A114-01 Auto 114/01
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Incompetencia para introducir modificaciones al decreto de tutela en materia de competencias
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Exceso en la potestad reglamentaria/DECRETO QUE ESTABLECE REGLAS DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE LA ACCION DE TUTELA-Inaplicación para el caso
SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION POLITICA
NULIDAD POR APLICACION DEL DECRETO QUE ESTABLECE REGLAS DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE LA ACCION DE TUTELA
Referencia: Expediente T-397.437
Demandante: Ricaurte Buendía Pineda
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil uno (2001).
I. ANTECEDENTES
El señor Ricaurte Buendía Pineda instauró acción de tutela el 30 de agosto de 2000 contra la Universidad del Valle, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de igualdad, petición, seguridad social y pago oportuno de las mesadas pensionales, en razón a que la demandada no le ha cancelado la mencionada prestación desde el mes de enero de 2000, así como tampoco la mesada adicional de junio, ni el saldo de cuatro mesadas de 1999.
El Juzgado Tercero de Familia de Cali, invocando el Decreto 1382 de 2000, mediante auto de 31 de agosto de 2000, ordenó la remisión de la demanda de tutela al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para que asuma el conocimiento de la misma y le imprima el respectivo trámite legal.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala Laboral-, mediante sentencia de 15 de septiembre de 2000, concedió el amparo solicitado por el señor Ricaurte Buendía Pineda por considerar que el ente demandado con su actitud omisiva frente al pago de las mesadas pensionales del actor, le vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.
Impugnada la decisión, la H. Corte Suprema de Justicia mediante providencia de 19 de octubre de 2000, revocó el fallo de instancia y en su lugar negó la tutela de los derechos fundamentales, al determinar que el actor cuanta con otros medios de defensa judicial.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
En el caso bajo estudio, se procede a reiterar la jurisprudencia señalada por esta Corporación[1] en relación con la inaplicabilidad del Decreto 1382 de 2000, por cuanto su artículo 1 viola la Constitución Política.
En Auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra, se afirmó:
"1. Como es suficientemente conocido, para garantizar el imperio de la Constitución Política, además de la acción pública que para el efecto consagra como un derecho político de los ciudadanos en su artículo 40, numeral 6º, la Carta instituye otros mecanismos como sucede con el control automático de constitucionalidad en los casos por ella previstos y, además, expresamente dispone que "en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales", (artículo 4º), institución esta conocida como la "excepción de inconstitucionalidad", que ya consagraba en el Derecho Colombiano el artículo 215 de la Constitución anterior.
2. El artículo 86 de la Carta Política vigente consagra la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales cuando quiera que estos se encuentren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y autoriza al legislador para establecer aquellos "casos en que esta acción procede contra los particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión".
3. Dada la especial naturaleza de la acción de tutela como mecanismo judicial para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales, su regulación corresponde al legislador, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 de la Carta Política.
4. No obstante ello, el propio constituyente en el artículo 5º transitorio de la Carta invistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para "reglamentar el derecho de tutela", como aparece en el literal b) de la norma citada, facultades estas para cuyo ejercicio se requería que el proyecto de decreto respectivo no fuera improbado por la "Comisión Especial" creada por el artículo transitorio 6º de la Constitución.
5. El Gobierno Nacional en acatamiento a lo establecido por los artículos transitorios 5º, literal b) y 6º de la Carta, expidió entonces el Decreto 2591 de 1991 "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política", decreto que en virtud de la materia a que el se refiere, aunque expedido por el Ejecutivo en razón de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República para ese efecto por la Asamblea Constituyente, es de carácter legislativo, es decir sus normas tienen la categoría de ley en sentido material. Y, siendo ello así, su reforma sólo compete al legislador, no al Presidente de la República mediante decreto reglamentario, pues ello no le es permitido conforme a lo dispuesto por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política.
6. Así las cosas, con absoluta transparencia se observa que el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 44.082 del viernes 14 de julio del mismo año, en su artículo 1º a pretexto de ejercer la potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la República conforme al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, lo que en realidad hace es introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia para conocer de la acción de tutela. En efecto:
6.1. Mientras el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que para el conocimiento de dicha acción tienen competencia, "a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud", el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 fija unas reglas nuevas de competencia teniendo en cuenta para ello si la acción de tutela se interpone contra cualquier autoridad pública nacional, departamental o municipal, hipótesis en las cuales la acción habrá de ejercerse en unos casos ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura, en otros ante los Jueces del Circuito o con categoría de tales, en algunos otros casos ante los Jueces Municipales y, además, se agrega que cuando la acción se dirija en relación con "la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".
6.2. Adicionalmente, el artículo 1º del citado Decreto 1382 de 2000 establece que si la acción de tutela se ejerce "contra más de una autoridad" el asunto será de conocimiento del "juez de mayor jerarquía", según corresponda al nivel de las autoridades respecto de las cuales se impetra la protección de derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración.
6.3. Por otra parte, el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, dicta nuevas normas que fijan la competencia para los casos en que la acción de tutela se incoe contra funcionarios o corporaciones judiciales.
7. Así las cosas, para la Corte es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política.
8. Pero es más. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la "acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar" para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.
Siendo ello así, surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación al Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379)".
En el presente caso, se observa que el señor Ricaurte Buendía Pineda instauró la acción de tutela ante el Juzgado de Familia (reparto) de la ciudad de Cali, correspondiéndole por reparto hecho por la Oficina Judicial al Juzgado Tercero de Familia de Cali. Sin embargo, éste, con base en el Decreto 1382 de 2000, en vez de darle trámite, remitió el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para que éste asumiera el conocimiento del proceso. Como quiera que este Decreto resulta contrario a la Constitución, la Corte encuentra que en el presente caso ha debido inaplicarse, y por ende no podía servir de fundamento para establecer la competencia de los jueces que profirieron las decisiones de instancia.
Por lo tanto, se declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto de 31 de agosto de 2000, proferido por el Juzgado Tercero de Familia de Cali, (folio 21) y, se ordenará dar a esta acción de tutela el trámite correspondiente.
III.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE
Primero: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela interpuesta por Ricaurte Buendía Otalora contra la Universidad del Valle, a partir del auto de 31 de agosto de 2000, proferido por el Juzgado Tercero de Familia de Cali.
Segundo. REMÍTASE el expediente por Secretaría al Juzgado Tercero de Familia de Cali, para que de manera inmediata se le imprima a esta acción de tutela el trámite que corresponda conforme a la Ley.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General