprudencia

 

Conforme a la jurisprudencia de este tribunal, el defecto procedimental alude a todos aquellos eventos en los que el juez accionado, al momento de dictar su decisión, o durante los actos o diligencias previas conducentes a ella, desatiende o deja de aplicar las reglas procesales que según el caso resultan pertinentes, defraudando así la confianza legítima de las partes involucradas, quienes, naturalmente, esperan que el trámite se conduzca dentro del marco de las normas procesales aplicables. Este solo hecho implica un desconocimiento del derecho de acceder a la justicia, que garantiza el artículo 229 de la Constitución.

 

Sin embargo, es claro que no cualquier apartamiento de las reglas procesales sería suficiente para que pueda concederse tutela contra el juez que lo hubiere cometido. Es por ello que la jurisprudencia habitualmente exige que se trate de un defecto procedimental absoluto, entendiendo por tal el que tiene lugar cuando se da un desconocimiento protuberante de las formas del juicio de que se trata, bien porque el funcionario judicial sigue un trámite por completo ajeno al pertinente (desvía el cauce del asunto), bien cuando se pretermiten etapas o eventos sustanciales del procedimiento legalmente establecido, afectando así el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso^[24].

 

En todo caso, existe gran diversidad de situaciones en las que este defecto absoluto puede presentarse, dependiendo de las circunstancias particulares de las distintas reglas aplicables a cada tipo de procesos, que eventualmente serían desatendidas. Como ejemplos frecuentes de ellos la Corte ha señalado, entre otros, los siguientes: (i) cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, o si se deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un efecto real, lo cual puede ocurrir porque el afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por otros medios, no procederá la tutela; (ii) cuando existe una dilación injustificada, tanto en la adopción de decisiones como en el cumplimiento de las mismas por parte del juez; (iii) cuando la autoridad judicial pretermite la recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica previamente había sido ordenada; y (iv) cuando resulta evidente que una decisión condenatoria en materia penal, se produjo como consecuencia de una clara deficiencia en la defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado^[25].

 

Otra ocurrencia frecuente, encuadrable como una especie de este defecto, es el llamado exceso ritual manifiesto, que se presenta cuando la observancia de las normas procesales por parte del juez va acompañada de tal rigor, que se olvida su finalidad y se termina sacrificando el derecho sustancial cuya protección persigue el proceso, en contravía de lo previsto en el artículo 228 superior^[26].  

 

La Corte ha señalado además que la procedencia de la tutela por defecto procedimental está sujeta a que concurran los siguientes elementos: (i) Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada dentro del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales^[27].

 

Es importante advertir que el solo hecho de apartarse, de manera notoria y determinante, de las reglas procesales aplicables, es en sí mismo censurable, por lo que usualmente, puede ser corregido mediante la acción de tutela. Pero más allá de ello, es evidente que el error o desviación en materia de procedimiento puede además, según las circunstancias, dar lugar a una decisión contraria a derecho, distinta a la que naturalmente correspondería, circunstancia que, sin duda, añade adicional gravedad a este defecto.

 

5.2 Sobre la violación directa de la Constitución

 

Recogiendo la jurisprudencia consolidada durante los años precedentes, la clasificación de las causales especiales de procedibilidad contenida en la sentencia C-590 de 2005 reconoció la violación directa de la Constitución como un defecto autónomo y diferente de los demás. Esta categoría tiene entonces una función residual, en cuanto habilita la prosperidad de la acción de tutela en aquellos casos en los que, existiendo una evidente contradicción entre el contenido de la decisión judicial disputada y los mandatos superiores, no sea posible su encuadramiento en alguna de las otras causales especiales, previamente identificadas por la jurisprudencia.

 

Fueron la caracterización de la Constitución como norma de normas (art. 4°) y el mandato de aplicarla en todo caso de incompatibilidad entre sus disposiciones y las de la ley u otra norma jurídica, las razones que, al menos desde los primeros años del presente siglo, impulsaron la tesis jurisprudencial que consideró la vulneración directa de la carta política como una causal de procedencia de la tutela contra sentencias, distinta de la que se enmarca en las condiciones del defecto sustantivo.

 

En atención a esas consideraciones, la Corte ha entendido que dicho defecto se estructura cuando una providencia judicial desconoce determinados postulados del texto superior, bien sea porque los omite por completo, los  contradice, o les atribuye un alcance insuficiente. En efecto, la forma más clara y evidente de desconocer la Constitución es “desatender completamente lo que ella dispone, al punto de ni siquiera tener en cuenta sus prescripciones más elevadas en el razonamiento jurídico”. Ese desconocimiento puede ocurrir, también, cuando sus disposiciones no se aplican en el nivel de cumplimiento más alto posible, de manera que, frente a varios principios en disputa, uno de ellos resulta sacrificado más allá de lo que era necesario^[28].

 

Como situaciones en las que concurre este defecto, la Corte ha identificado también aquellas en las que i) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución, o iv) el funcionario aprueba un acuerdo conciliatorio que implica desconocimiento de los derechos fundamentales de una de las partes^[29].

 

Así las cosas, dentro del marco de esta causal especial de procedibilidad es viable la tutela contra decisiones judiciales cuyo contenido implique desconocimiento a los contenidos del texto superior, aplicación de la ley al margen de la interpretación conforme a la Constitución, o efectividad de los derechos fundamentales en medida inferior a la resultante de los dictados constitucionales.

 

5.3. Sobre el defecto fáctico. Reiteración de jurisprudencia

 

Bajo esta denominación, la jurisprudencia ha agrupado todas aquellas situaciones en las que existen deficiencias en la valoración probatoria, por ejemplo, al dar por demostrados hechos que no lo están, o por el contrario, al dejar de apreciar aspectos relevantes que en realidad se encuentran debidamente acreditados, errores todos que dan lugar a una inadecuada resolución de la situación fáctica observada, decisión que por lo mismo, es contraria a derecho. Desde sus primeros fallos sobre el particular, este tribunal ha reconocido que este escenario constituye un grave defecto de las decisiones judiciales, y por ello, una hipótesis en la cual, resulta excepcionalmente procedente el amparo constitucional contra tales resoluciones.

 

El defecto fáctico es, entonces, una de las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Con todo, para que se configure este vicio es necesario que el operador judicial profiera una decisión sin contar con el necesario y adecuado respaldo probatorio, lo que trae como directa consecuencia una distorsión entre la verdad jurídica o procesal y la material, situación en la que, sin duda, no se realiza el inexorable deber atribuido a los jueces de impartir justicia.

 

De lo anterior se desprende que la amplia discrecionalidad con que éstos cuentan para asignar valor a cada prueba –según las reglas de la sana crítica– no implica una potestad absoluta, cuyo ejercicio pueda desbordar los límites que impone el ordenamiento constitucional.

 

Al mismo tiempo, es importante recordar que esta corporación ha sido reiterativa en la protección al principio de la autonomía e independencia judicial, en el cual se incluye el amplio margen de apreciación que recae sobre los operadores judiciales para valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, las pruebas que han sido recaudadas durante el proceso. Con todo, la sentencia SU-159 de 2002, advirtió que dicha independencia y autonomía “jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de la administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”^[30].

 

Bajo ese entendido, se configura un defecto fáctico cuando quiera que la providencia judicial ha sido el resultado de un proceso en el que dejaron de practicarse pruebas necesarias para dirimir el conflicto (omisión judicial), pero también cuando aquellas, habiendo sido decretadas y practicadas, no son apreciadas bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional, pues ello se opone al debido proceso, al punto de generar arbitrariedad. Lo mismo ocurre con las que carecen de aptitud o de legalidad, bien sea por su inconducencia, o porque fueron recaudadas de forma inapropiada, caso último en el que deben ser consideradas como pruebas nulas de pleno derecho (art. 29 C. P.).

 

Esta Corte ha precisado también que el denominado defecto fáctico tiene dos dimensiones paralelas, una positiva y una negativa. Mientras la primera hace referencia a circunstancias en las que se valoran pruebas vulnerando reglas legales y principios constitucionales, la segunda se relaciona con situaciones omisivas en la valoración probatoria que pueden resultar determinantes para el caso concreto. Esta omisión debe caracterizarse por ser arbitraria, irracional y/o caprichosa^[31].

 

Sin embargo, la Corte ha destacado que este juicio no puede resultar de una proyección automática, pues la valoración probatoria del juez natural es, al menos en principio, resultado de su apreciación libre y autónoma, aunque sin duda, no arbitraria, la que no puede, sin más, ser desplazada e invalidada, por un criterio simplemente diferente, dado por el juez de tutela. Así, si bien este defecto puede en realidad presentarse, y las personas o ciudadanos afectados deben ser protegidos ante tal eventualidad, el juez constitucional ha de ser extremadamente prudente y cauteloso, para no afectar con su decisión, ese legítimo espacio de autonomía del juez natural. Para ello deberá realizar una cuidadosa ponderación de cada caso en particular, atendiendo a los parámetros decantados por la jurisprudencia de la Corte, en los siguientes términos: 

 

“La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio.

 

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima. ^[32]”

 

En otras decisiones más recientes, pero en la misma línea, esta Sala ha indicado también^[33] que “…entendiendo que la autonomía judicial alcanza su máxima expresión en el análisis probatorio, el defecto fáctico debe satisfacer los requisitos de irrazonabilidad y trascendencia: (i) El error denunciado debe ser ‘ostensible, flagrante y manifiesto’, y (ii) debe tener ‘incidencia directa’, ‘transcendencia fundamental’ o ‘repercusión sustancial’ en la decisión judicial adoptada, lo que quiere decir que, de no haberse presentado, la decisión hubiera sido distinta”.

 

En suma, se requiere entonces que el supuesto error o defecto fáctico posea unas características claramente estructuradas, que superen la prevalencia de aquellos principios orientados por la inmutabilidad de las decisiones que ponen fin a un proceso, como son, entre otros, los de cosa juzgada, estructura autónoma y funcional de la administración de justicia y seguridad jurídica.

5.4. Sobre el defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia

 

Según lo ha establecido esta Corte de manera reiterada, este tipo de defecto se presenta cuando la decisión judicial adoptada por el juez, desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al sustentarse en disposiciones claramente inaplicables al caso concreto. Sobre el particular, este tribunal ha sostenido, que cuando una decisión judicial se soporta en una norma jurídica manifiestamente equivocada, que la excluye del marco de la juridicidad y de la hermenéutica, aquella pasa a ser una simple manifestación de arbitrariedad, que debe dejarse sin efectos, para lo cual la acción de tutela pasa a ser el mecanismo idóneo y apropiado.

 

Al respecto, se ha explicado que tal situación de arbitrariedad se presenta cuando se aplica una norma: (i) que es inexistente; (ii) que ha sido derogada o declarada inexequible; (iii) que estando vigente, resulta inconstitucional frente al caso concreto y el funcionario se haya abstenido de aplicar la excepción de inconstitucionalidad; (iv) que estando vigente y siendo constitucional, es incompatible con la materia objeto de definición judicial^[34].

 

Aun cuando todavía en ocasiones algunos operadores jurídicos encuadran bajo este concepto situaciones actualmente diferenciadas, como el desconocimiento del precedente o la violación directa de la Constitución, el defecto sustantivo se circunscribe en general a aquellos casos en los que la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque i) la norma  perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley (derogación o declaración de inexequibilidad, ii) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso. 

 

Según lo precisó la reciente sentencia T-123 de 2016 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), el defecto sustantivo “parte del reconocimiento de que las autoridades judiciales son autónomas para establecer cuál es la norma que fundamenta la solución del caso puesto bajo su conocimiento, del mismo modo que les corresponde interpretar y aplicar las disposiciones normativas con autonomía e independencia. Pero admite que estos principios que amparan la actividad del juez no son absolutos y, por eso, excepcionalmente el juez de tutela debe intervenir para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y de la Constitución. Por esa razón, para que se configure un defecto sustantivo en cualquiera de los eventos mencionados, debe demostrarse que la decisión del juez respecto del fundamento normativo es evidentemente irrazonable. De lo contrario, no es procedente la acción de tutela por este defecto.”

 

6. Caso concreto. Análisis de las causales de procedibilidad aducidas

 

La Sala aborda a continuación el análisis detallado de aquellos defectos que el mismo actor encuadró en alguna de las causales especiales de procedibilidad a las que anteriormente se hizo referencia, que no fueron previamente excluidos en razón a la no concurrencia de alguno de los requisitos generales de procedibilidad.

 

6.1. Sobre la supuesta existencia de un defecto procedimental

 

Según se sostuvo en la demanda de tutela, y también al presentar impugnación contra el fallo de primera instancia, la Sala de Casación Penal habría incurrido, con posterioridad a la expedición del fallo aquí cuestionado, en un error procedimental, al no permitir el trámite de la segunda instancia contra aquél, como hace poco lo habría establecido la sentencia C-792 de 29 de octubre 2014, de este tribunal. 

 

Sin embargo, de conformidad con el concepto de defecto procedimental que páginas atrás reiteró la Corte, no encuentra la Sala que en este caso se haya presentado un problema de esa naturaleza, por cuanto la normativa aplicable a este trámite, en modo alguno contempla la existencia de tal posibilidad, razón por la cual, la Sala accionada no incurrió en este defecto al no admitir su ejercicio.

 

Ahora bien, no ignora la Sala el sentido de las resoluciones contenidas en el antes referido fallo C-792 de 2014, decisión que incluyó la inexequibilidad diferida de varias disposiciones de la Ley 906 de 2004, el exhorto al Congreso para legislar prontamente sobre la materia, y la advertencia sobre la posible futura efectividad directa del derecho a impugnar toda sentencia condenatoria originalmente no pasible de otro recurso, en caso de que el órgano legislativo se abstuviere de regular el tema dentro del término señalado para el efecto.

 

Sin embargo, es claro que aún bajo estos supuestos, es cierto que para la época en que se produjo la decisión que por esta acción de tutela se cuestiona (15 de abril de 2015), no existía aún tal opción, pues todavía no había transcurrido el plazo concedido al legislador para expedir la regulación de este tema, razón por la cual, tampoco operaba aún la última previsión de ese fallo de constitucionalidad, esto es, aquella según la cual “a partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”. Así lo reiteró esta Corte en la reciente sentencia SU-215 de 2016 (M. P. María Victoria Calle Correa), en la que esta posibilidad fue descartada frente a una situación análoga, relacionada con la pretensión de impugnar una sentencia condenatoria, distinta a la de primera instancia, emitida con anterioridad al vencimiento de tal plazo.

 

Por consiguiente, no existe en el caso de autos el defecto procedimental que en este sentido invocó el actor, por cuanto es claro que para la época en que se emitió el fallo confutado, la normativa adjetiva vigente y aplicable no preveía en modo alguno la posibilidad de tal impugnación.

 

6.2. Sobre la posible violación directa de la Constitución

 

En relación con este posible defecto, el actor adujo, entre otras, dos situaciones específicas, que en su criterio se encuadran dentro de este tipo de defecto, a saber: i) la existencia de un grave enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional del que él formaba parte, para la época en que se inició la investigación que dio lugar a este proceso, punto cuya procedencia fue ya descartada, en vista de la no invocación oportuna de las correspondientes causales de recusación, y ii) el hecho de que, antes de decidir sobre su caso, la Sala accionada había emitido ya otra decisión que sin duda marcaría el rumbo de ésta, como fue la sentencia anticipada contra la otrora Representante a la Cámara, Yidis Medina Padilla, quien fue condenada por el delito de cohecho propio, y durante cuyo proceso se ordenó compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para investigar a los tres procesados respecto de su posible participación en los mismos hechos. Según explicó, estas circunstancias determinaron que no existiera en cabeza de la Sala de Casación accionada la debida imparcialidad, necesaria para resolver sobre su eventual responsabilidad penal por estos hechos, lo que a su turno habría generado la ya referida violación directa de la Constitución.

 

En este punto, el eje de los cuestionamientos del actor es entonces, la supuesta vulneración del principio de imparcialidad, sin duda, elemento sustancial del debido proceso, conforme a lo previsto en el artículo 29 superior. Para valorar en qué medida las circunstancias aducidas ciertamente implican afectación a esta importante garantía, la Sala comenzará por rememorar el entendimiento que ella misma ha tenido del concepto de imparcialidad judicial, después de lo cual efectuará algunas consideraciones particulares, sobre las situaciones que, según alega el actor, habrían afectado tal principio en este caso, por cierto, de desigual extensión, en vista de la antes establecida improcedencia de la primera de ellas. Con estos elementos, podrá entonces la Sala descender a verificar si, en efecto, se presenta en el caso de autos una efectiva afectación a este principio, que haya de considerarse como violación directa de la Constitución, y por ende, causal específica de procedencia de la acción de tutela, contra la decisión judicial que en este caso se cuestiona.

 

6.2.1. La imparcialidad como componente del debido proceso

 

El principio de imparcialidad constituye un aspecto medular en las actuaciones judiciales, y se erige como un deber ineludible para el funcionario judicial, quien está en la obligación de fortalecer la confianza, seguridad y la credibilidad social en cuanto a que sus decisiones tienen como único referente la Ley. 

 

Entre los principales instrumentos internacionales relevantes con respecto a este tema se destaca la Convención Americana sobre Derechos Humanos^[35], que en su artículo 8.1, reconoce que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” Del mismo modo, el más reciente, y también pertinente Estatuto de Roma^[36] incorpora dentro de los derechos del acusado el de tener “una audiencia justa e imparcial”, principio que es reiterado en el apartado 20.1 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional.

 

En el ámbito interno, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996) en su artículo 5º, señala que la rama judicial es independiente y autónoma, y al respecto precisa que ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias. Así mismo, el artículo 153 de la misma Ley establece los deberes de los jueces, Magistrados y empleados de la rama judicial, entre los cuales destaca la Sala el previsto en su numeral 3º, que ordena “desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo”.

 

Por su parte, la Ley 600 de 2000, norma aplicable a la actuación que dio origen a la presente acción de tutela, en su artículo 234, consagra dentro de sus principios rectores la imparcialidad, aspecto insustituible dentro de la actividad judicial. Así pues, resulta entonces imperativo para el juez ejercer sus funciones, realizar sus actuaciones y proferir sus decisiones libre de toda circunstancia, factor, injerencia o presión. El Ejercicio judicial lleva implícitas las características de neutralidad y objetividad, presupuesto inicial del debido proceso^[37].

 

La independencia de un juez, uno de los principales elementos que determinan su actuación imparcial, hace referencia, especialmente, a la ausencia en el ejercicio de su función judicial, de todo vínculo de subordinación jerárquica, tanto dentro como hacia afuera de la Rama Judicial. Conforme a ella, cuando decide, el funcionario, no tiene sobre sí superiores jerárquicos de los cuales pueda recibir órdenes o instrucciones, ni le es dable tampoco ocultarse bajo la autoridad de aquéllos para atenuar su responsabilidad, pues depende exclusivamente de la ley^[38].

 

En sentencia C- 095 de 2003 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), esta Corte precisó que “La garantía de la imparcialidad, constituye no solo un principio constitucional sino un derecho fundamental conexo con el derecho al debido proceso. Ello porque en un Estado social de derecho la imparcialidad se convierte en la forma objetiva y neutral de obediencia del ordenamiento jurídico. En efecto, el derecho de los ciudadanos de ser juzgados conforme al derecho, es decir, libre e independiente de cualquier circunstancia que pueda constituir una vía de hecho (C.P. artículos 29 y 230), exige de forma correlativa el deber de imparcialidad de los jueces (C.P. artículos 209 y 230), ya que solamente aquél que juzga en derecho o en acatamiento pleno del ordenamiento jurídico, puede llegar a considerarse un juez en un Estado Social de Derecho”. En el mismo sentido, este proveído señaló que:

 

“A partir de las citadas consideraciones, la doctrina procesal ha concluido que la imparcialidad requiere de la presencia de dos elementos. Un criterio subjetivo y otro objetivo. El componente subjetivo, alude al estado mental del juez, es decir, a la ausencia de cualquier preferencia, afecto o animadversión con las partes del proceso, sus representantes o apoderados. El elemento objetivo, por su parte, se refiere al vínculo que puede existir entre el juez y las partes o entre aquél y el asunto objeto de controversia - de forma tal - que se altere la confianza en su decisión, ya sea por la demostración de un marcado interés o por su previo conocimiento del asunto en conflicto que impida una visión neutral de la litis^[39].

(….)                  (….)                     (….)                     (….)

 

En consecuencia, la garantía de la imparcialidad se convierte no sólo en un elemento esencial para preservar el derecho al debido proceso, sino también en una herramienta idónea para salvaguardar la confianza en el Estado de Derecho, a través de decisiones que gocen de credibilidad social y legitimidad democrática” (Negrillas no son del texto original).

 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la decisión del caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo), en sentencia de 5 de agosto de 2008, frente al tema, señaló:

 

“La imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. La Corte Europea de Derechos Humanos ha explicado que la imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a -y movido por- el Derecho.”

 

El juez verdaderamente imparcial debe, entonces, estar desprovisto de interés o preferencia por una de las partes. Los actos y las decisiones imparciales son, en principio, neutrales, en la medida en que toman en consideración, de manera equitativa, todos los puntos de vista involucrados en un conflicto. El juez actúa de manera imparcial cuando brinda la debida consideración a todas las partes, se ocupa de dar respuesta motivada a las peticiones que le sean formuladas, expone argumentos que sean pertinentes y se encuentra en la disposición tanto de escuchar, como de tratar a los litigantes con respeto y sin discriminaciones.

 

En razón a todo lo expuesto, la imparcialidad del funcionario judicial constituye un atributo inescindible de la actividad judicial, representa la autonomía e independencia en las decisiones judiciales, y se encuentra contenido en los principios que orientan un debido proceso^[40].    

 

Como instituciones claramente enderezadas a garantizar la imparcialidad e independencia del juzgador, los códigos de procedimiento suelen contemplar las causales de impedimento y/o de recusación, a las que antes se hizo referencia, un listado de hechos^[41] que, conforme enseña la experiencia, podrían llevar al juez, aun involuntariamente, a alterar su criterio, y en consecuencia, a faltar a tales deberes en relación con un caso específico, razón por la cual resulta desaconsejable su intervención en el mismo. 

 

En estos casos, aun cuando lo deseable es que sea el mismo funcionario judicial quien advierta y ponga en conocimiento los hechos que generarían tal situación, las normas procesales suelen prever también la posibilidad de que sea alguno otro de los sujetos procesales quien lo haga, a través de la recusación, bien cuando el juez ignora tales hechos, o bien cuando, conociéndolos, omite manifestarlos. En el evento de ser aceptado el impedimento o la recusación, el fallador quedará separado del conocimiento del asunto de que se tratare, el cual deberá asignarse a otro funcionario de su mismo nivel y especialidad, y, de ser necesario, a un conjuez.

 

Ahora bien, aunque las referidas causales de impedimento y/o recusación abarcan la totalidad de las situaciones que, en criterio del legislador, podrían crear interferencia a la imparcialidad del juez, las que en consecuencia deben ser materia de interpretación restrictiva, es pertinente anotar que este deber no se reduce a la obligación de declarar, y en cualquier circunstancia evitar, todas las situaciones allí listadas. Los deberes de independencia e imparcialidad van más allá de estas reglas taxativas, pues constituyen un imperativo aplicable en todos los casos, que debe necesariamente ser cumplido. Sin embargo, es claro que las posibles razones de falta de imparcialidad judicial deberán, al menos en principio, mirarse a partir de su subsunción en alguna de las causales de impedimento previstas en la ley, y tramitarse conforme a las reglas aplicables en cada ámbito procesal. 

 

6.2.2. Circunstancias del caso concreto supuestamente contrarias al principio de imparcialidad judicial

 

Entre las razones a partir de las cuales sustentó el señor Palacio Betancourt la alegada falta de imparcialidad del juzgador dentro del trámite que condujo al fallo condenatorio en su contra, mencionó la existencia de un grave enfrentamiento que, según relató, enturbiaba las relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional del que él formaba parte, y el hecho de que, previamente a la decisión de su caso, la Sala accionada había emitido otra decisión que sin duda marcaba el rumbo de ésta, como fue la sentencia anticipada contra la entonces Representante Yidis Medina Padilla, quien reconoció su responsabilidad, y en tal medida fue condenada por el delito de cohecho propio, a partir de hechos en los que, según fácilmente se dedujo, también los tres procesados habrían participado.

 

La Sala se referirá entonces, de manera separada, y en ese mismo orden, a lo posibilidad de que estas circunstancias hubieren afectado la imparcialidad que debía observar la Sala accionada en el juzgamiento de estos altos funcionarios.

 

6.2.2.1. Sobre la existencia del aludido grave enfrentamiento entre la Sala de Casación Penal y el otrora Gobierno Nacional^[42], la Sala reiterará la imposibilidad de analizar este punto, al no haber sido oportunamente alegado mediante el uso de la pertinente causal de recusación, más aun existiendo una específica, la relativa a la enemistad grave entre alguno de los sujetos procesales y el funcionario judicial, en la cual podría fácilmente encuadrarse la situación alegada^[43].

 

Pese a esta circunstancia, destaca además esta corporación que ninguno de los cuatro Magistrados que participó en la expedición de la sentencia cuestionada, actuó en esa misma calidad para la fecha en que la Sala de Casación Penal profirió sentencia anticipada de condena contra Yidis Medina Padilla (junio 2008), pues aún no eran integrantes de esa corporación. Simultáneamente, ninguno de los nueve Magistrados que para entonces integraban la Sala, que es con quienes se habría originado el ya referido enfrentamiento, continuaban en sus cargos para abril de 2015, anotando además que, en su momento, cuando aún hacían parte de esa Sala, cada uno de ellos manifestó y le fue aceptado impedimento, precisamente en vista de su pasada intervención en el juzgamiento de los entonces Representantes Medina y Avendaño. Así las cosas, la reiterada alegación de enemistad entre la Sala que dictó su sentencia y el Gobierno Nacional del que el actor formó parte, resulta aún más remota e infundada, en razón al tiempo transcurrido y a la ya referida total renovación de la Sala a lo largo de esos años.

 

Más allá de estos hechos, no puede la Sala Plena dejar de pronunciarse sobre los medios de prueba con base en los cuales procuró el actor sustentar su aserto, pues aun cuando conociendo desde el año 2008 el alegado enfrentamiento (muchos de los hechos que así lo probarían, entre ellos las referencias a la actuación del Ministro Palacio Betancourt dentro de la sentencia de Yidis Medina, ocurrieron desde esa época) y habiéndose abstenido de alegarlos como posible causal de recusación, pretendió probarlos a partir de las escuchas ilegales recaudadas por terceras personas desde esa época, y hechas públicas recientemente, incluso con posterioridad al fallo judicial que mediante esta acción de tutela se cuestiona.

 

Como es natural, no podría el juez constitucional aceptar la extemporánea alegación de esta situación cuando su supuesta prueba proviene de medios de convicción recaudados en abierta violación del debido proceso, como, sin duda, acontece en el caso de las referidas grabaciones, de lo que, amparados en válida y legal reserva, ocurría al interior de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

 

Así, al concurrir además ese grave defecto probatorio respecto de las circunstancias a partir de las cuales se intentó demostrar la aducida falta de imparcialidad de la Sala accionada al proferir la sentencia cuestionada, resulta imposible para la Corte atender este aspecto de la alegación del actor.

 

6.2.2.2. En lo que respecta a la posible ausencia de imparcialidad resultante de la previa expedición de la sentencia anticipada contra la entonces Representante Yidis Medina Padilla, así como del precedente envío de copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, lo que más adelante dio origen al proceso y posterior condena contra los tres procesados, debe esta Sala Plena hacer las siguientes consideraciones:

 

El actor se duele de la situación desventajosa que en su caso habría representado la previa condena de Yidis Medina en cuanto, más allá de los ya referidos cambios registrados en casi siete años respecto de la composición de la Sala accionada, y en vista de la presumible intención de sus integrantes de no entrar en contradicción con ese primer fallo, ni tampoco causar disgusto o desavenencia a sus autores, o a la Sala de Casación Penal como máxima instancia de la justicia criminal en el país, existía la necesidad de proferir en su contra fallo condenatorio, muy a pesar de la ausencia de evidencia suficiente que, según también alegó, había en el expediente.

 

A propósito de este aspecto, el actor hace también sensibles cuestionamientos a las implicaciones de la llamada justicia premial, o justicia negociada que en esta oportunidad se habría aplicado, insistiendo en que resulta injusta la falta de imparcialidad con que obra el juez penal cuando, como habría ocurrido en este evento, se toma una decisión sin fundamento suficiente, por el solo hecho de haber precedido la confesión de otra persona, frente a la cual el acusado en el segundo proceso no tuvo ocasión de contradecir o interrogar, pese a lo cual, esa prueba y la correspondiente sentencia, resultaron significativos para la decisión de su caso. Así las cosas, insiste en que en este asunto su suerte estuvo indebidamente determinada por la condena primeramente proferida contra la confesa y convicta Yidis Medina, hecho que en su parecer implicó falta de imparcialidad en cabeza de la Sala accionada, así como violación de su derecho al debido proceso.

 

Sin embargo, y precisamente a propósito de las críticas que el actor hace de la llamada justicia negociada, aparece claro el manifiesto desenfoque de su alegato contra esta situación, pues el mismo envuelve un cuestionamiento de fondo a las instituciones que caracterizan el sistema penal acusatorio, las que, por el contrario, tienen claro fundamento constitucional, especialmente con posterioridad al Acto Legislativo 03 de 2002, y por ello, han sido repetidamente consideradas exequibles por este tribunal^[44]. En efecto, muchas de las reglas procesales aplicadas en estos dos procesos han sido estudiadas por esta corporación, a partir de la presentación de distintas demandas ciudadanas, encontrando que son enteramente acordes con el texto superior. Así las cosas, y tal como en casos análogos lo ha reconocido la Corte^[45], no resulta posible predicar la vulneración de derechos fundamentales, cuando la autoridad accionada se ha limitado a aplicar reglas legales que el máximo órgano de control constitucional ha dictaminado como claramente exequibles.

 

Ahora bien, el sistema acusatorio, tanto el planteado en la original Constitución de 1991, luego desarrollado por la Ley 600 de 2000, como el más recientemente implementado a partir del Acto Legislativo 03 de 2002 y el posterior Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de 2004, tiene como uno de sus principales supuestos, la posibilidad de que el Estado ofrezca y negocie con el procesado la concesión de ciertos beneficios por colaboración con la justicia, colaboración que puede manifestarse, bien en el mismo proceso que se sigue contra quien la provee, principalmente a partir del reconocimiento de la propia responsabilidad, bien en relación con la acción penal que el Estado ejerce contra terceras personas.

 

En todos los casos, los referidos beneficios, entre ellos la posible rebaja de la pena aplicable, e incluso en algunas ocasiones su total desaparición, se ofrecen y se otorgan como contrapartida y en atención a la ayuda que el procesado pueda brindar para el efectivo ejercicio de la acción penal, y el esclarecimiento de la verdad, que sin duda se facilitan cuando una o más de las personas que cometieron el delito o tuvieron directo conocimiento de él, suministran información relevante. Así, si bien esta práctica implica excepciones a la aplicación del principio de legalidad, que se manifestaría en la efectiva imposición de la pena anunciada por la ley sustantiva, ella se entiende justificada por el beneficio global que el Estado reporta en cuanto a la posibilidad de perseguir el delito de manera más eficiente, pues tal objetivo sin duda se dificulta cuando aquél debe investigar la totalidad de los delitos que afectan a la sociedad, enfrentando la resistencia y la absoluta ausencia de información de parte de los involucrados. En suma, es de la esencia del sistema penal acusatorio, la posibilidad de otorgar estos beneficios, a los procesados que hubieren prestado colaboración efectiva, bajo los parámetros previstos en la ley.

 

De otra parte, uno de los principales propósitos que, sin duda, persigue la implementación del sistema acusatorio, es la desarticulación de las organizaciones criminales, aprovechando para ello los vínculos que pudieran existir entre sus distintos integrantes. Una de las formas válidas de lograr ese cometido consiste, precisamente, en la posibilidad de que, atraídos por la opción de recibir beneficios que reduzcan el carácter aflictivo de las penas, uno o más de los miembros de aquellas organizaciones, decidan contribuir a su desintegración, suministrando información que pudiera contribuir a la identificación, localización, captura y judicialización de los demás responsables.

 

A su turno, esto implicará que, como ha ocurrido en este caso, en determinados procesos penales, el material probatorio relevante provenga, al menos parcialmente, del recaudado en otras actuaciones, seguidas contra personas relacionadas con aquella que en el nuevo proceso es sujeto pasivo de la acción penal, siempre con respeto a las reglas sobre pruebas trasladadas, y/o que la acusación y condena de estos últimos se facilite o simplifique, por cuenta de lo esclarecido en procesos anteriores, situación que, según lo ha reconocido esta Corte, no conlleva, en sí misma, ninguna lesión a los derechos fundamentales de tales personas.

 

En la misma línea, el hecho de que el rumbo de una determinada acción penal resulte parcialmente influido por el desarrollo de otros procesos del mismo carácter contra terceras personas, y el que en tales casos se tenga en cuenta el principio de no contradicción, no podrá asumirse como el resultado de una actuación parcializada o poco transparente, en la que el funcionario judicial se aparte de los principios de justicia, independencia y rectitud que debe orientar su desempeño. Por el contrario, es claro que ignorar o desatender la evidencia previa y válidamente establecida, sí podría, en cambio, ser tomado como el producto de una actuación deliberadamente direccionada a una decisión específica, y por lo tanto contraria al principio de imparcialidad, conforme al cual al funcionario judicial deberá reconocer y aceptar la realidad procesal que espontáneamente resulte del análisis crítico de las probanzas disponibles.

 

A partir de estas reflexiones, es visible para la Sala que la relación existente entre el proceso adelantado contra la ex congresista Yidis Medina y el posteriormente instruido contra los tres procesados, o el hecho de que el segundo se hubiere originado en consideraciones vertidas en la sentencia que puso fin al primero, o en la compulsa de copias previamente ordenada al definir la situación jurídica de aquélla, es apenas válido resultado del propósito de abarcar a todos los participantes en la acción primeramente sancionada, y en tal medida no implica, en modo alguno, falta de imparcialidad de parte de la Sala accionada.

 

En otro ámbito, igualmente incidente sobre el defecto alegado, debe tenerse en cuenta que cuando la infracción de la ley penal es resultado de una sola acción simultáneamente ejecutada por varias personas, lo procedente es adelantar un solo proceso penal, no solo por razones de economía procesal, y ante la posibilidad de servirse de las mismas pruebas, sino también, precisamente, para evitar el peligro de que se produzcan decisiones contradictorias, como bien podría ocurrir si cada uno de los posibles infractores fuera objeto de una actuación penal independiente, distinta a la que se sigue contra sus copartícipes, riesgo que se acentúa aún más cuando tales procesos son adelantados bajo la dirección de diversos jueces.

 

Por estas razones, más allá del sentido común, la unidad procesal es la regla que, de manera concordante, acogen para estos casos los dos últimos códigos de procedimiento penal, tanto la Ley 600 de 2000, en sus artículos 89 a 92, como la más reciente Ley 906 de 2004, en sus artículos 50 a 53. Estas normas contemplan además, la posibilidad de acumular los procesos que, pese a cumplirse los supuestos de la unidad procesal, se hubieren iniciado separadamente, como también la de que, por excepción, se produzca la ruptura de aquélla, en cuanto concurra una de las situaciones expresamente previstas por la ley, único escenario en el que deberán conducirse varias distintas investigaciones separadas, frente a un mismo hecho cometido por una pluralidad de personas. Por cierto, una de las situaciones que podrían generar esta necesidad sería, precisamente, el hecho de que uno de los implicados esté amparado por un específico fuero constitucional, que no se extienda a los demás, supuesto en el cual, será necesario adelantar procesos separados ante los distintos funcionarios judiciales competentes.

 

En el presente caso, se trató de la comisión de un mismo y único hecho punible, en el que intervinieron varios servidores públicos, dos Ministros y un Director de Departamento Administrativo, que, de común acuerdo, habrían ofrecido ciertos beneficios a dos congresistas (cohecho por dar u ofrecer), para que actuaran de una manera determinada frente a una iniciativa legislativa para entonces en curso, a partir de lo cual éstos aceptaron los ofrecimientos y adecuaron su conducta en la forma sugerida por los representantes del Ejecutivo (cohecho propio).

 

Así las cosas, dado que se trataba de conductas punibles conexas, en principio debía seguirse un único proceso penal. No ocurrió así, primero, por cuanto el proceso contra la otrora congresista Medina Padilla comenzó primero y concluyó, y fue apenas una vez avanzado éste, y en vista de la inescindibilidad observada entre su conducta y la de los funcionarios que hicieron los ofrecimientos, que se resolvió compulsar copias para adelantar investigación contra estos últimos.           Y, segundo, por cuanto, tanto los congresistas como los tres procesados, eran titulares de un distinto fuero constitucional, lo que de suyo hacía imposible que sus conductas fueran investigadas en una misma actuación^[46].

 

A partir de lo anterior, y de cara al reproche que en este punto ha planteado el actor, en cuanto la suerte del proceso en su contra habría resultado influida por el previo pronunciamiento condenatorio emitido por la misma Sala accionada contra la entonces Representante Medina Padilla, la Corte llama la atención en el sentido de que, a no ser por la existencia de distintos fueros constitucionales, que como se indicó, explicaron la ruptura de la unidad procesal en este asunto, hubiera debido seguirse un único proceso, con lo que la comunidad de prueba, y más que ello la concordancia entre las decisiones atinentes a los distintas procesados, habría sido aún más evidente.

 

Por consiguiente, no es una circunstancia extraña ni excepcional, la que se presentó en este caso, en el que una primera determinación de culpabilidad tuvo efectos relevantes para la adopción de la segunda, sino, por el contrario, una ocurrencia plenamente común, y por lo demás, claramente ajustada al lógico desarrollo de situaciones como la examinada, en vista de la íntima conexidad existente entre los distintos comportamientos investigados, y a la postre sancionados. De esta forma, reafirma la Sala, que no hubo en estos hechos ningún aspecto relevante que pueda ser visto como indicativo de falta de imparcialidad por parte de la Sala accionada.

 

6.2.2.3. A partir de lo expuesto, concluye esta Sala Plena que no pueden abrirse paso los reproches que el actor invoca como violación directa del texto superior. a partir de la posible falta de imparcialidad en que habría incurrido la Sala accionada.

 

6.3. Sobre la supuesta ocurrencia de un defecto fáctico^[47]

 

Los múltiples defectos que el actor aduce contra la sentencia de condena emitida en su contra por la Sala accionada pueden resumirse en cinco aspectos principales, algunos de ellos íntimamente relacionados entre sí, a saber: i) el hecho de que la investigación precedente se hubiere reactivado con base en notas de prensa; ii) el injusto rechazo de la mayoría de las pruebas solicitadas, durante el proceso, por la defensa de Palacio Betancourt; iii) la falta de prueba sobre el acuerdo que, según la sentencia condenatoria, existió entre los tres procesados, para lograr el necesario cambio en la conducta de los entonces Representantes Medina y Avendaño, respecto del proyecto de acto legislativo sobre reelección presidencial; iv) la falta de credibilidad que el actor atribuye al dicho de la ex Representante Medina Padilla, que, según sostiene, habría sido la única prueba relevante en la que el máximo tribunal en lo penal, fundó su decisión; v) la ausencia de otras pruebas que permitieran contrastar y mejor valorar la versión de la entonces congresista, todo lo cual se resume, entonces, en la supuesta carencia de pruebas suficientes para respaldar tal decisión, desfavorable al actor. Según afirma, esas circunstancias habrían dado lugar a la ocurrencia de un defecto fáctico que, en doble sentido, afectaría la validez de la sentencia atacada, la primera, en la perspectiva que la jurisprudencia ha denominado dimensión negativa (ausencia probatoria), y, la segunda, en su dimensión positiva (incorrecta valoración de la prueba disponible).

 

Sin embargo, del análisis de la sentencia cuestionada no resulta, en criterio de esta Sala, ninguno de los referidos defectos fácticos, pues, por el contrario, los razonamientos del juzgador no parecen infundados, irracionales, ni caprichosos, sino adecuadamente soportados en el acervo probatorio disponible. En efecto, según se observa, la Sala de Casación Penal hizo un análisis serio, juicioso y razonable de las pruebas arrimadas al proceso, cuyas conclusiones, no resultan manifiestamente desenfocadas, como se requeriría para la prosperidad del defecto aducido, máxime en circunstancias tan particularmente exigentes como las que, según se explicó, rodean el denominado defecto fáctico en sede de tutela.

 

6.3.1. Como primera medida, no existe defecto fáctico alguno en el hecho de que la investigación previa a este proceso se hubiere reactivado con base en notas o documentos tomados de los medios de comunicación. No puede, en ningún sentido, afirmarse que estos elementos de juicio carezcan de suficiente poder suasorio, o que estén sujetos a formalidades especiales, pues el ejercicio de la acción penal es sin duda público y oficioso, cualquiera que sea la forma en que los hechos posiblemente constitutivos de delito lleguen a conocimiento de la autoridad que debe iniciar la investigación, salvo apenas en los eventos en que se requiera querella o petición especial, lo que claramente no ocurre en este caso^[48].

 

Cosa distinta es que el posterior avance del proceso investigativo esté sujeto a un progresivo fortalecimiento de la prueba acopiada^[49], y contrario sensu, éste pueda detenerse, aún sin haber agotado todas sus etapas, e incluso terminar de manera definitiva, en caso de que la evidencia disponible resulte claramente insuficiente para justificar su avance y continuidad. Naturalmente, la posibilidad de formular acusación en el momento procesal oportuno, está sujeta a que, como resultado de la investigación, se reúnan suficientes elementos de prueba que así lo justifiquen, a partir de lo cual, es factible que si para ese momento solo existen apenas aquellos que, en su momento, dieron lugar a la apertura de la investigación, no haya lugar a la acusación. Sin embargo, este mismo carácter progresivo del proceso investigativo, avala la posibilidad de que su inicio se produzca válidamente a partir de noticias o documentos que posteriormente se estimen insuficientes, como, apenas en gracia de discusión, podría estimarse que ocurrió en este caso.

 

Así las cosas, no existe en estos hechos ninguna circunstancia constitutiva de defecto fáctico, que amerite la concesión de la tutela impetrada.

 

6.3.2. Como segundo aspecto relevante, con respecto a la supuesta ausencia de prueba sobre el acuerdo existente entre los tres procesados para realizar los ofrecimientos a que se ha hecho referencia, y a partir de ellos obtener de los congresistas concernidos la colaboración necesaria para el exitoso tránsito de este proyecto en la comisión legislativa de la que ellos eran miembros, cabe anotar que si bien no se hizo referencia a la existencia de un encuentro o reunión específica en que tal acuerdo se hubiera alcanzado, ello no implica que éste no hubiera existido, ni que no haya prueba de ello.

 

En efecto, la sentencia cuestionada por vía de tutela contiene repetidas referencias a las circunstancias a partir de las cuales puede deducirse la existencia de un tal acuerdo entre los tres procesados, aun cuando, se repite, no se haya aludido a la realización de una específica reunión en tal sentido. Sin embargo, entendió la Sala accionada, y esta Corte lo encuentra razonable, que la alta posición, por lo demás, relativamente equivalente, que cada uno de ellos ocupaba en el Gobierno Nacional, así como el hecho de ser todos directos subalternos del Presidente de la República, y de tener así acceso permanente a éste, demostraban suficientemente la unidad de propósito que animó su actuación, lo mismo que la distribución funcional asumida, al punto de ser considerados coautores del delito de cohecho por dar u ofrecer, que les fue imputado, sin ser indispensable que se hubiera probado la existencia de un específico acuerdo o reunión en tal sentido, pues tal arreglo bien pudo haberse originado en instrucciones que todos recibieron, favorecidas por la cercanía existente entre ellos, y por otras circunstancias propias de la forma en que cada uno cumplía sus funciones.

 

Por lo expuesto, el solo hecho de que no se haya aludido directamente a una prueba demostrativa de la existencia de este acuerdo, subyacente a la coautoría del delito que a los tres procesados se atribuyó, no configura un defecto fáctico, capaz de justificar la prosperidad de la acción de tutela que ahora se resuelve.

 

6.3.3. De otra parte, la Sala resalta que no es cierto que el testimonio de la entonces Representante Medina Padilla haya sido la única prueba conducente a la condena del accionante. Por el contrario, y según puede apreciarse, la Sala tuvo en cuenta muchas otras probanzas, particularmente testimonios de los demás involucrados en los hechos, a partir de cuyo análisis conjunto y sistemático, llegó a las ya conocidas conclusiones sobre la responsabilidad del actor, en relación con los ofrecimientos que se habrían hecho a los congresistas Medina y Avendaño.

 

Entre tales testimonios se cuentan los de los otros dos procesados^[50], los de varios integrantes de la Comisión Primera de la Cámara, quienes informaron sobre la activa participación del Ministro Palacio Betancourt en el trámite de este proyecto de acto legislativo y sobre el encuentro sostenido entre éste y el Representante Teodolindo Avendaño^[51], varias de las personas que habrían resultado beneficiadas por los nombramientos ofrecidos por el actor^[52], y los del representante legal y otros funcionarios de la ESE Francisco de Paula Santander, de la cual dependía la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja.

 

Así, tal como puede constatarse con la lectura de la sentencia cuestionada, no fue un único testimonio el que condujo a la Sala a la certeza suficiente para basar su decisión condenatoria contra Palacio Betancourt, sino la percepción derivada de la valoración global y razonada de tales medios de prueba, cuyas conclusiones, si bien ciertamente no serían las únicas posibles, en nada resultan caprichosas o inverosímiles, sino, por el contrario, totalmente plausibles y legítimas. Como es sabido, una posible percepción diferente, de ninguna forma invalida esas conclusiones, pues las observaciones del juzgador son producto del legítimo ejercicio de su autonomía, y en tal medida, la existencia de tales posibles desacuerdos es una circunstancia inherente al trabajo que desarrollan los jueces.

 

6.3.4. De otra parte, acerca de la credibilidad que pueda atribuirse al testimonio de la señora Yidis Medina, una de las destinatarias de las promesas y ofrecimientos atribuidos a Palacio Betancourt, la Sala accionada justificó suficientemente el mérito que a ella le asignó, para lo cual, analizó con detalle circunstancias como el cambio sustancial existente entre las declaraciones rendidas en el año 2004, a pocos meses de los hechos controvertidos, y las que diera en el año 2008, que a la postre llevaron a la reapertura del proceso en su contra, y al inicio de las investigaciones contra los presuntos autores de los ofrecimientos.

 

La Sala exploró, con detalle, las posibles razones de este cambio de postura, y tuvo en cuenta las condiciones en las que comúnmente se generan estas situaciones dentro del curso de las investigaciones penales, además de lo cual, analizó con cuidado cuál de las dos versiones merecería mayor credibilidad. A partir de ello, llegó a la conclusión de que esta retractación obedeció a circunstancias razonables, ante lo cual, aceptó su más reciente versión, según la cual, sí hubo ofrecimiento de beneficios por parte del Gobierno, razón que la condujo a cambiar su decisión sobre el posible apoyo al Acto Legislativo sobre reelección presidencial que entonces se tramitaba.

 

También debe anotarse, que más allá de este aspecto, la Sala accionada no acogió sin reflexión la versión de la también condenada Medina Padilla, sino que se esforzó en validar su dicho a partir de su confrontación con las demás pruebas disponibles, luego de lo cual, su final percepción se inclinó por aceptar el punto relacionado con la existencia de ofrecimientos, así como la participación que en ellos tuvo Palacio Betancourt, según se habría acordado, entre otros espacios, en las conversaciones telefónicas sostenidas entre ellos dos el día 2 de junio de 2004, así como a partir del importante poder e influencia que en su calidad de Ministro de la Protección Social podría ejercer sobre el funcionario competente para realizar el nombramiento en la Clínica Primero de Mayo, así como la posibilidad que tuvo de tener contacto con él para la fecha de los hechos.

 

6.3.5. Ahora bien, una importante razón adicional que explica las características del análisis probatorio realizado por la Sala accionada en la sentencia atacada tiene que ver con la forma en que razonablemente puede evaluarse la participación y la responsabilidad de los implicados frente a un delito como el que dio lugar a este proceso. Lo anterior por cuanto, es sabido que, a diferencia de lo que ocurre frente a otro tipo de hechos punibles, los actos consumativos de un delito como el cohecho, que son instantáneos, pues aquél no puede ser objeto de tentativa, en la generalidad de los casos suelen suceder de manera oculta y clandestina, sin presencia de testigos directos, más allá de quienes concluyen el acuerdo delictuoso para que el servidor público concernido actúe alterando su línea de conducta originalmente prevista. Por esta razón, rara vez podría obtenerse una prueba directa de tal acuerdo y sus detalles esenciales, ante lo cual resulta válido acudir a los medios de prueba indirectos, como son, por ejemplo, los indicios^[53], los que, a su vez, tendrán mayor valor probatorio en cuanto aparezcan respaldados por testimonios coherentes, atinentes a hechos aledaños al investigado, puesto que, según lo explicado, éste no suele poder ser validado directamente.

 

Naturalmente, este razonamiento no implica sugerir, ni menos afirmar, que en estos casos resulte procedente condenar sin la existencia de prueba suficiente, ni tampoco aceptar que se abandone la aplicación de principios cardinales como la presunción de inocencia o el in dubio pro reo. Se trata, apenas, de una prevención frente a posibles planteamientos según los cuales, solo mediante prueba directa es admisible tener por demostrados estos hechos, pues una postura extremadamente exigente en este sentido, sin duda, conduciría a la imposibilidad de sancionar ese tipo de situaciones, que de tiempo atrás han sido definidas por el legislador como gravemente reprobables, y por lo mismo punibles.

 

De igual manera, ha de tenerse en cuenta que la frecuente referencia a los actos que constituirían cumplimiento de los ofrecimientos hechos, aun aceptando que en ninguno de ellos hubiere participado el actor, no pretende que ellos sirvan como prueba directa del hecho punible que se le imputa, pues, como es bien sabido, éste se consuma por el solo acto de dar u ofrecer, independientemente de que, en el segundo caso, tales compromisos sean luego honrados o no. Empero, no es menos cierto, y así lo entiende la Sala, que la ocurrencia de los actos que podrían catalogarse como de eventual ejecución de lo prometido, pueden, dependiendo de las circunstancias, reforzar la convicción de que, en efecto, tales decisiones favorables estuvieron precedidas de su ofrecimiento a quien finalmente resulta beneficiario de ellas, especialmente cuando, después de ello, tal persona altera su línea de conducta, sin ninguna otra explicación aparente.

 

Ahora bien, del examen cuidadoso de la sentencia atacada, la Corte considera que en el presente caso, la Sala accionada realizó un análisis juicioso y adecuado del acervo probatorio disponible. En primer término, la Sala de Casación Penal justificó, en cada ocasión, su negativa a admitir las pruebas cuyo no decreto aún controvierte el actor, decisiones que sin duda caben dentro del ámbito de libertad probatoria del que goza el juez penal, quien no está obligado a admitir todas las pruebas solicitadas por los sujetos procesales, aunque sí a explicar su decisión contraria, lo que la demandada cumplió a cabalidad.

 

De otra parte, la Sala estima infundada la alegación según la cual no se aplicó en este caso el principio in dubio pro reo, pues en realidad no existieron tales dudas, ya que la apreciación conjunta de las pruebas disponibles, conforme a las reglas de la sana crítica, condujo a una conclusión positiva, en grado de certeza, sobre la responsabilidad del acusado frente al delito de cohecho por dar u ofrecer, que en su momento se le imputó. Así las cosas, tampoco es de recibo la afirmación de que no se desvirtuó correctamente la presunción de inocencia, pues, por el contrario, tal determinación encuentra adecuado sustento en la presencia de los elementos probatorios disponibles y en el juicioso análisis que, en legítimo ejercicio de su autonomía, hizo la Sala accionada.

 

6.3.6. A partir de lo anterior, concluye la Sala que en esta oportunidad no existió situación alguna constitutiva de defecto fáctico, como se alegó, pues las circunstancias que se pretende presentar bajo este criterio, no configuran en realidad error alguno, sino, por el contrario, son resultado del válido ejercicio de la autonomía judicial, una de cuyas principales manifestaciones es la libertad, siempre razonada, de apreciación probatoria. Para la Corte, la forma en que la Sala accionada condujo y concluyó la apreciación de las pruebas arrimadas al proceso no presenta ninguna connotación negativa, de arbitrariedad o irrazonabilidad, que desborde el alcance de sus facultades, menos una con las características de ostensible, flagrante y manifiesta, y con repercusión sustancial sobre el sentido de la decisión, como, según se indicó, lo exige la jurisprudencia constitucional.

 

Como consecuencia de estas reflexiones, tampoco aparece probado este defecto, razón por la cual, no tiene vocación de prosperidad la tutela impetrada.

 

6.4. Sobre la eventual presencia de defectos sustantivos

 

Finalmente, el actor adujo la supuesta ocurrencia de al menos dos defectos sustantivos en la sentencia condenatoria contra los tres procesados, el primero, relacionado con la supuesta atipicidad de la conducta cometida o con la ausencia de antijuridicidad, al no haber existido en su actuación una negociación de la función pública, y, el segundo, en cuanto al carácter posiblemente desproporcionado de la condena impuesta y la negación del beneficio de la prisión domiciliaria.

 

Frente a estos dos motivos de queja, la Sala Plena encuentra necesario hacer las siguientes consideraciones:

 

El actor alegó que, aún en el evento de que los entonces Representantes Medina y Avendaño hubieran cambiado su decisión en cuanto a la forma en que votarían el proyecto de acto legislativo sobre reelección presidencial, como resultado de los acercamientos sostenidos con él y con los otros dos altos funcionarios del Gobierno, tal conducta resultaba atípica frente al tipo penal de cohecho por dar u ofrecer^[54], por cuanto la posibilidad de votar un proyecto de ley y la decisión de hacerlo en uno u otro sentido, no constituye un deber funcional, sino una mera facultad. Según afirmó, ello impedía que pudiera considerarse tipificado este delito a partir de los hechos por los que fueron acusados.

 

Sin embargo, esta Sala no puede acoger ni compartir semejante afirmación, por cuanto, aunque ciertamente cada congresista es enteramente libre para decidir el sentido de su voto frente a cada proyecto o proposición que durante su ejercicio legislativo se someta a votación, no resulta acertado considerar que la posibilidad de participar y votar son meras opciones, a las que por tanto se puede renunciar, ni tampoco que las sugerencias o insinuaciones que sobre el sentido del voto llegaren a hacer otras personas, más aún si van acompañados de promesas u ofrecimientos, puedan considerarse acciones inofensivas o indiferentes para la sociedad.

 

En primer lugar, el derecho y la posibilidad que todo congresista tiene de emitir su voto dentro del trámite de las actuaciones parlamentarias es también un deber. Conforme a lo previsto en el artículo 133 superior, los congresistas representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común. Añade la misma norma que “el elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores, del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”. Así, cada uno de los miembros del Congreso concurre en representación de un importante número de ciudadanos, y representa por ende, la voz de todos ellos en los proyectos, las propuestas, los debates, y por supuesto las votaciones. Por lo mismo, un congresista no podría considerar que el derecho de emitir su voto sea renunciable, pues en caso de así proceder, dejaría sin voz ni participación a todos aquellos ciudadanos cuyos intereses está llamado a representar.

 

Ahora bien, por si lo anterior no fuera claro, el Reglamento del Congreso^[55] es absolutamente explícito en cuanto al carácter de deber, que tiene el voto de cada uno de sus integrantes. Los artículos 122 a 127 de esa normativa contienen varias reglas que reafirman ese sentido obligatorio, entre ellas la contenida en el numeral 4° del artículo 123 (El número de votos, en toda votación, debe ser igual al número de Congresistas presentes en la respectiva corporación al momento de votar, con derecho a votar), el 124 que de manera taxativa prevé las únicas excusas válidas para abstenerse de votar, el 126 que prohíbe a los Senadores o Representantes ausentarse del recinto legislativo al momento en que hubiere de procederse a la votación, o el 127 que establece que cada congresista que se encuentre presente deberá votar, afirmativa o negativamente a lo que se propone^[56].

 

Adicionalmente, si lo anterior dejare lugar a dudas, por cuanto en estas normas el deber de votar se predica solo de los miembros del Congreso que se encuentren presentes en la respectiva sesión, ha de recordarse también que la asistencia a cada sesión es así mismo un derecho y un deber, según lo precisan, entre otros, los artículos 90, 92 y 268 de la misma norma, y ha sido ampliamente reiterado por esta Corte^[57], al recordar cómo las sesiones legislativas y la participación en las decisiones que allí se toman son los principales espacios a través de los cuales los congresistas cumplen su función de representación de la sociedad y los electores.

 

Así las cosas, es claro que la posibilidad de votar frente a los proyectos o propuestas que se planteen en el seno de las comisiones y/o plenarias del Congreso de la República es un verdadero deber funcional, y no una simple opción o facultad de sus miembros, por lo cual tal diligencia se encuadra perfectamente en los conceptos de “un acto propio de su cargo” o un “acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones”^[58], razón por la cual, claramente incurre en cohecho por dar u ofrecer la persona que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a los congresistas, para lograr que frente a una determinada proposición, voten si éstos pretenden no hacerlo, se abstengan de votar en el caso contrario, o lo hagan en un determinado sentido.

 

De otro lado, si bien indudablemente los congresistas son enteramente libres para determinar el sentido de su voto en cada ocasión que ejerzan tal función, a tal punto que la Constitución los declara inviolables por tal concepto^[59], precisamente para proteger tal autonomía, e incluso al margen de la actual tipificación de los antes referidos delitos, se consideraría completamente impropio que cualquier persona pretenda influir en la decisión de un congresista sobre su apoyo o rechazo a una determinada iniciativa legislativa o de otro tipo, salvo únicamente en el caso en que se tomen decisiones de bancada, de conformidad con los reglas pertinentes^[60].

 

En tal medida, el sentido del voto de cada congresista, y la voluntad en él expresada, debe ser producto de su libre y autónoma reflexión, sobre la mejor forma de incorporar a la decisión de que se trata los criterios de justicia y bien común a que se refiere el texto superior^[61]. Y aunque es factible, incluso, que el interesado decida modificar su decisión durante el curso del debate, siempre y cuando ello ocurra antes de oficializarse el cierre de la votación^[62], ello solo es posible siempre y cuando sea el resultado de un nuevo acto de voluntad igualmente libre, en las mismas condiciones de amplitud que el primero. Es este, justamente, el sentido que se atribuye a la inviolabilidad de su voto.

 

Por estas razones, es claro que cualquier insinuación, propuesta o solicitud que se dirija a un congresista en procura de influir sobre el sentido de sus votos, aún si no va acompañada de ofrecimientos específicos, es contraria a la ley, y es a partir de esta consideración que, en el caso de producirse alguna de estas actuaciones, tal conducta, sin duda, se subsumiría en el tipo penal contenido en el artículo 407 del correspondiente código.

Así las cosas, reafirma esta Corte que la Sala accionada no incurrió en defecto sustantivo al concluir que el comportamiento del actor se enmarcaba en esa norma.

 

De otra parte, en lo relativo a la supuesta ausencia de prueba sobre la antijuridicidad de la conducta cometida por los tres procesados, es claro que aun si la decisión atacada no contiene un aparte específico que se refiera a este aspecto, ello no implica que no exista prueba de ello. En primer lugar, porque el solo hecho de realizarse una conducta típica, de manera idéntica a la descrita en la ley penal, es un importante indicio de antijuridicidad, pues no es frecuente ni parece lógico que se tipifiquen penalmente conductas que no causan daño a la sociedad. Pero además de ello, porque las consideraciones de esta sentencia dejan en claro que, en efecto, la conducta de los tres procesados fue contraria a derecho, en cuanto se vulneró en este caso el bien jurídico de la recta administración pública, pues no solo no existió en su favor causal alguna de justificación, sino que además se lesionó el interés jurídico protegido por la ley, consistente en que los congresistas ejerzan su función de manera libre y autónoma, y sin interferencias indebidas. Así las cosas, tampoco en cuanto a este aspecto aparece probado el defecto sustantivo alegado por el actor.

 

Por último, tampoco incurrió la Sala Penal en un defecto sustantivo al momento de individualizar la pena y negar al sentenciado el beneficio de la prisión domiciliaria, por cuanto en ambos casos se trata de decisiones que caben dentro de un bien entendido ámbito de discrecionalidad del juzgador, siempre que para hacerlo se sitúe dentro de los límites y supuestos permitidos por la ley, como en efecto ocurrió, respecto de ambas decisiones, las que, por cierto, fueron extensa y debidamente sustentadas en las páginas finales de la sentencia atacada.

 

Por lo demás, y a partir de lo brevemente expuesto, es claro que en caso de que el juez de tutela entrara a controvertir o cuestionar el monto de las penas impuestas por el juez natural, o el mayor o menor acierto de éste al conceder o negar las medidas sustitutivas de la pena, ello implicaría una visible e indebida intromisión en el ámbito reservado de sus decisiones propias, y un exceso en el ejercicio de los poderes propios del juez constitucional. Por estas razones, considera la Sala que, por definición, no puede hablarse siquiera, de la posible comisión de un defecto sustantivo en este terreno.

 

7. Conclusión

 

Analizados en su totalidad los extensos planteamientos contenidos en la demanda de tutela, en particular los posibles aspectos que ameritarían invalidar la sentencia de condena dictada el 15 de abril de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del actor Diego Palacio Betancourt, la Sala Plena encontró que los defectos aducidos por éste resultan infundados.

 

Después de descartar la procedencia de varios de ellos por razones de inmediatez y/o falta de alegación oportuna, la Corte Constitucional analizó los restantes defectos aducidos, encontrando, en primer término, que no se presentó en este caso el alegado error procedimental, pues al momento de proferirse el fallo cuestionado no existía aún la posibilidad de impugnarlo dentro del marco de lo previsto en la sentencia C-792 de 2014, de este tribunal.

 

Con respecto a las razones que demostrarían la presunta falta de imparcialidad de la Sala accionada, y con ello, la alegada violación directa de la Constitución en la emisión de la sentencia confutada, concluyó esta Sala Plena que no eran de recibo las razones expuestas, especialmente las relacionadas con la previa emisión de otra sentencia de condena contra la congresista que habría recibido varios de los beneficios que en su momento ofrecieron los tres procesados, con el fin de garantizar los votos necesarios para la aprobación del proyecto de acto legislativo del interés del Gobierno Nacional, por cuanto ello ocurrió dentro del marco de las disposiciones legales que rigen la materia, que no son opuestas a la Constitución, y que, por el contrario, tienen un sólido y explícito soporte normativo en el texto superior. Así las cosas, tampoco se entendió demostrado este defecto.

 

De igual manera, concluyó la Corte que no se presentaron en este caso situaciones constitutivas de defecto fáctico, pues la admisión o no de distintos medios de prueba, y la valoración de las probanzas disponibles realizada por la Sala accionada no aparece arbitraria, irracional o carente de sustento, sino, por el contrario, plausible y coherente, y se efectuó dentro del marco legítimo de la autonomía judicial, razón por la cual, no existe fundamento para dejar sin efectos la sentencia cuestionada por vía de tutela, como lo pidió el tutelante.

 

Por último, no se acreditó tampoco la existencia de los defectos sustantivos alegados, pues las consideraciones vertidas en la sentencia de condena demostraron plenamente los elementos constitutivos del delito, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, razón por la cual, no hubo error alguno en el encuadramiento de la conducta cometida por los tres procesados en la norma penal sustantiva con base en la cual fueron sancionados.

 

En consecuencia, esta Sala Plena confirmará las decisiones de instancia adoptadas por las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de denegar el amparo solicitado.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

 

 

RESUELVE:

 

PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada dentro de este proceso mediante auto de junio 9 de 2016.

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 27 de enero de 2016, que confirmó la inicialmente dictada el 15 de diciembre de 2015 por la Sala de Casación Civil, en el sentido de DENEGAR la tutela solicitada por Diego Palacio Betancourt contra la Sala de Casación Penal de la misma corporación

 

TERCERO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Presidente

Con aclaración de voto

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ      ALEJANDRO LINARES CANTILLO

      Magistrado                                          Magistrado

                Con salvamento de voto                            Con salvamento de voto

 

 

 

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO          JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

  Magistrado                                                             Magistrado

 

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO     AQUILES IGNACIO ARRIETA GÓMEZ

Magistrada                                                     Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS                    LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

             Magistrado                                                 Magistrado

           Ausente con impedimento

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

A LA SENTENCIA SU490/16

 

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL-El argumento de la sentencia C-792 de 2014 no es aplicable toda vez que los supuestos de hecho y la ratio decidendi son sustancialmente diferentes al caso presente/JURISPRUDENCIA-Fuerza vinculante de ratio decidendi (Aclaración de voto)

 

En este asunto no cabía, siquiera en gracia de discusión, invocar lo resuelto en la sentencia C-792 de 2014, pues la misma versó sobre supuestos sustancialmente distintos del examinado en este caso.

 

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL-En la sentencia SU-215 de 2016 no se resolvió una situación análoga a la decidida en esta oportunidad (Aclaración de voto)

 

 

Referencia: Expediente T-5.414.020

 

Demandante: Diego Palacio Betancourt.

 

Demandado: Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

 

Magistrado Ponente:

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

 

 

Comparto esta decisión, pero aclaro el voto con el debido respeto para precisar el alcance que debe tener una frase, contenida en el fundamento 6.1 de las consideraciones de la sentencia SU-490 de 2016.  

 

1. En la acción de tutela, el demandante sostuvo que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en defecto procedimental, con posterioridad al fallo condenatorio, por cuanto no dio trámite a una impugnación ordinaria instaurada en su contra. La sentencia SU-490 de 2016 dice, por el contrario, que no hubo tal defecto, ya que la normatividad aplicable a este trámite “en modo alguno contempla la existencia de tal posibilidad” de impugnar las condenas contra personas con fuero penal. Esa posición la comparto íntegramente. Sin embargo, la sentencia luego añade una precisión de la cual discrepo, acerca de la aplicabilidad de un fallo de esta Corte para casos como este.

 

2. Se pregunta el presente fallo si el actor no tendría derecho a impugnar su condena en virtud de lo dispuesto en la sentencia C-792 de 2014. En esa decisión, agrega, se le confirió al legislador un plazo para regular la impugnación –dice - de “toda sentencia condenatoria originalmente no pasible de otro recurso”, y si no lo hacía dentro de ese término este derecho era susceptible de ejercerse por ministerio de la Constitución. Señala entonces que ese término ya expiró sin regulación, pero añade que ni siquiera bajo esa hipótesis tendría el actor derecho a impugnar su condena, pues esta última se expidió en abril de 2015, cuando aún no había vencido el plazo para impugnar directamente las condenas. Y manifiesta: “[a]sí lo reiteró esta Corte en la reciente sentencia SU-215 de 2016 (M.P. María Victoria Calle Correa), en la que esta posibilidad fue descartada frente a una situación análoga, relacionada con la pretensión de impugnar una sentencia condenatoria, distinta a la de primera instancia, emitida con anterioridad al vencimiento del plazo”. Como se observa, parece insinuarse que la sentencia C-792 de 2014 no le era aplicable a la situación del tutelante, solo por un problema cronológico.

 

3. Discrepo, sin embargo, de esta forma de abordar el presunto defecto. Aunque coincido en que no hubo violación alguna de derechos fundamentales al actor, debe quedar claro que la sentencia C-792 de 2014 no le es aplicable a una situación como la examinada en este proceso, no por la fecha de la condena, sino porque la sentencia C-792 de 2014 no versa sobre la posibilidad de impugnar condenas a aforados penales, por las razones que expongo enseguida:

 

3.1. En primer lugar, considero que en este asunto no cabía, siquiera en gracia de discusión, invocar lo resuelto en la sentencia C-792 de 2014, pues la misma versó sobre supuestos sustancialmente distintos del examinado en este caso. Como se sabe, para determinar la ratio decidendi de una sentencia es preciso definir el modo esta ha sido interpretada por la jurisprudencia posterior. En efecto, los jueces que deben interpretar la jurisprudencia antecedente están facultados, en ejercicio de su autonomía, para restringir o ampliar su ámbito de aplicación.[63] Es por esto que en la sentencia SU-047 de 1999 la Corte señaló que “son los jueces posteriores, o el mismo juez en casos ulteriores, quienes precisan el verdadero alcance de la ratio decidendi de un asunto”. Pues bien, en la sentencia SU-215 de 2016, esta Corporación interpretó la sentencia C-792 de 2014, y estableció que en ella no se reconoció un derecho general a la impugnación de toda sentencia condenatoria. Por su contexto, era claro que en la sentencia C-792 de 2014 se consideró inconstitucional omitir la previsión de un medio de impugnación integral contra las condenas emitidas por primera vez en segunda instancia. Sin embargo, allí se descartó entonces que dicha providencia cubriera las hipótesis de condenas dictadas por primera vez en casación o en única instancia (para aforados, en particular). Dijo la Corte:

 

“esta Sala concluye que en la sentencia C-792 de 2014 esta Corte, si bien emitió un exhorto general, solo tomó una decisión aplicable a los casos en que una persona es condenada por primera vez en segunda instancia, en un proceso penal, y esto supone que el derecho a impugnar las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional, que se activa cuando venza el plazo del exhorto sin legislación, solo aplica a las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia. A esta conclusión se llega entonces porque en el contexto del caso entonces sujeto a consideración de la Corte se observa que (i) no se demandaron las normas sobre competencias de la Corte Suprema de Justicia en casación, (ii) solo se cuestionaron normas referentes a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto obra como autoridad judicial de segunda instancia en los procesos penales, (iii) los cargos ciudadanos cuestionaban las disposiciones legales, estrictamente, porque desconocían el derecho a impugnar las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, (iv) y la Corte Constitucional, de forma explícita y clara, al delimitar los problemas jurídicos, circunscribió el primero de ellos a la pregunta de si la normatividad acusada vulneraba la Carta, en tanto no contemplaba medios de impugnación contra las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia. En este contexto, no puede decirse que la sentencia C-792 de 2014 haya resuelto, con fuerza normativa vinculante y definitiva, el problema de la posibilidad de impugnar las condenas penales impuestas por primera vez en casación”.[64]

 

3.2. En la sentencia SU-215 de 2016, por lo demás, no se resolvió como dice el fallo que suscita esta aclaración, “una situación análoga” a la decidida en esta oportunidad. En aquella ocasión, la tutela se dirigía contra una condena penal impuesta por primera vez en casación, luego de dos instancias ordinarias absolutorias, mientras en el presente proceso se cuestiona un fallo de única instancia, instaurado contra una persona con fuero penal. Se trata de hipótesis objetivamente diferentes, y la Corte no puede tomar las reglas aplicables a los procesos penales ordinarios para extenderlas mecánicamente a los de aforados penales, por cuanto en estos hay un delicado diseño institucional, que obedece a un balance particular de principios constitucionales. Es entonces preciso un examen profundo y suficiente de los fundamentos del fuero penal, antes de definir si a quienes son sus titulares les asiste el derecho a impugnar las condenas de única instancia. Eso no se hizo en la presente ocasión y, por lo mismo, además de las razones antes indicadas, esta decisión no supone reconocimiento alguno, en beneficio de los aforados penales ante la Corte Suprema de Justicia, del derecho a impugnar sus condenas por medios no previstos expresamente en la legislación procesal pertinente.

 

Por esta discrepancia, decidí aclarar el voto.

 

Fecha ut supra,

 

 

 

María Victoria Calle Correa

Magistrada

 

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

A LA SENTENCIA SU490/16

 

 

 

Referencia: Expediente T-5.414.020

 

Accionante: Diego Palacio Betancourt

 

Accionado: Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia

 

Magistrado Ponente:

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

 

 

Con profundo respeto por las decisiones adoptadas por la mayoría, he decidido salvar el voto frente a la sentencia de unificación SU-490 de 2016 aprobada por la Sala Plena de esta Corporación, en sesión del trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).

 

Las razones por las cuales me aparto de lo decidido por la Sala Plena de esta Corte en la sentencia SU-490 de 2016, corresponden a las que expuse en detalle en el salvamento de voto que presenté a la sentencia SU-489 de 2016. Ello, debido a que los fundamentos por los cuales me aparté de esta última, son los mismos que aplicó la Sala Plena, en la sentencia SU-490, para negar la acción de tutela promovida por el ciudadano Diego Palacio Betancourt.

 

 

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado