Sentencia T-354/18

 

PENSION DE INVALIDEZ-Caso en que se niega reconocimiento de la pensión de invalidez, por incumplir el requisito de cotización de 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez

PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Se deberán tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez

Cuando una entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez de una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita deberá establecer como fecha de estructuración de la invalidez el momento en que la persona haya perdido de forma definitiva y permanente su capacidad laboral igual o superior al 50% y a partir de ésta verificar si la persona que ha solicitado la pensión de invalidez cumple con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable para el caso concreto”. En caso de no hacerlo, se estarían poniendo en riesgo derechos fundamentales como el mínimo vital y la seguridad social de personas que se encuentran en debilidad manifiesta.

DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Orden a Fondo de Pensiones reconocer y pagar la pensión a sujeto de especial protección con pérdida de capacidad laboral, quien cumple requisitos

 

 

Referencia: Expediente T-6.752.734.

 

Acción de tutela instaurada por Dubys Raquel Coronado Carrillo contra Pensiones y Cesantías Protección S.A.

 

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

 

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

 

 

La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger –quien la preside-, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, profiere la siguiente

 

SENTENCIA

 

Teniendo en cuenta que el problema jurídico que suscita la presente acción de tutela ya ha sido objeto de muchos otros pronunciamientos por parte de esta Corporación e incluso de una sentencia de unificación, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional decide reiterar lo dispuesto por la jurisprudencia para este tipo de casos. De tal manera, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, la presente sentencia será de breve sustanciación^[1].

 

I. ANTECEDENTES

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 86 y 241-9), el Decreto 2591 de 1991 (art. 33 a 36) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la Sala de Selección Número Cinco[2] de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.

 

1. La accionante de 50 años de edad[3], manifiesta que en septiembre de 2010 fue diagnosticada con “Dermatofibrosarcoma Protuberans-Tumor Maligno en el Hueso del Maxilar Inferior”[4] por lo que le han realizado varias cirugías y tratamiento de quimioterapias teniendo en cuenta que el cáncer le hizo metástasis. Actualmente le están realizando un procedimiento llamado “gastrostomía” que le permite alimentarse a través de sondas. Presentó solicitud de reconocimiento y pago de pensión de invalidez ante Protección S.A. el 26 de octubre de 2011, frente a lo cual fue remitida a Suramericana de Seguros de Vida S.A.[5] para que fuera calificada su pérdida de capacidad. El 3 de abril de 2012, la aseguradora calificó a la actora con una pérdida de capacidad laboral de 60.59% con fecha de estructuración del 6 de septiembre de 2010, fecha para la cual se encontraba laborando. Posteriormente, el 30 de abril de 2012[6] le fue negada su petición por no cumplir con el requisito de 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez.

 

2. El 18 de octubre de 2017 la señora Dubys Raquel Coronado Carrillo instauró acción de tutela contra Pensiones y Cesantías Protección S.A. por considerar que esa entidad vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital[7], a la salud y a la vida digna al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, con base en que no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la pérdida de la capacidad, sin tener en cuenta que tiene una calificación de PCL de 60.59% y que hizo aportes después de la fecha de estructuración[8].

 

3. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla, en sentencia del 14 de noviembre de 2017 resolvió negar por improcedente (sic) el amparo a los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social de la accionante. Lo anterior teniendo en cuenta que la señora Coronado Carrillo cuenta con otro mecanismo judicial de defensa como la Jurisdicción Ordinaria Laboral para presentar sus peticiones. Esta decisión fue impugnada por la parte accionante[9]. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, en sentencia del 15 de enero de 2018, resolvió confirmar la decisión de primera instancia en razón del incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. De conformidad con la situación fáctica descrita, la Sala deberá dar respuesta a un problema jurídico ampliamente tratado por la Corte Constitucional, a saber: ¿un fondo de pensiones vulnera los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social de una persona en situación de discapacidad, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por no cumplir el requisito de semanas cotizadas anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez, sin tener en cuenta que posterior a dicha fecha la accionante cotizó al sistema?

 

2. La pensión de invalidez^[10] se consagró como una prestación para aquellos que contaran con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, la cual puede ser producto de una enfermedad o un accidente de origen común, que afecte su capacidad productiva y, además, un cierto número de semanas de cotización. Para aquellos afiliados que al momento de la estructuración de su invalidez no hubieren alcanzado los requisitos para adquirir dicha prestación, se estableció el reconocimiento de una indemnización sustitutiva.[11] Actualmente, los requisitos para acceder a la pensión de invalidez se encuentran consagrados en la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y son: tener una pérdida de capacidad laboral calificada igual o superior al 50% y haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración[12].

 

3. Frente a la pérdida de capacidad laboral esta se establece por medio de una calificación que realizan el Instituto de Seguros Sociales – hoy Colpensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte o las Entidades Promotoras de Salud, EPS^[13] (y en algunos casos la juntas de calificación de invalidez) la cual se plasma en un dictamen que consagra la condición de la persona, el porcentaje de afectación producida por la enfermedad o accidente, su origen y la fecha en la que se estructuró la invalidez.

 

4. La fecha de la estructuración de la invalidez puede ser, en ocasiones, fijada en un momento anterior o concomitante con el dictamen de acuerdo con el tipo de enfermedad que se esté tratando y sin importar que la persona haya conservado su capacidad funcional permitiéndole seguir cotizando al sistema de seguridad social después de la fecha de estructuración de la invalidez. Frente a esto, la Corte ha concluido que “cuando una entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez de una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita deberá establecer como fecha de estructuración de la invalidez el momento en que la persona haya perdido de forma definitiva y permanente su capacidad laboral igual o superior al 50% y a partir de ésta verificar si la persona que ha solicitado la pensión de invalidez cumple con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable para el caso concreto”^[14]. En caso de no hacerlo, se estarían poniendo en riesgo derechos fundamentales como el mínimo vital y la seguridad social de personas que se encuentran en debilidad manifiesta[15].

 

5. Así las cosas, después de verificar que “los pagos realizados después de la estructuración de la invalidez, (i) hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado y (ii) que éstos no se realizaron con el único fin de defraudar el Sistema de Seguridad Social”, lo que deben hacer “tanto las Administradores de Fondos de Pensiones, como el juez constitucional, es analizar las condiciones del solicitante, así como la existencia de una capacidad laboral residual, para de esta manera determinar el momento desde el cual deberá realizarse el conteo de las 50 semanas. Lo anterior, no implica alterar la fecha de estructuración que fue asignada por la autoridad médico laboral. En otras palabras, se trata de adelantar un análisis que permita establecer el supuesto fáctico que regula el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, tal y como fue modificado por la Ley 860 de 2003”[16].

 

6. Frente al caso concreto, la acción de tutela es procedente[17] de manera definitiva ya que fue interpuesta por Dubys Raquel Coronado Carrillo en nombre propio contra la entidad que directamente le negó la prestación que pretende. El escrito tutelar fue radicado el 18 de octubre de 2017 y la negativa de la empresa de conceder la pensión de invalidez data del 30 de abril de 2012, es decir, más de cinco años después. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha concluido que la acción es procedente cuando se demuestra que la vulneración de los derechos es permanente y se mantiene en el tiempo a pesar de que el hecho generador sea muy anterior a la interposición de la tutela, de tal manera que la inmediatez no puede ser aplicada como un requisito de procedencia severo máxime cuando se trata de derechos pensionales los cuales son irrenunciables e imprescriptibles[18]. Y en el asunto analizado (i) están de por medio garantías fundamentales de una persona sujeto de especial protección constitucional ya que fue calificada con una pérdida de capacidad laboral de 60,59%, que padece una enfermedad crónica y catastrófica como lo es un cáncer (tumor maligno en el hueso maxilar inferior) que está comprometiendo órganos próximos, que no puede seguir trabajando debido a su padecimiento lo cual no le permite tener un ingreso fijo para su subsistencia, (ii) la prestación que está solicitando se constituye en la única manera de solventar sus necesidades básicas, y (iii) en el expediente obran pruebas que pueden vislumbrar una posible titularidad del derecho exigido.

 

7. De los elementos probatorios obrantes en el expediente se encuentra demostrado que (i) la señora Dubys Raquel Coronado Carrillo fue diagnosticada con “Dermatofibrosarcoma Protuberans – Tumor maligno en el hueso del maxilar inferior” enfermedad que fue considerada por medicina laboral como “irreversible, crónica y de mal pronóstico”[19]; (ii) fue calificada con una pérdida de capacidad laboral mayor a 50% (60.59%); (iii) a pesar de que la fecha de estructuración de la invalidez indicada en el dictamen fue el 6 de septiembre de 2010 por ser éste el día en que “se hace diagnóstico de Fibrosarcoma recidivante de maxilar inferior izquierdo”[20], la accionante continuó laborando y aportando al sistema general de pensiones hasta octubre de 2016 conforme su vinculación laboral probada con la Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Integrales - COOPSIN[21].

 

8. En este caso, y teniendo en cuenta que la accionante padece una enfermedad crónica, que a pesar de haber sido calificada con una fecha de estructuración determinada muchos años antes, pudo continuar trabajando y aportando al sistema hasta que ya vio completamente disminuida su capacidad para trabajar al punto de no poder continuar, la Sala tomará la última fecha de cotización como la real fecha de estructuración de la invalidez, con base en las consideraciones presentadas.

 

9. Al verificar el cumplimiento de semanas de cotización según la ley aplicable al caso, esto es, 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez, se tiene que la señora Dubys Raquel Coronado cotizó entre el 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2016 un total de 1032 días, correspondientes a 147,42 semanas derivadas de una vinculación laboral con una Cooperativa de Trabajo Asociado como lo refleja la historia laboral emitida por la entidad accionada, con lo cual se entiende cumplido dicho requisito.

 

10. Así las cosas, esta Sala de Revisión concluye que la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la vida digna y a la seguridad social de la señora Dubys Raquel Coronado Carrillo ya que no tuvo en cuenta que padece una enfermedad crónica que le permitió trabajar por algunos periodos de tiempo y que cotizó al sistema después de la fecha de estructuración plasmada en el dictamen de pérdida de capacidad laboral, y le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez solicitada a pesar de que cumplía los requisitos para acceder a dicha prestación. En razón de lo anterior, se concederá el amparo, se revocarán las decisiones de instancia y se ordenará a Protección S.A. que reconozca y pague la pensión de invalidez a la actora a partir del 1 de noviembre de 2016 pagando el retroactivo a que haya lugar y la incluya en la nómina de pensionados. No obstante, la accionada podrá descontar del retroactivo la suma correspondiente a la devolución de saldos actualizada, en caso de que se le haya hecho algún pago a la señora Coronado.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

 

PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla el 15 de enero de 2018, que a su vez confirmó la decisión del Juzgado Noveno Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla el 14 de noviembre de 2017, que declaró la improcedencia la acción de tutela, y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la salud y a la seguridad social de Dubys Raquel Coronado Carrillo.

 

SEGUNDO.- ORDENAR a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. que dentro del término improrrogable de cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente fallo, reconozca y ordene el pago de la pensión de invalidez a la señora Dubys Raquel Coronado Carrillo a partir del mes siguiente a la notificación de esta providencia, así como del retroactivo a que haya lugar desde el 1 de noviembre de 2016 hasta su inclusión efectiva en nómina de pensionados. Si la señora Coronado recibió alguna suma como devolución de saldo, esta se podrá descontar (actualizada) del retroactivo que deba pagarse.

 

TERCERO.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

Con aclaración de voto

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO

 JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

A LA SENTENCIA T-354/18

 

DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Se debió precisar que los aportes al sistema de seguridad social realizados en los tres años previos al momento en que la accionante no pudo laborar más, exceden ampliamente las 50 semanas de cotización requeridas por la Ley 100 de 1993 (Aclaración de voto)

 

 

Referencia: Expediente T- 6.752.734

 

Acción de tutela instaurada por Dubys Raquel Coronado Carrillo contra Pensiones y Cesantías Protección S.A.

 

Magistrada ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

 

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Séptima de Revisión, procedo a aclarar mi voto en la sentencia proferida en el asunto de la referencia.

 

1. El 26 de octubre de 2011 Dubys Raquel Coronado Carrillo solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez ante Pensiones y Cesantías Protección S.A. Como resultado, el 3 de abril de 2012 la peticionaria fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 60,59%, con fecha de estructuración del 6 de septiembre de 2010. La entidad, sin embargo, no le reconoció la prestación al estimar que no cotizó por lo menos 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Con todo, la solicitante continuó realizando aportes al régimen de seguridad social hasta el 31 de octubre de 2016.

 

2. Atendiendo a tal circunstancia, presentó acción de tutela contra Pensiones y Cesantías Protección S.A. el 18 de octubre de 2017. Consideró que esa entidad vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud y a la vida digna, pues no tuvo en cuenta su pérdida de capacidad laboral y los aportes realizados con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez. La petición constitucional fue declarada improcedente en primera y segunda instancia, debido a que la demanda no satisfizo el requisito procesal de subsidiariedad.

 

3. Luego, esta Corporación seleccionó el asunto para su eventual revisión. En esa medida, este Tribunal a través de la sentencia T-354 de 2018 revocó las providencias constitucionales de instancia y, en su lugar, concedió el amparo solicitado. Como corolario, ordenó a la entidad accionada reconocer y pagar a la accionante la pensión de invalidez.

 

4. Como sustento, la Sala Séptima de Revisión precisó que cuando una persona con una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, realiza aportes al sistema de pensiones con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, estos pagos deben ser valorados a la luz de las condiciones particulares del peticionario y teniendo en cuenta la existencia de una capacidad laboral residual.  En tal sentido, a partir de esas circunstancias se deberá fijar la fecha desde la cual se contará el término de los tres años de que trata la Ley 100 de 1993.

 

5. Al abordar el caso concreto, la Corte puntualizó que se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez, en tanto la vulneración permanece en el tiempo y, además, se reclaman derechos que son irrenunciables e imprescriptibles. En igual sentido, detalló que en el asunto se examina la situación de un sujeto de especial protección constitucional, que no tiene otra forma de solventar sus necesidades y que posiblemente es titular del derecho reclamado.

 

6. Enseguida, la Sala refirió que luego de la fecha de estructuración de la invalidez calificada, la accionante pudo continuar trabajando. En esa medida, tomó como fecha de estructuración de la invalidez el último día cotizado por la accionante. A partir de allí, señaló que se cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez y, en consecuencia, concedió el amparo a los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la salud y a la seguridad social.

 

7. Bajo esa perspectiva, aunque comparto la protección otorgada en la sentencia T-354 de 2018, me veo precisado a aclarar mi voto. En mi criterio, la determinación del momento de la estructuración de la invalidez, a partir del día de la última cotización realizada, debió estar precedida por un examen más amplio de la cantidad de los aportes realizados, la paulatina disminución física de la accionante y la inexistencia de alguna intención de defraudar al sistema. Si bien la providencia refiere los elementos que obran en el expediente frente a las enfermedades, la situación socioeconómica y la vinculación laboral de la actora, estimo que la metodología adoptada en esta ocasión no efectuó el estudio manifiesto y detallado que debe realizarse en este tipo de asuntos.

 

8. El análisis, entonces, debió expresar que la peticionaria dejó de trabajar debido a la desaparición total de su capacidad laboral residual. Esto, en razón a que actualmente la patología que presenta se encuentra en un estado avanzado que, por ejemplo, la obliga alimentarse a través de una sonda, impidiéndole desarrollar cualquier tipo de trabajo. De esta forma, se armoniza la determinación del último día cotizado, como la fecha real de la estructuración de la invalidez, con las condiciones particulares del caso.

 

9. Asimismo, era necesario precisar que los aportes al sistema de seguridad social realizados en los tres años previos al momento en que la accionante no pudo laborar más, exceden ampliamente las 50 semanas de cotización requeridas por la Ley 100 de 1993 y que, en tal medida, los pagos no tienen naturaleza fraudulenta. Finalmente, el fallo no puntualizó que la vinculación laboral acreditada se extendió más allá del término de los tres años exigidos por la ley. Esto por cuanto la incorporación de esta claridad en el cuerpo de la providencia contribuye a respaldar la legitimidad de los aportes.

 

10. De esta forma, aunque en el asunto se acredita el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad y las exigencias para acceder a la pensión de invalidez, la Sala omitió referirse de forma expresa a los elementos reseñados.

 

11. Por las razones expuestas, presento aclaración de voto a la decisión tomada en la sentencia T-354 de 2018.

 

Fecha ut supra,

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado