A015-01 Auto 015/01
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA/DECRETO QUE ESTABLECE REGLAS DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE LA ACCION DE TUTELA-Inaplicación para el caso
Referencia: ICC-198. Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo del Huila y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva -Sala Civil Familia Laboral- en la acción de tutela promovida por Jorge Eugenio Tovar Rojas contra el Instituto de Seguros Sociales.
Magistrado Sustanciador:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero del año dos mil uno (2001).
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo del Huila y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva -Sala Civil Familia Laboral- en la acción de tutela promovida por Jorge Eugenio Tovar Rojas contra el Instituto de Seguros Sociales.
I. ANTECEDENTES.
1. El ciudadano Jorge Eugenio Tovar Rojas en escrito que obra a folios 5 a 6 de la actuación, interpuso acción de tutela contra el Instituto de los Seguros Sociales, de la que conoció en primera instancia el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, por presunta violación del derecho de petición que considera vulnerado por falta de respuesta a la solicitud por él formulada para que se decrete su pensión de jubilación.
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva mediante sentencia que obra a folios 17 a 21 declaró improcedente la acción de tutela a que se ha hecho referencia, decisión esta que fue impugnada por el actor, para que sobre ella se resolviera por el superior jerárquico.
3. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, mediante auto de 8 de agosto de 2000, (folio 25) concedió el recurso de apelación contra la sentencia impugnada, para que sobre ella se resolviera por el Tribunal Superior del Distrito Judicial con sede en esa ciudad.
4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -Oficina Judicial de Neiva-, repartió esa impugnación para que de ella conociera el Tribunal Administrativo del Huila, (folio 26), el cual, mediante auto de 18 de agosto de 2000 (folios 27 a 29) declaró carecer de competencia para el efecto, en razón de no ser el superior jerárquico del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva.
5. Enviado entonces el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva -Sala Civil Familia Laboral-, este último, mediante auto de 25 de agosto de 2000 y con invocación de las normas contenidas en el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, declaró igualmente su incompetencia para conocer de la segunda instancia en esta acción de tutela y ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto de competencia así suscitado.
II. CONSIDERACIONES.
1. La Corte Constitucional, en auto ICC-118 de veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000), decidió inaplicar por ser contrario a la Constitución el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, por las razones que a continuación se reproducen, y que hoy se reiteran:
"1. Como es suficientemente conocido, para garantizar el imperio de la Constitución Política, además de la acción pública que para el efecto consagra como un derecho político de los ciudadanos en su artículo 40, numeral 6º, la Carta instituye otros mecanismos como sucede con el control automático de constitucionalidad en los casos por ella previstos y, además, expresamente dispone que "en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales", (artículo 4º), institución esta conocida como la "excepción de inconstitucionalidad", que ya consagraba en el Derecho Colombiano el artículo 215 de la Constitución anterior.
"2. El artículo 86 de la Carta Política vigente consagra la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales cuando quiera que estos se encuentren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y autoriza al legislador para establecer aquellos "casos en que esta acción procede contra los particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión".
"3. Dada la especial naturaleza de la acción de tutela como mecanismo judicial para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales, su regulación corresponde al legislador, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 de la Carta Política.
"4. No obstante ello, el propio constituyente en el artículo 5º transitorio de la Carta invistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para "reglamentar el derecho de tutela", como aparece en el literal b) de la norma citada, facultades estas para cuyo ejercicio se requería que el proyecto de decreto respectivo no fuera improbado por la "Comisión Especial" creada por el artículo transitorio 6º de la Constitución.
"5. El Gobierno Nacional en acatamiento a lo establecido por los artículos transitorios 5º, literal b) y 6º de la Carta, expidió entonces el Decreto 2591 de 1991 "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política", decreto que en virtud de la materia a que el se refiere, aunque expedido por el Ejecutivo en razón de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República para ese efecto por la Asamblea Constituyente, es de carácter legislativo, es decir sus normas tienen la categoría de ley en sentido material. Y, siendo ello así, su reforma sólo compete al legislador, no al Presidente de la República mediante decreto reglamentario, pues ello no le es permitido conforme a lo dispuesto por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política.
"6. Así las cosas, con absoluta transparencia se observa que el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 44.082 del viernes 14 de julio del mismo año, en su artículo 1º a pretexto de ejercer la potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la República conforme al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, lo que en realidad hace es introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia para conocer de la acción de tutela. En efecto:
"6.1. Mientras el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que para el conocimiento de dicha acción tienen competencia, "a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud", el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 fija unas reglas nuevas de competencia teniendo en cuenta para ello si la acción de tutela se interpone contra cualquier autoridad pública nacional, departamental o municipal, hipótesis en las cuales la acción habrá de ejercerse en unos casos ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura, en otros ante los Jueces del Circuito o con categoría de tales, en algunos otros casos ante los Jueces Municipales y, además, se agrega que cuando la acción se dirija en relación con "la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".
"6.2. Adicionalmente, el artículo 1º del citado Decreto 1382 de 2000 establece que si la acción de tutela se ejerce "contra más de una autoridad" el asunto será de conocimiento del "juez de mayor jerarquía", según corresponda al nivel de las autoridades respecto de las cuales se impetra la protección de derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración.
"6.3. Por otra parte, el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, dicta nuevas normas que fijan la competencia para los casos en que la acción de tutela se incoe contra funcionarios o corporaciones judiciales.
"7. Así las cosas, para la Corte es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política.
"8. Pero es más. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la "acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar" para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.
"Siendo ello así, surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación al Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379)". (Magistrado ponente, doctor Alfredo Beltrán Sierra)".
2. La Corte, en esta oportunidad, reitera lo dicho en el auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000 acabado de mencionar, como ya lo ha hecho, entre otras en providencias distinguidas con los números ICC-117 de 4 de octubre de 2000, ICC-119 de 4 de octubre de 2000, ICC-121 de 11 de octubre de 2000, ICC-124 de 11 de octubre de 2000, ICC-127 de 11 de octubre de 2000, ICC-122 de 19 de octubre de 2000, ICC-125 de 19 de octubre de 2000, ICC-128 de 19 de octubre de 2000, ICC-129 de 19 de octubre de 2000, ICC-130 de 19 de octubre de 2000, ICC-131 de 19 de octubre de 2000, ICC-132 de 19 de octubre de 2000, ICC-133 de 25 de octubre de 2000, ICC-134 de 25 de octubre de 2000, ICC-135 de 25 de octubre de 2000, e ICC-136 de 25 de octubre de 2000, decisiones estas adoptadas en todos los casos por unanimidad de la Sala Plena de esta Corte y con distintos Magistrados Sustanciadores, lo cual indica con absoluta claridad la orientación jurisprudencial al respecto por lo que es de esperarse que, sin perjuicio de la autonomía judicial, sirva de criterio a los juzgadores de tutela para obrar en consecuencia.
3. Como lógica consecuencia de lo expuesto, surge entonces que si por las razones ya dichas es contrario a la Constitución el artículo 1º del citado Decreto 1382 de 12 julio de 2000, "por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela", igualmente lo es el artículo 5º "transitorio" del mismo Decreto, que señala su aplicación en el tiempo, pues, como es obvio, esta última disposición solamente podría tener aplicación si el artículo 1º no fuera violatorio, como sí lo es, de la Constitución Política.
4. Así mismo, ha de observarse por la Corte que el conflicto de competencia para conocer de un asunto determinado no puede presentarse en la segunda instancia, pues, como ocurre en este caso, si ya hubo pronunciamiento del juez de primer grado, corresponde al juzgador de segunda instancia ejercer su competencia funcional respecto de lo resuelto por el a quo, sin que pueda enviar el expediente a otro organismo judicial para el efecto, como aquí se hizo por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva -Sala Civil Familia Laboral-, con absoluto desconocimiento del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 en el que con claridad se dispone que presentada la impugnación de lo resuelto por el juez de primer grado, este "remitirá el expediente dentro de los dos (2) días siguientes al superior jerárquico correspondiente" que, como salta a la vista, no es el Tribunal Administrativo del Huila sino el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, como quiera que el fallador de primera instancia lo fue en esta acción de tutela el Juez Quinto Civil del Circuito de esa ciudad.
III. DECISION.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en Sala Plena,
RESUELVE:
Primero. Inaplicar, en relación con la acción de tutela a que se refiere esta providencia los artículos 1º y 5º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, por ser contrarios a la Constitución Política conforme a lo expuesto en la parte motiva de este auto.
Segundo. Declarar improcedente el aparente conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo del Huila y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva -Sala Civil Familia Laboral- en la acción de tutela promovida por Jorge Eugenio Tovar Rojas contra el Instituto de Seguros Sociales, para conocer de la impugnación interpuesta por el actor contra el fallo de primera instancia proferido el 28 de julio de 2000 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva.
Tercero. Enviar el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva -Sala Civil Familia Laboral-, repartido al magistrado doctor Alvaro Falla Alvira, según aparece en autos, para que se resuelva conforme a derecho, a la mayor brevedad sobre la impugnación al fallo de primer grado.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
FABIO MORÓN DÍAZ
Presidente
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA SÁCHICA DE MONCALEANO
Magistrado (E).
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrado (E).
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN H. ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (E).