A148-00


Auto 148/00

Auto 148/00

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Causales

 

Se han señalado algunas circunstancias que pueden dar origen a la declaración de nulidad de una sentencia proferida por esta Corporación: (1) violación de las reglas procesales, fundamento mismo del derecho de defensa y debido proceso, tal como lo sería la ausencia de notificación;  (2) extralimitación de competencias y consecuente violación de la cosa juzgada constitucional o, (3) cambio de jurisprudencia cuando ésta se produce en  una sentencia proferida por una de las Salas de Revisión, dado que por expresa disposición del artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, los cambios de jurisprudencia deben ser adoptados por la Sala Plena.

 

TERCERO CON INTERES LEGITIMO/NULIDAD FALLO DE TUTELA-Improcedencia

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD-Prevalencia/PRINCIPIO DE AUTONOMIA FUNCIONAL DEL JUEZ-Importancia de la aplicación del precedente para definir una situación jurídica

 

Esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la importancia y la obligatoriedad del precedente - stare decisis - en la definición de casos análogos sometidos a la decisión de los diversos funcionarios judiciales, a fin de dar prevalencia al principio de igualdad. Precedente que está dado por el propio juez o por quien ocupe un rango superior en la estructura de la administración de justicia. Por consiguiente, la aplicación de un precedente no puede originar la declaración de nulidad de la providencia empleada para el efecto, por ausencia de notificación de la misma a los sujetos partes del proceso judicial donde ésta es utilizada, pues la providencia que contiene el - stare decisis - guarda independencia absoluta con los casos donde ésta es empleada. Distinto es  si el juez correspondiente se equivoca en la aplicación del precedente, evento en el cual ha de proceder la revisión del fallo donde éste se aplicó erradamente, a través de los recursos correspondientes, sin que ello afecte la intangibilidad del fallo aplicado.

 

 

Referencia: Solicitud de nulidad de la sentencia T-176 de marzo 18 de 1999.

 

Magistrada Ponente:

Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

 

Bogotá, D.C., noviembre veintiuno (21) de dos mil (2000)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, ha pronunciado el siguiente auto en el incidente de nulidad propuesto en contra la sentencia T-176 de 1999, proferida por la Sala Tercera de Revisión de esta Corporación y presentado el treinta y uno (31) de octubre del año en curso por el doctor ULISES BERNAL FLECHAS, quien actúa como apoderado judicial del señor OCTAVIO RODRIGUEZ SOSA.  

 

El escrito de nulidad con sus anexos, fue remitido por la Secretaría General al despacho de la magistrada ponente, en noviembre nueve (9) de dos mil (2000)

 

I. ANTECEDENTES.

 

1. El señor OCTAVIO RODRIGUEZ SOSA, a través de apoderado, instauró proceso ejecutivo laboral en junio de 1997, en contra de la CAJA POPULAR COOPERATIVA, la CONSTRUCTORA CAJA POPULAR LTDA y la UNIVERSIDAD SANTIAGO DE TUNJA, para obtener el pago de unos servicios profesionales prestados a la entidad universitaria y con fundamento en unos títulos valores suscritos por el representante de la institución  universitaria.

 

2. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja, mediante providencia de julio tres (3) de 1997, libró mandamiento de pago en contra de los entes demandados, ordenando el embargo y retención de los dineros que la CAJA POPULAR COOPERATIVA tuviera en el Banco Cooperativo, sucursal Tunja, hasta un límite de diez millones de pesos ($10.000.000.oo), providencia que fue revocada oficiosamente por el mismo juzgado cuando ya se encontraba ejecutoriada. Esta circunstancia, aunada a otras consideraciones jurídicas, llevaron al Tribunal Superior del Distrito Judicial de  Tunja, en diciembre once (11) de 1997, a revocar esta última providencia. En consecuencia, el proceso ejecutivo laboral en contra de la CAJA POPULAR COOPERATIVA siguió su curso.

 

3. Por auto de julio once (11) de 2000, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja, atendiendo una solicitud que elevó el apoderado de la CAJA POPULAR COOPERATIVA, resolvió dar por terminado el proceso ejecutivo seguido en contra de la CAJA POPULAR COOPERATIVA y, en consecuencia, levantó las medidas cautelares dictadas en su contra, por considerar que por estar dicha entidad intervenida de conformidad con la resolución 1889 de noviembre 19 de 1997, proferida por DANCOOP,  en la que se ordenó la toma de posesión de la entidad cooperativa para su administración, era procedente ordenar la terminación del proceso en contra de la misma, aplicando, para el efecto, el mismo criterio que empleó la Corte Constitucional en la sentencia T-176 de 1999. 

 

4. En dicho fallo, la Sala Tercera de Revisión consideró que si bien la toma de posesión para la administración de una entidad, tiene unos efectos que distan de los regulados para el evento de la  toma de posesión con fines liquidatorios, por el objeto que se persigue en una y otra, en el caso de la CAJA POPULAR COOPERATIVA y como una forma de proteger a los ahorradores, era necesaria la adopción de medidas similares a las que se aplican a la toma de posesión con fines liquidatorios, tales como la de prohibir la iniciación de procesos ejecutivos y el registro de actos que afecten el dominio de bienes de propiedad de la intervenida, a fin de permitir no sólo la recuperación real de la entidad sino la protección de los ahorradores, en especial, de su derecho a la igualdad frente a otros acreedores que, recurriendo a la justicia ordinaria estaban obteniendo el pago de sus acreencias, en detrimento de los derechos de los cuentahabientes, quienes no pueden disponer de los dineros depositados por ellos en la entidad, hasta tanto ésta  no se recupere, recuperación imposible si los recursos de ésta se embargan y retienen por orden de los jueces.

 

Por consiguiente, en el caso que se analizaba, se ordenó a dos jueces civiles del circuito de Bogotá, dar por terminados los procesos ejecutivos iniciados en contra de la mencionada entidad, procesos que habían sido admitidos cuando la entidad ya tenía orden de toma de posesión y, en consecuencia, levantar las medidas de embargo y retención de dineros de las cuentas de la entidad financiera. Así mismo, se ordenó a quienes iniciaron dichos procesos acudir ante el agente especial nombrado para administrar la entidad, para que éste,  en su plan de pago, incluyera las acreencias de éstos para su efectiva cancelación según el programa de recuperación diseñado para el efecto.

 

Se afirmó en la mencionada providencia:

 

".... no es razonable que en una situación como la que es objeto del análisis de esta Sala los ahorradores tengan que soportar el no pago de sus dineros y la incertidumbre acerca de la posible pérdida de los mismos, mientras que acreedores que se encuentran en un lugar muy bajo dentro de la escala de prioridades en los pagos - como es el caso de la sociedad Aguayo y Asociados Publicidad y Mercadeo LTDA.- acuden a los despachos judiciales y obtienen el pago de sus acreencias comerciales. La aceptación de estos sucesos constituiría un aliciente para que todos los acreedores de la Caja Popular Cooperativa se dirigieran a los juzgados para obtener el pago de sus cuentas, en desmedro de los ahorradores, el sector que de acuerdo con la Constitución y la ley debería ser privilegiado. Asimismo, admitir esta situación implicaría indicarle a los ahorradores que el camino apropiado para recuperar su dinero no es el de la espera paciente de los resultados del programa de recuperación de la entidad, sino instaurar prontamente las respectivas demandas judiciales. En este último caso, la presentación de las demandas mencionadas solamente sería viable para los ahorradores de grandes sumas o los que se encuentren organizados, pero el final sería en todo caso previsible: la pronta liquidación de la entidad, con el consiguiente perjuicio para un gran número de cuenta habientes.

 

"Por lo tanto, esta Sala considera que en el caso concreto bajo análisis, que se distingue por el hecho de que la entidad financiera intervenida mediante la toma de posesión para administración ha suspendido los pagos a sus ahorradores, se debe también aplicar la normatividad existente para las tomas de posesión para liquidación, en lo relacionado estrictamente con la prohibición de que se inicien procesos ejecutivos contra la entidad con base en acreencias anteriores a la resolución de toma de posesión. En estos casos, las exigencias de pago deben dirigirse hacia el administrador designado para que éste las reconozca e incluya dentro de su plan de pagos, de acuerdo con las posibilidades económicas de la entidad, y siempre respetando los intereses privilegiados de los ahorradores de la misma.

 

"Ahora bien, es importante aclarar que la prohibición de iniciar procesos ejecutivos contra la entidad intervenida se aplica únicamente a las acreencias anteriores a la toma de posesión. Ello, por cuanto la recuperación de la entidad - que es el fin de la medida de toma de posesión para administración - depende de su capacidad de realizar operaciones económicas, y esta capacidad se esfumaría si los posibles contratistas de la entidad observaran que ella es inmune ante cualquier demanda dirigida a obtener el pago de sus cuentas.

 

"Los argumentos anteriores permiten concluir que los juzgados demandados sí vulneraron el derecho a la igualdad de los actores - y de todos los ahorradores de la Caja Popular Cooperativa - al darle trámite a las demandas ejecutivas instauradas por la firma Aguayo y Asociados Publicidad y Mercadeo Ltda. y por el señor Pablo Enrique Cárdenas Torres contra la Caja Popular Cooperativa, y al ordenar el embargo de las cuentas corrientes de ésta. Las actuaciones de los juzgados desconocieron la obligación constitucional de brindar una protección especial a los ahorradores en los casos en que las entidades financieras entran en dificultades de un orden tal, que obligan a su intervención"  (negrilla fuera del texto).

 

5. Con fundamento en el fallo de tutela transcrito parcialmente, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja, en el proceso ejecutivo iniciado por el apoderado judicial del señor OCTAVIO RODRIGUEZ SOSA, decidió aplicar el criterio que empleó la Corte Constitucional en dicha providencia y accedió a dar por terminado el proceso y, por consiguiente, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas en relación con la CAJA POPULAR COOPERATIVA, y proseguir el proceso ejecutivo en contra de la UNIVERSIDAD SANTIAGO DE TUNJA por no predicarse de ésta, las motivaciones que llevaron  al fallador a adoptar la decisión en comento.

 

6. Las razones en que sustentó el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja su decisión, fueron las siguientes:

 

"Al tener conocimiento el Juzgado de la intervención por parte del Departamento Nacional de Cooperativas y así mismo observar que en situaciones semejantes, la Honorable Corte Constitucional tuteló el derecho solicitado por algunos ahorradores y ordenó la terminación total de los procesos ejecutivos que cursaban en dos Juzgados de Bogotá contra la Caja Popular Cooperativa, el Juzgado en obediencia de los preceptos Constitucionales y Legales ordenará la terminación del presente proceso y el levantamiento de las medidas cautelares, entre otras cosas, porque la ley prohibe que se registren esas medidas cautelares, cuando de bienes inmuebles se trata.

 

"Como en este proceso se observa que además de la Caja Popular Cooperativa está demanda la Universidad Santiago de Tunja, debe entenderse que la terminación del proceso se relaciona con la entidad intervenida y por lo tanto deberá continuar en contra de la otra demandada"

 

Y agrega en otro aparte, anterior al transcrito:


"Se podría pensar que por tratarse de créditos laborales primarían sobre los ahorradores pero lo cierto es que si se observa detenidamente la ley y el decreto mencionado (ley 35 de 1993 y decreto 0663 de 1993) están por encima de cualquier otro acreedor, quienes han depositado en muchas ocasiones los únicos ahorros que han podido hacer durante toda su existencia y por esa razón el Juzgado deberá ordenar la terminación de este proceso"

 

 6. Esta providencia fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en fallo del ocho (8) de agosto de dos mil (2000), al considerar:

 

"... la providencia recurrida deberá ser confirmada en tal sentido, por cuanto si bien es cierto la decisión del fallo de tutela sólo obliga a quienes fueron parte dentro de la acción, también lo es que de manera reiterada la Corte Constitucional, ha expresado que en las sentencias de revisión cuando interpretan el ordenamiento fundamental, construyen también doctrina constitucional, que según lo ha dicho, debe ser acatada por los jueces, a falta de disposición legal expresa, al resolver sobre casos iguales a aquellos que dieron lugar a la interpretación efectuada. Y que resultaría inútil la función de revisar eventualmente los fallos de tutela si ello tuviera únicamente por objeto resolver la circunstancia particular del caso examinado, sin que el análisis jurídico  constitucional repercutiera, con efectos unificadores e integradores y con algún poder vinculante, en el que hacer futuro de los jueces ante situaciones que por sus características respondan al paradigma de lo tratado por la Corte en el momento de establecer la doctrina..."