Auto 012/01

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA/DECRETO QUE ESTABLECE REGLAS DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE LA ACCION DE TUTELA-Inaplicación para el caso

 

 

Referencia: expediente I.C.C. - 191

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

 

Magistrado Ponente:

Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ.

 

 

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil uno (2001).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el Decreto 2591 de 1991, decide sobre el conflicto de competencia planteado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

 

 ANTECEDENTES

El ciudadano Gerardo Carvajal González instauró una acción de tutela en contra del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por una presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad (26 de octubre de 2000).

 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de auto del 1 de noviembre de 2000, decidió declararse incompetente para conocer de esa acción y remitir el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, pues consideró que, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, y"...siendo el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá un órgano de carácter judicial cuyo superior funcional es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Penal, el conocimiento de la tutela presentada por el señor Gerardo Carvajal González corresponde al citado Tribunal, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1382 de 2000, art. 1° numeral 2°" (folio 9).

 

A su vez, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió provocar el conflicto negativo de competencias que se resuelve por medio de esta providencia; en efecto, por medio de auto del 21 de noviembre de 2000, resolvió: "...teniendo en cuenta, de un lado, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene jurisdicción sobre esta ciudad, y, de otra parte, respetando la elección hecha por el accionante al presentar la demanda, de acuerdo con la libertad de que goza sobre el particular, se ordena devolver el asunto a la SECCION SEGUNDA, SUBSECCION "D", de la aludida Corporación, a la que se le propone colisión de competencias negativa en caso de apartarse del criterio acá planteado, cuya definición, de darse tal evento, corresponderá a la H. Corte Constitucional" (folio 24).

 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Sobre los límites materiales de la potestad normativa de la administración, hay consenso respecto de que toda materia sometida por el Constituyente a reserva de ley, no admite regulación válida mediante reglamento, pues es el legislador el llamado a producirla. Sobre este asunto ha sido clara y reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional;[1] por ejemplo, en la sentencia C-557/92, se afirmó:

 

"De suerte que, mientras resulta eficiente la interpretación de autoridad realizada mediante un decreto legislativo de conmoción interior, no lo sería la plasmada en un decreto reglamentario, cuyo acatamiento no es obligatorio para el juez, en lugar de la ley (art. 25 Código Civil)."

 

En la sentencia C-606/92,[2] nuevamente se insistió en el alcance de la reserva de ley en materia de derechos fundamentales, doctrina que debe ser aplicada con mayor exigencia aún, cuando se trata de la adscripción de competencia a funcionarios judiciales, de parte de un reglamento del Gobierno:

 

"...en materia de derechos fundamentales el único órgano competente para establecer limitaciones es el Congreso de la República. La reserva de ley en materia de regulación de derechos fundamentales, como el derecho al trabajo o el derecho a escoger y ejercer profesión u oficio, constituye una de las primordiales garantías de estos derechos, frente a posibles limitaciones arbitrarias de otros poderes públicos o de particulares. Así, las materias reservadas no pueden ser objeto de transferencia, pues con ello se estaría vulnerando la reserva de ley establecida por la propia Constitución."

 

También en la sentencia C-028/97,[3] la Corte consideró los límites materiales de la potestad reglamentaria del Gobierno, en los siguientes términos:

 

"La potestad reglamentaria se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo y, es irrenunciable, por cuanto es un atributo indispensable para que la Administración cumpla con su función de ejecución de la ley.  Sin embargo, esta facultad no es absoluta pues encuentra su límite y radio de acción en la Constitución y en la Ley, es por ello que no puede alterar o modificar el contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la Administración, así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al legislador."

 

Y en la sentencia C-428/97,[4] se aclararon los límites materiales de la reglamentación, al precisar:

 

"La potestad reglamentaria, que se amplía en tratándose de asuntos objeto de regulación mediante la figura que contempla el numeral 19 del artículo 150 de la Carta, corresponde al Gobierno, pero éste ejerce una función sometida al marco de la ley, puramente administrativa, y no le es posible modificar, derogar, ampliar ni restringir lo que el legislador haya dispuesto al sentar las bases generales que orientan la actividad estatal en la materia respectiva. El Presidente de la República apenas puede -y debe- concretar tales directrices, en su campo, que es el administrativo, pues el desarrollo de las leyes marco no le confiere atribuciones de legislador, con el objeto de adecuar las pautas generales a las variables circunstancias de la economía y al manejo de situaciones objeto de su decisión."

 

Para finalizar este breve recuento de la doctrina constitucional al respecto, vale citar un aparte de la sentencia C-302/99,[5] en el que se consideró la consecuencia de cualquier exceso en el uso de la potestad reglamentaria y, de acuerdo con el cual, el juez constitucional debe inaplicar por inconstitucional el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000:  

 

"La facultad con que cuenta el Presidente de la República de reglamentar la ley está sujeta a ciertos límites, que no son otros que la Constitución y la ley misma, ya que no puede en este último evento ampliar, restringir o modificar su contenido. Es decir, que las normas reglamentarias deben estar subordinadas a la ley respectiva y tener como finalidad exclusiva la cabal ejecución de ella. No se olvide que cualquier exceso en el uso de la potestad reglamentaria por parte del Ejecutivo se traduce en inconstitucionalidad por extralimitación del ámbito material del reglamento"

 

Sobre el Decreto 1382 de 2000, consideró la Sala Plena de la Corte Constitucional, en auto del 26 de septiembre de 2000[6]:

 

"...para la Corte es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política".

 

En este orden de ideas, y ya que el ciudadano accionante, Gerardo Carvajal González, instauró la acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corresponde a esa Corporación conocer del proceso en primera instancia, puesto que, de acuerdo con el primer inciso del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, "son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud".

 

 

DECISION

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE:

 

Primero. INAPLICAR en la resolución de este conflicto de competencia el artículo 1 del Decreto reglamentario 1382 de 2000, por ser contrario a las normas de la Carta Política sobre la reserva legal.

 

Segundo. DESATAR el conflicto de competencia que se presentó entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con ocasión de la solicitud de tutela que presentó el ciudadano Gerardo Carvajal González en contra del Juzgado 2 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, señalando que es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el competente para conocer en primera instancia de ese proceso.

 

Tercero. REMITIR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el expediente radicado bajo el número ICC-191, para que esa Corporación le imprima el trámite respectivo.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 

 

 

FABIO MORON DIAZ

Presidente

 

 

 

 

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Magistrado

 

 

 

 

ALFREDO BELTRAN SIERRA

Magistrado

 

 

 

 

MARTHA SACHICA DE MONCALEANO

Magistrada (E)

 

 

 

 

CARLOS GAVIRIA DIAZ

Magistrado

 

 

 

 

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Magistrado

 

 

 

 

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

Magistrado

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada (E)

 

 

 

 

ALVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

 

 

 

 

IVAN H. ESCRUCERIA MAYOLO

Secretario General (E)